LEY 251 DE 1995 

(Diciembre 29)

"Por medio de la cual se aprueba la “convención para el arreglo pacífico de los conflictos internacionales”, hecha en La Haya el 18 de octubre de 1907".

El Congreso de Colombia,

Visto el texto de la traducción oficial de la “convención para el arreglo pacífico de los conflictos internacionales”, hecha en La Haya el 18 de octubre de 1907.

(Para ser transcrito: se adjunta fotocopia del texto íntegro del instrumento internacional mencionado, debidamente autenticado por el jefe de la oficina jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores).

I. Convención

Para el arreglo pacífico de conflictos internacionales. Su majestad el Emperador de Alemania, Rey de Prusia; el Presidente de los Estados Unidos de América; el Presidente de la República Argentina; su majestad el Emperador de Austria, Rey de Bohemia etc., y Rey Apostólico de Hungría; su majestad el Rey de los Belgas; el Presidente de la República de Bolivia; el Presidente de los Estados Unidos del Brasil; su alteza real el Príncipe de Bulgaria; el Presidente de la República de Chile; su majestad el Emperador de China; el Presidente de la República de Colombia; el Gobernador Provisional de la República de Cuba; su majestad el Rey de Dinamarca; el Presidente de la República Dominicana; el Presidente de la República del Ecuador; su majestad el Rey de España; el Presidente de la República Francesa; su majestad el Rey del Reino Unido de Gran Bretaña y de Irlanda y de los territorios británicos de Ultramar, Emperador de las Indias; su majestad el Rey de Grecia; el Presidente de la República de Guatemala; el Presidente de la República de Haití; su majestad el Rey de Italia; su majestad el Emperador del Japón; su alteza real el gran Duque de Luxemburgo, Duque de Nassau; el Presidente de los Estados Unidos Mejicanos; su alteza real el Príncipe de Montenegro; su majestad el Rey de Noruega; el Presidente de la República de Panamá; el Presidente de la República del Paraguay; su majestad la Reina de los Países Bajos; el Presidente de la República del Perú; su majestad imperial el Schah de Persia; su majestad el Rey de Portugal y de las Algarves, etc.; su majestad el Rey de Rumania; su majestad el Emperador de todas las Rusias; el Presidente de la República de El Salvador; su majestad el Rey de Serbia, su majestad el Rey de Siam; su majestad el Rey de Suecia; el Consejo Federal Suizo; su majestad el Emperador de Turquía; el Presidente de la República Oriental de Uruguay; el Presidente de los Estados Unidos de Venezuela:

Animados de la firme voluntad de concurrir al mantenimiento de la paz general;

Resueltos a favorecer con todos sus esfuerzos el arreglo amigable de conflictos internacionales;

Reconociendo la solidaridad que une a los miembros de la sociedad de naciones civilizadas;

Queriendo extender el imperio del derecho y fortalecer el sentimiento de la justicia internacional;

Convencidos de que la institución permanente de una jurisdicción arbitral accesible a todos, en el seno de las potencias independientes, puede contribuir eficazmente a este resultado;

Considerando las ventajas de una organización general y regular del procedimiento arbitral;

Estimando con el augusto iniciador de la conferencia internacional de la paz que importa consagrar en un acuerdo internacional los principios de igualdad y de derecho sobre los cuales descansan la seguridad de los Estados y el bienestar de los pueblos;

Deseosos, dentro de esta finalidad, de asegurar mejor el funcionamiento práctico de las comisiones de investigación y de los tribunales de arbitraje y de facilitar el recurso a la justicia arbitral cuando se trata de litigios propensos a permitir un procedimiento sumario;

Han juzgado necesario revisar sobre ciertos puntos y completar la obra de la primera conferencia de la paz para el arreglo pacífico de conflictos internacionales;

Las altas partes contratantes han decidido concluir una nueva conferencia para este efecto y han nombrado para sus plenipotenciarios, a saber:

(...).

Los cuales, después de haber presentado sus plenos poderes, encontrándose en buena y debida forma, han convenido en lo siguiente:

TÍTULO I

Del mantenimiento de la paz general

ART. 1º—A fin de prevenir cuanto es posible el recurso a la fuerza en las relaciones entre los Estados, las Naciones contratantes convienen en emplear todos sus esfuerzos para asegurar el arreglo pacífico de conflictos internacionales.

TÍTULO II

De los buenos oficios y de la mediación

ART. 2º—En caso de disentimiento grave o de conflicto, antes de apelar a las armas, los Estados contratantes convienen en recurrir, en la medida en que las circunstancias lo permitan, a los buenos oficios o a la mediación de una o de varias naciones amigas.

ART. 3º—Independientemente de este recurso, los Estados contratantes juzgan útil y deseable que uno o varios Estados extranjeros al conflicto ofrezcan por iniciativa propia, cuando las circunstancias se presten a ello, sus buenos oficios o su mediación a los Estados en conflicto.

El derecho de ofrecer los buenos oficios o la mediación pertenece a los Estados ajenos al conflicto, aún durante el curso de las hostilidades.

El ejercicio de este derecho no puede jamás ser considerado por una u otra de las partes en litigio como un acto poco amistoso.

