Laudo Arbitral

Wilson Sarmiento Ayala

v.

Víctor Salazar Tejada

Mayo 16 de 2003

El Tribunal de Arbitramento constituido para dirimir, en derecho, las diferencias presentadas entre Wilson Sarmiento Ayala, parte convocante, en adelante el “convocante” y Víctor Salazar Tejada, parte convocada, en adelante el “convocado”, profiere el presente laudo arbitral, por el cual se pone fin al proceso objeto de estas diligencias.

I. Antecedentes del trámite arbitral

1.1. El 7 de septiembre de 2001 se suscribió entre las partes un contrato de transacción para poner fin a las diferencias surgidas entre ellas con ocasión del manejo, administración, tenencia y propiedad de las sociedades Famepar Ltda, Troqueles y Plásticos S.A., Aping Ltda, Apolo Logístico S.A., Precisiones El Dorado S.A. Sola S.A. y CR6 Troquelados.

1.2. En la cláusula novena de ese contrato se estipuló:

“Cláusula novena – Exigibilidad del cumplimiento de este acuerdo y solución de otras controversias. Las partes acuerdan de manera expresa, que el presente documento constituye título ejecutivo para exigir el cumplimiento de todas las obligaciones que de aquí se desprendan; la ejecución se llevará a cabo ante la justicia ordinaria, mediante la presentación de la correspondiente demanda, acompañada de prueba del incumplimiento.

Las demás diferencias que surjan en cuanto al alcance, interpretación, desarrollo, y los perjuicios diferentes a las sanciones por mora, previstas en este contrato, serán decididas por un único árbitro designado de común acuerdo, o en su defecto, designado por la Cámara de Comercio de Bogotá. El arbitramento se llevará a cabo en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá y se regirá por el reglamento y normas aplicables del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.

(...)”.

II. Desarrollo del proceso

2.1. Fase prearbitral

2.1.1. Con el lleno de los requisitos formales y mediante apoderado, el 11 de enero de 2002, el convocante presentó, con base en el citado contrato de transacción, y en concreto en su cláusula compromisoria, solicitud de convocatoria de tribunal de arbitramento ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, a fin de dirimir el conflicto suscitado con el convocado respecto del incumplimiento de ese contrato (1) .

2.1.2. La demanda fue admitida mediante auto del 8 de febrero de 2002, proferido por el Director del Centro de Arbitraje (2) .

2.1.3. El 15 de marzo de 2002, mediante apoderado judicial, el convocado contestó la demanda ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá y propuso excepciones (3) .

2.1.4. Esa contestación fue fijada en lista el 19 de abril de 2002 (4) y dentro del término de traslado de las excepciones, el convocante guardó silencio.

2.1.5. Para llevar a cabo la audiencia de conciliación propia de la etapa prearbitral, por auto del 17 de mayo de 2002, el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá señaló la hora de las 10:00 a.m. del 27 de mayo siguiente (5) , la cual fue aplazada para el 31 del mismo mes y año.

2.1.6. En tal fecha, y bajo la coordinación de la Dra. Zulma Yolima Cárdenas Gómez, se llevó a cabo la referida audiencia, la cual fue suspendida en varias oportunidades, para concluir el 11 de junio siguiente.

2.1.7. En esa fecha quedó clara la imposibilidad de alcanzar un acuerdo (6) y en consecuencia, se procedió a designar al árbitro único, quien manifestó su aceptación.

2.1.8. Por auto del 11 de julio de 2002, el Centro de Arbitraje señaló como fecha para la audiencia de instalación del Tribunal el 19 del mismo mes y año, a las 2:00 p.m. (7) , la cual fue aplazada y se llevó a cabo el 22 de julio del mismo año. En dicha audiencia se profirió el Auto Nº 1, en el cual se fijaron los gastos del proceso y los honorarios del secretario y del árbitro único.

2.2. Actuación preliminar del Tribunal

2.2.1. El secretario tomó posesión ante el árbitro, el 9 de agosto de 2002 (8) .

2.2.2. Ese mismo día se profirió el auto 2, en el cual, una vez que el árbitro informó sobre la oportuna cancelación de los gastos y honorarios del proceso por las partes, se fijó como fecha para la celebración de la primera audiencia de trámite el 16 de agosto a las 4:30 p.m. (9) , la cual se desarrolló, así:

a) Primeramente el Tribunal analizó el pacto arbitral, encontrándolo ajustado a las prescripciones legales y en tanto la voluntad de sometimiento a arbitraje en dichos pactos comprendió todas las cuestiones litigiosas concretas materia del presente proceso, se declaró competente para conocer y decidir dichas cuestiones, mediante auto Nº 3 (10) , el cual a pesar de haber sido recurrido por la parte convocante, fue confirmado por auto Nº 6 (11) , el cual se encuentra en firme. Conforme a aquella providencia, el Tribunal consideró que existe competencia para resolver la controversia que se somete a su consideración, exceptuando lo relativo a las sanciones previstas en el inciso 2º del numeral 6º y en el numeral 7º del literal b) de la cláusula 3ª del contrato de transacción suscrito entre las partes.

b) Igualmente, por auto Nº 7, fueron decretadas las pruebas del proceso, accediéndose a la totalidad de las pedidas (12) .

III. Las cuestiones litigiosas sometidas a arbitraje

3.1. Los hechos de la demanda

Las alegaciones de hecho en las que apoya sus pretensiones la entidad convocante, bien pueden compendiarse del siguiente modo:

3.1.1. Los señores Wilson Sarmiento Ayala y Víctor Salazar Tejada eran socios en algunas sociedades, dueños de varios bienes por partes iguales y accionistas junto a otras personas en otras sociedades.

3.1.2. Entre dichos señores se habían presentado diferencias respecto del retiro y liquidación de la “comunidad” de la que hacían parte, razón por la cual, el 7 de septiembre de 2001, las partes celebraron una transacción para definir, de manera definitiva, sus diferencias al respecto y allí incluyeron las obligaciones a cargo de cada una de las partes.

