LEY 840 DE 2003 

(Octubre 2)

“Por medio de la cual se aprueba el “Tratado sobre Cooperación Judicial Mutua entre el Gobierno de la República de El Salvador y el Gobierno de la República de Colombia”, suscrito en Cartagena de Indias, a los diez (10) días del mes de junio de mil novecientos noventa y cuatro (1994)”.

El Congreso de la República,

Visto el texto del “Tratado sobre cooperación judicial mutua entre el Gobierno de la República de El Salvador y el Gobierno de la República de Colombia”, suscrito en Cartagena de Indias, a los diez (10) días del mes de junio de mil novecientos noventa y cuatro (1994), que a la letra dice:

(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia del texto íntegro del instrumento internacional mencionado).

PROYECTO DE LEY NÚMERO 31 DE 2002

“Por medio de la cual se aprueba el “Tratado sobre cooperación judicial mutua entre el Gobierno de la República de El Salvador y el Gobierno de la República de Colombia”,suscrito en Cartagena de Indias, a los diez (10) días del mes de junio de mil novecientos noventa y cuatro (1994).

El Congreso de la República,

Visto el texto del “Tratado sobre cooperación judicial mutua entre el Gobierno de la República de El Salvador y el Gobierno de la República de Colombia”, suscrito en Cartagena de Indias, a los diez (10) días del mes de junio de mil novecientos noventa y cuatro (1994), que a la letra dice:

(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia del texto íntegro del instrumento internacional mencionado).

Tratado sobre cooperación judicial mutua entre el Gobierno de la República de El Salvador y el Gobierno de la República de Colombia.

El Gobierno de la República de El Salvador y el Gobierno de la República de Colombia;

Animados por el propósito de intensificar la asistencia legal y la cooperación en materia judicial;

Tomando en consideración los lazos de amistad y cooperación que los unen;

En observancia de las normas constitucionales, legales y administrativas de sus Estados, así como de los principios conducentes de derecho internacional, en especial el de soberanía, integridad territorial y no intervención, convienen en prestarse la más amplia cooperación, de conformidad con lo que se describe a continuación:

Artículo I

Objeto de la asistencia

Las Partes de conformidad con lo dispuesto en el presente tratado y con estricto cumplimiento de sus respectivos ordenamientos jurídicos, se comprometen a prestarse asistencia legal y judicial en forma recíproca.

Artículo II

Aplicación

Dentro del marco de su legislación nacional, en concordancia con el derecho internacional y las prácticas en uso, las Partes podrán desarrollar el presente tratado a través de mecanismos complementarios y programas específicos de cooperación legal y judicial de conformidad con el objeto descrito en el presente tratado.

Artículo III

Autoridades centrales

Cada Estado designará a su respectiva autoridad central competente encargada de coordinar, desarrollar y ejecutar las distintas formas de cooperación de que trata el artículo II del presente tratado.

Artículo IV

Interpretación

Cualquier controversia que pueda surgir de la interpretación o aplicación del presente tratado será solucionada entre las autoridades centrales designadas por cada una de las partes.

Artículo V

Disposiciones finales

Las partes evaluarán conjuntamente y en forma periódica la asistencia prestada en cumplimiento del presente tratado.

La cooperación prevista en el presente tratado no impedirá que las Partes se asistan de conformidad con las disposiciones de otros tratados internacionales de los cuales sean parte, o de su legislación interna.

Artículo VI

Vigencia y terminación

1. El presente tratado entrará en vigor a partir de la fecha en que se realice el canje de los instrumentos de ratificación.

2. El presente tratado tendrá una vigencia indefinida y podrá ser denunciado por una de las Partes en cualquier momento, mediante nota diplomática la cual surtirá efecto seis (6) meses después de la fecha de recepción por la otra Parte contratante.

Suscrito en Cartagena de Indias, a los 10 días del mes de junio de 1994, en dos ejemplares, cada uno en idioma español, siendo ambos textos igualmente válidos y auténticos.

Por el Gobierno de la República de El Salvador,

Rubén Antonio Mejía Pena,

Ministro de Justicia,

Ad Referéndum. 

Por el Gobierno de la República de Colombia,

Andrés González Díaz,

Ministro de Justicia y del Derecho,

Ad Referéndum.

Rama ejecutiva del poder público

Presidencia de la República 

Bogotá, D.C., 5 de marzo de 2002.

