Tribunal de Arbitramento

Telebucaramanga S.A. ESP

v.

La Previsora S.A. Compañía de Seguros

Febrero 12 de 2008

LAUDO ARBITRAL

Bogotá, D.C., doce (12) de febrero de dos mil ocho (2008).

Como se encuentran cumplidas las etapas procesales previstas en las normas que regulan el proceso arbitral (L. 446/98 y D. 1818/98), procede el tribunal a decidir el conflicto planteado en el escrito de demanda y en la contestación a la misma, profiriendo para ello la correspondiente decisión de mérito con la cual culminará este proceso promovido por la sociedad Telebucaramanga S.A. ESP, contra La Previsora S.A. Compañía de Seguros.

CAPÍTULO PRIMERO

Antecedentes

1. El pacto arbitral.

La sociedad convocante invocó el pacto arbitral contenido en la póliza de “Manejo global sector oficial” Nº 1003795 expedida por La Previsora S.A. Compañía de Seguros, que es del siguiente tenor: “Las partes acuerdan que cualquier diferencia que llegare a surgir como consecuencia de la celebración, ejecución, terminación o liquidación de este contrato, fracasados los mecanismos de transacción y conciliación, será sometida a la decisión de árbitros, de acuerdo a lo dispuesto en la ley” (fl. 105, cdno. ppal. 1).

2. Convocatoria del tribunal y trámite preliminar.

A) El día ocho (8) de febrero de 2007, Telebucaramanga S.A. ESP, por conducto de apoderada judicial, solicitó la convocatoria e integración de un tribunal de arbitramento al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, con el fin de que por intermedio del mismo se decidieran las diferencias suscitadas entre ella y La Previsora S.A. Compañía de Seguros, derivadas de las pólizas de “Manejo global sector oficial Nº 1003795” y de “Infidelidad y riesgos financieros Nº 1001011”. La demanda inicialmente presentada, fue sustituida mediante escrito de fecha 29 de marzo del mismo año, para dirimir únicamente las controversias surgidas de la póliza de manejo global sector oficial, en la forma y con el contenido que indican las pretensiones formuladas en el mencionado escrito (fls. 83 y 84, cdno. ppal. 1).

B) El veintinueve (29) de marzo de 2007 se llevó a cabo en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, la audiencia de nombramiento de árbitros, en donde fue designado el doctor Carlos Esteban Jaramillo como árbitro único principal (fl. 114, cdno. ppal. 1).

C) En audiencia celebrada el veinticinco (25) de abril de 2007 se llevó a cabo la instalación del tribunal de arbitramento (fls. 131 a 134, cdno. ppal. 1).

En esta audiencia de instalación se reconoció personería a la apoderada judicial de la parte convocante, se decretaron las sumas provisionales por concepto de honorarios y gastos, se fijó la sede y se designó como la secretaria a la doctora Mónica Durán Santamaría.

Desde un principio ha actuado en representación del Ministerio Público, la Dra. María Lolita Barrera en su calidad de Procuradora 7ª judicial administrativa de Bogotá.

3. Trámite arbitral.

A) El día ocho (8) de junio de 2007 se surtió la audiencia en la cual el árbitro integrante del tribunal de arbitramento se declaró competente para conocer del proceso, admitió la solicitud de convocatoria arbitral y ordenó correr el correspondiente traslado a la compañía de seguros convocada por el término legal de diez (10) días hábiles (fls. 151 a 158, cdno. ppal. 1).

B) La Previsora S.A. Compañía de Seguros contestó la demanda arbitral mediante escrito presentado el día veintiocho (28) de junio de 2007, negando algunos de los hechos, admitiendo otros, oponiéndose a la totalidad de las pretensiones, solicitando pruebas, y proponiendo como excepciones de mérito las denominadas: “No causación de intereses moratorios por falta de acreditación de la ocurrencia y cuantía del siniestro”, “Excepción de límite de disponibilidad del valor asegurado”, y “Las demás excepciones que resulten probadas” (fls. 173 y 174, cdno. ppal. 1).

C) La apoderada de la parte convocante no se pronunció sobre las excepciones de mérito propuestas.

D) La audiencia inicial de conciliación tuvo lugar el día treinta y uno (31) de julio de 2007, sin que las partes acordaran una solución directa de la controversia (fls. 200 y 201, cdno. ppal. 1).

E) Fracasada la audiencia de conciliación, en la misma fecha se ordenó continuar el proceso y dar inicio a la primera audiencia de trámite, ratificando el árbitro su competencia para conocer y decidir el litigio planteado, reconociendo personería al apoderado judicial de la compañía convocada y decretando las pruebas solicitadas tanto por la parte convocante como por la parte convocada (fls. 201 a 206, cdno. ppal. 1).

4. Etapa probatoria.

A) Se tuvieron como prueba los documentos enunciados en el acápite de pruebas documentales de la demanda y su contestación (fls. 106 a 109 y 175, cdno. ppal. 1).

B) Se practicó interrogatorio al representante legal de La Previsora S.A. Compañía de Seguros (fl. 28, cdno. pbas. 2).

C) Se decretaron los testimonios de los señores Sandra Marlén Monroy, Carolina Velasco, José Luis Cañas y Paola Pulido de cuya práctica desistió la parte convocante.

D) El árbitro ordenó oficiar a la Fiscalía General de la Nación - Unidad Nacional Especializada de Delitos contra la Administración Pública - Fiscalía Once (Bogotá), Contraloría General de la Nación, al liquidador de la compañía Corredores del Caribe S.A. (Corcaribe S.A.), y a la Secretaría General de Telebucaramanga S.A. ESP (fls. 203 y 204, cdno. ppal. 1).

5. Término de duración del proceso arbitral.

A) La primera audiencia de trámite culminó el día treinta y uno (31) de julio de 2007.

B) El término de seis meses venció el treinta y uno (31) de enero de 2008.

C) No obstante lo anterior, el proceso estuvo suspendido en los periodos comprendidos en las siguientes fechas: desde el día 1º de agosto hasta el día 26 de agosto del año en curso, ambas fechas inclusive, para un total de 16 días hábiles; desde el día 29 de agosto hasta el día 17 de septiembre del año en curso, ambas fechas incluidas, para un total de 14 días hábiles; desde el día 28 de septiembre hasta el 19 de octubre, ambas fechas incluidas para un total de 15 días hábiles.

Así las cosas, a partir del treinta y uno (31) de enero de 2008 deben adicionarse 45 días hábiles al término de duración del trámite arbitral, de forma tal que el término vence el día martes 8 de abril de 2008.

CAPÍTULO SEGUNDO

La controversia

1. La demanda.

A. Hechos.

Los hechos referidos en el escrito que sustituyó la demanda inicial, pueden resumirse de la siguiente manera:

(i) El 20 de diciembre de 2004, Telebucaramanga S.A. ESP, celebró contrato de seguro de manejo global sector oficial con La Previsora S.A. Compañía de Seguros, cuyas respectivas condiciones generales y particulares del referido contrato, fueron consignadas en la póliza 1003795, con vigencia desde el 20 de diciembre de 2004, hasta el 20 de marzo de 2006, y una suma asegurada de la póliza fue estipulada en la suma de treinta millones de pesos m/cte. ($ 30.000.000).

(ii) La cobertura básica de la póliza fue estipulada en los siguientes términos “Amparar a Telebucaramanga contra las pérdidas que sufra a causa de infidelidad de su personal de nómina y personal suministrado por empresas de servicios temporales, firmas especializadas incluidos los contratos por prestación de servicios, incluidos los delitos contra la administración pública y/o el patrimonio económico en que incurra el mismo, riesgos que impliquen menoscabo de los fondos y bienes de la empresa, causados por acciones u omisiones del personal asegurado que incurran en hechos punibles o en alcances fiscales por incumplimiento o infracción de las disposiciones legales y reglamentarias incluyendo el costo de rendición de cuentas en casos de abandono de cargo o fallecimiento del empleado o funcionario de la empresa. Se entiende que la cobertura opera en toda la operación o actividad desarrollada por personal de los asegurados, incluyendo las adelantadas en todo nuevo predio, instalación, labor u operación implementada en el transcurso de la vigencia, que corresponda a actividades inherentes a los negocios y conforme con la naturaleza de Telebucaramanga”.

(iii) Así las cosas, la cobertura básica de la póliza de manejo global sector oficial, se extendía sobre aquellas pérdidas que sufriera la sociedad asegurada como consecuencia de la comisión de un delito contra la administración pública o contra el patrimonio público o de un hecho constitutivo de responsabilidad fiscal, por parte de uno de sus empleados, por acción u omisión en el ejercicio de su cargo.

(iv) El 14 de febrero de 2005 Telebucaramanga S.A. ESP, recibió de la empresa Corcaribe S.A. una oferta para invertir la suma de tres mil noventa y seis millones novecientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta pesos m/cte. ($ 3.096.955.450), en una operación de mercado abierto de la Bolsa Nacional Agropecuaria S.A., la cual fue aceptada por Telebucaramanga S.A. ESP por conducto de los funcionarios Clara Bibiana Orejarena y Juan Gilberto Hernández, quienes se desempeñaban para esa época como directora de tesorería y cartera, y subgerente administrativo y financiero, respectivamente.

(v) En la misma fecha Corcaribe S.A. y mediante esta sociedad remitió en la misma fecha, 14 de febrero de 2005, comunicación escrita a Telebucaramanga S.A. ESP, informando el cierre en firme de la operación. Dicha comunicación obró como supuesto soporte documental de la inversión ordenada por la sociedad convocante. No obstante, como bien lo sabían la directora de tesorería y el subgerente administrativo y financiero de Telebucaramanga S.A. ESP, la realización de operaciones REPO de CDM en la Bolsa Nacional Agropecuaria, da lugar a la expedición de la respectiva “papeleta” por parte de la BNA y del respectivo certificado de custodia del CDM por parte de la Cámara de Compensación de la BNA.

(vi) Posteriormente, el 17 de mayo de 2005, la sociedad Corcaribe S.A. remitió a Telebucaramanga S.A. ESP, una nueva propuesta de inversión por la suma de $ 6.826.935.051. Nuevamente, como supuesto soporte documental de la operación, la sociedad Corcaribe S.A. remitió a Telebucaramanga S.A. ESP, exclusivamente una comunicación en la cual informaban a la sociedad asegurada, el “cierre en firme” de la operación.

(vii) El gerente general de Telebucaramanga S.A. ESP ordenó se consultara directamente ante la BNA, qué inversiones se encontraban vigentes en nombre de Telebucaramanga S.A. ESP, en dicha bolsa, contestando esta entidad, el 28 de julio de 2005 que solamente se encontraba registrada una inversión por $ 751.630.392.

(viii) Corcaribe S.A., incumplió realmente con el mandato conferido para la inversión de $ 3.096.955.452 el 14 de febrero y de $ 6.826.935.051 el 17 de mayo de 2005, habiendo anunciado a Telebucaramanga S.A. ESP la realización de tales operaciones, de manera fraudulenta.

(ix) Corcaribe S.A., reconociendo la pérdida de los dineros entregados a dicha sociedad por Telebucaramanga S.A. ESP, confirió un pagaré por la suma de diez mil ciento ochenta y siete millones ciento quince mil noventa y cinco pesos m/cte. ($ 10.187.115.095), como supuesto respaldo del pago de los perjuicios causados. No obstante, el referido pagaré resultó inocuo, dado que la sociedad comisionista y sus representantes legales carecen de los recursos necesarios para responder por el pago de la referida obligación.

(x) Con ocasión de los hechos acaecidos, Telebucaramanga S.A. ESP formuló denuncia penal contra los funcionarios de la sociedad Corcaribe S.A. y contra la señora Clara Bibiana Orejarena, directora de tesorería y cartera de Telebucaramanga S.A. ESP, a fin que la Fiscalía General de la Nación emprendiera la investigación penal correspondiente.

(xi) En el curso de la investigación penal, la Fiscalía vinculó igualmente al proceso al señor Juan Gilberto Hernández, subgerente administrativo y financiero de Telebucaramanga S.A. ESP para la época de los hechos, y al señor Yamil Bechara Houghton, gerente general de Telebucaramanga S.A. ESP.

(xii) Con ocasión de la instrucción adelantada, el 12 de junio de 2006, la Fiscalía General de la Nación profirió resolución de acusación contra los señores Luz Clemencia Escobar de Pulido y Luis Adrián Pulido Escobar, funcionarios de Corcaribe S.A. por el delito de peculado por apropiación, y contra los señores Clara Bibiana Orejarena y Juan Gilberto Hernández, directora de tesorería y de cartera y subgerente administrativo y financiero respectivamente de Telebucaramanga S.A. ESP, igualmente por el delito de peculado por apropiación, y contra el señor Yamil Bechara Houghton, gerente general de Telebucaramanga S.A. ESP para la época de los hechos, por el delito de peculado culposo. Adicionalmente, contra los referidos acusados (excluyendo al señor Yamil Bechara Houghton), fue dictada por la Fiscalía medida de aseguramiento de detención preventiva.

