LEY 404 DE 1997 

(Septiembre 16)

“Por medio de la cual se aprueba el tratado sobre traslado de personas condenadas para ejecución de sentencias penales entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Costa Rica, suscrito en Santafé de Bogotá, D.C., el 15 de marzo de 1996”.

El Congreso de la República,

DECRETA:

Visto el texto del “Tratado sobre traslado de personas condenadas para ejecución de sentencias penales entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Costa Rica”, suscrito en Santafé de Bogotá, D.C., el 15 de marzo de 1996.

(Para ser transcrito: se adjunta fotocopia del texto íntegro del instrumento internacional mencionado, debidamente autenticado por el jefe de la oficina jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores).

“Tratado sobre traslado de personas condenadas para ejecución de sentencias penales entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la República de Costa Rica”

El Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Costa Rica a quienes en lo sucesivo se les denominará “Las partes”.

Deseosos de establecer mecanismos que permitan fortalecer y facilitar la cooperación judicial internacional;

Reconociendo que la asistencia entre las partes para la ejecución de las sentencias penales condenatorias es aspecto importante dentro de la política de cooperación bilateral;

Considerando que la reinserción social del delincuente es una de las finalidades de la ejecución de condenas;

En consecuencia, guiados por los principios de amistad y cooperación que prevalecen en sus relaciones, han acordado celebrar el siguiente tratado, por el cual se regula el traslado de las personas condenadas, cuando fueren nacionales colombianos o costarricenses.

ART. 1º—Ámbito de aplicación. El presente tratado se aplicará a los nacionales de una parte, que hayan sido condenados en la otra parte, con el fin de que las penas impuestas puedan ejecutarse en establecimientos penitenciarios o carcelarios, bajo la vigilancia de las autoridades competentes del Estado receptor, de conformidad con las disposiciones legales vigentes del respectivo Estado, en concordancia con el presente tratado.

El presente tratado también podrá aplicarse a infractores menores de edad y a las personas a las cuales la autoridad competente del Estado trasladante hubiera declarado inimputables, para lo cual deberá obtenerse el consentimiento de quien esté legalmente facultado para otorgarlo.

ART. 2º—Definiciones. Para los efectos del presente tratado se entenderá por:

1. Estado trasladante: el Estado donde haya sido dictada la sentencia condenatoria y del cual la persona condenada habrá de ser trasladada.

2. Estado receptor: el Estado al cual se traslada la persona condenada para continuar con la ejecución de la sentencia dictada en el Estado trasladante.

3. Sentencia: es la decisión judicial definitiva en la que se impone a una persona, como pena por la comisión de un delito, la privación de libertad o restricción de la misma, en un régimen de libertad vigilada, condena de ejecución condicional u otras formas de supervisión sin detención. Se entiende que una sentencia es definitiva cuando no esté pendiente recurso legal ordinario contra ella en el Estado trasladante, y que el término previsto para dicho recurso haya vencido.

4. “Persona condenada” es la persona que ha sido condenada por un Tribunal o juzgado del Estado trasladante mediante sentencia definitiva.

ART. 3º—Excepciones. No podrán acogerse a los beneficios del traslado de personas condenadas:

1. Los nacionales de una parte que sean residentes permanentes en el territorio de la otra parte.

2. Los sentenciados por un delito que no esté tipificado en ambas partes.

3. Quienes tengan pendiente en el Estado trasladante otros procesos penales.

4. Quienes tengan pendiente en el Estado trasladante el pago de indemnizaciones por responsabilidad civil, a no ser, que el solicitante demuestre la absoluta incapacidad de cumplir con el pago de la sanción impuesta por motivos de pobreza.

5. Las personas condenadas respecto de las cuales exista una solicitud de extradición hecha por un tercer Estado, que se encuentre en trámite o que haya sido acordada.

No obstante lo citado en los párrafos precedentes, las personas condenadas a quienes se les hubiere negado el traslado, podrán presentar una nueva solicitud ante la autoridad que emitió dicha decisión, siempre y cuando no persistan las causales de denegación y se cumpla con el lleno de los requisitos establecidos para tal fin.

