LEY 879 DE 2004 

(Enero 2)

“Por medio de la cual se aprueba el acuerdo entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la República Dominicana sobre asistencia mutua en materia penal, hecho en Santo Domingo, República Dominicana, el veintisiete (27) de junio de mil novecientos noventa y ocho (1998)”.

El Congreso de la República,

Visto el texto del acuerdo entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la República Dominicana sobre asistencia mutua en materia penal, hecho en Santo Domingo, República Dominicana, el veintisiete (27) de junio de mil novecientos noventa y ocho (1998), que a la letra dice:

(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia del texto íntegro del instrumento internacional mencionado).

PROYECTO DE LEY NÚMERO 36 DE 2002

Por medio de la cual se aprueba el acuerdo entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la República Dominicana sobre asistencia mutua en materia penal, hecho en Santo Domingo, República Dominicana, el veintisiete (27) de junio de mil novecientos noventa y ocho (1998).

El Congreso de la República,

Visto el texto del acuerdo entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la República Dominicana sobre asistencia mutua en materia penal, hecho en Santo Domingo, República Dominicana, el veintisiete (27) de junio de mil novecientos noventa y ocho (1998), que a la letra dice:

(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia del texto íntegro del instrumento internacional mencionado).

«Acuerdo entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la República Dominicana sobre asistencia mutua en materia penal

El gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la República Dominicana, considerando los lazos de amistad y cooperación que nos unen.

Reconociendo que la lucha contra la delincuencia transnacional es una responsabilidad compartida de la comunidad internacional.

Conscientes que es necesario el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación judicial y asistencia mutua, para evitar el incremento de las actividades delictivas.

Deseando proporcionar la más amplia asistencia legal mutua para la investigación, embargo, incautación, otras medidas cautelares, decomiso o confiscación del producto e instrumentos del hecho punible,

Han acordado lo siguiente:

Artículo 1º

Ámbito de aplicación

1. Las partes, de conformidad con este acuerdo, se otorgarán mutua asistencia en investigaciones y procedimientos judiciales respecto de toda clase de hechos punibles, incluidos la búsqueda, embargo, incautación, otras medidas cautelares, decomiso o confiscación del producto y de los instrumentos de toda clase de hechos punibles.

2. Este acuerdo no se aplicará a:

a) Las contravenciones;

b) La extradición;

c) La ejecución de sentencias penales, incluido el traslado de personas condenadas, con objeto de que cumplan condena.

3. El presente convenio se entenderá celebrado exclusivamente con fines de asistencia judicial mutua entre los estados contratantes. Las disposiciones del presente acuerdo no generarán derecho alguno a favor de los particulares en orden a la obtención, eliminación o exclusión de pruebas o a la obstaculización en el cumplimiento de la solicitud.

4. Una parte no ejercerá en el territorio de otra parte competencias ni funciones que hayan sido reservadas exclusivamente a las autoridades de esa otra parte por su derecho interno.

Artículo 2º

Definiciones

A los fines de este acuerdo:

a) “Decomiso o confiscación” son medidas equivalentes y significan la privación con carácter definitivo de bienes, productos o instrumentos del hecho punible, por decisión de un tribunal o una autoridad competente;

b) “Instrumento del hecho punible” significa cualquier bien utilizado, o destinado a ser utilizado, para la comisión de un hecho punible;

c) “Producto del hecho punible” significa bienes de cualquier índole derivados u obtenidos, directa o indirectamente, por cualquier persona de la comisión de un hecho punible, o el valor equivalente de tales bienes;

d) “Bienes” significa los activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles y los documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre activos;

e) “Embargo, incautación y otras medidas cautelares de bienes” significa la prohibición temporal de transferir, convertir, enajenar o mover bienes, así como la custodia o el control temporal de bienes por mandamiento expedido por un tribunal o por una autoridad competente.

Artículo 3º

Autoridades centrales y competentes

1. Los requerimientos de asistencia bajo este acuerdo deben realizarse a través de las autoridades centrales de las partes.

