Laudo Arbitral

Texas Petroleum Company

v.

Eduardo A. Escobar Tamayo y María del Rosario Porras Do Santos

Mayo 28 de 1999

Acta 6

En la ciudad de Santafé de Bogotá, a los veintiocho (28) días del mes de mayo de 1999, siendo las nueve de la mañana (9:00 a.m.), en las oficinas del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, ubicadas en la carrera 9ª 16-21 piso 4º, se reunió el Tribunal de Arbitramento constituido para dirimir las controversias existentes entre la sociedad Texas Petroleum Company de una parte y Eduardo A. Escobar Tamayo y María del Rosario Porras Do Santos de la otra, integrado por los doctores Luis Fernando Alvarado Ortiz quien preside, Jesús María Perea Valdivieso y Aurelio Tobón Mejía, en su calidad de árbitros, con el fin de llevar a cabo la audiencia de fallo convocada mediante auto 8 del tribunal y que fue notificado a los apoderados de las partes.

Actuó como secretario el doctor Antonio Pabón Santander.

Igualmente se hicieron presentes los doctores Luis Felipe Bottia Martínez y Luz Mireya Farfán Cortés, apoderados de las partes convocante y convocada respectivamente.

Laudo arbitral

Santafé de Bogotá, veintiocho (28) de mayo de mil novecientos noventa y nueve (1999).

Agotado el trámite legal y estando dentro de la oportunidad para el efecto, procede el Tribunal de Arbitramento a dictar el laudo que pone fin al presente proceso y que resuelve las diferencias surgidas entre Texas Petroleum Company y Eduardo A. Escobar Tamayo y María del Rosario Porras Do Santos.

1. Antecedentes del proceso

1.1. El 1º de junio de 1997, entre la sociedad Texas Petroleum Company de una parte y Eduardo A. Escobar y María del Rosario Porras de la otra, se celebró un contrato de arrendamiento sobre la estación de servicio para automotores 30, de propiedad de esa sociedad, ubicada en la avenida El Dorado 66A-23 de esta ciudad.

1.2. En la cláusula vigésimo primera de ese contrato se estipuló:

“Vigésimo primera: Cláusula compromisoria. Toda diferencia que se suscite entre la Texas y el arrendatario por la liquidación del contrato de arrendamiento, la entrega de los bienes entregados a cualquier título y las eventuales obligaciones que puedan surgir a cargo de las partes serán resueltas por un Tribunal de Arbitramento, cuya sede será la ciudad de Santafé de Bogotá y cuyas decisiones serán en derecho ...”.

1.3. El 8 de septiembre de 1998 la sociedad Texas Petroleum Company, por medio de su apoderado Luis Felipe Bottia Martínez, presentó ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, solicitud para convocar un Tribunal de Arbitramento que ordenara la terminación del contrato de arrendamiento por incumplimiento y la consecuente restitución del inmueble arrendado.

1.4. El 15 de septiembre de 1998, el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá admitió la solicitud presentada por la Texas Petroleum Company y procedió a correr el traslado respectivo de la demanda según lo prescrito por el artículo 428 del Código de Procedimiento Civil.

1.5. El 16 de octubre de 1998, mediante apoderado judicial, Eduardo A. Escobar Tamayo y María del Rosario Porras Do Santos contestaron la demanda.

1.8. (sic) Una vez contestada la demanda y corrido el traslado de las excepciones, el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio fijó como fecha para audiencia de conciliación, el 20 de noviembre de 1998 a las 10:00 a.m. El 9 de noviembre de 1998 fueron debidamente remitidas a las partes las citaciones para esa audiencia.

1.9. En desarrollo de la audiencia de conciliación, las partes solicitaron la suspensión hasta el 27 de noviembre del mismo año a las 11:30 a.m. fecha en la cual aquella se reanudó sin que las partes llegaran a algún acuerdo. Por esa razón se continúo con el trámite prearbitral para lo cual, el 25 de enero de 1999, la directora del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, fijó las 10:00 a.m. del 17 de febrero de 1999 como hora y fecha para llevar a cabo la audiencia de instalación del tribunal.