ART. 4º—El papel del mediador consiste en conciliar las pretensiones opuestas y en apaciguar los resentimientos que pueden producirse entre las naciones en conflicto.

ART. 5º—Las funciones del mediador cesan desde el momento en que se constante, sea por una de las partes en litigio, o sea por el mismo mediador, que los medios de conciliación propuestos por él no son aceptados.

ART. 6º—Los buenos oficios y la mediación, sea sobre el recurso de las partes en conflicto, sea sobre la iniciativa de los Estados ajenos al conflicto, tienen exclusivamente el carácter de consejo y jamás tienen fuerza obligatoria.

ART. 7º—La aceptación de la mediación no puede tener por efecto, salvo acuerdo contrario, interrumpir, retardar o estorbar la movilización y otras medidas preparatorias para la guerra.

Si ella interviene u ocurre después del comienzo de las hostilidades, no interrumpe, salvo acuerdo contrario, las operaciones militares en curso.

ART. 8º—Los Estados contratantes convienen en recomendar la aplicación, en las circunstancias que lo permitan, de una mediación especial bajo la forma siguiente.

En caso de controversia grave que compromete la paz de los Estados en conflicto eligen respectivamente a una Nación a la cual confían la misión de entrar en contacto directo con el Estado escogido de la otra parte, a efecto de impedir la ruptura de las relaciones pacíficas.

Durante la duración de este mandato cuyo término, salvo estipulación contraria, no puede pasar de treinta días, los Estados en litigio cesan toda relación directa al asunto del conflicto, el cual es considerado como conferido exclusivamente a las Naciones mediadoras. Estas deben aplicar todos sus esfuerzos para arreglar el litigio.

En caso de ruptura efectiva de las relaciones pacíficas, estas Naciones continúan encargadas de la misión común de aprovechar toda ocasión para restablecer la paz.

TÍTULO III

De las comisiones internacionales informadoras

ART. 9º—En los litigios de orden internacional que no comprometen ni el honor ni intereses esenciales y provenientes de una diferencia de apreciación sobre puntos de hecho, las Naciones contratantes juzgan útil y deseable que las partes que no hayan podido ponerse de acuerdo por las vías diplomáticas, instituyan, en cuanto lo permitan las circunstancias, una comisión internacional de encuesta o informadora, encargada de facilitar la solución de esos litigios, esclareciendo, por un examen imparcial y concienzudo, las cuestiones de hecho.

ART. 10.—Las comisiones internacionales de encuesta o informadoras son constituidas por convenio especial entre las partes en litigio.

La convención de encuesta precisa los hechos a examinar; ella determina el modo y el plazo de formación de la comisión y el alcance de los poderes de los comisarios.

Ella determina igualmente, si hay lugar a ello, la sede de la comisión y la facultad de desplazarse, el idioma de que se servirá la comisión y aquellos cuyo empleo será autorizado ante ella, así como también la fecha en la que cada parte deberá exponer o presentar su exposición de hechos y generalmente todas las condiciones que han acordado las partes.

Si las partes juzgan necesario nombrar asesores, la convención de encuesta determina el modo de su designación y el alcance de sus poderes.

ART. 11.—Si la convención de encuesta no ha designado la sede de la comisión, entonces ésta tendrá por sede La Haya.

Una vez fijada la sede no puede ser cambiada por la comisión sino con asentimiento de las partes.

Si la convención de encuesta no ha determinado los idiomas a emplear, esto se decide por la comisión.

ART. 12.—Salvo estipulación contraria, las comisiones de encuesta son formadas de la manera determinada por los artículos 45 y 57 de la presente convención.

ART. 13.—En caso de muerte, de dimisión o de impedimento, por cualquier causa que fuere, de uno de los comisarios, o eventualmente de uno de los asesores, se ha de proveer a su reemplazo de acuerdo con el modo fijado para su nombramiento.

ART. 14.—Las partes tienen el derecho de nombrar ante la comisión de encuesta agentes especiales con la misión de representarlas y de servir de intermediarios entre ellas y la comisión.

Además, ellas están autorizadas para encargar consejos o abogados nombrados por ellas, de exponer y de apoyar sus intereses ante la comisión.

ART. 15.—La oficina internacional del tribunal permanente de arbitraje sirve de secretaría a las comisiones que tienen su sede en La Haya y pondrá sus locales y su organización a la disposición de las Naciones contratantes para el funcionamiento de la comisión de encuesta.

ART. 16.—Si la comisión reside en otra parte distinta de La Haya, nombra un secretario general cuya oficina le sirve de secretaría.

La secretaría está encargada, bajo la autoridad del presidente, de la organización material de las sesiones de la comisión, de la redacción de las actas y, durante el tiempo de la encuesta, de la guardia de los archivos que serán seguidamente depositados en la oficina internacional de La Haya.

ART. 17.—Con el fin de facilitar la institución y el funcionamiento de las comisiones de encuesta, los estados contratantes recomiendan las reglas siguientes que serán aplicables al procedimiento de encuesta mientras las partes no adopten otras reglas.

ART. 18.—La comisión reglamentará los detalles del procedimiento no previstos en la convención especial de encuesta o en la presente convención, y procederá a todas las formalidades que lleva consigo la administración de las pruebas.