2. En la República Dominicana la autoridad central será la Procuraduría General de la República. Con relación a las solicitudes de asistencia enviadas a la República de Colombia, la autoridad central será la Fiscalía General de la Nación; con relación a las solicitudes de asistencia judicial hechas por la República de Colombia la autoridad central será la Fiscalía General de la Nación o el Ministerio de Justicia y del Derecho.

3. Las partes podrán notificarse mediante nota diplomática la modificación en la designación de las autoridades centrales.

4. Las solicitudes tramitadas por una autoridad central de conformidad con el presente convenio se basarán en el requerimiento de asistencia de las autoridades competentes.

Artículo 4º

Contenido de los requerimientos

1. Los requerimientos de asistencia deben realizarse por escrito. Bajo circunstancias de carácter urgente o en caso de que sea permitido por la parte requerida, las solicitudes podrán hacerse a través de una transmisión por fax o por medio de cualquier otro método electrónico pero deben ser confirmados por escrito en un plazo no mayor de quince (15) días.

2. Los requerimientos de asistencia deberán contener las siguientes indicaciones:

a) Determinación de la autoridad competente que dirige la investigación o el procedimiento judicial a que se refiere el requerimiento;

b) Las cuestiones a que se refiere la investigación o el procedimiento judicial, con inclusión de los hechos y de las disposiciones legales pertinentes;

c) El propósito del requerimiento y el tipo de asistencia solicitado;

d) Cualquier plazo dentro del cual se desea el cumplimiento del requerimiento;

e) La identidad, nacionalidad y ubicación de la persona o las personas que son objeto de la investigación o del procedimiento judicial, cuando sea conocida;

f) El texto del interrogatorio a ser formulado para la práctica de la prueba testimonial en la parte requerida. No obstante la autoridad competente que lo practique podrá formular preguntas adicionales sobre los hechos materia de la investigación.

g) Información sobre el pago de los gastos que se asignarán a la persona cuya presencia se solicita en la parte requirente;

h) Cuando sea del caso la indicación de las autoridades de la parte requirente que puedan participar como observadores en la práctica de la prueba que se desarrolle en la parte requerida.

3. Si la parte requerida considera que la información contenida en un requerimiento no es suficiente para atenderlo, podrá solicitar que se le proporcione información adicional.

Artículo 5º

Ejecución de requerimientos

1. Un requerimiento se ejecutará en la medida en que sea compatible y lo permita el derecho interno de la parte requerida, de conformidad con lo especificado en la solicitud.

2. La parte requerida informará con prontitud a la parte requirente de la decisión de la parte requerida de no cumplir en todo o en parte con un requerimiento de asistencia y del motivo de tal decisión.

3. La parte requirente informará con prontitud a la parte requerida de cualquier circunstancia que pueda ocasionar una demora significativa, afectar el requerimiento o su ejecución o que pueda hacer que resulte improcedente proseguir con su cumplimiento.

Artículo 6º

Denegación de asistencia

1. La asistencia podrá denegarse si:

a) La parte requerida considera que el cumplimiento del requerimiento, si fuera otorgado, menoscabaría gravemente su soberanía, seguridad, interés nacional u otro interés fundamental; o si

b) La prestación de la asistencia solicitada pudiera perjudicar una investigación o procedimiento en el territorio de la parte requerida la seguridad de cualquier persona o imponer una carga excesiva sobre los recursos de esa parte; o si

c) La acción solicitada contraviene los principios de derecho de la parte requerida o las garantías fundamentales consagradas en la parte requerida; o si

d) El requerimiento se refiere a conductas realizadas en el territorio del país requirente, respecto a las cuales la persona ha sido finalmente exonerada o indultada; o si

e) El requerimiento se refiere a una orden de decomiso o confiscación que ya ha sido ejecutada; o si

f) Se trata de delitos políticos y militares; o si

g) Se trata de medidas definitivas o provisionales sobre bienes, si el hecho no es punible de conformidad con la legislación de ambas partes.

