Lo que hay que saber del régimen pensional especial de los trabajadores de actividades de alto riesgo

Revista Nº 191 Sep.-Oct. 2015

 

Aalejandra Fernández

Gerente del Área laboral E.Y. 

Trabajadores de actividades de alto riesgo: régimen pensional especial

El artículo 17 de la Ley 797 del 2003 le otorgó facultades extraordinarias al Presidente de la República para expedir o modificar las normas relacionadas con el régimen legal para los trabajadores que laboran en actividades de alto riesgo(1). Así, a partir del 28 de julio del 2003 entró en vigencia el Decreto 2090 del mismo año, el cual definió las actividades de alto riesgo para la salud de los trabajadores y modificó las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que laboran en dichas actividades(2).

El mencionado decreto confirió a los trabajadores de actividades de alto riesgo el derecho de acceder a su pensión a una edad inferior, debido al riesgo al que se ve expuesta su salud y porque los empleadores que ejecutan esta clase de actividades deben realizar una cotización adicional de diez (10) puntos al sistema general de pensiones(3).

De esta manera, los afiliados al régimen deprima media con prestación definida del sistema general de pensiones tienen derecho a la pensión especial de vejez siempre y cuando: 1. Se dediquen en forma permanente al ejercicio de actividades de alto riesgo; 2. Efectúen la cotización especial durante por lo menos setecientas (700) semanas continuas o discontinuas; 3. Hayan cumplido cincuenta y cinco (55)años de edad; y 4. Hayan cotizado el número mínimo de semanas establecido para pensionarse en el sistema general de seguridad social en pensiones(4). Adicionalmente, el decreto otorga la posibilidad de que la edad para el reconocimiento especial de vejez disminuya (1) año por cada (60) semanas de cotización especial, adicionales a las mínimas requeridas en el sistema general de pensiones, sin que dicha edad pueda ser inferior a cincuenta (50) años(5).

Recordemos que las actividades de alto riesgo están definidas como aquellas que generan una disminución de la expectativa de vida saludable de los trabajadores o que implican la necesidad del retiro de sus funciones con ocasión de su trabajo(6). Dentro de las actividades de alto riesgo se encuentran los trabajos de minería en socavones o subterráneos, los trabajos con exposición a altas temperaturas, a radiaciones ionizantes o a sustancias comprobadamente cancerígenas; la actividad de los técnicos aeronáuticos con funciones de controladores de tránsito aéreo en la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil; la actividad de los operadores de extinción de incendios en los cuerpos de bomberos y la actividad del personal dedicado a la custodia y vigilancia de los internos en los centros de reclusión carcelaria en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec(7).

Si bien este régimen especial de pensiones aplicaba hasta el 31 de diciembre de 2014(8), se extendió su vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2024 mediante Decreto 2655 del mismo año(9).

La tendencia: desarrollo jurisprudencial

En Sentencia C-1125 del 2004, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad del artículo 2º del Decreto 2090 del 2003. Según el accionante, el artículo impugnado desconocía el derecho fundamental a la igualdad por excluir la actividad que desarrollan los bomberos de la Aeronáutica Civil, quienes a su juicio, corren un riesgo equiparable al de los controladores de tránsito aéreo de la misma entidad. La Corte explicó que el propósito del decreto es amparar a quienes se ven expuestos a una afectación inevitable de su estado de salud mas no a quienes tienen una alta probabilidad de sufrir un accidente o contraer una enfermedad laboral(10).

La Corte Constitucional, en Sentencia C-030 del 2009, declaró la constitucionalidad del artículo 3º parcial del Decreto 2029 del 2013. Los demandantes solicitaban su declaratoria de inconstitucionalidad ya que a su juicio, el hecho de que el beneficio pensional para trabajadores, que desarrollan actividades de alto riesgo, solo fuera compatible con el régimen de prima media con prestación definida, vulneraba el derecho a la igualdad y a la libertad de escogencia del régimen de seguridad social en pensiones. La Corte argumentó que el beneficio no aplica para el régimen de ahorro individual con solidaridad, porque en este no existe el requisito de edad mínima. Así, con independencia de la edad “(…) los afiliados tendrán derecho a retirarse (…) siempre y cuando el capital acumulado en su cuenta les permita obtener una pensión superior al 110% del salario mínimolegal mensual vigente”(11).

En Sentencia T-042 del 2010, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional ordenó revocar la decisión del Tribunal Superior de Barranquilla, por medio de la cual se denegó la tutela de un trabajador que se encargaba de realizar trabajos asociados al mantenimiento de líneas de trasmisión de energía eléctrica y en su lugar, resolvió concederla en protección de los derechos a la seguridad social y al mínimo vital del trabajador. El Instituto de Seguro Social negó el derecho pensional porque el accionante no presentó un certificado en el que constara que desarrollaba esa actividad y porque su empleador no había realizado los aportes adicionales requeridos. La Corte ordenó al Instituto de Seguro Social reconocer y liquidar la pensión especial de vejez del accionante desde cuando adquirió el derecho, por considerar que el instituto actuó de manera errada al no tener en cuenta que en la convención colectiva de la empresa en la que laboraba el accionante, se acreditaba que el trabajador ocupaba un cargo que implicaba el desarrollo de una actividad de alto riesgo. De otro lado, puso de presente que el trabajador no tenía por qué verse perjudicado por la omisión de pago de su empleador(12).

