LEY 949 DE 2005 

(Marzo 17)

“Por la cual se dictan normas para el ejercicio de la profesión de terapia ocupacional en Colombia, y se establece el código de ética profesional y el régimen disciplinario correspondiente”.

El Congreso de Colombia,

DECRETA:

TÍTULO I

Disposiciones generales

CAPÍTULO I

Definición

ART. 1º—Definición. La terapia ocupacional es una profesión liberal de formación universitaria que aplica sus conocimientos en el campo de la seguridad social y la educación y cuyo objetivo es el estudio de la naturaleza del desempeño ocupacional de las personas y las comunidades, la promoción de estilos de vida saludables y la prevención, tratamiento y rehabilitación de personas con discapacidades y limitaciones, utilizando procedimientos de acción que comprometen el autocuidado, el juego, el esparcimiento, la escolaridad y el trabajo como áreas esenciales de su ejercicio.

TÍTULO II

Práctica profesional

CAPÍTULO I

De la profesión

ART. 2º—El profesional en terapia ocupacional identifica, analiza, evalúa, interpreta, diagnostica, conceptúa e interviene sobre la naturaleza y las necesidades ocupacionales de individuos y grupos poblacionales de todas las edades en sus aspectos funcionales, de riesgo y disfuncionales.

ART. 3º—El terapeuta ocupacional, dentro del marco de su perfil profesional está en capacidad de utilizar la metodología científica en la solución de problemas relacionados con los siguientes campos:

1. En el ámbito de la seguridad social, lidera la construcción y ejecución de planes y proyectos de aporte a sus fines, promoviendo competencias ocupacionales en los campos en los cuales aquella se desarrolle en función del desempeño ocupacional.

2. En el sector de la salud, está caracterizado esencialmente por su desempeño en disfunciones físicas, sensoriales y mentales, a través del manejo de habilidades sensoriomotoras, cognoscitivas y socioemocionales en los niveles de promoción, prevención y rehabilitación cuando el desempeño ocupacional está sometido a riesgo o se encuentra alterado, buscando así proporcionar una mejor calidad de vida.

3. En el sector de la educación tiene competencia para organizar y prestar servicios a la comunidad educativa y a la población con necesidades educativas especiales, temporales o permanentes, mediante la atención y el desarrollo de programas de promoción, prevención, nivelación y remediación de los desempeños ocupacionales relacionados con el juego, el deporte, el autocuidado y la actividad académica. Involucra procesos de orientación e inclusión escolar, asesorías y consultorías.

Dada su competencia profesional podrá desempeñarse como docente en instituciones de educación superior que formen terapeutas ocupacionales, cumpliendo las funciones que le asigne el estatuto profesoral correspondiente, así como otras normas vigentes sobre la materia.

4. En el sector del trabajo, incursiona en forma planeada y coordinada, identificando características, exigencias y requerimientos en el ejercicio de sus funciones, relacionadas con las habilidades y destrezas de las personas, buscando su desempeño productivo y competente mediante acciones tales como promoción ocupacional, prevención de riesgos ocupacionales, formación profesional, así como la rehabilitación profesional. Igualmente, participa en el análisis de puestos de trabajo y en los procesos de calificación de invalidez y atención de la discapacidad dentro de un programa de salud ocupacional que se oriente a la equivalencia de oportunidades.

5. En el sector de la justicia, podrá trabajar en programas de rehabilitación y resocialización de poblaciones vulnerables, cualificando el desempeño ocupacional y facilitando la participación, movilización y organización social, a fin de promover conductas adaptativas y participativas de las personas comprometidas. Dada su competencia profesional está capacitado para emitir dictámenes periciales cuando quiera que le sean solicitados dentro del orden jurisdiccional.

6. En el desempeño de funciones administrativas podrá, entre otras actividades, organizar, planear, dirigir, controlar y evaluar servicios, programas o proyectos dentro del área de su competencia profesional en aspectos relacionados con personal, disponibilidades técnicas, equipos y presupuestos, así como con el desarrollo de las actividades administrativas propias del cargo que desempeñe.

7. La actividad investigativa está orientada hacia la búsqueda, renovación y desarrollo del conocimiento científico aplicable dentro del campo de sus actividades, para el estudio de problemáticas y planteamiento de soluciones que beneficien a la profesión, al individuo y a la comunidad en general.

