Los ajustes anuales de salario y la doctrina constitucional(1)

Revista Nº 109 Ene.-Feb. 2002

Andrés Fernando D'Costa Herrera 

Abogado Laboralista 

Catredrático U. del Rosario, U. Javeriana, U. Sergio Arboleda 

Después de cerca de once años de expedida la Constitución Política de 1991, han sido palpables las incidencias que ha traído dicho cambio en el panorama de las relaciones laborales. No porque se hubiera creado un nuevo derecho del trabajo, o porque se hubiera innovado en el contenido de los derechos laborales, sino porque al haberse consagrado en la Constitución múltiples derechos e instituciones típicamente laborales, se ha introducido un nuevo parámetro para estimar el contenido y alcance de esos derechos. En efecto, la Corte Constitucional ha ligado la aplicación de los derechos laborales con los principios y valores expresados en la Constitución Política, la consecuencia práctica ha resultado en un derecho laboral más garantista para el trabajador.

En los últimos años, el tema ha tenido un efecto importante incluso en la determinación de los aumentos salariales a los trabajadores del país.

Por ello, este artículo pretende mostrar la génesis, el desarrollo y el actual estado de la tesis de los aumentos del salario en el marco de un contrato de trabajo con base en la jurisprudencia de la Corte Constitucional al respecto.

Génesis, desarrollo y estado actual de la doctrina de los aumentos salariales anuales

El salario es una deuda de valor.

El inicio de la “doctrina constitucional” relativa a la obligación de mantener la capacidad adquisitiva de los trabajadores cada anualidad, surgió en 1995 cuando la Corte Constitucional definió una acción de tutela interpuesta por un grupo de trabajadores sindicalizados que, después de tres años, mantenían nominalmente su ingreso salarial, sin que se hiciere ajuste alguno, cuando a la mayoría de los trabajadores de la empresa, incluso se les había aumentado en porcentajes superiores al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

En ese caso, los trabajadores afiliados a un sindicato minoritario, habían presentado un pliego de peticiones que no tuvo solución en la etapa de arreglo directo, y, como en ese momento no era clara la normatividad en cuanto a la posibilidad de acudir a la vía del Tribunal de Arbitramento para un sindicato de esas características, ello coadyuvó a la dilación del conflicto en el tiempo sin que los trabajadores tuvieran ajustes o aumentos salariales; además, cuando finalmente se superaron las controversias jurídicas relativas al Tribunal de Arbitramento, las renuncias sistémicas de los árbitros del empleador, terminaron por aumentar el largo camino que habían transitado los trabajadores en busca de su aumento salarial sin lograr su cometido.

La Corte Constitucional en la Sentencia T-102 de 1995 resolvió el caso y planteó que la retribución salarial debe ser equivalente al servicio prestado implicando que el salario es una deuda de valor. Por eso, la retribución del trabajador, debe mantener año tras año el valor pactado ya que no se puede ser indiferente a la realidad inflacionaria de la economía colombiana.

Este fallo resalta una característica sobre el tema que se mantendrá invariable hasta finales del año anterior: Me refiero a que la necesidad de aumentar los salarios con base en la inflación causada, se fundamenta en el texto mismo de la Constitución, ya que el artículo 53 establece que la remuneración es “mínima vital y móvil”. Precisamente, la interpretación que le da la Corte a la característica de la movilidad salarial es la que implica, cuando menos, el ajuste anual con base en el IPC y con miras a mantener el poder adquisitivo del pago salarial.

Del pronunciamiento adicionalmente deben resaltarse y pueden concluirse los siguientes aspectos: (i) la movilidad del salario, consagrada en la Constitución, no es predicable únicamente del salario mínimo sino de todas las escalas salariales, (ii) si, de un año a otro, se mantienen las condiciones de cantidad y calidad del trabajo, y no se hace el ajuste salarial respectivo, tras la pérdida del poder adquisitivo del dinero consecuencia de la inflación, el respectivo empleador se estaría enriqueciendo sin una justa causa, (iii) si varía la cantidad o la calidad del trabajo habría justificación en mantener nominalmente el salario.

Por último, téngase presente, ya que me referiré a este punto nuevamente que la Corte resalta cómo a nivel de las políticas macroeconómicas del Estado, el principio de ajuste salarial no es rígido por que debe compaginarse con otras finalidades económicas como la “racionalización de la economía, dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y servicios básicos”. Con esto se empezó a crear una excepción a la tesis de los ajustes con base en el IPC que no se consideró en los años siguientes, sino hasta la última sentencia que ha pronunciado la Corte y se analiza al final de este artículo.

