LEY 57 DE 1887 

(Abril 15)

“Sobre adopción de códigos y unificación de la legislación nacional”.

El Consejo Nacional Legislativo,

DECRETA:

ART. 1º—Regirán en la República, noventa días después de la publicación de esta ley, con las adiciones y reformas de que ella trata, los códigos siguientes:

El Civil de la Nación, sancionado el 26 de mayo de 1873.

El de Comercio del extinguido Estado de Panamá, sancionado el 12 de octubre de 1869; y el Nacional sobre la misma materia, edición de 1884, que versa únicamente sobre comercio marítimo.

El Penal del extinguido Estado de Cundinamarca, sancionado el 16 de octubre de 1858.

El Judicial de la Nación, sancionado en 1872, y reformado por la Ley 76 de 1873, edición de 1874.

El Fiscal de la Nación, y las leyes y decretos con fuerza de la ley relativos a la organización y administración de las rentas nacionales.

El Militar Nacional y las leyes que lo adicionan y reforman.

ART. 2º—Los términos territorio, prefecto, unión, Estados Unidos de Colombia, Presidente del Estado, que se emplean en el Código Civil, se entenderán dichos con referencia a las nuevas entidades o funcionarios constitucionales, según el caso lo requiera.

ART. 3º—En el Código de Comercio de Panamá se entenderá República donde se habla de Estado de Panamá, y las referencias que en dicho código se hacen a las leyes del mismo Estado, se entenderán hechas a las correspondientes disposiciones de los códigos nacionales.

Adiciones y reformas al Código Civil

TÍTULO PRELIMINAR

ART. 4º—Con arreglo al artículo 52 de la Constitución de la República, declárase incorporado en el Código Civil el título III (art. 19-52) de la misma Constitución.

CAPÍTULO I

De la ley

ART. 5º—Cuando haya incompatibilidad entre una disposición constitucional y una legal, preferirá aquélla.

Si en los códigos que se adoptan se hallaren algunas disposiciones incompatibles entre sí, se observarán en su aplicación las reglas siguientes:

1. La disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga carácter general.

2. Cuando las disposiciones tengan una misma especialidad o generalidad, y se hallen en un mismo código, preferirá la disposición consignada en artículo posterior; y si estuvieren en diversos códigos preferirán, por razón de estos, en el orden siguiente: civil, de comercio, penal, judicial, administrativo, fiscal, de elecciones, militar, de policía de fomento, de minas, de beneficencia y de instrucción pública.

CAPÍTULO II

Definición de varias palabras de uso frecuente en las leyes

ART. 6º—(Derogado)* Se llaman hijos legítimos los concebidos durante el matrimonio verdadero o putativo de sus padres, que produzca efectos civiles, y los legitimados por el matrimonio de los mismos, posterior; a la concepción. Todos los demás son ilegítimos.

*(Nota: Derogado por la Ley 1ª de 1976 artículo 31)

ART. 7º—(Derogado)* Se llaman naturales los hijos habidos fuera de matrimonio, de personas que podían casarse entre sí al tiempo de la concepción, cuyos hijos han obtenido el reconocimiento de su padre, madre o ambos, otorgado por escritura pública, o por acto testamentario, o de conformidad con el artículo 368 del mismo código.

No obstante lo dispuesto en el aparte que precede, se reputarán hijos naturales, respecto de la madre, y para todos los efectos civiles, los habidos por una mujer que podía casarse libremente al tiempo de la concepción.

*(Nota: Derogado por la Ley 45 de 1936 artículo 30)

ART. 8º—(Derogado)* Las relaciones de parentesco a que se refiere la parte final del artículo 52, respecto de los hijos incestuosos, son las de los padres en la línea recta de consanguinidad, o en el grado primero de la línea recta de afinidad, o en el segundo transversal de consanguinidad.

*(Nota: Derogado por la Ley 45 de 1936 artículo 30)

LIBRO PRIMERO

De las personas

TÍTULO I

Del principio y fin de las personas

CAPÍTULO I

ART. 9º—La existencia de las personas termina con la muerte.

CAPÍTULO II

De la presunción de muerte por desaparecimiento

ART. 10.—En virtud de la posesión definitiva de que habla el artículo 105 del código, cesan las restricciones impuestas por el artículo 103.

TÍTULO II

Del matrimonio

ART. 11.—Puede contraerse el matrimonio no sólo estando presentes ambos contrayentes, sino también por apoderado especial constituido ante notario público por el varón, hallándose este ausente, debiendo mencionarse en el poder la mujer con quien ha de verificarse el matrimonio. El poder es revocable, pero la revocación no surtirá efecto si no es notificada la mujer contrayente antes de celebrar el matrimonio.

