LEY 1342 DE 2009 

(Julio 31)

“Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República de Colombia sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones”, hecho y firmado en Lima, el 11 de diciembre de 2007”.

El Congreso de la República,

Visto el texto del “Acuerdo entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República de Colombia sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones”, hecho y firmado en Lima, el 11 de diciembre de 2007, Que a la letra dice:

(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia de los textos íntegros de los instrumentos internacionales mencionados).

Acuerdo entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República de Colombia sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones

Las Repúblicas de Perú y Colombia, en adelante denominadas las “partes”,

Reconociendo que la promoción y protección de las inversiones de inversionistas de una parte en el territorio de la otra parte, contribuirán a estimular una actividad empresarial que sea mutuamente favorable, así como desarrollar la cooperación económica entre las partes, y a promover el desarrollo sostenible,

Reconociendo la capacidad regulatoria de los Estados,

Han acordado lo siguiente:

SECCIÓN A

Obligaciones sustantivas

Artículo 1º. Ámbito de aplicación y cobertura (1) .

1. Este acuerdo se aplicará a las medidas que adopte o mantenga una parte relativas a:

a) Los inversionistas de la otra parte;

b) Inversiones cubiertas, y

En lo relativo a los artículos 6º (requisitos de desempeño) y 9º (medidas sobre salud, seguridad y medioambientales), a todas las inversiones en el territorio de la parte.

2. Las obligaciones de una parte bajo esta sección se aplicarán a una empresa estatal u otra persona cuando esta ejerza cualquier autoridad regulatoria, administrativa u otra autoridad gubernamental que le hubiera sido delegada por esa parte, tales como la autoridad de expropiar, otorgar licencias, aprobar transacciones comerciales o imponer cuotas, tasas u otros cargos.

3. Para mayor certeza, las disposiciones de este acuerdo no obligan a una parte en relación con cualquier acto o hecho que tuvo lugar, o cualquier situación que cesó de existir, antes de la fecha de entrada en vigor de este acuerdo para esa parte.

4. Nada en este acuerdo se interpretará en el sentido de imponer una obligación a una parte para privatizar cualquier inversión que posee o controla, o para impedir a una parte designar un monopolio, siempre que, si una parte adopta o mantiene una medida para privatizar tal inversión o una medida para designar un monopolio, este acuerdo se aplicará a dicha medida.

5. Nada de lo contenido en este acuerdo obligará a cualquier parte; a proteger inversiones realizadas con capital o activos derivados de actividades ilegales, y no se interpretará en el sentido de impedir a una parte adoptar o mantener medidas destinadas a preservar el orden público, al cumplimiento de sus deberes para mantener o restaurar la paz y seguridad internacional o la protección de sus propios intereses de seguridad esencial.

6. El requerimiento de una parte de que un proveedor de servicios de la otra parte constituya una fianza u otra forma de garantía financiera como condición para proveer un servicio transfronterizo, no hace, en sí mismo, que este acuerdo sea aplicable a las medidas adoptadas o mantenidas por la parte respecto al suministro transfronterizo del servicio. Este acuerdo se aplica a las medidas adoptadas o mantenidas por la parte respecto a la fianza o garantía financiera, en la medida en que dicha fianza o garantía financiera constituya una inversión cubierta.

Artículo 2º. Trato nacional.

1. Cada parte concederá a los inversionistas de la otra parte un trato no menos favorable que el que conceda, en circunstancias similares, a sus propios inversionistas en lo referente al establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción, operación y venta u otra disposición de las inversiones en su territorio.

2. Cada parte concederá a las inversiones cubiertas un trato no menos favorable que el que conceda, en circunstancias similares, a las inversiones de sus propios inversionistas en lo referente al establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción, operación y venta u otra disposición de las inversiones en su territorio.

Artículo 3º. Trato de Nación más favorecida.

1. Cada parte concederá a los inversionistas de la otra parte un trato no menos favorable que el que conceda, en circunstancias similares, a los inversionistas de un país que no sea parte en lo referente al establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción, operación y venta u otra forma de disposición de inversiones en su territorio.

2. Cada parte concederá a las inversiones cubiertas un trato no menos favorable que el que conceda, en circunstancias similares, a las inversiones de los inversionistas de un país que no sea parte en lo referente al establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción, operación y venta u otra forma de disposición de inversiones en su territorio.

3. Para mayor certeza, el trato con respecto al establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción, operación y venta u otra forma de disposición de inversiones, referido en los párrafos 1 y 2, no comprende los mecanismos de solución de controversias, como los mencionados en las secciones B (solución de controversias inversionista-Estado) y C (solución de controversias Estado-Estado), que se establecen en los tratados internacionales o acuerdos comerciales.

Artículo 4º. Nivel mínimo de trato (2) .

1. Cada parte concederá a las inversiones cubiertas un trato acorde con el derecho internacional consuetudinario, incluido el trato justo y equitativo, así como protección y seguridad plenas.

2. Para mayor certeza, el párrafo 1 prescribe que el nivel mínimo de trato a los extranjeros, según el derecho internacional consuetudinario, es el nivel mínimo de trato que pueda ser proporcionado a las inversiones cubiertas. Los conceptos de “trato justo y equitativo” y “protección y seguridad plenas” no requieren un trato adicional o más allá del requerido por ese estándar y no crean derechos adicionales significativos. La obligación en el párrafo 1 de proveer:

a) “Trato justo y equitativo” incluye la obligación de no denegar justicia en procedimientos penales, civiles o contencioso administrativos, de acuerdo con el principio del debido proceso incorporado en los principales sistemas legales del mundo, y

b) “Protección y seguridad plenas” exige a cada parte proveer el nivel de protección policial que es exigido por el derecho internacional consuetudinario.

3. La determinación de que se ha violado otra disposición de este acuerdo o de otro acuerdo internacional separado, no establece que se haya violado este artículo.

Artículo 5º. Altos ejecutivos, juntas directivas y entrada temporal.

1. Ninguna parte puede exigir que una empresa de esa parte, que sea una inversión cubierta, designe a personas naturales de una nacionalidad en particular para ocupar puestos de alta dirección.

2. Una parte puede exigir que la mayoría de los miembros de las juntas directivas o cualquier comité de los mismos, de una empresa de esa parte que sea una inversión cubierta, sean de una nacionalidad en particular o residentes en el territorio de la parte, siempre que el requisito no menoscabe significativamente la capacidad del inversionista para ejercer el control sobre su inversión.

3. Sujeto a sus leyes, reglamentos y políticas relativas a la entrada de extranjeros, cada parte otorgará autorización de entrada temporal a los nacionales de la otra parte, que sean:

a) Inversionistas, o

b) empleados por un inversionista de la otra parte, que busquen prestar servicios a una inversión de ese inversionista en el territorio de la parte, en cargos de gerencia o ejecutivos o que requieran conocimientos especializados.

Artículo 6º. Requisitos de desempeño.

1. Ninguna parte podrá, en relación con el establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción, operación, venta u otra disposición de una inversión de un inversionista de una parte o de un país que no sea parte en su territorio, imponer ni hacer cumplir cualquier requisito o hacer cumplir cualquier obligación o compromiso (3) :

a) De exportar un determinado nivel o porcentaje de mercancías o servicios;

b) De alcanzar un determinado grado o porcentaje de contenido nacional;

c) De comprar, utilizar u otorgar preferencia a las mercancías producidas en su territorio, o comprar mercancías de personas en su territorio;

d) De relacionar en cualquier forma el volumen o valor de las importaciones con el volumen o valor de las exportaciones, o con el monto de las entradas de divisas asociadas con dicha inversión;

e) De restringir las ventas en su territorio de las mercancías o los servicios que tal inversión produce o presta, relacionando de cualquier manera dichas ventas al volumen o valor de sus exportaciones o a las ganancias que generen en divisas;

f) De transferir una tecnología particular, un proceso productivo u otro conocimiento de su propiedad a una persona en su territorio, salvo cuando el requisito es impuesto o el compromiso u obligación es exigido por un tribunal judicial, una autoridad administrativa u otra autoridad competente, ya sea para subsanar una supuesta violación de las leyes de libre competencia o para actuar de forma que no se esté en contravención con otras disposiciones de este acuerdo, o

g) De proveer exclusivamente del territorio de una parte las mercancías que produce la inversión o los servicios que presta para un mercado específico regional o al mercado mundial.

2. Una medida que requiera que una inversión utilice una tecnología para cumplir con regulaciones generales aplicables a la salud, seguridad o medio ambiente, no se considerará incompatible con el párrafo 1 f).

3. El párrafo 1 f) no se aplica cuando una parte autoriza el uso de un derecho de propiedad intelectual de conformidad con el artículo 31 (4) del ADPIC o a medidas que requieran la divulgación de información de propiedad que caen dentro del ámbito de aplicación de, y son compatibles con, el artículo 39 del ADPIC.

4. Para mayor certeza, nada en el párrafo 1 deberá interpretarse en el sentido de impedir a una parte, con relación al establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción, operación o venta u otra disposición de una inversión cubierta o una inversión de un inversionista de un país que no sea parte, en su territorio, que imponga o haga cumplir un requerimiento o haga cumplir una obligación o compromiso de capacitar trabajadores en su territorio.

5. Ninguna parte puede condicionar la recepción de una ventaja o que se continúe recibiendo una ventaja, en relación con el establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción, operación, venta u otra disposición de una inversión en su territorio por parte de un inversionista de una parte o de un país que no sea parte, al cumplimiento de cualquiera de los siguientes requisitos:

a) Alcanzar un determinado grado o porcentaje de contenido nacional;

b) Comprar, utilizar u otorgar preferencias a mercancías producidas en su territorio o a comprar mercancías de personas en su territorio;

c) Relacionar, en cualquier forma, el volumen o valor de las importaciones con el volumen o valor de las exportaciones, o con el monto de las entradas de divisas asociadas con dicha inversión, o

d) Restringir las ventas en su territorio de las mercancías o los servicios que tal inversión produce o presta, relacionando de cualquier manera dichas ventas al volumen o valor de sus exportaciones o a ganancias que generen en divisas.

6. Nada de lo dispuesto en el párrafo 5 se interpretará como impedimento para que una parte condicione la recepción de una ventaja o que se continúe recibiendo una ventaja en relación con una inversión en su territorio por parte de un inversionista de una parte o de un país que no sea parte, al cumplimiento de un requisito de que ubique la producción, preste servicios, capacite o emplee trabajadores, construya o amplíe instalaciones particulares o lleve a cabo investigación y desarrollo, en su territorio.

7. Los párrafos 1 y 5 no se aplicarán a ningún otro requisito distinto al compromiso, obligación o requisitos señalados en esos párrafos.

8. Las disposiciones de los:

a) Párrafos (1 a), b) y c), y 5 a) y b) no se aplicarán a los requisitos para calificación de las mercancías o los servicios con respecto a programas de promoción a las exportaciones y programas de ayuda externa;

b) Párrafos (5 a) y b) no se aplicarán a los requisitos impuestos por una parte importadora con respecto al contenido de las mercancías necesario para calificar para aranceles o cuotas preferenciales.

9. Siempre que dichas medidas no se apliquen de manera arbitraria o injustificada y a condición que esas medidas no constituyan una restricción encubierta al comercio o inversión internacional, nada de lo dispuesto en los párrafos 1 b), c) y f) y 2 a) y b) se interpretará en el sentido de impedir a una parte adoptar o mantener medidas, incluidas las de naturaleza ambiental:

i) Necesarias para asegurar el cumplimiento de leyes y regulaciones que no sean incompatibles con las disposiciones de este acuerdo;

ii) Necesarias para proteger la vida o salud humana, animal o vegetal, o

iii) Relacionadas con la preservación de recursos naturales no renovables vivos o no.

10. Los párrafos 1 b), c), f) y g), y 2 a) y b) no se aplican a la contratación pública.

11. Este artículo no impide hacer cumplir cualquier compromiso, obligación o requisito entre entes privados, cuando una parte no impuso o requirió el compromiso, obligación o requisito.

Artículo 7º. Medidas disconformes (5) .

1. Los artículos 2º (trato nacional), 3º (trato de Nación más favorecida), 5º (altos ejecutivos, juntas directivas y entrada temporal) y 6º (requisitos de desempeño) no se aplicarán a:

a) Cualquier medida disconforme existente o mantenida por una parte en:

i) El nivel nacional de gobierno, según lo estipulado por esa parte en su lista del anexo I, o

ii) Un nivel local de gobierno (6) ;

b) La continuación o pronta renovación de cualquier medida disconforme a que se refiere el subpárrafo a), o

c) La modificación de cualquier medida disconforme a que se refiere el subpárrafo a) siempre que dicha modificación no disminuya el grado de conformidad de la medida, tal y como estaba en vigor inmediatamente antes de la modificación, con los artículos 2º (trato nacional), 3º (trato de Nación más favorecida), 5º (altos ejecutivos, juntas directivas y entrada temporal) y 6º (requisitos de desempeño).

2. Los artículos 2º (trato nacional), 3º (trato de Nación más favorecida), 5º (altos ejecutivos, juntas directivas y entrada temporal) y 6º (requisitos de desempeño) no se aplicarán a cualquier medida que una parte adopte o mantenga, en relación con los sectores, subsectores o actividades, tal como se indica en su lista del anexo II.

3. Con respecto a los derechos de propiedad intelectual, una parte puede apartarse de los artículos 2º (trato nacional) y 3º (trato de Nación más favorecida) de manera que sea compatible con el Acuerdo OMC.

4. Ninguna de las partes puede exigir, de conformidad con cualquier medida adoptada después de la fecha de entrada en vigor de este acuerdo y comprendida en su lista del anexo II, a un inversionista de la otra parte, por razón de su nacionalidad, que venda o disponga de alguna otra manera una inversión existente al momento en que la medida cobre vigencia.

5. Las disposiciones de los artículos 2º (trato nacional), 3º (trato de Nación más favorecida) y 5º (altos ejecutivos, juntas directivas y entrada temporal) no se aplicarán a subsidios o donaciones otorgados por una parte, incluyendo los préstamos, garantías y seguros respaldados por el gobierno, o contratación pública.

6. Nada en este acuerdo será interpretado en el sentido de evitar que una parte, incluyendo a sus entidades públicas, provea o conduzca de manera exclusiva en su territorio actividades o servicios que forman parte de un plan público de jubilación o sistema de seguridad social establecido por ley. El anexo B establece el entendimiento de las partes respecto a ciertas actividades o servicios previstos en este párrafo.

7. Las medidas disconformes listadas relativas a asuntos financieros se refieren únicamente a inversión en servicios financieros. Para mayor certeza, este acuerdo en nada limita la capacidad de cada parte de adoptar o mantener medidas respecto a la prestación de los servicios financieros bajo los modos de suministro detallados en los subpárrafos 2 a), b) y d) del artículo 1º del AGCS.

Artículo 8º. Excepciones generales.

1. Sujeto al requisito de que las siguientes medidas no se apliquen de una manera en que constituyan una discriminación arbitraria o injustificable entre las inversiones o entre los inversionistas, o una restricción encubierta al comercio internacional o a la inversión, nada en el presente acuerdo se interpretará como una forma de evitar que una parte adopte o haga cumplir las medidas necesarias:

a) Para proteger la vida o salud de los seres humanos, los animales o las plantas;

b) Para garantizar el cumplimiento de las leyes y normas que no sean incompatibles con las disposiciones del presente acuerdo, o

c) Para conservar los recursos naturales vivos y no vivos no renovables.

2. Nada en el presente acuerdo se interpretará como una forma de evitar que una parte adopte o mantenga medidas razonables por motivos prudenciales, tales como:

a) La protección de los inversionistas, ahorristas, depositantes, participantes en el mercado financiero, asegurados, solicitantes o tenedores de póliza, o personas a quienes una institución financiera les adeude una obligación fiduciaria;

b) El mantenimiento de la seguridad, solidez, solvencia, integridad o responsabilidad financiera de las instituciones financieras, y

c) Garantizar la integridad y estabilidad del sistema financiero de una parte.

3. Nada en el presente acuerdo se aplicará a las medidas no discriminatorias de aplicación general adoptadas por cualquier entidad pública en busca de establecer políticas monetarias y crediticias o políticas de tipo de cambio. El presente párrafo no afectará las obligaciones de una parte en virtud del artículo 6º (requisitos de desempeño) o artículo 12 (transferencias), sin perjuicio del anexo D (transferencias).

4. Nada en el presente acuerdo se interpretará como una forma de:

a) Exigir a las partes facilitar o permitir el acceso a cualquier información cuya divulgación sea contraria a sus intereses esenciales de seguridad;

b) Evitar que las partes adopten medidas que consideren necesarias para proteger sus intereses esenciales de seguridad:

i) Relativas al tráfico de armas, municiones e implementos de guerra y al tráfico y transacciones de otros bienes, materiales, servicios y tecnología realizados directa o indirectamente con el fin de ser suministrados a un establecimiento militar o de seguridad;

ii) Expedidas en tiempo de guerra u otra emergencia en relaciones internacionales, o

iii) Relativas a la implementación de políticas nacionales o acuerdos internacionales sobre la no proliferación de armas nucleares u otros dispositivos nucleares explosivos, o

c) Evitar que las partes tomen medidas en cumplimiento con sus obligaciones en virtud de la Carta de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales.

5. Nada en el presente acuerdo se interpretará como una forma de exigir a una parte facilitar o permitir el acceso a información cuya divulgación obstaculizaría la aplicación de la ley o sería contraria a la ley de la parte que protege la información confidencial, la intimidad personal o la confidencialidad de los asuntos financieros y cuentas de los clientes individuales de las instituciones financieras.

6. Toda medida adoptada por una parte de conformidad con una decisión adoptada, ampliada o modificada por la Organización Mundial del Comercio de conformidad con los artículos IX.3 o IX.4 del Acuerdo OMC también será considerada conforme con el presente acuerdo. Un inversionista que afirma actuar de conformidad con la sección B (solución de controversias inversionista-Estado) del presente acuerdo no puede sostener que dicha medida conforme contraviene el presente acuerdo.

7. Si una parte experimenta graves dificultades en su balanza de pagos y financieras externas o la amenaza de estas, o corre el riesgo de experimentarlos, podrá adoptar o mantener medidas restrictivas respecto de los pagos y movimientos de capital, incluidos los relacionados con la inversión.

8. Las partes procurarán evitar la aplicación de las medidas restrictivas a las que se refiere el párrafo 7.

9. Las medidas restrictivas adoptadas o mantenidas en virtud del presente artículo deberán ser no discriminatorias y de duración limitada y no deberán ir más allá de lo que sea necesario para remediar la situación de la balanza de pagos y financiera externa. Deberán ser conformes a las condiciones establecidas en los acuerdos de la OMC y coherente con los artículos del acuerdo o convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional, según proceda.

10. La parte que mantenga o haya adoptado medidas restrictivas, o cualquier modificación de estas, informará a la otra parte sin demora y presentará, cuando ello fuera posible, un calendario para su eliminación.

11. La parte que aplique medidas restrictivas iniciará consultas sin demora en el marco de la comisión constituida conforme al artículo 37 (comisión).

En esas consultas se evaluarán la situación de balanza de pagos de esa parte y las restricciones adoptadas o mantenidas en virtud del párrafo 7, teniendo en cuenta, entre otros, factores tales como:

a) La naturaleza y el alcance de las dificultades financieras externas y de balanza de pagos;

b) El entorno económico y comercial exterior de la parte objeto de las consultas;

c) Otras posibles medidas correctoras de las que pueda hacerse uso.

12. En las consultas se examinará la conformidad de cualquier medida restrictiva con los párrafos 9 y 10. Se aceptarán todas las constataciones de hecho en materia de estadística o de otro orden que presente el Fondo Monetario Internacional sobre cuestiones de cambio, de reservas monetarias y de balanza de pagos y las conclusiones se basarán en la evaluación hecha por el fondo de la situación financiera externa y de balanza de pagos de la parte objeto de las consultas.

Artículo 9º. Medidas sobre salud, seguridad y medioambientales.