3.1.3. Al decir del convocante, sus obligaciones fueron cumplidas íntegra y oportunamente.

3.1.4. Igualmente, según el convocante, con aquellas a cargo de Víctor Salazar Tejada se han presentado “serios inconvenientes”, entre los que se señalan:

a) A la fecha de la demanda, el convocado no había hecho entrega total y efectiva de la maquinaria que no se encontraba en arrendamiento, de acuerdo a lo estipulado en el contrato de transacción, toda vez que “parte de la mercancía no se entregó en correcto funcionamiento y algunas piezas se encuentran deterioradas o en mal estado, todo lo cual va dentro de lo pactado contractualmente”.

b) Según la demanda, el 27 de septiembre de 2001 el demandado, actuando de buena fe, suscribió un documento denominado “Acta de Entrega” “ya que creyó en la palabra del señor Ricardo Escorcia”, funcionario designado por el convocante, quien se comprometió a informarle dentro de los dos días siguientes, el momento de entrega definitiva de la maquinaría, en perfecto estado. Al decir del convocante, a este documento no puede considerársele como una verdadera acta de entrega.

c) Igualmente en esta acta se consignó que las máquinas que se entregaban podían ser utilizadas por el convocante. Sin embargo, teniendo en cuenta que la entrega nunca se dio, tampoco fue posible la utilización de las mismas ni la verificación de su correcto estado de funcionamiento.

d) Para el convocante los hechos anteriores constituyen mala fe de parte del convocado, pues no solo no entregó las máquinas a que se había comprometido sino que ahora pretende valerse del documento denominado “Acta de Entrega”, cuya firma de Wilson Sarmiento únicamente obedeció a su buena fe, para alegar que su obligación ya se encuentra cumplida.

e) Para el demandante, de la firma de un documento erróneamente denominado “Acta de Entrega” no puede deducirse la tenencia de las máquinas ni la responsabilidad sobre estas.

f) En cuanto a la maquinaria que estaba en arrendamiento, sostiene el convocante, que esos contratos terminaban una vez los arrendamientos de los inmuebles en que esta se encontrara terminaran, tal como se estipuló en la transacción que da origen a este proceso. Sin embargo, el convocado interpretó de manera distinta lo allí contenido, violando lo pactado e incumpliendo los términos de dicho acuerdo.

3.1.5. La apoderada del convocado, aduciendo la finalización de los contratos de arrendamiento de los inmuebles objeto de entrega mediante la transacción, envió a la oficina del apoderado del convocante las llaves de los mismos, aduciendo que allí se encontraba una maquinaría a disposición de Wilson Sarmiento Ayala.

3.1.6. En respuesta a lo anterior, el apoderado del convocante intentó devolver esas llaves manifestando que “no puedo recibir las llaves de los inmuebles, toda vez que los contratos de estos expirarán solamente una vez terminen los Contratos de la maquinaria (...) a lo que la apoderada de Víctor Salazar se negó por cuanto con esa conducta ella “estaba dando cumplimiento a lo convenido en el contrato de transacción”.

3.1.7. Para el demandante, de la transacción se desprenden varios actos jurídicos, los cuales deben interpretarse sistemáticamente y en ese sentido, sostiene que lo que se quería con la cláusula tercera, literal b), numeral 11 era “prever cualquier diferencia o incongruencia entre los documentos suscritos por las partes; ya que algunos de ellos fueron redactados con anterioridad al acuerdo final de transacción”.

3.1.8. Por lo anterior, “No puede pensarse que por tener fecha diferente uno de los actos de ejecución, en cuanto a la entrega de un bien, sea la fecha consignada en este acto consecuencial, la que prime sobre la fuente (contrato de transacción), que incluso previó la posibilidad de que existiera conflicto al respecto”.

3.1.9. Para el convocante es inaceptable lo manifestado por la apoderada del convocado mediante carta del 6 de noviembre de 2001 pues siendo la entrega de los inmuebles concomitante con la entrega de la maquinaria en arrendamiento, la responsabilidad por la conservación y mantenimiento de esos bienes está en cabeza de Víctor Salazar Tejada hasta tanto se cumpla real y efectivamente con la “obligación expresada en el contrato de transacción”.

3.1.10 Adicionalmente, sostiene la demanda, con la carta MMDC 146-2001 suscrita por la apoderada del convocado, se confiesa que no se dio la entrega de la maquinaría en la fecha debida, por lo que se comprueba el incumplimiento de Víctor Salazar Tejada.

3.1.11. El 30 de noviembre de 2001, fecha fijada para la entrega de los bienes que se encontraban en arrendamiento, se pudo verificar que el Torno MC 100 Bulgaro no estaba en funcionamiento, razón por la cual no se recibió satisfactoriamente. Igual sucedió con el Torno EMCO, el cual no arrancaba. Estos incumplimientos, según la demanda, fueron reconocidos por las personas que representaron al convocado en esa diligencia.

3.1.12. El mismo 30 de noviembre, el convocante dio por recibidos parcialmente los inmuebles, ya que se le entregaron las llaves de las bodegas pero no las del apartamento que está ubicado sobre una de ellas.

3.1.13. Por otra parte, el estado de los inmuebles es “lamentable”, por cuanto se entregaron sin varias de las tejas, lo que ha ocasionado inundaciones y se han tenido que hacer reparaciones; los pisos y paredes se encuentran, al decir de la demanda, en pésimas condiciones y el servicio de teléfono de una de las líneas se encuentra suspendido por falta de pago de uno de los recibos. Esas situaciones afectan de manera grave al demandante.

3.1.14. Por otra parte, no se ha podido verificar el estado de funcionamiento de parte de la maquinaria, como es el caso de la Planta de Energía Proenergy Azul, cuya entrega debía ser inmediata, la cual aún no ha sido probada. Igual sucedió con la Troqueladora de 50 toneladas, cuya prueba estaba sujeta a que se conectara un compresor que no estaba a disposición en la diligencia del 30 de noviembre de 2001.

3.1.15. Consecuencia de todo lo anterior es que no se ha hecho la entrega total de la maquinaria ni de los inmuebles ni del lote de Cajicá, y que el convocado debe al convocante las sumas causadas por concepto de cánones de arrendamiento de los inmuebles desde el 7 de noviembre de 2001 hasta la fecha de presentación de la demanda.

3.1.16. Todo ello ha ocasionado a Wilson Sarmiento Ayala serios perjuicios económicos, ya que, al decir de la demanda, ha perdido cuantiosos contratos por la imposibilidad de usar la maquinaria, perjuicios que se estimaron inicialmente en la suma de $70.000.000.

3.2. Las pretensiones de la convocante

Las pretensiones contenidas en la solicitud de convocatoria, son las siguientes:

“Pretensiones

“1. Primera: Que se declare por parte del Tribunal que Víctor Salazar Tejada, incumplió el contrato suscrito con Wilson Sarmiento Ayala, el día 7 de septiembre del 2001.

“2. Segunda: Que se declare por parte del Tribunal que Víctor Salazar Tejada debe dar cumplimiento a lo pactado en el contrato de transacción suscrito por las partes el pasado 7 de Septiembre del 2001.

“3. Tercera: Que igualmente y como consecuencia del incumplimiento, se condene a Víctor Salazar Tejada, al pago de los perjuicios ocasionados a Wilson Sarmiento Ayala, por el incumplimiento de sus obligaciones dentro del contrato de transacción”.

“4. Cuarta: Que se condene en costas y agencias en derecho a Víctor Salazar Tejada”.