Por su parte, la Sala Cuarta de Revisión de la misma corporación, en Sentencia T-280 del 2012, confirmó la decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena de denegar la tutela de un pensionado que reclamó el pago de una segunda pensión. Si bien el accionante demostró haber laborado en una actividad de alto riesgo, la Corte Constitucional estuvo de acuerdo en que en este caso no existía un perjuicio irremediable dado que ya se encontraba pensionado por vejez común. De este fallo es importante resaltar que “(…) no procede el reconocimiento de la pensión de vejez y la especial de alto riesgo simultáneamente, es decir, una es excluyente de la otra”(13). De esta manera, aunque se compruebe que la empresa realizó las cotizaciones adicionales, el accionante perdió la oportunidad beneficio(14).

En otro caso, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, en Sentencia T-956 del 2012, tuteló el derecho a la seguridad social de un accionante que solicitó la pensión especial de vejez por haber ejercido la minería de socavón. Si bien el derecho no se tuteló bajo el marco del régimen especial de pensión, por no haberse cumplido con el requisito de temporalidad mínima en la ejecución de la actividad de alto riesgo, el fallo pone de presente que el actor, en su calidad de adulto mayor afiliado “(…) no está obligado a soportar las consecuencias negativas de la negligencia de su administradora de pensiones, en cuanto al no cobro de los aportes dejados de cancelar por su empleador”(15).

En Sentencia C-853 del 2013, la Corte Constitucional declaró exequibilidad del artículo 2º del Decreto 2090 del 2003, el cual definió el listado de las actividades de alto riesgo cobijadas por la pensión especial de vejez. Para los demandantes, la norma transgredía el derecho fundamental a la igualdad por excluir la labor desempeñada por el cuerpo técnico de investigación de la Fiscalía General de la Nación. Para la Corte, “(…) la inclusión de determinada actividad dentro de la categoría de alto riesgo para la salud del trabajador, no constituye un derecho exigible por el trabajador, por tratarse de un concepto susceptible de modificación, ya sea porque el legislador o el presidente —investido de esa facultad—, con base en criterios objetivos y técnicos determine que desapareció el riesgo, o por la supresión de la entidad en la que se prestaba el servicio”(16).

Por último, mediante Sentencia T-315 del 2015, la Corte Constitucional revocó el fallo proferido por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali, mediante el cual se negó el amparo del derecho pensional especial de un minero de carbón en socavones. La Corte reiteró que la pensión especial de vejez por actividades de alto riesgo no se ocupa de aquellas actividades que presentan una alta probabilidad de sufrir un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. “Estos últimos no implican, necesariamente, la disminución de la expectativa de vida saludable del trabajador, sino una mayor exposición a un siniestro, son objeto del sistema general de riesgos profesionales y están cubiertos por las administradoras de riesgos laborales”(17). En el caso específico, Colpensiones no reconoció el derecho pensional especial del trabajador porque su empleador no realizó los aportes adicionales, a lo que la Corte le respondió que al haber omitido el deber de recaudar oportunamente los aportes, el pago de la pensión estará a su cargo, ya que varias de las empresas que fungieron como sus empleadoras ya no existen.

Los puntos clave de la tendencia

1. El régimen pensional especial solo aplica para trabajadores afiliados al régimen de prima media con prestación definida.

2. El régimen especial disminuye el requisito de edad y exige un monto de cotización más alto a cargo del empleador.

3. El monto de la pensión especial de vejez y sus características generales son iguales a las de la pensión ordinaria.

4. Si el empleador omite o se retrasa en el pago adicional, la entidad administradora de pensiones debe asumir la obligación pensional.

5. La pensión especial de vejez y la ordinaria, son excluyentes ya que ambas constituyen la misma prestación y amparan el mismo riesgo.

(1) Ley 797 del 2003, artículo 17.

(2) Decreto 2090 del 2003.

(3) Decreto 2090 del 2003, artículo 5º.

(4) Mil doscientas veinticinco (1225) semanas para el dos mil doce (2012), mil doscientas cincuenta (1250) para el dos mil trece (2013), mil doscientas setenta y cinco (1275) para el dos mil catorce (2014) y mil trescientas (1300) para el dos mil quince (2015). Ley 100 de 1993, artículo 36, Ley 797 del 2003, artículo 9º.

(5) Decreto 2090 del 2003, artículos 3º y 4º.

(6) Ibídem, artículo 1º.

(7) Ibídem, artículo 2º.

(8) Ibídem, artículo 8º.

(9) Decreto 2655 del 2014, artículo 1º.

(10) Corte Constitucional, Sentencia C-1125 del 2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

(11) Corte Constitucional, Sentencia C-030 del 2009, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

(12) Corte Constitucional, Sentencia T-042 del 2010, M.P. Nilson Pinilla.

(13) Corte Constitucional, Sentencia T-280 del 2012, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

(14) Ibídem.

(15) Corte Constitucional, Sentencia T-956 del 2012, M.P. Mauricio González Cuervo.

(16) Corte Constitucional, Sentencia C-853 del 2013, M.P. Mauricio González Cuervo.

(17) Corte Constitucional, Sentencia T-315 del 2015, M.P. María Victoria Calle Correa.