2. Antes de negarse a cumplir con el requerimiento de asistencia, la parte requerida considerará si puede otorgar asistencia sujeta a las condiciones que considere necesarias. La parte requirente podrá aceptar la asistencia sujeta a las condiciones impuestas por la parte requerida.

Artículo 7º

Reserva y limitación al uso de pruebas e información

1. La parte requerida mantendrá en los términos solicitados por la parte requirente el requerimiento de asistencia, su contenido y cualquier documento que sirva de justificación, y el hecho de otorgar tal asistencia, salvo en la medida en que la revelación sea necesaria para ejecutar el requerimiento. Si el requerimiento no se puede ejecutar sin el levantamiento de la reserva, la parte requerida deberá informar a la parte requirente de las condiciones bajo las cuales se podrá ejecutar el requerimiento sin el levantamiento de la reserva. La parte requirente luego deberá determinar el alcance que desea darle al requerimiento que será ejecutado.

2. La parte requirente mantendrá en reserva cualquier prueba e información proporcionada por la parte requerida, si así lo ha solicitado, salvo en la medida en que su revelación sea necesaria para la investigación o el procedimiento judicial descrito en el requerimiento.

3. La parte requirente no utilizará para finalidades que no sean las declaradas en el requerimiento pruebas o informaciones obtenidas como resultado del mismo, sin el consentimiento previo de la parte requerida.

Artículo 8º

Información y pruebas

1. Las partes podrán solicitar información y pruebas a los efectos de una investigación o de un procedimiento judicial.

2. La asistencia que podrá prestarse en virtud de este artículo comprende los siguientes aspectos:

a) Proporcionar información y documentos o copias de estos para los efectos de una investigación o de un procedimiento judicial en el territorio de la parte requirente;

b) Practicar pruebas o declaraciones de testigos u otras personas, producir documentos, efectuar registros o recoger otro tipo de pruebas para su remisión a la parte requirente;

c) Buscar, incautar y entregar a la parte requirente, en forma temporal o definitiva, según el caso, cualquier prueba y proporcionar la información que pueda requerir la parte respecto del lugar de incautación, las circunstancias de la misma y la custodia posterior del material incautado antes de la entrega.

3. La parte requerida podrá posponer la entrega del bien o prueba solicitados, si estos son requeridos para un procedimiento judicial penal o civil en su territorio. La parte requerida proporcionará, al serle ello solicitado, copias certificadas de documentos.

4. Cuando lo solicite la parte requerida, la parte requirente devolverá los bienes y medios de prueba proporcionados en virtud de este artículo, cuando ya no los necesite para la finalidad a cuyo efecto fueron proporcionados.

5. Las partes podrán prestarse otras formas de asistencia en la medida en que sean compatibles con su ordenamiento interno.

Artículo 9º

Medidas provisionales

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en un artículo 5º (1) y de acuerdo con las disposiciones de este artículo, una de las partes podrá solicitar a la otra que obtenga una orden con el propósito de realizar un embargo, incautación u otra medida cautelar sobre bienes para asegurar que estos estén disponibles para la ejecución de una orden de decomiso o confiscación.

2. Un requerimiento efectuado en virtud de este artículo deberá incluir:

a) (i) Una copia de la orden de embargo, incautación u otra medida cautelar.

(ii) Una certificación expedida por la autoridad central en la que se declare que se ha iniciado una investigación preliminar, o una instrucción ha comenzado, y que en cualquier caso, una decisión ha sido emitida ordenando un embargo, incautación u otras medidas cautelares.

b) Un resumen de los hechos del caso, incluyendo una descripción del hecho punible, dónde y cuándo se cometió y una referencia a las disposiciones legales pertinentes;

c) En la medida de lo posible, una descripción de los bienes respecto de los cuales se solicita el embargo, incautación u otra medida cautelar, y su relación con la persona contra la que se inició o se iniciará un procedimiento judicial;

d) Cuando corresponda, una declaración de la suma que se desea embargar, incautar o aplicar otra medida cautelar y los fundamentos del cálculo de esa suma;

e) Cuando corresponda, una declaración del tiempo que se estima transcurrirá antes de que el caso sea remitido a juicio y antes de que se pueda dictar sentencia final.