ART. 4º—Requisitos. Las solicitudes presentadas por nacionales de una de las partes para ser trasladados al país de su nacionalidad deberán ser formuladas por el condenado o por su representante legal, ante la autoridad central del Estado trasladante con el lleno de los siguientes requisitos:

1. Que la persona condenada sea nacional del Estado receptor.

2. Que la persona condenada solicite expresamente su traslado por escrito.

3. Que los actos u omisiones que hayan dado lugar a la condena no sean de tipo político.

4. Que la condena a cumplirse no sea la pena de muerte.

5. Que la sentencia mediante la cual se impuso la sanción en ejecución se encuentre en firme, y que no exista, aparte de lo anterior, causa legal alguna que impida la salida del sentenciado del territorio nacional.

6. Que al momento de presentar la solicitud de traslado, la persona condenada demuestre por lo menos el cumplimiento del 50% de la pena impuesta, a menos, de que se trate del caso establecido en el numeral 3º del artículo séptimo.

7. Que la aplicación de la sentencia no sea contraria al ordenamiento jurídico interno del Estado receptor.

El cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente tratado, no implica para los Estados la obligación de conceder el traslado.

ART. 5º—Jurisdicción. 1. Tanto el Estado receptor como el Estado trasladante tendrán facultad discrecional para conceder o negar el traslado de la persona condenada. Esta decisión es soberana y deberá ser comunicada al interesado.

2. Para el cómputo de la pena cumplida, el Estado receptor reconocerá las decisiones o medidas legales proferidas por las autoridades competentes del Estado trasladante, cuando éstas impliquen la reducción de la pena al nacional que ha solicitado el traslado, por factores tales como buena conducta, trabajo o estudio, siempre y cuando estas decisiones o medidas legales sean reconocidas en la decisión por medio de la cual el Estado trasladante manifieste su conformidad con el traslado.

3. Sin necesidad de exequátur, la persona condenada continuará cumpliendo en el Estado receptor, la pena impuesta en el Estado trasladante de conformidad con la legislación interna del Estado receptor.

4. El Estado trasladante mantendrá jurisdicción exclusiva con referencia a las sentencias impuestas a las personas condenadas que hayan sido trasladadas.

5. Bajo ninguna circunstancia, la condena impuesta en el Estado trasladante podrá aumentarse en el Estado receptor.

6. La situación de la persona condenada no será agravada por el traslado.

7. La persona condenada que sea trasladada para la ejecución de una sentencia no podrá ser investigada, juzgada ni condenada por el mismo delito que motivó la sentencia a ser ejecutada.

ART. 6º—Autoridades centrales. Las partes designan como autoridades centrales encargadas de ejercer las funciones previstas en este tratado, al Ministerio de Justicia y del Derecho por parte de la República de Colombia y al Ministerio de Justicia y Gracia por parte de la República de Costa Rica.

ART. 7º—Criterios. De conformidad con el artículo cuatro del presente tratado, las partes tendrán en cuenta al tomar la decisión de conceder o denegar el traslado, entre otros, los siguientes criterios:

1. La decisión de trasladar personas para el cumplimiento de sentencias penales se realizará gradualmente para lo cual se adoptará el estudio de caso por caso.

2. Las partes prestarán especial atención a las personas condenadas a quienes se haya comprobado plenamente que sufren una enfermedad que se encuentra en su fase terminal o sean de edad muy avanzada.

3. Circunstancias agravantes y atenuantes de los delitos.

4. Las posibilidades de reinserción social de la persona condenada, teniendo en cuenta, entre otras, la conducta del condenado durante el tiempo de reclusión.

ART. 8º—Trámite. 1. La persona condenada deberá presentar ante la autoridad central del Estado trasladante, la solicitud de traslado la cual deberá contener la siguiente información:

a) El nombre, apellidos y documento de identificación del peticionario;

b) De ser procedente, la última dirección en el país de su nacionalidad;

c) Una exposición de los motivos para solicitar el traslado;

d) Nombre del centro en el cual se encuentra recluido;

e) Nombre de la autoridad judicial que lo sentenció;

f) Fecha de la detención o de la privación de la libertad, y

g) Declaración escrita del condenado en la que manifieste su consentimiento para ser trasladado.

