LEY 437 DE 1998 

(Febrero 17)

“Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre la República de Colombia y el Reino de España”, suscrito en Santafé de Bogotá, D.C., el 9 de junio de 1995”.

El Congreso de Colombia,

Visto el texto del “Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre la República de Colombia y el Reino de España”, suscrito en Santafé de Bogotá, D.C., el 9 de junio de 1995.

(Para ser transcrito: se adjunta fotocopia del texto íntegro del instrumento internacional mencionado debidamente autenticado por el jefe de la oficina jurídica, del Ministerio de Relaciones Exteriores).

Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre la República de Colombia y el reino de España

La República de Colombia y el Reino de España, en adelante “las partes contratantes”, deseando intensificar la cooperación económica en beneficio recíproco de ambos países,

Proponiéndose crear condiciones favorables para las inversiones realizadas por inversionistas de cada una de las partes contratantes en el territorio de la otra, y

Reconociendo que la promoción y protección de las inversiones con arreglo al presente acuerdo estimula las iniciativas en este campo,

HAN CONVENIDO LO SIGUIENTE:

(Nota: Declarado exequible por l a Corte Constitucional en Sentencia C-494 de 1998 , salvo el artículo V del mismo, así como la expresión “las indemnizaciones previstas en el artículo V del numeral 1 y la totalidad del numeral 7, ambos del artículo VII de ese acuerdo, los cuales se declararon inexequibles ).

ART. I.—Definiciones. A los efectos del presente acuerdo:

1. Por “inversionistas” se entenderá:

a) Personas físicas que sean nacionales de una de las partes contratantes con arreglo a su legislación y realicen inversiones en el territorio de la otra parte contratante, y

b) Personas jurídicas, incluidas compañías, asociaciones de compañías, sociedades mercantiles; sucursales y otras organizaciones que se encuentren constituidas o, en cualquier caso, debidamente organizadas según el derecho de esa parte contratante y tengan su sede en el territorio de esa misma parte contratante.

2. Por “inversiones” se designa todo tipo de activos y en particular, aunque no exclusivamente, los siguientes:

— Acciones y otras formas de participación en sociedades.

— Derechos a dinero o a prestaciones bajo contrato que tengan un valor financiero.

— Bienes muebles e inmuebles, así como otros derechos reales tales como hipotecas, derechos de prenda, usufructos y derechos similares.

— Todo tipo de derechos en el ámbito de la propiedad intelectual, incluyendo expresamente patentes de invención y marcas de comercio, así como licencias de fabricación, conocimientos técnicos y fondo de comercio o buen nombre.

— Las concesiones o figuras similares otorgadas por ley o en virtud de un contrato para el ejercicio de una actividad económica o comercial incluidas las concesiones de prospección, exploración y explotación de recursos naturales.

No obstante lo anterior, para los efectos de este acuerdo, los préstamos no se considerarán como inversiones.

3. Por “rentas de inversión” se entienden los rendimientos derivados de una inversión de acuerdo con la definición contenida en el punto anterior e incluye en particular, aunque no exclusivamente, beneficios, dividendos, intereses, ganancias de capital, regalías y cánones.

4. El término “territorio” designa el territorio terrestre de cada una de las partes contratantes así como aquellas áreas marinas incluyendo el suelo y subsuelo marino adyacentes al mar territorial sobre las cuales cada una de las partes contratantes ejerce, de acuerdo con la ley internacional, derechos a efectos de explorar y explotar los recursos naturales en esas áreas.

ART. II.—Promoción, admisión. 1. Cada parte contratante promoverá las inversiones en su territorio de inversionistas de la otra parte contratante y admitirá estas inversiones conforme a sus disposiciones legales.

2. El presente acuerdo se aplicará también a las inversiones efectuadas antes de la entrada en vigor del mismo por los inversionistas de una parte contratante conforme a las disposiciones legales de la otra parte contratante en el territorio de esta última. No se aplicará a las controversias originadas con anterioridad a la entrada en vigor del acuerdo.

