LEY 1165 DE 2007 

(Octubre 9)

“Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de cooperación para la prevención, control y represión del lavado de activos derivados de cualquier actividad ilícita entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República del Perú”, hecho en Bogotá, D.C., el veinte (20) de febrero de dos mil cuatro (2004)”.

El Congreso de Colombia,

Visto el texto del “Acuerdo de cooperación para la prevención, control y represión del lavado de activos derivados de cualquier actividad ilícita entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República del Perú”, hecho en Bogotá, D.C., el veinte (20) de febrero de dos mil cuatro (2004), que a la letra dice:

(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia del texto íntegro del instrumento internacional mencionado).

Acuerdo de cooperación para la prevención, control y represión del lavado de activos derivados de cualquier actividad ilícita entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República del Perú.

El Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República del Perú, en adelante denominados las partes,

CONSCIENTES de que el lavado de activos es una conducta delictiva que por sus características ha adquirido un alcance internacional que requiere la cooperación de los Estados para hacerle frente de manera eficaz;

QUE la naturaleza transnacional de esta actividad exige la adopción de acciones conjuntas de los Estados con el fin de erradicarla;

RECONOCIENDO que una forma efectiva para combatir la criminalidad organizada, consiste en privarla de los rendimientos económicos obtenidos por sus actividades delictivas;

CONVENCIDOS de la necesidad de fortalecer la cooperación mutua para combatir el lavado de activos derivado de cualquier conducta ilícita;

TENIENDO en cuenta, entre otros instrumentos de lucha contra la delincuencia organizada transnacional, las recomendaciones contenidas en la “Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas”, suscrita el 20 de diciembre de 1988.

EN OBSERVANCIA de las normas y principios del derecho internacional, y de las normas constitucionales de cada una de las partes,

HAN ACORDADO LO SIGUIENTE:

ART. I.—Definiciones. A los fines del presente acuerdo, se entiende por:

1. “Información sobre transacciones”: La información o los registros que lleva una institución financiera, así como los informes que esta elabore sobre transacciones de fondos en efectivo que excedan la cantidad establecida por la autoridad competente de cada parte.

2. “Información financiera”: La información que esté en poder de las partes sobre transacciones financieras, comerciales, bursátiles y demás transacciones, personas naturales y jurídicas, y grupos de personas y empresas, que pudieran considerarse relacionadas con el lavado de activos, conforme a la legislación vigente de las partes.

3. “Institución financiera”: En la República del Perú comprende las empresas del sistema financiero y del sistema de seguros, los almacenes generales de depósito, las empresas de transferencias de fondos, las empresas administradoras privadas de fondos de pensiones, las sociedades agentes de bolsa, las sociedades intermediarias de valores, la bolsa de valores, la bolsa de productos, entre otras personas naturales y jurídicas señaladas, y cualquier otra entidad que por la naturaleza de sus operaciones actúe como tal, según la legislación vigente.

En la República de Colombia comprende a los establecimientos de crédito -bancos, corporaciones financieras, compañías de financiamiento comercial, sociedades de servicios financieros, sociedades de capitalización, organismos cooperativos de grado superior de carácter financiero y cualquier otra entidad que por la naturaleza de sus operaciones actúe como tal, según la legislación vigente.

Para los fines de este acuerdo, a los actores del mercado público de valores tales como las bolsas, comisionistas de bolsa, comisionistas independientes de valores, administradores de fondos de inversión, administradoras de depósitos centralizados de valores, calificadoras de valores; así como a las casas de intermediación en la venta de divisas o casas de cambio, a las cooperativas de ahorro y crédito, casinos, casas de juego y azar, personas que se dedican a actividades de comercio exterior, entidades aseguradoras e intermediarios de seguros y reaseguros, se les aplicará las medidas del presente acuerdo, así como las demás que las partes determinen de común acuerdo mediante canje de notas diplomáticas.

4. “Actividad ilícita”: Toda actividad definida de manera inequívoca por la ley de las partes como generadora de una sanción penal o administrativa o sujeta a una consecuencia accesoria del delito y, para el caso colombiano, también de una consecuencia jurídica que conlleve la extinción de dominio.

5. “Bienes”: Todo activo de cualquier tipo, corporal o incorporal, mueble o inmueble, tangible o intangible, y los documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos activos.

6. “Producto del delito”: Todo bien derivado u obtenido directa o indirectamente de la comisión de un delito o el equivalente de tales bienes.