ART. 19.—La encuesta tiene lugar judicialmente.

En las fechas previstas, cada parte comunica a la comisión y a la otra parte las exposiciones de hechos, si hay lugar a ello, y, en todos los casos, las actas, piezas y documentos que juzgue útiles para el descubrimiento de la verdad, así como también la lista de testigos y de expertos que ella desee hacer oír.

ART. 20.—La comisión tiene la facultad, con el asentimiento de las partes, de transportarse momentáneamente a los lugares donde ella juzgue útil recurrir a tal medio de información, o delegar para ello a uno o a varios de sus miembros. La autorización del Estado sobre el territorio del cual se debe proceder a esta información, deberá ser obtenida.

ART. 21.—Todas las constataciones materiales y todas las visitas de los lugares deben ser hechas en presencia de los agentes y consejos de las partes o ellos deben ser llamados debidamente.

ART. 22.—La comisión tiene el derecho de solicitar de la una o de la otra parte las explicaciones o informaciones que ella juzgue útiles.

ART. 23.—Las partes se comprometen a suministrar a la comisión de encuesta, en la más amplia medida que ellas juzguen posible, todos los medios y todas las facilidades necesarias para el conocimiento completo y la apreciación exacta de los hechos en cuestión.

Ellas se comprometen a utilizar los medios de que disponen según su legislación interior, para asegurar la comparecencia de los testigos o de los expertos que se encuentren dentro de su territorio y citados ante la comisión.

Si éstos no pueden comparecer ante la comisión, ellas harán que se proceda a escucharles ante sus autoridades competentes.

ART. 24.—Para todas las notificaciones que la comisión tenga que hacer sobre el territorio de un tercer Estado contratante, la comisión se dirigirá directamente al gobierno de este Estado. Se procederá del mismo modo si se trata de hacer que se proceda en el lugar al establecimiento de todos los medios de prueba.

Las encuestas dirigidas a este efecto serán realizadas según los medios de que la Nación requerida dispone de acuerdo con su legislación interior. Ellas no pueden ser rehusadas sino solamente en el caso de que esta Nación las juzgue tales que atenten contra su soberanía o contra su seguridad.

La comisión tendrá también siempre la facultad de recurrir a la intermediación de la Nación sobre el territorio de la cual ella tiene su sede.

ART. 25.—Los testigos y los expertos son llamados a petición de las partes o de oficio por la comisión, y, en todos los casos, por mediación del gobierno del Estado en el territorio del cual se encuentran ellos.

Los testigos son escuchados sucesiva y separadamente, en presencia de los agentes y de los consejos y en un orden a fijar por la comisión.

ART. 26.—El interrogatorio de los testigos es dirigido por el presidente.

Sin embargo, los miembros de la comisión pueden hacer a cada testigo las preguntas que crean convenientes para esclarecer o completar su declaración o para informarse acerca de todo lo que concierne al testigo dentro de los límites necesarios para la manifestación de la verdad.

Los agentes y los consejos de las partes no pueden interrumpir al testigo en su declaración, ni hacerle interpelación directa alguna, pero pueden pedir al presidente que le pregunte al testigo las cuestiones complementarias que estimen útiles.

ART. 27.—El testigo debe declarar sin que le sea permitido leer ningún proyecto escrito. No obstante, él puede ser autorizado por el presidente a que se ayude de notas o documentos si la naturaleza de los hechos reportados necesita su empleo.

ART. 28.—Acta de la declaración del testigo es redactada sin levantar la sesión y lectura de ella es dada al testigo. Este puede hacer a ella los cambios y adiciones que le parezcan bien y que serán consignados a continuación de su declaración.

Una vez hecha al testigo la lectura del conjunto de su declaración, se le pide al testigo que firme.

ART. 29.—Los agentes están autorizados, durante el curso y al fin de la encuesta, para presentar por escrito a la comisión y a la otra parte las opiniones, requisiciones o resúmenes de hecho que juzguen útiles al descubrimiento de la verdad.

ART. 30.—Las deliberaciones de la comisión tienen lugar a puerta cerrada y permanecen secretas.

Toda decisión es tomada por la mayoría de los miembros de la comisión.

El rechazo de un miembro a tomar parte en la votación debe hacerse constar en el acta.

ART. 31.—Las sesiones de la comisión no son públicas y las actas y documentos de la encuesta no se publican sino en virtud de una decisión de la comisión, tomada con el asentimiento de las partes.

ART. 32.—Una vez que las partes hayan presentado todos los esclarecimientos y pruebas y que los testigos hayan sido oídos, el presidente pronuncia el cierre de la encuesta y la comisión se emplaza para deliberar y redactar su informe.

ART. 33.—El informe es firmado por todos los miembros de la comisión.

Si uno de los miembros rehúsa firmar, se hace mención de ello; no obstante, el informe continúa siendo válido.

ART. 34.—El informe de la comisión se lee en sesión pública, estando los agentes y los consejos de las partes presentes, o habiendo sido debidamente llamados.

Un ejemplar del informe se remite a cada una de las partes.

ART. 35.—El informe de la comisión, limitado a la constatación de los hechos, de ningún modo tiene el carácter de una sentencia arbitral. Él deja a las partes una libertad completa para la continuación que hay que dar a esta constatación.