3.3. La oposición del convocado frente a la demanda

El convocado, al contestar la demanda, aceptó algunos hechos como ciertos, admitió otros como parcialmente ciertos, frente a algunos dijo no constarle y rechazó los restantes.

Igualmente propuso las siguientes excepciones, fundamentadas en los argumentos de derecho esgrimidos en la contestación de la demanda:

a) Carencia de competencia

b) Fuerza mayor como eximente de responsabilidad

c) Cumplimiento de las obligaciones contraídas.

d) Obra y culpa de la parte contraria.

e) Inexistencia de responsabilidad por parte de Víctor Salazar en el cuidado y manejo que se le haya dado por parte del demandante a la maquinaria entregada desde el 25 de septiembre de 2001.

f) Correcta interpretación del contrato de transacción por parte de Víctor Salazar.

IV. Actuación probatoria surtida en el proceso

Sobre la práctica de las diligencias de pruebas, cabe señalar lo siguiente:

4.1. El 23 de septiembre de 2002 se recibió el interrogatorio de parte de Víctor Salazar Tejada. Igualmente se llevaron a cabo los testimonios de José Ricardo Escorcia Velásquez, de Erick Richard Alexis Rincón Cárdenas y de Guillermo Ernesto Sarria Losada.

4.2. El 3 de octubre de 2002 se recibieron los testimonios de Juan José Reyes Novoa, de Jorge Luis Alzate Pérez, de Orlando Vásquez Acosta, de Luis Édgar Galán Jiménez y de Ramiro Díaz Chavarro, quien a su vez ratificó los documentos de que da cuenta el acta Nº 9. En esta misma fecha se aceptó el desistimiento de los testimonios de Emanuel Stefanov, de Nelson Castro y de Gloria Aguilera.

4.3. El 21 de noviembre de 2002 se posesionó el perito, cuyo dictamen fue puesto en conocimiento de las partes y objeto de solicitud de aclaraciones y complementaciones por parte del convocado.

Así pues, el trámite del proceso se desarrolló en dieciséis (16) sesiones, sin incluir la de fallo, en el curso de las cuales, como atrás se reseñó, se practicaron todas las pruebas solicitadas y ambas partes hicieron uso de su derecho a exponer sus conclusiones finales acerca de los argumentos de prueba obrantes en los autos, presentando así mismo los respectivos resúmenes escritos de las intervenciones por ellas llevadas a cabo y los cuales son parte integrante del expediente.

V. Consideraciones del tribunal

5.1. Los presupuestos procesales

Antes de entrar a resolver el fondo del asunto procede el Tribunal, como le corresponde, a hacer un análisis de los presupuestos procesales.

5.1.1. La competencia del tribunal

No cabe duda de que este Tribunal de Arbitramento es el juez competente para resolver la controversia que se le ha planteado. Así se evidencia en la cláusula compromisoria pactada en el contrato que da origen al proceso, tal como se analizó en el momento procesal oportuno, de lo cual dan cuenta los autos Nº 4 y Nº 6 y que en conclusión resolvieron que existe competencia para resolver la controversia, exceptuando lo relativo a las sanciones previstas en el inciso 2º del numeral 6º y en el numeral 7º del literal b) de la cláusula 3ª del contrato de transacción suscrito entre las partes.

5.1.2. La capacidad para ser parte

Sobre este punto basta simplemente manifestar que tanto el demandante como el demandado son personas capaces que tienen la facultad de ser parte en un proceso. Así las cosas, el segundo presupuesto procesal se encuentra cumplido.

5.1.3. La capacidad para comparecer en juicio

Las partes de este proceso han comparecido a él por medio de sus apoderados, circunstancia que se encuentra acreditada con los documentos aportados al expediente con la solicitud de convocatoria y su contestación e incorporados en el cuaderno principal; por lo tanto, el Tribunal encuentra satisfecho el tercero de los llamados presupuestos procesales.

5.1.4. La demanda en forma

De acuerdo con los artículos 75, 76 y 77 del Código de Procedimiento Civil, toda demanda debe cumplir una serie de requisitos formales para que pueda ser admitida y tramitada por el juez.

El Tribunal ha efectuado un detenido análisis de la demanda, para concluir que cumple con todos los requisitos legales para ser una demanda en forma y por ello el último de los presupuestos procesales se encuentra igualmente observado.

Así las cosas, el Tribunal se encuentra plenamente habilitado para entrar a resolver sobre el fondo de la controversia, como a continuación pasa a hacerlo.

5.2. La excepción de carencia de competencia

Atendiendo al hecho de que la apoderada de la parte convocada, al contestar la demanda propuso la excepción de falta de competencia, el Tribunal, previamente a entrar al estudio de fondo de la controversia, considera pertinente en este momento ratificar lo resuelto en el auto mediante el cual asumió competencia reiterando que aquello que las partes expresamente excluyeron del pacto arbitral son las sanciones por mora de que tratan el inciso 2º del numeral 6º y el numeral 7º del literal b) de la cláusula 3ª del contrato de transacción. Por ello, y en tanto y en cuanto las pretensiones de la demanda y las excepciones propuestas no versan sobre las referidas sanciones, el Tribunal habrá de negar la excepción aquí estudiada y proceder al análisis de fondo.

5.3. Las pretensiones de incumplimiento

Como quiera que el convocante pretende que el Tribunal declare que el contrato de transacción se incumplió y que el convocado debe cumplir las obligaciones que no ha honrado, debe el Tribunal entrar a analizar las obligaciones supuestamente incumplidas por el convocado y que se contraen, a la entrega de una maquinaria al convocante y a efectuar la tradición de dos predios situados en Bogotá y Cajicá. En ese orden de ideas, el Tribunal abordará los hechos y las consideraciones jurídicas relativas a cada uno de los bienes mencionados.

5.3.1. La pretensión de incumplimiento respecto de la entrega del centro mecanizado MC100

El 7 de septiembre del 2001 el señor Víctor Salazar se obligó a entregar, a la firma del contrato de transacción, el equipo MC100 a Wilson Sarmiento en desarrollo de lo cual, el segundo suscribió con el primero un documento de traspaso que se incorporó a la transacción como anexo 4.

En la cláusula 3.10 de la transacción, las partes estipularon que “Todos los bienes que se entreguen, lo serán en el estado de conservación, que se entiende es en funcionamiento normal, buenas condiciones, y su entrega se realizará en las instalaciones de las empresas Troqueles y Plásticos y Lo Apling...”. Agrega la cláusula que “El CNC MC-100 en este momento no se encuentra en funcionamiento por alguna falla que debe corregir un técnico búlgaro que estará llegando al país a finales de septiembre”. Las partes convinieron también que tan pronto como quede funcionando el MC-100 se hará su entrega física en el entendido de que la reparación y el transporte del equipo estarán a cargo de Víctor Salazar”.