Dos años mas tarde del anterior pronunciamiento, a través de la Sentencia T-267 de 1997, la Corte Constitucional, conoció un asunto relativo a unos trabajadores que no se les realizó reajuste salarial, mientras si se había hecho a la mayoría de los trabajadores en la misma empresa. Quienes no habían obtenido aumento acudieron a la acción de tutela sosteniendo que la empresa no les había reajustado su salario como respuesta a su negativa de acogerse al régimen de liquidación de auxilio de cesantía previsto en la Ley 50 de 1990.

En esta sentencia, la Corte estableció que la remuneración y su periódico reajuste son derechos inalienables del trabajador, de manera que, el empleador actúa de manera ilegítima cuando condiciona el aumento salarial a la escogencia que haga el trabajador del nuevo régimen de cesantía previsto en la Ley 50 de 1990 cuando es beneficiario del régimen tradicional o de retroactividad del auxilio.

La Corte establece que en Colombia los empleadores, tanto a nivel público como privado, no tienen autorización constitucional para incrementar anualmente los salarios equivalentes al mínimo legal y dejar de hacerlo frente a las demás escalas salariales que superan ese monto.

Si bien en esta tutela se reiteran los criterios analizados en la Sentencia T-102 de 1995, se aparta tácitamente de la misma ya que aquí se empieza a extender la tesis al sector público aunque en los casos analizados hasta entonces eran exclusivamente contra empresas del sector privado.

El “salario móvil” y la “doctrina constitucional”.

Resulta imprescindible, en el análisis propuesto en este artículo, hacer referencia a la sentencia de unificación de jurisprudencia SU-519 de 1997.

En este pronunciamiento, la Corte Constitucional sentenció un caso similar al presentado en la T-267 de 1997 ya que se sostuvo, por parte de una trabajadora, que no había recibido ajustes salariales porque no se había acogido a la Ley 50 de 1990 en materia de liquidación del auxilio de cesantía, mientras que cargos idénticos al desempeñado por ella, con régimen de Ley 50 en cesantías, sí recibían los ajustes anuales violándose consecuencialmente el derecho fundamental a la igualdad.

Esta sentencia es fundamental debido a que, por ser de unificación, en ella participaron la totalidad de los magistrados que conformaban la Corte y, en ella, se resolvió establecer que los planteamientos relativos a los reajustes salariales acordes a la inflación, son tema de “doctrina constitucional”.

Los pronunciamientos de la Corte Constitucional, según la propia entidad, cuando fijan “Doctrina Constitucional”, son de obligatorio cumplimiento. Ha establecido la Corte que si bien el legislador tiene la potestad de interpretar con autoridad la ley, lo propio hace la Corte Constitucional cuando interpreta la Constitución. Por manera que, si una norma constitucional no tiene desarrollo legal, y sobre ese precepto la Corte ya ha fijado su alcance, los criterios que establece la corporación fijan Doctrina Constitucional aplicable directa y obligatoriamente a los casos(2).

Esta sentencia, a pesar de haber sido interpuesta por una trabajadora, se hizo extensa en sus efectos a los empleados de la empresa tutelada que estuvieran en la misma circunstancia. Esta extensión, sin haber hecho parte del proceso, fue el principal motivo de la disidencia de tres magistrados que salvaron su voto ya que, adicionalmente, consideraban que la acción de tutela era improcedente para reclamar el pago de derechos salariales y prestacionales ante la existencia de acciones ante los jueces laborales.

Por tratarse de los mismos hechos, en el mismo sentido se produjo la Sentencia T-311 de 1998 en la que incluso planteó como conocido que los salarios son dinámicos y por ello deben ser objeto de aumentos periódicos acordes con la evolución de la inflación.

Por regla general los aumentos salariales no pueden reclamarse por la vía de la acción de tutela.

En el año de 1998 la Corte Constitucional conoció otro caso en el que se refirió al tema de los aumentos salariales anuales.

Uno de los vicepresidentes de una empresa no había recibido ajuste salarial alguno para el año de 1996 y, adicionalmente, no le habían pagado una prima extralegal en la misma anualidad.

La Sentencia T-461 de 1998 resuelve la tutela y considera que el asunto relativo a los ajustes salariales es competencia de los jueces del trabajo y, teniendo presente que la acción de tutela tiene la característica constitucional de ser subsidiaria, la torna improcedente para el caso.