CAPÍTULO II

De las relaciones del terapeuta ocupacional con los pacientes y otros usuarios de sus servicios

ART. 4º—Los terapeutas ocupacionales podrán prestar sus servicios profesionales tanto a individuos como grupos sanos o enfermos y sus acciones procederán en los siguientes casos:

a) Por solicitud de persona natural o consultante primario;

b) Por solicitud de una persona jurídica pública o privada;

c) Por solicitud de una persona natural constituida como empresa;

d) Por remisión de otro profesional;

e) En desarrollo de la función pericial.

En ejercicio de su actividad profesional, procede la atención domiciliaria. Cuando esta ocurra deberán observarse los preceptos de la presente ley.

Cuando se trate de la atención de casos remitidos, procederá de conformidad con lo previsto en el siguiente capítulo de esta ley.

ART. 5º—Cuando un consultante primario o directo se encuentre afectado por una patología que requiera algún tipo de tratamiento a juicio del terapeuta ocupacional, sin perjuicio que el usuario del servicio sea evaluado, debidamente diagnosticado e iniciada la terapia ocupacional, este deberá ser remitido al profesional competente para que realice el diagnóstico correspondiente al caso indicando las consideraciones respecto a su enfermedad y se adopte el tratamiento consiguiente.

PAR. 1º—En la nota de referencia del usuario al otro profesional deberá indicarse las consideraciones que el paciente haga con respecto a su enfermedad, así como las observaciones del terapeuta ocupacional.

PAR. 2º—El terapeuta ocupacional se abstendrá de prestar sus servicios a los usuarios que por su condición de enfermos requieran previo tratamiento médico para evitar riesgos innecesarios.

ART. 6º—El diagnóstico y los conceptos de terapia ocupacional requieren siempre una previa evaluación específica a los usuarios de los servicios, contextualizada dentro de un marco general acorde con los principios y demás ordenamientos previstos en la presente ley.

PAR.—Para el adecuado ejercicio de sus actividades los terapeutas ocupacionales podrán solicitar los exámenes o evaluaciones de apoyo que consideren necesarios o convenientes para su práctica profesional.

ART. 7º—El terapeuta ocupacional dedicará a los usuarios de sus servicios el tiempo necesario para hacer un diagnóstico o emitir un concepto adecuado de sus condiciones desde el punto de vista ocupacional e, igualmente, para determinar el plan de acción requerido.

El plan de acción que proceda a partir de un diagnóstico ocupacional dado, comporta el planeamiento claro, específico, racional y determinado en el tiempo, necesario para su desarrollo.

Los planes de acción mediante los cuales se desarrollen las actividades de los terapeutas ocupacionales deben constar en un documento o informe que refleje la secuencia del trabajo realizado.

ART. 8º—Cuando por cualquier causa la actividad profesional que desarrolle un terapeuta ocupacional deba ser continuada por otro colega, el primero está obligado a entregar a este copia del documento o informe a que se refiere el artículo anterior.

ART. 9º—Por razones de previsión de riesgos de los usuarios de los servicios, para el desarrollo de sus actividades, los terapeutas ocupacionales tienen la obligación de solicitar las historias clínicas y demás registros que estimen necesarios.

Los documentos informativos en los cuales se registren las acciones secuenciales desarrolladas durante el trabajo profesional, deberán conservarse por parte de quien lo realice, en archivo activo durante, por lo menos, tres (3) años y en archivo pasivo durante cinco (5) años.

ART. 10.—Los usuarios de los servicios podrán elegir libremente al terapeuta ocupacional de quien solicite su atención profesional.

PAR.—En el trabajo institucional, el derecho de libre elección consagrado en este artículo estará sujeto a las posibilidades existentes en cada entidad.

ART. 11.—Los usuarios podrán con plena libertad y en cualquier momento, prescindir de los servicios que les esté prestando un terapeuta ocupacional, estando obligados a cancelar la totalidad de los honorarios pendientes de pago.