2. La demanda

2.1. Hechos aducidos en la demanda

La síntesis de los hechos en que se fundamenta la demanda es la siguiente:

• Se celebró un contrato dé arrendamiento entre Texas Petroleum Company de una parte y Eduardo Escobar Tamayo, en calidad de arrendatario y María del Rosario Porras como co arrendataria, de la otra.

• El bien arrendado era la estación de servicio Texaco 30, ubicada en la Avenida El Dorado 66A-23. El contrato tenía un término de doce (12) meses prorrogable y el valor del canon ascendía a $ 6.075.000 mensuales.

• Este valor se reajustó en las prórrogas, hasta llegar a la suma de $ 8.500.000, como último valor del canon.

• La cancelación de los servicios y los impuestos ordinarios estaba a cargo de los arrendatarios, salvo el impuesto predial.

• El no pago o retardo en este acarrearía la terminación del plazo, pudiendo así exigirse la restitución de la estación.

• Los cánones de arrendamiento dejaron de cancelarse a partir del mes de septiembre de 1998.

• La estación fue cerrada por la dirección de impuestos distritales por evasión en el pago del valor de la sobretasa a la gasolina.

• Los arrendatarios tampoco cancelaron el impuesto de timbre.

2.2. Pretensiones de la demanda

La demandante solicita, en síntesis, lo siguiente:

1. Que se declare la terminación del contrato por incumplimiento de las obligaciones a cargo de los arrendatarios.

2. Que se ordene la restitución de la estación de servicio por parte de los arrendatarios.

3. Que se conceda el derecho de retención en favor de la arrendadora.

4. Que se condene a los arrendatarios a pagar las costas del proceso.

2.3. Petición especial

Teniendo en cuenta que los demandados no acreditaron el pago de la renta correspondiente a los meses de septiembre de 1998 y siguientes, el apoderado de la parte actora solicitó al tribunal dar aplicación al numeral 2º del parágrafo 2º del artículo 424 del Código de Procedimiento Civil, en el sentido de no oír a los demandados hasta tanto no se demostrara el pago de esos cánones.

3. Contestación de la demanda

3.1. Respecto de los hechos

La parte demandada, en síntesis, al contestar la demanda, admite la existencia de un contrato de arrendamiento bajo las condiciones allí estipuladas, no le consta que el valor de la renta del último mes no haya sido cancelado y argumenta que la no cancelación de los impuestos no es de exclusiva atribución a los arrendatarios, ya que el arrendador no permitió la cesión del contrato de arrendamiento que propusieron los demandados debido a su situación económica lo que imposibilitó el pago de esos impuestos.

3.2. Excepciones de mérito

Con la contestación de la demanda se propusieron las excepciones denominadas “Incumplimiento de la Texas Petroleum Company del contrato de arriendo”, “construcción del puente” e “impedimento de los funcionarios para negociar la estación”.

4. Desarrollo del proceso arbitral

4.1. Instalación

El 17 de febrero de 1999 a las 10:30 a.m. tuvo lugar la audiencia de instalación del Tribunal de Arbitramento. Evacuada esa diligencia, las partes consignaron oportunamente lo que a cada uno le correspondió por gastos y honorarios.

La primera audiencia de trámite se llevó a cabo el 6 de abril de 1999 a las 10:30 a.m.

4.2. Competencia

En la primera audiencia de trámite, el tribunal se declaró competente mediante providencia que se encuentra ejecutoriada, confirmando que la controversia planteada es susceptible de transacción, que las partes son plenamente capaces, están habilitadas para transigir y que actuaron en el proceso por conducto de apoderados debidamente facultados para ello.

El trámite a que se hace referencia no presenta inconvenientes o defectos para que el tribunal pueda pronunciarse sobre el fondo de la controversia, para lo cual se encuentra en término, de acuerdo con lo contemplado en el artículo 19 del Decreto 2279 de 1989, habida cuenta que la primera audiencia de trámite tuvo lugar el 6 de abril de 1999.

El tribunal a su turno, fue debidamente integrado e instalado y los emolumentos fijados en el acta de instalación fueron oportunamente pagados por las partes en idéntica proporción.