En el anexo 4 del contrato de transacción suscrito igualmente el 7 septiembre del 2001, la sociedad Apolo Logístico S.A. en desarrollo de la obligación adquirida por Víctor Salazar, entregó a Wilson Sarmiento el Centro Mecanizado MC-100 búlgaro con quinto eje y en la cláusula tercera de dicho anexo se dice que el bien se entrega en el lugar y estado de uso y conservación que es conocido por Wilson Sarmiento, quien lo recibe físicamente.

En el Acta de Entrega suscrita por las partes el 25 de septiembre del 2001 en la carrera 74 Nº 71A - 22 de Bogotá, sede de la sociedad Troqueles y Plásticos Ltda., las partes dejaron constancia de que el Centro Mecanizado CNC MC-100 está en revisión y su entrega física se hará cuando los arreglos se hayan perfeccionado.

En el Acta de 30 de noviembre del 2001 suscrita por las partes se deja constancia de que el MC-100 no se puede operar y ante la pregunta a Víctor Salazar sobre el plazo en que el equipo estará arreglado, este se abstiene de fijar uno pues depende de los servicios de un técnico búlgaro.

En el acta de declaraciones bajo juramento con fines procesales del 7 de noviembre del 2001 otorgada por Orlando Vásquez Acosta, en la Notaría 41 de Bogotá, este afirma que el CNC –100 se encuentra en la carrera 74 Nº 71A - 22 de Bogotá. En la misma fecha y ante el mismo Notario Emanuil Stefanov Gaydarov, Nelson Castro Pérez y Ramiro Díaz Chavarro hicieron declaraciones similares.

En el testimonio rendido por Luis Édgar Galán Jiménez el 3 de octubre del 2002 ante el Tribunal Arbitral, afirmó que el MC 100 funcionaba bien pero que probablemente a causa del trasteo con motivo de su entrega a Wilson Sarmiento se pudo haber averiado.

Orlando Vásquez Acosta en su testimonio de octubre 3 del 2002 ante el Tribunal manifestó que a pesar de que emitió una declaración notarial en la que afirmó que el MC 100 funcionaba bien, nunca tuvo oportunidad de probarlo y que su misión consistía, para efectos de la entrega de las máquinas, en abrir las puertas de la bodega donde se encontraban; en el mismo sentido de no haber probado las máquinas emitió su testimonio Ramiro Díaz Chavarro, testigo de la parte convocada el 3 de octubre del 2002.

En su declaración de parte rendida ante el Tribunal el 23 de septiembre del 2002, Víctor Salazar afirmó que el MC 100 tenía una novedad que fue corregida pero que quedó una novedad sobre una alarma.

Analizadas las pruebas atinentes al CNC MC-100 que se acaban de reseñar pasa el Tribunal a hacer las siguientes consideraciones:

La primera, consiste en que las mismas partes establecieron desde la firma del Contrato de Transacción el 7 de septiembre del 2001 que el CNC MC-100 “... no se encuentra en funcionamiento por alguna falla...” y por lo mismo, carecen de relevancia jurídica las declaraciones bajo juramento con fines procesales en que los deponentes afirman que dicho equipo se encuentra en buen estado; carecen igualmente de relevancia las declaraciones en el mismo sentido de los testigos ante el Tribunal. En consecuencia, no hay duda de que al momento de la transacción el MC-100 estaba averiado y su arreglo correspondía al Convocante, Víctor Salazar quien por lo demás, en su declaración de parte, reconoció este hecho.

Una segunda consideración tiene que ver con la aparente confusión para la entrega del CNC MC-100 pues en la transacción el convocado se obligó a entregarlo en la fecha de la misma; en el anexo 4 de la transacción se dice que el convocante lo recibe físicamente en el lugar y estado de uso y conservación que son de él conocidos; en el acta de entrega del 25 de septiembre se dice que está en revisión y su entrega física se hará cuando los arreglos se hayan perfeccionado y en el Acta de 30 de noviembre se deja constancia de que no se puede operar. Para el Tribunal es claro que la entrega real y material se efectuó el mismo 7 de septiembre de 2001 bajo la salvedad del arreglo de la avería por cuenta de Víctor Salazar.

Como una tercera consideración, cabría preguntarse si tratándose de la entrega de un cuerpo cierto, el riesgo de su avería debe ser asumido por el acreedor según el artículo 1607 del Código Civil o por el comprador según las voces del artículo 1876 del mismo estatuto.

No existe duda para el Tribunal de que en este caso no se trata de un problema de asunción de riesgo por una de las partes pues no existió plazo de entrega del centro mecanizado MC-100 y el título y el modo, es decir, el contrato de transacción y la entrega física (tradición) ocurrieron en la misma fecha. Consecuencia necesaria de lo anterior es que el problema se sitúa en el plano de la responsabilidad de uno de los contratantes en el cumplimiento de sus obligaciones y no en el plano del riesgo en el que no tienen cabida las culpas y el dolo, al menos en este caso.

La cuarta consideración que hace el Tribunal es la relativa a la operancia de la excepción propuesta por la parte convocada de fuerza mayor o caso fortuito, y respecto de la cual, de entrada, se echan de menos sus dos elementos constitutivos: la imprevisibilidad y la irresistibilidad. La primera, porque las partes como socios que eran conocían la máquina, su mantenimiento y su rendimiento y previeron que su arreglo, al momento de la entrega, era perfectamente posible. Y la segunda, no aparece en el expediente prueba alguna de la imposibilidad de reparación de la avería y por el contrario, los hechos confirman la disponibilidad permanente del convocado para lograr dicha reparación.

Establecido lo anterior, una quinta consideración que hace el Tribunal es que —en la en que medida en la máquina no ha sido reparada— aparece demostrado el incumplimiento de la parte convocada de su obligación de reparar el centro mecanizado MC-100 y corresponde establecer si existe la prueba de un perjuicio y en caso afirmativo, desde cuándo se ha venido produciendo.

Si las partes reconocieron en la fecha de la transacción que el MC-100 no estaba funcionando es lógico deducir, aunque las partes no lo hayan dicho, que debe existir un plazo para la reparación adecuada del MC-100; en ese sentido, el artículo 1551 del Código Civil establece que el plazo puede ser expreso o tácito y que este último, referido a una obligación, es “el indispensable para cumplirla”.

De otra parte, la obligación asumida por la convocada de reparar a su costa el MC-100 es de las que requieren reconvención judicial por parte del acreedor según el numeral 3º del artículo 1608 del Código Civil.

