Congreso de Colombia

LEY 1928 DE 2018

(Julio 24)

“Por medio de la cual se aprueba el “Convenio sobre la Ciberdelincuencia”, adoptado el 23 de noviembre de 2001, en Budapest”.

El Congreso de Colombia,

Visto el texto del “Convenio sobre la Ciberdelincuencia”, adoptado el 23 de noviembre de 2001, en Budapest.

Se adjunta copia fiel y completa del texto certificado en español del Convenio, por la jefe de área de la oficina de interpretación de lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de España, certificado por la coordinadora del grupo interno de trabajo de tratados de la dirección de asuntos jurídicos internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, documento que reposa en el archivo del grupo interno de trabajo de tratados y consta en dieciséis (16) folios.

El presente proyecto de ley consta de veinticuatro (24) folios.

PROYECTO DE LEY 58 DE 2017

“Por medio de la cual se aprueba el “Convenio sobre la Ciberdelincuencia”, adoptado el 23 de noviembre de 2001, en Budapest”.

El Congreso de la República,

Visto el texto del “Convenio sobre la Ciberdelincuencia”, adoptado el 23 de noviembre de 2001, en Budapest.

Se adjunta copia fiel y completa del texto en español del Convenio, certificado por la jefe de área de la oficina de interpretación de lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de España, certificado por la coordinadora del grupo interno de trabajo de tratados de la dirección de asuntos jurídicos internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, documento que reposa en el archivo del grupo interno de trabajo de tratados y consta en dieciséis (16) folios.

El presente proyecto de ley consta de veinticuatro (24) folios.

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Exposición de Motivos del Proyecto de Ley

“Por medio de la cual se aprueba el “Convenio sobre la Ciberdelincuencia”, adoptado el 23 de noviembre de 2001, en Budapest”.

Honorables senadores y representantes:

En nombre del Gobierno Nacional, y en cumplimiento del numeral 16 del artículo 150, numeral 2º del artículo 189 y el artículo 224 de la Constitución Política, presentamos a consideración del Honorable Congreso de la República, el proyecto de ley, por medio de la cual se aprueba el “Convenio sobre la Ciberdelincuencia”, adoptado el 23 de noviembre de 2001, en Budapest.

I. Consideraciones previas

A. Contexto internacional

El crecimiento de las amenazas en el ciberespacio, así como la utilización de nuevas tecnologías para generar amenazas informáticas, constituyen una preocupación común, dado que impactan de manera significativa la seguridad de la información, en los ámbitos tanto público como privado. Esto lo que pone de manifiesto es la necesidad de desarrollar de forma estricta políticas de seguridad necesarias para establecer controles que permitan proteger tanto a la ciudadanía sociedad, como al el Estado y sus infraestructuras críticas, ante estas nuevas amenazas. Tales políticas de seguridad han de ser respaldadas por un adecuado marco normativo sustancial y procesal de naturaleza penal, para que su implementación sea efectiva.

Por esta razón, en noviembre de 2001, producto de una reunión internacional de expertos celebrada en Budapest, Hungría, se creó el único marco existente para aplicar una política penal común para proteger a la sociedad frente a la ciberdelincuencia, mediante la adopción de legislación adecuada y el fortalecimiento de la cooperación internacional. En la actualidad, este documento es considerado como el estándar mundial en esta materia.

Varios Estados europeos, junto a otras naciones como Estados Unidos, Japón, Canadá y Sudáfrica, vieron con interés el contenido del Convenio en virtud de que representaba una oportunidad valiosa para contar con un instrumento aplicable en todos los países del mundo y así lograr consenso internacional en la persecución de las nuevas formas de delincuencia ejecutadas a través de los medios telemáticos, considerando que más que cualquier otro fenómeno criminal, la ciberdelincuencia no tiene fronteras.

En la actualidad, el Convenio de Budapest ha sido firmado por 45 de los 47 Estados miembros del Consejo de Europa. De ese grupo, 35 lo han ratificado. Estados no miembros del Consejo de Europa, como Australia, Estados Unidos, Japón, la Isla Mauricio, República Dominicana y Panamá, son Estados Parte del Convenio. Además, más de 24 países han sido invitados a adherirse al Convenio, por lo que en el momento se encuentran adelantando el proceso de ratificación interna en este sentido.