ART. 12.—Son válidos para todos los efectos civiles y políticos, los matrimonios que se celebren conforme al rito católico.

TÍTULO III

De la nulidad del matrimonio y sus efectos

ART. 13.—El matrimonio civil es nulo:

1. Cuando no se ha celebrado ante el juez y los testigos competentes.

2. Cuando se ha contraído por personas que están entre sí en el primer grado de la línea recta de afinidad legítima.

ART. 14.—Mientras que una mujer no hubiere cumplido diez y ocho años, no será lícito al tutor o curador que haya administrado o administre sus bienes, casarse con ella sin que la cuenta de la administración haya sido aprobada por el juez con las formalidades legales.

Igual prohibición habrá para el matrimonio entre los descendientes del tutor o curador y el pupilo o pupila.

En consecuencia, los jueces no autorizarán los matrimonios en que se contravenga a lo dispuesto en este artículo.

El hombre que se case católicamente, mediando el impedimento expresado en este artículo, quedará privado de la administración de los bienes de la mujer.

ART. 15.—Las nulidades a que se contraen los números 7, 8, 9, 11 y 12 del artículo 140 del código y el número 2º del artículo 13 de esta ley, no son subsanables, y el juez deberá declarar, aun de oficio, nulos los matrimonios que se hayan celebrado en contravención a aquellas disposiciones prohibitivas.

ART. 16.—Fuera de las causas de nulidad de matrimonios civiles enumeradas en el artículo 140 del código y en el 13 de esta ley, no hay otras que invaliden el contrato matrimonial. Las demás faltas que en su celebración se cometan, someterán a los culpables a las penas que el Código Penal establezca.

ART. 17.—La nulidad de los matrimonios católicos se rige por las leyes de la iglesia, y de las demandas de esta especie corresponde conocer a la autoridad eclesiástica. Dictada sentencia firme de nulidad por el tribunal eclesiástico, surtirá todos los efectos civiles y políticos, previa inscripción en el correspondiente libro de registro de instrumentos públicos.

ART. 18.—Lo dispuesto en el artículo anterior sobre causas de nulidad se aplica igualmente a los juicios de divorcio.

ART. 19.—La disposición contenida en el artículo 12 tendrá efecto retroactivo. Los matrimonios católicos, celebrados en cualquier tiempo, surtirán todos los efectos civiles y políticos desde la promulgación de la presente ley.

La mujer que al tiempo de la expedición de esta ley se halle casada católica más no civilmente, podrá conservar la administración de sus bienes, y celebrar con el marido, dentro del término de un año, capitulaciones matrimoniales.

TÍTULO IV

De los hijos legítimos concebidos en matrimonio

CAPÍTULO ÚNICO

Reglas especiales para el caso de divorcio y nulidad del matrimonio

ART. 20.—No se reputará hijo del marido el concebido durante el divorcio o la separación legal de los cónyuges, a menos de probarse que el marido, por actos positivos, le reconoció como suyo, o que durante el divorcio hubo reconciliación privada entre los cónyuges.

TÍTULO V

De los hijos naturales

ART. 21.—El hijo ilegítimo que no ha sido reconocido voluntariamente con las formalidades legales, podrá pedir que su padre o madre lo reconozca para el sólo objeto de exigir alimentos.

TÍTULO VI

De las pruebas del estado civil

CAPÍTULO ÚNICO

Disposiciones generales

ART. 22.—Se tendrán y admitirán como pruebas principales del estado civil, respecto de nacimientos, o matrimonios, o defunciones de personas bautizadas, o casadas, o muertas en el seno de la iglesia católica, las certificaciones que con las formalidades legales expidan los respectivos sacerdotes párrocos, insertando las actas o partidas existentes en los libros parroquiales. Tales pruebas quedan sujetas a ser rechazadas o redargüidas y suplidas en los mismos casos y términos que aquellas a que se contrae este título, a las cuales se las asimila. La ley señala a los referidos párrocos, por derechos de las certificaciones que expidieren conforme a este artículo, ochenta centavos por cada certificación, sin incluir el valor del papel sellado, que será de cargo de los interesados.

Los libros parroquiales no podrán ser examinados por orden de la autoridad civil sino a virtud de mandamiento judicial, para verificar determinado punto sometido a controversia, en los mismos casos en que las leyes facultan a los jueces para decretar la inspección parcial de los libros de las notarías públicas.

TÍTULO VII

Reglas especiales relativas a la curaduría del sordomudo

ART. 23.—Los artículos 546, 547, 548, 550, 551 y 552 se extienden al sordomudo.