Si el acreedor reconvino judicialmente a la parte convocada con la notificación de la demanda arbitral y el Tribunal entiende que el plazo tácito razonable para el cumplimiento de la obligación de reparación de la máquina es de 3 meses a partir de la firma del contrato de transacción, se concluye que Víctor Salazar está en mora desde el 7 de diciembre del 2001. Ahora bien, como la pretensión del demandante consiste en exigir el cumplimiento del contrato y no en su resolución, el Tribunal habrá de fijar una fecha para el cumplimiento, para el caso, tres (3) meses desde la ejecutoria del laudo, en el entendido de que hasta su advenimiento se causará el perjuicio que se fijará a continuación. El plazo de tres meses obedece a las dificultades manifestadas por el convocado para la reparación de la máquina, pues es una tecnología no común y muy pocas personas están en capacidad de hacerla.

En cuanto al perjuicio, el dictamen pericial emitido por la Sociedad Crawford el 16 de diciembre del 2002, que por cierto se encuentra en firme por no haber sido objetado por ninguna de las partes, afirma que el MC-100 puede arrendarse en el mercado colombiano a un canon mensual de $7.680.000.00 y que la utilidad mensual que puede producir su uso asciende a $2.304.000.00. En el presente caso se observa que, vistos los antecedentes, las partes explotaban directamente la máquina, por lo cual el Tribunal, para efectos de cuantificar el daño, habrá de tomar el valor de la utilidad calculado por el perito con una deducción del 30%. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia colombiana que apoyada en sólidas razones de equidad establece que no se puede conceder la totalidad de una indemnización sobre la base de un perjuicio virtual futuro pues ello supondría, contrario a la experiencia, que el MC-100 se utilizará sin interrupciones, problemas, averías y que no presentará suspensión de funcionamiento por razones de mantenimiento. En otras palabras, el propietario de la máquina probablemente no hubiera llegado a percibir en la práctica la totalidad de los rendimientos estimados en el dictamen pericial por la explotación del centro mecanizado búlgaro.

Así las cosas, en la parte resolutiva el Tribunal declarará que Víctor Salazar está en mora de reparar el MC-100 desde el 7 de diciembre del 2001 y hasta la fecha de la reparación a satisfacción que deberá ejecutarse dentro de los 3 meses siguientes a la ejecutoria del presente laudo. En cuanto al perjuicio, declarará el Tribunal que asciende a la suma de $ 1.612.800.00 por mes que deberán ser pagados por Víctor Salazar a favor de Wilson Sarmiento, debidamente actualizados, desde el 7 de diciembre del 2001 hasta la fecha de reparación a satisfacción del MC-100 que no podrá ser posterior a un plazo de tres (3) meses contados a partir de la fecha de ejecutoria del presente laudo.

5.3.2. La pretensión de incumplimiento respecto de la entrega del torno EMCO con alimentador de barras

En el contrato de transacción del 7 de septiembre del 2001 Víctor Salazar se obligó frente a Wilson Tejada a entregarle un torno EMCO con alimentador de barras, que al igual que la otra maquinaria, debía ser entregado “en el estado de conservación, que se entiende es un funcionamiento normal, buenas condiciones, y su entrega se realizará en las instalaciones de las empresas Troqueles y Plásticos y Lo Apling...”.

En un documento anexo a la transacción del 7 de septiembre del 2001, consta la entrega a satisfacción del torno EMCO. En el Acta de Entrega del 25 de septiembre del 2001 en la carrera 74 Nº 71A - 22, sede de la sociedad Troqueles y Plásticos, consta que el señor Wilson Sarmiento recibió un torno EMCO real y materialmente “en el estado de uso y conservación en que se encuentra el cual es funcionamiento normal, a satisfacción”. En el Acta de 30 de noviembre del 2001 consta que el torno EMCO no arrancó y que Víctor Salazar se compromete a repararlo.

Luis Édgar Galán en su testimonio rendido al Tribunal el 3 de octubre del 2002 manifestó que el torno EMCO antes sí funcionaba pero que probablemente en el acarreo para su entrega pudo haberse dañado.

Por su parte, Orlando Vásquez Acosta en su declaración ante el Tribunal del 3 de octubre del 2002, manifestó que no comprobó si el torno EMCO funcionaba o no ante la pregunta del apoderado de la parte convocante relativa a su declaración notarial rendida el 7 de noviembre del 2001 en la Notaria 41 de Bogotá en el sentido de que dicho torno estaba en perfecto estado de funcionamiento.

En el testimonio rendido por Ramiro Díaz Chavarro ante el Tribunal el mismo 3 de octubre del 2002, este manifestó que vio funcionar las máquinas, entre estas el torno EMCO, pero que él personalmente no probó el funcionamiento de ninguna.

En su declaración de parte del 23 de septiembre del 2002 ante el Tribunal, Víctor Salazar declaró que el torno EMCO tuvo una novedad pero que finalmente la firma Imocom lo reparó y se entregó a satisfacción el 4 de abril del 2002.

En su aclaración del 20 de febrero del 2003 sobre el dictamen pericial del 16 de diciembre del 2002, la firma CRAWFORD manifestó que el torno con control numérico EMCO está en funcionamiento.

Teniendo en cuenta la similitud de los hechos, el Tribunal aplicará para el torno EMCO las consideraciones utilizadas para el Centro Mecanizado Búlgaro, y en especial las siguientes.

Al igual que en el caso del Centro Mecanizado MC-100, llama la atención del Tribunal la aparente confusión sobre la entrega a satisfacción del torno EMCO puesto que en los documentos del 7 de septiembre del 2001 (Transacción y anexos) se deja constancia de su entrega sin salvedad alguna, el 30 de noviembre siguiente las partes reconocen que “no arrancó” y que el convocado, Víctor Salazar, se compromete a arreglarlo.

Haciendo caso omiso de las declaraciones contradictorias de las partes sobre la entrega a satisfacción del torno, define el Tribunal, con base en el principio de la buena fe, que en el fondo Víctor Salazar se obligó a entregarle a Wilson Sarmiento el torno en buen estado de funcionamiento y que, detectada la avería, Víctor Salazar se comprometió a repararla. Destaca el Tribunal que no puede imputarse mala fe del convocado puesto que el torno era conocido por las partes y se puso a disposición del convocante desde la fecha de suscripción del contrato de transacción, es decir, el 7 de septiembre del 2001.

También entiende el Tribunal que Víctor Salazar debió contar con un plazo para la reparación del torno y que dicho plazo debe contarse desde el 30 de noviembre del 2001, fecha esta en que por primera vez aparece constancia de que el torno no funcionaba bien. Igualmente, entiende el Tribunal, atendiendo las diferentes características de esta máquina respecto de la anterior, que el plazo tácito para la reparación hubo de ser de dos meses y que venció el 31 de enero del 2002 y comoquiera que la reparación efectiva se produjo el 11 de abril del 2002, según el dictamen pericial de CRAWFORD, condenará el Tribunal a la parte convocada a pagar el perjuicio producido entre el 1º de febrero de 2002 y el 10 de abril del mismo año.