Finalmente, no existen excepciones previas por resolver.

Por todo lo anterior, se reitera, el tribunal es competente para conocer y resolver la controversia que se le plantea.

4.3. Solicitud de nulidad presentada por la parte convocada

La apoderada de la parte convocada presentó después de la primera audiencia de trámite, solicitud de nulidad del proceso por falta de competencia del tribunal.

Esa petición fue resuelta mediante auto 6 de fecha 7 de mayo de 1999, en el cual se ratificó la competencia para resolver la controversia planteada.

4.4. Las pruebas

En la primera audiencia de trámite se decretaron todas y cada una de las pruebas solicitadas por la parte actora, absteniéndose el tribunal de acceder a aquellas solicitadas en la contestación de la demanda por cuanto la parte convocada no acreditó el pago de los cánones de arrendamiento adeudados.

El 26 de abril de 1999 el apoderado de la actora, presentó memorial desistiendo de las pruebas de carácter declarativo.

El 7 de mayo de 1999 el tribunal declaró terminado el período probatorio y procedió a escuchar los alegatos de conclusión presentados por la convocante.

En esa misma audiencia señaló como fecha para la audiencia de laudo el 24 de mayo del mismo año, la cual fue aplazada para el 28 del mismo mes a las 9:00 a.m.

5. Consideraciones del tribunal

No existiendo causal alguna que invalide lo actuado, corresponde al tribunal proceder a examinar y decidir de fondo las cuestiones que fueron sometidas a su estudio.

5.1. El contrato

No se presenta en el proceso discusión alguna sobre la existencia y validez del contrato de arrendamiento celebrado entre las partes. Tanto el texto del contrato (fls. 11 a 29, cdno. pruebas) como el hecho enumerado como 5.1. y su respuesta en la contestación de la demanda confirman que entre las partes existe pleno acuerdo sobre la naturaleza y eficacia de la convención.

Por lo anterior, no es del caso que el tribunal entre a profundizar sobre el tema.

5.2. Las pretensiones de la demanda

a) El incumplimiento del contrato

a.1. Respecto de los cánones de arrendamiento

El primero de los incumplimientos que la parte demandante endilga a los demandados, se refiere al no pago de los cánones de arrendamiento pactado, a partir del mes de septiembre de 1998.

Constituye sin embargo requisito legal, que en este tipo de procesos la parte demandante especifique cuáles son los cánones adeudados y demuestre que efectuó los requerimientos pertinentes.

En efecto, el artículo 424 del Código de Procedimiento Civil ordinal 2º parágrafo 2º, señala que en el evento regulado por el artículo 2035 del Código Civil, esto es la terminación inmediata del contrato de arrendamiento por mora en un período entero de pago de renta, la demanda debe indicar los cánones adeudados y a ella se acompañará prueba sumaria de que se han efectuado los requerimientos privados o judiciales previstos en dicha norma.

Sobre ese último tema, la cláusula segunda del contrato materia de este litigio, señala que

“… el arrendatario renuncia, para este caso, como para cualquier otro, a que se le requiera judicial o privadamente, para dar por terminado el contrato ...”.

Por lo anterior no se extrañan dentro del expediente los requerimientos y reconvenciones señalados en el citado artículo 2035 y por ello no es menester que el tribunal entre a revisar ese tema.

En lo relativo a los cánones no pagados, para el tribunal resulta plenamente demostrado el incumplimiento del contrato de arrendamiento celebrado entre la parte convocante y la convocada, teniendo en cuenta que en el expediente no se ha acreditado su pago desde el 28 de agosto de 1998 hasta la fecha de esta providencia.

Debe tenerse en cuenta que la carga de la prueba de los cánones adeudados correspondía exclusivamente a los demandados. En ese sentido se pronunció la Corte Suprema de Justicia en sentencia de marzo 21 de 1956, Sala de Casación Civil así:

“Cuando se demanda el pago de los cánones que adeuda el arrendatario, conviene anotar que, para acreditar la existencia de la deuda no incumbe al arrendador probar que el arrendatario no pagó los cánones a que se contrae la demanda o cobro, una vez que los hechos negativos de negación absoluta, no son susceptibles de prueba (de prueba directa). Bástale al arrendador afirmar que no se le han cubierto los arrendamientos correspondientes a determinado lapso de tiempo (sic) para que haya de presumirse verdadero tal hecho en tanto que el arrendatario no presente la prueba del hecho afirmativo del pago”.

