Límite de la responsabilidad de los actores del sistema general de seguridad social en el pago del auxilio de incapacidad laboral posterior al día 180. Sentencia T-212 de 2010

Revista Nº 161 Sep.-Oct. 2010

Luisa Fernanda Rodríguez R. 

Abogada especializada en derecho laboral 

Hechos que se discuten en la sentencia

El accionante manifiesta a la Corte su condición de enfermedad, en su concepto, como consecuencia de su trabajo por más de 14 años con la misma cooperativa.

Plantea el actor que se encuentra incapacitado, pero que ni su EPS, ni la empresa empleadora han realizado el pago de las incapacidades a pesar de ser expedidas por el médico tratante de la EPS.

Se resalta que la Nueva EPS, entidad aseguradora en salud del accionante le expidió certificación de su incapacidad por enfermedad general.

El actor plantea que la negativa al pago de sus incapacidades es que su caso se encuentra en calificación por parte del Fondo de Pensiones Provenir.

El actor instaura una acción de tutela para obtener la protección de sus derechos fundamentales de petición, al debido proceso, a la seguridad social, vida y salud; y pretende que en consecuencia se ordene a la cooperativa empleadora la cancelación de las incapacidades expedidas por su médico tratante.

La decisión del juez de tutela

El juez de tutela deniega el amparo solicitado por el actor aludiendo principalmente, dos razones: en primer lugar, reconoce que no hay claridad en el responsable del pago de las incapacidades, y en segundo lugar, manifiesta la existencia de otro medio de defensa judicial como es la jurisdicción ordinaria laboral.

Consideraciones de la Corte Constitucional

El problema jurídico que se plantea la Corte para resolver es: ¿la Nueva EPS, Porvenir o Coolitoral están vulnerando derechos fundamentales del actor al dejar de cancelar las incapacidades expedidas por la EPS?

Para llegar a resolver el problema jurídico planteado, la Corte Constitucional, se refiere al marco general de las prestaciones económicas por enfermedad común o accidente común.

Dentro de estas reflexiones plantea que las incapacidades laborales son una prestación propia del sistema general de seguridad social que pretende amparar al trabajador en la ocurrencia de una contingencia en su salud y que el afiliado tiene derecho a percibir un auxilio económico hasta por 180 días, que conforme al artículo 227 del Código Sustantivo del Trabajo estaba a cargo del empleador, los cuales con la entrada en vigencia del sistema general de seguridad social en salud, son asumidos por la EPS respectiva, con excepción de los 3 primeros días que siguen a cargo del empleador.

La Corte señala como una de las obligaciones de la EPS, que con anterioridad al cumplimiento del día 150 de incapacidad, debe conceptuar sobre la posibilidad de rehabilitación del paciente.

Si el concepto favorece la rehabilitación remite el caso al fondo de pensiones correspondiente, quien con el visto bueno de su entidad aseguradora, posterga el trámite de la calificación de pérdida de capacidad laboral hasta por 360 días adicionales a los primeros 180 de incapacidad, pero asume la obligación de continuar pagando el auxilio económico que venía percibiendo el afiliado.

Si el concepto no favorece la rehabilitación, la AFP debe remitir el caso a la junta de calificación de invalidez, quien califica la pérdida de capacidad laboral del afiliado. Cuando la calificación es superior al 50% de la pérdida de capacidad laboral, se habrá cumplido con uno de los requisitos para la obtención de la pensión de invalidez.

Uno de los apartes más importantes de la sentencia señala que es la administradora de fondos de pensiones la responsable de asumir el pago de las incapacidades generadas con posterioridad al día 180, es decir, a partir del día 181, reiterando con esto anteriores pronunciamientos jurisprudenciales como la Sentencia T-920 de 2009 y T-980 de 2008.

Pero la Corte también insiste en la obligación que le cabe a la entidad promotora de salud de brindar acompañamiento y orientación al afiliado en la obtención del pago de las incapacidades generadas desde el día 181, estableciendo como una de las actividades a su cargo la remisión de los documentos al fondo de pensiones, y considera que “no es constitucionalmente admisible que al trabajador incapacitado se le someta a trámites adicionales o a cargas administrativas que no está en la obligación, ni en condiciones de asumir”, tal como lo señaló en la Sentencia T-920 de 2009.

