Límites del fuero sindical derivado de las comisiones de reclamos: dos miembros por empresa

Revista Nº 185 Sep.-Oct. 2014

Charles Chapman 

Asesor laboral 

Introducción

Es una práctica generalizada en la que, dentro de una empresa o entidad en la que coexistan sindicatos, se crean múltiples comisiones de reclamos por cada una de las organizaciones existentes para que actúen independientemente en el mismo ámbito, ya sea con el ánimo de generar múltiples fueros sindicales para los miembros de cada una de estas comisiones (abuso del derecho de asociación), con el pretexto del ejercicio de la independencia o autonomía sindical sin atenerse a los límites legales (CST, art. 406, lit. d). Tales prácticas aparte de vulnerar el precepto legal indicado, también quiebran el artículo 39 de la Constitución Política, que dispone que el derecho de asociación debe estar sujeto al orden legal y los principios democráticos y participativos.

Criterio de las altas cortes

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Laboral, ha manifestado de manera uniforme de conformidad con el orden legal existente que:

(i) En una empresa en la que exista más de un sindicato, solamente puede haber una comisión de reclamos elegida democráticamente por dichas organizaciones, por lo cual carecerían de validez las comisiones elegidas unilateralmente por uno o varios sindicatos sin observancia de las reglas democráticas y de participación, y

(ii) Es al trabajador interesado en derivar fuero de una comisión de reclamos, a quien le corresponde probar, que él fue elegido entre todos los sindicatos existentes en la empresa para conformarla, conforme los principios antes mencionados.

En palabras de la Corte: “La norma no ofrece duda en cuanto a que no puede existir en la empresa más de una Comisión Estatutaria de Reclamos... tal comisión debe ser elegida entre las diversas organizaciones” sindicales que coexisten dentro de una empresa para garantizar la efectiva representación de los trabajadores en esta.

Seguidamente, concluye la Corte, que “En tal medida, derivar un fuero del hecho de que el trabajador es miembro de una comisión de reclamos por la mera situación de que en la empresa existe más de una organización sindical que cuenta con su propio comité, es violentar el debido proceso del destinatario de la condena; lo que en verdad corresponde constatar es si el demandante logró probar que tiene el fuero que alega, por pertenecer a la Comisión Estatutaria de Reclamos que haya sido elegida entre los distintos sindicatos como vocera de los derechos e inquietudes de los trabajadores, pero ello es un tema netamente probatorio...”.

Lo anterior, fue sostenido por la Corte en la sentencia de tutela con radicación 36488 del 4 de junio del 2014 (M.P. Gustavo Hernando López Algarra), la cual es objeto de este análisis jurisprudencial, que está expuesto como una reiteración de la sentencia, también de tutela, de fecha 22 de mayo del 2013 (rad. 32474, M.P. Elsy del Pilar Cuello Calderón), en la que dicha corporación enfatizó:

“Es evidente que la argumentación expuesta por el ad quem fue confusa, pues no se sabe de dónde derivó el fuero de Montiel del Río, esto es, si por el hecho de que en verdad solo existiera una sola Comisión Estatutaria de Reclamos, distinta de la convencional, o si eran varias y todas estuvieran amparadas foralmente, como aparece en la última parte atrás transcrita, lo que constituye un evidente defecto sustantivo en la determinación que es el que permite predicar el desafuero en que incurrió.

“Surge claro que la providencia C-201 de 19 de marzo del 2002, estudió la exequibilidad del artículo 406 del Código Sustantivo del Trabajo, expulsó únicamente de este articulado el aparte del literal d) que versa sobre la comisión estatutaria de reclamos y que señalaba que sería designada por la organización sindical que agrupe el mayor número de trabajadores, dejando incólume que ostentaran el fuero sindical dos (2) de los miembros de la comisión estatutaria de reclamos que designen los sindicatos, las federaciones o confederaciones sindicales por el mismo periodo de la junta directiva y por seis (6) meses más, sin que pueda existir en una empresa más de una (1) comisión estatutaria de reclamos...

“(...).

“Dicho precepto no se presta a equivocación, como aquellos en que incurrió el tribunal y que se destacaron, pues advierte sobre la imposibilidad de que en una misma empresa exista más de una comisión estatutaria de reclamos, independientemente de que converjan sindicatos de cualquier estirpe, federaciones o confederaciones, pues a lo que se insta es que aquella comisión sea elegida entre las diversas organizaciones que coexisten, en tanto su labor que es la representación de los intereses de los trabajadores, como contrapeso legítimo, deriva de la necesidad de estos últimos de tener un interlocutor legítimo que permita gestionar los derechos colectivos de los trabajadores”.

Como se infiere de los apartes transcritos, el planteamiento de la Corte Suprema de Justicia, parte de la postura asumida por la Corte Constitucional en la Sentencia C-201 del 19 de marzo del 2002 (M.P. Jaime Araújo Rentería), cuando declaró inexequible lo referente a que la comisión de reclamos sea elegida por la organización sindical mayoritaria, precisando en la sentencia que dicha elección debía ser aprobada por todas las organizaciones sindicales existentes, de acuerdo con los principios democráticos.