1. Las partes reconocen que no es adecuado fomentar la inversión mediante la relajación de las medidas sobre salud, seguridad o medioambientales nacionales. En consecuencia, una parte no deberá dejar de aplicar o flexibilizar, o no deberá ofrecer dejar de aplicar o flexibilizar dichas medidas como una forma de incentivar el establecimiento, adquisición, expansión o conservación en su territorio de una inversión de un inversionista. Si una parte considera que la otra parte ha ofrecido dicha forma de incentivo, esta puede solicitar la realización de consultas con la otra parte, de conformidad con el artículo 35 (consultas).

2. Nada en este acuerdo se interpretará en el sentido de impedir que una parte adopte, mantenga o haga cumplir cualquier medida por lo demás compatible con este acuerdo, que considere apropiada para asegurar que las inversiones en su territorio se efectúen tomando en cuenta inquietudes en materia ambiental.

Artículo 10. Tratamiento en caso de contienda.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7.5 (medidas disconformes), cada Parte concederá a los inversionistas de la otra parte y a las inversiones cubiertas, trato no discriminatorio respecto de cualquier medida que adopte o mantenga en relación con pérdidas sufridas por inversiones en su territorio como resultado de conflictos armados o contiendas civiles.

2. El párrafo 1 no se aplicará a las medidas existentes relacionadas con subsidios o donaciones que pudieran ser incompatibles con lo dispuesto en el artículo 2º (trato nacional), a excepción del artículo 7.5 (medidas disconformes).

Artículo 11. Expropiación e indemnización (7) .

1. Ninguna de las partes nacionalizará o expropiará una inversión cubierta, sea directa o indirectamente, mediante medidas equivalentes a la expropiación o nacionalización (“expropiación”), salvo:

• En el caso de Colombia, por propósito público o interés social.

• En el caso de Perú, por necesidad pública o seguridad nacional.

De conformidad con el debido proceso y el artículo 4º (nivel mínimo de trato), de una manera no discriminatoria y mediante el pago de una indemnización pronta, adecuada y efectiva.

2. La indemnización será pagada sin demora y será completamente liquidable y libremente transferible. Dicha indemnización será equivalente; al valor justo de mercado de la inversión expropiada inmediatamente antes de que la expropiación se haya llevado a cabo (“fecha de expropiación”), y no reflejará ningún cambio en el valor debido a que la intención de expropiar se conoció con antelación.

3. Si el valor justo de mercado es denominado en una moneda de libre uso, la indemnización referida en el párrafo 1 no será menor que el valor justo de mercado en la fecha de expropiación, más intereses a una tasa comercialmente razonable para esa moneda, acumulada desde la fecha de la expropiación hasta la fecha de pago.

4. Si el valor justo de mercado se denomina en una moneda que no es de libre uso, la indemnización a que se refiere el párrafo 1 —convertida a la moneda de pago, al tipo de cambio del mercado vigente en la fecha de pago— no será menor que:

a) El valor justo de mercado en la fecha de expropiación, convertido a una moneda de libre uso, al tipo de cambio de mercado vigente en esa fecha, más

b) Intereses a una tasa comercialmente razonable para esa moneda de libre uso, acumulados desde la fecha de la expropiación hasta la fecha de pago.

5. El inversionista afectado tendrá derecho, en virtud de la ley de la parte que ejecuta la expropiación, a una pronta revisión de su caso por una autoridad judicial u otra autoridad independiente de dicha parte, y de la valoración de su inversión de conformidad con los principios dispuestos en este artículo.

6. Las disposiciones de este artículo no se aplicarán a la expedición de licencias obligatorias otorgadas con relación a derechos de propiedad intelectual, o a la revocación, limitación o creación de derechos de propiedad intelectual en la medida que dicha expedición, revocación, limitación o creación sea compatible con el Acuerdo ADPIC.

Artículo 12. Transferencias (8) .

1. Cada parte permitirá que todas las transferencias relacionadas con una inversión cubierta se hagan libremente, y sin demora, dentro y hacia su territorio. Dichas transferencias incluyen:

a) Aportes de capital;

b) Ganancias, dividendos, intereses, ganancias de capital, pagos por regalía, gastos de administración, asistencia técnica y otros cargos, rendimientos en especie y otros montos derivados de la inversión;

c) Productos derivados de la venta o liquidación total o parcial de la inversión cubierta;

d) Pagos realizados conforme a un contrato celebrado por el inversionista, o la inversión cubierta, incluyendo un convenio de préstamo;

e) Pagos realizados conforme al párrafo 1 de los artículos 10 (tratamiento en caso de contienda) y 11 (expropiación e indemnización), y

f) Pagos que surjan de la aplicación de la sección B (solución de controversias inversionista-Estado).

2. Cada parte permitirá que las transferencias relacionadas con una inversión cubierta se realicen en moneda de libre uso al tipo de cambio vigente en el mercado en la fecha de la transferencia.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, una parte puede evitar una transferencia mediante la aplicación equitativa, no discriminatoria y de buena fe de sus leyes relativas a:

a) Quiebra, insolvencia o protección de los derechos de los acreedores;

b) Emisión, comercio u operaciones de valores, futuros, opciones o derivados;

c) Infracciones penales;

d) Reportes financieros o mantenimiento de registros de transferencias cuando sea necesario para colaborar con el cumplimiento de la ley o con las autoridades financieras regulatorias, y

e) Garantizar el cumplimiento de sentencias o laudos dictados en procedimientos judiciales o administrativos.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, una parte puede impedir o limitar las transferencias efectuadas por una institución financiera a, o en beneficio de, un afiliado o una persona relacionada con dicha institución, mediante la aplicación equitativa, no discriminatoria y de buena fe de las medidas relativas al mantenimiento de la seguridad, solidez, integridad o responsabilidad financiera de las instituciones financieras.

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1, una parte puede limitar las transferencias en especie en circunstancias en las que se podría limitar las transferencias en virtud del Acuerdo OMC y como figura en el párrafo 3.

Artículo 13. Medidas tributarias.

1. Salvo donde se haga referencia expresa, nada en el presente acuerdo se aplicará a medidas tributarias. Para mayor certeza, nada en el presente acuerdo afectará los derechos y obligaciones de las partes en virtud de cualquier convenio tributario. En caso de cualquier incompatibilidad entre las disposiciones de este acuerdo y cualquier convenio tributario, las disposiciones de dicho convenio se aplicarán en la medida de la incompatibilidad.

2. Nada en este acuerdo se interpretará como una forma de exigir a una parte facilitar o permitir el acceso a información cuya revelación sea contraria a la ley de la parte que protege la información relativa a los asuntos tributarios de un contribuyente.

3. El artículo 11 (expropiación e indemnización) y el artículo 20 (sometimiento de una reclamación a arbitraje) se aplicarán a una medida tributaria supuestamente expropiatoria.

Artículo 14. Denegación de beneficios.

Sujeto al artículo 15.3 (transparencia), una parte podrá denegar los beneficios de este acuerdo a:

a) Un inversionista de la otra parte que sea una empresa de esa otra parte y a las inversiones de dicho inversionista si una persona de un país que no sea parte es propietario o controla la empresa y esta última no tiene actividades comerciales sustanciales en el territorio de la otra parte, o

b) Un inversionista de la otra parte que sea una empresa de esa otra parte y a las inversiones de dicho inversionista si la empresa no tiene actividades comerciales sustanciales en el territorio de cualquier parte, distinta de la parte que deniega, y una persona de la parte que deniega es propietario o controla la empresa.

Artículo 15. Transparencia.

1. Cada parte, en la medida de lo posible, garantizará que sus leyes, regulaciones, procedimientos y resoluciones administrativas de aplicación general relativos a cualquier asunto cubierto por este acuerdo sean publicados inmediatamente o, de otra forma, puestos a disposición de manera tal que se permita que las personas interesadas y la otra parte tengan conocimiento de los mismos.

2. En la medida de lo posible, cada parte:

a) Prepublicará cualquier medida que proponga adoptar, y

b) Brindará a las personas interesadas y a la otra parte una oportunidad razonable para comentar sobre las medidas propuestas.

3. A solicitud de una parte, se intercambiará información sobre las medidas de la otra parte que puedan tener un impacto sobre las inversiones cubiertas.

Artículo 16. Formalidades especiales y requisitos de información.

1. Nada de lo dispuesto en el artículo 2º (trato nacional) se interpretará en el sentido de impedir a una parte adoptar o mantener una medida que prescriba formalidades especiales conexas a una inversión cubierta, tales como un requerimiento que los inversionistas sean residentes de la parte o que las inversiones cubiertas se constituyan conforme a la legislación o regulación de la parte, siempre que dichas formalidades no menoscaben significativamente la protección otorgada por una parte a inversionistas de la otra parte y a las inversiones cubiertas de conformidad con este acuerdo.

2. No obstante lo dispuesto en los artículos 2º (trato nacional) y 3º (trato de Nación más favorecida), una parte puede exigir de un inversionista de la otra parte o de su inversión cubierta que proporcione información referente a esa inversión, exclusivamente con fines informativos o estadísticos. La parte protegerá la información que sea confidencial de cualquier divulgación que pudiera afectar negativamente la situación competitiva del inversionista o de la inversión cubierta. Nada de lo dispuesto en este párrafo se interpretará como un impedimento para que una parte obtenga o divulgue información referente a la aplicación equitativa y de buena fe de su legislación.

Artículo 17. Implementación.

1. Las partes se consultarán anualmente, o de otra forma que acuerden, para revisar la implementación de este acuerdo y considerar asuntos de interés mutuo, incluyendo el desarrollo de procedimientos que puedan contribuir a una mayor transparencia de las medidas referidas en el artículo 7.1(c) (medidas disconformes).

SECCIÓN B

Solución de controversias inversionista-Estado

Artículo 18. Limitación de reclamaciones respecto de instituciones financieras.

Respecto de:

a) Instituciones financieras de una parte, y

b) Inversionistas de una parte, y las inversiones de tales inversionistas, en instituciones financieras en el territorio de la otra parte,

Esta sección solo aplica respecto de reclamaciones de la otra parte por violaciones de obligaciones de los artículos 11 (expropiación e indemnización), 12 (transferencias) o 14 (denegación de beneficios).

Artículo 19. Consultas y negociación.

1. En caso de una controversia relativa a una inversión, las partes contendientes deben primero tratar de solucionar la controversia mediante consultas y negociación, lo que puede incluir el empleo de procedimientos de carácter no vinculante de terceras partes. El procedimiento de consultas y negociación se iniciará con el requerimiento enviado a la dirección designada en el anexo F (entrega de documentos a una parte bajo la sección B). Tal requerimiento se enviará al demandado antes de la Notificación de Intención, referida en el artículo 20.4 (sometimiento de una reclamación a arbitraje), y deberá incluir la información señalada en el artículo 20.4 a), b) y c) (sometimiento de una reclamación a arbitraje).

2. Las consultas se llevarán a cabo durante un plazo mínimo de seis (6) meses y podrán incluir encuentros presenciales en la capital del demandado.

Artículo 20. Sometimiento de una reclamación a arbitraje.

1. Tratándose de actos administrativos, para someter una reclamación al arbitraje previsto en este artículo o ante un tribunal judicial o administrativo local, será indispensable agotar previamente la vía administrativa cuando la legislación de la parte así lo exija. Dicho agotamiento en ningún caso podrá exceder un plazo de seis (6) meses desde la fecha de su iniciación por el inversionista y no deberá impedir que el inversionista solicite las consultas referidas en el artículo 19 (consultas y negociación).

2. En caso de que una parte contendiente considere que no puede resolverse una controversia relativa a una inversión mediante consultas y negociación:

a) El demandante, por cuenta propia, puede someter a arbitraje una reclamación en la que se alegue:

i) Que el demandado ha violado una obligación de conformidad con la sección A (obligaciones sustantivas), y

ii) Que el demandante ha sufrido pérdidas o daños en virtud de dicha violación o como resultado de esta;

b) El demandante, en representación de una empresa del demandado que sea una persona jurídica propiedad del demandante o que esté bajo su control directo o indirecto, puede, de conformidad con esta sección, someter a arbitraje una reclamación en la que alegue:

i) Que el demandado ha violado una obligación de conformidad con la sección A (obligaciones sustantivas), y

ii) Que la empresa ha sufrido pérdidas o daños en virtud de dicha violación o como resultado de esta.

3. Solo la violación de una obligación señalada en la sección A (obligaciones sustantivas) puede ser sometida a una reclamación a arbitraje bajo esta sección. Un inversionista no podrá someter a arbitraje bajo esta sección una reclamación acerca de la violación de la otra parte de las obligaciones señaladas en los artículos 5.3 (altos ejecutivos, juntas directivas y entrada temporal), 9º (medidas sobre salud, seguridad y medioambientales), 15 (transparencia) y 17 (implementación).

4. Por lo menos seis (6) meses antes de que se someta una reclamación a arbitraje de conformidad con esta sección, el demandante entregará al demandado una notificación escrita de su intención de someter la reclamación a arbitraje (“notificación de intención”). En la notificación se especificará:

a) El nombre y la dirección del demandante y, en el caso de que la reclamación se someta en representación de una empresa, el nombre, dirección y lugar de constitución de la empresa;

b) Por cada reclamación, la disposición de la sección A (obligaciones sustantivas) que se alega haber sido violado y cualquier otra disposición aplicable;

c) Las cuestiones de hecho y de derecho en que se funda cada reclamación, incluyendo las medidas en cuestión, y

d) La reparación que se solicita y el monto aproximado de los daños reclamados.

5. El demandante también debe entregar, junto con su notificación de intención, evidencia que establezca que es un inversionista de la otra parte.

6. Siempre que hayan transcurrido por los menos seis (6) meses desde que tuvieron lugar los hechos que dan lugar a la reclamación, y siempre que el demandante haya cumplido con las condiciones señaladas en el artículo 22 (condiciones y limitaciones al consentimiento de cada parte), el demandante puede someter la reclamación a la que se refiere el párrafo 2:

a) De conformidad con el Convenio del Ciadi y las reglas de procedimiento para procedimientos arbitrales del Ciadi, siempre que tanto el demandado como la parte del demandante sean partes del Convenio del Ciadi;

b) De conformidad con las reglas del mecanismo complementario del Ciadi, siempre que el demandado o la parte del demandante sean parte del Convenio del Ciadi;

c) De conformidad con las reglas de arbitraje de la CNUDMI, o

d) Si las partes contendientes lo acuerdan, ante una institución de arbitraje ad hoc o ante cualquier otra institución de arbitraje o bajo cualesquiera otras reglas de arbitraje.

7. Una reclamación se considerará sometida a arbitraje conforme a esta sección, cuando la notificación o la solicitud de arbitraje (“notificación de arbitraje”) del demandante:

a) A que se refiere el párrafo 1 del artículo 36 del Convenio del Ciadi, sea recibida por el secretario general;

b) A que se refiere el artículo 2º del anexo C de las reglas del mecanismo complementario del Ciadi, sea recibida por el secretario general;

c) A que se refiere el artículo 3º de las reglas de arbitraje de la CNUDMI, conjuntamente con el escrito de demanda a que se refiere el artículo 18 de las reglas de arbitraje de la CNUDMI, sea recibida por el demandado, o

d) A que se refiera cualquier otra institución de arbitraje o bajo cualesquiera reglas de arbitraje seleccionadas bajo el párrafo 6 (d), sea recibida por el demandado.

8. Las reglas de arbitraje aplicables de conformidad con el párrafo 6, y que estén vigentes en la fecha del reclamo o reclamos que hayan sido sometidos a arbitraje conforme a esta sección, regirán el arbitraje salvo en la medida en que sea modificado o complementado por este acuerdo.

9. La responsabilidad entre las partes contendientes por la asunción de gastos, incluida, cuando proceda, la condena en costas de conformidad con el artículo 25.12 (realización del arbitraje), derivados de su participación en el arbitraje deberá ser establecida:

a) Por la institución arbitral ante la cual se ha sometido la reclamación a arbitraje, de acuerdo con sus reglas de procedimiento, o

b) De acuerdo con las reglas de procedimiento acordadas por las partes contendientes, cuando sea aplicable.

10. La comisión creada conforme al artículo 37 (comisión) podrá tener el poder de hacer sus propias reglas complementando las reglas aplicables al arbitraje y podrá enmendar cualquier regla de su propia creación. Tales reglas podrán ser vinculantes para un tribunal establecido bajo esta sección, y para árbitros individuales que sirvan en tales tribunales.

11. El demandante entregará junto con la notificación de arbitraje referida en el párrafo 7:

a) El nombre del árbitro designado por el demandante, o

b) El consentimiento escrito del demandante para que el secretario general nombre tal árbitro.

Artículo 21. Consentimiento de cada parte a arbitraje.

1. Cada parte consiente en someter una reclamación a arbitraje, con arreglo a esta Sección y de conformidad con este acuerdo.

2. El consentimiento a que se refiere el párrafo 1 y el sometimiento de la reclamación a arbitraje con arreglo a esta sección cumplirá con los requisitos señalados en:

a) El capítulo II del Convenio del Ciadi (jurisdicción del centro) y las reglas del mecanismo complementario del Ciadi, que exigen el consentimiento por escrito de las partes de la controversia;

b) El artículo II de la Convención de Nueva York, que exige un “acuerdo por escrito”, y

c) El artículo I de la Convención Interamericana, que requiere un “acuerdo”.

Artículo 22. Condiciones y limitaciones al consentimiento de cada parte.

1. Ninguna reclamación puede someterse a arbitraje conforme a esta sección, si han transcurrido más de treinta y nueve (39) meses a partir de la fecha en que el demandante tuvo o debió haber tenido conocimiento de la violación alegada conforme a lo establecido en el artículo 20.2 (sometimiento de una reclamación a arbitraje) y conocimiento de que el demandante, por las reclamaciones entabladas en virtud del artículo 20.2 (a) (sometimiento de una reclamación a arbitraje), o la empresa, por las reclamaciones entabladas en virtud del artículo 20.2 b) (sometimiento de una reclamación a arbitraje), sufrió pérdidas o daños.

2. Ninguna reclamación puede someterse a arbitraje conforme a esta sección a menos que:

a) El demandante consienta por escrito someterse a arbitraje, de conformidad con los procedimientos previstos en este acuerdo, y

b) La notificación de arbitraje señalada en el artículo 20.7 (sometimiento de una reclamación a arbitraje) esté acompañada:

i) Para reclamaciones sometidas a arbitraje bajo el artículo 20.2 a) (sometimiento de una reclamación a arbitraje), de la renuncia por escrito del demandante; y, cuando la reclamación se haga por la pérdida o daño de una participación de una empresa de la otra parte que es una persona jurídica que el inversionista posee o controla directa o indirectamente, de la renuncia por escrito del demandante y la renuncia por escrito de la empresa,

ii) Para las reclamaciones sometidas a arbitraje en virtud del artículo 20.2 b) (sometimiento de una reclamación a arbitraje), de las renuncias por escrito del demandante y de la empresa, de cualquier derecho a iniciar ante cualquier tribunal judicial o administrativo conforme a la ley de cualquier parte, u otros procedimientos de solución de controversias, cualquier actuación respecto de cualquier medida que se alegue haber constituido una violación a las que se refiere el artículo 20 (sometimiento de una reclamación a arbitraje).

3. En el caso de una reclamación relativa a una medida tributaria de conformidad con el artículo 13.3 (medidas tributarias), ningún inversionista podrá invocar el artículo 11 (expropiación e indemnización) como fundamento de una reclamación cuando se haya determinado de conformidad con este párrafo que la medida no constituye una expropiación. Un inversionista que pretenda invocar el artículo 11 (expropiación e indemnización) con respecto a una medida tributaria, deberá primero someter el asunto a las autoridades competentes de las partes (9) al momento de entregar la notificación de intención conforme al artículo 20 (sometimiento de una reclamación a arbitraje), para que dichas autoridades determinen si la medida tributaria constituye una expropiación. Las autoridades de las dos partes deberán, en la medida de lo posible, consultarse. Si, dentro de los seis (6) meses posteriores al sometimiento del asunto a las autoridades competentes de las partes, ellas no alcanzan un acuerdo en cuanto a que la medida no constituye, una expropiación, el inversionista podrá proseguir el procedimiento de conformidad con el artículo 20 (sometimiento de una reclamación a arbitraje).