Dentro de la disertación de la Corte frente al caso, recuerda como la misma corporación en diferentes ocasiones ha señalado que el auxilio económico por incapacidad laboral constituye el único ingreso del trabajador y ha considerado esto como una presunción, así las cosas, la jurisprudencia ha determinado la afectación del mínimo vital cuando no se paga dicho auxilio económico (T-311/96, T-789/2005).

El aparte fundamental de esta sentencia consiste en concluir ¿quién es el responsable de la vulneración efectiva de los derechos fundamentales del actor de la tutela? En este sentido, se pronuncia la Corte, señalando la responsabilidad de la Administradora de Fondos de Pensiones Porvenir con base en la jurisprudencia de la Corte y en el artículo 23 del Decreto 2463 de 2001.

La Corte Constitucional resuelve amparar los derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social del actor, concediendo la tutela como mecanismo transitorio ordenando al fondo de pensiones realizar el pago de las incapacidades desde que el empleador cesó los pagos y hasta que quedara en firme la calificación de pérdida de capacidad laboral realizada por la junta de calificación de invalidez y que fue apelada por el actor.

Algunas reflexiones frente a la sentencia

En mi concepto resulta acertada la reflexión jurídica realizada por la Corte que en forma muy detallada analiza la participación de cada uno de los actores del sistema general de seguridad social involucrados en el caso, sus responsabilidades, sus obligaciones y sus derechos.

Como primera conclusión es sumamente importante para clarificar que cuando exista conflicto entre la EPS y la AFP por estas incapacidades posteriores al día 180, no puede responsabilizarse al empleador cuando este ha cumplido cabalmente con sus obligaciones frente al sistema general de seguridad social.

El accionado inicial era el empleador, sin embargo, se demostró en forma abundante la buena fe del empleador que lo llevó hasta asumir una carga económica por más tiempo del que debía sin obtener el reembolso de lo pagado por las entidades de la seguridad social.

Se destaca de igual manera, la actividad de la empresa empleadora dentro del trámite de la acción de tutela, dado que en forma oportuna y efectiva solicita que sean llamados al trámite de la tutela los otros actores del sistema involucrados en el caso, esto es, la EPS y la AFP, lo cual permitió una mayor ilustración del caso y a la postre determinar el límite de la responsabilidad de cada uno de los accionados.

La sentencia recalca la obligación de las entidades de seguridad social de ejecutar las actividades necesarias para la resolución de estas situaciones, y es que en efecto, la ley ha provisto a estas entidades de diferentes mecanismos para que se pueda obtener una solución definitiva y, así dar al afiliado certeza sobre el derecho, en este caso, el pago de una prestación económica.

En el caso que se estudia y conforme a lo planteado en la sentencia el ISS, inicialmente, y la Nueva EPS, posteriormente, no realizó la calificación de la pérdida de capacidad laboral, adicionalmente no remitió en la oportunidad señalada por el Decreto xxx los documentos a la AFP Porvenir y, finalmente, no brindó el apoyo y el acompañamiento que le debe a su afiliado para obtener la resolución de su prestación. En ese sentido, considero que la Nueva EPS debió haber sido conminada al pago de las incapacidades laborales de las que hubieran podido probarse, no se obtuvo su pago de la AFP, por el incumplimiento de sus obligaciones, ya sea con el pago directo al afiliado o con el reembolso de los pagos efectuados por el empleador y que debían ser asumidos por la EPS.

Igualmente, conforme a lo narrado en la sentencia, se evidenció la responsabilidad de la AFP en la vulneración de los derechos fundamentales del actor dada la inactividad de la entidad en efectuar conductas tendientes resolver oportunamente la situación de incertidumbre del actor.

Como se mencionó en la parte resolutiva de la sentencia, que definió el amparo como mecanismo transitorio, y por lo tanto, si bien observó la Corte la vulneración de los derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social, permitió que los actores involucrados debatieran en el marco de la jurisdicción ordinaria las respectivas posturas de defensa y límites de responsabilidad frente a esta prestación económica.