LEY 457 DE 1998 

(Agosto 4)

“Por medio de la cual se aprueba el “Protocolo modificatorio del tratado de creación del tribunal de justicia del Acuerdo de Cartagena”, suscrito en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, a los veintiocho (28) días del mes de mayo de mil novecientos noventa y seis (1996)”.

El Congreso de Colombia,

Visto el texto del “protocolo modificatorio del Tratado de creación del tribunal de justicia del Acuerdo de Cartagena”, suscrito en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, a los veintiocho (28) días del mes de mayo de mil novecientos noventa y seis (1996).

(Para ser transcrito: Se adjuntan fotocopias del texto integro del instrumento internacional mencionado, debidamente autenticado por el jefe de la oficina jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores).

Protocolo modificatorio del tratado de creación del tribunal de justicia del acuerdo de Cartagena

Los gobiernos de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, teniendo en cuenta las modificaciones introducidas por el protocolo modificatorio del Acuerdo de Integración Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena), aprobado en Trujillo, Perú el 10 de marzo de 1996.

Convienen, en celebrar el siguiente protocolo modificatorio del Tratado de creación del tribunal de justicia del Acuerdo de Cartagena:

1. Modifíquese el Tratado de creación del tribunal de justicia del Acuerdo de Cartagena, de acuerdo con el siguiente texto:

Tratado de creación del tribunal de justicia de la Comunidad Andina

CAPÍTULO I

Del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina

ART. 1º—El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina comprende:

a) El Acuerdo de Cartagena, sus protocolos e instrumentos adicionales;

b) El presente tratado y sus protocolos modificatorios;

c) Las decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y la comisión de la Comunidad Andina;

d) Las resoluciones de la secretaría general de la Comunidad Andina; y

e) Los convenios de complementación industrial y otros que adopten los países miembros entre sí y en el marco del proceso de la integración subregional andina.

ART. 2º—Las decisiones obligan a los países miembros desde la fecha en que sean aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o por la comisión de la Comunidad Andina.

ART. 3º—Las decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o de la comisión y las resoluciones de la secretaría general serán directamente aplicables en los países miembros a partir de la fecha de su publicación en la gaceta oficial del acuerdo, a menos que las mismas señalen una fecha posterior.

Cuando su texto así lo disponga, las decisiones requerirán de incorporación al derecho interno, mediante acto expreso en el cual se indicará la fecha de su entrada en vigor en cada país miembro.

ART. 4º—Los países miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la comunidad andina.

Se comprometen, así mismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación.

CAPÍTULO II

De la creación y organización del tribunal

ART. 5º—Créase el tribunal de justicia de la Comunidad Andina como órgano jurisdiccional de la misma, con la organización y las competencias que se establecen en el presente tratado, y sus protocolos modificatorios.

El tribunal tiene su sede en la ciudad de Quito, Ecuador.

ART. 6º—El tribunal está integrado por cinco magistrados, quienes deberán ser nacionales de origen de los países miembros, gozar de alta consideración moral y reunir las condiciones requeridas en su país para el ejercicio de las más altas funciones judiciales o ser jurisconsultos de notoria competencia.

Los magistrados gozarán de plena independencia en el ejercicio de sus funciones, no podrán desempeñar otras actividades profesionales, remuneradas o no, excepto las de naturaleza docente, y se abstendrán de cualquier actuación incompatible con el carácter de su cargo.

El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, en consulta con el tribunal, podrá modificar el número de magistrados y crear el cargo de abogado general, en el número y con las atribuciones que para el efecto se establezcan en el estatuto a que se refiere el artículo 13.

ART. 7º—Los magistrados serán designados de ternas presentadas por cada país miembro y por la unanimidad de los plenipotenciarios acreditados para tal efecto. El gobierno del país sede convocará a los plenipotenciarios.

ART. 8º—Los magistrados serán designados por un período de seis años, se renovarán parcialmente cada tres años y podrán ser reelegidos por una sola vez.

ART. 9º—Cada magistrado tendrá un primer y segundo suplentes que lo reemplazarán, en su orden, en los casos de ausencia definitiva o temporal, así como de impedimento o recusación, de conformidad con lo que se establezca en el estatuto del tribunal.

Los suplentes deberán reunir iguales calidades que los principales. Serán designados en la misma fecha y forma y por igual período al de aquéllos.