Por su parte, el 11 de septiembre de 2013, Colombia fue invitada por el Consejo de Europa a adherirse al Convenio de Budapest, gracias a las gestiones del Gobierno Nacional encaminadas a contar con instrumentos jurídicos y de cooperación internacional para enfrentar de forma efectiva el delito cibernético. El término establecido para formalizar la adhesión es de 5 años por lo que solo hasta el año 2018 Colombia tiene la posibilidad de aceptar dicha invitación.

B. Contexto nacional

Colombia es el primer país de América Latina con internet de alta velocidad que ha tenido como finalidad llevar este medio a todos sus ciudadanos a lo largo del territorio nacional. En el mismo sentido, aproximadamente desde el año 2005, Colombia se ha comprometido a fortalecer la seguridad de la información y desde 2010, cuando se implementó el Plan Vive Digital, el país ha experimentado una revolución digital que ha llevado el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones a ser una herramienta para el desarrollo del país.

Esta revolución digital implica que tanto los ciudadanos como el sector privado y las entidades públicas dependan cada día más de las tecnologías de la información y las comunicaciones, como lo evidencian las últimas cifras registradas, incluyendo las de conexiones de banda ancha en el país, las cuales se multiplicaron significativamente en los últimos años, pasando de 213 millones en 2010, a 15,130 millones en 2016, tal y como se ilustra en el gráfico 1.

Gráfico 1. Evolución de conexiones de banda ancha en Colombia

Millones de conexiones de banda ancha

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Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2016.

Así mismo, el número de municipios conectados incrementó hasta llegar a 1.075 en el 2016 y el número de terminales en las instituciones educativas públicas también aumentó. En el pasado había 24 niños por terminal, y en la actualidad solo 4. Esta tendencia en el incremento del uso de las TIC también se ve evidenciada en el número de empresas de dicho sector, el cual pasó de 2.657 a 5.404, y las Mipymes se multiplicaron del 7% al 75%.

En el mismo sentido, aproximadamente desde el año 2005, Colombia se ha comprometido en la misma medida a fortalecer la seguridad de información, es por esto que a través del Decreto 1078 de 2015 se da obligatoriedad a las entidades del Estado para implementar el modelo de seguridad y privacidad de TI del Ministerio TIC.

Si bien este aumento en la conectividad en Colombia ha traído consigo innumerables beneficios para el país, también se han incrementado las amenazas cibernéticas, las vulnerabilidades y los incidentes digitales, afectando la seguridad de los ciudadanos, las organizaciones públicas y privadas, e incluso infraestructuras que hacen parte de los intereses de la Nación. Las técnicas y objetivos de los ataques cibernéticos se han sofisticado, teniendo como consecuencia una mayor dificultad para su oportuna detección.

Durante los últimos años, Colombia ha sido foco de interés para distintos ataques cibernéticos, los cuales se han sofisticado trayendo consigo el incremento de la efectividad de los mismos y una mayor dificultad para su oportuna detección. Escenario que preocupa al Gobierno Nacional toda vez que las condiciones para desarrollar actividades socioeconómicas en el país cada día se soportan más en el uso de las TIC, y los incidentes digitales en Colombia afectan a varios agentes y sectores (gráficos 2 y 3).

Gráfico 2. Sectores afectados en Colombia por incidentes digitales 2016

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Gráfico 3. Total incidentes digitales por entidad 2016

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Fuente: colCERT, 2016.

C. Marco Normativo Nacional

El país viene desarrollando instrumentos normativos que contemplan temáticas relacionadas con la seguridad de la información, la ciberseguridad y la ciberdefensa las cuales se relacionan en esta marco normativo.

En el año 2009 se expidió la Ley 1273 “Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado —denominado “de la protección de la información y de los datos”— y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones”. Se crearon los siguientes tipos penales: Capítulo I - “De los atentados contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y de los sistemas informáticos”. Este capítulo tipifica las siguientes conductas penales: Acceso abusivo a un sistema informático, obstaculización ilegítima de sistema informático o de red de telecomunicación, interceptación de datos informáticos, daño informático, uso de software malicioso, violación de datos personales, suplantación de sitios web para capturar datos personales. Capítulo II - “De los atentados informáticos y otras infracciones”, este capítulo tipifica el: hurto por medios informáticos y semejantes, así como la transferencia no consentida de activos.