Por lo demás, dicha corporación declaró exequible la mayor parte del literal d) del artículo 406 del Código Sustantivo del Trabajo, manteniéndose incólume la previsión según la cual, gozan de la garantía de fuero sindical “Dos (2) de los miembros de la comisión estatutaria de reclamos, que designen los sindicatos, las federaciones o confederaciones sindicales, por el mismo periodo de la junta directiva y por seis (6) meses más, sin que pueda existir en una empresa más de una (1) comisión estatutaria de reclamos”.

En lo que interesa a este artículo, en dicha providencia la Corte Constitucional señaló lo siguiente:

“... el objetivo fundamental de la comisión de reclamos dentro de la organización sindical, cual es el de elevar ante el empleador las respectivas reclamaciones que promuevan tanto los trabajadores individualmente considerados, como el propio sindicato o sindicatos, en caso de que coexistan varios de ellos en una empresa. Por ello, la Corte encuentra razonable que solo una comisión por empresa sea la encargada de llevar a cabo dicha labor de manera unificada, pues se trata de un mismo empleador el depositario de las diversas reclamaciones que puedan presentarse dentro de la empresa, lo cual no significa una restricción ilegítima a los derechos de asociación y libertad sindical. Nótese que el legislador no impone obstáculo alguno al ejercicio de las funciones que ejerce dicha comisión sino, por el contrario, garantiza la protección especial del fuero sindical para dos de sus miembros”.

Nuestro concepto

Compartimos el criterio de las altas cortes, según el cual, para efectos de fuero sindical que surge de la comisión de reclamos, solo podrán gozar de dicha garantía hasta dos trabajadores por empresa, quienes ineludiblemente deberán pertenecer a la comisión que sea elegida democráticamente por todos los sindicatos, no derivándose fuero alguno para aquellas comisiones de reclamos que no son elegidas entre todos los sindicatos que coexisten dentro de la empresa, ni mucho menos para más de dos miembros de la comisión elegida válidamente.

De hecho, esta postura fue la que expusimos en el Compendio teórico práctico del derecho del trabajo (capítulo II de la parte colectiva), cuando sobre el fuero de marras, sostuvimos que:

“Así, cuando en una empresa existan varios sindicatos, estos deben elegir entre todos sus miembros y, en forma democrática, a quienes conformarán la única comisión de reclamos que funcionará al interior de la empresa y de la cual se derivará fuero sindical para dos de ellos. La coexistencia en una misma empresa de múltiples comisiones de reclamo hace sobrevenir su ilegalidad, o por lo menos en lo atinente al fuero sindical que pretenda sustentarse en las mismas”(1).

Atinado resulta también, en la sentencia bajo estudio, que se haya precisado con sana lógica por la Corte Suprema de Justicia, que es al trabajador que alega el fuero sindical, al que le corresponde probar que la Comisión Estatutaria de Reclamos a la que pertenece, fue la elegida democráticamente entre todos los sindicatos existentes en la empresa y que es uno de los dos miembros elegidos para conformar tal comisión.

Aunque parezca una perogrullada, tal acotación es imperiosa principalmente porque conocemos decisiones judiciales que han considerado que a quien le corresponde la carga de la prueba en tales casos es al empleador y, en consecuencia, es a este a quien le corresponde probar el hecho negativo de que ese trabajador no fue escogido conforme los principios democráticos y participativos, tratándose de empresas donde coexisten diferentes sindicatos.

Olvidan los que sostienen esta tesis, en primer lugar, el principio del onus probandi, consagrado en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil (hoy el artículo 165 del Código General del Proceso), según el cual a quien le incumbe probar es a la parte que invoca el supuesto de hecho de la norma. En segundo lugar, olvidan que la elección de la comisión de reclamos es un asunto propio y autónomo de los sindicatos, en los que el empleador no tiene injerencia. De tal suerte que una prueba así exigida resulta diabólica, por lo que ni siquiera en virtud de la carga dinámica de la prueba le debe corresponder al empleador de la comisión de reclamos de la que se pretende derivar el fuero, pues es la elegida en forma democrática por todos los sindicatos.

Llegados a este punto, conviene apuntalar el efecto práctico que para el empleador deviene de estas sentencias, el cual es que solo una comisión de reclamos —la que se elija acorde con los principios democráticos, participativos y pluralistas— es la única legitimada para presentar reclamos en forma válida ante aquel. En ese sentido, las reclamaciones presentadas por comisiones de reclamos que no cumplan con tales requisitos, no son oponibles al empleador, así que éste puede obviarlas, ya que carece de legitimación el órgano que las produjo.

Es indudable e incalculable el aporte que siempre efectúa la Corte Suprema de Justicia en lo que respecta al fuero sindical, aun cuando, para tal propósito, sea necesario utilizar el mecanismo subsidiario de la acción de tutela. En ocasiones, el vacío normativo aunado al hecho de que, por razones de competencia, tales asuntos no son conocidos por dicha corporación, hacen imperiosa la intervención de esta, cumpliéndose así el papel unificador de este cuerpo colegiado en el derecho laboral.

(1) Álvarez Pereira, Carlos y otros. Compendio teórico práctico de derecho del trabajo. Bogotá: Legis, 2012, pág. 689.