ART. 12.—Los terapeutas ocupacionales podrán excusarse de prestar sus servicios o interrumpir su prestación a un usuario, en todos aquellos casos en que se presenten las siguientes situaciones:

a) Cuando a su juicio el interesado en los servicios o el usuario, reciba la atención de otro profesional o persona que interfiera con la suya;

b) Cuando los usuarios incumplan total o parcialmente las indicaciones o instrucciones impartidas o retarden su observancia injustificadamente;

c) Cuando, por cualquier causa, se hayan deteriorado las relaciones con el usuario de los servicios;

d) Cuando se establezcan condicionamientos injustificados o se pretenda limitar la autonomía profesional.

PAR.—De las causales justificativas de la excusa a que se refiere el presente artículo se deberá dejar constancia en el documento informativo previsto en la presente ley.

ART. 13.—Cuando en desarrollo de sus actividades el terapeuta ocupacional solo pueda ofrecer a los usuarios de los servicios recursos paliativos, deberá hacérselo saber a estos o a sus responsables y dejar constancia en el respectivo documento informativo.

Cuando los usuarios de los servicios reciban la atención de un terapeuta ocupacional, habiendo perdido ya aquellos su capacidad para ver, oír, sentir o reaccionar frente al dolor o se encuentren impedidos o limitados para manifestarlo, los procedimientos que se adopten deberán prever medidas y hacer recomendaciones escritas a fin de asegurar el cuidado de los pacientes.

ART. 14.—Las medidas y recomendaciones que adopten los terapeutas ocupacionales en desarrollo de sus actividades profesionales, identifican obligaciones de medio por tanto, los resultados, estarán sujetos a la atención que preste el paciente al tratamiento y la natural evolución de la enfermedad, sin desmedro de los esfuerzos científicos y terapéuticos y dedicación a que se obliga el tratante.

ART. 15.—Los terapeutas ocupacionales en ningún caso podrán, para la atención de los usuarios, utilizar procedimientos experimentales que puedan afectar la vida o la integridad de la persona.

Cuando un procedimiento comporte riesgos para los usuarios de los servicios de terapia ocupacional, los profesionales a cargo deberán advertir de su existencia, a fin de prevenir, dentro de lo posible, el surgimiento de efectos dañosos. Igualmente, advertirán sobre la existencia de riesgos imprevisibles.

ART. 16.—El terapeuta ocupacional no será responsable por reacciones adversas, inmediatas o tardías de imposible o difícil previsión, producidas por efecto de los procedimientos que aplique en ejercicio de sus actividades profesionales. Tampoco será responsable de los efectos adversos no atribuibles a su culpa, originados en un riesgo previsto cuya contingencia acepte el usuario de los servicios, por ser de posible ocurrencia en desarrollo del procedimiento que se adopte, previo consentimiento de este.

CAPÍTULO III

De las relaciones del terapeuta ocupacional con sus colegas y otros profesionales

ART. 17.—En desarrollo de la interrelación entre el terapeuta ocupacional y cualesquiera otros profesionales, la lealtad y el respeto se imponen como elementos de primordial importancia para un armonioso ejercicio de la práctica profesional.

ART. 18.—La preparación académica de nivel universitario básico y/o especializado confiere al terapeuta ocupacional la autonomía e independencia consecuentes para el apropiado ejercicio de su actividad profesional.

ART. 19.—El terapeuta ocupacional asume una responsabilidad y competencia plena y total en todos aquellos casos en los cuales, para su actividad profesional, la relación con los usuarios de los servicios se establezca mediante una remisión previa.

Cuando quiera que la actividad profesional del terapeuta ocupacional proceda en desarrollo de una interconsulta, a este corresponde estudiar la problemática que le plantea el interconsultante a fin de hacerle llegar oportunamente el concepto consiguiente.

Tanto en los casos en que la actividad profesional del terapeuta ocupacional proceda previa remisión o atención directa del paciente, este podrá formular las interconsultas adicionales que estime convenientes o necesarias para apoyar su concepto.

PAR.—El concepto emitido por un terapeuta ocupacional en una interconsulta, no obliga al profesional tratante. Sin embargo, si este, con base en el concepto emitido, prescribe procedimientos o tratamientos, aquel no será responsable de los resultados que de allí se deriven.