3. La parte requirente informará a la parte requerida de cualquier modificación en cálculo de tiempo a que se hace referencia en el apartado (2) (e) anterior y al hacerlo, indicará asimismo la etapa de procedimiento judicial que se haya alcanzado. Cada parte informará con prontitud a la otra de cualquier apelación o decisión adoptada respecto del embargo, incautación u otras medidas cautelares solicitadas o adoptadas.

4. La parte requerida podrá imponer una condición que límite la duración de la medida. La parte requerida notificará con prontitud a la parte requirente cualquier condición de esa índole y los fundamentos de la misma.

5. Cualquier requerimiento se ejecutará únicamente de acuerdo con la legislación interna de la parte requerida y, en particular, en observancia de los derechos de cualquier individuo que puede ser afectado por su ejecución.

Artículo 10

Ejecución de órdenes de decomiso o confiscación

1. Si el requerimiento para una orden de decomiso o confiscación es realizado, la parte requerida puede, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 5º (1) del presente acuerdo:

a) Ejecutar una orden emitida por la autoridad competente de la parte requirente para decomisar o confiscar el producto o los instrumentos del hecho punible; o

b) Emprender un procedimiento para que sus autoridades competentes puedan proferir una orden de decomiso o confiscación de acuerdo con su legislación interna.

2. La solicitud será acompañada de una copia de la orden certificada por la autoridad central y contendrá información que indique:

a) Que la orden o la condena no es susceptible de recursos;

b) Cuando corresponda, una descripción de los bienes disponibles para ejecución o los bienes respecto de los cuales se solicita asistencia, declarando la relación existente entre esos bienes y la persona contra la que se expidió la orden;

c) Cuando corresponda y se conozca, los legítimos intereses en los bienes que tenga cualquier persona diferente de aquella contra la que se expidió la orden;

d) Cuando corresponda, la suma que se desea obtener como resultado de tal asistencia;

e) Las pruebas que soporten la base sobre la cual se profirió con la orden de decomiso o confiscación;

f) Cualquier otra información pertinente.

3. En donde la ley de la parte requerida no permita efectuar una solicitud en su totalidad, la parte requerida le dará cumplimiento hasta donde sea permitido.

4. La parte requerida podrá solicitar información o pruebas adicionales con el fin de llevar a cabo el requerimiento.

5. Cualquier solicitud se ejecutará únicamente de acuerdo con la legislación interna de la parte requerida y, en particular, en observancia de los derechos de cualquier individuo que puedan ser afectados por su ejecución.

6. Para acordar con la parte requirente la manera de compartir el valor de los bienes decomisados en cumplimiento de este artículo, y de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 5.5 (b) (ii) de la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas de 1988 de la cual ambos estados son parte, la parte requerida hará una consideración especial del grado de cooperación suministrada por la parte requirente.

Para dar cumplimiento a lo estipulado en este numeral, las partes podrán celebrar acuerdos complementarios.

Artículo 11

Intereses sobre los bienes

Conforme a lo previsto en el presente acuerdo, el Estado requerido determinará según su ley las medidas necesarias para proteger los intereses de terceras personas de buena fe sobre los bienes que hayan sido decomisados o confiscados.

Cualquier persona afectada por una orden de embargo, incautación u otras medidas cautelares, decomiso o confiscación, podrá interponer los recursos ante la autoridad competente en el Estado requerido, para la eliminación o variación de dicha orden.

Artículo 12

Responsabilidad por daños

Una parte no será responsable por los daños que puedan surgir de actos u omisiones de las autoridades de la otra parte en la formulación o ejecución de una solicitud.

