LEY 291 DE 1996 

(Julio 16)

“Por medio de la cual se aprueba el “tratado sobre traslado de personas condenadas entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la República de Panamá”, suscrito en Medellín el 23 de febrero de 1994”.

El Congreso de la República,

Visto el texto del “tratado sobre traslado de personas condenadas entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la República de Panamá”, suscrito en Medellín el 23 de febrero de 1994.

Tratado sobre traslado de personas condenadas entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la República de Panamá

El Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Panamá,

Deseosos de establecer mecanismos que permitan fortalecer y facilitar la cooperación judicial internacional;

Reconociendo que la asistencia entre las partes para el cumplimiento de sentencias penales condenatorias es aspecto importante dentro de la política de cooperación bilateral;

Considerando que la reinserción es una de las finalidades de la ejecución de condenas;

Animados por el objetivo común de garantizar la protección de los derechos humanos asegurando siempre el respeto de su dignidad;

En consecuencia, guiados por los principios de amistad y cooperación que prevalecen en sus relaciones como países vecinos, han acordado celebrar el siguiente tratado, por el cual se regulan los traslados de las personas condenadas en uno de los dos Estados partes, cuando fueren nacionales colombianos o panameños.

ART. 1º—Cooperación judicial. Las partes, con estricto cumplimiento de sus respectivos ordenamientos jurídicos, se comprometen a brindarse asistencia y cooperación legal y judicial en forma recíproca, de conformidad con los mecanismos y programas específicos que ellas determinen.

ART. 2º—Definiciones. Para los efectos del presente tratado se entenderá por:

1. “Estado trasladante” el Estado donde haya sido dictada la sentencia condenatoria y del cual la persona condenada habrá de ser trasladada.

2. “Estado receptor” el Estado al cual se traslada la persona condenada para continuar con la ejecución de la sentencia proferida en el Estado trasladante.

3. “Persona condenada” es la persona que ha sido condenada por un tribunal o juzgado del Estado trasladante mediante sentencia, y que se encuentra ya sea en prisión, bajo el régimen de libertad condicional, bajo cualquier otra forma de libertad sujeta a vigilancia, o bajo medidas de seguridad.

ART. 3º—Ámbito de aplicación. 1. Los beneficios del presente tratado, solamente podrán ser aplicados a nacionales de los Estados partes. Los beneficios comprenderán a los inimputables y a menores infractores.

2. Los Estados parte de este tratado, se prestarán la más amplia colaboración posible en materia de traslados de personas condenadas.

ART. 4º—Jurisdicción. 1. El Estado receptor y el Estado trasladante tendrán facultad discrecional para aceptar o rechazar el traslado de la persona condenada. Esta decisión es soberana y deberá ser comunicada a la parte solicitante.

2. El Estado trasladante por iniciativa propia o previa solicitud escrita del Estado receptor, podrá conceder subrogados o beneficios penales. Dicha solicitud será motivada de acuerdo con la legislación interna del Estado receptor.

3. Bajo ninguna circunstancia, la condena impuesta en el Estado trasladante podrá aumentarse en el Estado receptor.

4. La persona condenada que sea trasladada para la ejecución de una sentencia no podrá ser investigada, juzgada ni condenada por el mismo delito que motivó la sentencia a ser ejecutada.

5. Las partes designan como autoridades centrales encargadas de ejercer las funciones previstas en este tratado al Ministerio de Justicia y del Derecho, por parte de la República de Colombia y al Ministerio de Gobierno y Justicia por parte de la República de Panamá.

ART. 5º—Procedimiento. 1. La petición de traslado y su respectiva respuesta, se formularán por escrito y se dirigirán a las autoridades centrales designadas para tal efecto en el artículo cuarto, numeral 5º.

2. La petición de traslado mencionada deberá cumplir con los requisitos estipulados en el artículo 6º y contener la documentación justificativa señalada en el artículo 7º del presente tratado.

3. El Estado requerido informará al Estado requirente, a la mayor brevedad posible, su decisión de aceptar o denegar el traslado solicitado.