3. A fin de promover los flujos de inversión mutua las partes contratantes intercambiarán la información que facilite el conocimiento de las condiciones y oportunidades para la inversión en su territorio.

ART. III.—Protección. 1. Cada parte contratante otorgará, conforme al derecho internacional, plena protección y seguridad en su territorio a las inversiones efectuadas por inversionistas de la otra parte contratante y no obstaculizará, mediante medidas injustificadas o discriminatorias, la gestión, el mantenimiento, el desarrollo, la utilización, el disfrute, la extensión, la venta ni, en su caso, la liquidación de tales inversiones.

2. Las autorizaciones necesarias y permisos para el desarrollo de las inversiones y la ejecución de contratos laborales, de licencia de fabricación, asistencia técnica, comercial, financiera y administrativa se concederán y ejecutarán de acuerdo con la legislación de cada parte contratante.

3. Cada parte contratante deberá cumplir cualquier obligación que hubiese contraído respecto a las inversiones realizadas por la otra parte contratante.

ART. IV.—Tratamiento. 1. Las inversiones y rendimientos de inversionistas de cada parte contratante deberán, en todo momento, recibir un tratamiento justo y equitativo.

2. Este tratamiento no será menos favorable que el otorgado por cada parte contratante en su territorio a las inversiones y rendimientos de inversionistas de cualquier tercer Estado.

3. Este tratamiento no se extenderá, sin embargo, a los privilegios que una parte contratante conceda a los inversionistas de un tercer Estado, en virtud de su asociación o participación actual o futura en una unión aduanera, un mercado común o en virtud de cualquier otro acuerdo internacional relacionado total o parcialmente con tributación.

4. Cada parte contratante aplicará, salvo lo dispuesto en su legislación nacional, a las inversiones y rendimientos de los inversionistas de la otra parte contratante un tratamiento no menos favorable que el otorgado a sus propios inversionistas.

ART. V.—Nacionalización y expropiación. 1. Las inversiones de inversionistas de cualquiera de las partes contratantes no serán sometidas en el territorio de la otra parte contratante a:

a) Nacionalización o medidas equivalentes, por medio de las cuales una de las partes contratantes tome el control de ciertas actividades estratégicas o servicios, o

b) Cualquier otra forma de expropiación o medidas que tengan un efecto equivalente, salvo que cualquiera de esas medidas se realicen de acuerdo con la ley, de manera no discriminatoria por motivos de utilidad pública o interés social relacionados con las necesidades internas de esa parte y con una compensación pronta, adecuada y efectiva.

2. De acuerdo con los principios de derecho internacional, la compensación por los actos referidos a los apartados 1 a) y b) de este artículo ascenderá al valor real de la inversión inmediatamente antes de que las medidas fueran tomadas o antes de que las medidas inminentes fueran de conocimiento público, lo que ocurra primero. La compensación deberá pagarse sin demora injustificada, será efectivamente realizable y será libremente transferible.

3. El inversionista tendrá derecho, de acuerdo con la ley de la parte contratante que adopta la medida pertinente, a una revisión pronta, por parte de una autoridad judicial u otra autoridad independiente de esa parte, de su caso y de la valoración de su inversión de acuerdo con los principios establecidos en los apartados 1 y 2 de este artículo. El ejercicio de este derecho no le impedirá acceder a los mecanismos arbitrales contemplados en el artículo XI del presente acuerdo.

4. Si una parte contratante toma alguna de las medidas referidas en el apartado 1 a) y b) de este artículo, en relación con los activos de una compañía incorporada o constituida de acuerdo con la ley vigente en cualquier parte de su territorio, en la cual los inversionistas de la otra parte contratante son propietarias de acciones, debe asegurar que las disposiciones de los apartados 1 al 3 de este artículo se apliquen de manera que garanticen una compensación pronta, adecuada y efectiva con respecto a la inversión de estos inversionistas de la otra parte contratante, propietarios de las acciones.