ART. 20.—La responsabilidad del terapeuta ocupacional en su ejercicio profesional comporta la obligación a que solicite, por escrito, al profesional remitente o al interconsultante, el informativo del caso o los registros clínicos correspondientes.

ART. 21.—En todos aquellos casos en los cuales el terapeuta ocupacional remita un usuario de sus servicios a otro profesional para tratamiento previo necesario, al término del cual sea procedente la actividad profesional de aquel, es pertinente hacer la remisión en forma condicionada a fin de no perder la competencia con respecto al usuario.

ART. 22.—El terapeuta ocupacional podrá autónomamente prescribir, diseñar, elaborar o adaptar las ayudas técnicas que requieran los usuarios de los servicios para su adecuada prestación.

La valoración, diagnóstico o plan de acción frente a casos o situaciones que involucren a los usuarios de los servicios no podrá ser delegada por parte del terapeuta ocupacional en gestores de otros niveles de formación tales como técnicos, tecnólogos u otras personas no competentes de acuerdo con la presente ley.

ART. 23.—Cuando el terapeuta ocupacional no esté de acuerdo con los lineamientos señalados para la atención del caso de un usuario remitido por otro profesional, es su deber informar al remitente en forma prudente y documentada sobre su concepto profesional previo.

ART. 24.—Las diferencias científico-técnicas entre terapeutas ocupacionales con respecto a un caso o situación en estudio, no deberán transmitirse a los usuarios de los servicios ni a ninguna otra persona a título de desaprobación o desautorización, sino como un concepto u opinión diferente.

ART. 25.—Se considera falta grave, contra la ética profesional, el otorgamiento de participaciones económicas o de otro orden por la remisión de usuarios para su atención en el campo de la terapia ocupacional.

ART. 26.—Cuando se desarrollen actividades multidisciplinarias de las cuales forme parte el terapeuta ocupacional, podrá expresar sus opiniones y conceptos solo cuando tenga suficiente fundamentación sobre el tema en discusión.

CAPÍTULO IV

De las relaciones del terapeuta ocupacional con las instituciones, la sociedad y el Estado

ART. 27.—El terapeuta ocupacional podrá prestar sus servicios a una empresa pública o privada siempre que el reglamento de trabajo no sea contrario a la Constitución, la ley y el reglamento que rige su profesión.

ART. 28.—El terapeuta ocupacional que labore como dependiente de una entidad pública o privada, no podrá recibir por la actividad profesional que en ella presta, remuneración distinta de su propio salario u honorarios y, por lo mismo, le está prohibido programar en su consultorio privado o en otra parte, la continuación de los tratamientos que institucionalmente realiza, así como inducir al usuario a que acepte dicha práctica. Por consiguiente, en ningún caso podrá establecer retribuciones complementarias de su labor. Lo anterior no impide que el terapeuta ocupacional, en el tiempo no comprometido institucionalmente, pueda ejercer libremente su profesión.

ART. 29.—Los terapeutas ocupacionales que laboren en una entidad privada podrán acceder a los cargos de dirección o coordinación vacantes, de conformidad con los procedimientos fijados por estas. Cuando se trate de entidades estatales, se procederá según lo establecido en la carrera administrativa, siempre que el cargo vacante pertenezca a ella.

ART. 30.—Sin excepción, las instituciones públicas, entidades privadas y personas naturales que presten servicios profesionales de terapia ocupacional, de cualquier índole, para funcionar, deberán contar con los respectivos manuales de funciones, procedimientos y responsabilidades y demás requisitos dispuestos en la ley y el reglamento expedido por el Ministerio de la Protección Social o quien haga sus veces. Los profesionales del área o los usuarios de los servicios, deberán informar del incumplimiento a lo dispuesto, para la aplicación de las sanciones correspondientes. A partir de la promulgación de la presente ley y, antes del año, las personas naturales y jurídicas aludidas, deberán cumplir con lo aquí dispuesto.

ART. 31.—En los casos en que la institución a la cual el terapeuta ocupacional presta sus servicios, adolezca de los recursos humanos o físicos indispensables y demás requisitos exigidos para realizar un adecuado ejercicio profesional, los terapeutas ocupacionales, para no incurrir en negligencia en el cumplimiento de sus deberes, tienen la obligación de informar sobre el particular a la dirección de la respectiva entidad o a la autoridad correspondiente.