4. La notificación al otro Estado de la denegación del traslado, no necesita ser motivada.

5. Las penas impuestas en uno de los Estados a nacionales del otro, podrán ejecutarse en establecimientos penitenciarios o carcelarios, o bajo la supervisión de las autoridades competentes del Estado receptor, de conformidad con las disposiciones legales vigentes del respectivo Estado, en concordancia con el presente tratado.

6. La persona condenada continuará cumpliendo en el Estado receptor, la pena impuesta en el Estado trasladante y de acuerdo con las leyes y procedimientos del Estado receptor sin necesidad de exequátur.

7. La entrega de la persona condenada por las autoridades del Estado trasladante a las autoridades del Estado receptor se efectuará en el lugar en que convengan las partes en cada caso.

ART. 6º—Requisitos. Para efectos de realizar el traslado de una persona condenada se deben cumplir los siguientes requisitos:

1. Que la persona sea nacional del Estado receptor.

2. Que tanto el Estado trasladante como el Estado receptor autoricen en cada caso el traslado.

3. Que la persona condenada solicite su traslado o en caso de que dicha solicitud provenga del Estado trasladante o del Estado receptor, ésta manifieste su consentimiento de manera expresa y por escrito. En caso de personas inimputables se requerirá el consentimiento del representante legalmente autorizado.

4. Que las acciones u omisiones que hayan dado lugar a la condena constituyan un delito de acuerdo con las normas del Estado receptor.

5. Que la persona no esté condenada por un delito político o militar.

6. Que exista sentencia condenatoria y no hayan otros procesos pendientes en el Estado trasladante.

7. Que por lo menos la mitad de la pena impuesta ya se haya cumplido, o que la persona condenada se encuentre en grave estado de salud comprobada.

ART. 7º—Documentación justificativa. 1. El Estado receptor, a petición del Estado trasladante facilitará a este último, cuando medie una solicitud de traslado:

a) Prueba de la calidad de nacional del condenado de conformidad a la legislación del respectivo Estado, y

b) Copia de las disposiciones legales del Estado receptor con base en las cuales las acciones u omisiones que hayan dado lugar a la condena en el Estado trasladante constituyan un delito con arreglo al derecho del Estado receptor.

2. El Estado trasladante deberá facilitar al Estado receptor los documentos que a continuación se expresan:

a) Copia certificada de la sentencia y de las disposiciones legales aplicadas;

b) Certificación del tiempo de condena cumplida, incluida la información referente a cualquier detención preventiva, otorgamiento de subrogados penales u otra circunstancia relativa al cumplimiento de la condena;

c) Declaración escrita del condenado en la que manifieste su consentimiento para ser trasladado, y

d) Informe médico y social acerca del condenado, así como las respectivas recomendaciones a tener en cuenta por el Estado receptor.

3. Previa a la solicitud formal de traslado, el Estado trasladante o el receptor podrán pedir los documentos o declaración a que se refieren los numerales 1º y 2º del presente artículo.

ART. 8º—Criterios para la decisión. Las decisiones de cada Estado para aceptar o denegar el traslado serán soberanas y podrán tener en cuenta los siguientes criterios:

1. La decisión de trasladar personas para el cumplimiento de sentencias penales, se adoptará caso por caso.

2. El traslado de personas sentenciadas se realizará de manera gradual.

3. Razones humanitarias como estado de salud del condenado, edad y su situación familiar particular.

4. La disposición de la persona condenada a colaborar con la justicia del Estado receptor.

5. Circunstancias agravantes o atenuantes de los delitos.

6. Las posibilidades de reinserción social de la persona condenada teniendo en cuenta entre otras la conducta del condenado durante el tiempo de reclusión.

ART. 9º—Obligación de los Estados partes. 1. El condenado a quien pueda aplicarse este procedimiento deberá ser informado del tenor del presente tratado, así como de las consecuencias jurídicas que se derivan de él.

2. Si la persona condenada hubiere expresado al Estado trasladante su deseo de ser trasladada en virtud del procedimiento aquí estipulado, dicho Estado deberá informar de ello, a través de la autoridad central competente, a la autoridad central del Estado receptor.