(xiii) La Superintendencia de Valores, mediante Resolución 630 de 2005 proferida el 1º de agosto de 2005, ordenó la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios de la sociedad Corcaribe S.A., donde el monto neto de la suma de dinero entregada por Telebucaramanga S.A. ESP a Corcaribe S.A. fue reconocido como un bien excluido de la masa de la liquidación.

(xiv) Igualmente, con ocasión de los hechos acaecidos, la Contraloría General de la República, profirió el 30 de noviembre de 2005, auto de apertura de proceso de responsabilidad fiscal contra los funcionarios Clara Bibiana Orejarena, Juan Gilberto Hernández, y Yamil Bechara Houghton de Telebucaramanga S.A. ESP.

(xv) Los hechos acaecidos constituyeron la verificación del riesgo amparado bajo la póliza de manejo global sector oficial expedida por La Previsora S.A. Compañía de Seguros a favor de Telebucaramanga S.A. ESP. El 29 de julio de 2005, la sociedad asegurada dio aviso formal de siniestro a La Previsora S.A. Compañía de Seguros. El 3 de agosto de 2005, Telebucaramanga S.A. ESP en cumplimiento de sus obligaciones legales y contractuales formuló la respectiva reclamación a la aseguradora, allegando como prueba del acaecimiento del siniestro y la cuantía de la pérdida, la denuncia penal instaurada por la sociedad asegurada, las resoluciones 630 y 631 proferidas por la Superintendencia de Valores, y el respectivo comunicado de prensa expedido por la Superintendencia de Valores.

(xvi) El 17 de julio de 2006, La Previsora S.A. Compañía de Seguros, formuló objeción a la reclamación presentada por Telebucaramanga S.A. ESP, considerando en relación con la cobertura de la póliza de manejo global sector oficial que hasta que no se profiriera condena penal ni de responsabilidad fiscal en contra de ninguno de los funcionarios de Telebucaramanga S.A. ESP involucrados, no era posible determinar bajo la cobertura de qué póliza (entre las de responsabilidad civil servidores públicos, de manejo global sector oficial, e infidelidad y riesgos financieros), se había enmarcado el siniestro acaecido.

(xvii) A juicio de la demandante, resulta evidente la falta de fundamento de la objeción formulada por la aseguradora, pues conforme los hechos acaecidos, es lo cierto que en el presente caso se encuentran demostradas plenamente la ocurrencia y la cuantía del siniestro, bajo el amparo otorgado por la póliza de manejo global sector oficial, aun a pesar de no haberse proferido por el momento sentencia penal en firme condenatoria contra los funcionarios involucrados, pues en efecto, al respecto debe advertirse que la sola expedición de resolución de acusación constituye prueba suficiente del acaecimiento del siniestro en el caso que nos ocupa, puesto que el mérito de la referida resolución de acusación contra los señalados funcionarios, prueba suficientemente el cumplimiento de las condiciones de la cobertura otorgada por esta póliza y adicionalmente, ha de verse cómo en esta no se exige, como de manera infundada y contradictora lo señala la compañía de seguros en sus cartas de objeción, que frente a los funcionarios investigados se haya proferido sentencia penal en firme para que se entienda acaecido el siniestro.

(xviii) La póliza de manejo global sector oficial establece expresamente en sus condiciones particulares:

“Demostración de la pérdida

La aseguradora solicitará al asegurado aquellos documentos que se consideran razonables para la demostración y cuantificación de la responsabilidad para el caso de funcionarios; esta investigación por tener un proceso que conlleva hasta algo más de dos años no será requerido su resultado por la aseguradora para el pago de la indemnización. Sin embargo en caso de resultar absuelto el o los funcionarios implicados se procederá al reintegro de la indemnización en caso de haberse recibido” (resaltado por fuera del texto).

B. Pretensiones.

“Primera. Declarar que en virtud de la pérdida de nueve mil novecientos veintitrés millones ochocientos noventa mil quinientos un pesos m/cte. ($ 9.923.890.501) sufrida por Telebucaramanga S.A. ESP a partir de la conducta observada por funcionarios de Telebucaramanga S.A. ESP Clara Bibiana Orejarena, Juan Gilberto Hernández y/o Yamil Bechara Houghton, con ocasión de las inversiones realizadas a través de la firma Corcaribe S.A. en los meses de febrero y mayo de 2005, se verificó la ocurrencia del siniestro amparado por la póliza de manejo global sector oficial Nº 1003795 expedida por La Previsora S.A. Compañía de Seguros a favor de Telebucaramanga S.A. ESP.

Segunda. Condenar en consecuencia a La Previsora S.A. Compañía de Seguros, a pagar la respectiva indemnización que se deriva de la póliza de manejo global sector oficial Nº 1003795, hasta el monto de la suma asegurada estipulada en la misma, esto es hasta el monto de treinta millones de pesos m/cte. ($ 30.000.000), menos el respectivo deducible.

Tercera. Condenar a La Previsora S.A. Compañía de Seguros, a pagar los respectivos intereses moratorios sobre el importe de la indemnización, a la tasa de una y media veces el interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Bancaria, desde el 3 de septiembre de 2005, hasta el día en que se verifique el pago de la obligación.

Cuarta. Condenar en costas a La Previsora S.A. Compañía de Seguros”.

C. Fundamentos de derecho.

Telebucaramanga S.A. ESP, invoca como fundamento de su demanda (reformada) los artículos 1072 y siguientes del Código de Comercio, en los artículos 1602 y siguientes del Código Civil, en los artículos 7º y 8º del Decreto 1128 de 1978, en el artículo 10 de la Ley 99 de 1993, en los artículos 396 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, en los artículos 115 y siguientes del Decreto 1818 de 1998, y en las demás normas concordantes y complementarias.

2. Contestación de la compañía convocada.

Notificada legalmente la entidad convocada del auto admisorio de la solicitud de convocatoria, oportunamente manifestó su oposición a las pretensiones aducidas por la convocante en escrito de contestación a la misma, solicitando la práctica de las diligencias de prueba que consideró conducentes.

La contestación a los hechos de la demanda se dio por parte de La Previsora S.A. Compañía de Seguros en los siguientes términos:

A. Frente a los hechos.

(i) La cobertura de la póliza opera como consecuencia de la comisión de un delito contra la administración pública o contra el patrimonio público o de un hecho constitutivo de responsabilidad fiscal por parte de uno de los empleados, pero solamente de aquellos que ocupan u ocupaban los cargos que relaciona o relacionó la entidad al momento de tomar la póliza.

(ii) De conformidad con los artículos 643 y 882 del Código de Comercio, la suscripción y entrega de un título valor de contenido crediticio por parte de Corcaribe S.A. a Telebucaramanga S.A. ESP constituyó pago de la obligación pendiente entre las partes, lo que significa que Telebucaramanga S.A. ESP, es titular de un crédito contra Corcaribe S.A., en cuya liquidación ha sido reconocido. Telebucaramanga S.A. ESP, ni siquiera ha intentado obtener la cancelación de la obligación consignada en el pagaré.

(iii) Adicionalmente, el valor neto de la suma entregada por Telebucaramanga S.A. ESP a Corcaribe S.A. ha sido reconocido en la liquidación de Corcaribe S.A., ordenada por la Superintendencia de Valores, como un bien excluido de la masa de liquidación, lo que garantiza su pago con prelación, dado que se da por reconocido que estas sumas de dinero no son de propiedad de la entidad en liquidación (Corcaribe S.A.), sino de un tercero (Telebucaramanga); aparece registrada además en los estados financieros de Telebucaramanga S.A. ESP como un pasivo por cobrar, todo lo cual demuestra de manera fehaciente que no se han dado los elementos necesarios para que esta empresa pueda calificar como “pérdida” la situación en razón de la cual no le ha sido devuelta la totalidad de las sumas de dinero entregadas a Corcaribe S.A. para ser invertidas en la BNA, y sus respectivos rendimientos.

(iv) Mediante decisión del 15 de mayo de 2007, la Fiscalía 44 delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., precluyó la investigación en beneficio de Clara Bibiana Orejarena, para la época de los hechos directora de tesorería y cartera de Telebucaramanga S.A. ESP. Este solo hecho prueba de manera elocuente también respecto de los demás investigados, que la resolución de acusación no es suficiente elemento de juicio que permita hacer imputaciones de responsabilidad, como infundadamente pretende hacerlo la demandante.

(y) Pretender imputar responsabilidad a los funcionarios con base en una resolución de acusación equivale a desconocer el derecho constitucional en virtud del cual toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable (C.P., art. 29).

(vi) No es cierto que los hechos acaecidos, de los cuales da cuenta la demanda, constituyan la “verificación” del riesgo amparado por la póliza de manejo global sector oficial Nº 1003795 expedida por La Previsora S.A. Compañía de Seguros a favor de Telebucaramanga S.A. ESP, pues no se ha demostrado la ocurrencia del siniestro ni la cuantía de la pérdida, pues no está probado el menoscabo del patrimonio de la asegurada, e incluso su revisor fiscal al momento de la reclamación certificó que la entidad ha hecho una provisión.

(vii) Los documentos remitidos por Telebucaramanga S.A. ESP a La Previsora S.A. no son prueba de la ocurrencia del riesgo amparado, como tampoco de la cuantía de la supuesta pérdida. Particularmente dichos documentos no son prueba de la realización del riesgo amparado, por cuanto este solo se configura como consecuencia de “... acciones u omisiones del personal asegurado que incurra en hechos punibles o en alcances fiscales...”, para cuya determinación es claro que se requiere sentencia penal ejecutoriada o fallo con responsabilidad fiscal.

(viii) La denuncia del delito, tal como lo exige esta estipulación, no tiene por objeto el cumplimiento de un requisito formal, como lo ha entendido la demandante, sino la aportación de certeza acerca de su existencia.

(ix) Todos los funcionarios de Telebucaramanga S.A. ESP, no solo los miembros de su junta directiva, sino también los funcionarios denunciados, fueron asaltados en su buena fe por corredores del Caribe S.A. (Corcaribe S.A.). Esta afirmación no solo empieza a ser ratificada por la decisión de preclusión a favor de quien fuera directora de tesorería y cartera, sino que en su momento tenía apoyo en las conclusiones de la investigación adelantada por la propia Superintendencia Financiera, según la cual, dado el ocultamiento de muchos de los negocios que llevaba a cabo Corcaribe S.A. y el manejo extracontable de un gran número de operaciones financieras “... resulta(ba) inevitable y se escapa(ba) a las posibilidades o capacidades humanas y de infraestructura de cualquier organismo de control y supervisión, bien sea este del orden nacional o internacional, este tipo de eventos” (paréntesis fuera del texto).

(x) De la interpretación de la condición octava de las condiciones generales de la póliza global de manejo sector oficial Nº 1003795, se puede deducir que la estipulación según la cual La Previsora hará el pago de la indemnización “... dentro del mes siguiente a la fecha en la cual haya recibido copia al carbón o fotocopia autenticada de la denuncia penal instaurada contra el empleado por un hecho amparado por la presente póliza, acompañada del acta de investigación administrativa o fiscal donde conste la cuantía de la pérdida...”, solo es exigible en aquellos casos en que es evidente que el empleado ha defraudado a la entidad, pero no en aquellas otras situaciones en que, como en el presente caso, no es posible hacer imputaciones a priori contra un empleado. Si así no fuera, no se hubiera exigido fallo ejecutoriado en los eventos de responsabilidad fiscal, según las situaciones que prevé el penúltimo inciso de la misma condición octava, cuyo texto reza: “En el evento de alcances originados por incumplimiento de disposiciones legales que impliquen menoscabo del erario público, La Previsora pagará la indemnización dentro del mes siguiente a la fecha de ejecutoria de la providencia que declare la responsabilidad fiscal del empleado. (...)”.

(xi) Una vez pagada la indemnización por La Previsora S.A. Compañía de Seguros esta se subrogaría por ministerio de la ley en las acciones que tiene Telebucaramanga S.A. ESP contra los funcionarios acusados, para intentar el reembolso de lo pagado a esta empresa por los perjuicios sufridos. A pesar de que Telebucaramanga S.A. ESP solo podría intentar estas acciones una vez obtenida sentencia condenatoria, La Previsora podría intentarlo una vez pagada la indemnización, lo que es a todas luces antijurídico.