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2 (b), el demandante, por reclamaciones iniciadas bajo el artículo 20.2 a) (sometimiento de una reclamación a arbitraje), y el demandante o la empresa, por reclamaciones iniciadas bajo el artículo 20.2 b) (sometimiento de una reclamación a arbitraje), pueden iniciar o continuar una medida cautelar, que no involucre el pago de daños monetarios, ante un tribunal judicial o administrativo del demandado, siempre que tal medida se interponga con el único propósito de preservar los derechos e intereses del demandante o de la empresa mientras continúe la tramitación del arbitraje (10) .

5. El consentimiento y la renuncia requerida en el presente artículo se deberá hacer en el formato provisto en el anexo E (formatos estándar de renuncia y consentimiento conforme al artículo 22), deberá ser entregada al demandado y deberá estar contenida en la notificación de arbitraje.

6. La renuncia de una empresa establecida en el párrafo 2 b)(i) o 2 b)(ii) no será requerida únicamente cuando se alegue que el demandado privó al demandante del control de la empresa.

7. Ninguna reclamación podrá someterse a arbitraje bajo el artículo 20.2 a) (sometimiento de una reclamación a arbitraje) o 20.2 b) (sometimiento de una reclamación a arbitraje) si el demandante ha sometido previamente la misma violación que se alega ante un tribunal administrativo o judicial del demandado, o a cualquier otro procedimiento de solución de controversias vinculante.

8. Para mayor certeza, si el demandante elige someter una reclamación descrita bajo esta sección a un tribunal administrativo o judicial del demandado o a cualquier otro mecanismo de solución de controversias de carácter vinculante, esa elección será definitiva y el demandante no podrá someter la misma reclamación bajo esta sección.

9. El incumplimiento de cualquiera de las condiciones previas descritas en los párrafos 1 al 8, anulará el consentimiento dado por las partes en el artículo 21 (consentimiento de cada parte a arbitraje).

Artículo 23. Procedimiento respecto de medidas prudenciales.

1. Cuando un inversionista presenta una reclamación a arbitraje en virtud de esta sección y la parte contendiente invoca como defensa el artículo 8.2 u 8.3 (excepciones generales) o 12.4 (transferencias) y el anexo D (transferencias), el tribunal establecido de conformidad con el artículo 20.2 a) (sometimiento de una reclamación a arbitraje) o artículo 20.2 b) (sometimiento de una reclamación a arbitraje) pedirá, a solicitud de dicha parte, un informe escrito de las partes acerca del asunto de si las disposiciones indicadas son una defensa válida para la reclamación del inversionista y en qué medida. El tribunal no podrá proceder hasta recibir el informe referido en este párrafo, salvo según lo establecido en el párrafo 3.

2. De conformidad con la solicitud recibida conforme al párrafo 1, las partes procederán de conformidad con la sección C (solución de controversias Estado-Estado) a elaborar un informe escrito, ya sea sobre la base del acuerdo tras las consultas, o por medio de un panel arbitral. Las consultas se efectuarán entre las autoridades de los servicios financieros de las partes. El informe será entregado al tribunal y será de carácter vinculante para el tribunal.

3. Cuando, en un plazo de setenta (70) días de haberlo solicitado, el tribunal no ha recibido el informe y ninguna de las partes ha requerido la conformación de un panel de conformidad con el artículo 34.2 (controversias entre las partes), el tribunal puede proceder a resolver el asunto.

Artículo 24. Selección de árbitros.

1. A menos que las partes contendientes convengan otra cosa, el tribunal estará integrado por tres árbitros, un árbitro designado por cada una de las partes contendientes y el tercero, que será el presidente, será designado por acuerdo de las partes contendientes.

2. El secretario general servirá como autoridad nominadora para los árbitros en los procedimientos de arbitraje de conformidad con esta sección.

3. Los árbitros deberán:

a) Tener experiencia o experticia en derecho internacional público, reglas internacionales de inversión, o en la solución de disputas derivadas de acuerdos internacionales de inversión;

b) No depender de alguna de las partes ni del demandante, ni estar vinculado o recibir instrucciones de ninguno de ellos;

c) Cumplir con cualquier código de conducta para la solución de diferencias según lo acordado por la comisión.

4. Cuando un tribunal diferente al establecido bajo el artículo 31 (acumulación de procedimientos) no se integre en un plazo de noventa (90) días a partir de la fecha en que la reclamación se someta a arbitraje de conformidad con esta sección, el secretario general, a petición de cualquiera de las partes contendientes, designará, previa consulta a las mismas, al árbitro o árbitros que aún no hayan sido designados. A menos que previamente se acuerde lo contrario, el presidente del tribunal no deberá ser un nacional de ninguna de las partes.

5. Para los propósitos del artículo 39 del Convenio del Ciadi y del artículo 7º de la parte C de las reglas del mecanismo complementario del Ciadi, y sin perjuicio de objetar a un árbitro por motivos que no sean de nacionalidad:

a) El demandado acepta la designación de cada uno de los miembros del tribunal establecido de conformidad con el Convenio del Ciadi o con las reglas del mecanismo complementario del Ciadi;

b) El demandante a que se refiere el artículo 20.2 a) (sometimiento de una reclamación a arbitraje) podrá someter a arbitraje una reclamación conforme a esta sección, o continuar una reclamación de conformidad con el Convenio del Ciadi o a las reglas del mecanismo complementario del Ciadi, únicamente a condición de que el demandante manifieste su consentimiento por escrito sobre la designación de cada uno de los miembros del tribunal, y

c) El demandante a que se refiere el artículo 20.2. b) (sometimiento de una reclamación a arbitraje) podrá someter una reclamación a arbitraje conforme a esta sección o continuar una reclamación de conformidad con el Convenio del Ciadi o las reglas del mecanismo complementario del Ciadi, únicamente a condición de que el demandante y la empresa manifiesten su consentimiento por escrito sobre la designación de cada uno de los miembros del tribunal.

6. Las partes contendientes pueden acordar los honorarios de los árbitros. Si las partes contendientes no llegan a un acuerdo en materia de honorarios de los árbitros antes de la constitución del tribunal, se aplicarán los honorarios establecidos por el Ciadi.

7. Cuando un demandante considere que la disputa involucra medidas adoptadas o mantenidas por una parte relacionadas con instituciones financieras de la otra parte, o inversiones de los inversionistas de la otra parte en instituciones financieras, entonces:

a) Cuando las partes contendientes estén de acuerdo, los árbitros deberán, adicionalmente a los criterios establecidos en el párrafo 3, tener experticia o experiencia en legislación de sistema financiero, lo que puede incluir temas de regulación financiera de instituciones, o

b) Cuando las partes contendientes no estén de acuerdo:

i) Cada parte contendiente podrá seleccionar los árbitros que cumplan con las calificaciones dispuestas en el subpárrafo a), y

ii) Si el demandado ha invocado los artículos 8.2 u 8.3 (excepciones generales) o 12.4 (transferencias) y el anexo D (transferencias), el presidente del tribunal será quien reúna las cualidades establecidas en el subpárrafo a).

Artículo 25. Realización del arbitraje.

1. Las partes contendientes pueden convenir en la sede legal donde haya de celebrarse cualquier arbitraje conforme a las reglas arbitrales aplicables de acuerdo con el artículo 20.6 b), c) o d) (sometimiento de una reclamación a arbitraje). A falta de acuerdo entre las partes contendientes, el tribunal determinará dicho lugar de conformidad con las reglas arbitrales aplicables, siempre que el lugar se encuentre en el territorio de un Estado que sea parte de la Convención de Nueva York.

2. Cualquier parte no contendiente (amicus curiae) que desee formular presentaciones escritas ante un tribunal (el “solicitante”) puede solicitar el permiso del tribunal, presentándolas de acuerdo con el anexo G (presentaciones por partes que no están en controversia). El podrá adjuntar la presentación a la solicitud.

3. El solicitante puede remitir la solicitud para el permiso para formular la presentación de una parte no contendiente, junto con la presentación, a todas las partes no contendientes y al tribunal.

4. El tribunal puede establecer la fecha apropiada para que las partes contendientes comenten acerca de la solicitud para el permiso de formular una presentación de una parte no contendiente.

5. Para determinar si se concede el permiso para formular la presentación de una parte no contendiente, el tribunal debe considerar, entre otras cosas, la medida en la cual:

a) la presentación de la parte no contendiente ayudaría al tribunal en la determinación de una cuestión legal o fáctica relacionada al arbitraje al brindar una perspectiva, un conocimiento particular, un entendimiento que sea diferente del de las partes contendientes;

b) La presentación de la parte no contendiente trataría una cuestión dentro del ámbito de la disputa;

c) La parte no contendiente tendría un interés significativo en el arbitraje, y

d) Existiría un interés público en la materia objeto del arbitraje.

6. El tribunal debe asegurar que:

a) Cualquier presentación de una parte no contendiente no interrumpa los procedimientos, y

b) Ninguna parte contendiente sea indebidamente recargada o perjudicada injustamente por tales presentaciones.

7. El tribunal debe decidir si da permiso de formular una presentación de una parte no contendiente. Si el permiso para la presentación de una parte no contendiente es otorgado, el tribunal determinará la fecha apropiada para que las partes contendientes respondan por escrito a la presentación de la parte no contendiente. Para esa fecha, la parte no contendiente podrá observar cualquier problema de interpretación de este acuerdo existente en la presentación de la parte no contendiente.

8. El tribunal que otorgue permiso de formular la presentación de una parte no contendiente no requiere referirse a la presentación en momento alguno del arbitraje, ni la parte no contendiente que formula la presentación está facultada para hacer otras presentaciones en el arbitraje.

9. El acceso a las audiencias y documentos por las partes no contendientes que presentan solicitudes bajo este procedimiento estarán reguladas por las disposiciones contenidas en el artículo 26 (transparencia en los procedimientos arbitrales).

10. Sin perjuicio de la facultad del tribunal para conocer otras objeciones como cuestiones preliminares, tales como una objeción de que la controversia no se encuentra dentro de la competencia del tribunal, un tribunal conocerá y decidirá como una cuestión preliminar cualquier objeción del demandado de que, como cuestión de derecho, la reclamación sometida no es una reclamación respecto de la cual se pueda dictar un laudo favorable para el demandante de acuerdo con el artículo 31 (laudos).

a) Dicha objeción se presentará al tribunal tan pronto como sea posible después de la constitución del tribunal, y en ningún caso más tarde de la fecha que el tribunal fije para que el demandado presente su contestación de la demanda (o en el caso de una modificación de la notificación de arbitraje, referida en el artículo 20.7 (sometimiento de una reclamación a arbitraje), la fecha que el tribunal fije para que el demandado presente su respuesta a la modificación;

b) En el momento en que se reciba una objeción conforme a este párrafo, el tribunal suspenderá cualquier actuación sobre el fondo del litigio, establecerá un cronograma para la consideración de la objeción que será compatible con cualquier cronograma que se haya establecido para la consideración de cualquier otra cuestión preliminar y emitirá una decisión o laudo sobre la objeción, exponiendo los fundamentos de estos.

c) Al decidir acerca de una objeción de conformidad con este párrafo, el tribunal asumirá como ciertos los alegatos de hecho presentados por el demandante con el objeto de respaldar cualquier reclamación que aparezca en la notificación de arbitraje (o cualquier modificación de esta) y, en controversias presentadas de conformidad con las reglas de arbitraje de la CNUDMI, el escrito de demanda a que se refiere el artículo 18 de las reglas de arbitraje de la CNUDMI. El tribunal puede considerar también cualquier otro hecho pertinente que no esté bajo controversia;

d) El demandado no renuncia a formular ninguna objeción con respecto a la competencia o a cualquier argumento de fondo, simplemente porque haya formulado o no una objeción conforme a este párrafo, o haga uso del procedimiento expedito establecido en el párrafo 11.

11. En el caso de que el demandado así lo solicite, dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la fecha de constitución del tribunal, el tribunal decidirá, de una manera expedita, acerca de una objeción de conformidad con el párrafo 10 y cualquier otra objeción en el sentido de que la controversia no se encuentra dentro de la competencia del tribunal. El tribunal suspenderá cualquier actuación sobre el fondo del litigio y emitirá una decisión o laudo sobre dicha objeción, exponiendo el fundamento de estos, a más tardar ciento cincuenta (150) días después de la fecha de la solicitud. Sin embargo, si una parte contendiente solicita una audiencia, el tribunal puede tomar treinta (30) días adicionales para emitir la decisión o laudo. Independientemente de si se ha solicitado una audiencia, el tribunal puede, demostrando un motivó extraordinario, retardar la emisión de su decisión o laudo por un breve plazo adicional, el cual no puede exceder de treinta (30) días.

12. Cuando el tribunal decida acerca de la objeción de un demandado de conformidad con los párrafos 10 u 11, puede, si se justifica, conceder a la parte contendiente vencedora costas y honorarios de abogado razonables en que se haya incurrido al presentar la objeción u oponerse a esta. Al determinar si dicho laudo se justifica, el tribunal considerará si la reclamación del demandante o la objeción del demandado eran frívolas, y concederá a las partes contendientes oportunidad razonable para presentar sus comentarios.

13. El tribunal puede ordenar una medida provisional de protección para preservar los derechos de una parte contendiente, o con el objeto de garantizar el pleno ejercicio de la competencia del tribunal, incluyendo una orden para preservar las pruebas que se encuentren en poder o bajo el control de una parte contendiente o para proteger la competencia del tribunal. El tribunal no puede ordenar el embargo o impedir la aplicación de una medida que se considere una violación mencionada en el artículo 20 (sometimiento de una reclamación a arbitraje).

14. a) En cualquier arbitraje realizado de conformidad con esta sección, a solicitud de cualquiera de las partes contendientes, el tribunal, antes de dictar una decisión o laudo sobre responsabilidad, comunicará su propuesta de decisión o laudo a las partes contendientes y a la parte no contendiente. Dentro del plazo de sesenta (60) días después de comunicada dicha propuesta de decisión o laudo, las partes contendientes pueden presentar comentarios escritos al tribunal en relación con cualquier aspecto de su propuesta de decisión o laudo. El tribunal considerará dichos comentarios y dictará su decisión o laudo a más tardar a los cuarenta y cinco (45) días siguientes de haberse vencido el plazo de sesenta (60) días para presentar comentarios;

b) El subpárrafo a) no se aplicará a ningún arbitraje en el cual una apelación esté disponible en virtud del párrafo 15.

15. Si entre las partes entrara en vigor un tratado multilateral separado en el que se estableciere un órgano de apelación con el propósito de revisar los laudos dictados por tribunales constituidos conforme a acuerdos internacionales de comercio o inversión para conocer controversias de inversión, las partes procurarán alcanzar un acuerdo que haga que tal órgano de apelación revise los laudos dictados de conformidad con el artículo 31 (laudos) en arbitrajes que se hubieren iniciado después de que el acuerdo multilateral entre en vigor entre las partes.

Artículo 26. Transparencia en los procedimientos arbitrales.

1. El demandado entregará a la parte no contendiente una copia de la notificación de intención para someter una reclamación a arbitraje y otros documentos, como la notificación de arbitraje, no más tarde de treinta (30) días luego de la fecha en que dichos documentos fueron entregados al demandado.

2. La parte no contendiente tendrá derecho, por su cuenta, de recibir del demandado una copia de:

a) La evidencia que ha sido presentada al tribunal;

b) Copias de todos los alegatos presentadas en el arbitraje, y

c) El argumento escrito de las partes contendientes.

3. La parte no contendiente tendrá derecho a asistir a cualquier audiencia sostenida bajo esta sección, independientemente de que haga o no entregas a este tribunal.

4. Sujeto a los párrafos 6 y 8, el demandado luego de recibir los siguientes documentos, los entregará con prontitud a la parte no contendiente y los pondrá a disposición del público:

a) La Notificación de Intención mencionada, en el artículo 20.4 (sometimiento de una reclamación a arbitraje) (11) ;

b) La notificación de arbitraje mencionada en el artículo 20.7 (sometimiento de una reclamación a arbitraje);

c) Los alegatos, escritos de demanda y notas explicativas presentados al tribunal por una parte contendiente y cualquier comunicación escrita presentada de conformidad con el artículo 25.2 y 3 (realización del arbitraje) y artículo 30 (acumulación de procedimientos);

d) Las actas o transcripciones de las audiencias del tribunal, cuando estén disponibles, y

e) Las órdenes, laudos y decisiones del tribunal.

5. El tribunal realizará audiencias abiertas al público y determinará, en consulta con las partes contendientes, los arreglos logísticos pertinentes. Sin embargo, cualquier parte contendiente que pretenda usar en una audiencia información confidencial deberá informarlo así al tribunal. El tribunal realizará los arreglos pertinentes para proteger la información de su divulgación.

6. Nada de lo dispuesto en esta sección exige al demandado que ponga a disposición información protegida o que proporcione o permita el acceso a información que pudiese retener de conformidad con el siguiente párrafo.

7. Cualquier información confidencial que sea sometida al tribunal será protegida de divulgación de acuerdo con los siguientes procedimientos:

a) De conformidad al subpárrafo d), ni las partes contendientes ni el tribunal revelarán a ninguna parte no contendiente o al público ninguna información confidencial, cuando la parte contendiente que proporciona la información la designe claramente de esa manera de acuerdo con el subpárrafo (b);

b) Cualquier parte contendiente que reclame que determinada información constituye información confidencial, lo designará claramente al momento de ser presentada al tribunal;

c) Una parte contendiente deberá, en el mismo momento que presenta un documento que contiene información alegada como información confidencial, presentar una versión redactada del documento que no contenga la información. Solo la versión redactada será proporcionada a las partes no contendientes y será pública de acuerdo con el párrafo 1; y

d) El tribunal deberá decidir acerca de cualquier objeción con relación a la designación de información alegada como información confidencial. Si el tribunal determina que dicha información no fue designada apropiadamente, la parte contendiente que presentó la información puede:

i) Retirar todo o parte de la presentación que contiene tal información, o

ii) Convenir en volver a presentar documentos completos y redactados con designaciones corregidas de acuerdo con la determinación del tribunal y con el subpárrafo c). En todo caso, la otra parte contendiente deberá, cuando sea necesario, volver a presentar documentos completos y redactados, los cuales omitan la información retirada de conformidad con el i) por la parte contendiente que presentó primero la información o redesignar la información de forma compatible con la designación realizada de conformidad con el ii) de la parte contendiente que presentó primero la información.

8. Nada de lo dispuesto en esta sección requiere al demandado negarle acceso al público a información que, de acuerdo con su legislación, debe ser divulgada.

Artículo 27. Derecho aplicable.

1. Sujeto al párrafo 2 cuando una reclamación se presenta de conformidad con el artículo 20.2 a) (sometimiento de una reclamación a arbitraje) o con el artículo 20.2 b) (sometimiento de una reclamación a arbitraje), el tribunal decidirá las cuestiones en controversia de conformidad con este acuerdo y con las normas del Derecho Internacional prevalentemente; y, cuando fuera aplicable, la ley nacional de la parte en cuyo territorio se hizo la inversión, incluyendo las reglas relativas al conflicto de normas.

2. Una decisión de la comisión en la que se declare la interpretación de una disposición de este acuerdo, conforme al artículo 37 (comisión), será obligatoria para un tribunal establecido bajo esta sección y toda decisión o laudo emitido por un tribunal deberá ser compatible con esa decisión/interpretación.

Artículo 28. Interpretación de los anexos.

1. Cuando el demandado exponga como defensa que la medida que se alega como violatoria se encuentra dentro del ámbito de aplicación del anexo I o el anexo II, a petición del demandado, el tribunal solicitará a la comisión una interpretación sobre el asunto. Dentro del plazo de los sesenta (60) días siguientes a la entrega de la solicitud, la comisión presentará por escrito al tribunal cualquier decisión en la que se declare su interpretación, conforme al artículo 37 (comisión).

