“Los beneficios de la reforma laboral no han sido aprovechados”

Revista Nº 128 Mar.-Abr. 2005

Javier Rojas 

El abogado de la Universidad de Medellín y recientemente posesionado Viceministro de Relaciones Laborales del Ministerio de la Protección Social, Jorge León Sánchez Mesa, tiene la convicción de que el sector privado aún no saca pleno provecho de los beneficios establecidos por la Ley 789 del 2002.

En entrevista con ACTUALIDAD LABORAL, el funcionario anunció que el gobierno no dudará en modificar la mencionada norma, luego de escuchar las críticas y de adelantar el análisis de rigor.

ACTUALIDAD LABORAL: ¿Qué ha pasado con el empleo en la administración Uribe?

Jorge León Sánchez: Desde que empezó el gobierno, hemos tenido un incremento en el número de empleos en un millón y, aparte de eso, hay 1.400.000 nuevos colombianos que están en el sistema de seguridad social y que antes no tenían cobertura. El gobierno no solamente ha creado empleo, sino que se ha preocupado por mejorar la calidad y por disminuir el número de trabajadores involucrados en la informalidad. La meta es continuar.

A.L.: ¿Qué tanto ha contribuido la Ley 789 en este propósito?

J.L.S.: Sin duda, la reforma laboral tuvo mucho que ver, en aspectos como las condiciones de flexibilización que determinó. Pero no fue el único factor. Apenas estamos, como lo había previsto la misma ley, evaluando los dos años de aplicación. Así mismo, hemos analizado lo que han dicho la academia, los expertos, las centrales de trabajadores y los empleadores. Quisiéramos pensar que la reforma fue favorable y conveniente; las cifras así lo señalan. No obstante, a raíz del enorme esfuerzo que hicieron el gobierno y el Congreso, hubiésemos querido que tuviera mayor acogida por parte de los empleadores del país. Si bien hay unos ejemplos dignos de mostrar, hay sectores que no aprovecharon la coyuntura generada por la Ley 789, y lo que es peor, no sentimos el compromiso de la empresa privada frente a la situación actual del país.

A.L.: ¿Cuál ha sido la reacción oficial?

J.L.S.: El gobierno ha diseñado, además de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 789, el Programa de Atención Directa al Empleo (PADE), que facilita la generación de empleo a través de un subsidio, que corresponde al 30% de un salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV). Estamos trabajando en un nuevo estímulo de 31.000 millones de pesos, para que los empresarios particulares ayuden con la creación de empleo productivo.

A.L.: ¿Cuáles son los aspectos críticos para revisar de la reforma laboral?

J.L.S.: No quisiera puntualizar en temas, hasta tanto no tengamos un barrido general de las opiniones de todas las personas que tienen que ver con la materia. Eso sí, estamos en condiciones de afirmar que tenemos la disposición suficiente, con un profundo convencimiento de la necesidad de darle aplicación a ese Estado de derecho democrático, para modificar, si es del caso, los puntos de la reforma que no se hayan aplicado o que han generado tropiezos.

A.L.: ¿Cuántos subsidios al desempleo se entregaron en el 2004?

J.L.S.: El año pasado, a través de las cajas de compensación familiar, se entregaron 73.896 subsidios al desempleo. Para el cuatrienio, la meta del gobierno es de 211.000. Es importante resaltar que este subsidio busca, además de brindar un apoyo económico, capacitar a los desempleados en programas con énfasis en la reinserción laboral.

A.L.: ¿Qué estrategias han pensado para contener la informalidad?

J.L.S.: Las estrategias son integrales e involucran diferentes actores, que son: de una parte, el Ministerio de Educación Nacional, a través del aumento de cupos al sistema educativo, y, por otra, la capacitación a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para el ingreso al mercado laboral. Lo anterior permite la permanencia de las personas por mayor tiempo en el sistema educativo y baja la presión hacia la informalidad. El Ministerio de la Protección Social es el ejecutor del PADE, diseñado para incentivar la generación de empleo en el sector privado, mediante la entrega de un subsidio económico a las empresas que vinculen a personas mayores de edad de los niveles uno y dos del Sisbén, en especial, jefes cabeza de hogar. Podrán participar en dicho programa las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas que generen nuevos puestos de trabajo para estas personas. El monto del subsidio será del 30% de un SMLMV, que se le pagará al empresario hasta por seis meses, por cada trabajador nuevo contratado y que devengue un SMLMV.

A.L.: ¿Cuál es el alcance del beneficio?