7. “Decomiso”: La privación con carácter definitivo de algún bien por decisión firme de un tribunal o de otra autoridad competente. Para el caso peruano, se entiende que dicho bien es efecto, ganancia o instrumento de un delito.

8. “Medidas provisionales” o “embargo, secuestro preventivo o incautación de bienes”: Prohibición temporal de transferir, convertir, enajenar o movilizar bienes o la custodia o control temporales de bienes, por mandamiento expedido por una autoridad competente.

ART. II.—Alcance del acuerdo. Las partes se comprometen a establecer un mecanismo de cooperación y asistencia mutua para los siguientes fines:

1. Prevenir, controlar y reprimir el lavado de activos a través de las actividades realizadas por las instituciones financieras, definidas en el artículo I numeral 30 del presente acuerdo.

2. Prevenir, controlar y reprimir el lavado de activos realizado a través de la inversión, comercialización internacional de bienes, servicios o transferencia de tecnología.

3. Prevenir, controlar y reprimir el lavado de activos a través de la movilización física de capitales, desde o hacia el territorio de una de las partes.

4. Las partes se prestarán la más amplia cooperación técnica, tal como intercambio de experiencias, capacitación sobre los métodos y mecanismos más efectivos para prevenir, detectar, controlar, investigar y sancionar los actos de lavado de activos.

ART. III.—Medidas preventivas y de control para el sector financiero, bursátil y otros obligados.

1. Las partes asegurarán que las instituciones financieras sujetas a sus leyes nacionales, conserven y reporten la información pertinente a cada transacción sometida a control y en especial cualquier transacción sospechosa realizada por alguno de sus clientes.

2. Las partes alentarán a que las instituciones financieras, de acuerdo con su ordenamiento interno, establezcan mecanismos de conocimiento del cliente y de su actividad económica, así como el volumen, frecuencia y características de sus transacciones financieras.

3. Las partes podrán considerar el establecimiento de redes de información financiera, cuyo objetivo será colaborar con las autoridades encargadas de la investigación de las operaciones de lavado de activos.

4. Las partes se prestarán la más amplia cooperación técnica, tal como intercambio de experiencias, capacitación sobre los métodos y mecanismos más efectivos para prevenir, detectar, controlar, investigar y sancionar los actos de lavado de activos.

ART. IV.—Medidas para la prevención y control de la comercialización internacional de bienes, servicios y transferencia de tecnología.

1. Las partes adoptarán las medidas pertinentes para que las personas naturales y jurídicas cooperen con las autoridades, tanto nacionales como extranjeras, para la prevención del lavado a través de la inversión, comercialización internacional de bienes, servicios y transferencia de tecnología, desde o hacia el territorio de una de las partes.

2. Las partes ejercerán especial control sobre las actividades de los productores y comercializadores de aquellos bienes, servicios y transferencia de tecnología, que puedan ser utilizados para lavar bienes o activos de origen ilícito, desde o hacia el territorio de una de las partes.

3. Las partes establecerán los controles necesarios para asegurar que las personas o empresas exportadoras o importadoras de bienes, servicios y transferencia de tecnología desde o hacia el territorio de una de ellas, adopten mecanismos adecuados para conocer a sus clientes, así como para impedir que estos realicen los pagos con dineros de origen ilícito.

4. Las partes adoptarán las medidas pertinentes para que las empresas y personas importadoras o exportadoras de bienes, servicios y transferencia de tecnología desde o hacia el territorio de una de las partes, reporten de forma inmediata a las autoridades competentes de las partes, cualquier información que pueda conducir a sospechar que se están usando estas actividades para el lavado de activos.

5. Las partes se prestarán la más amplia cooperación técnica sobre los métodos y mecanismos más efectivos para prevenir, detectar, controlar, investigar y sancionar los actos de lavado de activos realizados mediante la comercialización internacional de bienes, servicios y transferencia de tecnología.

ART. V.—Medidas de prevención y control para la movilización física de capitales.

1. Las partes adoptarán las medidas necesarias para realizar controles a la movilización de moneda en efectivo, cheques de viajeros, órdenes de pago y demás medios que puedan ser utilizados para transferir recursos del territorio de una parte al territorio de la otra.

2. Los controles a que se refiere el presente artículo podrán consistir en constancias documentales que reflejen el movimiento de las especies descritas en el numeral 1º del presente artículo, cuando su valor exceda a los montos establecidos por la autoridad competente de cada una de las partes, incluyendo la fecha, el monto, el puerto o punto de entrada y el nombre y la identificación de la persona o personas que efectúen la respectiva operación.