B. Excepciones.

El apoderado de la convocada formuló las excepciones que denominó:

(i) “No causación de intereses moratorios por falta de acreditación de la ocurrencia y cuantía del siniestro”: Dado que no se han configurado aún los elementos constitutivos del siniestro y por lo tanto no hay lugar a admitir la existencia de una pérdida, y por ellos los presupuestos normativos (C. de Co., arts. 1077 y 1080) necesarios para la reclamación de intereses moratorios no se produjeron en el caso bajo estudio, razón por la cual esta pretensión deberá ser desestimada.

(ii) Excepción de límite de disponibilidad del valor asegurado: El valor asegurado por la póliza de manejo global sector oficial Nº 1003795, cuyo tomador es Telebucaramanga S.A. ESP ha sido afectado en una cuantía de $ 5.000.000, valor de reserva con motivo del asunto Corcaribe S.A. En consecuencia, el límite de disponibilidad actual es de $ 25.000.000.

(iii) Las demás excepciones que resulten probadas.

3. Alegatos de conclusión.

En la oportunidad de ley, ambas partes y la representante del Ministerio Público presentaron sus conclusiones finales acerca de las pruebas producidas en el proceso, importantes trabajos estos cuyo contenido pasa a resumirse brevemente en los términos que siguen a continuación:

A. Alegatos presentados por Telebucaramanga S.A. ESP.

(i) Tal como lo confesó el representante legal de la sociedad demandada en el interrogatorio de parte practicado dentro del proceso, el amparo de la referida póliza recaía sobre todo el personal de nómina de la sociedad asegurada, razón por la cual carecen de fundamento las apreciaciones y salvedades formuladas por el apoderado de la parte demandada, en tanto conforme lo señalado, es claro que la cobertura de la referida póliza global de manejo sector oficial, otorgada por La Previsora S.A. Compañía de Seguros a favor de Telebucaramanga S.A. ESP, se extendía sobre todas aquellas pérdidas que sufriera la sociedad asegurada, como consecuencia de la comisión de un delito contra la administración pública y/o contra el patrimonio económico, o de un hecho constitutivo de responsabilidad fiscal, por parte de uno o varios de sus empleados, por acción u omisión en el ejercicio de su cargo.

(ii) Hasta la fecha Telebucaramanga S.A. ESP solo ha obtenido como fruto de estas diligencias el reembolso de la suma de seiscientos cincuenta y cuatro millones ciento sesenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta pesos m/cte. ($ 654.168.440), lo cual representa menos del 10% de la acreencia surgida a su favor.

(iii) La resolución de acusación inicialmente proferida contra la señora Clara Bibiana Orejarena por el delito de peculado por apropiación, fue revocada por la fiscalía en una segunda instancia, no por el hecho de haberse probado fehacientemente la no comisión de delito alguno por esta empleada, sino por haber surgido duda en relación con la participación dolosa o culposa que la señora Orejarena tuvo frente a los hechos acaecidos, al haber obrado frente a la función de realizar y controlar las operaciones de inversión encomendadas por Telebucaramanga S.A. ESP, como simple ejecutora de las labores asignadas al subgerente administrativo y financiero quien era su superior jerárquico.

(iv) La falta inexcusable incurrida por los funcionarios de Telebucaramanga S.A. ESP, no ha sido solo reconocida por la Fiscalía, sino que así mismo fue destacada por la Contraloría, dentro del proceso de responsabilidad fiscal que actualmente se adelanta contra dichos funcionarios por los hechos acaecidos.

(v) Tal como lo establece el artículo 882 del Código de Comercio la entrega de un título valor de contenido crediticio, por una obligación anterior, solo vale como pago de la obligación, cuando no se cumple la condición resolutoria implícita en esta operación, consistente en el rechazo o falta de descargo del título. Ahora bien, tal como se señaló en la demanda, la entrega del referido título valor en el presente caso por parte de los directivos o representantes de Corcaribe S.A., no surtió efecto alguno, en tanto la sociedad libradora para ese momento ya era una sociedad insolvente que no tenía cómo responder por el pago de la obligación consignada en el referido título valor, razón por la cual ingresó dentro de un proceso de liquidación obligatoria, dentro del cual no era posible el cobro ejecutivo del referido título de manera independiente por parte de Telebucaramanga S.A. ESP.

(vi) Así mismo señaló la parte demandada en su contestación de demanda frente a la pérdida sufrida por la sociedad asegurada, que los dineros entregados por Telebucaramanga S.A. ESP a la firma Corcaribe S.A. fueron reconocidos dentro del trámite de liquidación forzosa de esta, como un bien excluido de la masa de la liquidación, cosa que, a juicio de la demandada, “garantiza su pago con prelación”, y así, la inexistencia de la pérdida acaecida. Pues bien, al respecto vale la pena señalar que en este momento, conforme los documentos que obran dentro del expediente, es claro que Telebucaramanga S.A. ESP como consecuencia de los hechos acaecidos, viene afrontando una pérdida de más de $ 9.000.000.000, en tanto de la suma entregada a Corcaribe S.A. solo ha recibido como reembolso hasta la fecha la suma de $ 654.168.440. Es así como a la fecha, la referida pérdida sufrida por Telebucaramanga se encuentra consumada, independientemente de la posibilidad que exista de obtener por alguna vía, la recuperación total o parcial de tales dineros, razón por la cual, ello no impide el pago de la indemnización que se deriva de la póliza.

(vii) Frente a los seguros de daños, como lo es el contrato de seguro en cuestión, la posibilidad de recuperación de la pérdida sufrida por el asegurado no tiene la virtualidad de afectar el pago de la indemnización que se deriva del contrato de seguro, pues esa es precisamente la función que cumple el seguro frente al asegurado, esto es, indemnizar la pérdida acaecida con independencia de la recuperación que se logre de la misma. En efecto, para ello esta precisamente establecida legalmente en nuestro ordenamiento la institución de la subrogación a favor del asegurador, a fin que en el evento en que se pague la indemnización derivada del contrato de seguro, y a la postre se logre la recuperación total o parcial de la pérdida indemnizada, sea el asegurador quien subrogado en los derechos del asegurado contra las personas responsables del siniestro hasta el monto de la indemnización, reciba el pago de esa parte de la pérdida que se recupera.

La póliza no podría exigir como prueba para demostrar la ocurrencia del siniestro, ni como requisito previo para que proceda el pago de la indemnización derivada del seguro, el que exista fallo penal o fiscal en firme contra uno o varios de los empleados de la sociedad asegurada, pues tal como ha establecido en repetidas oportunidades la jurisprudencia, la prueba de la ocurrencia del siniestro es libre, por disposición legal imperativa, razón por la cual, no le es dable al asegurador imponer al asegurado la presentación de un documento específico para que se entienda probado la ocurrencia del siniestro. No puede el asegurador imponer la existencia de un resultado de un proceso penal o fiscal determinado, para efectuar el pago de la indemnización, pues habiendo sido probado el acaecimiento del siniestro mediante otras pruebas conforme la libertad probatoria consagrada en el artículo 1077 del Código de Comercio, no es posible exigir adicionalmente el resultado de un determinado proceso paralelo, que por obvias razones conlleva el transcurso del tiempo que dura todo proceso, en tanto ello implicaría dilatar en el tiempo, por fuera del término legalmente establecido, el pago de la indemnización. Es el siniestro el hecho generador de la pérdida patrimonial sufrida por la sociedad asegurada como consecuencia de los riesgos amparados, esto es, de la conducta delictiva o constitutiva de responsabilidad fiscal cometida por parte de los funcionarios de la asegurada en vigencia de la póliza, y no los fallos penales o fiscales o que expidan en vigencia de la misma, no tiene sentido que en la práctica se exija la existencia de estos fallos para que se entienda acaecido el siniestro.

(viii) Lo consagrado en el inciso tercero de la condición octava de las condiciones generales de la póliza, según la cual, “En el evento de alcances originados por incumplimiento de disposiciones legales que impliquen menoscabo del erario público, La Previsora pagará indemnización dentro del mes siguiente a la fecha de ejecutoria de la providencia que declare la responsabilidad fiscal del empleado, no está llamado a producir efecto alguno, pues nótese cómo dicha condición contractual no solo viola abiertamente las disposiciones imperativas consagradas en los artículos 1077, 1080 y 1162 del Código de Comercio, sino que así mismo, se encuentra en franca contradicción con la citada condición consignada en las condiciones particulares de la póliza, la cual, conforme las normas generales del contrato de seguro, está llamada a prevalecer sobre las condiciones generales de la misma.

En efecto, como es bien sabido, las normas de interpretación imperativas del contrato de seguro disponen que en aquellos puntos en los que haya contradicción, las condiciones particulares de la póliza prevalecen sobre las condiciones generales de la misma. Es así como, considerando la póliza del contrato de seguro global de manejo sector oficial que nos ocupa, si bien la citada condición particular se complementa con lo establecido por el citado primer inciso de la condición octava de las condiciones generales de la póliza, en tanto una y otra disposición, como se desprende de su texto, son armónicas entre sí, no sucede igual con lo establecido en el tercer inciso de la misma condición octava, al establecer este cosa totalmente contraria a lo establecido en la citada condición particular, en la cual, se dice expresamente que para la demostración de la pérdida “no se exigirá el resultado”. Es por ello que, al margen que lo establecido en el referido tercer inciso de la condición octava de las condiciones generales de la póliza vulnere normas imperativas consagradas en nuestro ordenamiento, razón por la cual, no está llamado a producir efecto, al tenor de las normas generales del contrato de seguro que establecen la prevalencia de las condiciones particulares sobre las condiciones generales de la póliza, es claro igualmente que el referido tercer inciso de la condición octava de las condiciones generales no está llamado a producir efecto alguno, al haber quedado reemplazado o sustituido su texto, por lo establecido en las condiciones particulares de la póliza.

(ix) La aseguradora se encuentra en mora de efectuar el pago de la indemnización desde el mes siguiente a la fecha en que la sociedad aseguradora formuló a la misma su reclamación formal con fundamento en los hechos acaecidos, es decir desde el 3 de septiembre de 2005.

(x) Así mismo es claro que la segunda excepción formulada por La Previsora S.A. Compañía de Seguros, relativa al supuesto límite de disponibilidad del valor asegurado tampoco está llamada a ser reconocida, en tanto ella tiene como fundamento una reserva que constituyó la aseguradora en virtud de los hechos acaecidos por valor de $ 5.000.000, mas no un pago que hubiere efectuado la aseguradora a favor de Telebucaramanga S.A. ESP.

B. Alegatos de conclusión presentados por La Previsora S.A. Compañía de Seguros.

(i) En tanto el esclarecimiento de la autoría de los hechos no haya concluido, es inocuo para el proceso averiguar si en efecto la entidad asegurada ha sufrido una pérdida en su patrimonio o no, pues aunque de tal averiguación resulte que en efecto el patrimonio de la entidad asegurada fue objeto de defraudación, la importancia de este resultado para el proceso solo deviene de la determinación de los autores o cómplices de dicha conducta delictiva.

(ii) La demandante no ha aportado al proceso la prueba de la pérdida patrimonial sufrida, ni mucho menos la prueba de la autoría de los hechos que la habrían causado. En su demanda la entidad asegurada no ha podido sino dejar planteada la probabilidad de la realización del riesgo amparado, mas no su realización misma.

(iii) Obra en el expediente informe de la liquidadora de Corcaribe S.A., según el cual se ha suscrito acuerdo de pago con la referida sociedad deudora por un valor de $ 7.694.404.457, parte de los cuales han sido pagados. Excluidas de la masa de liquidación, las acreencias representadas en estas sumas de dinero no tienen por titular a Corcaribe S.A. en liquidación, sino a Telebucaramanga S.A. ESP, y los saldos que resulten insolutos deberán ser reconocidos y pagados con cargo a la masa de liquidación de dicho corredor de bolsa.

(iv) En la condición séptima de las condiciones generales de la póliza se estipula:

“Condición séptima: siniestros.

“Se entiende ocurrido el siniestro en los siguientes casos:

a) Cuando la entidad asegurada sufra un menoscabo patrimonial a consecuencia de uno de los eventos cubiertos por la presente póliza. (...)”.

Y es claro que los eventos cubiertos por la presente póliza no pueden ser consecuencia sino de acciones u omisiones del personal asegurado “... que incurran en delitos contra la entidad o contra el patrimonio público”, conforme al punto 2 (coberturas básicas obligatorias).