2. De conformidad con el artículo 27.2 (derecho aplicable), la decisión emitida por la comisión, conforme al párrafo 1, será obligatoria para el tribunal y cualquier decisión o laudo emitido por el tribunal deberá ser compatible con esa decisión. Si la comisión no emitiera dicha decisión dentro del plazo de sesenta (60) días, el tribunal decidirá sobre el asunto.

Artículo 29. Informes de expertos.

Sin perjuicio de la designación de otro tipo de expertos cuando lo autoricen las reglas de arbitraje aplicables, el tribunal, a petición de una parte contendiente o, a menos que las partes contendientes no lo acepten, por iniciativa propia, puede designar uno o más expertos para informar por escrito sobre cualquier cuestión de hecho relativa a asuntos ambientales, de salud, seguridad u otros asuntos científicos que haya planteado una parte contendiente en un proceso, de acuerdo con los términos y condiciones que acuerden las partes contendientes.

Artículo 30. Acumulación de procedimientos.

1. En los casos en que se hayan presentado a arbitraje dos o más reclamaciones por separado, conforme al artículo 20.2 (sometimiento de una reclamación a arbitraje), y las reclamaciones planteen en común una cuestión de hecho o de derecho y surjan de los mismos hechos o circunstancias, cualquier parte contendiente puede tratar de obtener una orden de acumulación, de conformidad con el acuerdo de todas las partes contendientes respecto de las cuales se pretende obtener la orden de acumulación o conforme con los términos de los párrafos 2 a 10.

2. La parte contendiente que pretenda obtener una orden de acumulación de conformidad con este artículo, entregará una solicitud, por escrito, al secretario general y a todas las partes contendientes respecto de las cuales se pretende obtener la orden de acumulación y especificará en la solicitud lo siguiente:

a) El nombre y la dirección de todas las partes contendientes respecto de las cuales se pretende obtener la orden de acumulación;

b) La naturaleza de la orden de acumulación solicitada, y

c) El fundamento en que se apoya la solicitud.

3. A menos que el secretario general determine, dentro del plazo de treinta (30) días posteriores a la recepción de una solicitud de conformidad con el párrafo 2, que la misma es manifiestamente infundada, se establecerá un tribunal en virtud de este artículo.

4. A menos que todas las partes contendientes respecto de las cuales se pretende obtener la orden de acumulación convengan otra cosa, el tribunal que se establezca de conformidad con este artículo se integrará por tres árbitros:

a) Un árbitro designado por acuerdo de los demandantes;

b) Un árbitro designado por el demandado, y

c) El árbitro presidente designado por el secretario general, quien no será nacional de ninguna de las partes.

5. Si dentro del plazo de los sesenta (60) días siguientes a la recepción por el secretario general de la solicitud formulada de conformidad con el párrafo 2, el demandado o los demandantes no designan a un árbitro conforme al párrafo 4, el secretario general, a petición de cualquier parte contendiente respecto de las cuales se pretende obtener la orden de acumulación, designará al árbitro o a los árbitros que aún no se hayan designado. Si el demandado no designa a un árbitro, el secretario general designará a un nacional del demandado y, en caso de que los demandantes no designen a un árbitro, el secretario general designará a un nacional de una parte de los demandantes.

6. En el caso de que el tribunal establecido de conformidad con este artículo haya constatado que se hubieren presentado a arbitraje dos o más reclamaciones conforme al artículo 20.2 (sometimiento de una reclamación a arbitraje), que planteen una cuestión común de hecho o de derecho, y que surja de los mismos hechos o circunstancias, el tribunal puede, en interés de alcanzar una resolución justa y eficiente de las reclamaciones y después de oír a las partes contendientes, por orden:

a) Asumir la competencia y conocer y determinar conjuntamente sobre la totalidad o una parte de las reclamaciones;

b) Asumir la competencia y conocer y determinar una o más reclamaciones, cuya determinación considera que contribuiría a la resolución de las demás, o

c) Instruir a un tribunal establecido conforme al artículo 24 (selección de árbitros) a que asuma competencia y conozca y determine conjuntamente, sobre la totalidad o una parte de las reclamaciones, siempre que:

i) Ese tribunal, a solicitud de cualquier demandante que no haya sido anteriormente parte contendiente ante ese tribunal, se reintegre con sus miembros originales, excepto que el árbitro por la parte de los demandantes se designe conforme a los párrafos 4 a) y 5, y

ii) Ese tribunal decida si se ha de repetir cualquier audiencia anterior.

7. En el caso en que se haya establecido un tribunal conforme a este artículo, un demandante que haya presentado una reclamación a arbitraje conforme al artículo 20.2 (sometimiento de una reclamación a arbitraje), y cuyo nombre no aparezca mencionado en una solicitud formulada conforme al párrafo 2, puede formular una solicitud por escrito al tribunal a los efectos de que dicho demandante se incluya en cualquier orden que se dicte conforme al párrafo 6 y especificará en la solicitud:

a) El nombre y dirección del demandante;

b) La naturaleza de la orden solicitada, y

c) Los fundamentos en que se apoya la solicitud.

El demandante entregará una copia de su solicitud al secretario general y a las partes contendientes consignadas en la solicitud conforme al párrafo 2.

8. Un tribunal que se establezca conforme a este artículo dirigirá las actuaciones conforme a lo previsto en las reglas de arbitraje de la CNUDMI, excepto en cuanto sea modificado por esta sección.

9. Un tribunal que se establezca conforme al artículo 24 (selección de árbitros) no tendrá competencia para resolver una reclamación, o parte de una reclamación, respecto de la cual haya asumido competencia un tribunal establecido o instruido de conformidad con este artículo.

10. A solicitud de una parte contendiente, un tribunal establecido de conformidad con este artículo puede, en espera de su decisión conforme al párrafo 6, disponer que los procedimientos de un tribunal establecido de acuerdo al artículo 24 (selección de árbitros) se aplacen, a menos que ese último tribunal ya haya suspendido sus procedimientos.

Artículo 31. Laudos.

1. Cuando un tribunal dicte un laudo definitivo desfavorable al demandado, el Tribunal puede otorgar, por separado o en combinación, únicamente:

a) Daños pecuniarios y los intereses que procedan, y

b) restitución de la propiedad, en cuyo caso el laudo dispondrá que el demandado puede pagar daños pecuniarios, más los intereses que procedan en lugar de la restitución.

El tribunal puede también conceder costas y honorarios de abogado de conformidad con esta sección y con las reglas de arbitraje aplicables.

2. Sujeto al párrafo 1, cuando se presente a arbitraje una reclamación conforme al artículo 20.2 b) (sometimiento de una reclamación a arbitraje):

a) El laudo que prevea la restitución de la propiedad, dispondrá que la restitución se otorgue a la empresa;

b) El laudo que conceda daños pecuniarios e intereses que procedan, dispondrá que la suma de dinero se pague a la empresa, y

c) El laudo dispondrá que el mismo se dicta sin perjuicio de cualquier derecho que cualquier persona tenga sobre la reparación conforme al derecho interno aplicable.

3. Un tribunal no está autorizado para ordenar el pago de daños que tengan carácter punitivo.

4. Para mayor certeza, un tribunal no será competente para pronunciarse sobre la legalidad de la medida respecto de la ley interna.

Artículo 32. Finalidad y ejecución de un laudo.

1. Para mayor certeza, el laudo dictado por un tribunal no tendrá fuerza obligatoria con excepción de las partes contendientes y únicamente respecto del caso concreto.

2. Sujeto al párrafo 3 y al procedimiento de revisión aplicable a un laudo provisional, la parte contendiente acatará y cumplirá el laudo sin demora.

3. La parte contendiente no puede solicitar la ejecución del laudo definitivo hasta que:

a) En el caso de un laudo definitivo dictado de conformidad con el Convenio del Ciadi:

i) Hayan transcurrido ciento veinte (120) días a partir de la fecha en que se dictó el laudo y ninguna parte contendiente haya solicitado la revisión o anulación del mismo, o

ii) Hayan concluido los procedimientos de revisión o anulación, y

b) En el caso de un laudo definitivo dictado de conformidad con las reglas del mecanismo complementario del Ciadi o las reglas de arbitraje de la CNUDMI o las reglas seleccionadas en consecución con el artículo 20.6 d) (sometimiento de una reclamación a arbitraje):

i) Hayan transcurrido noventa (90) días desde la fecha en que se dictó el laudo y ninguna parte contendiente haya iniciado un procedimiento para revisarlo, revocarlo o anularlo, o

ii) Un tribunal haya desechado o admitido una solicitud de revisión, revocación o anulación del laudo y esta resolución no pueda recurrirse.

4. Cada parte dispondrá la debida ejecución de un laudo en su territorio.

5. Cuando el demandado incumpla o no acate un laudo definitivo, a la entrega de una solicitud de la parte no contendiente, se establecerá un panel de conformidad con la sección C (solución de controversias Estado-Estado). La parte solicitante puede solicitar en dichos procedimientos:

a) Una determinación en el sentido de que el incumplimiento o desacato de los términos del laudo definitivo es contrario a las obligaciones de este acuerdo, y

b) Una recomendación en el sentido de que el demandado acate o cumpla el laudo definitivo.

6. Una parte contendiente puede recurrir a la ejecución de un laudo arbitral de conformidad con el Convenio del Ciadi, la Convención de Nueva York o la Convención Interamericana, independientemente de que se hayan iniciado o no los procedimientos contemplados en el párrafo 5.

7. Para los efectos del artículo I de la Convención de Nueva York y del artículo I de la Convención Interamericana, se considerará que la reclamación que se somete a arbitraje conforme a esta sección surge de una relación u operación comercial.

Artículo 33. Entrega de documentos.

La entrega de la notificación y otros documentos a una parte se deberá hacer en el lugar designado por ella en el anexo F (entrega de documentos a una parte bajo la sección B).

SECCIÓN C

Solución de controversias Estado-Estado

Artículo 34. Controversias entre las partes.

1. Cualquiera de las partes puede solicitar realizar consultas sobre la interpretación o aplicación de este acuerdo. La otra parte considerará la solicitud. Toda controversia entre las partes relativa a la interpretación o aplicación de este acuerdo deberá, en lo posible, ser resuelta mediante consultas.

2. Si una controversia no puede ser resuelta mediante consultas, deberá, a solicitud de cualquiera de las partes, ser sometida a un panel arbitral para que este decida.

3. Se constituirá un panel arbitral para cada controversia. En un plazo de dos (2) meses después de recibir a través de los canales diplomáticos la solicitud de arbitraje, cada una de las partes designará a un miembro del tribunal arbitral. Los dos miembros designarán a un nacional de un tercer Estado quien, al ser aprobado por ambas partes, será designado presidente del tribunal arbitral. El presidente deberá ser designado dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de designación de los otros dos miembros del tribunal arbitral.

4. Si dentro de los períodos especificados en el párrafo 3 de este artículo no se han efectuado las designaciones necesarias, cualquiera de las partes podrá invitar al Presidente de la Corte Internacional de Justicia a hacer las designaciones necesarias. Si el presidente de la Corte Internacional de Justicia es nacional de una de las partes o se encuentra impedido para ejercer dicha función, el vicepresidente deberá ser invitado a hacer las designaciones necesarias. Si el vicepresidente es nacional de una parte o se encuentra impedido de ejercer dicha función, el miembro de la Corte Internacional de Justicia que le siga en antigüedad, que no sea nacional de una de las partes, será invitado a hacer las designaciones necesarias.

5. Los árbitros:

a) Deberán tener la experiencia o experticia necesaria en Derecho Internacional Público, reglas de inversión internacional o de comercio internacional, o en la resolución de controversias que surjan en relación a acuerdos internacionales de inversión o a acuerdos de comercio internacional;

b) ser independientes y no estar vinculados con alguna de las partes ni recibir instrucciones de las mismas, y

c) Cumplir con el código de conducta para la solución de controversias, según sea acordado por la comisión.

6. Cuando una parte reclame que una controversia involucra medidas relacionadas con instituciones financieras, o a inversionistas o inversiones de tales inversionistas en instituciones financieras, entonces:

a) Cuando las partes estén de acuerdo, los árbitros, además de los criterios establecidos en el párrafo 5, deberán tener la experiencia o experticia en derecho o práctica de servicios financieros, lo que puede incluir la reglamentación de instituciones financieras, o

b) Cuando las partes no estén de acuerdo:

i) Cada una de las partes en controversia puede seleccionar a los árbitros que cuenten con el perfil de las calificaciones establecidas en el subpárrafo a), y

ii) Si el demandado ha invocado los artículos 8.2 (excepciones generales) o 12.4 (transferencias) y el anexo D (transferencias), el presidente del tribunal será quien reúna las calificaciones establecidas en el subpárrafo a).

7. El panel arbitral determinará su propio procedimiento. El panel arbitral tomará su decisión por mayoría de votos. Tal decisión será obligatoria para ambas partes. A menos que se acuerde de otra manera, la decisión del tribunal arbitral deberá dictarse dentro de los seis (6) meses siguientes a la designación del presidente de acuerdo con los párrafos 3 y 4 de este artículo.

8. Las partes sufragarán en partes iguales los gastos de los árbitros, los que no podrán ser superiores a los derechos, honorarios y cargos del Ciadi vigentes, así como las demás costas del proceso, salvo que estas acuerden otra modalidad. El tribunal arbitral en su decisión, no obstante, podrá ordenar que una proporción mayor de los gastos sea cubierta por una de las dos partes, y esta decisión será obligatoria para ambas partes.

9. Las partes, dentro de los sesenta (60) días a partir de la decisión del panel, deberán llegar a un acuerdo sobre la manera en la cual resolverán su controversia. Tal acuerdo generalmente implementa la decisión del panel. Si las partes no llegaran a acuerdo alguno, la parte que presentará la controversia estará autorizada a la compensación o a suspender beneficios equivalentes al valor de aquellos otorgados por el panel.

SECCIÓN D

Disposiciones finales

Artículo 35. Consultas.

Una de las partes puede solicitar, por escrito, el realizar una consulta a la otra parte en relación con medidas actuales o propuestas o sobre algún otro asunto que considere pueda tener efecto en la aplicación de este acuerdo.

Artículo 36. Observancia de las obligaciones.

Las partes asegurarán que se tomen todas las medidas necesarias con el fin de dar vigencia a las disposiciones de este acuerdo, incluyendo su observancia.

Artículo 37. Comisión.

1. Mediante este acuerdo las partes acuerdan establecer un comisión, que comprenda a representantes:

• Por parte de Colombia, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, o su sucesor, y

• Por parte de Perú, del Ministerio de Economía y Finanzas, o su sucesor.

2. La comisión:

a) Supervisará la implementación de este acuerdo;

b) Resolverá las controversias que puedan surgir con respecto a su interpretación o aplicación;

c) Considerará cualquier otro asunto que pueda tener algún efecto en la aplicación de este acuerdo, y

d) Adoptará un código de conducta para los árbitros.

3. La comisión puede tomar alguna otra acción en el ejercicio de sus funciones según lo acuerden las partes, incluyendo la enmienda del código de conducta para los árbitros.

4. La comisión establecerá sus reglas y procedimientos.

Artículo 38. Enmiendas.

1. Las partes podrán convenir cualquier enmienda a este acuerdo.

2. Cuando así se convenga, y se apruebe según los requisitos constitucionales de cada parte, una enmienda constituirá parte integrante de este acuerdo y entrará en vigor en la fecha en que las partes así lo acuerden.

Artículo 39. Relación con la Comunidad Andina.

Las partes confirman que nada en este acuerdo significará una limitación de los compromisos asumidos por ambas en el marco de la Comunidad Andina. Ante cualquier inconsistencia que surja de lo dispuesto en este acuerdo y los compromisos asumidos por las partes en el marco de la Comunidad Andina, estos últimos prevalecerán siempre y cuando tengan un mayor nivel de liberalización que los pactados en este acuerdo.

Artículo 40. Término del tratado bilateral de inversiones.

1. Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo 2, las partes acuerdan que el “Acuerdo entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República de Colombia sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones” y sus protocolos, en adelante el “APPRI”, suscrito en Lima, con fecha 26 de abril de 1994, terminará su vigencia en la fecha de entrada en vigor del presente acuerdo, así como todos los derechos y obligaciones derivados del APPRI.

2. Toda inversión realizada de conformidad a lo dispuesto en el APPRI, en un periodo anterior a la entrada en vigor del presente acuerdo, se regirá por las normas del presente acuerdo.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2, un inversionista solo podrá someter una reclamación a arbitraje por actos, hechos o situaciones originados durante la vigencia del APPRI, de conformidad con las normas y procedimientos establecidos en su artículo 12, y siempre que no hayan transcurrido más de tres (3) años a partir de la fecha de entrada en vigor del presente acuerdo.

Artículo 41. Aplicación y entrada en vigor.

1. Los anexos y las notas al pie de página del presente acuerdo, para todos los fines, formarán parte integrante del mismo.

2. Cada una de las partes notificará a la otra por escrito la conclusión de los procedimientos requeridos en su territorio para la entrada en vigor de este acuerdo. Este acuerdo entrará en vigor diez (10) días después de la fecha de la última de las dos notificaciones.

3. Este acuerdo permanecerá en vigor a menos que una de las partes notifique a la otra parte por escrito su intención de terminarlo. La terminación de este acuerdo se hará efectiva un (1) año después de que la notificación de terminación haya sido recibida por la otra parte. Respecto de las inversiones cubiertas realizadas con anterioridad a la fecha en la cual la terminación de este acuerdo se haga efectiva, todas las disposiciones de este acuerdo permanecerán en vigor por un período adicional de quince (15) años.

SECCIÓN E

Definiciones

Artículo 42. Definiciones.

Para los propósitos de este acuerdo:

Acuerdo ADPIC, significa el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio parte del Acuerdo OMC.

Acuerdo OMC, significa el Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, de fecha 15 de abril de 1994.

AGCS, significa el acuerdo general sobre el comercio de servicios parte del Acuerdo OMC.

Ciadi, significa el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones.

Comunidad Andina, significa el Acuerdo de Cartagena de fecha 26 de mayo de 1969, por el que se establece la Comunidad Andina.

Convención de Nueva York, significa la Convención de las Naciones Unidas sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras, celebrada en Nueva York el 10 de junio de 1958.

Convención Interamericana, significa la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional, celebrada en Panamá el 30 de enero de 1975.

Convenio del Ciadi, significa el Convenio sobre el arreglo de diferencias relativas a inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, celebrado en Washington el 18 de marzo de 1965.

Convenio tributario, significa un convenio para evitar la doble tributación u otro acuerdo internacional sobre tributación.

Demandado, significa la parte que es parte de una controversia relativa a una inversión.

Demandante, significa el inversionista de una parte que es parte de una controversia relativa a inversiones con la otra parte.

Empresa, significa cualquier entidad constituida u organizada de conformidad con la legislación aplicable, tenga o no fines de lucro, o sea propiedad privada o gubernamental, incluidas las corporaciones, fideicomisos, participaciones, empresas de propietario único, empresas conjuntas, y otras formas de asociación y una sucursal de una empresa.

Empresa de una parte, significa una empresa constituida u organizada de conformidad con la ley de una parte, y una sucursal ubicada en el territorio de una parte y que desempeñe actividades comerciales en ese lugar.

Entidad pública, significa un banco central, una autoridad monetaria de una parte o cualquier institución financiera de propiedad de una parte o controlada por ella.

Información confidencial, significa:

a) Información confidencial de negocio, o

b) Información privilegiada o que de otra manera se encuentre protegida de divulgación, de acuerdo a la legislación de la parte.

Institución financiera, significa cualquier intermediario financiero u otra empresa que está autorizada para hacer negocios y que es regulada o supervisada como una institución financiera de conformidad con la ley de la parte en cuyo territorio está localizada.