Aprobado. Sométase a la consideración del honorable Congreso Nacional para los efectos constitucionales.

(Fdo.) Andrés Pastrana Arango

El Ministro de Relaciones Exteriores,

(Fdo.) Guillermo Fernández de Soto”.

DECRETA:

ART. 1º—Apruébase el Tratado sobre cooperación judicial mutua entre el Gobierno de la República de El Salvador y el Gobierno de la República de Colombia, suscrito en Cartagena de Indias, a los diez (10) días del mes de junio de mil novecientos noventa y cuatro (1994).

ART. 2º—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª de 1944, el Tratado sobre cooperación judicial mutua entre el Gobierno de la República de El Salvador y el Gobierno de la República de Colombia, suscrito en Cartagena de Indias, a los diez (10) días del mes de junio de mil novecientos noventa y cuatro (1994), que por el artículo primero de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.

ART. 3º—La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.

Dada en Bogotá, D.C., a los...

Presentado al honorable Congreso de la República por los suscritos, Viceministra de Relaciones Exteriores encargada de las funciones del despacho del Ministro de Relaciones Exteriores y Ministro de Justicia y del Derecho,

Clemencia Forero Ucrós,

Viceministra de Relaciones Exteriores encargada de las funciones del despacho del Ministro de Relaciones Exteriores.

Rómulo González Trujillo,

Ministro de Justicia y del Derecho.

Exposición de motivos

Honorables Senadores y Representantes:

En nombre del Gobierno Nacional y en cumplimiento de los artículos 150 numeral 16 y 189 numeral 2º de la Constitución Política de Colombia, presentamos a consideración del honorable Congreso de la República el proyecto de ley por medio de la cual se aprueba el Tratado sobre cooperación judicial mutua entre el Gobierno de la República de El Salvador y el Gobierno de la República de Colombia, suscrito en Cartagena de Indias, a los diez (10) días del mes de junio de mil novecientos noventa y cuatro (1994).

El Gobierno Nacional, consciente de la creciente interdependencia generada por la política integracionista que se adelanta y de las consecuentes relaciones que se originan entre los particulares de diferentes nacionalidades, considera de gran importancia contar con instrumentos internacionales que se conviertan en la base jurídica para reglar tales relaciones, así como en el soporte necesario para sancionar a aquellas personas que de una u otra forma atenten contra el sistema de derecho, rector de la justicia de nuestros pueblos.

Con esta intención, se inició una serie de negociaciones con diferentes países, principalmente de la región latinoamericana, a fin de concretar en un instrumento internacional amplio la base para el futuro desarrollo de programas y proyectos específicos de cooperación en las diferentes áreas del derecho tales como la administración de justicia en materia penal, laboral, civil y económica.

La naturaleza general del tratado que hoy sometemos a su consideración responde al interés de crear un marco global en el cual no se excluya ninguna forma de asistencia que tenga un carácter judicial. Se pretende pues con este instrumento, crear todo un horizonte para que los Estados Parte tengan la oportunidad de brindarse la más amplia cooperación en todos aquellos aspectos judiciales y legales que se susciten en sus relaciones.

Así mismo, con el tratado propuesto se abre la posibilidad para desarrollar programas bilaterales de cooperación técnica encaminadas a fortalecer y modernizar la administración de justicia de los dos países y a generar un mayor intercambio sobre las experiencias que cada uno tenga con relación a las técnicas judiciales, investigativas y procesales, entre otros asuntos.

Es necesario pensar que al igual que las relaciones económicas, políticas o financieras entre Estados, la justicia debe jugar un papel primordial y por ende avanzar paralelamente a este desarrollo en la integración internacional.

Por esto se enfatiza que el deseo de promover y fortalecer sistemas de justicia accesibles, independientes, justos, eficientes y transparentes se constituye en condición indispensable para la estabilidad democrática y la modernización de los Estados. A través de la concertación y suscripción de tratados internacionales que propendan a este fin se da un paso significativo en tan importante causa.

Hoy por hoy, la cooperación judicial se ha convertido en una herramienta clave en las relaciones entre los Estados. Ya la comunidad internacional empieza a reconocer la necesidad de mantener vínculos muy estrechos para fortalecer los sistemas judiciales. En la actualidad se vive un ambiente propicio para fomentar este tipo de relaciones que ofrecen la posibilidad de lograr una más justa y equitativa administración de justicia, así como la conformación de un frente común contra la impunidad.