ART. 32.—Cualquier trabajador o grupo al servicio de una empresa puede, con plena libertad, solicitar la evaluación ocupacional de las condiciones en que realizan sus labores. La atención de estas solicitudes constituye una obligación para las empresas y su incumplimiento será sancionado de conformidad con los procedimientos establecidos en las disposiciones legales o dispuestos por el Ministerio de la Protección Social.

ART. 33.—Con el fin de que la prestación de los servicios institucionales en ningún caso se vea afectada, los programas de capacitación, actualización o especialización, cuando sean procedentes, deberán concertarse entre los terapeutas ocupacionales y las entidades a las cuales prestan sus servicios.

ART. 34.—La formación en materia de ética profesional y la enseñanza de los fundamentos jurídicos sobre responsabilidad legal del terapeuta ocupacional es obligatoria en todas las facultades de terapia ocupacional.

ART. 35.—Para ejercer la profesión de terapeuta ocupacional se requiere: haber obtenido el título de terapia ocupacional en una institución universitaria colombiana debidamente autorizada o en la de otros países con las que el gobierno colombiano tenga convenios de reconocimiento de títulos o que, no teniendo convenios, hayan convalidado sus títulos en el país y, además, tener vigente la tarjeta profesional que le garantiza el ejercicio libre y legítimo de la profesión.

ART. 36.—Se considera falta grave contra la ética profesional, sin perjuicio de las sanciones administrativas, laborales, civiles o penales a que haya lugar, la presentación, por parte de un terapeuta ocupacional, de documentos alterados o falsificados, así como la utilización de recursos irregulares para acreditar estudios en el campo de la terapia ocupacional.

En los casos en que se tenga conocimiento de la utilización de una tarjeta profesional no expedida de conformidad a la ley, el hecho se pondrá en conocimiento de la justicia penal con objeto de que se investigue el delito que pudiere haberse cometido y se apliquen las sanciones que fueren del caso.

CAPÍTULO V

De los informes y registros de terapia ocupacional y el secreto profesional

ART. 37.—Entiéndese por informe de terapia ocupacional la secuencia ordenada de las funciones, actividades y procedimientos desarrollados por el terapeuta ocupacional en ejercicio de su profesión. De los informes forman parte los registros y estos reflejan el cumplimiento concreto de las actividades.

El informe de terapia ocupacional es de carácter reservado y únicamente puede ser conocido por terceros, ajenos a la atención o el tratamiento, por pedimento de quien solicitó el servicio y cuando medie autorización del usuario o de sus familiares responsables y en los casos previstos por la ley.

El texto del informe de terapia ocupacional deberá ser claro, preciso y ceñido estrictamente a la verdad. En él se indicarán los fines para los cuales ha sido solicitado o está destinado.

ART. 38.—Los registros de terapia ocupacional diligenciados en desarrollo de asistencia profesional sin compromiso patológico no están sometidos a reserva legal, pero los responsables de la custodia de los mismos deberán tomar las medidas necesarias para evitar su extravío y su divulgación injustificada.

ART. 39.—Los informes de terapia ocupacional deberán contener, por lo menos, los siguientes datos:

a) Lugar y fecha de expedición;

b) Persona o entidad que solicita el informe;

c) Persona o entidad a quien está dirigido el informe;

d) Objeto o fines del informe;

e) Nombre e identificación del usuario o usuarios de los servicios;

f) Ocupación laboral o habitual del usuario de los servicios;

g) Edad de la persona o personas a quienes se refiere el informe;

h) Descripción de los servicios prestados con indicación clara de los procedimientos o tareas realizados;

i) Concepto profesional;

j) Nombre y firma del terapeuta ocupacional;

k) Número de la cédula y de la tarjeta profesional del terapeuta ocupacional.

PAR.—La expedición de informes contrarios a la verdad constituye falta grave desde el punto de vista ético, sin perjuicio de otras acciones legales a que haya lugar.

ART. 40.—El terapeuta ocupacional está obligado a guardar el secreto profesional con respecto a todo cuanto haya visto, oído, entendido, o realizado en función de los servicios profesionales que presta a un usuario.