Artículo 13

Gastos

La parte requerida asumirá cualquier costo que surja dentro de su territorio como resultado de una actuación que se realice en virtud de la solicitud de la parte requirente. Los gastos extraordinarios estarán sujetos a acuerdo especial entre las partes.

Artículo 14

Autenticación

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 10, los documentos y pruebas certificados por la autoridad central no requerirán ninguna otra certificación sobre validez, autenticación ni legalización a los efectos de este acuerdo.

Artículo 15

Solución de controversias

1. Cualquier controversia que surja de una solicitud será resuelta por consulta entre las autoridades centrales.

2. Cualquier controversia que surja entre las partes relacionada con la interpretación o aplicación de este acuerdo será resuelta por consulta entre las partes por vía diplomática.

Artículo 16

Compatibilidad con otros tratados, acuerdos u otras formas de cooperación

La asistencia establecida en el presente acuerdo no impedirá que cada una de las partes preste asistencia a la otra al amparo de lo previsto en otros acuerdos internacionales de los cuales sean partes. Este acuerdo no impedirá a las partes la posibilidad de desarrollar otras formas de cooperación de conformidad con sus respectivos ordenamientos jurídicos.

Artículo 17

Disposiciones finales

1. Cada parte notificará por vía diplomática a la otra parte cuando se hayan cumplido los trámites constitucionales requeridos por sus leyes para que este acuerdo entre en vigor. El acuerdo entrará en vigor a los treinta (30) días contados a partir de la fecha de la última notificación.

2. Este acuerdo podrá ser denunciado por cualquiera de las partes mediante notificación a la otra por la vía diplomática. Su vigencia cesará a los seis meses de la fecha de recepción de tal notificación. Las solicitudes de asistencia realizadas dentro del período de notificación del acuerdo serán atendidas por la parte requerida antes de su terminación.

En fe de lo cual, los abajo firmantes, debidamente autorizados por sus respectivos gobiernos, han firmado este acuerdo.

Hecho en dos ejemplares en Santo Domingo, República Dominicana a los veintisiete (27) días del mes de junio de mil novecientos noventa y ocho (1998), en idioma español, siendo ambos textos igualmente auténticos.

Por el gobierno de la República de Colombia,

El Ministro de Relaciones Exteriores,

Camilo Reyes Rodríguez

Por el gobierno de la República Dominicana

El Secretario de Estado de Relaciones Exteriores,

Eduardo Latorre

Rama Ejecutiva del Poder Público

Presidencia de la República 

Santafé de Bogotá, D.C., 9 de julio de 1999.

Aprobado: Sométase a la consideración del honorable Congreso Nacional para los efectos constitucionales.

(Fdo.) Andrés Pastrana Arango

El Ministro de Relaciones Exteriores (Fdo.),

Guillermo Fernández de Soto

DECRETA:

ART. 1º—Apruébase el acuerdo entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la República Dominicana Sobre Asistencia Mutua en Materia Penal, hecho en Santo Domingo, República Dominicana, el veintisiete (27) de junio de mil novecientos noventa y ocho (1998).

ART. 2º—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª de 1944, el acuerdo entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la República Dominicana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal, hecho en Santo Domingo, República Dominicana, el veintisiete (27) de junio de mil novecientos noventa y ocho (1998), que por el artículo primero de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.

ART. 3º—La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.

Dada en Bogotá, D.C., a ...

Presentado al honorable Congreso de la República por los suscritos, Ministro de Relaciones Exteriores y Ministro de Justicia y del Derecho.

El Ministro de Relaciones Exteriores

Guillermo Fernández de Soto

Ministro de Justicia y del Derecho,

Rómulo González Trujillo 

Exposición de motivos

Honorables senadores y representantes:

El Gobierno Nacional, con base en lo dispuesto en los artículos 150 numerales 16, 189 numeral 2º de la Constitución Política de Colombia, somete a consideración del honorable Congreso de la República, el Proyecto de Ley por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la República Dominicana sobre asistencia mutua en materia penal”, hecho en Santo Domingo, República Dominicana, el veintisiete (27) de junio de mil novecientos noventa y ocho (1998).