5. Nada de lo dispuesto en este acuerdo obligará a cualquiera de las partes contratantes a proteger inversiones de personas involucradas en actividades criminales.

(Nota: Véase Sentencia de Constitucionalidad. Corte Constitucional. Sentencia C-494 de 1998 ).

ART. VI.—Compensación por pérdidas. 1. A los inversionistas de una parte contratante cuyas inversiones o rentas de inversión en el territorio de la otra parte contratante sufran pérdidas debidas a guerra, otros conflictos armados, un estado de emergencia nacional, rebelión o motín u otras circunstancias similares, incluidas pérdidas ocasionadas por requisas, se les concederá, a título de restitución, indemnización, compensación u otro acuerdo, tratamiento no menos favorable que aquél que la última parte contratante conceda a sus propios inversionistas y a los inversionistas de cualquier tercer Estado. Cualquier pago hecho de acuerdo con este artículo será realizado de forma pronta, adecuada, efectiva y libremente transferible, conforme al artículo VII del presente acuerdo.

ART. VII.—Transferencia. 1. Cada parte contratante garantizará a los inversionistas de la otra parte contratante, con respecto a las inversiones realizadas en su territorio, la libre transferencia de los pagos relacionados con las mismas y en particular, pero no exclusivamente, los siguientes:

— Las rentas de inversión, tal y como han sido definidas en el artículo I.

— Las indemnizaciones previstas en el artículo V.

— Las compensaciones previstas en el artículo VI.

— El producto de la venta o liquidación, total o parcial de las inversiones.

— Las sumas necesarias para el reembolso de las aportaciones dinerarias vinculadas a una inversión.

— Las sumas necesarias para el mantenimiento y desarrollo de la inversión.

2. La parte contratante receptora de la inversión no establecerá medidas discriminatorias para el acceso al mercado cambiario ni para la adquisición de las divisas necesarias para realizar las transferencias amparadas en el presente artículo.

3. Las transferencias a las que se refiere el presente acuerdo se realizarán en divisas libremente convertibles, sin perjuicio de las obligaciones fiscales establecidas por la legislación vigente en la parte contratante receptora de la inversión. A menos que el inversionista acuerde lo contrario, las transferencias se harán a la tasa de cambio aplicable el día de la transferencia, de acuerdo con las regulaciones cambiarias vigentes.

4. Las transferencias se realizarán sin demora ni restricciones de acuerdo con las prácticas de la banca comercial internacionalmente aceptadas. Cada parte contratante se compromete a facilitar el rápido cumplimiento de las formalidades necesarias que sean de su competencia para la realización efectiva de las transferencias.

5. Las partes contratantes concederán a las transferencias a que se refiere el presente artículo un tratamiento no menos favorable que el concedido a las transferencias originadas por inversionistas de cualquier tercer Estado.

6. En circunstancias de dificultades excepcionales de balanza de pagos cada parte contratante tendrá derecho, por un período limitado de tiempo, a ejercer en forma equitativa, no discriminatoria y de buena fe, los poderes conferidos por sus leyes y procedimientos para la libre transferencia de las inversiones y rendimientos.

7. En el caso de las indemnizaciones previstas en el artículo V, siempre se garantizará la libre transferencia de, por lo menos, un treinta y tres y un tercio por ciento anual.

(Nota: Véase Sentencia de Constitucionalidad. Corte Constitucional. Sentencia C-494 de 1998).

ART. VIII.—Condiciones más favorables. 1. Si de las disposiciones legales de una de las partes contratantes, o de las obligaciones emanadas del derecho internacional al margen del presente acuerdo, actuales o futuras, entre las partes contratantes, resultare una reglamentación general o especial en virtud de la cual deba concederse a las inversiones de inversionistas de la otra parte contratante un trato más favorable que el previsto en el presente acuerdo, dicha reglamentación prevalecerá sobre el presente acuerdo, en cuanto sea más favorable.

2. Las condiciones más favorables que las del presente acuerdo que hayan sido convenidas por una de las partes contratantes con los inversionistas de la otra parte contratante no se verán afectadas por el presente acuerdo.