Por medio de la Ley 1273 se adoptan los lineamientos del Convenio de Budapest celebrado en el año 2001. La decisión, de proferir las leyes internas en concordancia al Convenio sobre Ciberdelincuencia, fue tomada por considerarse de vital importancia que los desarrollos normativos incluyeran esas directrices de la legislación europea que se habían empezado a introducir en los ordenamientos jurídicos de diferentes países; aun cuando Colombia no es parte del Consejo de Europa y aún no había sido invitada a adherirse al mismo.

Colombia cuenta con una legislación procesal penal integral y efectiva para abordar los delitos cibernéticos, reconoce los tratados internacionales con Interpol y Europol y, específicamente, la Ley 1581 de 2012 establece un marco básico para la protección de datos, divulgación y denuncia de las violaciones de seguridad. Por su parte, dentro de las leyes de carácter ordinario se encuentran unas que regulan diversos temas asociados con la seguridad digital, el comercio electrónico, la pornografía y la explotación sexual de menores en el ciberespacio, la racionalización de trámites y procedimientos, los derechos de autor y conexos, entre otros.

D. Política pública

En el año 2011, el Gobierno Nacional aprobó el Conpes 3701 en el cual establecieron los lineamientos de política de ciberseguridad y ciberdefensa. Este documento establece las medidas que deben adoptar las entidades que tengan acceso al manejo de la información para contrarrestar el incremento de las amenazas informáticas, dentro de las cuales se establecieron normas técnicas y estándares nacionales e internacionales, así como iniciativas internacionales sobre protección de infraestructura crítica y ciberseguridad.

En abril del 2016 se aprobó el Conpes 3854 de seguridad digital integral, en el que se estableció la implementación en cinco ejes : i) Establecer un marco institucional claro en torno a la seguridad digital, basado en la gestión de riesgos; ii) Crear las condiciones para que las múltiples partes interesadas gestionen el riesgo de seguridad digital en sus actividades socioeconómicas y se genere confianza en el uso del entorno digital; iii) Fortalecer la seguridad de los individuos y del Estado en el entorno digital, a nivel nacional y trasnacional, con un enfoque de gestión de riesgos; iv) Fortalecer la defensa y soberanía nacional en el entorno digital con un enfoque de gestión de riesgos; y v) Impulsar la cooperación, colaboración y asistencia en materia de seguridad digital, a nivel nacional e internacional.

Dentro del Conpes 3854, se manifestó que la política de ciberseguridad y ciberdefensa adoptada por Colombia, debe ser complementada para responder adecuadamente a los nuevos tipos de incertidumbres e incidentes digitales y, adicional a lo anterior, se puso en evidencia que Colombia dispone de un marco normativo nacional disperso en torno a la seguridad digital que comprende leyes, decretos y otros actos expedidos bajo condiciones diferentes a las actuales, por lo cual se creó la política nacional de seguridad digital.

Para cumplir con los objetivos establecidos en los frentes expuestos en la política nacional de seguridad digital se establecieron diferentes estrategias. En concreto, para impulsar la cooperación, colaboración y asistencia en materia de seguridad digital, a nivel nacional e internacional se planteó la búsqueda de la adhesión de Colombia a diferentes convenios internacionales, dentro del cual se resaltó el Convenio de Budapest.

II. Descripción del acuerdo

A. Objeto del acuerdo

El Convenio del Consejo de Europa tiene por objeto la materialización de una política criminal común en materia de ciberdelincuencia mediante la adopción de los siguientes lineamientos:

• Intensificación de la cooperación entre Estados y su relación con el sector privado con el fin de prevenir la comisión de ilícitos en las redes informáticas.

• Adopción de la legislación interna pertinente, que permita combatir las amenazas a bienes jurídicos tutelados como la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y de los sistemas informáticos, protegiendo en general los intereses vinculados al desarrollo de las tecnologías de la información.

B. Explicación del articulado

El articulado del “Convenio de Budapest” está separado en las siguientes secciones:

i. Legislación sustantiva

Con el objeto de construir una política criminal común, encaminada a sancionar la criminalidad en el ciberespacio, el “Convenio de Budapest” estipula en los artículos 2º a 12 los tipos penales pertinentes para enfrentar este fenómeno. Los Estados Parte adquieren la obligación de adecuar su legislación interna a las exigencias estipuladas en dichos instrumentos, relativas a los temas de acceso ilícito, interceptación ilícita, ataques a la integridad de los datos, ataques a la integridad del sistema, abuso de los dispositivos, falsificación informática, fraude informático, delitos relacionados con la pornografía infantil, delitos relacionados con infracciones de la propiedad intelectual, y responsabilidad de las personas jurídicas. En el anexo I, se establece un cuadro comparativo con los tipos penales establecidos en el Convenio y con legislación promulgada al respecto.