3. Las partes se prestarán la más amplia cooperación técnica sobre los métodos y mecanismos más efectivos para prevenir, detectar, controlar, investigar y sancionar los actos del lavado de activos provenientes del movimiento físico de capitales.

ART. VI.—Autoridades centrales.

1. Cada una de las partes designará, dentro de los noventa (90) días siguientes a la firma del presente acuerdo, sus autoridades centrales encargadas de presentar y recibir las solicitudes de asistencia materia de este acuerdo.

2. Las autoridades centrales se comunicarán directamente entre ellas y remitirán las solicitudes a sus autoridades competentes.

3. Una vez designadas las autoridades centrales, las partes, podrán comunicarse por la vía diplomática la modificación de dicha designación.

ART. VII.—Intercambio de información.

1. De conformidad con los términos del presente acuerdo, las partes a través de las autoridades centrales se facilitarán asistencia para el intercambio ágil y seguro, de información financiera, cambiaria, comercial y de otros sectores de la economía, a fin de detectar y realizar el seguimiento de presuntas operaciones de lavado.

2. Para tal efecto, se establecerá comunicación directa entre las autoridades centrales de cada Estado parte, a fin de obtener y suministrar dicha información de conformidad con su legislación interna.

3. Las partes cooperarán para obtener, ampliar y analizar información financiera que esté en su poder referente a las transacciones financieras sospechosas de estar relacionadas con el lavado de activos.

ART. VIII.—Cooperación y asistencia judicial mutua.

1. De conformidad con los términos del presente acuerdo, las partes se prestarán asistencia mutua en el intercambio de pruebas o elementos materiales probatorios y la realización de actuaciones judiciales que puedan utilizarse en las respectivas investigaciones, indagaciones preliminares, procesos o enjuiciamientos por el delito de lavado de activos. Dicha asistencia comprenderá entre otras:

a) Localización e identificación de personas y bienes o sus equivalentes, y elementos que puedan servir de prueba;

b) Notificación de actos judiciales;

c) Remisión de documentos e informaciones;

d) Ejecución de registros domiciliarios e inspecciones judiciales;

e) Recepción de testimonios y ejecución de peritajes;

f) Citación y traslado voluntario de personas en calidad de testigos o peritos;

g) Embargo, incautación, decomiso de bienes o extinción de dominio y otras medidas cautelares o definitivas sobre bienes;

h) Cualquier otra forma de asistencia, siempre que la legislación de la parte requerida lo permita.

2. La solicitud de asistencia judicial deberá formularse por escrito y deberá contener:

a) Nombre de la autoridad competente que tiene a su cargo la investigación o el procedimiento judicial;

b) Propósito de la solicitud y descripción de la asistencia solicitada;

c) Un breve resumen del asunto que se investiga o enjuicia, adjuntándose el texto de las disposiciones legales pertinentes;

d) Detalle y fundamento de cualquier procedimiento especial que la parte requirente desee que se practique;

e) Término dentro del cual la parte requirente desea que la solicitud sea cumplida;

f) Si fuere del caso, la identidad, nacionalidad, residencia o domicilio de la persona que deberá ser citada o notificada, si se conoce, y la relación que dicha persona guarda con la investigación o proceso;

g) Si fuere del caso, la identidad, nacionalidad, residencia o domicilio de la persona que sea citada para la ejecución de pruebas, si se conoce;

h) La información disponible relativa a las transacciones que constituyen el objeto de la solicitud de asistencia, entre ellas, si se conoce, el número de la cuenta, monto, movimiento y balance promedio de la misma, el nombre del titular, el nombre y la ubicación de la institución financiera participante en la transacción y la fecha en la cual esta tuvo lugar.

3. La comparecencia de personas en calidad de testigos o peritos se regirá por lo dispuesto en el artículo 10 del Convenio sobre asistencia judicial en materia penal, suscrito entre las partes, en Lima, el 12 de julio de 1994.

4. En caso de urgencia y si la legislación de la parte requerida lo permite, la solicitud de asistencia podrá hacerse vía facsímil, télex u otro medio equivalente, debiendo remitirse el original dentro del plazo de quince (15) días.

5. La asistencia se prestará aún cuando el hecho por el cual se procede en la parte requirente no sea considerado como delito de lavado de activos por la ley de la parte requerida.