Hasta la fecha, en fin, el único elemento probatorio que se ha aducido para mantener vinculados al proceso penal a quienes se desempeñaban como gerente general y gerente financiero de Telebucaramanga S.A. ESP, ha sido en ambos casos el incumplimiento de sus deberes de cuidado y control de las operaciones financieras de la empresa, agravado para el segundo de ellos por tener atribuida dicha función de manera directa, de donde surge claramente que la prueba que mantiene vinculados al proceso penal a estos ex directivos no compromete su responsabilidad directa como autores de la defraudación.

C. El concepto del Ministerio Público.

(i) Después de realizar una síntesis del litigio sometido a arbitraje y de las incidencias procesales de mayor relieve, en certero compendio dice el Ministerio Público que en el caso presente la controversia entre las partes no se centra en el alcance de norma legal alguna sino que el desacuerdo radica en “... el sentido que debe dársele al contenido clausular de la póliza de manejo Nº 1003795...”, aspecto desde luego de fundamental consideración para luego determinar si la compañía de seguros convocada incumplió las obligaciones por ella contraídas en virtud del contrato de cuyas condiciones da cuenta la citada póliza, “... en la medida que no accedió al pago del siniestro declarado por la empresa asegurada mediante oficio del 3 de agosto de 2005...”.

(ii) La discrepancia de pareceres entre las dos partes, una de ellas —la convocante— apoyada en la letra de la condición 8ª de la póliza tantas veces aludida y la otra —la aseguradora convocada— aduciendo la extensión de la cobertura otorgada tal y como la definió ese mismo documento contractual, de resolverse acudiendo a una interpretación sistemática en cuya virtud se le dé lectura a otras cláusulas, en particular a la 16ª, estipulación esta de la que se sigue que los contratantes “... previeron la posibilidad válida de que la (...) asegurada haga efectiva la póliza, mediante el pago de indemnización, aun cuando no se hubiere proferido sentencia o fallo definitivo en contra del empleado o empleados involucrados (...), disposición que encuentra perfecta armonía con la cláusula alegada por la parte convocante de acuerdo con la cual la compañía aseguradora se encuentra en la obligación de pagar (...) dentro del mes siguiente a la fecha en que haya recibido copia al carbón o fotocopia auténtica de la denuncia penal instaurada contra el empleado por un hecho amparado por la presente póliza...”.

(iii) En síntesis, tomando pie en la consideración precedente unida a otras adicionales acerca de la prueba allegada por Telebucaramanga para establecer la ocurrencia del siniestro estima el Ministerio Público que no le asiste razón en sus argumentos a la compañía de seguros convocada, mientras que no sucede lo propio con la convocante. Las pretensiones de esta última se encuentran justificadas en derecho y por lo tanto el laudo debe darles favorable despacho.

CAPÍTULO TERCERO

Presupuestos procesales y fundamentos del laudo

Por cuanto del recuento efectuado en los apartes precedentes se sigue que la relación procesal existente en el presente caso se configuró regularmente y que en su desarrollo no se incurrió en defecto alguno trascendente que, por tener virtualidad para invalidar la actuación en todo o en parte y no encontrarse saneado, imponga darle aplicación al artículo 145 del Código de Procedimiento Civil, corresponde decidir sobre el mérito de la controversia sometida por los compromitentes a arbitraje y para tal fin son conducentes las siguientes

Consideraciones:

I. El seguro contratado

1. Ante circunstancias fácticas concretas como las que estos autos ponen de presente, donde en últimas quienes son partes en el estrado arbitral se ciñen de entrada a discutir sobre el significado y el alcance de la garantía (cobertura) asumida por una de ellas —la parte aseguradora— en virtud de la celebración de un contrato de seguro de daños que a la otra —parte asegurada— le sirve de base para exigir el cumplimiento de la respectiva prestación en que dicha garantía ha de traducirse, importa por sobre todo abordar primeramente este aspecto del litigio toda vez que la estructura y el funcionamiento de la relación aseguradora, dentro del marco contractual al que se alude, así lo imponen puesto que, por sabido se tiene, los hechos de los que depende el que cobre actualidad la obligación condicionada contraída por el asegurador, en lo esencial se circunscriben a la existencia por supuesto de un contrato de seguro válido y eficaz, unido a la realización de un evento dañoso determinado en ese mismo contrato, es decir que ocurra un suceso de la naturaleza prevista, con incidencia sobre el interés preestablecido y también delimitado por los factores causales, espaciales y temporales estipulados.

Es preciso, entonces, darse a la tarea de verificar si efectivamente, como lo afirma la empresa convocante a raíz de los hechos que puso en conocimiento de la fiscalía delegada ante los jueces penales del circuito de Bucaramanga (fls. 012 y ss. del cdno. 1 de pruebas del expediente), se produjo un auténtico “siniestro”, susceptible por ende de ser catalogado, de conformidad con el artículo 1072 del Código de Comercio, como la realización de al menos uno de los riesgos previstos en la póliza global de manejo —sector oficial— Nº 1003795 y cubiertos por ella, lo que como bien lo apunta en su concepto el Ministerio Público, hace indispensable empezar por efectuar un detenido examen del contenido del señalado instrumento en orden a fijar, en términos razonables y por ello acudiendo a reglas de interpretación adecuadas a los perfiles particulares del caso, la extensión o medida de la garantía económica que a favor de aquella empresa se obligó a afrontar la compañía de seguros convocada, sentando como premisa el que un cometido de esta índole, casi siempre dificultoso, ha de adelantarse con arreglo al sentido común y huyéndole al dogmatismo teórico, ya que a la postre de lo que se trata es de reconstruir, sin caer en el maquinal menosprecio de la literalidad utilizada en la redacción de los correspondientes documentos, el genuino significado de declaraciones negociales a primera vista imperfectas o de conductas concluyentes observadas por los contratantes, conforme a las concepciones sociales predominantes, a las directrices de buena fe diligente y corrección, al lenguaje común y a los usos del tráfico, sin perder de vista obviamente los propósitos prácticos del acuerdo celebrado y la finalidad lícita que persiguen los estipulantes al ajustar su clausulado. El imperativo del intérprete ante el parecer discrepante de estos últimos —enseña la doctrina— no se sustrae a la búsqueda de la verdad, y ello le impone “... utilizar todo ese conjunto de principios que los ordenamientos han codificado como característicos del ejercicio de una buena actividad lógica en la materia, a saber: considerar no solo el fragmento ambiguo u oscuro que se trata de interpretar sino todo el conjunto del contrato en su complejidad; atender a las circunstancias que han acompañado a la conclusión del contrato y en especial a la personalidad de los contratantes; atender igualmente a la manera como ha venido siendo ejecutado el contrato en la práctica; atender a los usos del lugar donde residen los contratantes; preferir aquella inteligencia que se ajuste más a la naturaleza y al objeto del contrato; preferir aquella interpretación que mejor satisfaga el principio de la conservación del contrato; preferir en caso de duda lo que favorezca la libertad del deudor o, en ese mismo caso, decidir contra quien ha redactado el contrato, etc. A ninguna de estas reglas puede sin embargo (...) atribuírsele el carácter de una categórica regla legal preferente, ni tampoco debe postularse una rígida jerarquía entre ellas, pues la vigencia de cada una en un supuesto específico dependerá más bien de su mayor o menor adaptación al fin perseguido, que es hacer evidente el propósito o intención común de las partes, pero entendido este no como un puro hecho histórico o sicológico, sino de aquella manera que mejor armonice con los otros dos principio rectores: la ley y la buena fe...” (José Melich-Orsini. Doctrina General del Contrato. Cap. IX. N. 304).

2. En cuanto concierne al contrato de seguro, debido a su naturaleza y al tipo de conflictos de variable complejidad que en el plano de su ejecución o cumplimiento es especialmente pródigo en originar, esas reglas comunes de interpretación han adquirido con el paso del tiempo una especial semblanza claramente reflejada, más que otra cosa, en la jurisprudencia, insistente esta última en advertir que el contrato en referencia, en grado superlativo condicionado por exigencias técnicas de la industria aseguradora cuya vigencia universal no cabe poner en entredicho y de las cuales al intérprete no le es dado desentenderse bajo el fútil pretexto de que “... no son derecho”, reclama por principio una interpretación de tendencia restrictiva en lo que dice relación a la determinación de los derechos y de las obligaciones de las partes, ajustándose a las estipulaciones hechas explícitas en la póliza o en los documentos que hicieren sus veces desde el punto de vista probatorio, de ordinario no a través de pactos libremente convenidos en cada caso sino de una serie de cláusulas típicas, predispuestas por el asegurador y que el tomador, en posición normal, no puede modificar, llamadas “Condiciones generales” que como lo apunta un destacado expositor, nacidas ellas como expresión de la autonomía privada, “... se han convertido en fuente de derecho consuetudinario que suministra el contenido uniforme, en cada ramo del seguro, de todos los contratos posibles...” (Joaquín Garrigues. Curso de Derecho Mercantil. T. II Cap. 38).

Pero lo anterior no quiere decir en modo alguno que sea forzoso circunscribirse a la rígida lectura de los textos en que tales condiciones se ponen de manifiesto, aplicándolas irreflexivamente sin prestarle la debida atención a otros postulados de inocultable relevancia, rectores del contrato de seguro y emergentes, tanto de la propia legislación positiva, donde la protección del asegurado es a todas luces necesidad normativa preponderante, como del hecho de tratarse de un contrato de buena fe excepcional —uberrimae bonae fidei— en sus diferentes facetas, lo que implica entre muchos otros aspectos cruciales, en el ámbito de los seguros de daños y dado el carácter rigurosamente indemnizatorio que los identifica de conformidad con el artículo 1088 del Código de Comercio, velar porque, de un lado, la parte asegurada no obtenga beneficios que la enriquezcan sin causa en detrimento del fondo de contribuciones de la comunidad de los asegurados amenazados por los mismos riesgos, y de otro lado, porque aquella parte, sin verse sometida a artificiales estorbos, reciba rápidamente la justa indemnización de la que es acreedora.

Dicho en otras palabras, el contrato de seguro, tal y como lo ha sostenido la jurisprudencia en el país por más de tres décadas sin interrupción, constituye en la generalidad de los casos un ejemplo característico de aquellos contratos celebrados mediante la adhesión de uno de los contratantes a cláusulas “estandarizadas” dispuestas previa y unilateralmente por el otro. En efecto, la realidad es que las compañías de seguros celebran sus contratos en forma masiva, valiéndose de documentos instrumentales impresos (pólizas y anexos) en los cuales, siendo ostensible el sentido de uniformidad y abstracción que inspira los textos que las enuncian, sobresalen las condiciones generales que no admiten otras modificaciones o supresiones distintas a las que se encuentren allí mismo previstas, y en todo caso es lo corriente que esos cambios, contemplados como posibles, estén consignados en anexos (C. de Co., art. 1048) de contenido textual fijo, de tal suerte que en la práctica lo único susceptible de libre discusión viene a ser la admisión o no de las modificaciones y supresiones en mención, según esos textos de antemano elaborados por el asegurador, al igual que las estipulaciones requeridas para dar la nota específica que individualiza cada seguro de acuerdo con las circunstancias, materia por definición reservada a las denominadas condiciones particulares a que alude el número 11 del artículo 1047 ibídem.

En sentido amplio, entonces, las condiciones de los seguros son las normas dispuestas por vía contractual para disciplinar la relación aseguradora que vincula a las partes y, atendiendo a la forma como tales normas son elaboradas, se las clasifica en generales, particulares y especiales, modalidades de cuya definición la doctrina se ha ocupado con suficiente precisión. “... Condiciones particulares —dice por ejemplo el profesor Antigono Donati (los seguros privados. Cap. I N. 17)— son aquellas que, elaboradas conjuntamente por las partes en vista de la relación singular que se conviene, establecen los elementos específicos de tal relación singular (por ejemplo, individualización de las partes, del asegurado, suma asegurada, prima, duración) y aparecen en el documento manuscritas o dactilografiadas. Condiciones generales son las que, elaboradas previamente por el empresario para adoptarlas en todas sus relaciones aseguradoras, establecen las normas que disciplinan, además de los elementos específicos de las condiciones particulares, la relación (por ejemplo, riesgos cubiertos, declaraciones precontractuales, agravantes del riesgo, liquidación de daños, fuero competente) y están usualmente impresas en el documento y también frecuentemente en la proposición. Las condiciones especiales, en fin, algunas veces se formulan, no para un caso particular sino en vista de una categoría especial de relaciones (por ejemplo, modo de contratar, condiciones especiales para el seguro de abono, naturaleza de las cosas aseguradas, condiciones especiales para ciertos incendios, etc.) y están también usualmente impresas junta o separadamente con las generales. También estas condiciones elaboradas en vista de una serie de futuras relaciones, aunque más reducida, son condiciones generales...”.