ART. 10.—Los magistrados podrán ser removidos a requerimiento del gobierno de un país miembro, únicamente cuando en el ejercicio de sus funciones hubieran incurrido en falta grave prevista en el estatuto del tribunal y de conformidad con el procedimiento en él establecido. Para tal efecto, los gobiernos de los países miembros designarán plenipotenciarios, quienes, previa convocatoria del gobierno del país sede, resolverán el caso en reunión especial y por unanimidad.

ART. 11.—Al término de su período, el magistrado continuará en el ejercicio de su cargo hasta la fecha en que tome posesión quien lo reemplace.

ART. 12.—Los países miembros se obligan a otorgar al tribunal todas las facilidades necesarias para el adecuado cumplimiento de sus funciones.

El tribunal y sus magistrados gozarán en el territorio de los países miembros de las inmunidades reconocidas por los usos internacionales y, en particular, por la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, en cuanto a la inviolabilidad de sus archivos y de su correspondencia oficial, y en todo lo referente a las jurisdicciones civiles y penales, con las excepciones establecidas en el artículo 31 de la mencionada Convención de Viena.

Los locales del tribunal son inviolables y sus bienes y haberes gozan de inmunidad contra todo procedimiento judicial, salvo que renuncien expresamente a esta. No obstante, tal renuncia no se aplicará a ninguna medida judicial ejecutoria.

Los magistrados, el secretario del tribunal y los funcionarios a quienes aquel designe con el carácter de internacionales gozarán en el territorio del país sede de las inmunidades y privilegios correspondientes a su categoría. Para estos efectos, los magistrados tendrán categoría equivalente a la de jefes de misión y los demás funcionarios la que se establezca de común acuerdo entre el tribunal y el gobierno del país sede.

ART. 13.—Las modificaciones al estatuto del tribunal de justicia del Acuerdo de Cartagena, aprobado mediante la decisión 184, se adoptarán por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, a propuesta de la comisión y en consulta con el tribunal.

Corresponderá al tribunal dictar su reglamento interno.

ART. 14.—El tribunal nombrará su secretario y el personal necesario para el cumplimiento de sus funciones.

ART. 15.—El tribunal presentará informes anuales al Consejo Presidencial Andino, al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y a la comisión.

ART. 16.—La comisión de la Comunidad Andina aprobará anualmente el presupuesto del tribunal. Para este efecto, el presidente del tribunal enviará cada año, en fecha oportuna, el correspondiente proyecto de presupuesto.

CAPÍTULO III

De las competencias del tribunal

SECCIÓN PRIMERA

De la acción de nulidad

ART. 17.—Corresponde al tribunal declarar la nulidad de las decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, de la comisión de la Comunidad Andina, de las resoluciones de la secretaría general y de los convenios a que se refiere el literal e) del artículo 1º, dictados o acordados con violación de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, incluso por desviación de poder, cuando sean impugnados por algún país miembro, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, la comisión de la Comunidad Andina, la secretaría general o las personas naturales o jurídicas en las condiciones previstas en el artículo 19 de este tratado.

ART. 18.—Los países miembros sólo podrán intentar la acción de nulidad en relación con aquellas decisiones o convenios que no hubieren sido aprobados con su voto afirmativo.

ART. 19.—Las personas naturales y jurídicas podrán intentar la acción de nulidad contra las decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, de la comisión de la Comunidad Andina, de las resoluciones de la secretaría general o de los convenios que afecten sus derechos subjetivos o sus intereses legítimos.

ART. 20.—La acción de nulidad deberá ser intentada ante el tribunal dentro de los dos años siguientes a la fecha de entrada en vigencia de la decisión del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, la comisión de la Comunidad Andina de la resolución de la secretaría general o del convenio objeto de dicha acción.

Aunque hubiere expirado el plazo previsto en el párrafo anterior, cualquiera de las partes en un litigio planteado ante los jueces o tribunales nacionales, podrá solicitar a dichos jueces o tribunales, la inaplicabilidad de la decisión o resolución al caso concreto, siempre que el mismo se relacione con la aplicación de tal norma y su validez se cuestione, conforme a lo dispuesto en el artículo 17.

Presentada la solicitud de inaplicabilidad, el juez nacional consultará acerca de la legalidad de la decisión, resolución o convenio, al tribunal de justicia de la Comunidad Andina y suspenderá el proceso hasta recibir la providencia del mismo, la que será de aplicación obligatoria en la sentencia de aquél.

ART. 21.—La interposición de la acción de nulidad no afectará la eficacia o vigencia de la norma o convenio impugnados.