TÍTULO VIII

Personas jurídicas

ART. 24.—Son personas jurídicas las iglesias y asociaciones religiosas de la religión católica.

ART. 25.—La iglesia católica y las particulares correspondientes a la misma iglesia, como personas jurídicas, serán representadas en cada diócesis por los respectivos legítimos prelados, o por las personas o funcionarios que estos designen.

ART. 26.—Las asociaciones religiosas cuya existencia esté autorizada por la respectiva superioridad eclesiástica, serán representadas conforme a sus constituciones o reglas. La misma superioridad eclesiástica determinará la persona a quien, conforme a los estatutos, corresponde representar a determinada asociación religiosa.

ART. 27.—Las personas jurídicas pueden adquirir bienes de todas clases, por cualquier título, con el carácter de enajenables.

LIBRO TERCERO (sic)

De la sucesión por causa de muerte, y de las donaciones entre vivos

TÍTULO I

Reglas relativas a la sucesión intestada

ART. 28.—Los hijos legítimos excluyen a todos los otros herederos, menos a los hijos naturales legalmente reconocidos, sin perjuicio de la porción conyugal que corresponda al marido o mujer sobreviviente.

Cuando concurran hijos legítimos y naturales, el acervo líquido se dividirá por mitad, una mitad para los hijos legítimos exclusivamente, y la otra para los mismos hijos legítimos y para los naturales, por partes iguales conjuntamente entre todos ellos.

TÍTULO II

De las asignaciones testamentarias

CAPÍTULO I

De las asignaciones a título singular

ART. 29.—Si la elección de una cosa entre muchas se diere expresamente a la persona obligada o al legatario, podrá respectivamente aquélla o este ofrecer o elegir a su arbitrio.

ART. 30.—Si a varias personas se legan distintas cuotas de una misma cosa, se seguirán para la división de ésta las reglas del capítulo V, título IV, libro III del código.

CAPÍTULO II

De las donaciones revocables

ART. 31.—El otorgamiento de las donaciones revocables se sujeta a las reglas del artículo 1056.

LIBRO CUARTO

TÍTULO I

Compraventa

CAPÍTULO ÚNICO

Rescisión de la venta por lesión enorme

ART. 32.—No habrá lugar a la acción rescisoria por lesión enorme en las ventas de bienes muebles, ni en las que se hubieren hecho por Ministerio de la Justicia.

TÍTULO II

De la cesión de derechos

CAPÍTULO ÚNICO

De los créditos personales

ART. 33.—La cesión de un crédito, a cualquier título que se haga, no tendrá efecto entre el cedente y el cesionario sino en virtud de la entrega del título. Pero si el crédito que se cede no consta en documento, la cesión puede hacerse otorgándose uno por el cedente al cesionario, y en este caso la notificación de que trata el artículo 1961, debe hacerse con exhibición de dicho documento.

TÍTULO III

De los cuasicontratos

ART. 34.—Las obligaciones que se contraen sin convención, nacen o de la ley o del hecho voluntario de las partes. Las que nacen de la ley se expresan en ella.

Si el hecho de que nacen es lícito, constituyen un cuasicontrato.

Si el hecho es ilícito y cometido con intención de dañar, constituye un delito.

Si el hecho es culpable, pero cometido sin intención de dañar, constituye un cuasidelito o culpa.

CAPÍTULO I

Del cuasicontrato de comunidad

ART. 35.—Lo dispuesto en los artículos 2.338 y anteriores del capítulo que versa sobre el cuasicontrato de comunidad, no implica la necesidad de ocurrir a la autoridad judicial para llevar a efecto la división de la cosa común, o la venta de ella, con el fin de dividir su producto, siempre que todos los comuneros acuerden lo uno o lo otro unánimemente, y que dicho acuerdo no se interrumpa en su ejecución.

Pero si entre los comuneros hubiere menores, se cumplirá lo que dispone el artículo 485, y además se someterá a la aprobación del juez la división practicada, en lo que dice relación con los intereses del menor. El juez para dictar el decreto respectivo tendrá en consideración las reglas que prescribe el artículo 2.338, y podrá exigir las comprobaciones que estime necesarias.

Cuando la división se refiera a bienes raíces, se hará constar en escritura pública.

TÍTULO IV

Prelación de créditos

ART. 36.—En caso de prelación de créditos, la tendrán los instrumentos públicos sobre los instrumentos privados; y cuando estos hayan sido registrados, o reconocidos judicialmente, o protocolizados, o figurado en juicio, tendrán preferencia sobre los demás documentos privados, a contar desde la fecha del registro, de la protocolización o del reconocimiento.