El dictamen pericial citado establece que la utilidad que se puede percibir con el torno EMCO puede ser de $1.728.000 por mes cifra esta a la que habría que restarle, con idéntica consideración que para el caso anterior, el 30%, para obtener un neto de $1.209.600. No quiere decir esto que el daño no sea cierto, puesto que de las declaraciones de las partes aparece el interés comercial en el torno y su utilidad en las actividades de las empresas en que participaban el demandante y el demandado, se trata simplemente de un daño futuro.

Así las cosas, si la utilidad que dejó de percibir la parte convocada por mes asciende a $1.209.600 y el perjuicio se produjo durante setenta días, el resultado final es una indemnización total por $2.822.400 que será establecida en la parte resolutiva de este laudo.

5.3.3. La pretensión de incumplimiento respecto de la entrega de las otras máquinas

Aparte el Centro Mecanizado MC-100 y el torno EMCO, Víctor Salazar se obligó a entregar a Wilson Sarmiento en el contrato de transacción del 7 de septiembre del 2001 las siguientes máquinas:

Un torno Mazak: su entrega física se debía producir a más tardar el 15 de noviembre del 2001 y Víctor Salazar se obligó a pagar a título de canon a Wilson Sarmiento la cantidad de $6.000.000 mensuales hasta la fecha de su entrega.

Un torno Okuma: su entrega física se debía producir a más tardar el 15 de noviembre del 2001 y Víctor Salazar se obligó a pagar a título de canon a Wilson Sarmiento la cantidad de $6.000.000 mensuales hasta la fecha de su entrega

Torno CNC Lead Well: su entrega se debía producir el 7 de septiembre del 2001, fecha del contrato de transacción.

Analizado el acervo probatorio, el Tribunal encuentra que en la transacción no se hizo salvedad sobre el estado de funcionamiento de estas máquinas; en los anexos de la transacción tampoco aparece salvedad en ese sentido; en el acta de entrega de 25 de septiembre de 2001 se dice que la troqueladora de 50 toneladas está en revisión y su entrega física se hará cuando el arreglo se haya perfeccionado; en el otrosí Nº 1 al acta de entrega del 25 de septiembre del 2001 tampoco aparece salvedad; en el acta de entrega del 30 de noviembre del 2001 se dice, en cuanto a la sopladora china, que era de doble cabezal sin deducir de allí alguna consecuencia y respecto de la troqueladora de 50 toneladas, que no arrancó por falta de aire; en la aclaración del dictamen pericial de CRAWFORD de 20 de febrero del 2003, el perito afirma que el convocante, Wilson Sarmiento, aceptó el buen funcionamiento y el estado actual de la troqueladora de 50 toneladas, de la troqueladora de 100 toneladas, del Lead Well V25, del torno Mazak, del torno Okuma, del torno Lead Well LTC 15, de la inyectora Negri Bossi y de la sopladora china.

Con base en lo anterior y en los alegatos de conclusión presentados por el apoderado de la parte convocante, el Tribunal entiende que sobre estas máquinas no existe reparo por parte de este en cuanto a su entrega real y material en estado de funcionamiento y en consecuencia, ninguna declaración de incumplimiento sobre las máquinas descritas habrá de hacer el Tribunal. Por lo demás, no aparece en el expediente prueba alguna relativa al perjuicio derivado del eventual incumplimiento de la entrega de estas máquinas.

5.3.4. La pretensión de incumplimiento respecto de la bodega ubicada en la carrera 74A Nº 71A - 22 de Bogotá

Tanto en la demanda (hecho 18 por ejemplo) como en el alegato de conclusión (numeral 5.2), el apoderado de la parte convocante pretende igualmente que se declare el incumplimiento de la transacción en lo que se refiere a la obligación de la firma de la escritura para perfeccionar la tradición de la bodega ubicada en la carrera 74A Nº 71A - 22 de Bogotá.

Sostiene el señor apoderado, que la escritura de levantamiento de la hipoteca que pesaba sobre ese bien “solo (sic) fue fechada el 4 de diciembre de 2002 y se registró el 30 del mismo mes...” y solicita que, habida cuenta que el plazo máximo previsto en el contrato para la firma de la escritura de tradición era el 15 de noviembre de 2002, se declare su incumplimiento y se condene en perjuicios al convocado.

Sobre el particular el Tribunal observa que en la cláusula tercera literal B del contrato de transacción, el señor Víctor Salazar se comprometió con Wilson Sarmiento a hacerle entrega entre otros, de la bodega antes mencionada, y para instrumentalizar el cumplimiento de esa obligación, acordaron en la misma cláusula (lit. b) num. 6º), la firma de una promesa de compraventa sobre ese inmueble, promesa que constituye un anexo de la transacción y que se aportó como prueba (fls. 21 a 23 del cdno. de pruebas).

Del estudio de ese documento, que no fue tachado ni desconocido por ninguna de las partes, se observa que en ella las partes convinieron que la entrega material del bien se efectuó en la fecha se suscripción de ese contrato, esto es, el 7 de septiembre de 2001, y que la firma de la escritura de compraventa, se realizaría el 15 de septiembre de 2002, a las 5.00 p.m., en la Notaría 41 del Círculo de Bogotá. Igualmente previeron, que si para esa fecha, el crédito que se encontraba garantizado con una hipoteca sobre esa bodega no se había cancelado, la promitente vendedora dispondría de un plazo de dos meses más para “cancelar el saldo final a deberse al Banco Ganadero”.

Establecido lo anterior, procede entonces analizar, conforme a las pruebas obrantes en el expediente, si efectivamente existe un incumplimiento de la parte convocada respecto de las obligaciones relativas a la bodega y verificar si hay lugar a proferir condena por ese concepto.

Conforme al texto de la promesa allegada al proceso, se observa que respecto de la entrega física del inmueble no hay discusión alguna. La controversia se centra entonces en lo que se refiere a la firma de la escritura de compraventa, que al decir del convocante solo se suscribió el 4 de diciembre de 2002. Sobre este punto el Tribunal observa que en lo que se refiere a la bodega en estudio, y más concretamente al tema de la firma de la escritura de venta de la misma, solo aparecen en el expediente el contrato de transacción, el de promesa y un acta de comparecencia del demandante ante el Notario 42 de Bogotá de fecha 19 de noviembre de 2002. De esos documentos el Tribunal concluye que si bien la escritura debía otorgarse el 15 de septiembre de 2002, el convocante se negó a firmar ese documento por cuanto en su concepto, solo existían certificaciones de pago del crédito, pero que las hipotecas no habían sido levantadas, lo cual en su concepto “no garantiza que los acreedores hipotecarios estén obligados a levantar las hipotecas correspondientes”.