Salta a la vista, pues, la complejidad del sistema en la medida que estos contratos no quedan colmados con las condiciones generales cuya función no es otra, al tenor de cuanto queda expuesto, que la de fijar el contenido normativo medular de una serie indefinida de futuras relaciones aseguradoras, abriéndole espacio a los elementos peculiares de cada una de ellas; tienen, por lo tanto, estos elementos que les imprime singularidad de tal manera que el resultado vendrá a ser, con más o con menos, que en los contratos de seguro concurren cláusulas generales, adoptadas en el correspondiente ramo de la actividad, con cláusulas privativas de cada negocio, de modo que bien puede decirse acerca de las primeras, siguiendo de nuevo a Garrigues (op. cit. pág. 259), que son un contenido contractual de forzosa observancia para las dos partes pero, a la vez, subordinado al acuerdo de voluntades en cada caso existente, fenómeno que por supuesto es fuente constante de dificultades interpretativas a cuya cabal solución apunta un buen número de reglas de entre las cuales, por ser pertinente su aplicación en el evento litigioso de autos, se indicarán a continuación solamente algunas de ellas.

A) Una primera pauta a seguir, mencionada líneas atrás, radica en el carácter restrictivo de la interpretación cuando de lo que se trata es de fijar la extensión de los riesgos de cuyas consecuencias económicas perjudiciales para el asegurado se hace cargo la compañía de seguros, una vez acaecido el siniestro, al igual que los derechos y beneficios que para aquel se siguen, bajo los términos del contrato, a partir de ese mismo momento.

Mediante esta regla lo que se busca es evitar descabellados resultados hermenéuticos que cuando se producen, invariablemente, en la operación bienhechora del seguro ocasionan estragos. No se apela, en consecuencia, a la literalidad cicatera sino al ponderado discernimiento del intérprete que, en el desarrollo de esta exigente tarea, debe tener en cuenta criterios orientadores de jurisprudencia puntualizados en sede casacional de conformidad con los cuales “... en orden a impedir las nocivas tendencias, tanto de quienes reclaman con el propósito de procurar conseguir beneficios extraños al seguro contratado, lo que sin duda redunda en menoscabo para la mutualidad de riesgos homogéneos creada, como de los aseguradores de exonerarse de responder desconociendo razonables expectativas que del contrato de seguro para aquellos, este último debe ser interpretado en forma similar a las normas legales y sin perder de vista la finalidad que está llamado a servir, esto es comprobando la voluntad objetiva que traducen la respectiva póliza y los documentos que ella hacen parte con arreglo a la ley (C. de Co., arts. 1048 a 1050), los intereses de la comunidad de asegurados y las exigencias técnicas de la industria. Dicho en otras palabras, el contrato de seguro es de interpretación restrictiva y por eso en su ámbito operativo, para determinar con exactitud los derechos y las obligaciones de los contratantes, predomina el texto de la que suele denominarse escritura contentiva del contrato en la medida en que, por definición, debe conceptuársela como expresión de un conjunto sistemático de condiciones generales y particulares que los jueces deben examinar con cuidado, especialmente en lo que tiene que ver con las cláusulas atinentes a la extensión de los riesgos cubiertos en cada caso y su delimitación, evitando favorecer soluciones en mérito de las cuales la compañía de seguros termine eludiendo su responsabilidad al amparo de cláusulas confusas que de estar al criterio de buena fe podrían recibir una inteligencia que en equidad consulte mejor los legítimos intereses del asegurado, o lo que es todavía más grave, dejando sin función el contrato a pesar de las características propias del seguro que constituye su objeto, fines estos para cuyo logro desde luego habrán de prestar su concurso las normas legales, pero siempre partiendo del supuesto, valga insistir, de que aquí no son de recibo interpretaciones que impliquen el rígido apego literal a estipulaciones consideradas aisladamente y, por consiguiente, sin detenerse en armonizarlas con el espíritu general que le infunde su razón de ser al contexto contractual del que tales estipulaciones son parte integrante...” (G. J., T. CCLII pág. 46).

B) Visto como queda que las condiciones generales a las que se hizo referencia líneas atrás, entendidas como un resultado y exigencia a la vez de la contratación en masa inmanente a la explotación empresarial del seguro, constituyen en esencia una especie de “reglamento contractual” diseñado para establecer, en forma precisa y unitaria, los derechos y las obligaciones de las partes al margen de situaciones individuales de las que se ocupan las condiciones particulares, y tomando en cuenta, además, que en la gran mayoría de los casos la parte asegurada no tiene opción real de convenir o concertar el contenido de ese clausulado “reglamentario” ante el poder de imponerlo que para sí retienen las compañías de seguros, en pos de una doctrina consolidada desde las primeras décadas del siglo XX en Europa, la jurisprudencia nacional ha afirmado repetidamente que en tanto se trata de un negocio bilateral celebrado por adhesión y su fuerza de obligar es sin duda de carácter contractual (G.J. T. CXXXIV pág. 190), en el contrato de seguro y como directriz normativa de interpretación frente a estipulaciones huérfanas de la precisión y claridad necesarias, adquiere especial importancia la muy conocida regla “contra proferentem” que con apoyo en el artículo 1624 del Código Civil, lleva a resolver a favor del adherente —el asegurado, normalmente— las perplejidades e incertidumbres a que pueda dar lugar las fijación del alcance de las condiciones generales incorporadas uniformemente en determinado tipo de pólizas y sometidas a controversia por los interesados, toda vez que en presencia de dificultades de esta índole, tiende a prevalecer con razón en los jueces el criterio de que el contrato en cuestión, en la medida que se enmarque en los de adhesión y en consecuencia contenga aquellas condiciones dispuestas de antemano por el asegurador, no admite alcances ni efectos que redunden en menoscabo de la posición jurídica del asegurado.

No obstante lo anterior, a estas alturas viene a propósito decir que la Corte Suprema de Justicia ha reiterado con énfasis que esta peculiar regla, es por supuesto de aplicación residual y no es dable radicalizarla, desconectándola del conjunto de disposiciones legales (C. C., arts. 1618 y ss.) que gobiernan la interpretación de los contratos en general. En este orden de ideas, señala la alta corporación que si el texto del contrato, aun el de seguro, no es claro “... es necesario auscultar la intención común, para lo cual resulta de utilidad si las mismas partes han interpretado de consuno dicho texto, bien con ocasión de contratos similares anteriores o ya por la aplicación práctica que del contrato hayan hecho. Si permanece la duda o la ambigüedad, y sin perjuicio de la investigación de la intención común mediante los medios probatorios legalmente admisibles, las demás reglas de interpretación (que apuntan más a un plano objetivo, esto es, a la letra del contrato y no a la intención de las partes) se aplicarán en segundo lugar, dejando para una última posibilidad la norma del artículo 1624 del Código Civil, que además de criterio de hermenéutica, es la aplicación de tres principios: el de favor debitoris (inc. 1º) y los dos de contra stipulatorem (contra el predisponente) y el de no poder alegar la propia torpeza o culpa en beneficio propio...” (Cas. Civ. 1º ago. 1º/2002. Exp. 6907).

C) En fin, la tercera y última regla que aquí procede citar, en la cual de cierto modo terminan por convergir las demás, es la que insta por una interpretación sistemática que es preciso conjugar, a la vez, con aquella resultante de la presencia de condiciones generales y particulares de diferente proyección, recabando por norma preferencia para las segundas sobre las primeras en la medida en que sean ellas, dentro de su particularidad, más beneficiosas para la parte asegurada.

Dos fases sobresalientes ofrece, entonces, esta regla y centrando de momento la atención en la inicial, son categóricos los derroteros trazados por la jurisprudencia en relación con el tema. “... Cuando se controvierte por las partes el alcance de las cláusulas de un contrato y además estas no se encuentran revestidas de claridad y precisión —dice la Corte—, debe el juzgador desentrañar el sentido de las declaraciones de voluntad consignadas en la respectiva convención, para lo cual, en esta labor de hermenéutica el legislador ha consignado una serie de pautas legales, entre las cuales consagra aquella que dispone examinar de conjunto las estipulaciones, o sea, interpretando unas por otras, en procura de lograr que todas ellas guarden armonía entre sí, que se ajusten a la naturaleza y a la finalidad de la convención y que concurran a satisfacer la común intención de las partes (C. C., art. 1622). Precisamente la doctrina de la Corte, concediéndole la verdadera importancia que tiene la denominada interpretación sistemática o de armonía, expresa que cuando por disentimiento de las partes en el punto se discute (...) el alcance de las relaciones surgidas de un contrato, corresponde al juzgador desentrañar el sentido o la significación de las declaraciones de voluntad, con el fin de determinar las obligaciones que por emanar de la convención han de asegurarse de su cumplimiento. En esta tarea, como lo ha expuesto insistentemente la doctrina, el criterio normativo que debe guiar al fallador ha de encaminarse siempre a darle efectividad a la voluntad convencional, indagando, dentro de los principios de la hermenéutica contractual, cuáles fueron realmente los objetivos y las finalidades que se propusieron los contratantes al ajustar el pacto...”, agregando enseguida que por cuanto este último ordinariamente se presenta como una unidad “... deben apreciarse todas sus estipulaciones en forma coordinada y armónica; si con desprecio de este procedimiento se aíslan unas de otras como entes autónomos, cuando por sí solas carecen de vida propia e independiente, se corre el riesgo de romper la unidad y hacerle producir al negocio jurídico efectos contrarios a los que del conjunto realmente se deducen...” (G.J. T. CXLII pág. 218).

Y esta directriz totalizadora, cuando de ponerla en práctica en el contrato de seguro se trata, tiene que prestarle cuidadosa atención a la estructura de este último en la cual, como ya quedó dicho, confluyen cláusulas de distinta naturaleza y cuya función no es igual cláusulas entre las que son posibles colisiones imputables al asegurador y que en sana lógica deben dilucidarse, por principio al menos, reconociéndole prioridad a las llamadas a operar en concepto de condiciones particulares siempre y cuando guarde ello consonancia con el interés del asegurado, habida consideración que bien puede acontecer que a falta de este último recaudo, proceda hacer prevalecer condiciones generales que se presume constituyen el marco básico de imprescindible referencia al cual aquellas debieron adecuarse en términos razonables.

3. En la especie de autos, teniendo por bien entendido que los riesgos amparados por una póliza de seguros no consisten de suyo en cualquier evento azaroso que, desde el punto de vista de su fisonomía exterior, pueda corresponder a expresiones imprecisas con frecuencia obrantes en esa clase de documentos o refleje algún parecido con fenómenos a los que ellas se propongan referirse, sino que muy por el contrario son aquellos acontecimientos concretos rodeados de todas las circunstancias subjetivas, causales, espaciales y temporales definidas contractualmente para hacer obrar la cobertura dándole origen a la obligación contraída por el asegurador como reza el artículo 1054 del Código de Comercio, basta con utilizar las reglas de interpretación reseñadas en los apartes precedentes para concluir con certeza que, en el debate entre las partes acerca de la extensión de la responsabilidad asumida por la compañía convocada de acuerdo con la póliza global de manejo —sector oficial— Nº 1003795, le asiste razón a la empresa convocante y por lo tanto está llamada a prosperar la primera de las pretensiones deducidas en el escrito sustitutivo de convocatoria, en el sentido de declarar que en efecto y por virtud de las pérdidas sufridas por dicha empresa, con ocasión de inversiones realizadas en los meses de febrero y mayo de 2005 a través de la firma comisionista Corcaribe S.A., se debe estimar afectada, al verificarse la ocurrencia del siniestro amparado, la señalada póliza.

A) En un primer plano y como es apenas natural suponerlo, los elementos de análisis que a la ameritada conclusión le sirven de base, emergen prioritariamente de enunciados escritos contenidos en la póliza, en tanto ellos ponen de manifiesto que, en punto de determinar el género de los hechos amenazadores del interés que indujo a asegurarse a Telebucaramanga S.A. y cuya realización es requisito de exigibilidad de la prestación de resarcimiento a cargo de La Previsora S.A., al cerrar el contrato, y en ello la denominación empleada para identificarlo es elocuente, quedó definido que se trataba de la suscripción de un seguro global de afianzamiento de fidelidad —manejo— de empleados, instrumentado en la póliza Nº 1003795, con vigencia entre el 20 de diciembre de 2004 y el 20 de marzo de 2006, que se compone de dos partes, a saber: Las condiciones generales visibles en el documento obrante a folios 10 y 11 del cuaderno 1 de pruebas del expediente, y un catálogo bastante apreciable de condiciones particulares contenidas en el anexo, extendido bajo firma autorizada de la compañía de seguros convocada, que obra a folios 4 a 8 ibídem.