TÍTULO V

De los notarios públicos

ART. 37.—Los notarios y los registradores de instrumentos públicos que se establecen por la ley sobre administración departamental y municipal, quedan sujetos a las disposiciones de los títulos 42 y 43, respectivamente, del libro IV del Código Civil.

Las funciones que tienen carácter judicial y que en dichos títulos se atribuyen al prefecto o corregidor, serán ejercidas por el respectivo juez de circuito; las que no teniendo dicho carácter se atribuyen al prefecto, serán ejercidas por los nuevos prefectos o autoridades que los reemplacen, y las que se atribuyen a los corregidores, las ejercerán los respectivos alcaldes.

TÍTULO VI

Del registrador de instrumentos públicos

CAPÍTULO ÚNICO

Libros que debe llevar el registrador, y títulos, actos y documentos sujetos al registro

ART. 38.—(Derogado).* El registrador, además de los libros de que habla el artículo 2.641 del Código Civil, llevará los siguientes:

Un duplicado de cada uno de los libros de registro números 1 y 2 para la inscripción de los títulos, actos y documentos que se refieran a intereses de la hacienda nacional, o de la de un departamento, o de la de un distrito municipal.

Uno titulado libro de registro de causas mortuorias, para la inscripción de todos los títulos o actos que, conforme a las leyes vigentes, deben inscribirse en los libros números 1 y 2 y que tengan origen en un juicio de sucesión.

Otro titulado libro de registro de los autos de embargo, en el cual se hará constar el embargo de las fincas raíces que se hallan situadas en el correspondiente círculo de registro.

Otro titulado libro de registro de demandas civiles, para la inscripción de las demandas civiles ordinarias sobre la propiedad de bienes inmuebles.

*(Nota:Derogado por el Decreto 1250 de 1970 artículo 96 del Ministerio de Justicia)

ART. 39.—Todo juez que decrete el embargo de una finca raíz, aun cuando el auto no se haya notificado, lo hará saber al respectivo registrador de instrumentos públicos, por medio de un oficio escrito en papel común. En el oficio se copiará el auto de embargo y se expresará el juicio en que se decretó, el nombre de la finca, su situación linderos, para que todo eso conste en la diligencia de registro.

El registrador asentará la diligencia de embargo en el acto mismo en que reciba el oficio, y luego lo devolverá al juzgado de su procedencia, con nota al pie, en que se exprese el folio del libro en que se sentó la diligencia de registro.

ART. 40.—Cuando se ordene el desembargo de una finca raíz, se ordenará la cancelación de la respectiva diligencia de registro de embargo.

ART. 41.—No se considerará embargada una finca raíz mientras no estuviere registrado el auto de embargo.

ART. 42.—Todo juez ante quien se presente una demanda civil ordinaria sobre la propiedad de un inmueble, ordenará que se tome razón de aquélla en el libro de registro de demandas civiles, luego que el demandado haya sido notificado de la demanda.

El juez, por medio de un oficio escrito en papel común, hará saber al registrador lo siguiente: entre qué personas versa la demanda, el nombre de la propiedad inmueble, su situación y linderos. Verificada la inscripción por el registrador, se considerará en litigio la cosa para los efectos del artículo 1.521 del Código Civil.

Terminado el juicio, por sentencia o desistimiento, el juez ordenará la cancelación de la inscripción.

ART. 43.—El registrador de instrumentos públicos no registrará escritura alguna de enajenación, ni anotará escritura en que se constituya hipoteca, cuando en el libro de registro de autos de embargo, o en el de registro de demandas civiles, aparezca registrado, bien el auto que ordena el embargo de la finca que se quiere enajenar o hipotecar, bien la demanda civil de que se ha hablado.

ART. 44.—El registrador gozará de los siguientes derechos:

Por extender las diligencias de registro de embargo o de demanda cuarenta centavos por cada una.

Por la cancelación de una de dichas diligencias, veinte centavos.

Por la certificación relativa a una de dichas diligencias, cuarenta centavos.

Disposición final

ART. 45.—Deróganse los artículos 10, 24, 51, 60, 94, 114, 139, 146, 147, 318, 328, 329, 332, 643, 644, 645, 647, 651, 1045, 1151, 1182, 1197, 1949, 2302 y 2598 del código; y los incisos 2º del artículo 52, 2º del artículo 105, los marcados con los números 4º y 10, 13 y 14 del artículo 140, el inciso que sigue al marcado con el número 14, en el mismo artículo 140, y el inciso 1º del artículo 1175, todos del código de que se trata.

Dada en Bogotá, a 15 de abril de 1887.

__________________________