El secreto profesional podrá ser revelado por solicitud escrita del usuario; de los padres, si es menor de edad o posee diagnóstico clínico de incapacidad manifiesta. En caso de exigencia judicial prevalecerá el secreto profesional.

ART. 41.—Cuando al usuario de los servicios de terapia ocupacional le haya sido abierta historia clínica en algún centro de carácter asistencial público o privado o en un consultorio de carácter particular, del contenido del informe deberá formar parte la indicación del lugar en donde se encuentra dicha historia clínica, con objeto de que a ella pueda remitirse cualquier informe.

CAPÍTULO VI

De la publicidad profesional y la propiedad intelectual

ART. 42.—Los terapeutas ocupacionales podrán utilizar métodos o medios publicitarios para anunciar sus servicios, siempre y cuando procedan con lealtad, objetividad y veracidad en relación con sus títulos, especialidades, experiencia y campo de acción de su competencia profesional.

PAR. 1º—De los anuncios profesionales podrán formar parte los estudios de postgrado cuando quiera que sean realizados en instituciones académicas cuyo funcionamiento esté aprobado oficialmente por el Estado.

PAR. 2º—Mientras los conceptos que emita el terapeuta ocupacional estén estrictamente ajustados a la verdad científica o técnica, podrá con ellos respaldar campañas de carácter publicitario de productos o servicios y recibir retribución económica por su participación.

ART. 43.—El terapeuta ocupacional tiene el derecho de propiedad intelectual sobre los trabajos y las investigaciones que realice con fundamento en sus conocimientos intelectuales, así como sobre cualesquier otros documentos que reflejen su criterio personal o pensamiento científico y técnico, sin que por ello se desvirtúe el derecho de uso que para fines asistenciales tienen los usuarios de los servicios.

ART. 44.—Cuando quiera que los informes y registros de terapia ocupacional sean utilizados como material de apoyo para fundamentar trabajos científicos y técnicos, deberá mantenerse la reserva del nombre de los usuarios de los servicios.

TÍTULO III

Del Colegio Nacional de Terapia Ocupacional, el Consejo Nacional de Terapia Ocupacional y el régimen disciplinario

CAPÍTULO I

Del Colegio Nacional de Terapia Ocupacional

ART. 45.—El Colegio Nacional de Terapia Ocupacional está debidamente autorizado para la expedición de certificado de honestidad, pulcritud e idoneidad del profesional de terapia ocupacional, con fundamento a la presente ley y al código de ética.

ART. 46.—El código de ética, es un código público, positivo y explícito que tipifica con precisión las conductas que son consideradas como causa de una sanción, la gradualidad de la sanción, el procedimiento a seguir para su aplicación, con garantías del debido proceso y la autoridad competente para aplicarla con fundamento al respeto de los principios de presunción de la inocencia, favorabilidad y exclusión de la analogía.

CAPÍTULO II

Del proceso disciplinario

ART. 47.—El proceso disciplinario ético profesional será instaurado:

a) De oficio, cuando por conocimiento de cualesquiera de los miembros del tribunal disciplinario se consideren violadas las normas de la presente ley;

b) Por solicitud de una entidad pública o privada o de cualquier persona.

Una vez aceptada la denuncia, el presidente del tribunal disciplinario designará a uno de sus miembros para que instruya el proceso disciplinario y presente sus conclusiones dentro de un término no superior a treinta (30) días hábiles.

PAR.—Los denunciantes tienen la obligación de ratificar formalmente su denuncia ante el funcionario instructor, so pena de que se archive el expediente cuando no haya lugar a investigación de oficio.

ART. 48.—Si en concepto del presidente del tribunal o del profesional instructor, el contenido de la denuncia permite establecer la presunción de violación de normas de carácter penal, con la instrucción del proceso disciplinario los hechos se pondrán en conocimiento de la autoridad competente.

Para la instrucción de los procesos, los tribunales disciplinarios contarán con un secretario y tendrán la asesoría jurídica necesaria para la atención de los casos.

ART. 49.—Cuando la naturaleza del asunto así lo exija, el instructor podrá solicitar al tribunal disciplinario la ampliación del término señalado para presentar el informe de conclusiones. En tales casos la prórroga que se conceda no podrá exceder de treinta (30) días hábiles.