Al ser el derecho una ciencia en evolución, lo más lógico es propender a tratados internacionales que permitan una mejor comunicación entre los Estados, un mayor intercambio de experiencias sobre las reformas institucionales y legales, así como una acercamiento serio para que de manera armónica y coordinada se pueda avanzar aún más en el diseño de políticas concertadas en una región que necesariamente se debe integrar y fortalecer para actuar exitosamente en el concierto internacional.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Gobierno Nacional, a través de la Viceministra de Relaciones Exteriores, encargada de las funciones del despacho del Ministro de Relaciones Exteriores y del Ministro de Justicia y del Derecho, somete a consideración del honorable Congreso de la República el Tratado sobre cooperación judicial mutua entre el Gobierno de la República de El Salvador y el Gobierno de la República e Colombia, suscrito en Cartagena de Indias, a los diez (10) días del mes de junio de mil novecientos noventa y cuatro (1994).

De los honorables congresistas,

Clemencia Forero Ucrós,

Viceministra de Relaciones Exteriores encargada de las funciones del despacho del Ministro de Relaciones Exteriores.

Rómulo González Trujillo,

Ministro de Justicia y el Derecho.

LEY 424 DE 1998 

(Enero 13)

“Por la cual se ordena el seguimiento a los convenios internacionales suscritos por Colombia”.

El Congreso de Colombia,

DECRETA:

ART. 1º—El Gobierno Nacional a través de la Cancillería presentará anualmente a las comisiones segundas de relaciones exteriores de Senado y Cámara y dentro de los primeros treinta días calendario posteriores al período legislativo que se inicia cada 20 de julio, un informe pormenorizado acerca de cómo se están cumpliendo y desarrollando los convenios internacionales vigentes suscritos por Colombia con otros estados.

ART. 2º—Cada dependencia del Gobierno Nacional encargada de ejecutar los tratados internacionales de su competencia y requerir la reciprocidad en los mismos, trasladará la información pertinente al Ministerio de Relaciones Exteriores y éste, a las comisiones segundas.

ART. 3º—El texto completo de la presente ley se incorporará como anexo a todos y cada uno de los convenios internacionales que el Ministerio de Relaciones Exteriores presente a consideración del Congreso.

ART. 4º—La presente ley rige a partir de su promulgación.

El Presidente del honorable Senado de la República,

Amylkar Acosta Medina.

El secretario general del honorable Senado de la República,

Pedro Pumarejo Vega.

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

Carlos Ardila Ballesteros.

El secretario general de la honorable Cámara de Representantes,

Diego Vivas Tafur.

República de Colombia – Gobierno Nacional

Publíquese y ejecútese.

Dada en Santafé de Bogotá, D.C., a 13 de enero de 1998.

Ernesto Samper Pizano

La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Emma Mejía Vélez.

Rama ejecutiva del poder público

Presidencia de la República 

Bogotá, D.C., 5 de marzo de 2002.

Aprobado. Sométase a la consideración del honorable Congreso Nacional para los efectos constitucionales.

(Fdo.) Andrés Pastrana Arango

El Ministro de Relaciones Exteriores

(Fdo.) Guillermo Fernández de Soto

DECRETA:

ART. 1º—Apruébase el “Tratado sobre cooperación judicial mutua entre el Gobierno de la República de El Salvador y el Gobierno de la República de Colombia”, suscrito en Cartagena de Indias, a los diez (10) días del mes de junio de mil novecientos noventa y cuatro (1994).

ART. 2º—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª de 1944, el “Tratado sobre cooperación judicial mutua entre el Gobierno de la República de El Salvador y el Gobierno de la República de Colombia”, suscrito en Cartagena de Indias, a los diez (10) días del mes de junio de mil novecientos noventa y cuatro (1994), que por el artículo primero de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.

ART. 3º—La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.

El Presidente del honorable Senado de la República,

Germán Vargas Lleras

El secretario general del honorable Senado de la República,

Emilio Ramón Otero Dajud

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

Alonso Acosta Osio

El secretario general de la honorable Cámara de Representantes,

Angelino Lizcano Rivera 

República de Colombia – Gobierno Nacional

Comuníquese y cúmplase.

Ejecútese, previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al artículo 241-10 de la Constitución Política.

Dada en Bogotá, D.C., a 2 de octubre de 2003.

Álvaro Uribe Vélez

La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Carolina Barco Isakson.

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