No obstante, para la ejecución de las inspecciones judiciales, requisas, registros y medidas cautelares o definitivas sobre bienes, la asistencia se prestará solamente si la legislación de la parte requerida prevé como delito de lavado de activos el hecho por el cual se procede en la parte requirente.

6. La autoridad central de la parte requerida, podrá aplazar el cumplimiento o condicionar una solicitud de asistencia judicial si considera que obstaculiza alguna investigación o procedimiento judicial en curso en dicho Estado.

7. La parte requerida podrá negar la solicitud de asistencia judicial cuando sea contraria a su ordenamiento jurídico, obstaculice una actuación o proceso penal en curso o cuando afecte el orden público, la soberanía, la seguridad nacional o los intereses públicos fundamentales de este. Dicha negativa deberá informarse al Estado requirente mediante escrito motivado.

8. La parte requirente no podrá utilizar para ningún fin distinto al declarado en la solicitud de asistencia, pruebas o información obtenidas como resultado de la misma, salvo que medie consentimiento o autorización de la parte requerida.

9. Los gastos que ocasione la ejecución de una solicitud de asistencia serán sufragados por la parte requerida, salvo que las partes acuerden otra cosa. Cuando se requieran a este fin gastos cuantiosos o de carácter extraordinario, estos serán asumidos por la parte requirente.

10. Sin menoscabo del derecho interno, las autoridades centrales podrán, sin que medie solicitud previa, transmitir cualquier tipo de información o asistencia objeto de este acuerdo, a la autoridad central de la otra parte.

11. Este artículo se aplicará de manera coordinada con otros Acuerdos que puedan tener las partes sobre la materia.

ART. IX.—Reserva.

1. Las partes no podrán invocar el secreto bancario, tributario y bursátil para negarse a prestar la asistencia judicial recíproca con arreglo al presente acuerdo.

2. Las partes se comprometen a no utilizar las informaciones protegidas por el secreto bancario, la reserva tributaria o bursátil, obtenidas en virtud de este acuerdo, para ningún fin distinto al contenido en la solicitud de asistencia.

ART. X.—Medidas provisionales sobre bienes.

1. La autoridad competente de una parte, por conducto de las autoridades centrales, podrá solicitar la identificación y/o la adopción de medidas provisionales sobre bienes instrumento o producto de un delito, que se encuentren ubicados en el territorio de la otra parte.

Cuando se trate de la identificación del producto del delito, la parte requerida informará acerca del resultado de la búsqueda.

2. Una vez identificado el producto del delito, o cuando se trate del instrumento del delito, a solicitud de la parte requirente, la parte requerida, en la medida en que su legislación interna lo permita, adoptará las medidas provisionales correspondientes sobre tales bienes.

3. Un requerimiento efectuado en virtud del numeral anterior deberá incluir:

a) Una copia de la medida provisional;

b) Un resumen de los hechos del caso, incluyendo una descripción del delito o actividad ilícita, dónde y cuándo se cometió, y una referencia a las disposiciones legales pertinentes.

c) Descripción de los bienes respecto de los cuales se pretende efectuar la medida provisional y su valor comercial y la relación de estos con la persona contra la que se inició.

d) Una estimación de la suma a la que se pretende aplicar la medida provisional y de los fundamentos del cálculo de la misma.

ART. XI.—Medidas definitivas sobre bienes. Las partes, de conformidad con su legislación interna, podrán prestarse cooperación en el cumplimiento de medidas definitivas sobre bienes vinculados a la comisión de una actividad ilícita en cualquiera de las partes.

Las partes en la medida que su ordenamiento jurídico lo permita, y en los términos que lo consideren adecuados, podrán compartir bienes decomisados o sujetos a extinción de dominio, o el producto de su venta.

ART. XII.—Protección de derechos de terceros. Lo dispuesto en el presente acuerdo no podrá interpretarse en perjuicio de los derechos de terceros de buena fe de conformidad con la normatividad de cada parte.

ART. XIII.—Legalización de documentos y certificados. Los documentos provenientes de una de las partes, que deban ser presentados en el territorio de la otra parte, que se tramiten por intermedio de las autoridades centrales, no requerirán de legalización o cualquier otra formalidad análoga.

ART. XIV.—Relación con otros convenios y acuerdos. El presente acuerdo no afectará los derechos y compromisos derivados de acuerdos y convenios internacionales bilaterales o multilaterales vigentes entre las partes.