ART. 50.—Presentado el informe de conclusiones, el tribunal disciplinario en pleno se ocupará de su conocimiento dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a su fecha de presentación y podrá, si lo considera conveniente, solicitar la ampliación del informativo señalando un término para los efectos, el cual en ningún caso podrá ser superior a treinta días hábiles.

ART. 51.—Estudiado y evaluado por el tribunal disciplinario el informe de conclusiones se tomará cualquiera de las siguientes decisiones:

a) Declarar que no existe mérito para formular cargos por violación en la ética en terapia ocupacional, en contra del profesional acusado;

b) Declarar que existe mérito para formular cargos por violación de la ética en terapia ocupacional, caso en el cual, por escrito, se le hará saber así al profesional inculpado, señalando claramente los actos que se le imputan y las disposiciones de esta ley presuntamente violadas. En la comunicación en que se precisen los cargos se fijará fecha y hora para que el tribunal disciplinario en pleno escuche al profesional inculpado en diligencia de descargos.

ART. 52.—Practicada la diligencia de descargos, el tribunal disciplinario podrá solicitar la ampliación del informativo, fijando para ello un término que no podrá ser superior a treinta (30) días hábiles, o pronunciarse de fondo, dentro del mismo término, en sesión distinta a la realizada para escuchar los descargos.

ART. 53.—Los profesionales procesados disciplinariamente podrán, si lo consideran conveniente para su defensa, asesorarse de abogados titulados.

Cuando el profesional inculpado no comparezca al proceso, el profesional instructor le designará un defensor de oficio y con este se continuará el trámite del proceso ético disciplinario.

ART. 54.—En lo no previsto en la presente ley desde el punto de vista procesal, se aplicarán las normas pertinentes del Código de Procedimiento Penal y en defecto, las del Código de Procedimiento Civil.

CAPÍTULO III

De las sanciones

ART. 55.—A juicio del tribunal disciplinario, las faltas contra la ética en terapia ocupacional, de acuerdo con su gravedad o con la reincidencia en ellas, serán materia de imposición de las siguientes sanciones:

a) Amonestación privada;

b) Censura pública;

c) Suspensión en el ejercicio de la terapia ocupacional hasta por seis (6) meses;

d) Suspensión en el ejercicio de la terapia ocupacional hasta por cinco (5) años.

ART. 56.—La sanción consistente en la suspensión en el ejercicio de la terapia ocupacional hasta por cinco (5) años es privativa del tribunal disciplinario nacional. Las demás sanciones serán competencia de los tribunales disciplinarios seccionales cuando existieren; en caso contrario, las impondrá el tribunal disciplinario nacional.

ART. 57.—Cuando un tribunal disciplinario seccional considere que hay lugar para aplicar la sanción a que se refiere el literal d) del artículo 65 de la presente ley, dará traslado del informativo al tribunal disciplinario nacional dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha del pronunciamiento de fondo.

ART. 58.—Cuando el tribunal disciplinario nacional considere que no hay lugar a la imposición de la sanción a que se refiere el literal d) del artículo 65 referido, devolverá al tribunal disciplinario seccional correspondiente el informativo, para que este aplique la sanción que sea de su competencia.

ART. 59.—De cada una de las decisiones de los tribunales disciplinarios se dejará, por parte de la secretaría, constancia en autos que se incorporarán al informativo y que serán suscritos por el presidente y el secretario del respectivo tribunal disciplinario. Los demás autos serán suscritos por el funcionario instructor y el secretario.

ART. 60.—En contra de las sanciones que impongan los tribunales disciplinarios seccionales, es procedente el recurso de reposición ante el mismo tribunal o, en subsidio, el de apelación ante el tribunal disciplinario nacional dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.

Los recursos de reposición y apelación que se interpongan en contra de cualesquiera de los autos o providencias a que se refiere la presente ley, estarán destinados a que aquellos o estas se aclaren, modifiquen o revoquen.

ART. 61.—Las sanciones que imponga el tribunal disciplinario nacional son susceptibles del recurso de reposición ante el mismo y del de apelación ante el Ministerio de la Protección Social o quien haga sus veces, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.

ART. 62.—Vigencia. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial, la Ley 31 de 1982.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 17 de marzo de 2005.

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