Así, pues, acerca de la entidad y extensión de los riesgos cubiertos, junto a expresiones habituales de carácter general que se emplean para definir el alcance de esta clase de garantías de manejo de caudales públicos o privados y las situaciones de “no garantía”, calificadas como exclusiones, para el caso y por virtud de la primera de las mencionadas cláusulas particulares, el objeto del seguro en cuestión quedó estipulado en el sentido de indicarse, mediante una redacción confusa en extremo, que su finalidad es amparar a Telebucaramanga “... contra las pérdidas que sufra a causa de la infidelidad...”, (i) De su personal de nómina y (ii) De personal suministrado por empresas temporales o firmas especializadas, resultantes tales pérdidas de hechos que impliquen menoscabo de los fondos y bienes de la empresa asegurada, causadas por acciones u omisiones de empleados integrantes de ese personal que incurran en conductas punibles, incluidos los delitos contra la administración pública y/o el patrimonio económico, o en alcances fiscales por incumplimiento o infracción de las disposiciones legales o reglamentarias, incluyendo también el costo de la rendición de cuentas en caso de abandono de cargo o fallecimiento del empleado o funcionario.

En consecuencia, el primer aspecto de esta delimitación convencional en que es preciso hacer énfasis, es que el seguro es de infidelidad, lo que significa que tiene por objeto resarcir al asegurado de las pérdidas pecuniarias derivadas de la falta de honestidad de ciertas personas naturales relacionadas con él, en razón de nexos laborales, empresariales o profesionales. En lo sustancial es, pues, una modalidad asegurativa que tiende a proteger a una entidad comercial contra la pérfida actuación de personal vinculado a la organización, que tenga como efecto la sustracción, indebida apropiación o malversación de fondos, cosas o documentos valiosos encomendados a su custodia, gestión o intervención, modalidad que como lo refleja la práctica forjada bajo la vigencia de la Ley 225 de 1938 y el Decreto 2950 de 1954 para precisar, v. gr., las nociones de “desfalco” y “fraude” con estos fines (cfr. J. Efrén Ossa. Tratado Elemental de Seguros, Cap. XXIII, pág. 339. Medellín 1956), se entiende involucra, salvedad hecha de que expresamente se haga constar una intención distinta, junto con la específica garantía de honorabilidad, una garantía adicional de capacidad para desempeñar lealmente los deberes propios de los cargos del que, en lenguaje inexacto en rigurosa técnica, se acostumbra a llamar por facilidad “personal asegurado”, poniéndose así en evidencia que los riesgos que son materia de cobertura en esta clase de seguros, no tienen por fuerza que revestir calidad delictuosa y por ende, nada obsta para que a las compañías de seguros les sea posible comprometerse a, llegado el caso, admitir su responsabilidad sin que de antemano se haya dictado sentencia condenatoria en firme o el fallo definitivo que haga sus veces en un procedimiento fiscal, mientras que si no lo hacen y se empeñan en condicionar la demostración de la ocurrencia del siniestro a la presentación de las copias que acrediten a plenitud la existencia de pronunciamientos judiciales o administrativos de tal estirpe, imponiendo pruebas “... tasadas ex ante...” que no son imprescindibles, incurren en abuso que la jurisprudencia ha censurado con drasticidad ejemplar (cfr., Cas. Civ., feb. 2/2001. Exp. 5670, por todas), en la medida que esta arbitraria exigencia “... provoca una inequitativa y de paso inconsulta dilación en el cumplimiento del deber de prestación a cargo del asegurador, desnaturalizando así la inocultable teleología bienhechora reconocida universalmente al contrato de seguro, pues si de este negocio jurídico emana la obligación condicional de la entidad aseguradora (art. 1045 Nº 4º en concordancia con el art. 1054 del Código de Comercio, en lo pertinente), ocurrido el siniestro en virtud de la realización del referido riesgo asegurado (arts. 1054 y 1072 ibídem) surge —in actus— la obligación a cargo de esta de satisfacer la prestación asegurada (art. 1080 ej.)...”.

B) Cierto es que de estar al tenor literal de las coberturas básicas obligatorias contenidas en el clausulado particular de la póliza 1003795, especialmente de la que hace referencia a los riesgos que impliquen menoscabo de fondos o bienes en perjuicio de la asegurada, se requiere que se trate de actuaciones delictivas contra la empresa o contra el patrimonio público, pero también resulta ser igualmente cierto que se contempla la hipótesis de pérdidas sin que sea posible identificar empleados responsables, supuesto en el que no se descarta de raíz la responsabilidad contractual de la compañía de seguros sino que, en armonía con lo expuesto anteriormente, así no sea factible una sindicación concreta, dicha entidad se obliga a reconocer la respectiva indemnización “... siempre y cuando las pruebas presentadas establezcan concluyentemente que la pérdida fue de hecho debida a fraude o infidelidad de uno o más de sus empleados, o en concurso o complicidad con ellos...”.

En otras palabras y subrayando que ello desde luego envuelve una trascendental modificación, mediante cláusulas particulares, a condiciones generales de la póliza, es claro que con las limitaciones apuntadas, el riesgo de una gestión negligente derivado de acciones u omisiones de funcionarios en el cumplimiento de los deberes de administrar diligente y lealmente los asuntos de interés patrimonial de la organización a que pertenecen y que les han sido confiados, cosa de suyo distinta del riesgo de empresa propio que esa misma organización asume, se encuentra amparado bajo el concepto amplio de “infidelidad del personal”, apreciación que además la corrobora la nota puesta en la estipulación del valor asegurado, asignándole a este último, acordado en la cantidad de $ 30.000.000, la función de “... operar como primera capa de cobertura, para los riesgos amparados bajo el seguro de infidelidad y riesgos financieros...”, seguro este último asimismo contratado por la convocante con La Previsora S.A. según los términos de la póliza 1001011 que obra en copia a folios 326 y ss. del cuaderno 3 de pruebas del expediente.

C) Una observación final por hacer y que, al unísono con las precedentes, le resta fundamento a los reparos en lo pertinente formulados por la convocada en la comunicación de 7 de julio de 2006 obrante en fotocopia a folios 160 y ss. del cuaderno 2 de pruebas, aduciendo que la reclamación de la empresa convocante bajo la póliza global de manejo Nº 1003795 amerita ser objetada “... por cuanto no ha habido aún un fallo que determine el dolo o la culpa grave que permitiría una imputación subjetiva contra los funcionarios, como tampoco existe a la fecha una pérdida efectivamente generada...”, es que las previsiones contractuales sobre la ocurrencia del siniestro y la prueba que del mismo debe suministrar el asegurado en cumplimiento de la carga que le impone el artículo 1077 del Código de Comercio, lejos están de avalar la rotunda aseveración puesta entre comillas.

En efecto, aun cuando no hay una estricta concordancia entre el texto de la condición general octava, en su primera parte, y el de la cláusula particular titulada “Demostración de la pérdida”, la aparente ambigüedad que esta situación origina, no atribuible a la convocante sino a la aseguradora que dispuso dichos textos sin saber a ciencia cierta la manera técnica de conciliarlos entre sí como se puso de manifiesto en el interrogatorio de parte absuelto por su representante legal (cfr., fls. 392 y ss. del cdno. de pbas.), ha de ser contrarrestada otorgándole preferencia a la aludida cláusula particular, de manera que se entienda, por cuanto hacerlo redunda sin duda en favor de los intereses de aquella, que si el siniestro se presenta por haber sufrido, en su calidad de empresa asegurada, un menoscabo patrimonial “... a consecuencia (sic) de uno de los eventos cubiertos por la póliza...”, la exigencia probatoria de la compañía de seguros tendrá que ser razonable y proporcionada atendidas las circunstancias fácticas presentes en cada caso, pudiendo a lo sumo llegar a requerir copia fidedigna de la denuncia penal instaurada contra el empleado responsable de un hecho punible, acompañada del acta administrativa o fiscal donde conste la cuantía de la pérdida, pero nunca, si de funcionarios se trata, documentación que acredite el resultado definitivo de estas actuaciones, toda vez que de producirse decisión absolutoria al terminar ellas, el pago de la indemnización, de haberse realizado, queda desprovisto de justificación y corresponde su inmediato reintegro.

II. La prestación asegurada, debida por la convocada

1. En distintas formas y a propósito de los temas tratados en lo que va corrido de estas consideraciones, con fundamento en disposiciones de rango legal se ha puntualizado que el siniestro es la realización del riesgo asegurado y, en este concepto, resulta ser la condición determinante de la exigibilidad del cumplimiento de la prestación adeudada por el asegurador a la luz del contrato de seguro celebrado. Su acaecimiento, por sabido se tiene, da lugar a una serie de actividades de variada índole, tales como son la prueba de esa ocurrencia y de la cuantía de la pérdida, si fuere del caso, evidencia cuyo aporte es de cargo del asegurado, y el pago eficaz y puntual de aquella prestación prometida por el asegurador, luego bien puede afirmarse que la señalada prueba que el legislador (C. de Co., art. 1077) hace pesar sobre el asegurado consiste en demostrar la coincidencia del hecho sucedido con el previsto en la póliza, su ocurrencia durante la vigencia temporal de esta última y la entidad cuantitativa de la afectación económica causada.

Como se verá a continuación, abundan en el expediente argumentos de prueba suficientes para concluir que la convocante cumplió a satisfacción con la mencionada carga y por lo tanto, procede imponerle a la compañía de seguros convocada las condenas pecuniarias objeto de las pretensiones 2ª y 3ª deducidas en el escrito sustitutivo de demanda, puesto que como igualmente se indicará adelante, tampoco están llamadas a prosperar las excepciones de fondo con el alcance con que fueron esgrimidas en la contestación a dicho escrito.

A) Desde el día 3 de agosto de 2005 y después de haber avisado del siniestro (fls. 0124 y 0125 del cdno. 1 de pbas.), dándole cumplimiento a la condición general octava de la póliza de manejo Nº 1003795 tantas veces mencionada, la empresa convocante allegó, junto con otros documentos que estimó relevantes, copia de la denuncia penal formulada contra, entre otras personas, la funcionaria Clara Bibiana Orejarena Díaz —a la sazón, directora de tesorería y cartera—, motivada por conductas de calidad delictuosa acaecidas a raíz de inversiones de recursos excedentes de tesorería, realizadas en los meses de febrero y mayo de 2005 con intermediación de la firma comisionista Corcaribe S.A. y que le ocasionaron a Telebucaramanga S.A. pérdidas que pasan de los $ 8.500 millones, sindicación que con posterioridad, a poco de haberse iniciado el trámite sumarial, se hizo extensiva, vinculándolos por los posibles delitos de peculado por apropiación y peculado culposo, respectivamente, a los funcionarios Juan Gilberto Hernández Mora y Yamil Bechara Houghton contra quienes, mediante providencia de fecha 12 de junio de 2006, formuló acusación la Fiscalía 11ª de la Unidad Nacional Especializada para delitos contra la administración pública, determinación en este punto específico confirmada por la Fiscalía General de la Nación, unidad delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, por auto del 15 de mayo de 2007.

En suma, sujetos pasivos de la pretensión punitiva del Estado como consecuencia de los hechos denunciados, continúan siendo quienes para la época en que se efectuaron las órdenes de inversión —14 de febrero y 17 de mayo de 2005— con destino a la sociedad comisionista Corcaribe S.A., desempeñaban los cargos de gerente y subgerente financiero de Telebucaramanga S.A., hecho frente al cual deja de tener la extraordinaria relevancia que ha querido atribuirle la convocada, la circunstancia de que por mediar dudas motivadas por falta de pruebas para considerarla posible responsable del ilícito penal de peculado, se haya prescindido de incriminar a la funcionaria Clara Bibiana Orejarena Díaz.

