LEY 491 DE 1999 

(Enero 13)

“Por el cual se establece el seguro ecológico, se modifica el Código Penal y se dictan otras disposiciones”.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

TÍTULO I

Campo de aplicación

ART. 1º—El objeto de la presente ley es crear los seguros ecológicos como un mecanismo que permita cubrir los perjuicios económicos cuantificables a personas determinadas como parte o como consecuencia de daños al ambiente y a los recursos naturales y la reforma al Código Penal en lo relativo a los delitos ambientales, buscando mejorar la operatividad de la justicia en este aspecto, lo anterior en desarrollo del artículo 16 de la Ley 23 de 1973.

TÍTULO II

Del seguro ecológico

ART. 2º—El seguro ecológico tendrá por objeto amparar los perjuicios económicos cuantificables producidos a una persona determinada como parte o a consecuencia de daños al ambiente y a los recursos naturales, en los casos del seguro de responsabilidad civil extracontactual, cuando tales daños hayan sido causados por un hecho imputable al asegurado, siempre y cuando no sea producido por un acto meramente potestativo o causado con dolo o culpa grave; o, en los casos de los seguros reales como consecuencia de un hecho accidental, súbito e imprevisto de la acción de un tercero o por causas naturales.

El daño ambiental puro podrá establecerse en estas pólizas como causal de exclusión de la obligación de amparar, salvo que se logre la colocación del reaseguro para determinados eventos de esta naturaleza.

PAR.—El Gobierno Nacional reglamentará las condiciones de la póliza ecológica y la manera de establecer los montos asegurados.

ART. 3º—Seguro ecológico obligatorio. El seguro ecológico será obligatorio para todas aquellas actividades humanas que le puedan causar daños al ambiente y que requieran licencia ambiental, de acuerdo con la ley y los reglamentos. En los eventos en que la persona natural o jurídica que tramite la licencia tenga ya contratada una póliza de responsabilidad civil extracontractual para amparar perjuicios producidos por daños al ambiente y a los recursos naturales, la autoridad ambiental verificará que efectivamente tenga las coberturas y los montos asegurados adecuados.

ART. 4º—Seguro ecológico voluntario. Los particulares o las entidades públicas o privadas podrán igualmente contratar el seguro ecológico, bajo la modalidad de una póliza de daños para amparar perjuicios económicos determinados en sus bienes e intereses patrimoniales que sean parte o consecuencia de daños ecológicos, producidos por un hecho accidental, súbito e imprevisto, por la acción de terceros o por causas naturales.

ART. 5º—Serán beneficiarios directos del seguro ecológico los titulares de los derechos afectados por el daño o su causahabientes.

ART. 6º—Determinación del daño. La respectiva autoridad ambiental previa solicitud del interesado podrá certificar sobre la ocurrencia y de la cuantía del siniestro, mediante acto administrativo debidamente motivado. El dictamen podrá servir de fundamento para la reclamación ante el asegurador o en el proceso judicial que eventualmente se adelante.

ART. 7º—Destino de la indemnización. Cuando el beneficiario de la indemnización sea una entidad estatal, el monto de la indemnización deberá destinarse a la reparación, reposición o restauración de los recursos naturales o ecosistemas deteriorados.

PAR.—Cuando las actividades de reparación, reposición o restauración no sean posibles realizarlas, el monto de la indemnización será invertido directamente en proyectos ecológicos o ambientales de especial interés para la comunidad afectada.

ART. 8º—Responsabilidad por el daño. Si el valor amparado no cubre la cuantía del daño, o de todos los perjuicios, quien fuere causante del hecho, deberá responder por el monto de todos los daños y perjuicios que se hubieren producido en exceso de las sumas aseguradas en la póliza.

ART. 9º—Prescripción de la acción de reclamación. Los términos de prescripción para las acciones que se derivan del contrato de seguro, contenidos en los artículos 1081 y 1131 del Código de Comercio o las normas que lo sustituyan o lo modifiquen, se hacen extensivas a los seguros ecológicos y se contarán desde el momento en que se tenga conocimiento del daño durante la vigencia de la respectiva póliza.

ART. 10.—Reporte del daño. Además de las obligaciones establecidas en el Código de Comercio, el asegurado deberá dar aviso inmediato, por escrito, a la autoridad ambiental respectiva y al asegurador sobre el acaecimiento del daño.