Sin embargo, el tribunal, a petición de la parte demandante, previo afianzamiento si lo considera necesario, podrá ordenar la suspensión provisional de la ejecución de la decisión, resolución o convenio acusados de nulidad o disponer otras medidas cautelares, si causa o pudiere causar al demandante perjuicios irreparables o de difícil reparación mediante la sentencia definitiva.

ART. 22.—Cuando el tribunal declare la nulidad total o parcial de la decisión, resolución o convenio impugnados, señalará los efectos de la sentencia en el tiempo.

El órgano de la Comunidad Andina cuyo acto haya sido anulado deberá adoptar las disposiciones que se requieran para asegurar el cumplimiento efectivo de la sentencia, dentro del plazo fijado por el propio tribunal.

SECCIÓN SEGUNDA

De la acción de incumplimiento

ART. 23.—Cuando la secretaría general considere que un país miembro ha incurrido en incumplimiento de obligaciones emanadas de las normas o convenios que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, le formulará sus observaciones por escrito. El país miembro deberá contestarlas dentro del plazo que fije la secretaría general, de acuerdo con la gravedad del caso, el cual no deberá exceder de sesenta días. Recibida la respuesta o vencido el plazo, la secretaría general de conformidad con su reglamento y dentro de los quince días siguientes, emitirá un dictamen sobre el estado de cumplimiento de tales obligaciones, el cual deberá ser motivado.

Si el dictamen fuere de incumplimiento y el país miembro persistiere en la conducta que ha sido objeto de observaciones, la secretaría general deberá solicitar, a la brevedad posible, el pronunciamiento del tribunal. El país miembro afectado, podrá adherirse a la acción de la secretaría general.

ART. 24.—Cuando un país miembro considere que otro país miembro ha incurrido en incumplimiento de obligaciones emanadas de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, elevará el caso a la secretaría general con los antecedentes respectivos, para que ésta realice las gestiones conducentes a subsanar el incumplimiento, dentro del plazo a que se refiere el primer párrafo del artículo anterior. Recibida la respuesta y vencido el plazo sin que se hubieren obtenido resultados positivos, la secretaría general de conformidad con su reglamento y dentro de los quince días siguientes emitirá un dictamen sobre el estado de cumplimiento de tales obligaciones, el cual deberá ser motivado.

Si el dictamen fuere de incumplimiento y el país miembro requerido persistiere en la conducta objeto del reclamo, la secretaría general deberá solicitar el pronunciamiento del tribunal. Si la secretaría general no intentare la acción dentro de los sesenta días siguientes de emitido el dictamen, el país reclamante podrá acudir directamente al tribunal.

Si la secretaría general no emitiere su dictamen dentro de los setenta y cinco días siguientes a la fecha de presentación del reclamo o el dictamen no fuere de incumplimiento, el país reclamante podrá acudir directamente al tribunal.

ART. 25.—Las personas naturales o jurídicas afectadas en sus derechos por el incumplimiento de un país miembro, podrán acudir a la secretaría general y al tribunal, con sujeción al procedimiento previsto en el artículo 24.

La acción intentada conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, excluye la posibilidad de acudir simultáneamente a la vía prevista en el artículo 31, por la misma causa.

ART. 26.—En los casos en que se hubiere emitido una resolución de verificación de la existencia de gravamen o restricción o cuando se trate un caso de incumplimiento flagrante, la secretaría general, de conformidad con su reglamento, emitirá, a la brevedad posible, un dictamen motivado, a partir del cual ésta o el país miembro afectado, podrán acudir directamente al tribunal.

ART. 27.—Si la sentencia del tribunal fuere de incumplimiento, el país miembro cuya conducta haya sido objeto de la misma, quedará obligado a adoptar las medidas necesarias para su cumplimiento en un plazo no mayor de noventa días siguientes a su notificación.

Si dicho país miembro no cumpliere la obligación señalada en el párrafo precedente, el tribunal, sumariamente y previa opinión de la secretaría general, determinará los límites dentro de los cuales el país reclamante o cualquier otro país miembro podrá restringir o suspender, total o parcialmente, las ventajas del Acuerdo de Cartagena que beneficien al país miembro remiso.

En todo caso el tribunal podrá ordenar la adopción de otras medidas si la restricción o suspensión de las ventajas del Acuerdo de Cartagena agravare la situación que se busca solucionar o no fuere eficaz en tal sentido. El estatuto del tribunal, precisará las condiciones y límites del ejercicio de esta atribución.

El tribunal, a través de la secretaría general, comunicará su determinación a los países miembros.