Ese incumplimiento es tan cierto, que dentro del trámite arbitral y en aplicación del artículo 424 parágrafo 2º ordinal 2º del Código de Procedimiento Civil, la parte convocada no pudo ser oída ante la ausencia de prueba de pago de los cánones reclamados por la convocante, sin que dicha parte hubiera podido desvirtuar el auto que en ese sentido profirió el tribunal.

Adicionalmente, analizadas la demanda y su contestación, se encuentra que la parte convocada aceptó el incumplimiento invocado por la demandante respecto de los cánones adeudados (hechos 5.15 de la demanda sobre el cual no se hizo pronunciamiento en la contestación).

No puede olvidar la parte demandada la disposición contenida en el artículo 1546 del Código Civil donde textualmente se dispone:

“En los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria en caso de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado.

Pero en tal caso podrá el otro contratante pedir a su arbitrio, o la resolución o el cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicios”.

Por lo tanto, frente al claro incumplimiento del pago de los cánones de arrendamiento, la parte actora se encuentra plenamente legitimada para incoar la presente acción, que por lo expuesto está llamada a prosperar.

a.2. Respecto de los pagos a la Secretaría de Hacienda Distrital

En la cláusula 14 del contrato se observa que

“Recaerán en cabeza del arrendatario todos los impuestos que se causen por razón del otorgamiento, legalización y ejecución de este contrato, así como el pago de los impuestos ordinarios (con excepción del predial) tales como industria y comercio, tasas o contribuciones existentes o que se establezcan en el futuro sobre la estación dada en arrendamiento, sobre su funcionamiento o sobre el negocio a que está destinada … La Texas podrá dar por terminado el contrato y exigir la entrega de la estación sin requerimiento previo”.

Sobre este tema observa el tribunal que en el hecho 5.11 de la demanda, aceptado como parcialmente cierto por los demandados, se admite que la estación fue objeto de “cierre por evasión par parte de la Secretaría de Hacienda a través de la Dirección de Impuestos Nacionales (sic)” léase “Distritales”.

De otro lado, obra a folio 30 del cuaderno de pruebas, comunicación de la Dirección de Impuestos Distritales – Subdirección de impuestos a la producción y al consumo, con fecha julio 3 de 1998 en la cual se informa a la demandante que:

“A la fecha el contribuyente Eduardo Antonio Escobar Amaya no ha presentado las declaraciones ni pagado la sobretasa correspondiente a los meses de

1. Julio de 1997.

2. Agosto de 1997.

3. Septiembre de 1997.

4. Octubre de 1997.

5. Abril de 1998.

Afirma igualmente esta entidad que:

“Respecto de la sobretasa correspondiente al mes de mayo de 1998, no se tiene conocimiento de su presentación, por cuanto esta información aún no se ha incorporado a nuestros registros”.

En la misma comunicación se indica que

“... en desarrollo del programa de fiscalización del impuesto de industria y comercio, dirigido a los distribuidores de gasolina extra motor, el contribuyente corrigió sin pago la declaraciones correspondientes a los bimestres ... 1, 2, 3 y 4 de 1997”.

Aclarando el tribunal que a partir del tercer bimestre de 1997, tales declaraciones se encuentran en la órbita de este contrato.

El artículo 1602 del Código Civil dispone que

“Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales”.

Resulta claro que no solamente surgió para los demandados la obligación del pago de los cánones de arrendamiento sino que además era su deber cancelar los impuestos en los términos pactados en la convención, como quiera que ella es una ley para las partes.

Una vez más las pruebas del incumplimiento de esa obligación son contundentes, sin que la parte pasiva haya podido desvirtuarlo.