ART. 36.—Cada parte carga o es responsable de sus propios costos y de una parte igual de los costos de la comisión.

TÍTULO IV

Del arbitraje internacional

CAPÍTULO I

De la justicia arbitral

ART. 37.—El arbitraje internacional tiene por objeto el arreglo de litigios entre los Estados por jueces de su elección y sobre la base del respeto del derecho.

El recurso al arbitraje implica el compromiso de someterse de buena fe a la sentencia.

ART. 38.—En las cuestiones de orden jurídico, y en primer lugar, en las cuestiones de interpretación o de aplicación de las convenciones internacionales, el arbitraje es conocido por las Naciones contratantes como el medio más eficaz y al mismo tiempo el más equitativo de arreglar los litigios que no han sido resueltos por las vías diplomáticas.

En consecuencia, sería deseable que, en los litigios sobre las cuestiones mencionadas anteriormente, las naciones contratantes tuviesen, llegado al caso, recurso al arbitraje, en tanto como las circunstancias lo permitieran.

ART. 39.—La convención de arbitraje es realizada para contestaciones ya nacidas o para contestaciones eventuales.

Ella puede concernir a todo litigio o solamente a los litigios de una categoría determinada.

ART. 40.—Independientemente de los tratados generales o particulares que estipulen actualmente la obligación del recurso al arbitraje para las Naciones contratantes, estas Naciones se reservan la conclusión de acuerdos nuevos generales o particulares con el fin de extender el arbitraje obligatorio a todos los casos que ellas juzguen posible someterse a él.

CAPÍTULO II

Del tribunal permanente de arbitraje

ART. 41.—Con el fin de facilitar el recurso inmediato al arbitraje para los litigios internacionales que no han podido ser arreglados por la vía diplomática, los Estados contratantes se comprometen a mantener, tal como él fue establecido por la primera conferencia de la paz, al tribunal permanente de arbitraje, accesible en todo tiempo funcionando, salvo estipulación contraria, de acuerdo con las normas y procedimientos insertados en la presente convención.

ART. 42.—El tribunal permanente es competente para todos los casos de arbitraje, a menos que no haya entendimiento entre las partes para el establecimiento de una jurisdicción especial.

ART. 43.—El tribunal permanente tiene su sede en La Haya.

Una oficina internacional sirve de secretaría al tribunal; ella es el intermediario de las comunicaciones relativas a las reuniones de éste; ella tiene la guardia de los archivos y la gestión de todos los asuntos administrativos.

Los Estados contratantes se comprometen a comunicar a la oficina, lo más pronto posible, una copia certificada conforme de toda estipulación de arbitraje ocurrida entre ellos y de toda sentencia arbitral que les concierna y dictada por jurisdicciones especiales.

Ellos se comprometen a comunicar también a la oficina las leyes, reglamentos y documentos que constaten eventualmente la ejecución de las sentencias dictadas por el tribunal.

ART. 44.—Cada Nación contratante designa a cuatro personas a lo sumo, de una competencia reconocida en las cuestiones de derecho internacional, que gocen de la más alta consideración moral y dispuestos a aceptar las funciones de árbitro.

Las personas así designadas son inscritas, a título de miembros del tribunal, en una lista que será notificada a todas las naciones contratantes por los cuidados de la oficina.

Toda modificación a la lista de los árbitros es llevada, por los cuidados de la oficina al conocimiento de los Estados contratantes.

Dos o más Estados pueden entenderse para la designación en común de uno o de varios miembros.

La misma persona puede ser designada por estados diferentes.

Los miembros del tribunal son nombrados para un término de seis años. Y su mandato puede ser renovado.

En caso de muerte o de retiro de un miembro del tribunal, se prevé a su reemplazo según el modo fijado para su nombramiento y para un nuevo período de seis años.

ART. 45.—Cuando las Naciones contratantes quieren dirigirse al tribunal permanente para el arreglo de un litigio ocurrido entre ellas, la elección de árbitros llamados a formar el tribunal competente para decidir sobre este litigio, debe ser hecha dentro de la lista general de miembros del tribunal.

A falta de constitución del tribunal arbitral por acuerdo de las partes, se procede de la manera siguiente:

Cada parte nombra dos árbitros, de los cuales uno solamente puede ser su compatriota, o escoge de entre los que han sido designados por ella como miembro del tribunal permanente. Estos árbitros eligen en conjunto un subárbitro.

En caso de división de los votos, la elección del subárbitro se confía a una tercera nación, designada de común acuerdo por las partes.

Si no se establece el acuerdo a este respecto, cada parte designa una Nación diferente y la elección del subárbitro se efectúa por consenso de las naciones así designadas.

Si, dentro de un término de dos meses, estas dos naciones no han podido ponerse de acuerdo, cada una de ellas presenta un candidato tomado de la lista de los miembros del tribunal permanente, por fuera de los miembros designados por las partes y no siendo los compatriotas de ninguna de ellas. La suerte determina cuál de los candidatos así presentados será el subárbitro.

ART. 46.—Una vez compuesto el tribunal, las partes notifican a la oficina su decisión de dirigirse al tribunal, el texto de su compromiso y los nombres de los árbitros.

