LEY 15 DE 1959 

(Abril 30)

“Por la cual se da mandato al Estado para intervenir en la industria del transporte, se decreta el auxilio patronal del transporte, se crea el fondo de transporte urbano y se dictan otras disposiciones”.

El Congreso de Colombia,

DECRETA:

I. Mandato constitucional

ART. 1º—En desarrollo de los artículos 30, 32 y 39 de la Constitución Nacional, el gobierno, en representación del Estado y por mandato de esta ley, intervendrá en la industria del transporte automotor tanto urbano como en servicio por carreteras, para la movilización de carga y pasajeros, con los siguientes objetivos:

a) Organizar o patrocinar empresas públicas, privadas o mixtas de carácter distrital, municipal, departamental o nacional, pudiendo expropiar o adquirir los equipos pertenecientes a particulares, previa indemnización o arreglo contractual sobre el pago;

b) Reglamentar el funcionamiento de dichas empresas y la prestación de sus servicios;

c) Hacer o autorizar importaciones de vehículos y repuestos pudiendo modificar o eliminar las tarifas aduaneras, requisitos y demás gravámenes de importación de elementos destinados a ese servicio público. Además, el gobierno podrá intervenir para regular los precios de venta al público de todas estas mercancías;

d) Fijar para todas las ciudades del país las tarifas de transporte urbano, intermunicipal e interdepartamental, y establecer la forma de pago o prestación del servicio de transporte que por esta ley le corresponde al empleador en beneficio del empleado, y

e) Establecer, cuando las necesidades del transporte urbano en otras ciudades del país lo exijan, y en forma transitoria mientras se establecen tarifas definitivas, el sistema previsto en esta ley para el Distrito Especial de Bogotá, y en consecuencia señalar el monto, forma de pago, distribución y recaudo del auxilio patronal por transporte allí previsto.

PAR.—La facultad establecida en el ordinal d) del artículo anterior y en cuanto hace relación al servicio urbano, podrá delegarla el gobierno en los gobernadores o en los alcaldes, cuando los respectivos municipios tengan una organización adecuada en sus dependencias de tránsito y transportes, de acuerdo con las reglamentaciones que dicte el gobierno sobre el particular. Para la aplicación de las determinaciones que se dicten en virtud de esta delegación se requiere la previa autorización del Gobierno Nacional.

II. Creación del auxilio patronal del transporte

ART. 2º—Establécese a cargo de los patronos en los municipios donde las condiciones del transporte así lo requieran, a juicio del gobierno, el pago del transporte desde el sector de su residencia hasta el sitio de su trabajo, para todos y cada uno de los trabajadores cuya remuneración no exceda de un mil quinientos pesos ($ 1.500) mensuales. El gobierno podrá decretar en relación con este auxilio las exoneraciones totales o parciales que considere convenientes, así como también podrá graduar su pago por escalas de salarios, o número de trabajadores, o monto del patrimonio del respectivo taller, negocio o empresa.

PAR.—El valor que se pague por auxilio de transporte no se computará como factor de salario, y se pagará exclusivamente por los días trabajados.

ART. 3º—El valor que se paga por auxilio de transporte a que se refiere el artículo anterior, cubrirá los pasajes que requiera el trabajador, según el horario de trabajo establecido por el patrono, y se calculará sobre el valor del pasaje en vehículos colectivos del servicio urbano según la necesidad de transporte de cada trabajador.

ART. 4º—Los patronos obligados por las normas de la presente ley podrán cumplirla estableciendo directamente —si así lo prefieren— el servicio de transporte gratuito para sus trabajadores.

ART. 5º—El costo de este auxilio se absorberá directamente por los patronos, y de consiguiente no dará base para alza en el precio de los artículos y de los servicios.

III. Organización transitoria en el D.E. de Bogotá

ART. 6º—El auxilio de transporte a que se refiere el artículo 2º de esta ley será pagado en Bogotá, a razón de $ 0.25 por viaje, o en la cuantía que determine el Gobierno Nacional. El gobierno podrá establecerle a este auxilio las exoneraciones y graduaciones previstas en el artículo 2º de la presente ley.

PAR. TRANS.—En el D.E. de Bogotá el gobierno iniciará el cumplimiento de esta ley, estableciendo una tarifa uniforme de $ 0.15 en todas las líneas y empresas de transporte urbano.

ART. 7º—En el D.E. de Bogotá, las cuotas que pagarán los patronos, y que se determinan en el artículo 6º tendrán la siguiente destinación:

a) Quince centavos ($ 0.15) o la cuantía que indique el gobierno por cada viaje, que serán entregados al trabajador directamente en los días de pago comunes;

b) Diez centavos ($ 0.10) o la cuantía que indique el gobierno por cada viaje, que serán entregados al Estado mensualmente, mediante el sistema de recaudo que se establezca en el decreto reglamentario de esta ley, y en las oficinas que el gobierno determine.

PAR.—Las disposiciones de que tratan los artículos 6º y 7º de la presente ley, tendrán carácter transitorio y su vigencia terminará el 31 de diciembre de 1960.

ART. 8º—Las sumas a que se refiere el ordinal b) del artículo anterior entrarán a una cuenta especial denominada “Fondo para el transporte en el D.E. de Bogotá”.