ART. 28.—El tribunal antes de dictar sentencia definitiva, a petición de la parte demandante y previo afianzamiento si lo considera necesario, podrá ordenar la suspensión provisional de la medida presuntamente infractora, si ésta causare o pudiere causar al demandante o a la subregión perjuicios irreparables o de difícil reparación.

ART. 29.—Las sentencias dictadas en acciones de incumplimiento son revisables por el mismo tribunal, a petición de parte, fundada en algún hecho que hubiere podido influir decisivamente en el resultado del proceso, siempre que el hecho hubiere sido desconocido en la fecha de la expedición de la sentencia por quien solicita la revisión.

La demanda de revisión deberá presentarse dentro de los noventa días siguientes al día en que se descubra el hecho y, en todo caso, dentro del año siguiente a la fecha de la sentencia.

ART. 30.—La sentencia de incumplimiento dictada por el tribunal, en los casos previstos en el artículo 25, constituirá título legal y suficiente para que el particular pueda solicitar al juez nacional la indemnización de daños y perjuicios que correspondiere.

ART. 31.—Las personas naturales o jurídicas tendrán derecho a acudir ante los tribunales nacionales competentes, de conformidad con las prescripciones del derecho interno, cuando los países miembros incumplan lo dispuesto en el artículo 4º del presente tratado, en los casos en que sus derechos resulten afectados por dicho incumplimiento.

SECCIÓN TERCERA

De la interpretación prejudicial

ART. 32.—Corresponderá al tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros.

ART. 33.—Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del tribunal, el juez deberá decidir el proceso.

En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del tribunal.

ART. 34.—En su interpretación, el tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referida al caso concreto. El tribunal no podrá interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, no obstante lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada.

ART. 35.—El juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del tribunal.

ART. 36.—Los países miembros de la Comunidad Andina velarán por el cumplimiento de las disposiciones del presente tratado y en particular de la observancia por parte de los jueces nacionales a lo establecido en la presente sección.

SECCIÓN CUARTA

Del recurso por omisión o inactividad

ART. 37.—Cuando el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, la comisión de la Comunidad Andina o la secretaría general, se abstuvieren de cumplir una actividad a la que estuvieren obligados expresamente por el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, dichos órganos, los países miembros o las personas naturales o jurídicas en las condiciones del artículo 19 de este tratado, podrán requerir el cumplimiento de dichas obligaciones.

Si dentro de los treinta días siguientes no se accediere a dicha solicitud, el solicitante podrá acudir ante el tribunal de justicia de la Comunidad Andina para que se pronuncie sobre el caso.

Dentro de los treinta días siguientes a la fecha de admisión del recurso, el tribunal emitirá la providencia correspondiente, con base en la documentación técnica existente, los antecedentes del caso y las explicaciones del órgano objeto del recurso. Dicha providencia, que será publicada en la gaceta oficial del Acuerdo de Cartagena, deberá señalar la forma, modalidad y plazo en los que el órgano objeto del recurso deberá cumplir con su obligación.

SECCIÓN QUINTA

De la función arbitral

ART. 38.—El tribunal es competente para dirimir mediante arbitraje las controversias que se susciten por la aplicación o interpretación de contratos, convenios o acuerdos, suscritos entre órganos e instituciones del sistema andino de integración o entre éstos y terceros, cuando las partes así lo acuerden.

Los particulares podrán acordar someter a arbitraje por el tribunal, las controversias que se susciten por la aplicación o interpretación de aspectos contenidos en contratos de carácter privado y regidos por el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

A elección de las partes, el tribunal emitirá su laudo ya sea en derecho o ya sea en equidad y será obligatorio, inapelable y constituirá título legal y suficiente para solicitar su ejecución, conforme a las disposiciones internas de cada país miembro.

ART. 39.—La secretaría general es competente para dirimir mediante arbitraje administrado las controversias que le sometan particulares respecto de la aplicación o interpretación de aspectos contenidos en contratos de carácter privado y regidos por el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

La secretaría general emitirá su laudo conforme a criterios de equidad y de procedencia técnica, acordes con el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Su laudo será obligatorio e inapelable, salvo que las partes acordaran lo contrario y constituirá título legal y suficiente para solicitar su ejecución, conforme a las disposiciones internas de cada país miembro.

SECCIÓN SEXTA

De la jurisdicción laboral

ART. 40.—El tribunal es competente para conocer las controversias laborales que se susciten en los órganos e instituciones del sistema andino de integración.