La oficina comunica sin dilación alguna a cada árbitro el compromiso y los nombres de los otros miembros del tribunal.

El tribunal se reúne en la fecha fijada por las partes. La oficina prevé su instalación.

Los miembros del tribunal, en el ejercicio de sus funciones y por fuera de su país, gozan de los privilegios e inmunidades diplomáticos.

ART. 47.—La oficina es autorizada a poner sus locales y su organización a la disposición de las naciones contratantes para el funcionamiento de toda jurisdicción especial de arbitraje.

La jurisdicción del tribunal permanente puede extenderse, dentro de las condiciones prescritas por los reglamentos, a los litigios existentes entre Estados no contratantes o entre Estados contratantes y Estados no contratantes, si las partes convienen en recurrir a esta jurisdicción.

ART. 48.—Las naciones contratantes consideran como un deber, en el caso en que un conflicto grave amenazara estallar entre dos o varias de entre ellas, recordarles que el tribunal permanente está abierto para ellas.

En consecuencia, ellas declaran que el hecho de recordar a las partes en conflicto las disposiciones de la presente convención y el consejo dado, dentro del interés superior de la paz, de dirigirse al tribunal permanente, no pueden ser considerados sino como actos de buenos oficios.

En caso de conflicto entre dos Estados, uno de ellos podrá siempre dirigir a la oficina internacional una nota que contenga su declaración que él estará dispuesto a someter el litigio a un arbitraje.

Inmediatamente deberá la oficina llevar la declaración al conocimiento del otro Estado.

ART. 49.—El consejo administrativo permanente, compuesto de los representantes diplomáticos de las naciones contratantes acreditadas en La Haya y del ministro de asuntos extranjeros de Holanda, que cumple las funciones de presidente, tiene la dirección de control de la oficina internacional.

El consejo determina su reglamento de orden así como todos los otros reglamentos necesarios.

Él decide todas las cuestiones administrativas que puedan surgir referentes al funcionamiento del tribunal.

Él tiene todo poder en cuanto al nombramiento, la suspensión o la revocación de los funcionarios y empleados de la oficina.

Él fija los sueldos y salarios y controla el gasto general.

La presencia de nuevo miembro en las reuniones debidamente convocadas basta para permitir que el consejo delibere válidamente. Las decisiones se toman por mayoría de los votos.

El consejo comunica sin tardanza a las naciones contratantes los reglamentos aprobados por él. Les presenta cada año un informe sobre los trabajos del tribunal, sobre el funcionamiento de los servicios administrativos y sobre los gastos.

El informe contiene igualmente un resumen del contenido esencial de los documentos comunicados a la oficina por los Estados en virtud del artículo 43 párrafo 3 y 4.

ART. 50.—Los gastos de la oficina serán de cargo de las naciones contratantes en la proporción establecida para la oficina internacional de la unión postal universal.

Los costos a pagar por las naciones adherentes serán contados a partir del día en que su adhesión produjo sus efectos.

CAPÍTULO III

Del procedimiento arbitral

ART. 51.—Con el fin de favorecer el desarrollo del arbitraje, los Estados contratantes han determinado las reglas siguientes que son aplicables al procedimiento arbitral, en la medida en que las partes no hayan acordado otras reglas.

ART. 52.—Los Estados que recurren al arbitraje firman un compromiso en el cual son determinados el objeto del litigio, el plazo de nombramiento de los árbitros, la forma, el orden y los términos dentro de los cuales habrá de efectuarse la comunicación estipulada por el artículo 63, y el total de la suma que cada parte tendrá que depositar a título de avance para pagar los costos.

El compromiso determina igualmente, si hay lugar a ello, el modo de nombramiento de los árbitros, todos los poderes eventuales del tribunal, su sede, el idioma de que se servirá y aquellos cuyo empleo será autorizado ante él, y generalmente todas las condiciones en que las partes han convenido.

ART. 53.—El tribunal permanente es competente para el establecimiento del compromiso si las partes están de acuerdo para remitirse de ahí a él.

El tribunal es igualmente competente, aun cuando la petición se haga solamente por una de las partes después que se ensayó vanamente por la vía diplomática, cuando se trata:

1. De una desavenencia dentro de un tratado de arbitraje general concluido o renovado después de la entrada en vigor de esta convención y que prevé para cada desavenencia un compromiso y que no excluya para el establecimiento de este último ni explícitamente ni implícitamente la competencia del tribunal. Sin embargo el recurso al tribunal no tiene lugar si la otra parte declara que según su parecer la desavenencia no pertenece a la categoría de las desavenencias a someter a un arbitraje obligatorio, a menos que el tratado de arbitraje confiera al tribunal arbitral el poder de decidir esta cuestión previamente.

2. De un litigio proveniente de deudas contractuales reclamadas por un Estado a otro Estado como debidas a sus ciudadanos y para la solución del cual la oferta de arbitraje ha sido aceptada. Esta disposición no es aplicable si la aceptación fue subordinada a la condición de que el compromiso se establezca de otra manera.

ART. 54.—En los casos previstos por el artículo precedente, el compromiso se establecerá por una comisión compuesta de cinco miembros designados de la misma manera prevista en el artículo 45 párrafos 3 a 6.