Dicha información deberá comprender:

a) El nombre, la fecha y el lugar de nacimiento de la persona condenada;

b) De ser procedente, la dirección domiciliaria de la persona a ser trasladada;

c) Una exposición de los hechos que hayan originado la condena, y

d) La naturaleza, la duración y la fecha de comienzo de la condena.

3. Deberá informarse por escrito al condenado de cualquier gestión emprendida por el Estado receptor o el Estado trasladante en aplicación de los párrafos precedentes, así como de cualquier decisión tomada por uno de los dos Estados con respecto a una solicitud de traslado.

ART. 10.—Entrega del condenado y cargas económicas. 1. La entrega del condenado por las autoridades del Estado trasladante a las del Estado receptor se efectuará en el lugar en que convengan las partes.

La definición del lugar de entrega deberá ser convenida caso por caso.

2. El Estado trasladante se hará cargo de los gastos del traslado de la persona condenada hasta el momento de su entrega a las autoridades competentes del Estado receptor.

3. El Estado receptor se hará cargo de los gastos del traslado desde el momento en que la persona condenada quede bajo su custodia.

ART. 11.—Interpretación. 1. Ninguna de las disposiciones contenidas en este tratado puede ser interpretada en el sentido de que se atribuya a la persona condenada un derecho al traslado.

2. Las dudas o controversias que pudieran surgir en la interpretación o ejecución del presente tratado serán resueltas directamente, y de común acuerdo por las autoridades centrales definidas en el artículo cuarto, numeral 5º del presente tratado.

ART. 12.—Vigencia y terminación. 1. El presente tratado entrará en vigor a los sesenta (60) días contados a partir de la fecha en que las partes se comuniquen por notas diplomáticas el cumplimiento de sus requisitos constitucionales y legales internos.

2. Cualquiera de los Estados partes, podrá denunciar este tratado, mediante notificación escrita al otro Estado. La denuncia entrará en vigor seis meses después de la fecha de notificación. Las solicitudes que hayan sido presentadas en la fecha de denuncia del presente tratado seguirán su trámite sin que se vean afectadas por dicha denuncia.

Firmado en la ciudad de Medellín a los 23 días del mes de febrero de 1994 en dos ejemplares en idioma español, siendo ambos textos igualmente válidos y auténticos.

Por el Gobierno de la República de Colombia

Nohemí Sanín de Rubio

Ministra de Relaciones Exteriores

Por el Gobierno de la República de Panamá

José Raúl Mulino

Ministro de Relaciones Exteriores

La suscrita jefe de la oficina jurídica (e) del Ministerio de Relaciones Exteriores,

HACE CONSTAR:

Que la presente es fiel fotocopia tomada del original del “tratado sobre traslado de personas condenadas entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Panamá”, firmado en Medellín el 23 de febrero de 1994, que reposa en los archivos de la oficina jurídica de este ministerio.

Dado en Santafé de Bogotá, D.C., a los diecisiete (17) días del mes de julio de mil novecientos noventa y cinco (1995).

Sonia Pereira Portilla

Jefe oficina jurídica (e)

Rama ejecutiva del poder público

Presidencia de la República 

Santafé de Bogotá, D.C., 3 de abril de 1995.

APROBADO. Sométase a la consideración del honorable Congreso Nacional para los efectos constitucionales.

(Fdo.) Ernesto Samper Pizano

El Ministro de Relaciones Exteriores

(Fdo.) Rodrigo Pardo García Peña

DECRETA:

ART. 1º—Apruébase el “tratado sobre traslado de personas condenadas entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la República de Panamá”, suscrito en Medellín el 23 de febrero de 1994.

ART. 2º—De conformidad con el artículo 1º de la Ley 7ª de 1944, el “tratado sobre traslado de personas condenadas entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Panamá”, suscrito en Medellín el 23 de febrero de 1994, que por el artículo 1º de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto de la misma.

ART. 3º—La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Santafé de Bogotá, D.C., a 16 de julio de 1996.

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