En este punto el Tribunal observa, que de la interpretación de la cláusula séptima del contrato de promesa, la obligación contractual asumida por el demandado era la de obtener la cancelación de los créditos —lo cual aparece demostrado con la manifestación del señor Sarmiento— y no precisamente el levantamiento de las hipotecas. No significa lo anterior que el señor Salazar, en ejercicio de sus obligaciones y de la buena fe contractual, no tuviera que levantar esas hipotecas; pero también la parte convocante, en ejercicio de esa buena fe contractual, ha debido suscribir la escritura de compraventa cuando la parte demandada le presentó el paz y salvo expedido por la entidad bancaria beneficiaria de la hipoteca. No puede compartir el Tribunal la posición del convocante relativa a que la certificación de pago del banco no era garantía de que este tuviera que levantar las hipotecas, pues desde el punto de vista meramente legal, la extinción de la obligación principal (el crédito) implica, de manera automática, la extinción de la garantía (la hipoteca), lo cual daba certeza de que ese gravamen tenía que ser levantado.

Por otro lado, el apoderado de la parte actora reconoce en su alegato de conclusión que la escritura fue finalmente firmada el 4 de diciembre de 2002, manifestación que el Tribunal entiende tiene que tener en cuenta como cierta, para concluir que si bien es cierto la firma de ese instrumento fue tardía, ella no es imputable al convocado y por lo tanto se encuentra exonerado de responsabilidad en este punto.

Adicionalmente, se observa que no existe en el expediente prueba alguna del daño que la parte convocante haya podido sufrir por la suscripción de la escritura en fecha posterior a la inicialmente pactada, argumento que refuerza la ausencia de responsabilidad del demandado. En esos términos, y en lo que se refiere al supuesto incumplimiento relativo a la firma de la escritura de venta de la bodega ubicada en la carrera 74A Nº 71A - 22, el Tribunal habrá de despachar desfavorablemente las pretensiones de la demanda.

5.3.5. La pretensión de incumplimiento respecto de la entrega del lote de Cajicá

Al igual que para el caso anterior, el convocante en el hecho 22 de la demanda alega que el señor Víctor Salazar no le ha hecho entrega del lote de Cajicá. En el numeral 5º del literal b) de la cláusula 3ª del contrato de transacción las partes convinieron que el inmueble ubicado en la carrera 4ª Nº 4 - 66 Sur de Cajicá sería prometido en venta el 17 de septiembre de 2001 aclarando que el señor Salazar tenía la obligación de levantar la hipoteca que sobre él pesaba dentro de los dos meses siguientes a la firma de ese acuerdo.

En el folio 45 del cuaderno de pruebas Nº 1 aparece la primera hoja del contrato de promesa de compraventa suscrito entre SLOA S.A. y Wilson Sarmiento Ayala, cuyo objeto es precisamente la venta del lote ubicado en el municipio de Cajicá, documento que desafortunadamente por no estar completo en el expediente, no permite al Tribunal concluir que el inmueble fue recibido materialmente por el convocante. No puede pasarse por alto que la parte convocada, al contestar el hecho 22 de la demanda manifestó que en la cláusula 4 de la citada promesa —que no aparece en el expediente— se dejó constancia de que el promitente comprador declaraba recibido el lote.

Sobre este particular, el Tribunal considera que según el inciso 2º del artículo 1857 del Código Civil, la venta de bienes raíces no se reputará perfecta ante la ley mientras no se otorgue escritura pública. Así mismo, el artículo 89 de la Ley 153 de 1987, que derogó el artículo 1611 del Código Civil, estableció que la promesa de celebrar un contrato no produce obligación alguna salvo que concurran las siguientes circunstancias: “1. Que la promesa conste por escrito; 2. Que el contrato a que la promesa se refiere no sea de aquellos que las leyes declaren ineficaces por no concurrir los requisitos que establece el artículo 1511 (sic) del Código Civil; 3. Que la promesa contenga un plazo o condición que fije la época en que ha de celebrarse el contrato; 4. Que se determine de tal suerte el contrato, que para perfeccionarlo solo falte la tradición de la cosa o las formalidades legales”.

Para el Tribunal es claro que el contrato de transacción es diferente al contrato de promesa y al contrato de compraventa, e igualmente que la ley colombiana exige para la validez de la constitución de derechos reales sobre bienes inmuebles que la misma conste en escritura pública so pena de no producir efecto alguno. En otras palabras, la transacción del 7 de septiembre del 2001, por no constar en escritura pública, no produce efecto alguno en cuanto a la obligación de transferir la bodega de Cajicá; así mismo por no llenar los requisitos de una promesa de contrato, la ley no le reconoce ningún efecto. En esa transacción las partes afirmaron que suscribirán una promesa de venta sobre la bodega, documento que no fue aportado como prueba al expediente y en consecuencia, no puede el Tribunal conocer las obligaciones allí pactadas y en especial, el plazo o la condición para suscribir la escritura pública correspondiente, la notaría, la fecha de entrega real y material, etc.

No significa lo anterior que la obligación de transferir la bodega que consta en la transacción sea nula porque de las declaraciones de la parte convocada en la contestación de la demanda, hecho 22, aparece el reconocimiento de una promesa aunque de allí no se deducen sus términos y condiciones. En resumen, la obligación existe, no es nula, pero no aparece su prueba en el expediente pues se reitera, la promesa no fue aportada. Por las razones anteriores, el Tribunal, a manera de obiter dictum, invita a las partes a cumplir de buena fe lo estipulado en la promesa pero para efectos de la parte resolutiva del fallo habrá de decir que no aparece probado el incumplimiento de transferir el lote de Cajicá pues la fuente inmediata de la obligación, la promesa, no fue aportada al proceso y la fuente mediata de la misma, la transacción, por no constar en escritura pública no constituye título válido para transferir la propiedad. Por lo demás, tampoco aparece demostrado en el expediente los perjuicios que hubiera podido sufrir Wilson Sarmiento por el supuesto incumplimiento de Víctor Salazar respecto de la transferencia de la propiedad del lote de Cajicá.

5.4. Consideraciones respecto de las llamados “cuestiones nuevas” o “incumplimientos presentados con posterioridad a la presentación de la demanda”

En atención a que el apoderado de la parte demandante en su alegato de conclusión hizo referencia a la existencia de nuevos incumplimientos a los cuales “no se refirió la demanda toda vez que en la fecha de presentación de la misma no se podía prever su ocurrencia” el Tribunal considera lo siguiente:

El marco de decisión de todo proceso judicial está dado tanto por las pretensiones y por los hechos de la demanda como por las excepciones propuestas frente a la misma. Así lo prevé el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil conforme al cual se exige al juez que sus providencias atiendan al principio de congruencia.