En este tipo de conductas el sujeto pasivo, es decir, la víctima del ilícito, puede ser cualquier persona natural o jurídica que sea dueña de un sistema de procesamiento de información.

ii. Legislación procesal

En los artículos 16 a 21 del Convenio, se estipulan procedimientos y poderes para las autoridades públicas, que también deben ser adoptados por los Estados Parte en su legislación procesal interna. En el anexo II se establece un cuadro comparativo que a la fecha tiene Colombia con lo establecido en el Convenio.

Las obligaciones impuestas por la normatividad en mención, se resumen en los siguientes 4 puntos:

a) Adoptar medidas para garantizar la conservación inmediata de “datos informáticos almacenados” y la divulgación de los denominados “datos de tráfico”;

b) Otorgar facultades a las autoridades competentes, para que puedan solicitar a los proveedores de servicios y demás particulares la entrega de datos almacenados en su poder;

c) Disponer de medios idóneos para interceptar y compendiar en tiempo real “datos de tráfico” asociados con una comunicación particular;

d) Expedir la regulación pertinente, que habilite a sus autoridades a acceder y decomisar, cualquier sistema o soporte de almacenamiento informático.

iii. Cooperación internacional

El Convenio estipula la aplicación de instrumentos “para luchar de forma efectiva contra dichos delitos(1), facilitando su detección, investigación y sanción, tanto a nivel nacional como internacional, y estableciendo disposiciones que permitan una cooperación internacional rápida y fiable”, tomando como base los acuerdos de legislación uniforme o recíproca de los Estados, y el propio derecho interno de las partes a efectos de investigar o realizar procedimientos conjuntos relativos a los delitos relacionados con sistemas y datos informáticos o para obtener pruebas en formato electrónico de delitos.

Se busca entonces, instar a los Estados Parte a cooperar de la manera más amplia posible, por lo que Colombia se comprometería a dar trámite a las solicitudes de asistencia para la investigación y recolección de materia probatoria. Asimismo, adquiriría las obligaciones para conservar y comunicar datos informáticos almacenados de interés para los Estados Partes, prestar asistencia concerniente al acceso trasfronterizo de los mismos y a establecer un punto de contacto localizable las 24 horas del día, los siete días de la semana.

III. Reservas

Se formulará una reserva al artículo 14 del tratado, con miras a proteger los derechos constitucionales del hábeas data y la intimidad personal. En dicho postulado normativo se faculta a los Estados a reservarse el derecho de aplicar las medidas establecidas en el artículo 20 del Convenio relativo a “Obtención en tiempo real de datos relativos al tráfico”, pero únicamente para ciertas categorías de delitos especificados en la reserva.

También se plantea la posibilidad de reservar la aplicación del artículo 21, concerniente a la “Interceptación de datos relativos al contenido” en los casos en que un sistema informático:

• Se haya puesto en funcionamiento para un grupo restringido de usuarios.

• No emplee las redes públicas de telecomunicación y no esté conectado a otro sistema informático, ya sea público o privado.

Estas reservas protegerían posibles vulneraciones a derechos establecidos como fundamentales en la Constitución Política de Colombia ampliamente desarrollados por la Corte Constitucional.

Al respecto del derecho a la Intimidad Personal, la Corte ha dispuesto lo siguiente:

“Se trata de un derecho “general, absoluto, extrapatrimonial, inalienable e imprescriptible y que se pueda hacer valer “erga omnes”, vale decir, tanto frente al Estado como a los particulares. En consecuencia, toda persona, por el hecho de serlo, es titular a priori de este derecho y el único legitimado para permitir la divulgación de datos concernientes a su vida privada. Su finalidad es la de asegurar la protección de intereses morales; su titular no puede renunciar total o definitivamente a la intimidad pues dicho acto estaría viciado de nulidad absoluta. Este derecho, que se deduce de la dignidad humana y de la natural tendencia de toda persona a la libertad, a la autonomía y a la autoconservación, protege el ámbito privado del individuo y de su familia como el núcleo humano más próximo”(2).