Inversión, significa todo activo de propiedad de un inversionista o controlado por el mismo, directa o indirectamente, que tenga las características de una inversión, incluyendo características tales como el compromiso de capitales u otros recursos, la expectativa de obtener ganancias o utilidades, o la asunción de riesgo. Las formas que puede adoptar una inversión incluyen:

a) Una empresa;

b) Acciones, capital y otras formas de participación en el patrimonio de una empresa;

c) Bonos, obligaciones, otros instrumentos de deuda y préstamos (12) :

i) un préstamo otorgado a una institución financiera o un instrumento de deuda emitido por una institución financiera es una inversión solo cuando el préstamo o el instrumento de deuda sea tratado como un capital regulatorio por la parte en cuyo territorio se encuentre ubicada la institución financiera, y

ii) Un préstamo otorgado por una institución financiera o un instrumento de deuda propiedad de una institución financiera, que no sean un préstamo a una institución financiera o un instrumento de deuda de una institución financiera a que se refiere el inciso i), no es una inversión;

d) Futuros, opciones y otros derivados;

e) Contratos de llave en mano, de construcción, de gestión, de producción, de concesión, de participación en los ingresos y otros contratos similares;

f) Derechos de propiedad intelectual;

g) Licencias, autorizaciones, permisos y derechos similares otorgados de conformidad con la legislación interna (13) , y

h) Otros derechos de propiedad tangibles o intangibles, muebles o inmuebles y los derechos relacionados con la propiedad, tales como arrendamientos, hipotecas, gravámenes y garantías en prenda.

Inversión no incluye:

a) Una orden o sentencia presentada en una acción judicial o administrativa;

b) Préstamos concedidos por una parte a la otra parte,

c) Reclamaciones de dinero provenientes solo de:

i) Contratos comerciales por la venta de bienes o servicios por un nacional o empresa en el territorio de una parte a un nacional o empresa en el territorio de la otra parte, o

ii) Créditos otorgados en relación con una transacción comercial;

d) Operaciones de deuda pública y deuda de instituciones públicas.

Una modificación en la manera en que los activos han sido invertidos o reinvertidos no afecta su estatus de inversión bajo este acuerdo, siempre que dicha modificación esté comprendida dentro de las definiciones de este artículo y sea realizada de acuerdo con la legislación de la parte en cuyo territorio la inversión ha sido admitida.

Inversión cubierta, significa, con respecto a una parte, una inversión en el territorio de un inversionista de la otra parte existente a la fecha de entrada en vigor de este acuerdo, así como las inversiones hechas, adquiridas o expandidas de ahí en adelante;

Inversionista de un país que no sea parte, significa, respecto de una parte, un inversionista que intenta realizar, a través de acciones concretas (14) , que está realizando o que ha realizado una inversión en el territorio de esa parte, que no es un inversionista de una parte.

Inversionista de una parte, significa una parte o una empresa del Estado de la misma, o un nacional o empresa de la parte, que intenta realizar, a través de acciones concretas (15) , está realizando o ha realizado una inversión en el territorio de la otra parte; considerando, sin embargo, que una persona natural que tiene doble nacionalidad se considerará exclusivamente un nacional del Estado de su nacionalidad dominante y efectiva.

Moneda de libre uso, significa “moneda de libre uso” tal como lo determina el Fondo Monetario Internacional bajo sus artículos del acuerdo.

Monopolio, significa una entidad, incluyendo un consorcio o agencia gubernamental, que en el mercado relevante del territorio de una parte haya sido designada como proveedor o comprador exclusivo de un bien o servicio, pero no incluye a una entidad a la que se le haya otorgado un derecho de propiedad intelectual solo en virtud de dicho otorgamiento.

Nacional, significa:

• Para Colombia, los colombianos por nacimiento o por adopción de acuerdo al artículo 96 de la Constitución Política de Colombia.

• Para Perú, la persona natural que tiene la nacionalidad peruana de acuerdo con los artículos 52 y 53 de la Constitución Política del Perú.

Parte no contendiente, significa una parte que no es parte en una controversia bajo la sección B (solución de controversias inversionista-Estado).

Parte no contendiente, significa una persona de una parte, o una persona de un país que no sea parte con una presencia significativa en el territorio de una parte, que no es parte de una controversia sobre inversión bajo la sección B (solución de controversias inversionista-Estado).

Parte contendiente, significa el demandante o el demandado: partes contendientes significa el demandante y el demandado.

Reglas de arbitraje del CNUDMI, significa las reglas de arbitraje de la Comisión de Naciones Unidas sobre derecho internacional mercantil, aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de diciembre de 1976.

Reglas del mecanismo complementario del Ciadi, significa el reglamento del mecanismo complementario para la administración de procedimientos por el secretariado del Ciadi.

Secretario general, significa el secretario general del Ciadi, y

Servicio financiero, significa todo servicio de carácter financiero. Los servicios financieros comprenden todos los servicios de seguros y relacionados con seguros y todos los servicios bancarios y demás servicios financieros (excluidos los seguros). Los servicios financieros incluyen las siguientes actividades:

Servicios de seguros y relacionados con seguros:

i) Seguros directos (incluido el coaseguro):

A. Seguros de vida.

B. Seguros distintos de los de vida;

ii) Reaseguros y retrocesión;

iii) Actividades de intermediación de seguros, por ejemplo las de los corredores y agentes de seguros;

iv) Servicios auxiliares de los seguros, por ejemplo los de consultores, actuarios, evaluación de riesgos e indemnización de siniestros

Servicios bancarios y demás servicios financieros (excluidos los seguros)

v) Aceptación de depósitos y otros fondos reembolsables del público;

vi) Préstamos de todo tipo, con inclusión de créditos personales, créditos hipotecarios, factoring y financiación de transacciones comerciales;

vii) Servicios de arrendamiento financiero;

viii) Todos los servicios de pago y transferencia monetaria, con inclusión de tarjetas de crédito, de pago y similares, cheques de viajeros y giros bancarios;

ix) Garantías y compromisos;

x) Intercambio comercial por cuenta propia o de clientes, ya sea en una bolsa, en un mercado extrabursátil o de otro modo, de lo siguiente:

A. Instrumentos del mercado monetario (incluidos cheques, letras y certificados de depósito).

B. Divisas.

C. Productos derivados, incluidos, aunque no exclusivamente, futuros y opciones.

D. Instrumentos de los mercados cambiario y monetario, por ejemplo, swaps y acuerdos a plazo sobre tipos de interés.

E. Valores transferibles, y

F. Otros instrumentos y activos financieros negociables, metal inclusive;

xi) Participación en emisiones de toda clase de valores, con inclusión de la suscripción y colocación como agentes (pública o privadamente) y el suministro de servicios relacionados con esas emisiones;

xii) Corretaje de cambios;

xiii) Administración de activos; por ejemplo, administración de fondos en efectivo o de carteras de valores, gestión de inversiones colectivas en todas sus formas, administración de fondos de pensiones, servicios de depósito y custodia, y servicios fiduciarios;

xiv) Servicios de pago y compensación respecto de activos financieros, con inclusión de valores, productos derivados y otros instrumentos negociables;

xv) Suministro y transferencia de información financiera, y procesamiento de datos financieros y soporte lógico con ellos relacionado, por proveedores de otros servicios financieros;

xvi) Servicios de asesoramiento e intermediación y otros servicios financieros auxiliares respecto de cualesquiera de las actividades enumeradas en los incisos v) a xv), con inclusión de informes y análisis de crédito, estudios y asesoramiento sobre inversiones y carteras de valores, y asesoramiento sobre adquisiciones y sobre reestructuración y estrategia de las empresas.

Tribunal, significa un tribunal de arbitraje establecido en virtud del artículo 20 (sometimiento de una reclamación a arbitraje) o el artículo 30 (acumulación de procedimientos).

Anexo A

Derecho internacional consuetudinario

Las partes confirman su común entendimiento que el “derecho internacional consuetudinario”, de manera general y tal como está específicamente referido en el artículo 4º (nivel mínimo de trato), resulta de una práctica general y consistente de los Estados, seguida por ellos en el sentido de una obligación legal. Con respecto al artículo 4º (nivel mínimo de trato), el trato mínimo otorgado a los extranjeros por el derecho internacional consuetudinario se refiere a todos los principios del derecho internacional consuetudinario que protegen los derechos económicos e intereses de los extranjeros.

Anexo B

Entendimiento con respecto al artículo 7.6

1. Las partes entienden que nada en este acuerdo se interpretará en el sentido de impedir a una parte, incluyendo a sus entidades públicas, conducir o suministrar de manera exclusiva en su territorio las actividades y servicios descritos en el artículo 7.6. Las partes entienden además que nada en este capítulo deberá interpretarse en el sentido de impedir que una parte adopte o mantenga medidas referentes a aquellas contribuciones con respecto a las cuales tales actividades o servicios se suministren o conduzcan de manera exclusiva.

2. Para mayor certeza, con respecto a las actividades o servicios referidos en el artículo 7.6, las partes reconocen que la adopción de cualquiera de las siguientes acciones no es incompatible con este acuerdo.

Una parte podrá:

a) Designar, formalmente o en efecto, un monopolio, incluyendo una institución financiera, para suministrar algunas o todas las actividades o servicios;

b) Permitir o exigir a los participantes ubicar todas o una parte de sus contribuciones relevantes bajo la administración de una entidad distinta al gobierno, a una entidad pública o a un monopolio designado;

c) Prohibir, sea permanente o temporalmente, a algunos o todos los participantes escoger que ciertas actividades o servicios sean suministrados por una entidad distinta al gobierno, a una entidad pública o a un monopolio designado, y

d) Exigir que algunos o todos los servicios o actividades sean conducidos o suministrados por instituciones financieras localizadas dentro del territorio de la parte. Dichas actividades o servicios podrán incluir la administración de algunas o todas las contribuciones o la provisión de anualidades o rentas vitalicias u otras opciones de retiro (distribución) usando ciertas contribuciones.

3. Para efectos de este anexo, “contribución” significa una cantidad pagada por una persona, o a nombre de esta, con respecto a, o de otro modo sujeto a, un plan o sistema descrito en el artículo 7.6.

Anexo C

Expropiación

Las partes confirman su común entendimiento que:

1. Una medida o serie de medidas de una parte no pueden constituir una expropiación a menos que interfiera con un derecho de propiedad tangible o intangible o con los atributos o facultades esenciales del dominio de una inversión.

2. El artículo 11 (expropiación e indemnización) aborda dos situaciones. La primera es la expropiación directa, en donde una inversión es nacionalizada o de otra manera expropiada directamente mediante la transferencia formal del título o del derecho de dominio.

3. La segunda situación abordada por el artículo 11 (expropiación e indemnización) es la expropiación indirecta, en donde una medida o serie de medidas de una parte tienen un efecto equivalente al de una expropiación directa sin la transferencia formal del título o del derecho de dominio.

4. La determinación de si una medida o serie de medidas de una parte, en una situación de hecho específica, constituye una expropiación indirecta, requiere de una investigación factual, caso por caso, que considere entre otros factores:

i) El impacto económico de la medida o serie de medidas de una parte, aunque el solo hecho de que una medida o serie de medidas de una parte tenga un efecto adverso sobre el valor económico de una inversión, por sí solo, no establece que una expropiación indirecta haya ocurrido;

ii) La medida en la cual la medida o serie de medidas de una parte interfiere con expectativas inequívocas y razonables de la inversión, y

iii) El carácter de la medida o serie de medidas de una parte.

5. Salvo en circunstancias excepcionales, como cuando una medida o serie de medidas son demasiado severas a la luz de su objetivo que no pueden ser consideradas de manera razonable como que fueron adoptadas y aplicadas de buena fe, las acciones regulatorias no discriminatorias de una parte que son diseñadas y aplicadas para proteger los legítimos objetivos de bienestar público, como salud, seguridad y medio ambiente, no constituyen una expropiación indirecta (16) .

Anexo D

Transferencias

Con respecto a las obligaciones contenidas en el artículo 12 (transferencias), cada parte, mediante su banco central u otras autoridades competentes, según sea el caso, se reserva el derecho de mantener o adoptar medidas, de conformidad con su legislación aplicable, para velar por la estabilidad de la moneda y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos otorgándosele como atribuciones, para estos efectos, la regulación de la cantidad de dinero y de crédito en circulación, la ejecución de las operaciones de crédito y cambios internacionales, como, asimismo, el dictar normas en materia monetaria, crediticia, financiera y de cambios internacionales.

Son parte de estas medidas, entre otras, el establecimiento de requisitos que restrinjan o limiten los pagos corrientes y transferencias (movimientos de capital) desde o hacia, cada parte, así como las operaciones que tienen relación con ellas, como por ejemplo, establecer que los depósitos, inversiones o créditos que provengan o se destinen al exterior queden sometidos a la obligación de mantener un encaje o depósito. Al aplicar las medidas en virtud del presente anexo, las partes no podrán discriminar entre la otra parte y un país no parte respecto de operaciones de la misma naturaleza.

Anexo E

Formatos estándar de renuncia y consentimiento conforme al artículo 22

En el interés de facilitar la presentación de renuncias según lo requiere el artículo 22 (condiciones y limitaciones al consentimiento de las partes) y para facilitar la conducción ordenada de los procedimientos de solución de controversias establecidos en la sección B (solución de controversias inversionista-Estado), deberán utilizarse los formatos estándar de renuncia que se mencionan a continuación, dependiendo del tipo de demanda.

Reclamación presentada de acuerdo al artículo 20.2 a) (reclamación por un inversionista de una parte en su propio nombre) deberá estar acompañada sea por el formato 1, en donde el inversionista es un nacional de una de las partes, o el formato 2, en donde el inversionista es una parte, una empresa estatal, o una empresa de la mencionada parte.

Cuando el fundamento de la demanda presentada esté basado en la pérdida o daño a un interés en una empresa de la otra parte que es una persona jurídica de propiedad del inversionista o sobre la cual este posee control, en forma directa o indirecta, cualquiera de los formatos 1 ó 2 deberá estar acompañado por el formato 3.

Reclamación presentada de acuerdo al artículo 20.2 b) (reclamación por un inversionista de una parte en nombre de una empresa) deberá estar acompañada por el formato 1, en donde el inversionista es un nacional de una de las partes, o el formato 2, en donde el inversionista es una de las partes, una empresa estatal, o una empresa de la mencionada parte, además del formato 4.

Formato 1

Consentimiento y renuncia por el inversionista de una parte que presenta una demanda de acuerdo a lo estipulado en el artículo 20.2 a) o el artículo 20.2 b) (Cuando el inversionista es un nacional de una de las partes) del Acuerdo sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre las Repúblicas de Perú y Colombia (fecha de entrada en vigor):

Yo, (Nombre del inversionista), consiento en el arbitraje de acuerdo con los procedimientos establecidos en este acuerdo y renuncio a mi derecho a iniciar o continuar ante una corte o tribunal administrativo de acuerdo a la legislación de cualquiera de las partes del acuerdo, u otros procedimientos para la solución de controversias, a todo procedimiento con respecto a la medida de (nombre de la parte en controversia) que se alegue sea una violación referida al artículo 20.2 a) o al artículo 20.2 b), excepto por los procedimientos cautelares que no involucren el pago de daños, ante una corte o tribunal administrativo de acuerdo con la legislación de (nombre de la parte en controversia). (Deberá ser firmado y colocársele la fecha).

Formato 2

Consentimiento y renuncia por el inversionista de una de las partes que presenta una demanda de acuerdo con lo estipulado en el artículo 20.2 a) o en el artículo 20.2 b) (Cuando el Inversionista es una parte, una empresa estatal, o una empresa de la mencionada parte) del Acuerdo sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre las Repúblicas de Perú y Colombia (fecha de entrada en vigor):

Yo, (nombre del declarante), a nombre de (nombre del inversionista), consiento en el arbitraje de acuerdo con los procedimientos establecidos en este acuerdo, y renuncio a mi derecho (nombre del inversionista) de iniciar o continuar ante una corte o tribunal administrativo de acuerdo con la legislación de cualquiera de las partes del acuerdo, u otros procedimientos para la solución de controversias, a todo procedimiento con respecto a la medida de (nombre de la parte en controversia) que se presuma sea una violación referida al artículo 20.2 a) o al artículo 20.2 b), excepto por los procedimientos cautelares que, que no involucren el pago de daños, ante una corte o tribunal administrativo de acuerdo con la legislación de (nombre de la parte en controversia).

Yo, por el presente declaro solemnemente que estoy debidamente autorizado a ejecutar este consentimiento y renuncio a nombre de (nombre del inversionista).

(Deberá ser firmado y colocársele la fecha).

Formato 3

Renuncia de una empresa, sujeto de la demanda presentada por un inversionista de una de las partes de acuerdo con lo estipulado en el artículo 20.2 a) del Acuerdo sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre las Repúblicas de Perú y Colombia (fecha de entrada en vigor):

Yo, (nombre del declarante), renuncio al derecho de (nombre de la empresa), para iniciar o continuar ante una corte o tribunal administrativo de acuerdo con la legislación de cualquiera de las partes de este acuerdo, u otros procedimientos para la solución de controversias, a todo procedimiento con respecto a la medida de (nombre de la parte en controversia) que el (nombre del inversionista) alegue sea una violación referida al artículo 20.2 a), excepto por los procedimientos cautelares que no involucren el pago de daños, ante una corte o Tribunal administrativo de acuerdo con la legislación de (nombre de la parte en controversia).

Yo, por el presente declaro solemnemente que estoy debidamente autorizado a ejecutar esta renuncia a nombre de (nombre de la empresa). (Deberá ser firmado y colocársele la fecha).

Formato 4

Consentimiento y renuncia de una empresa que es sujeto de la demanda por el inversionista de una parte de acuerdo con lo estipulado en el artículo 20.2 b) del Acuerdo sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre las repúblicas de Perú y Colombia (fecha de entrada en vigor):

Yo, (nombre del declarante), a nombre de (nombre de la empresa), consiento en el arbitraje de acuerdo con los procedimientos establecidos en este acuerdo, y renuncio al derecho (nombre de la empresa) de iniciar o continuar ante una corte o tribunal administrativo de acuerdo con la legislación de cualquiera de las partes del acuerdo, u otros procedimientos para la solución de controversias, a todo procedimiento con respecto a la medida de (nombre de la parte en controversia) que (nombre del inversionista) alegue sea una violación referida al artículo 20.2 b), excepto por los procedimientos cautelares que no involucren el pago de daños, ante una corte o tribunal administrativo de acuerdo con la legislación de (nombre de la parte en controversia).

Yo, por el presente declaro solemnemente que estoy debidamente autorizado a ejecutar este consentimiento y renuncia a nombre de (nombre de la empresa). (Deberá ser firmado y colocársele la fecha).

Anexo F

Entrega de documentos a una parte bajo la sección B (solución de controversias inversionista-Estado)

Colombia

El lugar de presentación de la notificación de intención y otros documentos referidos a la solución de controversias relacionada con la sección B (solución de controversias inversionista-Estado), en Colombia es:

Dirección de inversión extranjera y servicios

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Calle 28 número 13A-15, Piso 3º

Bogotá, D.C., Colombia

O su sucesor.

Perú

El lugar de presentación de la notificación de intención y otros documentos referidos a la solución de controversias relacionada con la sección B (solución de controversias inversionista-Estado), en Perú es:

Dirección General de Asuntos de Economía Internacional

Competencia e inversión privada

Ministerio de Economía y Finanzas

Jirón Lampa número 277, piso 5º

Lima 1, Perú.

O su sucesor.

Anexo G

Presentaciones por partes que no están en controversia

1. La solicitud para autorizar las presentaciones por una parte que no está en controversia deberá:

a) Hacerse por escrito, fechada y firmada por la persona que presenta la solicitud, e incluir la dirección así como otros detalles de contacto del solicitante;

b) Tener una extensión no mayor de 5 páginas escritas;

c) Describir al solicitante, incluyendo cuando sea pertinente, su condición de socio así como su estatus jurídico (por ejemplo, empresa, asociación comercial u otra organización no gubernamental), sus objetivos generales, la naturaleza de sus actividades así como cualquier organización matriz (incluyendo toda organización que el solicitante controle directa o indirectamente);

d) Dar a conocer si el solicitante tiene afiliación alguna, directa o indirectamente, con alguna de las partes en controversia;

e) Identificar a todo gobierno, persona u organización que haya proporcionado asistencia financiera o de cualquier otra índole durante la preparación de la presentación;

f) Especificar la naturaleza del interés que el solicitante tiene en el arbitraje;

g) Identificar los temas específicos de hecho o de derecho en el arbitraje al que el solicitante haya hecho referencia en su presentación escrita;

h) Explicar, al hacer referencia a los factores especificados en el artículo 25.5, la razón por la cual el tribunal debería aceptar la presentación, e

i) Redactarlo en el idioma del arbitraje.