El quinto miembro es, por derecho, presidente de la comisión.

ART. 55.—Las funciones arbitrales pueden ser conferidas a un árbitro único o a varios árbitros designados por las partes a su parecer, o escogidos por ellas entre los miembros del tribunal permanente de arbitraje establecido por la presente convención.

A falta de constitución del tribunal por acuerdo de las partes, se procederá del modo indicado en el artículo 45, párrafos 3 a 6.

ART. 56.—Cuando un rey o un jefe de Estado es elegido para árbitro, el procedimiento arbitral es reglamentado por él.

ART. 57.—El subárbitro es, por derecho, presidente del tribunal.

Cuando el tribunal no comprende subárbitro, él mismo nombra su presidente.

ART. 58.—En caso de establecimiento del compromiso por una comisión, tal como está prevista en el artículo 54, y salvo estipulación contraria, la comisión misma formará el tribunal de arbitraje.

ART. 59.—En caso de muerte, de dimisión o de impedimento, por cualquier causa que fuere, de uno de los árbitros, se prevé a su reemplazo según el modo fijado para su nombramiento.

ART. 60.—A falta de designación por las partes, el tribunal ha de residir en La Haya.

El tribunal no puede residir en el territorio de una tercera Nación sino con el asentimiento de ésta.

Una vez fijada la sede, no puede ser cambiada por el tribunal si no con el asentimiento de las partes.

ART. 61.—Si el compromiso no ha determinado los idiomas a emplear, esto lo decide el tribunal.

ART. 62.—Las partes tienen el derecho de nombrar ante el tribunal agentes especiales con la misión de servir de intermediarios entre ellas y el tribunal.

Además, ellas son autorizadas a encargarse de la defensa de sus derechos e intereses ante el tribunal, a consejos o abogados nombrados por ellas para este efecto.

Los miembros del tribunal permanente no pueden ejercer las funciones de agentes, consejos o abogados, sino en favor de la Nación que los nombró miembros del tribunal.

ART. 63.—El procedimiento arbitral comprende, por regla general, dos fases distintas: instrucción escrita y los debates.

La instrucción escrita consiste en la comunicación hecha por los agentes respectivos a los miembros del tribunal y a la parte adversa de memoriales, de contramemoriales y, en caso necesario, de réplicas; las partes juntan ahí todas las piezas y documentos invocados en la causa. Esta comunicación tendrá lugar, directamente o por mediación de la oficina internacional, en el orden y dentro de los términos determinados por el compromiso.

Los términos fijados por el compromiso podrán ser prolongados de común acuerdo por las partes, o por el tribunal cuando él lo juzgue necesario para llegar a una decisión justa.

Los debates consisten en el desarrollo oral de los motivos de las partes ante el tribunal.

ART. 64.—Toda pieza o documento producido por una de las partes debe ser comunicado, en copia certificada conforme, a la otra parte.

ART. 65.—A no ser por circunstancias especiales, el tribunal no se reúne sino después del cierre de la instrucción.

ART. 66.—Los debates son dirigidos por el presidente.

Los debates no son públicos sino en virtud de una decisión del tribunal, tomada con el asentimiento de las partes.

Ellos son consignados en actas redactadas por secretarios que nombra el presidente. Estas actas son firmadas por el presidente y por uno de los secretarios; ellos solos tienen carácter auténtico.

ART. 67.—Una vez cerrada la instrucción, el tribunal tiene el derecho de descartar del debate todas las actas o documentos nuevos que una de las partes quisiera presentarle sin el consentimiento de la otra.

ART. 68.—El tribunal se mantiene libre de tomar en consideración las actas o documentos nuevos sobre los cuales los agentes o consejos de las partes llamarían su atención.

En este caso, el tribunal tiene el derecho de solicitar la producción de estas actas o documentos, salvo la obligación de hacer que la parte adversa tenga conocimiento de ellos.

ART. 69.—El tribunal puede, además, requerir de los agentes de las partes la producción de todas actas y pedir todas las explicaciones necesarias. En caso de rechazo, el tribunal extiende acta de ello.

ART. 70.—Los agentes y los consejos de las partes están autorizados para presentar verbalmente al tribunal todos los motivos que ellos juzguen útiles para la defensa de su causa.

ART. 71.—Ellos tienen el derecho de provocar excepciones e incidentes. Las decisiones del tribunal sobre estos puntos son definitivas y no pueden dar lugar a discusión ulterior alguna.

ART. 72.—Los miembros del tribunal tienen el derecho de hacer preguntas a los agentes y a los consejos de las partes y de pedirles esclarecimientos sobre los puntos dudosos.

Ni las preguntas hechas, ni las observaciones hechas por los miembros del tribunal durante el curso de los debates pueden ser consideradas como la expresión de opiniones del tribunal en general o de sus miembros en particular.

ART. 73.—El tribunal está autorizado para determinar su competencia al interpretar el compromiso, así como los restantes actas y documentos que pueden ser invocados en la materia, y al aplicar los principios del derecho.

ART. 74.—El tribunal tiene el derecho de producir ordenanzas de procedimiento para la dirección del proceso, de determinar las formas, el orden y los plazos dentro de los cuales cada parte deberá tomar sus conclusiones finales, y de proceder a todas las formalidades que comporta la administración de las pruebas.