J.L.S.: El programa se desarrollará de acuerdo con la siguiente distribución regional que hizo el gobierno: en las ciudades de Armenia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Florencia, Ibagué, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Pasto, Pereira, Popayán, Quibdó, Riohacha, San Andrés, Santa Marta, Sincelejo, Tunja, Valledupar, Villavicencio, Yopal y sus áreas metropolitanas y corredores industriales. No obstante, cada tres meses se hará una evaluación y se trasladarán recursos de las ciudades que no hayan utilizado sus cupos hacia aquellas donde el programa ha tenido más acogida.

A.L.: ¿Cuál es el papel del Ministerio en el proceso de desmovilización de los combatientes de los grupos armados ilegales?

J.L.S.: A través del artículo 13 de la Ley 789, se estableció que los empresarios del país que vinculen trabajadores adicionales a su planta de personal, entre otros, a los reinsertados, estarán excluidos del pago de los correspondientes aportes parafiscales, es decir, cajas de compensación familiar, SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En cuanto a la seguridad social, mediante la afiliación en el régimen subsidiado en salud se está llegando a la población desmovilizada. Con el primer aspecto, sebusca generar un incentivo a los empresarios y, con el segundo, ampliar la cobertura y los beneficios del Sistema General de Seguridad Social en Salud sin discriminación alguna.

A.L.: ¿Cómo enfrentar la desprotección en salud a que están sometidos los trabajadores informales y los desempleados?

J.L.S.: Los desempleados pueden recibir un subsidio al desempleo, cuyo bono puede destinarse para pagar salud, educación o comprar alimentos. Además, mediante la Circular 1 del 6 de diciembre del 2004, el gobierno facilitó la afiliación de independientes a salud, al disminuir la base de cotización a un SMLMV. Este aporte se podrá efectuar de acuerdo con el resultado de la aplicación del sistema de presunción de ingreso, que reflejará el valor efectivamente devengado por el trabajador. Paralelamente, estamos brindando protección en salud a personas del nivel tres del Sisbén, al poner en marcha el subsidio parcial de beneficios en salud en el régimen subsidiado, que, en estos momentos, está en funcionamiento en el país y ha permitido, al cierre del 2004, que 1.739.761 nuevos colombianos cuenten con servicios de salud.

A.L.: ¿Qué se está haciendo en relación con la inspección, vigilancia y control de los asuntos laborales del Ministerio?

J.L.S.: En el marco de las negociaciones del tratado de libre comercio, se aprobó el proyecto de modernización y adecuación del esquema de prevención, inspección, vigilancia y control del trabajo, presentado por el Ministerio de la Protección Social.

A.L.: ¿Qué beneficios representará?

J.L.S.: El proyecto generará una oportunidad para replantear el ejercicio de estas funciones hacia un esquema de anticipación proactivo y para la obtención de recursos económicos, técnicos y tecnológicos, que permitirán contar con un mayor número de inspectores capacitados. Los recursos también servirán para la creación de nuevas inspecciones de trabajo, para una redistribución de funciones y el fortalecimiento de su cobertura, dado que con el actual número de inspectores esta se garantiza en el ámbito nacional, pero es precaria, ya que corresponde a una cobertura por jurisdicción y no por presencia física de los inspectores. Es importante resaltar que hay presencia física en 138 de los 1.150 municipios del país, con 185 inspecciones de trabajo y 273 inspectores, para atender una población económicamente activa aproximada de 21 millones de personas y un promedio de 800.000 empresas.

A.L.: ¿Cuál es el balance del control a la evasión de las obligaciones parafiscales por parte de los contratistas del Estado?

J.L.S.: De conformidad con el artículo 24 de la Ley 789, este Ministerio no es competente para imponer sanciones por ese concepto, toda vez que la competencia le fue asignada a la Superintendencia del Subsidio Familiar. No obstante, dentro de nuestra función de vigilancia y control en el cumplimiento de las normas del Código Sustantivo del Trabajo y demás disposiciones sociales, los funcionarios del Ministerio facultados para ello adelantan las investigaciones administrativas laborales por incumplimiento de las obligaciones parafiscales, compulsando copias a dicha superintendencia cuando hay lugar a la imposición de sanciones.

A.L.: ¿Cómo avanza la comisión de concertación de política salarial y laboral?

J.L.S.: La agenda de trabajo es amplia y ha abordado, desde la actual administración, temas esenciales para la construcción de un mejor país en áreas como el empleo, la capacitación, el crecimiento económico y la cooperación con la Organización Internacional del Trabajo. Próximamente, convocaremos una reunión para definir la agenda de trabajo de este año.