2. Una vez recibida la solicitud de traslado, la autoridad central del Estado trasladante estudiará la información consignada y en caso de que no esté completa, la devolverá al interesado con el fin de que éste la complete.

3. Con el fin de comprobar la nacionalidad de la persona condenada, la autoridad central del Estado trasladante enviará a la autoridad central del Estado receptor, la impresión de las huellas dactilares de la persona condenada que solicite el traslado.

Igualmente, remitirá copia de la sentencia definitiva a fin de que la autoridad central del Estado receptor, certifique si la conducta descrita en la sentencia ejecutoriada, también está tipificada como delictuosa en su Estado, así sea con denominación distinta.

4. La Autoridad Central del Estado receptor, facilitará a la autoridad central del Estado trasladante:

a) Prueba de la calidad de nacional del condenado de conformidad con la legislación del respectivo Estado;

b) Copia de las disposiciones legales del Estado receptor con base en las cuales los actos u omisiones que hayan dado lugar a la condena en el Estado trasladante, constituyan una infracción a la ley penal con arreglo al derecho del Estado receptor.

5. Luego de revisada la solicitud de traslado y sus anexos, la autoridad central del Estado trasladante deberá complementarla y verificarla con la siguiente documentación:

a) Un informe sobre la existencia de otros procesos penales;

b) Un informe sobre la conducta del penado, el tiempo que ha permanecido efectivamente privado de la libertad por razón del proceso en el que fue condenado y la reducción de la pena a la cual ha tenido derecho, hasta el momento de presentar la solicitud, ya sea por buen comportamiento, reducción por trabajo, estudio, enseñanza, entre otros;

c) Informe médico y social acerca del condenado, así como las respectivas recomendaciones a tener en cuenta por el Estado receptor;

d) Un informe acerca de si el condenado es residente permanente.

6. Una vez esté completa la información requerida, la autoridad central del Estado trasladante dictará una resolución aceptando o denegando la solicitud de traslado, la cual será comunicada al interesado.

7. La autoridad central del Estado trasladante, remitirá la resolución y la documentación anexa, a la Autoridad Central del Estado receptor, con el fin de que ésta a su vez decida sobre su viabilidad y si faltare algún documento solicitare su envío.

8. El Estado receptor informará al Estado trasladante a la mayor brevedad posible su decisión de aceptar o denegar el traslado solicitado, a través de la autoridad central designada.

9. En caso de ser favorable la decisión de las dos autoridades centrales, éstas procederán al traslado de la persona condenada de acuerdo con lo estipulado en el artículo décimo del presente tratado.

10. La autoridad competente del Estado receptor determinará el establecimiento carcelario al que deba ser trasladado el condenado. En todo caso, se tomarán en cuenta, entre otros factores como, la gravedad del delito, la capacidad de los centros penitenciarios y las condiciones personales del trasladado.

ART. 9º—Obligaciones de los Estados parte. 1. La autoridad central del Estado trasladante, informará a las personas condenadas a quienes pueda aplicarse este procedimiento del tenor del presente tratado, así como de las consecuencias jurídicas que se derivan de él.

2. Deberá informarse por escrito a la persona condenada de cualquier gestión emprendida por el Estado receptor o el Estado trasladante en aplicación del presente tratado, así como de cualquier decisión tomada por uno de los dos Estados con respecto a su solicitud de traslado.

3. Las autoridades centrales designadas en el artículo sexto, intercambiarán cada seis meses informes sobre la situación en que se halle el cumplimiento de la condena de todas las personas trasladadas o de la ejecución de una sentencia en particular, conforme al presente tratado.

ART. 10.—Entrega del condenado y cargas económicas. 1. La entrega del condenado por las autoridades del Estado trasladante a las del Estado receptor se efectuará en el lugar en que convengan las partes. El Estado receptor será responsable de la custodia de la persona condenada desde el momento en que se produzca la entrega.