Presentación

En virtud de las nuevas realidades de la política internacional, y reconociendo que la lucha contra la delincuencia transnacional es una responsabilidad compartida de la comunidad internacional, el Gobierno Nacional ha puesto en marcha la búsqueda del fortalecimiento de los mecanismos de cooperación judicial y asistencia mutua, para evitar el incremento de las actividades delictivas; política esta encaminada a la consolidación de un canal de comunicación ágil, así como de herramientas dinámicas que permitan adelantar acciones conjuntas de control y represión de las actividades delictivas entre los Estados de América Latina y el Caribe.

Para contribuir a la realidad de estos objetivos, se debe fortalecer la cooperación bilateral entre Colombia y la República Dominicana, mediante un nuevo marco jurídico que impulse la valiosa relación en materia penal de los dos países.

Texto del acuerdo

Antecedentes del acuerdo

El acuerdo al establecer los mecanismos de cooperación en materia penal entre los dos países, lo hace sobre el respeto de los principios de soberanía, autonomía y no intervención entre los Estados, garantizando los derechos fundamentales y procesales de los ciudadanos de ambas naciones, en claro acatamiento a la norma fundamental del artículo 9º de nuestra Constitución que, además, preceptúa la obligatoriedad de orientar la política exterior hacia una integración cada vez mayor con los demás Estados de América Latina y del Caribe.

En la actualidad, la cooperación judicial en materia penal con República Dominicana se da a través de dos vías: exhortos y cartas rogatorias, de conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Penal y mediante los mecanismos previstos en la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, adoptada en Viena en 1988, y en vigor en Colombia desde 1994, habiendo sido aprobada por la Ley 67 de 1993.

El primero de los mecanismos citados requiere numerosos trámites que hacen engorrosa su aplicación en perjuicio de las investigaciones que, sobre todo en materia penal, requieren de acciones rápidas para su efectividad. En cuanto a los mecanismos previstos en la citada Convención de Viena de 1988, son mucho más ágiles, pero solo se aplican en relación con el tráfico de estupefacientes, dejando por fuera los demás ilícitos, por lo que se hace necesaria la implementación de acuerdos como el instrumento en estudio.

Con la suscripción de instrumentos como el presente, se afianza la colaboración armónica entre los diferentes órganos del Estado, como lo ordena el inciso final del artículo 113 de la Constitución ya que el ejecutivo, quien por mandato del mismo ordenamiento maneja las relaciones internacionales (art. 189, num. 2º), pretende que las autoridades, en especial las judiciales, puedan, con la utilización de tales convenios, realizar en forma más eficaz su labor, y para este caso en particular, en lo que a prevención del delito se refiere.

Articulado del acuerdo

El presente instrumento consta de un preámbulo y diecisiete artículos. En el preámbulo se consagran los principios orientadores del acuerdo. Los diecisiete artículos respectivamente son: Ámbito de aplicación, definiciones, autoridades centrales y competentes, contenido de los requerimientos, ejecución de los requerimientos, denegación de asistencia, reserva y limitación al uso de pruebas e información, información y pruebas, medidas provisionales, ejecución de orden de decomiso o confiscación, intereses sobre los bienes, responsabilidad por daños, gastos, autenticación, solución de controversias, compatibilidad con otros tratados, acuerdos u otras formas de cooperación y disposiciones finales.

Específicamente, el acuerdo planea adelantar acciones conjuntas de prevención, control y represión del delito en todas sus formas, a través de acciones que agilicen los mecanismos tradicionales de asistencia judicial y con ello ayudar al éxito de la investigación de procesos penales y el juzgamiento de los responsables.

Este acuerdo estimula la implementación de medidas idóneas para que, en concordancia con el ordenamiento jurídico interno de las partes, sea posible hacer el seguimiento de los autores y cómplices, así como el intercambio de informaciones y pruebas.