2. La presentación por la parte que no está en controversia deberá:

a) Estar fechada y firmada por la persona que la presenta;

b) Ser concisa y en ningún caso deberá exceder las 20 páginas escritas, incluyendo apéndices;

c) Establecer una declaración precisa que apoye la posición del solicitante sobre los temas, y

d) Solo hacer referencia a los temas dentro del alcance de la controversia.

En fe de lo cual los infrascritos, debidamente autorizados, han firmado el presente acuerdo.

Hecho en duplicado en la ciudad de Lima, el día 11 de diciembre de 2007, en idioma español, siendo ambos textos igualmente auténticos.

Por la República del Perú

Mercedes Araoz Fernández

Ministra de Comercio Exterior y Turismo

Por la República de Colombia

Luis Guillermo Plata Páez

Ministro de Comercio, Industria y Turismo

Anexo I

Notas explicativas

1. La Lista de una parte a este anexo establece, de conformidad con el artículo 7.1 (medidas disconformes), las medidas existentes de una parte que no están sujetas a alguna o todas las obligaciones impuestas por:

a) El artículo 2º (trato nacional);

b) El artículo 3º (trato de Nación más favorecida);

c) El artículo 5º (altos ejecutivos, juntas directivas y entrada temporal), o

d) El artículo 6º (requisitos de desempeño).

2. Cada entrada de la lista establece los siguientes elementos:

a) Sector, se refiere al sector para el cual se ha hecho la entrada;

b) Obligaciones afectadas, especifica el(los) artículo(s) referido(s) en el párrafo 1 que, en virtud del artículo 7º (medidas disconformes), no se aplican a los aspectos disconformes de la ley, reglamento u otra medida, tal como se dispone en el párrafo 3;

c) Nivel de gobierno, indica el nivel de gobierno que mantiene la(s) medida(s) listada(s);

d) Medidas, identifica las leyes, reglamentos u otras medidas respecto de las cuales se ha hecho la entrada. Una medida citada en el elemento medidas:

i) Significa la medida modificada, continuada o renovada, a la fecha de entrada en vigor de este acuerdo, e

ii) Incluye cualquier medida subordinada, adoptada o mantenida bajo la autoridad de dicha medida y de manera compatible con ella, y

e) Descripción, establece los aspectos disconformes de las medidas sobre las que se ha hecho la entrada. Puede también establecer compromisos de liberalización.

3. En la interpretación de una entrada de la lista, todos los elementos de la entrada serán considerados. Una entrada será interpretada a la luz de los artículos relevantes del acuerdo con respecto a los cuales se ha hecho la entrada. En la medida que:

a) El elemento medidas esté calificado por un compromiso de liberalización del elemento descripción, el elemento medidas así calificado, prevalecerá sobre cualquier otro elemento, y

b) El elemento medidas no esté calificado, el elemento medidas prevalecerá sobre cualquier otro elemento, salvo cuando cualquier discrepancia entre el elemento medidas y los otros elementos considerados en su totalidad sea tan sustancial y material que no sería razonable concluir que el elemento medidas deba prevalecer, en cuyo caso, los otros elementos deberán prevalecer en la medida de la discrepancia.

4. El listado de una medida en este anexo es sin perjuicio de una futura reclamación de que el anexo II se aplique a la medida o alguna aplicación de la medida.

Anexo I

Lista de Colombia

Sector: Todos los sectores.

Obligaciones afectadas: Trato nacional (art. 2º).

Nivel de gobierno: Central.

Medidas: Decreto 2080 de 2000, artículos 26 y 27.

Descripción: Un inversionista extranjero puede hacer inversiones de portafolio en valores en Colombia solamente a través de un fondo de inversión de capital extranjero.

Sector: Todos los sectores.

Obligaciones afectadas: Trato nacional (art. 2º).

Nivel de gobierno: Central.

Medidas: Ley 226 de 1995, artículos 3º y 11.

Descripción: Si el Estado colombiano decide vender la totalidad o parte de su participación en una empresa a una persona diferente a otra empresa estatal colombiana u otra entidad gubernamental colombiana, deberá primero ofrecer dicha participación de manera exclusiva, y bajo las condiciones establecidas en el artículo 11 de la Ley 226 de 1995, a:

a) Los trabajadores, pensionados, y ex trabajadores (diferentes a los ex trabajadores desvinculados con justa causa) de la empresa y de otras empresas de propiedad o controladas por esa empresa;

b) Asociaciones de empleados o ex empleados de la empresa;

c) Sindicatos de trabajadores;

d) Federaciones y confederaciones de sindicatos de trabajadores;

e) Fondos de empleados;

f) Fondos de cesantías y de pensiones, y

g) Entidades cooperativas.

Colombia no se reserva el derecho a controlar cualquier transferencia subsecuente u otras ventas de tal participación.

Sector: Pesca y servicios relacionados con la pesca.

Obligaciones afectadas: Trato nacional (art. 2º).

Nivel de gobierno: Central.

Medidas: Decreto 2256 de 1991, artículos 27, 28 y 67 Acuerdo 005 de 2003, secciones II y VII.

Descripción: Solo los nacionales colombianos podrán ejercer la pesca artesanal.

Una embarcación de bandera extranjera puede involucrarse en pesca y actividades relacionadas en aguas territoriales colombianas únicamente a través de la asociación con una empresa colombiana titular del permiso. El valor del permiso y de la patente de pesca son mayores para las naves de bandera extranjera que para las naves de bandera colombiana.

Si la bandera de una embarcación de bandera extranjera corresponde a un país que sea parte de otro acuerdo bilateral con Colombia, los términos de ese otro acuerdo bilateral determinarán si aplica o no el requisito de asociarse con una empresa colombiana titular del permiso (17) .

Sector: Servicios de vigilancia y seguridad privada.

Obligaciones afectadas: Trato nacional (art. 2º).

Nivel de gobierno: Central.

Medidas: Decreto 356 de 1994, artículos 8º, 12, 23 y 25.

Descripción: Solamente una empresa organizada bajo las leyes colombianas como sociedad de responsabilidad limitada o como cooperativa de vigilancia y seguridad privada (18) puede prestar los servicios de vigilancia y seguridad privada en Colombia. Los socios o miembros de estas empresas deben ser nacionales colombianos.

Las empresas constituidas con anterioridad al 11 de febrero de 1994 con socios o capital extranjero, no podrán aumentar la participación de los socios extranjeros. Las cooperativas constituidas con anterioridad a esta fecha podrán conservar su naturaleza jurídica.

Sector: Periodismo.

Obligaciones afectadas: altos ejecutivos, juntas directivas y entrada temporal (art. 5º).

Nivel de gobierno: Central.

Medidas: Ley 29 de 1944, artículo 13.

Descripción: El director o gerente general de todo periódico publicado en Colombia que se ocupe de política nacional debe ser nacional colombiano.

Sector: Servicios públicos domiciliarios.

Obligaciones afectadas: Trato nacional (art. 2º)

Nivel de gobierno: Central.

Medidas: Ley 142 de 1994, artículos 1º, 17, 18, 19 y 23 Código de Comercio, artículos 471 y 472.

Descripción: Una empresa de servicio público domiciliario, tiene que establecerse bajo el régimen de “empresas de servicios públicos” o “ESP”, debe estar domiciliada en Colombia y legalmente constituida bajo la ley colombiana como sociedad por acciones. El requisito de estar organizada como sociedad por acciones no aplica en el caso de las entidades descentralizadas que tomen la forma de empresa industrial y comercial del Estado.

Para efectos de esta entrada, servicios públicos domiciliarios incluye la provisión de los servicios de acueducto, alcantarillado, eliminación de desperdicios, energía eléctrica, distribución de gas combustible y telefonía pública básica conmutada, TPBC, y sus actividades complementarias. Las actividades complementarias a los servicios de telefonía pública básica conmutada son telefonía pública de larga distancia y telefonía móvil en el sector rural, pero no son los servicios comerciales móviles.

Una empresa en la cual una comunidad local organizada posea mayoría, será preferida sobre cualquier otra empresa que haya presentado una oferta equivalente en el otorgamiento de concesiones o licencias para la prestación de servicios públicos domiciliarios a esa comunidad.

Ante la solicitud de una parte después de dos (2) años de la entrada en vigencia de este acuerdo, Colombia consultará con esa parte para considerar si:

a) Cualquier parte de esta medida deberá ser modificada, o

b) Cualquier sector puede ser eliminado de esta medida.

Si, como resultado de las consultas bajo este párrafo, las partes acuerdan que esta medida disconforme debe ser modificada, entonces con aprobación de las partes la entrada deberá ser modificada.

Sector: Cinematografía.

Obligaciones afectadas: Requisitos de desempeño (art. 6º).

Nivel de gobierno: Central.

Medidas: Ley 814 de 2003, artículo 5º, artículos 14, 15, 18 y 19.

Descripción: La exhibición o distribución de películas extranjeras está sujeta a la cuota para el desarrollo cinematográfico, la cual está establecida en un 8,5% (por ciento) de los ingresos netos mensuales derivados de dicha exhibición o distribución.

La cuota aplicada al exhibidor se disminuirá a 2,25% (por ciento) cuando la exhibición de películas extranjeras se presente conjuntamente con un cortometraje nacional.

Hasta el año 2013, la cuota aplicada a un distribuidor se disminuirá a 5,5% (por ciento) si, durante el año inmediatamente anterior, el porcentaje de títulos de largometraje colombianos que este distribuyó para salas de cine u otros exhibidores igualó o excedió la meta porcentual establecida por el gobierno.

Sectores: Televisión abierta.

Servicios de producción audiovisual.

Obligaciones afectadas: Trato nacional (art. 2º).

Requisitos de desempeño (art. 6º),

Nivel de gobierno: Central.

Medidas: Ley 014 de 1991, artículo 37,

Ley 680 de 2001, artículos 1º y 4º

Ley 335 de 1996, artículos 13 y 24.

Ley 182 de 1995, artículo 37, numeral 3º, artículo 47 y artículo 48.

Acuerdo 002 de 1995, artículo 10 parágrafo.

Acuerdo 023 de 1997, artículo 8º, parágrafo.

Acuerdo 024 de 1997, artículos 6º y 9º.

Acuerdo 020 de 1997, artículos 3º y 4º.

Descripción: Solamente nacionales colombianos o personas jurídicas legalmente constituidas en Colombia pueden obtener concesiones para prestar el servicio de televisión abierta.

Para obtener una concesión para un canal nacional de operación privada que suministre servicios de televisión abierta, una persona jurídica debe estar organizada como sociedad anónima.

El número de concesiones para la prestación de los servicios de televisión abierta de cubrimiento nacional y local con ánimo de lucro está sujeto a una prueba de necesidad económica de acuerdo con los criterios establecidos por ley.

El capital extranjero en cualquier sociedad concesionaria de televisión abierta está limitado al 40% (por ciento).

Televisión Nacional

Los prestadores (operadores y concesionarios de espacios) de servicios de televisión abierta nacional deberán emitir en cada canal programación de producción nacional como sigue:

a) Un mínimo de 70% (por ciento) entre las 19:00 horas y las 22:30 horas;

b) Un mínimo de 50% (por ciento) entre las 22:30 horas y las 24:00 horas;

c) Un mínimo de 50% (por ciento) entre las 10:00 horas y las 19:00 horas;

d) Un mínimo de 50% (por ciento) para sábados, domingos y festivos durante las horas descritas en los subpárrafos 1, 2 y 3 hasta el 31 de enero de 2009, fecha a partir de la cual el mínimo para esos días y horas será reducido a 30% (por ciento).

Televisión regional y local

La televisión regional solo podrá ser suministrada por entidades de propiedad del Estado.

Los prestadores de servicios de televisión abierta regional y local, deberán emitir en cada canal un mínimo de 50% (por ciento) de programación de producción nacional.

Sector: Televisión por suscripción.

Servicios de producción audiovisual.

Obligaciones afectadas: Requisitos de desempeño (art. 6º).

Nivel de gobierno: Central.

Medidas: Ley 680 de 2001, artículos 4º y 11.

Ley 182 de 1995, artículo 42.

Acuerdo 014 de 1997, artículos 14, 16 y 30.

Ley 335 de 1996, artículo 8º.

Acuerdo 032 de 1998, artículos 7º y 9º.

Descripción: Solo personas jurídicas legalmente constituidas en Colombia pueden prestar el servicio de televisión por suscripción. Dichas personas jurídicas deben poner a disposición de los suscriptores la recepción, sin costos adicionales, de los canales colombianos de televisión abierta nacional, regional y municipal disponibles en el área de cubrimiento autorizada. La transmisión de los canales regionales y municipales estará sujeta a la capacidad técnica del operador de televisión por suscripción.

Los prestadores del servicio de televisión satelital únicamente tienen la obligación de incluir dentro de su programación básica la transmisión de los canales de interés público del Estado colombiano. Cuando se retransmita programación de un canal de televisión abierta sujeta a cuota de contenido doméstico, el proveedor del servicio de televisión por suscripción no podrá modificar el contenido de la señal original.

Televisión por suscripción no incluyendo satelital

El concesionario del servicio de televisión por suscripción que transmita comerciales distintos a los de origen, deberá cumplir con los mínimos porcentajes de programación de producción nacional a que están obligados los prestadores de servicios de televisión abierta nacional como están descritos en la entrada de televisión abierta y servicios de producción audiovisual de las páginas 20 y 21 de este anexo. Colombia interpreta el artículo 16 del Acuerdo 014 de 1997 como no exigiendo a los prestadores de los servicios de televisión por suscripción cumplir con porcentajes mínimos de programación de producción nacional cuando se insertan comerciales dentro de la programación por fuera del territorio de Colombia. Colombia continuará aplicando esta interpretación, sujeto al artículo 7.1 c).

No habrá restricciones en el número de concesiones de televisión por suscripción a nivel zonal, municipal y distrital una vez que las actuales concesiones en estos niveles expiren y en ningún caso más allá del 31 de octubre de 2011.

Los prestadores de servicios de televisión por cable deben producir y emitir en Colombia un mínimo de una hora diaria de esta programación, entre las 18:00 horas y las 24:00 horas.

Sector: Servicios eliminación de desperdicios.

Obligaciones afectadas: Trato nacional (art. 2º).

Nivel de gobierno: Central.

Medidas: Decreto 2080 de 2000, artículo 6º.

Descripción: No se permite la inversión extranjera en actividades relacionadas con el procesamiento, disposición, y desecho de basuras tóxicas, peligrosas o radiactivas no producidas en el país.

Sector: Servicios financieros.

Obligaciones afectadas: Trato nacional (art. 2º).

Nivel de gobierno: Central.

Medidas: Decreto 2419 de 1999, artículo 1º (en concordancia con la L. 270/96, art. 203 y D. 1065/99, art. 16).

Descripción: Las sumas de dinero que deben consignarse a órdenes de los despachos de la rama judicial, de autoridades de policía, las cauciones (19) , y las sumas que se consignen en desarrollo de contratos de arrendamiento se deben depositar en el Banco Agrario de Colombia S.A.

Sector: Servicios financieros.

Obligaciones afectadas: Trato nacional (art. 2º).

Nivel de gobierno: Central.

Medidas: Estatuto orgánico del sistema financiero.

Descripción: Colombia podrá otorgar ventajas o derechos exclusivos a las siguientes entidades públicas:

• Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro).

• Banco Agrario de Colombia.

• Fondo Nacional de Garantías.

• Financiera Eléctrica Nacional (FEN).

• Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter).

• Fiduciaria La Previsora.

• Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex).

• Banco de Comercio Exterior (Bancoldex).

• Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade).

Dichas ventajas o derechos exclusivos, incluirán pero no están limitados a los siguientes (20) :

• Exenciones tributarias.

• Exenciones a los requisitos de registro y de informe periódico en materia de emisión de valores.

• Compra por parte del gobierno colombiano, a través de cualquiera de sus entidades públicas, de obligaciones emitidas por dichas entidades.

Anexo I

Lista de Perú

Sector: Todos los sectores.

Obligaciones afectadas: Trato nacional (art. 2º).

Nivel de gobierno: Central.

Medidas: Constitución Política del Perú (1993), artículo 71.

Decreto Legislativo 757, Diario Oficial “El Peruano” del 13 de noviembre de 1991, ley marco para el crecimiento de la inversión privada, artículo 13.

Descripción: Dentro de los cincuenta (50) kilómetros de las fronteras, los extranjeros no pueden adquirir ni poseer por título alguno, minas, tierras, bosques, aguas, combustibles ni fuentes de energía, directa ni indirectamente, individualmente ni en sociedad, bajo pena de perder, en beneficio del Estado, el derecho así adquirido. Se exceptúa el caso de necesidad pública expresamente declarada por decreto supremo aprobado por el consejo de ministros, conforme a ley.

Para cada caso de adquisición o posesión en el área referida, el inversionista deberá presentar la correspondiente solicitud al ministerio competente de acuerdo con las normas legales vigentes. Por ejemplo, se ha dado este tipo de autorizaciones en el sector minero.

Sector: Servicios de radiodifusión.

Obligaciones afectadas: Trato nacional (art. 2º).

Nivel de gobierno: Central.

Medidas: Ley 28278, Diario Oficial “El Peruano” del 16 de julio de 2004, ley de radio y televisión, artículo 24.

Descripción: Solo pueden ser titulares de autorizaciones y licencias de servicios de radiodifusión personas naturales de nacionalidad peruana o personas jurídicas constituidas conforme a la legislación peruana, y domiciliadas en el Perú.

La participación de extranjeros en dichas personas jurídicas no puede exceder del 40% (por ciento) del total de las participaciones o acciones del capital social, debiendo, además, ser titulares o tener participación o acciones en empresas de radiodifusión en sus países de origen.

El extranjero, ni directamente ni a través de una empresa unipersonal, puede ser titular de autorización o licencia.

Sector: Servicios audiovisuales.

Obligaciones afectadas: Requisitos de desempeño (art. 6º).

Nivel de gobierno: Central.

Medidas: Ley 28278, Diario Oficial “El Peruano” del 16 de julio de 2004, ley de radio y televisión, octava disposición complementaria y final.

Descripción: Los titulares de los servicios de radiodifusión (señal abierta) deberán establecer una producción nacional mínima del 30% (por ciento) de su programación, en el horario comprendido entre las 5:00 y 24:00 horas, en promedio semanal.

Sector: Servicios de radiodifusión.

Obligaciones afectadas: Trato nacional (art. 2º).

Trato de Nación más favorecida (art. 3º)

Nivel de gobierno: Central

Medidas: Decreto Supremo 005-2005-MTC, Diario Oficial “El Peruano” del 15 de febrero de 2005, reglamento de la ley de radio y televisión, artículo 20.

Descripción: Si un extranjero es, directa o indirectamente, accionista, socio o asociado de una persona jurídica, esa persona jurídica no podrá ser titular de autorizaciones para prestar el servicio de radiodifusión dentro de las localidades fronterizas al país de origen de dicho extranjero, salvo el caso de necesidad pública autorizado por el consejo de ministros.

Esta restricción no es aplicable a las personas jurídicas con participación extranjera que cuenten con dos o más autorizaciones vigentes, siempre que se trate de la misma banda de frecuencias.

Sector: Servicios notariales.

Obligaciones afectadas: Trato nacional (art. 2º).

Nivel de gobierno: Central.

Medidas: Decreto-Ley 26002, Diario Oficial El Peruano del 27 de diciembre de 1992, ley del notariado, artículo 5º (modificado por L. 26741) y 10 (modificado L. 27094).

Descripción: Solo nacionales peruanos por nacimiento pueden proveer servicios notariales.

Por ello, ningún nacional extranjero puede ser notario ni poseer una notaría en la República del Perú.

Sector: Servicios de arquitectura.

Obligaciones afectadas: Trato nacional (art. 2º).

Nivel de gobierno: Central.

