LEY 44 DE 1986 

(Septiembre 19)

“Por medio de la cual se aprueba la “Convención interamericana sobre arbitraje comercial internacional”, firmado en ciudad de Panamá, el 30 de enero de 1975”.

El Congreso de Colombia,

DECRETA:

ART. 1º—Apruébase la “Convención interamericana sobre arbitraje comercial internacional”, firmado en ciudad de Panamá el 30 de enero de 1975, cuyo texto es:

Convención interamericana sobre arbitraje comercial internacional

Los gobiernos de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos, deseosos de concertar una convención sobre arbitraje comercial internacional, han acordado lo siguiente:

ART. 1º—Es válido el acuerdo de las partes en virtud del cual se obligan a someter a decisión arbitral las diferencias que pudiesen surgir o que hayan surgido entre ellas con relación a un negocio de carácter mercantil. El acuerdo respectivo constará en el escrito firmado por las partes o en el canje de cartas, telegramas o comunicaciones por télex.

ART. 2º—El nombramiento de los árbitros se hará en la forma convenida por las partes. Su designación podrá delegarse a un tercero sea este persona natural o jurídica.

Los árbitros podrán ser nacionales o extranjeros.

ART. 3º—A falta de acuerdo expreso entre las partes, el arbitraje se llevará a cabo conforme a las reglas de procedimiento de la comisión interamericana de arbitraje comercial.

ART. 4º—Las sentencias o laudos arbitrales no impugnables según la ley o reglas procesales aplicables, tendrán fuerza de sentencia judicial ejecutoriada. Su ejecución o reconocimiento podrá exigirse en la misma forma que la de las sentencias dictadas por tribunales ordinarios nacionales o extranjeros, según las leyes procesales del país donde se ejecuten, y lo que establezcan al respecto los tratados internacionales.

ART. 5º—1. Sólo se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de la sentencia, a solicitud de la parte contra la cual es invocada, si ésta prueba ante la autoridad competente del Estado en que se pide el reconocimiento y la ejecución:

a) Que las partes en el acuerdo estaban sujetas a alguna incapacidad en virtud de la ley que les es aplicable o que dicho acuerdo no es válido en virtud de la ley a que las partes lo han sometido, o si nada se hubiere indicado a este respecto, en virtud de la ley del Estado en que se haya dictado la sentencia;

b) Que la parte contra la cual se invoca la sentencia arbitral no haya sido debidamente notificada de la designación del árbitro o del procedimiento de arbitraje o no haya podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus medios de defensa;

c) Que la sentencia se refiera a una diferencia no prevista en el acuerdo de las partes de sometimiento al procedimiento arbitral, no obstante, si las disposiciones de la sentencia que se refieren a las cuestiones sometidas al arbitraje puedan separarse de las que no hayan sido sometidas al arbitraje, se podrá dar reconocimiento y ejecución a las primeras;

d) Que la constitución del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se hayan ajustado al acuerdo celebrado entre las partes o, en defecto de tal acuerdo, que la constitución del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se hayan ajustado a la ley del Estado donde se haya efectuado el arbitraje; y

e) Que la sentencia no sea aún obligatoria para las partes o haya sido anulada o suspendida por una autoridad competente del Estado en que, o conforme a cuya ley, haya sido dictada esa sentencia.

2. También se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de una sentencia arbitral si la autoridad competente del Estado en que se pide el reconocimiento y la ejecución comprueba:

a) Que, según la ley de este Estado, el objeto de la diferencia no es susceptible de solución por vía de arbitraje; y

b) Que el reconocimiento o la ejecución de la sentencia sean contrarias al orden público del mismo Estado.

ART. 6º—Si se ha pedido a la autoridad competente prevista en el artículo 5º, párrafo 1º e), la anulación o la suspensión de la sentencia, la autoridad ante la cual se invoca dicha sentencia podrá, si lo considera procedente, aplazar la decisión sobre la ejecución de la sentencia y, a solicitud de la parte que pida la ejecución, podrá también ordenar a la otra parte que otorgue garantías apropiadas.

ART. 7º—La presente convención estará abierta a la firma de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos.

ART. 8º—La presente convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán en la secretaria general de la Organización de los Estados Americanos.

