LEY 308 DE 1996 

(Agosto 5)

“Por la cual se modifica parcialmente el artículo 367 del código penal y se tipifica como conducta delictiva la del urbanizador ilegal”.

El Congreso de Colombia,

DECRETA:

ART. 1º—Modifícase el artículo 367 del Código Penal, el cual quedará así:

“ART. 367.—Invasión de tierras o edificaciones. El que con el propósito de obtener para sí o para un tercero provecho ilícito, invada terreno o edificación ajenos, incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) años y multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena establecida en el inciso anterior se aumentará hasta en la mitad para el promotor, organizador o director de la invasión.

El mismo incremento de la pena se aplicará cuando la invasión se produzca sobre terrenos ubicados en zona rural.

PAR.—Las penas señaladas en los incisos precedentes se rebajarán hasta en las dos terceras partes, cuando antes de pronunciarse sentencia de primera instancia, cesen los actos de invasión y se produzca el desalojo total de los terrenos y edificaciones que hubieren sido invadidos.

(Nota: La Corte Constitucional declaró la exequibilidad del presente artículo, siempre que se entienda y aplique en los términos del fallo del 19 de marzo de 1997, sentencia C-157).

ART. 2º—Adiciónese el capítulo VII del título XIV del Código Penal, con el siguiente artículo, el cual quedará inserto a continuación del artículo 367 de la obra citada.

“ART. 367 “A”.—Del urbanizador ilegal. El que adelante, desarrolle, promueva, patrocine, induzca, financie, facilite, tolere, colabore o permita la división, parcelación, urbanización de inmuebles, o su construcción sin el lleno de los requisitos de ley, incurrirá por este solo hecho en prisión de tres (3) a siete (7) años y en multa de doscientos (200) a cuatrocientos (400) salarios mínimos legales vigentes.

La pena señalada anteriormente se aumentará hasta en la mitad cuando la parcelación, urbanización o construcción de viviendas se efectúen en terrenos o zonas de preservación ambiental y ecológica, de reserva para la construcción de obras públicas, en zonas de contaminación ambiental, de alto riesgo o en zonas rurales.

PAR.—El servidor público o trabajador oficial que dentro del territorio de su jurisdicción y en razón de su competencia, con su acción u omisión diere lugar a la ejecución de los hechos señalados en el inciso 1º de este artículo, incurrirá en interdicción de derechos y funciones públicas de tres (3) a cinco (5) años, sin perjuicio de las demás sanciones penales a que hubiere lugar por el desarrollo de su conducta.

(Nota: La Corte Constitucional declaró la exequibilidad del presente artículo, siempre que se entienda y aplique en los términos del fallo del 19 de marzo de 1997, sentencia C-157).

ART. 3º—La presente ley rige a partir de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y ejecútese.

Dada en Santafé de Bogotá, D.C., a 5 de agosto de 1996.

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