ART. XV.—Solución de controversias, denuncia y entrada en vigor.

1. Cualquier duda que surja de una solicitud será resuelta por consulta entre las autoridades centrales.

Cualquier controversia que pueda surgir sobre la interpretación o aplicación del presente acuerdo será resuelta por las partes por vía diplomática y por los medios de solución de controversias establecidos en el derecho internacional.

2. Este acuerdo podrá ser denunciado por cualquiera de las partes mediante notificación a la otra por vía diplomática. Su vigencia cesará a los seis (6) meses de la fecha de recepción de tal notificación. Las solicitudes de asistencia realizadas dentro de este término, serán atendidas por la parte requerida.

3. El presente acuerdo entrará en vigor a los treinta (30) días contados a partir de la fecha de recepción de la última nota diplomática en la que las partes se comuniquen el cumplimiento de los procedimientos exigidos por sus respectivos ordenamientos constitucionales.

EN FE DE LO CUAL, los abajo firmantes, debidamente autorizados por sus respectivos gobiernos suscriben el presente acuerdo.

Hecho en Bogotá, D.C., República de Colombia a los veinte (20) días del mes de febrero de 2004, en dos ejemplares en idioma español, ambos textos igualmente válidos y auténticos.

Por el Gobierno de la República de Colombia,

Carolina Barco,

Ministra de Relaciones Exteriores.

Por el Gobierno de la República del Perú,

Manuel Rodríguez Cuadros,

Ministro de Relaciones Exteriores.

Rama Ejecutiva del Poder Público

Presidencia de la República 

Bogotá, D.C., 10 de agosto de 2005

Aprobado. Sométase a la consideración del honorable Congreso Nacional para los efectos constitucionales.

(Fdo.) Álvaro Uribe Vélez

El Viceministro de Relaciones Exteriores, encargado de las funciones del despacho de la señora Ministra de Relaciones Exteriores,

(Fdo.) Camilo Reyes Rodríguez.

DECRETA:

ART. 1º—Apruébase el “Acuerdo de cooperación para la prevención, control y represión del lavado de activos derivados de cualquier actividad ilícita entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República del Perú”, hecho en Bogotá, D.C., el veinte (20) de febrero de dos mil cuatro (2004).

ART. 2º—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª de 1944, el “Acuerdo de cooperación para la prevención, control y represión del lavado de activos derivados de cualquier actividad ilícita entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República del Perú”, hecho en Bogotá, D.C., el veinte (20) de febrero de dos mil cuatro (2004), que por el artículo 1º de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.

ART. 3º—La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.

Dada en Bogotá, D.C., a los…

Presentado al honorable Congreso de la República por el Ministro del Interior y de Justicia y por la Ministra de Relaciones Exteriores.

El Ministro del Interior y de Justicia,

Sabas Pretelt de la Vega.

La Ministra de Relaciones Exteriores,

Carolina Barco Isakson.

Rama Ejecutiva del Poder Público

Presidencia de la República 

Bogotá, D.C., 10 de agosto de 2005

Aprobado. Sométase a la consideración del honorable Congreso Nacional para los efectos constitucionales.

(Fdo.) Álvaro Uribe Vélez

El Viceministro de Relaciones Exteriores, encargado de las funciones del despacho de la señora Ministra de Relaciones Exteriores,

(Fdo.) Camilo Reyes Rodríguez.

DECRETA:

ART. 1º—Apruébase el “Acuerdo de Cooperación para la Prevención, Control y Represión del Lavado de Activos derivados de cualquier actividad ilícita entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República del Perú”, hecho en Bogotá, D.C., el veinte (20) de febrero de dos mil cuatro (2004).

ART. 2º—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª de 1944, el “Acuerdo de cooperación para la prevención, control y represión del lavado de activos derivados de cualquier actividad ilícita entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República del Perú”, hecho en Bogotá, D.C., el veinte (20) de febrero de dos mil cuatro (2004), que por el artículo 1º de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.

ART. 3º—La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.

La Presidenta del honorable Senado de la República,

Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda.

El Secretario General del honorable Senado de la República,

Emilio Ramón Otero Dajud.

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

Óscar Arboleda Palacio.

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

Angelino Lizcano Rivera.

República de Colombia - Gobierno Nacional

Comuníquese y cúmplase.

Ejecútese, previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al artículo 241-10 de la Constitución Política.

Dada en Bogotá, D.C., a 9 de octubre de 2007.

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