ART. 75.—Las partes se comprometen a suministrar al tribunal, en la mayor medida que ellas juzguen posible, todos los motivos y medios necesarios para la decisión del litigio.

ART. 76.—Para todas las notificaciones que el tribunal tenga que hacer sobre el territorio de una tercera Nación contratante, el tribunal se dirigirá directamente al gobierno de esta Nación. Lo mismo será si se trata de hacer proceder sobre el terreno (sur place) al establecimiento de todos los medios de prueba.

Las solicitudes dirigidas con este fin serán cumplidas de acuerdo con los medios de que disponga la Nación requerida en concordancia con su legislación interna. Ellas sólo pueden ser rehusadas cuando esta Nación juzga que pueden atentar en contra de su soberanía o su seguridad.

El tribunal tendrá igualmente, y siempre, la facultad de recurrir a la mediación del Estado sobre el territorio del cual él tiene su sede.

ART. 77.—Una vez que los agentes y los abogados de las partes hayan presentado todas las aclaraciones y pruebas en apoyo de su causa, el presidente pronuncia el cierre de los debates.

ART. 78.—Las deliberaciones del tribunal tienen lugar a puerta cerrada y se mantienen secretas.

Toda decisión se toma por la mayoría de sus miembros.

ART. 79.—La sentencia arbitral es motivada. La sentencia menciona los nombres de los árbitros, y es firmada por el presidente y por el actuario o el secretario que desempeñe las funciones de actuario.

ART. 80.—La sentencia es leída en sesión pública, estando presentes los agentes y los abogados de las partes, o habiendo sido llamados debidamente.

ART. 81.—La sentencia, pronunciada y notificada debidamente a los agentes de las partes, decide definitivamente y sin apelación la contestación.

ART. 82.—Toda desavenencia que pudiera surgir entre las partes, concerniente a la interpretación y al cumplimiento de la sentencia, será, salvo estipulación contraria, sometida al juicio del tribunal que la ha pronunciado.

ART. 83.—Las partes pueden reservarse en el compromiso demandar la revisión de la sentencia arbitral.

En este caso, y salvo estipulación contraria, la demanda ha de ser dirigida al tribunal que ha pronunciado la sentencia. Ella no puede ser motivada sino por el descubrimiento de un hecho nuevo que haya podido ejercer una influencia decisiva sobre la sentencia y que, en el momento del cierre de los debates, era desconocida para el tribunal mismo y para la parte que ha demandado la revisión.

El procedimiento de revisión no puede ser abierto sino por una decisión del tribunal que constate expresamente la existencia de un hecho nuevo que le reconozca los caracteres previstos por el parágrafo precedente y que declare sobre esa base admisible la demanda.

El compromiso determina el plazo dentro del cual la demanda de revisión debe ser formada.

ART. 84.—La sentencia arbitral no es obligatoria sino para las partes en litigio.

Cuando se trata de la interpretación de una convención en la que han participado otras naciones fuera de las partes en litigio, éstas advierten en tiempo útil a todas las naciones signatarias. Cada una de estas naciones tiene el derecho de intervenir en el proceso. Si una o varias de entre ellas han aprovechado de esta facultad, la interpretación contenida en la sentencia es igualmente obligatoria respecto de ellas.

ART. 85.—Cada parte es responsable de sus propios costos y de una parte igual de los costos del tribunal.

CAPÍTULO IV

Del procedimiento sumario de arbitraje

ART. 86.—Con el objeto de facilitar el funcionamiento de la justicia arbitral, cuando se trata de litigios que pueden comportar un procedimiento sumario, los Estados contratantes determinan las reglas siguientes que han de cumplirse en ausencia de estipulaciones diferentes y bajo reserva, llegado el caso, de la aplicación de las disposiciones del capítulo III que no fueren contrarias.

ART. 87.—Cada una de las partes en litigio nombra un árbitro. Los dos árbitros así designados eligen un subárbitro. Si no se ponen de acuerdo a este respecto, entonces cada uno presenta dos candidatos tomados de la lista general de los miembros del tribunal permanente y por fuera de los miembros indicados por cada una de las partes mismas y sin que sean los ciudadanos de ninguna de ellas; la suerte determina cuál de los candidatos así presentados será el subárbitro.

El subárbitro preside el tribunal, el cual toma sus decisiones por mayoría de votos.

ART. 88.—A falta de acuerdo previo, el tribunal fija, desde el momento en que es constituido, el plazo dentro del cual las dos partes deberán presentarle sus memoriales respectivos.

ART. 89.—Cada parte es representada ante el tribunal por un agente que sirve de intermediario entre el tribunal y el gobierno que lo ha elegido.

ART. 90.—El procedimiento tiene lugar exclusivamente por escrito. Sin embargo, cada parte tiene el derecho de pedir la comparecencia de testigos y de expertos. Por su parte, el tribunal tiene la facultad de solicitar explicaciones orales a los agentes de las partes, así como a los expertos y a los testigos de los cuales él juzgue útil la comparecencia.