Medidas: Ley 14085, Diario Oficial “El Peruano” del 30 de junio de 1962, ley de creación del Colegio de Arquitectos del Perú.

Ley 16053, Diario Oficial “El Peruano” del 14 de febrero de 1966, ley del ejercicio profesional, autoriza a los Colegios de Arquitectos e Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de ingeniería y arquitectura de la República, artículo 1º.

Acuerdo del consejo de arquitectos, del 6 de octubre de 1987.

Descripción: Para ejercer como arquitecto en el Perú, una persona debe colegiarse en el Colegio de Arquitectos y pagar un derecho de colegiación de acuerdo con la siguiente lista:

1. Peruanos graduados en universidades peruanas $ 250.00 dólares americanos.

2. Peruanos graduados en universidades extranjeras $ 400.00 dólares americanos, y

3. Extranjeros graduados en universidades extranjeras $ 3,000.00 dólares americanos.

Así mismo, para el registro temporal, los arquitectos extranjeros no residentes requieren de un contrato de asociación con un arquitecto peruano residente.

Sector: Transporte terrestre internacional.

Obligaciones afectadas: Trato nacional (art. 2º).

Trato de Nación más favorecida (art. 3º).

Descripción: La República del Perú se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida relativa a las operaciones de transporte terrestre internacional de carga o pasajeros en zonas limítrofes.

Adicionalmente, la República del Perú se reserva el derecho de adoptar o mantener las siguientes limitaciones, para el suministro de servicios de transporte terrestre internacional desde la República del Perú.

1. El prestador de servicios deberá ser una persona natural o jurídica peruana.

2. Tener domicilio real y efectivo en la República del Perú, y

3. En el caso de una persona jurídica, estar legalmente constituida en el Perú y contar con más del 50% (por ciento) de su capital social y su control efectivo en manos de nacionales peruanos.

Sector: Servicios de auditoría.

Obligaciones afectadas: Trato nacional (art. 2º).

Nivel de gobierno: Central.

Medidas: Reglamento interno del Colegio de Contadores Públicos de Lima, artículo 145 y 146.

Descripción: Las sociedades de auditoría se constituirán única y exclusivamente por contadores públicos colegiados residentes en el país y debidamente calificados por el colegio. Ningún socio podrá ser miembro integrante de otra sociedad de auditoría en el Perú.

Sector: Servicios de seguridad.

Obligaciones afectadas: Altos ejecutivos, juntas directivas y entrada temporal (art. 5º).

Nivel de gobierno: Central.

Medidas: Decreto Supremo 005-94-IN, Diario Oficial “El Peruano” del 12 de mayo de 1994, reglamento de servicios de seguridad privada, artículos 81 y 83.

Descripción: Los altos ejecutivos de las empresas de servicios de seguridad deberán ser nacionales peruanos de nacimiento y residentes en el país.

Sector: Servicios de radiodifusión.

Obligaciones afectadas: Requisitos de desempeño (art. 6º).

Nivel de gobierno: Central.

Medidas: Ley 28131, Diario Oficial “El Peruano” del 18 de diciembre de 2003, Ley del artista, intérprete y ejecutante, artículos 25 y 45.

Descripción: Las empresas de radiodifusión de señal abierta deberán destinar no menos del 10% (por ciento) de su programación diaria a la difusión del folclor, música nacional y series o programas producidos en el Perú relacionados con la historia, literatura, cultura o realidad nacional peruana, realizadas con artistas contratados en los siguientes porcentajes:

1. Un mínimo de 80% (por ciento) de artistas nacionales.

2. Los artistas nacionales deberán percibir no menos del 60% (por ciento) del total de la planilla de sueldos y salarios de artistas.

3. Los mismos porcentajes establecidos en los párrafos anteriores rigen para el trabajador técnico vinculado a la actividad artística.

Sectores: Transporte.

Transporte aéreo.

Servicios aéreos especializados.

Obligaciones afectadas: Trato nacional (art. 2º).

Altos ejecutivos, juntas directivas y entrada temporal (art. 5º).

Nivel de gobierno: Central.

Medidas: Ley 27261, Diario Oficial “El Peruano” del 10 de mayo de 2000, ley de aeronáutica civil, artículos 75 y 79.

Decreto Supremo 050-2001-MTC, Diario Oficial “El Peruano” del 26 de diciembre de 2001, reglamento de la ley de aeronáutica civil, artículos 147, 159, 160 y VI disposición complementaria.

Descripción: La aviación comercial nacional está reservada a personas naturales y jurídicas peruanas. El término aviación comercial nacional incluye los servicios aéreos especializados.

Para efectos de esta entrada, se considera persona jurídica peruana a aquella que cumple con:

a) Estar constituida conforme a las leyes peruanas, indicar en su objeto social la actividad de aviación comercial a la cual se va a dedicar y tener su domicilio en la República del Perú, para lo cual deberá desarrollar sus actividades principales e instalar su administración en la República del Perú;

b) por lo menos la mitad más uno de los directores, gerentes y personas que tengan a su cargo el control y dirección de la sociedad deben ser de nacionalidad peruana o tener domicilio permanente o residencia habitual en el Perú, y

c) Por lo menos el 51% del capital social de la empresa debe ser de propiedad peruana y estar bajo el control real y efectivo de accionistas o socios de nacionalidad peruana con domicilio permanente en la República del Perú (esta limitación no se aplicará a las empresas constituidas al amparo de la Ley 24882, quienes podrán mantener los porcentajes de propiedad dentro de los márgenes allí establecidos). Seis (6) meses después de la vigencia del permiso de operación de la empresa para proveer servicios de transporte aéreo comercial, el porcentaje de capital social de propiedad de extranjeros podrá ser hasta de setenta por ciento (70%).

Sector: Transporte.

Transporte por agua.

Obligaciones afectadas: Trato nacional (art. 2º).

Altos ejecutivos, juntas directivas y entrada temporal (art. 5º).

Nivel de gobierno: Central.

Medidas: Ley 28583, ley de reactivación y promoción de la marina mercante nacional, Diario Oficial “El Peruano” del 22 de julio de 2005, artículos 4.1, 6.1, 7.1, 7.2., 7.4 y 13.6.

Decreto Supremo 028 DE/MGP, Diario Oficial “El Peruano” de 25 de mayo de 2001, reglamento de la ley 26620, artículo I-010106, literal a)

Descripción:

1. Solo un “naviero nacional” o una “empresa naviera nacional” pueden proveer servicios de transporte marítimo en tráfico nacional o cabotaje (21) . Se entiende por naviero nacional o empresa naviera nacional al nacional peruano o persona jurídica constituida conforme a legislación peruana, con domicilio principal, sede real y efectiva en la República del Perú, que se dedique al servicio del transporte acuático en tráfico nacional o cabotaje y/o tráfico internacional y sea propietario o arrendatario bajo las modalidades de arrendamiento financiero o arrendamiento a casco desnudo, con opción de compra obligatoria, de por lo menos una nave mercante de bandera peruana y haya obtenido el correspondiente permiso de operación de la dirección general de transporte acuático.

2. Por lo menos el 51% (por ciento) del capital social de la persona jurídica, suscrito y pagado, debe ser de propiedad de nacionales peruanos.

3. El presidente del directorio, la mayoría de directores y el gerente general de la empresa naviera nacional deben ser de nacionalidad peruana y residir en el Perú.

4. Las naves de bandera nacional deben contar con capitán peruano y por lo menos el 80% (por ciento) de la tripulación deberá ser de nacionalidad peruana autorizada por la dirección general de capitanías y guardacostas. En caso de no haber disponibilidad de capitán peruano debidamente calificado, se podrá autorizar la contratación de servicios de capitán de nacionalidad extranjera.

5. Para obtener la licencia de práctico se requiere ser nacional peruano.

6. El cabotaje queda reservado exclusivamente a naves mercantes de bandera peruana de propiedad del naviero nacional o empresa naviera nacional o bajo las modalidades de arrendamiento financiero o arrendamiento a casco desnudo, con opción de compra obligatoria; excepto por lo siguiente:

i) El transporte de hidrocarburos en aguas nacionales queda reservado hasta en un 25% (por ciento) para los buques de la Marina de Guerra del Perú, y

ii) Para el transporte acuático únicamente entre puertos peruanos o cabotaje y, en los casos de inexistencia de naves propias o arrendadas, se permitirá el fletamento de naves de bandera extranjera para ser operadas, únicamente, por navieros nacionales o empresas navieras nacionales, por un periodo que no superará los seis (6) meses.

Sector: Transporte acuático.

Obligaciones afectadas: Trato nacional (art. 2º).

Nivel de gobierno: Central.

Medidas: Decreto Supremo 056-2000-MTC, Diario Oficial “El Peruano” del 31 de diciembre de 2000, disponen que servicios de transporte marítimo y conexos realizados en bahías y áreas portuarias deberán ser prestados por personas naturales y jurídicas autorizadas, con embarcaciones y artefactos de bandera nacional, artículo 1º.

Resolución Ministerial 259-2003-MTC/02, Diario Oficial “El Peruano” del 4 de abril de 2003, aprueban reglamento de los servicios de transporte acuático y conexos prestados en tráfico de bahía y áreas portuarias, artículos 5º y 7º.

Descripción: Los siguientes servicios de transporte acuático y conexos que son realizados en el tráfico de bahía y áreas portuarias, deberán ser prestados por personas naturales domiciliadas en el Perú y personas jurídicas constituidas y domiciliadas en el Perú, debidamente autorizadas con naves y artefactos navales de bandera peruana:

1. Servicios de abastecimiento de combustible.

2. Servicio de amarre y desamarre.

3. Servicio de buzo.

4. Servicio de avituallamiento de naves.

5. Servicio de dragado.

6. Servicio de practicaje.

7. Servicio de recojo de residuos.

8. Servicio de remolcaje.

9. Servicio de transporte de personas.

Sector: Todos los sectores.

Obligaciones afectadas: Altos ejecutivos, juntas directivas y entrada temporal (art. 5º).

Nivel de gobierno: Central.

Medidas: Decreto Legislativo 689, ley para la contratación de trabajadores extranjeros, Diario Oficial “El Peruano” del 5 de noviembre de 1991, artículos 1º, 2º, 4º, 5º (modificado por L. 26196) y 6º.

Descripción: Todos los empleadores en la República del Perú, cualquiera fuere su actividad o nacionalidad, darán preferencia a la contratación de trabajadores nacionales.

Las personas naturales extranjeras proveedoras de servicios y empleadas por empresas proveedoras de servicios pueden prestar servicios en la República del Perú a través de un contrato de trabajo que debe ser celebrado por escrito y a plazo determinado, por un período máximo de tres (3) años prorrogables, sucesivamente, por períodos iguales, debiendo constar además el compromiso de capacitar al personal nacional en la misma ocupación.

Las personas naturales extranjeras no podrán representar más del 20% (por ciento) del número total de servidores, empleados y obreros de una empresa, y sus remuneraciones no podrán exceder del 30% (por ciento) del total de la planilla de sueldos y salarios. Estos porcentajes no serán de aplicación en los siguientes casos:

• Cuando el proveedor de servicios extranjero es cónyuge, ascendiente, descendiente o hermano de peruano.

• Cuando se trate de personal de empresas extranjeras dedicadas al servicio internacional de transporte terrestre, aéreo o acuático con bandera y matrícula extranjera.

• Cuando se trate de personal extranjero que labore en empresas de servicios multinacionales o bancos multinacionales, sujetos a normas legales dictadas para casos específicos (22) .

• Cuando se trate de un inversionista extranjero, siempre que su inversión tenga. permanentemente en la República del Perú un monto mínimo de 5 unidades impositivas tributarias durante la vigencia de su contrato (23) .

• Cuando se trate de artistas, deportistas o aquellos proveedores de servicios que actúan en espectáculos públicos en el territorio peruano, hasta por un máximo de tres (3) meses al año.

• Cuando se trate de un extranjero con visa de inmigrante.

• Cuando se trate de un extranjero con cuyo país de origen exista convenio de reciprocidad laboral o de doble nacionalidad.

• Cuando se trate de personal extranjero que en virtud de convenios bilaterales o multilaterales celebrados por el Gobierno de la República del Perú, prestare sus servicios en el país.

Los empleadores pueden solicitar exoneraciones de los porcentajes limitativos relativos al número de trabajadores extranjeros y al porcentaje que representan sus remuneraciones en el monto total de la planilla de la empresa, cuando:

• Se trate de personal profesional o técnico especializado.

• Se trate de personal de dirección y/o gerencial, de una nueva actividad empresarial o de reconversión empresarial.

• Se trate de profesores contratados para la enseñanza superior, o de enseñanza básica o secundaria en colegios particulares extranjeros, o de enseñanza de idiomas en colegios particulares nacionales, o en centros especializados de enseñanza de idiomas.

• Se trate de personal de empresas del sector público o privadas con contrato con organismos, instituciones o empresas del sector público.

• En cualquier otro caso establecido por decreto supremo siguiendo los criterios de especialización, calificación o experiencia.

Sector: Servicios financieros.

Obligaciones afectadas: Trato nacional (art. 2º).

Nivel de gobierno: Central.

Medidas: Ley general del sistema financiero y del sistema de seguros y orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley 6702 y sus modificatorias.

Ley de creación del Banco Agropecuario, Ley 27603.

Ley de creación de la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide), Decreto-Ley 18807.

Ley de creación del Banco de la Nación, Ley 16000.

Ley 28579, Fondo Mi Vivienda.

Decreto Supremo 157-90-EF.

Decreto Supremo 07-94-EF y sus modificatorias.

Descripción: La República del Perú podrá otorgar ventajas o derechos exclusivos sin limitación alguna a una o más de las entidades financieras donde exista participación parcial o total del Estado. Estas entidades son: Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide), Banco de la Nación, Banco Agropecuario, Fondo Mi Vivienda, cajas municipales de ahorro y crédito y Caja Municipal de Crédito Popular.

Ejemplos de dichas ventajas son las siguientes (24) :

• El Banco de la Nación y el Banco Agropecuario no tienen obligación de diversificar su riesgo, y

• Las cajas municipales de ahorro y crédito pueden rematar directamente las prendas pignoradas en casos de incumplimiento del pago de préstamos, de acuerdo con los procedimientos preestablecidos.

Anexo II

Notas explicativas

1. La lista de una parte a este anexo establece, de conformidad con el artículo 7.2 (medidas disconformes), los sectores, subsectores o actividades específicos en los cuales dicha parte podrá mantener medidas restrictivas existentes o adoptar medidas nuevas o adicionales que no sean conformes con las obligaciones impuestas por:

a) El artículo 2º (trato nacional);

b) El artículo 3º (trato de Nación más favorecida);

c) El artículo 5º (altos ejecutivos, juntas directivas y entrada temporal), o

d) El artículo 6º (requisitos de desempeño).

2. Cada entrada de la lista establece los siguientes elementos:

a) Sector, se refiere al sector para el cual se ha hecho la entrada.

b) Obligaciones afectadas, específica el(los) artículo(s) referido(s) en el párrafo 1 que, en virtud del artículo 7º (medidas disconformes), no se aplican a los sectores, subsectores o actividades listados en la entrada;

c) Descripción, establece el ámbito de los sectores, subsectores o actividades cubiertos por la entrada, y

d) Medidas existentes, identifica, para efectos de transparencia, las medidas existentes que se aplican a los sectores, subsectores o actividades cubiertas por la entrada.

3. En la interpretación de una entrada, todos los elementos de la entrada serán considerados. El elemento descripción prevalecerá sobre todos los demás elementos.

Anexo II

Lista de Colombia

Sector: Todos los sectores.

Obligaciones afectadas: Trato nacional (art. 2º).

Descripción: Colombia se reserva el derecho de adoptar o mantener medidas relacionadas con la propiedad de bienes inmuebles por parte de extranjeros en las regiones limítrofes, las costas nacionales o el territorio insular de Colombia.

Para los propósitos de esta entrada:

a) Región limítrofe, significa una zona de dos (2) kilómetros de ancho, paralela a la línea fronteriza nacional;

b) Costa nacional, es una zona de dos (2) kilómetros de ancho, paralela a la línea de la más alta marea, y

c) Territorio insular, significa las islas, islotes, cayos, morros y bancos que son parte del territorio de Colombia.

Sector: Todos los sectores.

Obligaciones afectadas: Trato de Nación más favorecida (art. 3º).

Descripción: Colombia se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida que otorgue trato diferente a países bajo cualquier acuerdo bilateral o multilateral internacional vigente o suscrito con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de este acuerdo.

Colombia se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida que otorgue trato diferente a países bajo cualquier acuerdo bilateral o multilateral internacional vigente o suscrito después de la fecha de entrada en vigencia de este acuerdo en materia de:

a) Aviación;

b) Pesca;

c) Asuntos marítimos, incluyendo salvamento.

Sector: Servicios sociales.

Obligaciones afectadas: Trato nacional (art. 2º).

Trato de Nación más favorecida (art. 3º).

Altos ejecutivos, juntas directivas y entrada temporal (art. 5º).

Requisitos de desempeño (art. 6º).

Descripción: Colombia se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida con respecto al suministro de servicios de aplicación y ejecución de leyes y servicios correccionales, y de los siguientes servicios en la medida que sean servicios sociales que se establezcan o se mantengan por razones de interés público: readaptación social, seguro o seguridad de ingreso, servicios de seguridad social, bienestar social, educación y capacitación pública, salud y atención infantil.

Para mayor certeza, el sistema de seguridad social integral en Colombia está comprendido actualmente por los siguientes sistemas obligatorios: el sistema general de pensiones, el sistema general de seguridad social en salud, el sistema general de riesgos profesionales y el régimen de cesantía y auxilio de cesantía.

Sector: Asuntos relacionados con las minorías y los grupos étnicos.

Obligaciones afectadas: Trato nacional (art. 2º).

Trato de Nación más favorecida (art. 3º).

Altos ejecutivos, juntas directivas y entrada temporal (art. 5º).

Requisitos de desempeño (art. 6º).

Descripción: Colombia se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida que otorgue derechos o preferencias a las minorías social o económicamente en desventaja y a sus grupos étnicos incluyendo con respecto a las tierras comunales de propiedad de los grupos étnicos de conformidad con el artículo 63 de la Constitución Política de Colombia. Los grupos étnicos en Colombia son: los pueblos indígenas y ROM (gitano), las comunidades afrocolombianas y la comunidad raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Sector: Industrias y actividades culturales.

Obligaciones afectadas: Trato nacional (art. 2º).

Trato de Nación más favorecida (art. 3º).

Descripción: Para los propósitos de esta entrada, el término “industrias y actividades culturales” significa:

a) Publicación, distribución o venta de libros, revistas, publicaciones periódicas o diarios electrónicos o impresos, excluyendo la impresión o composición tipográfica de cualquiera de las anteriores;

b) Producción, distribución, venta o exhibición de grabaciones de películas o videos;

c) Producción, distribución, venta o exhibición de grabaciones musicales en formato de audio o video;

d) Producción y presentación de artes escénicas;

e) Producción o exhibición de artes visuales;

f) Producción, distribución o venta de música impresa, o de música legible por máquinas;

g) Diseño, producción, distribución y venta de artesanías, o

h) Radiodifusiones dirigidas al público en general, así como todas las actividades relacionadas con la radio, la televisión y la televisión por cable, servicios de programación de satélites y las redes de radiodifusión.

Colombia se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida otorgando un trato preferencial a personas de cualquier otro país mediante cualquier tratado entre Colombia y dicho país, que contenga compromisos específicos en materia de cooperación o coproducción cultural, con respecto de las industrias y actividades culturales.

Para mayor certeza, los artículos 2º (trato nacional) y 3º (trato de Nación más favorecida) no aplican a los “apoyos del gobierno” (25) para la promoción de las industrias y actividades culturales.

Colombia podrá adoptar o mantener cualquier medida que otorgue a una persona de otra parte tratamiento equivalente que aquel otorgado por esa otra parte a las personas colombianas en los sectores audiovisual, musical o editorial.

Sector: Diseño de joyas.

Artes escénicas.

Música.

Artes visuales.