ART. 11.—Sanción por ausencia de póliza. Quien estando obligado a contratar la póliza ecológica y no contare con ella o no estuviese vigente al momento de la ocurrencia del daño, podrá ser multado por la respectiva autoridad ambiental hasta por el equivalente a la mitad del costo total del daño causado.

ART. 12.—Sanción por no reportar el daño. Quien estando obligado a reportar el daño y no lo hiciere oportunamente, será multado por la respectiva autoridad ambiental hasta por el equivalente a cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes, o a quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes, si la circunstancia del reporte o su tardanza hubiere hecho mas gravosas las consecuencias del daño.

ART. 13.—Aplicabilidad de la legislación mercantil. Aquellos aspectos no contemplados en esta ley se regulan por las normas del título V del Código de Comercio y por las demás disposiciones legales pertinentes.

TÍTULO III

Reforma al Código Penal

ART. 14.—El artículo 189 del Código Penal, quedará así:

ART. 189.—Incendio. El que con peligro común prenda fuego en cosa mueble, incurrirá en prisión de uno (1) a ocho (8) años y multa de diez a trescientos salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la conducta se realizare en inmueble o en objeto de interés científico, histórico, cultural, artístico o en bien de uso público o de utilidad social, la prisión será de dos a diez años y multa de cincuenta a quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena señalada en el inciso anterior se aumentará hasta en la mitad si el hecho se comete en edificio habitado o destinado a habitación o en un inmueble público o destinado a este uso; o en establecimiento comercial, industrial o agrícola; o en terminal de transporte; o en depósito de mercancías, alimentos o en materias o sustancias explosivas, corrosivas, inflamables, asfixiantes, tóxicas, infecciosas o similares o en bosque, recurso florístico, o en área de manejo especial.

ART. 15.—El artículo 190 del Código Penal, quedará así:

ART. 190.—Daño en obras de defensa común. El que dañe total o parcialmente obra destinada a la captación, conducción, embalse, almacenamiento, tratamiento o distribución de aguas, incurrirá en prisión de dos (2) a diez (10) años y multa de veinte a cien salarios mínimos legales mensuales vigentes.

ART. 16.—El artículo 191 del Código Penal, quedará así:

ART. 191.—Provocación de inundación o derrumbe. El que ocasione inundación o derrumbe, incurrirá en prisión de uno (1) a diez (10) años y multa de veinte a doscientos salarios mínimos legales mensuales vigentes.

ART. 17.—El artículo 197 del Código Penal, quedará así:

ART. 197.—Tenencia, fabricación y tráfico de sustancias u objetos peligrosos. El que ilícitamente importe, introduzca, exporte, fabrique, adquiera, tenga en su poder, suministre, transporte o elimine sustancia, objeto, desecho o residuo peligroso o nuclear considerado como tal por tratados internacionales ratificados por Colombia o disposiciones vigentes, incurrirá en prisión de tres a ocho años y multa de cincuenta a trescientos salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena prevista en este artículo se aumentará hasta en la mitad si las conductas anteriores se realizan sobre armas químicas, biológicas o nucleares.

ART. 18.—Créase un nuevo título en el Código Penal identificado con el número:

TÍTULO VII Bis

Delitos contra los recursos naturales y el ambiente

CAPÍTULO I

Clases de delitos

ART. 19.—El artículo 242 del Código Penal, quedará así:

ART. 242.—Ilícito aprovechamiento de recursos biológicos. El que ilícitamente transporte, comercie, aproveche, introduzca o se beneficie de recursos fáunicos, forestales, florísticos, hidrobiológicos o genéticos de especie declarada extinta, amenazada o en vía de extinción, incurrirá en prisión de tres a siete años y multa de 50 a 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

ART. 20.—El artículo 243 del Código Penal, quedará así:

ART. 243.—Invasión de áreas de especial importancia ecológica. El que invada área de manejo especial, reserva forestal, resguardos o reservas indígenas, reservas campesinas, terrenos de propiedad colectiva de las comunidades negras, parque regional, área o ecosistema de interés estratégico o área protegida, definidos en ley o reglamento, incurrirá en prisión de dos a ocho años y multa de 50 a 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena señalada en este artículo se aumentará hasta en una tercera parte cuando como consecuencia de la invasión se afecten gravemente los componentes naturales que sirvieron de base para efectuar la calificación del territorio correspondiente.