ART. 9º—La presente convención quedará abierta a la adhesión de cualquier otro Estado. Los instrumentos de adhesión se depositarán en la secretaría general de la Organización de los Estados Americanos.

ART. 10.—La presente convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que haya sido depositado el segundo instrumento de ratificación.

Para cada Estado que ratifique la convención o se adhiera a ella después de haber sido depositado el segundo instrumento de ratificación, la convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o adhesión.

ART. 11.—Los Estados partes que tengan dos o más unidades territoriales en las que rijan distintos sistemas jurídicos relacionados con cuestiones tratadas en la presente convención, podrán declarar, en el momento de la firma, ratificación o adhesión, que la convención se aplicará a todas sus unidades territoriales o solamente a una o más de ellas.

Tales declaraciones podrán ser modificadas mediante declaraciones ulteriores, que especificarán expresamente la o las unidades territoriales a las que se aplicará la presente convención. Dichas declaraciones ulteriores se transmitirán a la secretaría general de la Organización de los Estados Americanos y surtirán efecto treinta días después de recibidas.

ART. 12.—La presente convención regirá indefinidamente, pero cualquiera de los Estados partes podrá denunciarla. El instrumento de denuncia será depositado en la secretaría general de la Organización de los Estados Americanos. Transcurrido un año, contado a partir de la fecha de depósito del instrumento de denuncia, la convención cesará en sus efectos para el Estado denunciante, quedando subsistente para los demás Estados partes.

ART. 13.—El instrumento original de la presente convención, cuyos textos en español, francés, inglés y portugués son igualmente auténticos será depositado en la secretaría general de la Organización de los Estados Americanos. Dicha secretaría notificará a los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos y a los Estados que se hayan adherido a la convención, las firmas, los depósitos de instrumentos de ratificación, adhesión y denuncia, así como las reservas que hubiere. También les transmitirá las declaraciones previstas en el artículo 11 de la presente convención.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados por sus respectivos gobiernos, firman la presente convención.

Hecha en la ciudad de Panamá, República de Panamá, el día treinta de enero de mil novecientos setenta y cinco.

Por Haití: ...

Por Perú: ...

Por Trinidad y Tobago: ...

Por Uruguay: 30 de enero de 1975 (Fdo.) ilegible.

Por Bolivia: ...

Por Honduras: 30 de enero de 1975 (Fdo.) ilegible.

Por los Estados Unidos de América: ...

Por Barbados: ...

Por la República Argentina: ...

Por Costa Rica: 30 de enero de 1975 (Fdo.) ilegible.

Por Nicaragua: 30 de enero de 1975 (Fdo.) ilegible.

Por Ecuador: 30 de enero de 1975 (Fdo.) ilegible.

Por Guatemala: 30 de enero de 1975 (Fdo.) ilegible.

Por Jamaica: ...

Por Brasil: (Fdo.) ilegible.

Por Panamá: 30 de enero de 1975 (Fdo.) ilegible

Por Paraguay: ...

Por Venezuela: 30 de enero de 1975 (Fdo.) ilegible.

Por la República Dominicana: ...

Por El Salvador: 30 de enero de 1975 (Fdo.) ilegible.

Por México: ...

Por Chile: 30 de enero de 1975 (Fdo.) ilegible

Por Colombia: 30 de enero de 1975 (Fdo.) ilegible.

Rama Ejecutiva del Poder Público.

Presidencia de la República.

Bogotá, D. E., ... noviembre de 1983.

APROBADO. Sométase a la consideración del honorable Congreso Nacional para los efectos constitucionales.

(Fdo.) Belisario Betancur.

El Ministro de Relaciones Exteriores,

(Fdo.) Rodrigo Lloreda Caicedo.

Es fiel copia del texto certificado de la “convención interamericana sobre arbitraje comercial internacional”, suscrita en Ciudad de Panamá el 30 de enero de 1975, que reposa en los archivos de la división de asuntos jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores.

(Fdo.) Joaquín Barreto Ruiz, jefe de la división de asuntos jurídicos. Hay un sello: Ministerio de Relaciones Exteriores. 13”.

ART. 2º—Esta ley entrará en vigencia una vez cumplidos los trámites establecidos en la ley 7ª del 30 de noviembre de 1944, en relación con el convenio que por esta misma ley se aprueba.

Dada en Bogotá, D.E., 19 de septiembre de 1986.

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