Para la Corte, sólo en el evento en que se causara un perjuicio irremediable tras la omisión en el aumento salarial, o, demostrado que los mecanismos legales ordinarios son ineficaces, sería viable acudir a la acción de tutela como lo sentenció en los casos de los trabajadores sindicalizados los que se les dejó sin solución el conflicto colectivo (T-102/95) o cuando además de la omisión del reajuste se viola el derecho a la igualdad (T-267/97, SU-519/97).

Similar situación e idéntico fallo pronunció la Corte en la Sentencia T-13 de 1999.

El “salario móvil” y “el bloque de constitucionalidad”.

Varios empleados de centros educativos del municipio de El Plato (Magdalena), instauraron acciones de tutela ya que no habían recibido el pago de varios meses de salario y prestaciones sociales legalmente reconocidas.

Con el fin de unificar jurisprudencia la Corte Constitucional resolvió este asunto en la Sentencia SU-995 de 1999.

En este fallo se ratifican los criterios expuestos relativos a la definición constitucional de salario mínimo, vital y móvil, haciendo énfasis a que la noción de “mínimo” se relaciona con un “mínimo de condiciones de vida” y no se agota en la noción legal de “salario mínimo” y por ello deben analizarse en cada caso las condiciones propias de cada persona y sus condiciones particu-lares de vida. En torno a la noción de “móvil”, cita los apartes de la Sentencia C-710 de 1999 que se analizará más adelante.

Este pronunciamiento es un hito para el tema en estudio ya que la Corte establece que para efectos de la protección constitucional del salario, éste debe entenderse en su dimensión constitucional y para ello es necesario integrar la Constitución Colombiana con el Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo ya que para el efecto conforman un “bloque de constitucionalidad”.

La noción de “bloque de constitucionalidad” fue creación jurisprudencial del Consejo Constitucional Francés con el fin de establecer que además del texto de la Constitución de 1958, hacen parte de la misma la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y el Preámbulo de la Constitución de 1946(3). La Corte Constitucional ha acuñado la noción en Colombia a partir de la interpretación del artículo 93 de la Constitución Política de manera que, en algunos casos, como el que nos ocupa, ha ido adicionando al texto de la Constitución de 1991 normas que, a su juicio, hacen parte de la misma, y por ende, (i) tienen la virtud de ser parámetro definitorio de derechos fundamentales y (ii) de cotejo de leyes para la acción de inexequibilidad.

Así, en esta sentencia se establece que para efectos de la protección, el salario debe entenderse en sentido amplio, como remuneración, como ganancia, sin importar denominaciones particulares o métodos de cálculo. Para la Corte, estarían entonces incluidas la noción salarial propiamente dicha, cesantías, primas, vacaciones, etc.

Finalmente la Corte unifica su jurisprudencia en torno a la procedencia de la acción de tutela en estos casos buscando compatibilizar la competencia de los jueces laborales. Para el efecto plantea en definitiva que procedería la acción de tutela, frente al no pago de salarios, ya que están involucrados múltiples derechos fundamentales, pero sólo en los eventos en que intente evitarse que el trabajador sufra una situación “crítica económica y sicológica”, es decir cuando se afecta el mínimo vital (no equivalente a salario mínimo), lo cual debe ser ponderado por el juez constitucional en cada situación particular.

Los pronunciamientos sobre ajustes salariales por vía de constitucionalidad de las leyes.

Como se ha observado hasta el momento, desde el año de 1995, por vía de acción de tutela, la Corte Constitucional ha interpretado que la característica constitucional, consagrada en el artículo 53 de la Carta Política, relativa a que el salario es “móvil”, significa, en la dinámica de las relaciones laborales, que anualmente la remuneración salarial está llamada a revisarse por parte de los contratantes, máxime en economías como la colombiana donde tradicionalmente, cada año la constante es la pérdida del poder adquisitivo del ingreso salarial producto de la inflación.

El tópico de los aumentos salariales también ha tenido pronunciamientos de constitucionalidad que recibieron el eco de las tutelas anteriormente resumidas y son hitos para el objeto de este análisis.

Los aumentos salariales de la Ley 4ª de 1992 (C-710/99).