El que promueva, financie o dirija la invasión o se aproveche económicamente de ella, quedará sometido a prisión de tres a diez años y multa de 150 a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

ART. 21.—El artículo 244 del Código Penal, quedará así:

ART. 244.—Explotación o exploración ilícita minera o petrolera. El que ilícitamente explore, explote, transforme, beneficie o transporte recurso minero o yacimiento de hidrocarburos, incurrirá en prisión de uno a seis años y multa de cincuenta a trescientos salarios mínimos legales mensuales vigentes.

ART. 22.—El artículo 245 del Código Penal, quedará así:

ART. 245.—Manejo ilícito de microorganismos nocivos. El que ilícitamente manipule, experimente, inocule o propague microorganismos, moléculas, substancias o elementos nocivos que puedan originar o difundir enfermedad en los recursos fáunicos, forestales, florísticos o hidrobiológicos incurrirá en prisión de uno a seis años y multa de veinte a doscientos salarios mínimos legales mensuales vigentes.

ART. 23.—Créase en el Código Penal, el artículo 245 bis, cuyo tenor es el siguiente:

ART. 245 BIS.—Omisión de información. El administrador, el representante legal, el responsable directo, el presidente y/o el director que teniendo conocimiento de la presencia de plagas o enfermedades infectocontagiosas en animales o en recursos forestales o florísticos que puedan originar una epidemia y no dé aviso inmediato a las autoridades competentes incurrirá en prisión de uno (1) a seis (6) años y multa de veinte a doscientos salarios mínimos legales mensuales vigentes.

ART. 24.—El artículo 247 del Código Penal, quedará así:

ART. 247.—Contaminación ambiental. El que ilícitamente contamine la atmósfera, el suelo, el subsuelo, las aguas o demás recursos naturales y pueda producir daño a los recursos fáunicos, forestales, florísticos o hidrobiológicos o a los ecosistemas naturales, incurrirá en prisión de dos a ocho años y multa de 150 a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena se incrementará en una tercera parte cuando la conducta descrita en este artículo altere de modo peligroso las aguas destinadas al uso o consumo humano.

CAPÍTULO II

Disposiciones comunes a los delitos previstos en los artículos 189, 190, 191 y 197 y en el capítulo anterior.

ART. 25.—Créase el artículo 247A cuyo tenor es el siguiente:

Modalidad culposa. Para los delitos previstos en los artículos 189, 190, 191 y 197 y en el capítulo anterior, la sanción se disminuirá hasta en la mitad si la conducta se realiza culposamente.

(Nota: El Decreto 623 de 1999 artículo 1º del Ministerio del Interior establece que el presente artículo no deroga, ni modifica ni transforma el artículo 9º de la Ley 365 de 1997 que establece el delito de lavado de activos).

ART. 26.—(Inexequible).* Créase el artículo 247B cuyo tenor es el siguiente:

ART. 247B.—Personas jurídicas. Para los delitos previstos en los artículos 189, 190, 191 y 197 y en el capítulo anterior, en los eventos en que el hecho punible sea imputable a la actividad de una persona jurídica o una sociedad de hecho, el juez competente, además de las sanciones de multa, cancelación de registro mercantil, suspensión temporal o definitiva de la obra o actividad, o cierre temporal o definitivo del establecimiento o de sus instalaciones podrá imponer sanciones privativas de la libertad tanto a los representantes legales, directivos o funcionarios involucrados, por acción o por omisión, en la conducta delictiva.

Si la conducta punible se ha realizado en forma clandestina o sin haber obtenido el correspondiente permiso, autorización o licencia de la autoridad competente, se presumirá la responsabilidad de la persona jurídica.

(Nota: El Decreto 623 de 1999 artículo 2º del Ministerio del Interior establece que el presente artículo no deroga, ni modifica ni transforma el artículo 9º de la Ley 365 de 1997 que establece el delito de lavado de activos).

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-843 de 1999).