B) Aparte de lo anterior, bastante por lo demás para tener por demostrada la ocurrencia del siniestro a cuyo “pago” debe propender la convocada, que la protección de fidelidad, componente esencial de la cobertura primaria objeto del seguro contratado mediante la póliza Nº 1003795, debe operar como consecuencia de los hechos puestos en conocimiento de las autoridades por Telebucaramanga S.A. mediante la denuncia penal aludida, lo demuestra a cabalidad el vasto conjunto de documentos aportados a los autos con fines de prueba, siendo de destacar entre todos ellos, junto con las decisiones proferidas en el ámbito del proceso penal en curso, recién citadas, la Resolución 630 de 1º de agosto de 2005, emanada de la por ese entonces denominada Superintendencia de Valores, el Informe 425 de fecha 10 de abril de 2006, correspondiente a la visita practicada por la Superintendencia Financiera de Colombia a la entidad Corcaribe S.A., obrante a folios 14 a 88 del cuaderno 2 de pruebas del expediente, el oficio originado en la misma autoridad de supervisión y control dirigido con fecha 2 de agosto de 2006 a la Fiscalía Delegada 11 de Bogotá que en copia obra a folios 165 a 171 ibídem, las cartas cruzadas entre La Previsora S.A. y la firma de corredores De Lima March S.A. con fechas 14 de noviembre y 7 de diciembre de 2006 (fls. 163 a 175 del cdno. 1 de pbas.) y el reporte 3 de la firma Satva —Asesorías Técnicas y Jurídicas en Seguros— cuyo texto puede consultarse a folios 89 a 159 del cuaderno 2 de pruebas, remitido a la convocada el 30 de junio de 2006.

Se sigue, pues, de este copioso caudal que empleados de Telebucaramanga S.A., cuando menos dos de ellos del más alto nivel directivo de la empresa y a quienes se les acusa de incurrir en peculado por apropiación y por negligencia culpable, en verdad no estuvieron en capacidad de desarrollar diligente y lealmente los deberes propios de sus cargos al consentir la realización de operaciones bursátiles de tipo financiero que, en los meses de febrero y mayo de 2005, les ofreció Corcaribe S.A, poniendo en riesgo sumas de dinero que ascendieron a las nada despreciables cifras, en valores a 30 de julio ese mismo año, de $ 3.236.097.404 y $ 6.956.307.663, sin tomar a su tiempo elementales precauciones ordenadas a cerciorarse de la idoneidad del comisionista, en aquel entonces dueño por más veras de un desolador prontuario de infracciones legales y reglamentarias en su actividad en el mercado secundario de valores y productos regido por la Bolsa Nacional Agropecuaria —en lo sucesivo BNA— que el comité de vigilancia de esta entidad, de habérsele consultado, no habría tenido razón válida que se conozca para ocultarlo, infracciones sancionadas en dieciséis oportunidades que comienzan con la Resolución 03 de 12 de febrero de 1996 hasta que, casi diez años después, se tomó posesión por la Superintendencia de Valores de sus bienes, haberes y negocios, aduciendo entre otras razones que justifican esta medida extrema de intervención pública, el que —dice en los considerandos la Resolución 630 de 1º de agosto de 2005— “... es posible evidenciar que la sociedad Corredores del Caribe Corcaribe S.A., de tiempo atrás viene desarrollando actividades a través de las cuales ha estado incumpliendo diversas disposiciones legales, sus propios estatutos sociales, así como las obligaciones contraídas con sus clientes, consistentes en la extralimitación de los términos del mandato otorgado por sus clientes, en la no ejecución del encargo encomendado por los mismos, en el desarrollo de actividades diferentes a las que su objeto social le permite adelantar, además del incumplimiento del deber de devolver a sus clientes las sumas no invertidas...”, a lo que se añade que, la comisionista en mención, suministró a la superintendencia información intencionalmente desfigurada “... cuyas inconsistencias no permiten verificar las reales condiciones financieras de la entidad, así como el manejo que se ha dado a los recursos entregados por la totalidad de sus clientes...”.

En este orden de ideas, si se admite que es obligación de empleados depositarios de confianza en el manejo de bienes o dinero, la de propender por encima de cualquiera otra consideración por los intereses de la organización empleadora con esmerada diligencia y lealtad irrestricta, desplegando a la par y conforme a directrices de razonable prudencia, tanto actividades conservativas como productivas, la verdad es que, en la especie de autos, resulta sumamente difícil comprender el porqué de la prolongada cadena de renovaciones y reinversiones puestas en manos de Corcaribe S.A. desde el mes de septiembre de 2003 hasta el triste desenlace ya conocido, cuando está a plenitud establecido que para esa primera fecha, la firma comisionista de marras contaba en su haber con diez sanciones, y lo que reviste a no dudarlo mayor gravedad todavía, que para el mes de mayo de 2005 en que se le dio visto bueno a una operación en cuantía superior a los $ 6.800 millones, la anómala modalidad de “corretaje financiero” disimulado contablemente del cual se hizo víctima a Telebucaramanga S.A., había sido definida como práctica no autorizada por la BNA, imponiéndosele a Corcaribe S.A., a título de sanción, la suspensión por quince días mediante Resolución 007 de 4 de marzo de 2005, publicada tanto en el boletín de la bolsa como en la cartelera del salón de rueda, sanción de particular significación en tanto que, como lo destacó el organismo de disciplina de la BNA, “... aquellas operaciones que carecen de definición precisa como es el caso de corretaje sobre productos financieros, no hacen parte de nuestro mercado público y al no registrarse en debida forma, se entienden como operaciones irregulares realizadas por fuera de bolsa, conducta que reviste la mayor gravedad en el proceder de un miembro...”.

En modo alguno la cuestión es de fácil tratamiento, apresurándose a disculpar la conducta de los empleados de la convocante y, por este cómodo cauce, liberar de responsabilidad a la compañía de seguros convocada, resultado al que no permiten arribar principios bien conocidos imperantes en el contrato bursátil de comisión o mandato de negociación en mercados secundarios oficiales, concebido como el esquema contractual complementario y de necesaria concertación, a través del que por lo general se presta el principal servicio profesional canalizador de las operaciones en el respectivo mercado, en el interés de los clientes mandantes, inversores de capital, vendedores de valores y productos o personas que se propongan tomar posiciones a plazo para gestionar riesgos de fluctuación futura de precios.

El primero de dichos principios dice relación con la decisiva influencia que en el referido contrato y su desarrollo, tiene el concepto de mercado secundario y el control, tanto de la actividad del comisionista interviniente como de los sistemas que emplea para la recepción, la transmisión en procura de obtener contrapartida y el cumplimiento de las órdenes cursadas por los comitentes, e igualmente para rendirle a estos, poniendo a su disposición la información contractual adecuada, cuenta completa de la gestión realizada, aspectos todos sometidos a un régimen de considerable complejidad que viene impuesto por el hecho de ser, el aludido mercado, un sistema de negociación masiva organizado con contratación estándar sobre valores y productos como medio de facilitar la expedita circulación del capital flotante de las empresas y hacer posibles los citados controles, de tal suerte que esa supervisión no es eludible directa ni indirectamente, en la medida en que es consagrada por la ley en interés de los inversores y, al final, se constituye en garantía de la seguridad económica y jurídica de los movimientos que el aprovechamiento legítimo de ese capital origina.

Y el segundo de los susodichos principios en que conviene hacer hincapié, es que, al igual que en cualquier forma de comisión mercantil (C. de Co., arts. 1268, 1299 y 1308), sobre el comisionista, miembro del mercado, pesa la obligación de rendir cuentas de las operaciones efectuadas por cuenta de los inversores y de los resultados del servicio profesional a ellos prestado, poniendo a su disposición, aun en el caso de que carezcan de soporte material, los valores o efectos que correspondan a su favor, y haciéndoles entrega de cuantos antecedentes obrantes en sus archivos y registros crean necesarios para comprobar cada una de las “liquidaciones” realizadas, requerimientos estos últimos que naturalmente deben producirse por iniciativa de los ordenantes a quienes incumbe la diligencia confrontatoria pertinente, inexcusablemente omitida en el caso presente, puesto que a pesar de tratarse de una comisión bursátil sometida a las reglas de la BNA y si se sabía que no era completa la información documental recibida de Corcaribe S.A. acerca de la operación Repo sobre CDM concluida el 14 de febrero de 2005, es un enigma indescifrable, si de por medio no hubo intención malévola o al menos imprevisión culpable en grado mayúsculo predicables de la conducta de empleados de la empresa convocante, el mandato impartido para llevar a cabo la inversión del 17 de mayo siguiente, sin antes indagar en la bolsa por la situación de los negocios del comisionista, sancionado según quedó visto apenas dos meses atrás por incurrir en faltas de gravedad inocultable que intentó disimular, valiéndose de artificios extracontables igualmente merecedores de censura a juicio de las instancias disciplinarias competentes de la BNA.

C) Ahora bien, sabido como es que en los seguros de daños, uno de cuyos ramos que cada vez más gana mayor autonomía lo representan aquellos que mediante pólizas globales o individuales cubren al asegurado las pérdidas económicas que experimente como consecuencia de actos de infidelidad de sus empleados, la obligación del asegurador consistente en abonar el importe de la indemnización estipulada, está condicionada en cuanto a su exigibilidad jurídica propiamente dicha y a su extensión cuantitativa, toda vez que por principio el siniestro ha de mostrarse como la causa adecuada del daño patrimonial a reparar, resta por detenerse en el examen de este segundo extremo, debatido también por las partes en este proceso porque al decir de la convocada, la empresa convocante no demostró el valor de pérdidas netas definitivas, sufridas por ella como resultado de las inversiones de fondos de febrero y mayo de 2005, confiadas a Corcaribe S.A. por empleados suyos, circunstancia en la que se apoya para proponer como argumentos exceptivos en defensa de su posición, la no existencia de mora por falta de acreditación de la cuantía del siniestro y el límite de disponibilidad del valor asegurado, sosteniendo respecto de este último punto que dicho valor se encuentra afectado por una reserva de $ 5.000.000 que, en el evento en que hubiere lugar a ello, el laudo debe tener en cuenta.

Inevitable se hace, ante esta faceta que presenta el litigio sometido por las partes a arbitraje, primeramente traer a colación de nuevo principios básicos con arreglo a los cuales funcionan los seguros de daños, en lo que atañe a la fijación de la cuantía de la prestación objeto por lo general de aquella obligación condicional contraída por el asegurador, cantidad que viene a cifrarse en el común de los casos por la combinación de tres factores que son los valores del daño real sufrido por el reclamante, del interés asegurado y de la suma asegurada, ello por cuanto —expresándolo en palabras del profesor Garrigues (op. cit. pág. 295)— “... concebido legalmente el seguro como contrato de indemnización, es claro que la prestación del asegurador nunca puede exceder la cuantía del daño sufrido. En tal sentido, esa cuantía es el límite legal de la prestación reparatoria. Mas, al propio tiempo, el contrato habrá establecido otro límite (límite contractual) para esa prestación: la suma asegurada. Luego en definitiva la prestación del asegurador se medirá por la extensión del daño siempre que no sobrepase la suma asegurada...”.

Sentado lo anterior, debe asimismo hacerse ver que con ese basamento general, comúnmente las pólizas de seguros que se expiden en el ramo de garantía de fidelidad de empleados, en lo que respecta al aspecto examinado tienen ciertas singularidades que no pueden pasar desapercibidas ya que de las mismas participa la póliza 1003795. En ellas, de ordinario, la suma asegurada viene establecida sin referencia al interés asegurado que con frecuencia es de imposible valoración previa, por lo que en la práctica opera, al igual que lo hacen las pólizas a primer riesgo, sin aplicación de la regla proporcional que consagra el artículo 1102 del Código de Comercio, y por añadidura, para estimular al asegurado en esforzarse por controlar y reducir su exposición al riesgo, se acostumbra a fijar, a su cargo, deducibles o descubiertos de importancia frente al importe máximo de aquella suma.

Y otra de las líneas maestras conforme a las cuales debe cumplirse el contrato de seguro, deriva del principio de máxima buena fe que desde luego desempeña también cometidos de primer orden cuando de la tramitación para la liquidación y pago de siniestros se trata, puesto que es a no dudarlo en esta crucial etapa que, como lo hiciera ver en afortunada expresión compendiosa un autorizado expositor (Francisco Javier Tirado Suárez. Protección de la buena fe en el Contrato de Seguro. Visión Internacional. Revista Iberoamericana de Seguros. N. 11 págs. 7 y ss.), muestra a plenitud sus mayores bondades dicho contrato. Así como a nadie se le escapa que este excelso postulado jamás puede llevar a abrirle paso a la mala fe ni al fraude en perjuicio de los aseguradores, es claro que sí les exige a estos últimos una actuación diligente y que guarde consonancia con la naturaleza y la finalidad del seguro contratado, lo que supone evitar dilaciones carentes de justificación, dejando de adoptar mecanismos razonables que tienen a su disposición para, si la situación lo amerita, verificar los fundamentos de reclamaciones efectuadas bajo las condiciones de determinada póliza por tomadores, asegurados o beneficiarios.