TÍTULO V

Disposiciones finales

ART. 91.—La presente convención, ratificada debidamente, reemplazará, en las relaciones entre los Estados contratantes, la convención para el arreglo pacífico de conflictos internacionales del 29 de julio de 1899.

ART. 92.—La presente convención será ratificada lo más pronto posible.

Las ratificaciones serán presentadas en La Haya.

La primera presentación de ratificaciones será constatada por un acta firmada por los representantes de las partes que toman parte en ellas y por el Ministro de Asuntos Extranjeros de Holanda.

Las presentaciones ulteriores de ratificación se efectuarán por medio de una notificación escrita, dirigida al gobierno de Holanda y acompañada del instrumento de ratificación.

Copia certificada conforme del acta relativa a la primera presentación de ratificaciones, de las notificaciones mencionadas en el párrafo precedente, así como de los instrumentos de ratificación, será remitida inmediatamente, por los cuidados del gobierno de Holanda y por la vía diplomática, a los Estados invitados a la segunda conferencia de la paz, así como a los otros Estados que hayan adherido a la convención. En los casos aludidos por el párrafo precedente, el mencionado gobierno les hará conocer al mismo tiempo la fecha en la cual recibió la notificación.

ART. 93.—Las naciones no signatarias que fueron invitadas a la segunda conferencia de la paz podrán adherir a la presente convención.

El Estado que desee adherir notifica por escrito su intención al gobierno de Holanda transmitiéndole el acta de adhesión que será depositada en los archivos del mencionado gobierno.

Este gobierno transmitirá inmediatamente a todos los otros Estados invitados a la segunda conferencia de la paz copia certificada conforme de la notificación, así como también del acta de adhesión, indicando la fecha en la que él recibió la notificación.

ART. 94.—Las condiciones en que las naciones que no fueron invitadas a la segunda conferencia de la paz podrán adherir a la presente convención serán el objeto de un entendimiento ulterior entre las naciones contratantes.

ART. 95.—La presente convención producirá efecto, para los Estados que hayan participado en la primera presentación de ratificaciones, sesenta (60) días después de la fecha del acta de dicha presentación y, para los Estados que ratificarán ulteriormente o que adherirán, sesenta (60) días después que la notificación de su ratificación o de su adhesión haya sido recibida por el gobierno de Holanda.

ART. 96.—Si sucediese que una de las naciones contratantes quiere denunciar la presente convención, la denuncia será notificada por escrito al gobierno de Holanda, quien comunicará inmediatamente copia certificada conforme de la notificación a todas las otras naciones, haciéndoles saber la fecha en la que él la recibió.

La denuncia no producirá sus efectos sino con respecto al Estado que la haya notificado y un año después que la notificación haya llegado al gobierno de Holanda.

ART. 97.—Un registro tenido por el Ministerio de Asuntos Extranjeros de Holanda indicará la fecha de la presentación de ratificaciones efectuada en virtud del artículo 92 párrafos 3 y 4, así como la fecha en la que hayan sido recibidas las notificaciones de adhesión (art. 93, par. 2º) o de denuncia (art. 96, par. 1º).

Cada Estado contratante es admitido a tomar conocimiento de este registro y a pedir extractos certificados conformes de él.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios han firmado la presente convención.

Concluida en La Haya, el dieciocho de octubre de mil novecientos siete, en un solo ejemplar que permanecerá depositado en los archivos del gobierno de Holanda y del cual copias certificadas conformes serán enviadas por la vía diplomática a los Estados contratantes.

Se certifica que es copia conforme: El secretario general del Ministerio de Asuntos Extranjeros de Holanda, S. Hannema.

Se certifica que ésta es una traducción fiel y completa. El traductor: José Luis Pérez Vera.

Santafé de Bogotá, D.C., marzo 25 de 1994.

El Suscrito jefe de la oficina jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores.

HACE CONSTAR:

Que la presente reproducción es fiel fotocopia tomada de la traducción oficial Nº 091 del texto certificado en francés de La “convención para el arreglo pacífico de conflictos internacionales”, hecha en La Haya el 18 de octubre de 1907, que reposa en los archivos de la oficina jurídica de este ministerio.

Dada en Santafé de Bogotá, D.C., a los veintiocho días del mes de julio de mil novecientos noventa y cuatro.

Héctor Adolfo Sintura Varela

Jefe oficina jurídica

Rama ejecutiva del poder público

Presidencia de la República 

Santafé de Bogotá, D.C.

APROBADO. Sométase a la consideración del honorable Congreso Nacional para los efectos constitucionales.

(Fdo) Cesar Gaviria Trujillo

La Ministra de Relaciones Exteriores,

(Fdo) Nohemí Sanín de Rubio

DECRETA:

ART. 1º—Apruébase la “Convención para el arreglo pacífico de los conflictos internacionales”, hecha en La Haya el 18 de octubre de 1907.

ART. 2º—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª, de 1944, la “convención para el arreglo pacífico de los conflictos internacionales” hecha en La Haya el 18 de octubre de 1907, que por el artículo primero de ésta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto de la misma.

ART. 3º—La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.

Comuníquese y publíquese.

Ejecútese previa revisión de la Corte Constitucional conforme al artículo 241-10 de la Constitución Política.

Dada en Santafé de Bogotá, D.C., a 29 de diciembre de 1995.

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