Y este principio adquiere mayor relevancia en el proceso arbitral en el cual la misma ley ha previsto como causal de anulación la incongruencia del laudo arbitral. Encuentra su fundamento esa exigencia legal en el respeto por el derecho de defensa y de contradicción y en consecuencia, en el debido proceso, pues no puede verse una parte sorprendida por la otra con hechos o pruebas que no pueda controvertir conforme a los procedimientos establecidos por la ley. No escapa al Tribunal el hecho de que la circunstancia que aquí se plantea es quizás una de las mayores dificultades que encuentran los jueces en casos como el que nos ocupa, en donde una vez presentada la demanda pueden ocurrir nuevos hechos que impliquen una modificación de las pretensiones.

Sin embargo, los derechos fundamentales antes mencionados deben primar sobre cualquier otra consideración y siempre queda a la parte interesada la posibilidad de acudir a un nuevo proceso judicial para debatir esos hechos que no pudieron ser oportunamente alegados en el trámite inicial.

Así las cosas, y de conformidad con lo preceptuado por el citado artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, el Tribunal se abstiene de entrar a estudiar y evaluar esos nuevos incumplimientos alegados por la parte convocante en su escrito final.

5.5. Las excepciones

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Tribunal estima necesario analizar brevemente las excepciones propuestas así:

La carencia de competencia: como ya se dijo en el capítulo inicial de estas consideraciones, la excepción no está llamada a prosperar.

La fuerza mayor como eximente de responsabilidad: consideró el Tribunal anteriormente que no se dieron los elementos constitutivos de la fuerza mayor, por lo cual habrá de negarse igualmente esta excepción.

El cumplimiento de las obligaciones contraidas: en lo que se refiere a la entrega de la bodega ubicada en Bogotá e identificada anteriormente, considera el Tribunal que esta excepción debe prosperar.

Obra y culpa de la parte contraria: también está llamada a la prosperidad parcial en lo referente a la firma de la Escritura Pública de compraventa de la bodega antes mencionada, en atención al análisis efectuado respecto de lo acontecido para la suscripción de este documento.

Inexistencia de responsabilidad por parte de Víctor Salazar en el cuidado y manejo que se le haya dado por parte del demandante a la maquinaria entregada desde el 25 de septiembre de 2001: en la medida en que las pretensiones condenatorias no se refieren a daños producidos a la maquinaria con posterioridad al 25 de septiembre de 2001, el Tribunal no considera necesario entrar a estudiar esta excepción.

Correcta interpretación del contrato por parte de Víctor Salazar: por tratarse de una excepción que no tiende a enervar ninguna de las pretensiones de la demanda, el Tribunal tampoco considera necesario abordar su estudio.

5.6. Actualización de las cifras

Respecto de las condenas que habrán de proferirse en la parte resolutiva, y de conformidad con los criterios trazados por la jurisprudencia nacional en torno a la reparación del daño y en aplicación de lo previsto por el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, el Tribunal procede a actualizar esa cifra aplicando para ello el índice de precios al consumidor, el cual conforme a la Ley 794 de 2003 es un hecho notorio, así:

Respecto del Centro Mecanizado Bulgaro se toma la utilidad dejada de percibir en cada mes, desde diciembre de 2001 hasta la fecha de esta providencia, y se actualiza cada una de esas utilidades aplicando el IPC. La sumas que arrojan cada una de esas actualizaciones se suman, para obtener un total de $ 29.298.327,96.

Respecto del torno EMCO, se actualiza al valor total a la suma de $ 3.071.719,52.

5.7. Costas

En atención a que las pretensiones de la demanda habrán de prosperar parcialmente, el Tribunal, con fundamento en el numeral 5º del artículo 392 del Código de Procedimiento Civil se abstendrá de condenar en constas a las partes.

VI. Decisión

En mérito de las consideraciones que anteceden, el Tribunal de Arbitramento convocado para dirimir las controversias suscitadas entre Wilson Sarmiento Ayala y Víctor Salazar Tejada, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Declarar no probadas las excepciones denominadas “Carencia de Competencia”, “Fuerza Mayor como Eximente de Responsabilidad”, “Inexistencia de responsabilidad por parte de Víctor Salazar en el cuidado y manejo que se le haya dado por parte del demandante a la maquinaria entregada desde el 25 de septiembre de 2001” y “Correcta interpretación del contrato por parte de Víctor Salazar”.

2. Declarar parcialmente probadas las excepciones denominadas “Cumplimiento de las Obligaciones Contraídas” y “Obra y Culpa de la Parte Contraria”.

3. Declarar, en consecuencia, que Víctor Salazar Tejada incumplió parcialmente el contrato de transacción suscrito con Wilson Sarmiento Ayala el día 7 de septiembre de 2001, respecto de la obligación de entregar en correcto estado de funcionamiento el Centro Mecanizado MC-100 y el torno EMCO, en los términos expuestos en la parte motiva de esta providencia.

4. Ordenar, en consecuencia, que Víctor Salazar Tejada debe cumplir a favor de Wilson Sarmiento Ayala la obligación incumplida, poniendo en estado de funcionamiento, en el término de tres (3) meses contado a partir de la ejecutoria de esta providencia, el Centro Mecanizado MC-100.

5. Como consecuencia de la declaración tercera anterior, condenar a Víctor Salazar Tejada a pagar a Wilson Sarmiento Ayala, dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de este laudo arbitral, los perjuicios ocasionados por su incumplimiento, que ascienden a las siguientes sumas:

Respecto del centro mecanizado MC 100, la suma de veintinueve millones doscientos noventa y ocho mil trescientos veintisiete pesos con noventa y seis centavos moneda legal colombiana ($29.298.327,96).

Esta suma se incrementará diariamente en cincuenta y tres mil setecientos sesenta pesos moneda legal colombiana ($53.760) hasta un plazo máximo de tres meses contado a partir de la ejecutoria de este laudo o hasta la fecha de la puesta en funcionamiento del centro mecanizado MC 100, si ello ocurriere antes del plazo máximo de tres meses fijado.

Respecto del torno EMCO, la suma de tres millones setenta y un mil setecientos diecinueve pesos con cincuenta y dos centavos moneda legal colombiana ($3.071.719,52).

6. No acceder a la pretensión de incumplimiento propuesta por la parte convocante respecto de la entrega y tradición del lote ubicado en el municipio de Cajicá, en los términos consignados en el numeral 5.3.5 de esta providencia.

7. Abstenerse de condenar en costas a las partes.

8. Ordenar la devolución a las partes de los costos de funcionamiento de este Tribunal de Arbitramento, de las sumas no utilizadas de la partida “protocolización, registro y otros”, si a ello hubiere lugar, según la liquidación final de gastos.

9. Disponer la protocolización del expediente en una de las notarías del círculo de Bogotá.

10. Expedir copias auténticas de este laudo con destino a cada una de las partes.

Esta providencia queda notificada en estrados.

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