ART. 9º—El fondo de que trata el artículo anterior tendrá personería jurídica por ministerio de esta ley, y será manejado por una junta administradora compuesta de seis (6) miembros así: un (1) miembro nombrado por el Presidente de la República; el Ministro de Fomento o su delegado; el Alcalde Distrital de Bogotá o su delegado; un (1) miembro elegido por el Concejo Distrital de Bogotá; un (1) representante de las empresas de transporte urbano legalmente constituidas, escogido por el Presidente de la República de una lista de cuatro (4) nombres que dichas empresas pasarán con tal objeto; un (1) representante de las confederaciones sindicales, escogido por el Presidente de la República, de una lista compuesta de cuatro (4) nombres que tales organismos pasarán en representación de la CTC y UTC. Este fondo será fiscalizado por la Contraloría General de la República. Además, el Gobierno Nacional señalará periódicamente la cuota de administración necesaria para el manejo de dicho fondo, que tendrá los siguientes objetivos:

a) Auxiliar a la empresa del D.E. de Bogotá y a las empresas particulares que presten el servicio de buses, en la forma y cuantía que indique el gobierno, o en la suma equivalente a la diferencia entre la tarifa que se fije oficialmente y el costo económico de transporte por pasajero, que el gobierno deduzca y señale con este fin. Para que las empresas privadas tengan derecho a recibir este auxilio, deberán someterse a los reglamentos sobre condiciones y controles que el mismo gobierno establezca;

b) Promover la organización de empresas en la forma prevista en el ordinal a) del artículo 1º de esta ley.

PAR.—La junta de que trata el artículo precedente actuará por el término de la vigencia de lo dispuesto en los artículos 6º y 7º de la presente ley.

ART. 10.—Con cargo a la apropiación presupuestal de que trata el capítulo 109, artículo 1125 del presupuesto de 1959 el gobierno girará la suma de dos millones de pesos ($ 2.000.000), a favor del fondo creado por el artículo 9º de esta ley, a fin de que pueda operar inmediatamente. Este giro no estará sujeto al sistema de duodécimas partes previsto en el artículo 57 del Decreto Extraordinario 164 de 1950. Pero el saldo de la partida sí será girado con sujeción a dichas normas orgánicas.

La suma mencionada se estimará como un anticipo del Estado, imputable a las cuotas que debe pagar con destino al fondo, por razón de la distribución del auxilio patronal de transporte correspondiente a los trabajadores oficiales.

PAR.—Con cargo al presupuesto de la vigencia fiscal de 1959 auxíliase a la empresa de buses del D.E. de Bogotá con la suma de un millón doscientos mil pesos ($ 1.200.000), y en consecuencia facúltase al gobierno para hacer los traslados correspondientes, tendientes al cumplimiento de la presente disposición.

ART. 11.—Para tener derecho a las deducciones que por sueldos pagados reconocen las leyes del impuesto sobre la renta, se requerirá que el contribuyente acredite que ha efectuado todos los pagos por auxilio de transporte a los trabajadores y por la cuota que le corresponde aportar al fondo.

ART. 12.—Amplíase la facultad otorgada al gobierno por la Ley 95 de 1958, para garantizar préstamos o financiaciones que obtenga la empresa distrital de buses del Distrito Especial de Bogotá, hasta la cantidad de diez millones de pesos ($ 10.000.000).

IV. Recaudación de impuesto de consumo sobre gasolina motor

ART. 13, TRANS.—Apruébase la autorización dada por el gobierno a los departamentos y al D.E. de Bogotá, en desarrollo de los decretos extraordinarios 879 y 1148 de 1956, para el recaudo directo de cuatro centavos ($ 0.04) por galón, como impuesto de consumo de gasolina a partir del primero (1º) de enero de 1959. Igualmente apruébase el subsidio a cargo de la Empresa Colombiana de Petróleos y a favor de los departamentos y del D.E. de Bogotá, de seis centavos ($ 0.06), por galón de gasolina, a partir de la misma fecha.

V. Disposiciones generales

ART. 14.—El auxilio patronal de transporte, creado en las secciones de segunda y tercera (II y III) de esta ley, se concede en las mismas condiciones y limitaciones a los trabajadores oficiales.

ART. 15.—El contrato de trabajo verbal o escrito de los chóferes asalariados del servicio público se entenderá celebrado con la empresa respectiva, pero para efecto del pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, las empresas y los propietarios de los vehículos, sean socios o afiliados, serán solidariamente responsables.

ART. 16.—El gobierno queda facultado para determinar los requisitos que deberán llenar las empresas privadas de transporte urbano colectivo, para beneficiarse de los subsidios oficiales y de las importaciones en los términos establecidos en el artículo 1º de la presente ley, o de cualquier otro privilegio que se establezca en el futuro.

ART. 17.—Queda autorizado el gobierno para hacer los traslados, abrir los créditos presupuestales, contratar los empréstitos necesarios y hacer las operaciones de crédito para la debida ejecución de esta ley.

ART. 18.—Queda derogada la Ley 18 de 1958 y el artículo 3º del Decreto-Ley 3425 de 1954 y las demás disposiciones contrarias a la presente ley.

ART. 19.—Esta ley rige desde su sanción.

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