En el año de 1999 se demandó parcialmente el artículo 4º de la Ley 4ª de 1992 (ley marco de salarios y prestaciones de servidores públicos) en cuanto limitaba a los primeros diez días del mes de enero de cada año, el aumento del sistema salarial de algunos servidores públicos. La demanda se resolvió en la Sentencia C-710 de 1999.

Para la Corte, la norma es ostensiblemente violatoria de la Constitución ya que limita la acción del Gobierno a un breve lapso anual, transcurridos los cuales se perdería competencia para decretar nuevos aumentos que podrían ser adecuados y útiles en un determinado momento.

La Corte aclara que la decisión de los aumentos en todo caso debe hacerse al menos una vez al año, decisión que no puede dejarse para el final de cada vigencia y siempre con efectos fiscales a partir del primero de enero del año respectivo. Así las cosas, cuando menos, debe haber un aumento anual y siempre retroactivo a primero de enero de cada año. Sobre los aumentos adicionales al descrito anteriormente, tiene plena autonomía el Gobierno para determinar el momento en el cual entran en vigencia, sin que forzosamente sea el primero de enero.

En cuanto al aumento mismo, la Corte establece que el salario debe ir en aumento, al menos cada anualidad, para proteger a la clase trabajadora frente al negativo impacto que en sus ingresos producen “la pérdida del poder adquisitivo y el encarecimiento del costo de vida en una economía inflacionaria”.

Los parámetros para fijar el salario mínimo en Colombia (C-815/99).

La Ley 278 de 1996 regula la “comisión permanente de concertación de políticas salariales y laborales” creada por el artículo 56 de la Constitución Política.

En su artículo 8º la ley establece: (i) la manera como se adoptan las decisiones de la comisión, (ii) el procedimiento para determinar el monto del salario mínimo mensual en cada vigencia y (iii) los parámetros que debe tener en cuenta el gobierno en el evento en que no haya consenso en la comisión.

La norma fue demandada ante la Corte Constitucional en cuanto fija, como uno de los parámetros que debe tener en cuenta el gobierno (si no hay acuerdo al interior de la comisión de concertación), para decretar el aumento del salario mínimo, la meta de inflación del siguiente año.

En el análisis de constitucionalidad la Corte resalta cómo la facultad de fijar el aumento al salario mínimo por parte del Gobierno Nacional es netamente subsidiaria, y no goza de las prerrogativas de una decisión discrecional ya que se encuentra sometida a unos parámetros legalmente previstos, que se consideran exequibles siempre que se atienda a todos en conjunto razonable y armónicamente, sin primacía de uno sobre otro, y vinculando a ellos, con prevalencia, los postulados de la Constitución: Estado social de derecho, especial protección al trabajo y remuneración mínima vital y móvil.

Para la Corte, se violaría la Constitución si sólo se tuviera en cuenta la inflación proyectada dejando de lado la inflación real o efectivamente causada en la vigencia anterior, para sustentar ello retoma sus pronunciamientos en torno a la característica de “móvil” que constitucionalmente es innata a la remuneración salarial. Concluye así que, en todo caso, el reajuste salarial decretado nunca puede ser inferior al porcentaje del IPC del año que expira.

La orden retroactiva de realizar aumentos efectivos en el sector público (C-1433/2000).

Para la vigencia del año 2000 el gobierno del presidente Pastrana previó aumentos salariales del 9% para los servidores del Estado que devenguen hasta dos salarios mínimos legales mensuales vigentes y no previó ningún aumento para quienes ganaran más de esa suma.

La iniciativa presidencial se reflejó en la expedición de la Ley 547 de 23 de diciembre de 1999 “Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2000”.

La ley fue demandada por la omisión del Congreso de incluir presupuesto para el aumento de algunos servidores públicos y la Corte resolvió la demanda a través de la Sentencia C-1433 del 23 de octubre de 2000.

La Corte tuvo en cuenta que era imperativo el aumento salarial en el sector publico con base en lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley 4 a de 1992 y retoma los parámetros que revisaron la constitucionalidad de dicha norma, adicionalmente se basó en algunas de las tutelas estudiadas que establecieron la obligación de realizar ajustes salariales acorde con el IPC y las consideraciones expuestas en la Sentencia C-815 de 1999, para concluir que el gobierno y el Congreso violaron la Constitución tras la omisión descrita.

Para la Corte, la manera de subsanar la violación constitucional, fue ordenando al Presidente de la República y al Congreso Nacional que, dentro de la competencia que corresponda a cada uno, cumplan con el deber jurídico pasado por alto en la ley demandada (es decir hacer los reajustes), antes de finalizar la vigencia fiscal del 2000.