Por otro lado, en relación al hábeas data, la Corte Constitucional en Sentencia T-358 de 2014 ha considerado que en la jurisprudencia constitucional, el derecho al hábeas data fue primero interpretado:

“como una garantía del derecho a la intimidad, de allí que se hablara de la protección de los datos que pertenecen a la vida privada y familiar, entendida como la esfera individual impenetrable en la que cada cual puede realizar su proyecto de vida y en la que ni el Estado ni otros particulares pueden interferir.

(...).

[D]esde los primeros años de la nueva Carta, surgió al interior de la Corte una segunda línea interpretativa que consideraba el hábeas data una manifestación del libre desarrollo de la personalidad. Según esta línea, el hábeas data tiene su fundamento último “(...) en el ámbito de autodeterminación y libertad que el ordenamiento jurídico reconoce al sujeto como condición indispensable para el libre desarrollo de la personalidad y en homenaje justiciero a su dignidad””.

A partir de 1995, surge una tercera línea interpretativa que es la que ha prevalecido desde entonces y que apunta al hábeas data como un derecho autónomo, en que el núcleo del derecho al hábeas data está compuesto por la autodeterminación informática y la libertad - incluida la libertad económica. Este derecho como fundamental autónomo, requiere para su efectiva protección de mecanismos que lo garanticen, los cuales no solo deben pender de los jueces, sino de una institucionalidad administrativa que además del control y vigilancia tanto para los sujetos de derecho público como privado, aseguren la observancia efectiva de la protección de datos y, en razón de su carácter técnico, tenga la capacidad de fijar política pública en la materia, sin injerencias políticas para el cumplimiento de esas decisiones.

Tomando en cuenta los postulados precitados, al realizar la reserva del artículo 14, también se evitaría una posible declaratoria de inexequibilidad por parte de la Corte Constitucional, en el marco del control previo, automático e integral.

IV. Importancia del Convenio de Budapest para Colombia

La expansión de las amenazas en el ciberespacio, así como la utilización de nuevas tecnologías para generar amenazas informáticas, constituyen una preocupación común a todos los países, dado que impactan de manera significativa la seguridad de la información, en los ámbitos tanto público como privado.

Los fenómenos de criminalidad que afectan la ciberseguridad son generados, en muchas ocasiones, por actores que se encuentran en una jurisdicción geográfica diferente en la que se cometen los delitos, por lo que las pruebas de un acto delictivo no son accesibles sin la colaboración judicial y técnica de las legítimas autoridades públicas que rigen sobre ese territorio. Por lo tanto, en este marco y en los casos que suponen la utilización de redes de comunicación, la cooperación internacional es esencial para prevenir y enfrentar cualquier acto delictivo en materia cibernética, por ello Colombia debe adherirse al Convenio sobre la Ciberdelincuencia del Consejo de Europa.

Este es el único instrumento internacional que cubre todas las áreas relevantes de la legislación sobre ciberdelincuencia —derecho penal, derecho procesal y cooperación internacional— y trata con carácter prioritario una política penal contra la ciberdelincuencia en cada uno de los países miembros. El Convenio de Budapest, permite no solo avanzar en temas de cooperación internacional contra delitos informáticos, sino también fortalecer las leyes y regulaciones nacionales contra el ciberdelito de todo nivel.

Por las anteriores consideraciones, el Gobierno Nacional, a través de la Ministra de Relaciones Exteriores, el Ministro de Justicia y del Derecho, el Ministro de Defensa Nacional y el Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, solicitan al Honorable Congreso de la República aprobar el proyecto de ley, por medio de la cual se aprueba el “Convenio sobre la Ciberdelincuencia”, adoptado el 23 de noviembre de 2001, en Budapest.

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Rama Ejecutiva del poder público

Presidencia de la República

Bogotá, D.C., 8 de junio de 2017.

Autorizado. Sométase a la consideración del Honorable Congreso de la República para los efectos constitucionales.

(Fdo.) Juan Manuel Santos Calderón.

La Ministra de Relaciones Exteriores,

(Fdo.) María Ángela Holguín Cuéllar.

DECRETA:

ART. 1º—Apruébase el “Convenio sobre la Ciberdelincuencia”, adoptado el 23 de noviembre de 2001, en Budapest.