ART. 27.—Créase el artículo 247C cuyo tenor es el siguiente:

Penas accesorias. Además de lo establecido en el artículo 42 de este código, en los eventos previstos en los artículos 189, 190, 191 y 197 y en el capítulo anterior el juez competente podrá imponer al culpable las siguientes penas accesorias:

a) El trabajo comunitario consistente en la obligación de realizar durante el tiempo de la condena labores en beneficio de la comunidad, que indicará el juez quien tendrá presente sus habilidades y capacidades que podrá ser la restauración total o parcial del daño ecológico producido con su conducta, y

b) Publicación de la sentencia a través de medios de comunicación de amplia difusión.

(Nota: El Decreto 623 de 1999 artículo 2º del Ministerio del Interior establece que el presente artículo no deroga, ni modifica ni transforma el artículo 9º de la Ley 365 de 1997 que establece el delito de lavado de activos).

ART. 28.—Créase el artículo 247D cuyo tenor es el siguiente:

Confluencia de sanciones administrativas. Las sanciones previstas para los delitos contra el ambiente natural se aplicarán sin perjuicio de las sanciones administrativas que se le hubieren impuesto por la misma conducta. El juez podrá valorar la disminución de la sanción pecuniaria impuesta hasta confluencia del monto efectivamente cancelado por orden de cualquiera otra autoridad administrativa.

(Nota: El Decreto 623 de 1999 artículo 2º del Ministerio del Interior establece que el presente artículo no deroga, ni modifica ni transforma el artículo 9º de la Ley 365 de 1997 que establece el delito de lavado de activos).

ART. 29.—Créase el artículo 247E cuyo tenor es el siguiente:

Circunstancia atenuante. La pena señalada para los delitos contemplados en el capítulo anterior, podrá disminuirse hasta en la mitad si el imputado ha procedido a reparar el daño ecológico causado o haya indemnizado a las personas damnificadas con su conducta.

ART. 30.—Créase el artículo 247F cuyo tenor es el siguiente:

Circunstancias agravantes. Las sanciones previstas en los artículos 189, 190, 191 y 197 y en el capítulo precedente se aumentarán hasta en una tercera parte en los siguientes eventos:

a) Cuando la actividad de la empresa se realice en forma clandestina o sin haber obtenido el respectivo permiso o licencia o si hubieren desobedecido las órdenes de la autoridad competente;

b) Cuando el delito sea cometido por servidor público;

c) Cuando se produjere grave o irreversible modificación de las condiciones naturales de los ecosistemas;

d) Cuando presente grave riesgo para la salud de las personas;

e) Cuando para la realización de la conducta delictiva se hubieren utilizado explosivos, venenos u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva;

f) Cuando la conducta delictiva se haya realizado en áreas de manejo especial, de reserva forestal o en áreas de especial importancia ecológica o en ecosistemas estratégicos, definidos por ley o reglamento;

g) Cuando el delito se hubiere cometido por extranjero que hubiere además violado en su ejecución las fronteras de Colombia, y

h) Cuando el daño ecológico se origine en un acto terrorista.

ART. 31.—Créase el artículo 247G cuyo tenor es el siguiente:

Investigación de los delitos contra los recursos naturales y el ambiente. La Fiscalía General de la Nación, capacitará adecuadamente a los fiscales y miembros del cuerpo técnico de investigaciones con el fin de tener la idoneidad técnica para instruir las infracciones tipificadas en las anteriores disposiciones.

TÍTULO IV

Otras disposiciones

ART. 32, TRANS.—Créase la comisión que estudiará la aplicabilidad del seguro ecológico, creado en esta ley: La comisión aquí propuesta será la encargada de estudiar todos los aspectos que tienen que ver con la aplicabilidad del seguro ecológico, la cual estará integrada por dos representantes de las aseguradoras, un representante del sector industrial, un representante del sector agropecuario, un representante del sector minero, un representante de la sociedad de ingenieros civiles y el Ministerio del Medio Ambiente, quien la coordinará, para que en el término de 90 días presenten el informe respectivo y éste sea la base para definir la reglamentación de la presente ley.

ART. 33.—Derogatorias. Derógase los artículos 123, 205 y 246 del Código Penal y las demás disposiciones que le sea contrarias.

ART. 34.—Vigencia. La presente ley, rige a partir de su promulgación, a excepción del capítulo primero que regirá seis meses después.

Publíquese y ejecútese.

Dada en Santafé de Bogotá, D.C., a 13 de enero de 1999.

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