Ley de insolvencia para no comerciantes

Revista Nº 159 Mayo-Jun. 2010

Humberto Aníbal Restrepo Vélez 

Abogado tributarista  

Mediante un ágil procedimiento de conciliación extrajudicial que permite la negociación de deudas, las personas naturales no comerciantes pueden cumplir sus obligaciones pecuniarias pendientes —cualquiera sea su naturaleza— mediante la suscripción de un acuerdo de pago con sus acreedores, e incluso si se trata de entidades oficiales como la DIAN.

Así lo contempla, el régimen de insolvencia económica para personas naturales no comerciantes, creado al amparo de la Ley 1380 del 2010, cuyas disposiciones prevalecen sobre cualquier norma tributaria que le sea contraria, tal y como lo recalcan, los artículos 38 y 41 ibídem.

Para el efecto, es necesario que la persona natural deudora tenga su domicilio en el país y que se encuentre en situación de cesación de pagos, esto es, (i) que haya incumplido el pago de dos (2) o más obligaciones a favor de dos (2) o más acreedores y por más de noventa (90) días, o (ii) que cursen en su contra una o más demandas de ejecución o de jurisdicción coactiva exigiendo el pago de alguna de sus obligaciones, pero, en todo caso, siempre y cuando, el valor porcentual de las obligaciones con cesación de pagos o reclamadas judicial o coactivamente representen no menos del cincuenta por ciento (50%) del pasivo total a cargo del deudor a la fecha de los estados financieros de la solicitud (art. 4º).

Sin embargo, la improvisación no se hizo esperar, y son varios los vacios e imprecisiones que en materia de obligaciones tributarias se derivan de la aplicación de este procedimiento de insolvencia, a saber:

a) Se consagra en términos generales la suspensión del cobro de cualquier tipo de intereses a partir de la fecha de aceptación de la solicitud del trámite de negociación de las deudas (arts. 16 y 24, num. 6º), pero de manera puntual, se exige la liquidación y pago de los intereses de mora sobre obligaciones fiscales administradas por la DIAN, causados desde la fecha de exigibilidad de la obligación y hasta la fecha de presentación de la solicitud del trámite de negociación de deudas, liquidados a la tasa en que se pacte en el acuerdo de pago, y que no puede ser inferior a la tasa efectiva más alta pactada a favor de cualquiera de los otros acreedores, ni inferior al IPC correspondiente a los doce (12) meses inmediatamente anteriores a la fecha en la cual se realicen los respectivos pagos (art. 26).

Nada se dice sobre las obligaciones de carácter tributario administradas por otras entidades distintas de la DIAN.

b) No está claro, si la previsión sobre el no cobro de los intereses de mora causados entre la fecha de aceptación de la solicitud del trámite de negociación de deudas y la suscripción del acuerdo de pago (art. 24, num. 6º), aplica también a las obligaciones tributarias insolutas objeto del trámite de insolvencia.

c) En relación con la suspensión de las acciones de cobro adelantadas por parte del acreedor como consecuencia de la aceptación de la solicitud del trámite, se limita la disposición a las acciones civiles ejecutivas y a los procesos por jurisdicción coactiva (art. 16), dejando de lado los procedimientos administrativos de cobro coactivo que adelantan directamente las entidades del sector público —incluyendo la DIAN—, para obtener el pago forzado de las obligaciones fiscales a su favor, a tal punto, que solo se regula el procedimiento a seguir ante los jueces que conozcan de los procesos respectivos, adicionando incluso, el artículo 519 del Código de Procedimiento Civil. Y que decir de la interrupción del término de prescripción de la obligación, que opera a partir de la aceptación del trámite de negociación de deudas y hasta la celebración del acuerdo de pago o el transcurso del término previsto para llevar a cabo la negociación (art. 24, num. 5º), confundiendo, no solo, las repercusiones jurídicas del fenómeno de la interrupción con las de la suspensión, sino limitando, sus efectos hasta la firma del acuerdo de pago, descartando las consecuencias que podría acarrear un eventual incumplimiento del mismo.

d) Resulta desafortunada, la referencia que al impuesto de timbre se hace, para tener el acuerdo de pago como un acto sin cuantía, o considerar exentos los títulos valores que instrumenten las obligaciones derivadas del acuerdo de pago (art. 25), si se tiene en cuenta, que desde la expedición de la Ley 1111 del 2006, estaba prevista la reducción a cero por ciento (0%) de la tarifa de este impuesto a partir del año 2010.

Son evidentes las inconsistencias que presenta la ley, aunado al hecho de que las escasas prerrogativas que se otorgan para lograr el cumplimiento de obligaciones tributarias, distan mucho de los precisos beneficios fiscales contemplados en el régimen de insolvencia empresarial de que trata la Ley 1116 del 2006, relativos, entre otros, a la devolución de la retención en la fuente, y al no sometimiento al régimen de renta presuntiva.