ART. IX.—Principio de subrogación. 1. En el caso de que una parte contratante o la entidad por ella designada hayan otorgado cualquier garantía sobre riesgos no comerciales en relación con una inversión efectuada por sus inversionistas en el territorio de la otra parte contratante, esta última aceptará la subrogación de la primera parte contratante o de su entidad en los derechos económicos del inversionista, desde el momento en que la primera parte contratante o su entidad hayan realizado un primer pago con cargo a la garantía concedida. Esta subrogación hará posible que la primera parte contratante o su entidad sean beneficiarias directas de todo tipo de pagos por compensación a los que pudiese ser acreedor el inversionista.

2. En lo que concierne a los derechos de propiedad, uso, disfrute o cualquier otro derecho real, la subrogación sólo podrá producirse previa obtención de las autorizaciones pertinentes, de acuerdo con la legislación vigente de la parte contratante donde se realizó la inversión.

ART. X.—Controversias entre las partes contratantes. 1. Cualquier controversia entre las partes contratantes referente a la interpretación o aplicación del presente acuerdo será resuelta, hasta donde sea posible, por vía diplomática.

2. Si la controversia no pudiera resolverse de ese modo en el plazo de seis meses desde el inicio de las negociaciones, será sometida, a petición de cualquiera de las dos partes contratantes, a un tribunal de arbitraje.

3. El tribunal de arbitraje se constituirá del siguiente modo: cada parte contratante designará un árbitro y estos dos árbitros elegirán a un nacional de un tercer Estado como presidente. Los árbitros serán designados en el plazo de tres meses, y el presidente en el plazo de cinco meses desde la fecha en que cualquiera de las dos partes contratantes hubiera informado a la otra parte contratante de su intención de someter el conflicto a un tribunal de arbitraje.

4. Si una de las partes contratantes no hubiera designado a su árbitro en el plazo fijado, la otra parte contratante podrá invitar al Presidente del Tribunal Internacional de Justicia a realizar dicha designación. En caso de que dos árbitros no llegaran a un acuerdo sobre el nombramiento del tercer árbitro, en el período establecido, cualquiera de las partes contratantes podrá invitar al Presidente del Tribunal Internacional de Justicia a realizar la designación pertinente.

5. Si, en los casos previstos en el párrafo 4 del presente artículo, el Presidente del Tribunal Internacional de Justicia no pudiera desempeñar dicha función, o fuera nacional de cualquiera de las partes contratantes, se invitará al vicepresidente para que efectúe las designaciones pertinentes. Si el vicepresidente no pudiera desempeñar dicha función o fuera nacional de cualquiera de las partes contratantes las designaciones serán efectuadas por el miembro más antiguo del tribunal que no sea nacional de ninguna de las partes contratantes.

6. El tribunal de arbitraje emitirá su dictamen sobre la base de respeto a las normas contenidas en el presente acuerdo o en otros acuerdos vigentes entre las partes contratantes, y sobre los principios universalmente reconocidos de derecho internacional.

7. A menos que las partes contratantes lo decidan de otro modo, el tribunal establecerá su propio procedimiento.

8. El tribunal adoptará su decisión por mayoría de votos y aquélla será definitiva y vinculante para ambas partes contratantes.

9. Cada parte contratante correrá con los gastos del árbitro por ella designado y los relacionados con su representación en los procedimientos arbitrales. Los demás gastos incluidos, los del presidente serán sufragados, a partes iguales, por ambas partes contratantes.

ART. XI.—Controversias entre una parte contratante e inversores de la otra parte contratante. 1. Toda controversia relativa a las inversiones que surja entre una de las partes contratantes y un inversor de la otra parte contratante respecto a cuestiones reguladas por el presente acuerdo será notificada por escrito, incluyendo una información detallada, por el inversionista a la parte contratante receptora de la inversión. En la medida de lo posible las partes en controversia tratarán de arreglar estas diferencias mediante un acuerdo amistoso.