Con lo anterior, los efectos de la sentencia tenían la vocación de hacer retroactivo el aumento salarial omitido a 1º de enero de 2000 como efectivamente sucedió posteriormente(4).

Los aumentos de los servidores públicos en la vigencia fiscal de 2001 (C-1064/2001).

En marzo del año pasado, hubo una renovación en la Corte Constitucional. Del total de nueve magistrados que la conforman, el Senado de la República nombró siete nuevos magistrados. Aprovechando la coyuntura, el gobierno volvió a presentar en el Congreso, para el trámite de la ley anual de presupuesto, una partida inferior de aquella que correspondería al ajuste salarial para los servidores públicos acorde con el IPC y con la sentencia anteriormente reseñada con la esperanza de que la nueva Corte conociera nuevamente el asunto y cambiara su jurisprudencia(5).

Por lo anterior la Ley 628 de 2000 “Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2001” fue demandada ante la Corte Constitucional por idénticas razones a las expuestas en la demanda de la ley de presupuesto para el año 2000.

Pese a lo que en principio entendieron algunos sectores sociales de la sentencia que resolvió esta nueva demanda contra la ley de presupuesto(6), en realidad, la Corte Constitucional mantuvo su línea jurisprudencial de los ajustes anuales de salario, aunque introdujo ciertos matices que la llevaron a fallar de manera distinta a como lo había hecho en el año 2000 en un caso idéntico.

Las discusiones previas al fallo dividieron a la Corte profundamente al punto que la sentencia la aprobaron cinco magistrados y los cuatro restantes se apartaron de la decisión salvando su voto. El punto más intenso de debate se centró en establecer si había o no cosa juzgada constitucional ya que un caso idéntico se había fallado el año anterior (C-1433/2000) y ello suponía una decisión idéntica: Ordenar al gobierno y al Congreso tramitar una adición presupuestal para que el salario de los servidores públicos se aumentara con base en el IPC causado. Sin embargo, como se verá la decisión fue distinta.

La Corte Constitucional para sustentar una decisión distinta a la del año 2000, pero al mismo tiempo, para mantener su jurisprudencia relativa a la necesidad de ajustes que mantengan el poder adquisitivo de los salarios, inicia haciendo alusión a varios pronunciamientos históricos de lo que significa en la práctica el cambio de un Estado de derecho a un estado social de derecho, a la interpretación de los derechos en un Estado social de derecho, al derecho al trabajo en la Constitución de 1991, al alcance del artículo 53 de la Constitución Política, y al derecho de carácter constitucional a mantener la capacidad adquisitiva del salario en un Estado social de derecho.

En este último aspecto, la Corte rompe con el soporte que tradicionalmente había considerado para deducir de la Constitución la obligación de los empleadores de realizar aumentos salariales. Es decir, rompe con que la base es la definición de “móvil” que constitucionalmente tiene la asignación salarial. Para la corporación, ni del texto del artículo 53 ni de sus antecedentes puede llegarse a tal conclusión.

Lo anterior no significa que la Corte llegue a una conclusión distinta. No. La Corte continúa en este pronunciamiento respaldando el derecho al reajuste anual pero basado en: (i) los fines constitucionales de un orden social justo, (ii) los principios fundamentales de Estado social de derecho, (iii) la dignidad humana, la solidaridad y trabajo, (iv) los deberes sociales del Estado (promoción y garantía de prosperidad y bienestar general, mejoramiento de la calidad de vida de las personas, efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; medidas positivas para la igualdad real y efectiva; proteger especialmente al trabajo en todas sus modalidades; garantizar los medios para que las pensiones mantengan su poder adquisitivo constante; asegurar la igualdad de oportunidades para todas las personas), (v) el mandato del Estado de intervenir de manera especial para asegurar que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y servicios básicos, (vi) los Convenios 95 y 99 de la OIT aprobados por las leyes 54 de 1962 y 18 de 1968 respectivamente, y basado finalmente, en la jurisprudencia de la propia Corte Constitucional con la nueva orientación en su fundamentación.