La definición del lugar de entrega deberá ser convenida caso por caso.

2. El Estado receptor se hará cargo de los gastos del traslado desde el momento en que la persona condenada quede bajo su custodia.

ART. 11.—Interpretación. 1. Ninguna de las disposiciones contenidas en este tratado puede ser interpretada en el sentido de que se atribuya a la persona condenada un derecho al traslado.

2. Las dudas o controversias que pudieran surgir en la interpretación o ejecución del presente tratado serán resueltas directamente, y de común acuerdo por las Autoridades Centrales definidas en el artículo sexto del presente tratado.

3. Las partes podrán suscribir acuerdos en desarrollo de este tratado cuando se requiera facilitar el cumplimiento del mismo.

ART. 12Vigencia y terminación. 1. El presente tratado entrará en vigor a los sesenta (60) días contados a partir de la fecha en que las partes se comuniquen por notas diplomáticas el cumplimiento de sus requisitos constitucionales y legales internos.

2. Cualquiera de los Estados parte, podrá denunciar este tratado, mediante notificación escrita al otro Estado. La denuncia entrará en vigor seis meses después de la fecha de notificación. Las solicitudes que hayan sido presentadas al momento de denunciar el presente tratado seguirán su trámite sin que se vean afectadas por dicha denuncia.

Firmado en Santafé de Bogotá, D.C., a los quince (15) días del mes de marzo de mil novecientos noventa y seis (1996), en dos ejemplares originales en idioma español, siendo ambos textos igualmente idénticos.

Por el Gobierno de la República de Colombia,

El Ministro de Relaciones Exteriores,

Rodrigo Pardo García-Peña.

Por el Gobierno de la República de Costa Rica,

El Ministro de Relaciones Exteriores y Culto,

Fernando Naranjo Villalobos.

El Ministro de Justicia y del Derecho,

Carlos Eduardo Medellín Becerra.

La Ministra de Justicia y Gracia,

Maureen Clarke Clarke.

El suscrito jefe de la oficina jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores,

HACE CONSTAR:

Que la presente reproducción es fiel copia tomada del original del tratado sobre traslado de personas condenadas para ejecución de sentencias penales entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Costa Rica, suscrito en Santafé de Bogotá, D.C., el 15 de marzo de 1996, que reposa en los archivos de la oficina jurídica de este ministerio.

Dada en Santafé de Bogotá, D.C., el primero de agosto de mil novecientos noventa y seis (1996).

El jefe oficina jurídica,

Héctor Adolfo Sintura Varela.

Rama Ejecutiva del Poder Público

Presidencia de la República 

Santafé de Bogotá, D.C.

APROBADO. Sométase a la consideración del honorable Congreso Nacional para los efectos constitucionales.

(Fdo.) Ernesto Samper Pizano

La Ministra de Relaciones Exteriores,

(Fdo.) María Emma Mejía Vélez.

DECRETA:

ART. 1º—Apruébase el tratado sobre traslado de personas condenadas para ejecución de sentencias penales entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Costa Rica, suscrito en Santafé de Bogotá, D.C., el 15 de marzo de 1996.

ART. 2º—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª el tratado sobre traslado de personas condenadas para ejecución de sentencias penales entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Costa Rica, suscrito en Santafé de Bogotá, D.C., el 15 de marzo de 1996, que por el artículo primero de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto de la misma.

ART. 3º—La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.

El Presidente del honorable Senado de la República,

Amylkar Acosta Medina.

El Secretario General del Honorable Senado de la República,

Pedro Pumarejo Vega.

El Presidente de la honorable cámara de representantes,

Carlos Ardila Ballesteros.

El secretario general de la honorable cámara de representantes,

Diego Vivas Tafur.

República de Colombia - Gobierno Nacional

Publíquese y ejecútese.

Previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al artículo 241-10 de la Constitución Política.

Dada en Santafé de Bogotá, D.C., 16 de septiembre de 1997.

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