Vistas las anteriores consideraciones, el tribunal procederá a declarar probado el incumplimiento del contrato imputable a los demandados, en la parte resolutiva de esta providencia.

b) La solicitud de restitución del inmueble

Como consecuencia del incumplimiento del contrato y en aplicación de lo dispuesto por el artículo 2035 del Código Civil, se accederá a ordenar la restitución de los bienes relacionados en la demanda, así como de los elementos detallados en el inventario que obra a folios 4 y 5 de la demanda.

c) El derecho de retención

La pretensión 4.2 C de la demanda se encamina a que el tribunal conceda el derecho de retención en favor de la arrendadora.

Sobre este punto, el artículo 2000 del Código Civil establece:

“ART. 2000.—El arrendatario es obligado al pago del precio o renta.

Podrá el arrendador, para seguridad de este pago y de las indemnizaciones a que tenga derecho, retener todos los frutos existentes en la cosa arrendada, y todos los objetos con que el arrendatario la haya amueblado, guarnecido o provisto, y que le pertenecieren; y se entenderá que le pertenece, a menos de prueba contraria”.

Teniendo en cuenta que los cánones de arrendamiento causados desde el mes de septiembre de 1998 no han sido cancelados por los demandados, el tribunal estima que una vez cumplida la orden de restitución de la estación de servicio junto con todos sus anexos, tiene derecho la arrendadora a retener la totalidad de los bienes de los arrendatarios que estén incorporados a la unidad económica conformada por la estación de servicio objeto del contrato de arrendamiento, como garantía del pago de esos cánones.

5.3. Las excepciones propuestas por los demandados

Sobre el tema de las excepciones de mérito, el tribunal debe manifestar que teniendo en cuenta que la parte demandada no acreditó el pago de los cánones adeudados, será procedente dar aplicación al numeral 2º del parágrafo 2º del artículo 424 del Código de Procedimiento Civil y en consecuencia se abstendrá de efectuar pronunciamiento alguno sobre aquellas.

6. Costas

Teniendo en cuenta que las pretensiones de la demanda habrán de prosperar en su totalidad, el tribunal condenará en costas a la parte demandada según la siguiente liquidación:

a) Costas y gastos del proceso:

El 50% de la suma fijada por le tribunal como honorarios y gastos de funcionamiento

$ 3.682.060

b) Agencias en derecho:

Se fija por este concepto la suma de

$ 1.600.000

7. Parte resolutiva

En mérito de lo expuesto, el Tribunal de Arbitramento, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Declarar terminado por incumplimiento de las obligaciones pactadas a cargo de los arrendatarios, el contrato de arrendamiento suscrito el 1º de junio de 1997 entre la Texas Petroleum Company, en calidad de arrendadora y los señores Eduardo Antonio Escobar Tamayo y María del Rosario Porras Do Santos, en su calidad de arrendatarios, sobre la estación de servicio para automotores Texaco 30, localizada en la Avenida el Dorado 66A-23 de Bogotá.

2. Ordenar la restitución por parte de los arrendatarios, y en favor de la demandante, de la estación de servicio para automotores Texaco 30, localizada en la Avenida el Dorado 66A-23 de Bogotá, junto con la edificación e instalaciones que la componen y los elementos detallados en el inventario que hace parte integral del contrato, dentro de los 5 días siguientes a la fecha de ejecutoria de este laudo.

3. Conceder el derecho de retención en favor de la demandante, sobre la totalidad de los bienes de los arrendatarios que estén incorporados a la unidad económica conformada por la estación de servicio objeto del contrato de arrendamiento, hasta tanto se verifique el pago de los cánones adeudados.

4. Condenar en costas a la parte demandada, a la suma de cinco millones doscientos ochenta y dos mil sesenta pesos moneda corriente ($ 5.282.060) que deberá ser cancelada dentro de los 5 días siguientes a la fecha de ejecutoria de esta providencia.

5. Ordenar la devolución a las partes de las sumas no utilizadas de la partida “protocolización, registro y otros”, si a ello hubiere lugar, según la liquidación final de gastos.

6. Ordenar la protocolización del expediente en una de las notarías del círculo de Santafé de Bogotá.

7. Ordenar la expedición de copias auténticas de este laudo con destino a cada una de las partes.

Esta providencia queda notificada en estrados.

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