Con todo, la Corte sí establece matices a sus tesis tradicionales. Por primera vez, en esta sentencia, se predica que el derecho al ajuste, como todos los derechos constitucionales, no es absoluto. Ante la falta de desarrollo legislativo sobre los principios constitucionales del salario la Corte, para resolver en concreto la demanda, considera que la solución debe ser el resultado de aplicar directamente la Constitución. Para ello considera que, ante la realidad colombiana en la que se aplica el fallo, que evidencia un déficit fiscal, puede establecerse grupos salariales diferentes para aplicar ajustes salariales diferentes. Así, acude a establecer cuál es el promedio ponderado de los salarios de los servidores públicos en Colombia para concluir que quienes devenguen salarios debajo del promedio, tienen protección constitucional reforzada, y por ello se impone un ajuste equivalente al IPC. Para los demás servidores, que devengan salarios arriba del promedio ponderado, es posible que se hagan diferencias en los ajustes salariales y así, la medida resulta ser, aunque diferente en el monto de los ajustes, razonable en su finalidad, en el medio utilizado y proporcional, para que sea aceptada constitucionalmente.

Recuérdese, cuando se analizó el primer pronunciamiento de 1995, que la Corte había establecido una excepción al sector público de los planteamientos del fallo. Pues bien, seis años más tarde, dicha excepción tuvo una concreción práctica con esta sentencia aunque no se basa en aquella para fundamentarlo.

Por último, resalta la Corte, que todo lo anterior es posible, únicamente con base en la situación económica actual, con las pautas esbozadas en el fallo, y, siempre y cuando, el “ahorro” que se obtenga se destine a las finalidades sociales del Estado. La Corte consideró que la norma era acorde a la constitución condicionada a los planteamientos del fallo.

Aunque, por la naturaleza de la norma demandada, la sentencia es solamente aplicable al sector público, pareciera justificado unos ajustes salariales inferiores al IPC a los salarios de los trabajadores del sector privado en situaciones de crisis empresarial siempre que ésta sea fundada, demostrada económicamente y, sólo para preservar la fuente de empleo, como valor primordial sobre el ajuste salarial en el marco de la Constitución. Frente a esta particular situación, hasta el momento, no ha existido pronunciamiento relativo a los ajustes salariales por parte de la Corte Constitucional.

Ya que en la presentación de cada uno de los pronunciamientos se han ido destacando los aspectos más relevantes y se ha ido concluyendo sobre los mismos, sólo resta decir que los principales planteamientos de la Corte Constitucional relacionados con los ajustes salariales anuales, tanto en el sector público como en el privado, además de las variables concretas de cada realidad empresarial, deben tenerse presentes en aras de tomar decisiones acertadas en la administración del recurso humano.

(1) La idea de analizar la jurisprudencia constitucional relativa a los ajustes salariales anuales y el esquema para abordar la investigación, nació conjuntamente con el Doctor Carlos Hernán Godoy Fajardo ante la necesidad de presentar la evolución e incidencia que ha tenido el tema en las relaciones laborales.

(2) Al respecto debe consultarse la Sentencia C-083 de 1995, ratificada en los siguientes pronunciamientos: C-037 de 1996, T-175 de 1997 y SU-400 de 1997, entre otras.

(3) En realidad ha sido una noción dinámica desde su formulación en la sentencia de 16 de julio de 1971 relativa a la libertad de asociación. Ver al respecto “EL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD”. Louis Favoreu. Revista del Centro de Estudios Constitucionales N° 5 enero – abril 1990. Madrid. España.

(4) El costo del pronunciamiento de la Corte Constitucional en el año 2000 fue de aproximadamente $ 850.000 millones. El argumento del costo fue el que principalmente expuso el Gobierno para explicar que cumpliría un fallo que no compartía. Toda decisión jurídica, por regla general, tiene una consecuencia de tipo económico sin que ello signifique de suyo un argumento en contra de la decisión correspondiente.

(5) La intención gubernamental se hizo manifiesta en el trámite de la acción de inexequibilidad de la ley anual de presupuesto ya que el propio Ministro de Hacienda envió sendas comunicaciones a los magistrados de la Corte Constitucional pidiendo un cambio de la jurisprudencia sentada en la Sentencia C-1433 de 2000. Curiosamente el propio ejecutivo, pero a través del Ministro del Trabajo y Seguridad Social envió comunicaciones a los magistrados de la Corte pero, por el contrario, solicitando que se mantuviera la línea jurisprudencial.

(6) Algunas organizaciones sindicales estimaron que se había variado la jurisprudencia e incluso públicamente solicitaron la renuncia de los nuevos magistrados que suscribieron la sentencia ya que, en su sentir, ellos no garantizaban la supremacía constitucional.