Editoriales.

Obligaciones afectadas: Requisitos de desempeño (art. 6º).

Descripción: Colombia se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida condicionando la recepción o continua recepción de apoyo del gobierno (26) al desarrollo y producción de diseño de joyas, artes escénicas, música, artes visuales y editoriales a que el receptor alcance un nivel dado o porcentaje de contenido creativo doméstico.

Para mayor certeza, esta entrada no aplica a publicidad y los requisitos de desempeño deberán en todos los casos ser consistentes con el Acuerdo sobre las Medidas en Materia de Inversiones relacionadas con el Comercio de la OMC.

Sector: Industrias artesanales.

Obligaciones afectadas: Requisitos de desempeño (art. 6º).

Descripción: Colombia se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida relacionada con el diseño, distribución, venta al por menor o exhibición de artesanías identificadas como artesanías de Colombia.

Para mayor certeza, los requisitos de desempeño deberán en todos los casos ser consistentes con el Acuerdo sobre las Medidas en Materia de Inversiones relacionadas con el Comercio de la OMC.

Sector: Audiovisual publicidad.

Obligaciones afectadas: Requisitos de desempeño (art. 6º).

Descripción: Obras cinematográficas.

a) Colombia se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida requiriendo que un porcentaje específico (no excediendo el 15 por ciento) del total de obras cinematográficas mostradas anualmente en salas de cine o exhibición en Colombia, consista de obras cinematográficas colombianas. Para establecer dichos porcentajes, Colombia deberá tener en cuenta las condiciones de producción cinematográfica nacional, la infraestructura de exhibición existente en el país y los promedios de asistencia.

Obras cinematográficas en televisión abierta

b) Colombia se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida requiriendo que un porcentaje específico (no excediendo el 10 por ciento) del total de obras cinematográficas mostradas anualmente en canales de televisión abierta, consista de obras cinematográficas colombianas. Para establecer dicho porcentaje, Colombia deberá tener en cuenta la disponibilidad de obras cinematográficas nacionales para la televisión abierta. Dichas obras contarán como parte de los requisitos de contenido doméstico que apliquen al canal según lo descrito en la entrada de televisión abierta y de servicios de producción audiovisual, del anexo I.

Televisión comunitaria (27)

c) Colombia se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida requiriendo que una porción específica de la programación semanal de televisión comunitaria (no excediendo las 56 horas semanales) consista de programación nacional producida por el operador de la televisión comunitaria.

Televisión abierta comercial en multicanal

d) Colombia se reserva el derecho de imponer los requisitos mínimos de programación que aparecen en la entrada de televisión abierta y servicios de producción audiovisual del anexo I, a la televisión abierta comercial en multicanal, excepto que estos requisitos no podrán ser impuestos a más de dos canales o al 25% (por ciento) del total del número de canales (lo que sea mayor) puestos a disposición por un mismo proveedor.

Publicidad

e) Colombia se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida requiriendo que un porcentaje específico (no excediendo el 20 por ciento) del total de las órdenes publicitarias contratadas anualmente con compañías de servicios de medios establecidas en Colombia, diferentes de periódicos, diarios y servicios de suscripción con casas matrices fuera de Colombia, sea producida y creada en Colombia. Cualquiera de tales medidas no se aplicará a:

i) La publicidad de estrenos de películas en teatros o salas de exhibición, y

ii) Cualquier medio donde la programación o los contenidos se originen fuera de Colombia o a la reemisión o a la retransmisión de tal programación dentro de Colombia.

Sector: Expresiones tradicionales.

Obligaciones afectadas: Trato nacional (art. 2º).

Descripción: Colombia se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida que otorgue derechos o preferencias a las comunidades locales con respecto al apoyo y desarrollo de expresiones relacionadas con el patrimonio cultural inmaterial declarado bajo la Resolución 0168 de 2005.

Sector: Servicios interactivos de audio y/o video.

Obligaciones afectadas: Requisitos de desempeño (art. 6º).

Descripción:

1. Sujeto a los párrafos 2 y 3, Colombia se reserva el derecho de adoptar o mantener medidas que aseguren que, cuando el gobierno de Colombia haya determinado que los contenidos audiovisuales colombianos no estén fácilmente disponibles a los consumidores colombianos, el acceso a la programación de contenidos audiovisuales colombianos a través de servicios interactivos de audio y/o video no se deniegue de manera no razonable a los consumidores colombianos.

2. Colombia deberá publicar por adelantado cualquier medida que se proponga adoptar dirigida a la denegación no razonable del acceso a los consumidores colombianos de contenidos audiovisuales colombianos a través de servicios interactivos de audio y/o video y deberá proporcionar a las personas interesadas una oportunidad razonable para comentar. Por lo menos noventa (90) días antes de que cualquier medida sea adoptada, Colombia deberá notificar a las otras Partes la medida propuesta. La notificación deberá suministrar información con respecto a la medida propuesta, incluyendo información que constituya la base para la determinación del gobierno de Colombia que el contenido audiovisual colombiano no está fácilmente disponible a los consumidores colombianos y una descripción de la medida propuesta. Tales medidas deben ser consistentes con las obligaciones de Colombia bajo el AGCS.

3. Una parte podrá requerir consultas con Colombia respecto a la medida propuesta. Colombia deberá iniciar las consultas con la parte solicitante dentro de los treinta (30) días a la recepción del requerimiento. Colombia podrá ejercer sus derechos bajo el párrafo 1 solamente si, como resultado de esas consultas:

i) La parte solicitante acuerda que el contenido audiovisual colombiano no está fácilmente disponible a los consumidores colombianos y que la medida propuesta está basada en criterios objetivos y tiene el menor impacto comercial restrictivo posible;

ii) Colombia acuerda que la medida será aplicada solamente a un servicio suministrado en Colombia por una compañía establecida en Colombia, y

iii) La parte solicitante y Colombia acuerdan una compensación liberalizadora del comercio en el sector de servicios interactivos de audio y/o video.

Sector: Servicios financieros.

Obligaciones afectadas: Trato de Nación más favorecida (art. 3º).

Descripción: Colombia se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida que otorgue trato diferente a países, bajo cualquier acuerdo bilateral o multilateral internacional vigente o suscrito con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de este acuerdo.

Conforme con lo anterior, Colombia se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida que, en desarrollo del Acuerdo de Cartagena y el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, otorgue trato diferente a sus miembros.

Anexo II

Lista de Perú

Sector: Todos los sectores.

Obligaciones afectadas: Trato de Nación más favorecida (art. 3º).

Descripción: La República del Perú se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida que otorgue trato diferente a países bajo cualquier acuerdo bilateral o multilateral internacional vigente o suscrito con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de este acuerdo.

La República del Perú se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida que otorgue trato diferente a países bajo cualquier acuerdo bilateral o multilateral internacional vigente o suscrito después de la fecha de entrada en vigencia de este acuerdo en materia de:

a) Aviación;

b) Pesca;

c) Asuntos acuáticos, incluyendo salvamento.

Para mayor certeza, asuntos acuáticos incluye el transporte por lagos y ríos.

Sector: Asuntos relacionados con comunidades indígenas, campesinas y nativas y minorías.

Obligaciones afectadas: Trato nacional (art. 2º).

Trato de Nación más favorecida (art. 3º).

Altos ejecutivos, juntas directivas y entrada temporal (art. 5º).

Requisitos de desempeño (art. 6º).

Descripción: La República del Perú se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida que otorgue derechos o preferencias a minorías social o económicamente desfavorecidas y a grupos étnicos. Para los propósitos de esta entrada: grupos étnicos significa comunidades indígenas y nativas; minorías incluye comunidades campesinas.

Sector: Pesca.

Obligaciones afectadas: Trato nacional (art. 2º).

Trato de Nación más favorecida (art. 3º).

Requisitos de desempeño (art. 6º).

Descripción: La República del Perú se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida relacionada con la pesca artesanal.

Sector: Industrias culturales.

Obligaciones afectadas: Trato nacional (art. 2º).

Trato de Nación más favorecida (art. 3º).

Descripción: Para los efectos de esta entrada, el término “industrias culturales” significa:

a) Publicación, distribución o venta de libros, revistas, publicaciones periódicas o diarios impresos o electrónicos, pero no incluye la actividad aislada de impresión ni de composición tipográfica de ninguna de las anteriores;

b) Producción, distribución, venta o exhibición de grabaciones de películas o video;

c) Producción, distribución, venta o exhibición de grabaciones de música en audio o video;

d) Producción y presentación de artes escénicas;

e) Producción y exhibición de artes visuales;

f) Producción, distribución o venta de música impresa o legible por medio de máquina;

g) Diseño, producción, distribución y venta de artesanías, o

h) Las radiodifusoras destinadas al público en general, así como todas las actividades relacionadas con la radio, televisión y transmisión por cable, servicios de programación de satélites y redes de transmisión.

La República del Perú se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida que otorgue trato preferencial a las personas (naturales y jurídicas) de otros países conforme a cualquier tratado internacional bilateral o multilateral existente o futuro con respecto a las industrias culturales, incluyendo acuerdos de cooperación audiovisual.

Para mayor certeza, los artículos 2º (trato nacional) y 3º (trato de Nación más favorecida) no aplican a los programas gubernamentales de apoyo para la promoción de actividades culturales.

Para los efectos de esta entrada, artes escénicas significa espectáculos en vivo o presentaciones tales como teatro, danza o música.

Sector: Artesanía.

Obligaciones afectadas: Requisitos de desempeño (art. 6º).

Descripción: La República del Perú se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida con respecto al diseño, distribución, venta al por menor o exhibición de artesanías que sean identificadas como artesanías peruanas.

Los requisitos de desempeño deberán ser en todos los casos compatibles con el Acuerdo sobre las Medidas en materia de Inversión relacionadas con el Comercio de la OMC.

Sector: Industria audiovisual.

Obligaciones afectadas: Requisitos de desempeño (art. 6º).

Descripción: La República del Perú se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida que establezca un porcentaje específico (hasta el 20%) del total de las obras cinematográficas exhibidas anualmente en cines o salas de exhibición en la República del Perú para las obras cinematográficas peruanas. Entre los criterios que considerará la República del Perú para el establecimiento de tal porcentaje se incluyen: la producción cinematográfica nacional, la infraestructura de exhibición existente en el país y la asistencia de público.

Sector: Diseño de joyería.

Artes escénicas.

Artes visuales.

Música.

Industria editorial.

Obligaciones afectadas: Requisitos de desempeño (art. 6º).

Descripción: La República del Perú se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida que condicione la recepción o continuidad de la recepción de apoyo del gobierno para el desarrollo y producción de diseño de joyería, artes escénicas, artes visuales, música e industria editorial, al logro de un determinado nivel o porcentaje de contenido creativo doméstico.

Sector: Industria audiovisual.

Industria musical.

Industria editorial.

Obligaciones afectadas: Trato nacional (art. 2º).

Trato de Nación más favorecida (art. 3º).

Descripción: La República del Perú se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida que otorgue a una persona natural o jurídica de la otra parte el mismo trato otorgado a una persona natural o jurídica peruana en el sector audiovisual, editorial y musical por esa otra parte.

Sector: Servicios sociales.

Obligaciones afectadas: Trato nacional (art. 2º).

Trato de Nación más favorecida (art. 3º).

Altos ejecutivos, juntas directivas y entrada temporal (art. 5º).

Requisitos de desempeño (art. 6º).

Descripción: La República del Perú se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida con respecto al suministro de servicios de ejecución de leyes y readaptación social, así como de los siguientes servicios, en la medida que sean servicios sociales que se establezcan o se mantengan por razones de interés público: seguro y seguridad de ingreso, servicios de seguridad social, bienestar social, educación pública, capacitación pública, salud y atención infantil.

Sector: Transporte terrestre internacional.

Obligaciones afectadas: Trato nacional (art. 2º).

Trato de Nación más favorecida (art. 3º).

Descripción: La República del Perú se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida relativa a las operaciones de transporte terrestre internacional de carga o pasajeros en zonas limítrofes.

Adicionalmente, la República del Perú se reserva el derecho de adoptar o mantener las siguientes limitaciones, para el suministro de servicios de transporte terrestre internacional desde la República del Perú:

1. El prestador de servicio deberá ser una persona natural o jurídica peruana.

2. Tener domicilio real y efectivo en la República del Perú, y

3. En el caso de una persona jurídica, estar legalmente constituida en el Perú y contar con más del 50% (por ciento) de su capital social y su control efectivo en manos de nacionales peruanos.

Rama ejecutiva del poder público

Presidencia de la República

Bogotá, D. C., ...

Autorizado. Sométase a la consideración del honorable Congreso de la República para los efectos constitucionales.

(Fdo.) Álvaro Uribe Vélez

El viceministro de Relaciones Exteriores encargado de las funciones del despacho del Ministro de Relaciones Exteriores.

(Fdo.) Camilo Reyes Rodríguez.

DECRETA:

ART. 1º—Apruébase el Acuerdo entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República de Colombia sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, hecho y firmado en Lima, Perú, el 11 de diciembre de 2007.

ART. 2º—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª de 1944, el Acuerdo entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República de Colombia sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, hecho y firmado en Lima, Perú, el 11 de diciembre de 2007, que por el artículo 1º de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.

ART. 3º—La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.

Dada en Bogotá, D.C., a ...

Presentado al honorable Congreso de la República por el Ministro de Relaciones Exteriores y el Ministro de Comercio, Industria y Turismo.

El Ministro de Relaciones Exteriores,

Jaime Bermúdez Merizalde.

El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,

Luis Guillermo Plata Páez.

Rama ejecutiva del poder público

Presidencia de la República

Bogotá, D.C., ...

Autorizado. Sométase a la consideración del honorable Congreso de la República para los efectos constitucionales.

(Fdo.) Álvaro Uribe Vélez

El viceministro de Relaciones Exteriores Encargado de las funciones del despacho del Ministro de Relaciones Exteriores.

(Fdo.) Camilo Reyes Rodríguez.

DECRETA:

ART. 1º—Apruébase el Acuerdo entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República de Colombia sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, hecho y firmado en Lima, Perú, el 11 de diciembre de 2007.

ART. 2º—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª de 1944, el Acuerdo entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República de Colombia sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, hecho y firmado en Lima, Perú, el 11 de diciembre de 2007, que por el artículo 1º de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.

ART. 3º—La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.

Comuníquese y cúmplase.

Ejecútese, previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al artículo 241-10 de la Constitución Política.

Dada en Bogotá, D.C., a 31 de julio de 2009.

(1) Para mayor certeza, este acuerdo está sujeto y será interpretado de conformidad con los anexos A a G, según las remisiones que, en cada artículo de este acuerdo, se realizan.

(2) Para mayor certeza, el artículo 4º será interpretado de conformidad con el anexo A.

(3) Para mayor certeza, una condición para la recepción o la continuidad de la recepción de una ventaja a la que se refiere el párrafo 5 no constituye una “obligación o compromiso” para propósitos del párrafo 1.

(4) La referencia al “artículo 31” incluye la nota al pie de página 7 del artículo 31.

(5) Para mayor certeza, los párrafos 1 y 2 de este artículo serán interpretados de conformidad con el artículo 39 (relación con la Comunidad Andina).

(6) Para mayor certeza, en el caso de Colombia, los “departamentos” forman parte del nivel local de gobierno; y, en el caso de Perú, las “regiones” forman parte del nivel local de gobierno.

(7) Para mayor certeza, el artículo 11.1 será interpretado de acuerdo con lo dispuesto en el anexo C (expropiación) sobre la explicación de la expropiación indirecta.

(8) Para mayor certeza, el artículo 12 está sujeto al anexo D (transferencias).

(9) Para el caso de Colombia, el Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, o su sucesor. Para el caso de Perú, el Ministerio de Economía y Finanzas, MEF, o su sucesor.

(10) En una medida cautelar, incluyendo las medidas que buscan preservar evidencia y propiedad mientras esté pendiente la tramitación de la reclamación sometida a arbitraje, un tribunal judicial o administrativo del demandado en una controversia sometida a arbitraje de conformidad con la sección B (solución de controversias inversionista-Estado), aplicará la legislación de dicha parte.

(11) El demandado podrá poner a disposición del público la notificación de intención conjuntamente con la notificación de arbitraje con el fin de facilitar las consultas que las partes contendientes realicen con miras a resolver la controversia de manera amigable.

(12) Es más probable que algunas formas de deuda, como bonos, obligaciones y pagarés a largo plazo, tengan las características de una inversión, mientras que es menos probable que otras formas de deuda, tales como reclamos de pago de vencimiento inmediato y como resultado de la venta de bienes o servicios, tengan estas características.

(13) El hecho de que un tipo de licencia, autorización, permiso o un instrumento similar (incluida una concesión, en la medida que esta tenga la naturaleza de este tipo de instrumento) tenga las características de una inversión, depende de factores tales como la naturaleza y el alcance de los derechos del tenedor de conformidad con la legislación de la parte. Entre las licencias, autorizaciones, permisos o instrumentos similares que no tienen las características de una inversión están aquellos que no generan derechos protegidos mediante la legislación interna. Para mayor certeza, lo anterior es sin perjuicio de que un activo asociado con dicha licencia, autorización, permiso o instrumento similar tenga las características de una inversión.

(14) Se entiende que un inversionista “intenta” realizar una inversión cuando haya llevado a cabo las acciones esenciales y necesarias para realizar la referida inversión, como la provisión de fondos para constituir el capital de la empresa, la obtención de permisos y licencias, entre otras.

(15) Se entiende que un inversionista “intenta” realizar una inversión cuando haya llevado a cabo las acciones esenciales y necesarias para realizar la referida inversión, como la provisión de fondos para constituir el capital de la empresa, la obtención de permisos y licencias, entre otras.

(16) Para mayor certeza, la lista de “legítimos objetivos de bienestar público” en este subpárrafo no es exhaustiva.

(17) El Tratado de Vázquez-Saccio, firmado por Colombia y los Estados Unidos en septiembre de 1972, incluye asuntos relacionados con la pesca.

(18) El artículo 23 define una “cooperativa de vigilancia y seguridad privada”, como una empresa asociativa sin ánimo de lucro en la cual los trabajadores, son simultáneamente los aportantes y gestores de la empresa, creada con el objeto de prestar servicios de vigilancia y seguridad privada, y servicios conexos, en forma remunerada.

(19) Una caución, conforme a la legislación colombiana, es un depósito en dinero que se hace a órdenes de un juez. Por ejemplo, una caución puede ser prestada por un demandado con el propósito que se levanten las medidas cautelares de embargo o secuestro.

(20) Para mayor certeza, y no obstante la ubicación de esta medida disconforme dentro del anexo A, las partes entienden que las ventajas o derechos exclusivos que una parte puede otorgar a las entidades especificadas no están limitadas solamente a los ejemplos citados.

(21) Para mayor certeza, asuntos marítimos incluye el transporte por lagos y ríos.

(22) Hasta el momento, no existe ninguna entidad cubierta bajo esta excepción.

(23) La unidad impositiva tributaria (UIT) es un monto de referencia que es utilizado en las normas tributarias a fin de mantener en valores constantes las bases imponibles, deducciones, límites de afectación y demás aspectos de los tributos que considere conveniente el legislador.

(24) Para mayor certeza, y no obstante el lugar de esta medida disconforme dentro del anexo I, las partes entienden que la ventaja o derecho exclusivo que la República del Perú pueda otorgar a las entidades especificadas no están limitadas solo por los ejemplos citados.

(25) Para los propósitos de esta entrada, “apoyo del gobierno” significa incentivos fiscales, incentivos para la reducción de las contribuciones obligatorias, ayudas provistas por un gobierno, préstamos provistos por un gobierno, y garantías, patrimonios autónomos o seguros provistos por un gobierno, independientemente de si una entidad privada es total o parcialmente responsable de la administración del “apoyo del gobierno”. De cualquier forma, una medida no se encuentra cubierta por esta entrada en la medida que sea inconsistente con el artículo 13 (medidas tributarias).

(26) Como se definió en el pie de página de la entrada anterior.

(27) Según definida en el Acuerdo 006 de 1999.

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