ART. 2º—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª de 1944, el “Convenio sobre la Ciberdelincuencia”, adoptado el 23 de noviembre de 2001, en Budapest, que por el artículo 1º de esta ley se aprueba, obligará a la República de Colombia a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.

ART. 3º—La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.

Dada en Bogotá, D. C., a los

Presentado al Honorable Congreso de la República por la Ministra de Relaciones Exteriores, el Ministro de Justicia y del Derecho, el Ministro de Defensa Nacional y el Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

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LEY 424 DE 1998

(Enero 13)

“Por la cual se ordena el seguimiento a los convenios internacionales suscritos por Colombia”.

El Congreso de Colombia,

DECRETA:

ART. 1º—El Gobierno Nacional a través de la Cancillería presentará anualmente a las comisiones segundas de Relaciones Exteriores de Senado y Cámara, y dentro de los primeros treinta días calendario posteriores al período legislativo que se inicia cada 20 de julio, un informe pormenorizado acerca de cómo se están cumpliendo y desarrollando los convenios internacionales vigentes suscritos por Colombia con otros Estados.

ART. 2º—Cada dependencia del Gobierno Nacional encargada de ejecutar los tratados internacionales de su competencia y requerir la reciprocidad en los mismos, trasladará la información pertinente al Ministerio de Relaciones Exteriores y este, a las comisiones segundas.

ART. 3º—El texto completo de la presente ley se incorporará como anexo a todos y cada uno de los convenios internacionales que el Ministerio de Relaciones Exteriores presente a consideración del Congreso.

ART. 4º—La presente ley rige a partir de su promulgación.

El presidente del honorable Senado de la República.

Amylkar Acosta Medina.

El Secretario General del honorable Senado de la República,

Pedro Pumarejo Vega.

El presidente de la honorable Cámara de Representantes,

Carlos Ardila Ballesteros.

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

Diego Vivas Tafur.

República de Colombia - Gobierno Nacional

Publíquese y ejecútese.

Dada en Santa Fe de Bogotá, D.C., a 13 de enero de 1998.

Ernesto Samper Pizano

La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Emma Mejía Vélez.

Rama Ejecutiva del poder público

Presidencia de la República

Bogotá, D.C., 8 de junio de 2017

Autorizado. Sométase a la consideración del Honorable Congreso de la República para los efectos constitucionales.

(Fdo.) Juan Manuel Santos Calderón

La Ministra de Relaciones Exteriores,

(Fdo.) María Ángela Holguín Cuéllar.

DECRETA:

ART. 1º—Apruébase el “Convenio sobre la Ciberdelincuencia”, adoptado el 23 de noviembre de 2001, en Budapest.

ART. 2º—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª de 1944, el “Convenio sobre la Ciberdelincuencia”, adoptado el 23 de noviembre de 2001, en Budapest, que por el artículo 1º de esta ley se aprueba, obligará a la República de Colombia a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.

ART. 3º—La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.

El presidente del honorable Senado de la República,

Efraín José Cepeda Sarabia.

El Secretario General del honorable Senado de la República,

Gregorio Eljach Pacheco.

La presidenta (E) de la honorable Cámara de Representantes,

Lina María Barrera Rueda.

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

Jorge Humberto Mantilla Serrano.

República de Colombia - Gobierno Nacional

Comuníquese y cúmplase.

Ejecútese, previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al artículo 241-10 de la Constitución Política.

Dada en Bogotá, D.C., a 24 de julio de 2018.

La Ministra de Educación Nacional de la República de Colombia, delegataria de funciones presidenciales, mediante Decreto 1255 de 2018,

Yaneth Giha Tovar.

La Viceministra de Relaciones Exteriores del Ministerio de Relaciones Exteriores, encargada de las funciones del despacho de la Ministra de Relaciones Exteriores,

Patti Londoño Jaramillo.

El Ministro de Justicia y del Derecho,

Enrique Gil Botero.

El Ministro de Defensa Nacional,

Luis Carlos Villegas Echeverri.

El Viceministro de Conectividad y Digitalización del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, encargado del empleo del despacho del Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,

Juan Sebastián Rozo Rengifo.

(1) “Actos dirigidos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los sistemas informáticos, redes y datos informáticos, así como el abuso de dichos sistemas, redes y datos, mediante la tipificación de esos actos”.

(2) Ver: Sentencia C-640/2010, agosto 18 de 2010, Bogotá, D.C.