CAPÍTULO IV

Disposiciones generales

ART. 41.—Para su cumplimiento, las sentencias y laudos del tribunal y los laudos de la secretaría general no requerirán de homologación o exequátur en ninguno de los países miembros.

ART. 42.—Los países miembros no someterán ninguna controversia que surja con motivo de la aplicación de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina a ningún tribunal, sistema de arbitraje o procedimiento alguno distinto de los contemplados en el presente tratado.

Los países miembros o los órganos e instituciones del sistema andino de integración, en sus relaciones con terceros países o grupos de países, podrán someterse a lo previsto en el presente tratado.

ART. 43.—La secretaría general editará la gaceta oficial del Acuerdo de Cartagena en la cual se publicarán las decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, de la comisión de la Comunidad Andina, los convenios, las resoluciones y dictámenes de la secretaría general y las sentencias del tribunal.

El secretario general podrá disponer, excepcionalmente, la publicación de otros actos jurídicos, siempre que estos tengan carácter general y su conocimiento sea de interés para la Comunidad Andina.

ART. 44.—Cuando lo considere necesario para el cumplimiento de sus funciones, el tribunal podrá dirigirse directamente a las autoridades de los países miembros.

ART. 45.—El presidente del tribunal coordinará reuniones y acciones con las máximas autoridades judiciales de los países miembros a fin de promover la difusión y el perfeccionamiento del derecho comunitario así como su aplicación uniforme.

Vigencia

2. El presente protocolo modificatorio entrará en vigencia cuando todos los países miembros que lo suscriban hayan depositado el respectivo instrumento de ratificación en la secretaría general de la Comunidad Andina y haya entrado en vigencia el protocolo modificatorio del Acuerdo de Integración Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena) aprobado en Trujillo, Perú el 10 de marzo de 1996.

Disposiciones transitorias

3. La comisión de la Comunidad Andina adoptará la decisión que contenga la nueva codificación del Tratado de creación del tribunal de justicia de la Comunidad Andina, cuyo proyecto le será presentado por el tribunal.

4. Los procedimientos que se encuentren en trámite ante el tribunal y la secretaría general a la fecha de entrada en vigencia del presente protocolo modificatorio, se adecuarán a lo previsto en éste.

En fe de lo cual, se suscribe el presente protocolo modificatorio del Tratado de creación del tribunal de justicia de la Comunidad Andina, en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, a los 28 días del mes de mayo de 1996.

(Firmas ilegibles)”.

El suscrito jefe de la oficina jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores,

HACE CONSTAR:

Que la presente reproducción es fiel copia tomada del texto certificado del “Protocolo modificatorio del Tratado de creación del tribunal de justicia del Acuerdo de Cartagena”, suscrito en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, a los veintiocho (28) días del mes de mayo de mil novecientos noventa y seis (1996), documento que reposa en los archivos de la oficina jurídica de este ministerio.

Dada en Santafé de Bogotá, D.C., a los trece (13) días del mes de marzo de mil novecientos noventa y siete (1997).

El jefe oficina jurídica, Héctor Adolfo Sintura Varela.

Rama ejecutiva del poder público

Presidencia de la República 

Santafé de Bogotá, D.C., 14 de marzo de 1997.

APROBADO. Sométase a la consideración del honorable Congreso Nacional para los efectos constitucionales.

(Fdo.) Ernesto Samper Pizano

La Ministra de Relaciones Exteriores,

(Fdo.) María Emma Mejía Vélez.

DECRETA:

ART. 1º—Apruébase el “Protocolo modificatorio del Tratado de creación del tribunal de justicia del Acuerdo de Cartagena”, suscrito en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, a los veintiocho (28) días del mes de mayo de mil novecientos noventa y seis (1996).

ART. 2º—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª de 1944, el “Protocolo modificatorio del Tratado de creación del tribunal de justicia del Acuerdo de Cartagena”, suscrito en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, a los veintiocho (28) días del mes de mayo de mil novecientos noventa y seis (1996), que por el artículo 1º de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.

ART. 3º—La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.

El Presidente del honorable Senado de la República, Amylkar Acosta Medina

El secretario general del honorable Senado de la República, Pedro Pumarejo Vega.

El presidente de la honorable Cámara de Representantes,

Carlos Ardila Ballesteros.

El secretario general de la honorable Cámara de Representantes,

Diego Vivas Tafur.

República de Colombia - Gobierno Nacional

Comuníquese y cúmplase.

Ejecútese previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al artículo 241-10 de la Constitución Política.

Dada en Santafé de Bogotá, D.C., a 4 de agosto de 1998.

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