Es de anotar que este acuerdo no se aplicará a las contravenciones, a la extradición ni a la ejecución de sentencias penales, incluido el traslado de personas condenadas.

Finalmente, en los aspectos relativos a solución de controversias, entrada en vigor y prórrogas, el acuerdo se ajusta a las prácticas y normas del derecho internacional consagradas en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados y en otros instrumentos internacionales.

De esta forma, honorables congresistas, quedan expuestos los parámetros que hicieron posible la negociación del convenio puesto a su consideración.

De los honorables senadores y representantes,

El Ministro de Relaciones Exteriores

Guillermo Fernández de Soto

Ministro de Justicia y del Derecho,

Rómulo González Trujillo 

LEY NÚMERO 424 DE 1998

(enero 13)

por la cual se ordena el seguimiento a los convenios internacionales suscritos por Colombia.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

ART. 1º—El Gobierno Nacional a través de la Cancillería presentará anualmente a las Comisiones Segundas de Relaciones Exteriores de Senado y Cámara, y dentro de los primeros treinta días calendario posteriores al período legislativo que se inicia cada 20 de julio, un informe pormenorizado acerca de cómo se están cumpliendo y desarrollando los convenios internacionales vigentes suscritos por Colombia con otros Estados.

ART. 2º—Cada dependencia del Gobierno Nacional encargada de ejecutar los Tratados Internacionales de su competencia y requerir la reciprocidad en los mismos, trasladará la información pertinente al Ministerio de Relaciones Exteriores y este, a las comisiones segundas.

ART. 3º—El texto completo de la presente ley se incorporará como anexo a todos y cada uno de los convenios internacionales que el Ministerio de Relaciones Exteriores presente a consideración del Congreso.

ART. 4º—La presente ley rige a partir de su promulgación.

El Presidente del honorable Senado de la República.

Amílkar Acosta Medina

El Secretario General del honorable Senado de la República,

Pedro Pumarejo Vega

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

Carlos Ardila Ballesteros

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

Diego Vivas Tafur

República de Colombia - Gobierno Nacional.

Publíquese y ejecútese.

Dada en Santafé de Bogotá, D.C., a 13 de enero de 1998.

Ernesto Samper Pizano

La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Emma Mejía Vélez

Rama Ejecutiva del Poder Público

Presidencia de la República 

Santa Fe de Bogotá, D. C., 9 de julio de 1999.

Aprobado: Sométase a la consideración del honorable Congreso Nacional para los efectos constitucionales.

(Fdo.) Andrés Pastrana Arango

El Ministro de Relaciones Exteriores (Fdo.),

Guillermo Fernández de Soto

DECRETA:

ART. 1º—Apruébase el Acuerdo entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la República Dominicana sobre asistencia mutua en materia penal, hecho en Santo Domingo, República Dominicana, el veintisiete (27) de junio de mil novecientos noventa y ocho (1998).

ART. 2º—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª de 1944, el Acuerdo entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la República Dominicana sobre asistencia mutua en materia penal, hecho en Santo Domingo, República Dominicana, el veintisiete (27) de junio de mil novecientos noventa y ocho (1998), que por el artículo primero de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.

ART. 3º—La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.

El Presidente del honorable Senado de la República,

Germán Vargas Lleras

El secretario general del honorable Senado de la República,

Emilio Ramón Otero Dajud

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

Alonso Acosta Osio

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

Angelino Lizcano Rivera 

República de Colombia - Gobierno Nacional

Comuníquese y cúmplase.

Ejecútese, previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al artículo 241-10 de la Constitución Política.

Dada en Bogotá, D.C., a 2 de enero de 2004.

Álvaro Uribe Vélez

El Ministro del Interior y de Justicia,

Sabas Pretelt de la Vega

El Viceministro de Asuntos Políticos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores, encargado de las funciones del despacho de la Ministra de Relaciones Exteriores,

Jaime Girón Duarte

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