2. Si la controversia no pudiera ser resuelta de esta forma en un plazo de seis meses a contar desde la fecha de notificación escrita mencionada en el párrafo 1, será sometida a elección del inversionista:

— A los tribunales competentes de la parte contratante en cuyo territorio se realizó la inversión.

— Al tribunal de arbitraje ad hoc establecido por el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Comercial Internacional.

— Al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, Ciadi, creado por el “Convenio sobre el arreglo de diferencias relativas a inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados”, abierto a la firma en Washington el 18 de marzo de 1965, cuando cada Estado parte en el presente acuerdo se haya adherido a aquél.

— O al mecanismo complementario del Ciadi para la administración de procedimientos de conciliación, arbitraje y comprobación de hechos en caso de que una de las partes contratantes no se haya adherido al convenio.

3. El arbitraje se basará en:

— Las disposiciones del presente acuerdo y las de otros acuerdos concluidos entre las partes contratantes.

— Las reglas y principios de derecho internacional generalmente admitidos.

— El derecho nacional de la parte contratante en cuyo territorio se ha realizado la inversión, incluidas las reglas relativas a los conflictos de ley.

4. Las sentencias de arbitraje serán definitivas y vinculantes para las partes en la controversia. Cada parte contratante se compromete a ejecutar las sentencias de acuerdo con su legislación nacional.

ART. XII.—Entrada en vigor, prórroga, denuncia. 1. El presente Acuerdo entrará en vigor el día en que las partes contratantes se hayan notificado recíprocamente que las respectivas formalidades constitucionales requeridas para la entrada en vigor de acuerdos internacionales han sido cumplimentadas. Permanecerá en vigor por un período inicial de diez años y se renovará por tácita reconducción, por períodos consecutivos de dos años.

Cada parte contratante podrá denunciar el presente acuerdo mediante notificación previa por escrito, seis meses antes de la fecha de su expiración.

2. En caso de denuncia, las disposiciones previstas en los artículos I al XI del presente acuerdo seguirán aplicándose durante un período de diez años a las inversiones efectuadas antes de la denuncia.

Hecho en Santafé de Bogotá, D.C., a los nueve (9) días del mes de junio de 1995, en dos (2) originales en lengua española y siendo ambos igualmente auténticos.

Por la República de Colombia,

Por el Reino de España,

(Firmas ilegibles)”.

El suscrito jefe de la oficina jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores,

HACE CONSTAR:

Que la presente reproducción es fiel fotocopia del original del “Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre la República de Colombia y el Reino de España”, hecho en Santafé de Bogotá, el 9 de junio de 1995, documento que reposa en los archivos de la oficina jurídica de este ministerio.

Dada en Santafé de Bogotá, D.C., a los treinta (30) días del mes de julio de mil novecientos noventa y seis (1996).

El jefe oficina jurídica,

Héctor Adolfo Sintura Varela.

Rama Ejecutiva del Poder Público

Presidencia de la República

Santafé de Bogotá, D.C., 15 de septiembre de 1995.

APROBADO. Sométase a la consideración del honorable Congreso Nacional para los efectos constitucionales.

Ernesto Samper Pizano.

El Ministerio de Relaciones Exteriores,

(Fdo.) Rodrigo Pardo García-Peña.

DECRETA:

ART. 1º—Apruébase el “Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre la República de Colombia y el Reino de España”, suscrito en Santafé de Bogotá, D.C., el 9 de junio de mil novecientos noventa y cinco (1995).

ART. 2º—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª de 1944, el “Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre la República de Colombia y el Reino de España”, suscrito en Santafé de Bogotá, D.C., el 9 de junio de mil novecientos noventa y cinco (1995), que por el artículo 1º de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.

ART. 3º—La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.

Comuníquese y publíquese.

Ejecútese previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al artículo 241-10 de la Constitución Política.

Dada en Santafé de Bogotá, D.C., 17 de febrero de 1998.

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