Puesto en este punto el análisis, aun cuando no se remite a controversia que hasta la fecha no es dable afirmar con certeza que para Telebucaramanga S.A, se configure y exista una pérdida neta definitiva equivalente al importe nominal de las inversiones en febrero y mayo de 2005 encargadas a Corcaribe S.A. y que asciende, con rendimientos esperados y según estimativos que arroja el expediente, a $ 9.451.405.508 (cfr. Informe de Hallazgo Fiscal de 22 de septiembre de 2005, visible a fls. 4 a 7 del cdno. 3 de pbas.), una realidad fáctica evidente es que desde un comienzo era conocido por ambas partes, que esa descomunal cifra representaba algo más de trescientas veces la suma asegurada y que la posibilidad de recobrar los recursos invertidos, haciéndolos entrar con prontitud en la organización económica de la empresa asegurada, tendría por necesidad que verse seriamente entorpecida, con los perjuicios obvios de índole financiera que de tal estado de cosas se generan, ante la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de la firma comisionista, dispuesta por la Superintendencia de Valores el 1º de agosto de 2005, panorama a todas luces deplorable que lejos de atenuarse al cabo del tiempo, obtuvo rotunda confirmación: (i) Al decretar, esa misma superintendencia mediante la Resolución 807 de 22 de septiembre de 2005, la liquidación forzosa administrativa de Corcaribe S.A. por no encontrarse “... en condiciones de continuar desarrollando su objeto social...”, toda vez que según lo registra dicha actuación, no disponía de los recursos necesarios que le permitieran asumir los gastos y costos que demandaba su operación y funcionamiento, para operar sin restricciones financieras, así como tampoco disponía de activos suficientes para afrontar el pago de las obligaciones para con sus clientes, calculadas aproximadamente en $ 23.000 millones; (ii) Al considerarse como porcentaje recuperable por Telebucaramanga S.A., el 76.12% solamente, que equivale a $ 6.993.502.718 de conformidad con el oficio GL 2812 de fecha 20 de diciembre de 2006 (fls. 362 y ss. del cdno. 3 de pbas.) dirigido a dicha empresa por la liquidadora de Corcaribe S.A.; y en fin, (iii) Al habérsele reconocido a Telebucaramanga S.A., después de transcurridos diecisiete meses y en virtud de los pagos de acreencias dispuestos por la Resolución 25 de 15 de febrero de 2007 emanada de la liquidación de Corcaribe S.A. (fls. 353 y ss. del cdno. 3 de pbas.), únicamente un primer abono, de cuatro proyectados, por $ 654.168.440.

En consecuencia, partiendo de la premisa de que no hay impedimento legal alguno para que la prueba de la cuantía de la pérdida que ha de producir la parte asegurada, encuentre su fuente en indicios claros, precisos y convergentes cuyo vigor demostrativo deberá ser apreciado en su conjunto y, dependiendo del caso, conforme a las máximas de la experiencia común o especializada, y a ello se añade que en aplicación del postulado de máxima buena fe, el asegurador diligente cuenta con la posibilidad de llevar a cabo, inclusive con el concurso de ajustadores, las verificaciones que crea aconsejables para la formación de su propia convicción, en la especie de autos se hizo patente que, acudiendo a sencillas inferencias indiciarias que con seguridad haría un empresario experto y de buena fe, era inevitable, tal y como en efecto quedó demostrado posteriormente, que las pérdidas de la empresa convocante, sin perjuicio de eventuales recobros, superaran con mucho la cantidad de $ 30.000.000 en que se fijó la suma asegurada en la póliza 1003795.

Quiere esto decir que, vistas estas circunstancias particulares del caso en estudio, no corresponde estar estrictamente a las reglas sobre distribución de la carga de la prueba, reprochándole a la asegurada convocante no haber acreditado de modo directo, como lo pretende la convocada, la consumación y la extensión de una pérdida neta definitiva, toda vez que apreciadas como lo fueron esas circunstancias y ante la imposibilidad cierta de aportar ese dato por medios atendibles, ello no constituye obstáculo para aceptar que mediante la documentación allegada para apoyar la reclamación de que da cuenta la carta de 3 de agosto de 2005 (fl. 125 del cdno. 1 de pbas.), se aportaron elementos indiciarios suficientes para concluir que el daño patrimonial causado a la convocante, sobrepasaría con largueza la suma asegurada y por este motivo, al límite determinado por esta última habría de circunscribirse el monto de la indemnización.

2. Síguese de las precedentes consideraciones que está llamada a recibir despacho favorable la 2ª de las pretensiones formuladas por la empresa de telecomunicaciones convocante, condenando a la aseguradora demandada a pagar la suma de $ 27.000.000, equivalente al valor de la suma asegurada menos el deducible del 10% pactado a cargo de aquella, y sin que haya lugar a tomar en cuenta el límite de disponibilidad que se alega en la segunda de las excepciones de fondo propuestas por la convocada, argumento que debe ser desestimado en la medida que, además de no tener respaldo normativo en el artículo 1079 del Código de Comercio, trae consigo el desconocimiento de las importantes funciones que, en los seguros de daños, desempeña la suma asegurada en tanto que, originada en una declaración de voluntad del tomador, sirve de base para el cálculo de la prima y representa el límite máximo de la prestación pecuniaria que en cada siniestro habrá de satisfacer el asegurador en cuyas manos no está alterar de manera unilateral estos factores efectuando provisiones o reservas.

Finalmente y por cuanto se dan los presupuestos para hacerlo de conformidad con el artículo 1080 del Código de Comercio (textos de los arts. 83 de la L. 45/90 y 111 de la L. 510/99), se declarará en la parte dispositiva de esta providencia que no prospera tampoco la primera excepción de fondo formulada en la contestación de la demanda y se condenará a la compañía de seguros demandada a pagar intereses moratorios sobre $ 27.000.000, causados desde el 4 de septiembre de 2005 en adelante hasta que el pago total se verifique, liquidados a la tasa bancaria corriente aumentada en la mitad, prestación que en la actualidad asciende a la cantidad de $ 15.432.645, de acuerdo con el siguiente cuadro de cálculo en el que se utilizan indicadores económicos que se reputan notorios y por ende eximidos de prueba pericial específica, al tenor del artículo 191 del Código de Procedimiento Civil.

MesCapitalNúmero de días en el mesTasa corriente Bancaria (1)Una y media vez tasa corriente bancariaTasa nominal equivalenteIntereses mensualesIntereses a pagar en cada mes
Sep-0527.000.0003018,22%27,33%0,2441549.225,00475.995,00
Oct-0527.000.0003117,93%26,90%0,2406541.350,00541.350,00
Nov-0527.000.0003017,81%26,72%0,2392538.200,00538.200,00
Dic-0527.000.0003117,49%26,24%0,2353529.425,00529.425.00
Ene-0627.000.0003117,35%26,03%0,2336525.600,00525.600,00
Feb-0627.000.0002817,51%26,27%0,2355529.875,00529.875,00
Mar-0627.000.0003117,25%25,88%0,2324522.900,00522.900,00
Abr-0627.000.0003016.75%25,13%0,2263509.175,00509.175.00
Mayo-0627.000.0003116,07%24,11%0,218490.500,00490.500,00
Jun-0627.000.0003015,61%23.42%0,2123477.675,00477.675,00
Jul-0627.000.0003115,08%22,62%0,2057462.825,00462.825,00
Ago-0627.000.0003115.02%22.53%0,2049461.025,00461.025,00
Sep-0627.000.0003015,07%22,61%0,2056462.600,00462.600,00
Oct-0627.000.0003115.07%22,61%0,2056462.600,00462.600,00
Nov-0627.000.0003015,07%22,61%0,2056462.600,00462.600,00
Dic-0627.000.0003115,07%22.61%0,2056462.600,00462.600,00
Ene-0727.000.0003113,83%20,75%0,19427.500.00427.500,00
Feb-0727.000.0002813,83%20,75%0,19427.500,00427.500,00
Mar-0727.000.0003113,83%20,75%0.19427.500,00427.500,00
Abr-0727.000.0003016,75%25,13%0.2263509.175,00509.175,00
Mayo-0727.000.0003116,75%25,13%0,2263509.175,00509.175,00
Jun-0727.000.0003016,75%25,13%0.2263509.175,00509.175,00
Jul-0727.000.0003116,75%25,13%0.2263509.175,00509.175,00
Ago-0727.000.0003116,75%25,13%0,2263509.175,00509.175,00
Sep-0727.000.0003016.75%25,13%0,2263509.175,00509.175,00
Oct-0727.000.0003121,26%31,89%0,28630.000,00630.000,00
Nov-0727.000.0003021.26%31.89%0.28630.000,00630.000,00
Dic-0727.000.0003121,26%31,89%0.28630.000.00630.000,00
Ene-0827.000.0003121,83%32.75%0,2867645.075,00645.075,00
Feb-0827.000.0002921.83%32,75%0,2867645.075,00645.075.00
Total intereses por el periodo de cobro, es decir septiembre 4 de 2005 y febrero 12 de 200815.432.645,00

(1) Fuente: Superintendencia Financiera.

CAPÍTULO CUARTO

Las costas y su liquidación

De conformidad con el artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, y por cuanto están llamadas a prosperar en su totalidad las pretensiones formuladas por la empresa convocante, e igualmente carecen de fundamento las excepciones de fondo propuestas por la compañía de seguros convocada, es del caso condenar al pago de costas a esta última, de acuerdo con la siguiente liquidación, en la cual se incluyen como agencias en derecho la suma de un millón cuatrocientos mil pesos ($ 1.400.000.00).

Gastos de arbitraje$ 1.302.500.00
Agencias en derecho$ 1.400.000.00
Protocolización y otros gastos$ 551.010.00
Total$ 3.253.510.00

Decisión

En mérito de las consideraciones que anteceden, el árbitro único integrante del tribunal de arbitramento convocado para resolver las diferencias entre la Empresa de Telecomunicaciones de Bucaramanga S.A. ESP - Telebucaramanga S.A. ESP, y La Previsora S.A. Compañía de Seguros, habilitado por las partes para hacerlo, y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero: Desestimar por falta de fundamento, las excepciones que bajo las denominaciones de “No causación de intereses moratorios por falta de acreditación de la ocurrencia y cuantía del siniestro” y “Límite de disponibilidad del valor asegurado”, formuladas por la compañía de seguros convocada en la contestación de la demanda sustitutiva.

Segundo: Declarar que por virtud de las pérdidas sufridas por la convocante a partir de conductas observadas por funcionarios integrantes del personal de su nómina, con ocasión de las inversiones realizadas por conducto de la sociedad Corcaribe S.A. en liquidación, en los meses de febrero y mayo de 2005, se verificó la ocurrencia del siniestro amparado por la póliza de manejo global sector oficial Nº 1003795 expedida por La Previsora S.A. Compañía de Seguros, a favor de Telebucaramanga S.A. ESP.

Tercero: Condenar en consecuencia, a La Previsora S.A. Compañía de Seguros, a pagar a dentro de los tres (3) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, la respectiva indemnización prevista en la póliza manejo global sector oficial Nº 1003795, estimada en la cantidad de veintisiete millones de pesos m/cte. ($ 27.000.000.00), más los intereses de mora sobre esta cantidad o saldos de la misma hasta que su pago total se verifique, liquidados a la máxima tasa legal comercial autorizada por el artículo 1080 del Código de Comercio, intereses que a la fecha ascienden a la cantidad de quince millones cuatrocientos treinta y dos mil seiscientos cuarenta y cinco pesos m/cte. ($ 15.432.645).

Cuarto: Condenar a La Previsora S.A. Compañía de Seguros, a pagarle a la convocante Empresa de Telecomunicaciones de Bucaramanga S.A. ESP - Telebucaramanga S.A. ESP, la suma de tres millones doscientos cincuenta y tres mil quinientos diez pesos m/cte. ($ 3.253.510.00), valor de las costas, calculado conforme a la liquidación efectuada en esta misma providencia.

Quinto: Por secretaría, expídanse copias auténticas del laudo con destino a cada una de las partes y al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Sexto: Una vez adquiera firmeza este laudo, procédase a la protocolización del expediente en una de las notarías del Círculo Notarial de Bogotá, y ríndase por el árbitro, cuenta, a las partes, de los fondos puestos a su disposición para gastos de arbitraje, y llegado el caso, háganse las devoluciones de remanentes a que haya lugar.

Igualmente por secretaría, una vez en firme el laudo y antes de proceder a la protocolización ordenada, póngase a disposición de las partes en la forma que ellas deberán acordar, la documentación obrante en copia en los cuadernos 4 a 29 de pruebas del expediente, sin necesidad de desglose.

Notifíquese.

La presente providencia queda notificada a las partes, por conducto de sus apoderados, presentes en la audiencia.

Carlos Esteban Jaramillo Schloss, árbitro único. 

Mónica Durán Santamaría, Secretaria. 

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