“Los convenios de doble imposición favorecen al Estado inversor”

Revista Nº 140 Mar.-Abr. 2007

Javier N. Rojas. 

Especial para la Revista Impuestos 

Los convenios para evitar la doble tributación favorecen de manera especial al Estado inversor. No obstante, el Estado receptor puede recurrir a su capacidad de negociación para lograr que se estabilice esa inversión foránea y convertirla en un flujo continuo, aseguró César García Novoa, catedrático español en derecho financiero y tributario y doctor en derecho de la Universidad de Santiago de Compostela (España).

En entrevista con la REVISTA IMPUESTOS, García explicó que regularmente las corrientes de inversión extranjera van de los países industrializados a las naciones cuyas economías registran expectativas de crecimiento. En tal dinámica, el Estado inversionista aparece como el primer interesado en darles permanencia a las inversiones y en tener un marco normativo, como un convenio para evitar la doble imposición.

REVISTA IMPUESTOS: ¿Por qué los convenios para evitar la doble tributación son tan importantes en el mundo?

César García Novoa: Se ha producido un proceso acelerado de intercambios económicos, de internacionalización de los mercados, de libre circulación de capitales y de utilización de nuevas tecnologías, que permiten el comercio entre residentes en cualquier parte del globo y, en suma, un proceso generalizado de desregularización de la economía, con lo que se fomenta la inversión transnacional. En la década de los noventa, este proceso se ha acelerado de una manera portentosa, razón por la cual tenemos ahora una situación en la que las empresas se internacionalizan, los países emergentes y los que están en vías de desarrollo necesitan inversiones foráneas y los Estados de residencia de las empresas en naciones desarrolladas facilitan la salida de estas al extranjero.

R. I.: ¿Qué beneficios reporta un acuerdo de esa índole?

C. G. N.: En un escenario de ese tipo, la firma de convenios es fundamental, porque estos, entre otras muchas virtudes, constituyen un marco de seguridad jurídica. El inversor extranjero la tiene cuando hay un convenio de por medio, pues sabe las reglas de reparto del poder tributario entre los Estados firmantes y sabe qué rentas va a gravar un Estado y otro. Si no hay un convenio, todo queda reducido a la normativa interna del Estado receptor de la inversión, que puede variar, con la consecuente afectación de la seguridad jurídica.

R. I.: ¿Los tratados han sido un mecanismo aislado?

C. G. N.: En líneas generales, existe una red de convenios que ha favorecido la internacionalización de las empresas españolas. Todo esto está unido a una serie de medidas económicas que se tomaron a mediados de la década del noventa, con el fin de facilitar la salida de las empresas españolas al exterior, como, por ejemplo, el sistema de exención, la doble imposición de dividendos, que ha sido muy importante para facilitar la repatriación de capitales en el caso de filiales de compañías españolas en Latinoamérica, o el régimen de las entidades de tenencias de valores, que ha favorecido mucho la atracción de capitales a España.

R. I.: ¿El derrotero de los convenios de doble imposición ha seguido a las inversiones internacionales de España?

C. G. N.: Desde principios de los noventa, el país ha tenido una base de convenios importante, es decir, de los 60 mencionados, 40 los teníamos firmados para entonces. Se han suscrito nuevas versiones, como en el caso de Brasil, que se ha modificado, pero básicamente teníamos una red de convenios considerable. A medida que la inversión española ha empezado a orientarse a ciertos países de Latinoamérica y de la antigua Europa del este, se ha producido la firma de nuevos convenios.

R. I.: ¿Qué significado tiene esa dinámica?

C. G. N.: Demuestra que hay necesidad de proteger a los inversores, independientemente de que el convenio sea el marco ideal. Cuando se han abierto corrientes de inversión en España hacia estos países, se ha suscitado la necesidad imperiosa de firmar convenios. En ese sentido, ha sido un poco consecuencia de ese apremio por disponer de un marco normativo adecuado.

R. I.: ¿Qué modelo de acuerdo se ha adoptado?

C. G. N.: España sigue el convenio de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) prácticamente en su totalidad. Se aproxima más al de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en puntos como tributación de cánones y régimen de establecimiento permanente, donde se establece el principio de atracción plena de las rentas del establecimiento permanente, o el ejemplo muy comentado del régimen de los mecanismos para la deducción de la doble imposición, el tax sparing (descuento en impuestos), que permite deducir el importe que correspondería en el país de la fuente, si no hubiera mediado el beneficio fiscal que este Estado ha otorgado.

R. I.: ¿Para España fue determinante escoger la versión OCDE?

C. G. N.: Podemos decir que hoy en día el modelo que se aplica es el OCDE con variaciones. En ningún caso, se prevé partir de otro, sobre todo en convenios entre Estados de Latinoamérica y de Europa, salvo el ejemplo de convenios con Estados Unidos, que es otro mundo. El modelo OCDE va a ser el boceto del cual vamos a partir y ahí haremos correcciones y variaciones. Por tanto, en Latinoamérica, y en Colombia en particular, me parece fundamental el conocimiento de aquel y de la estructura básica, pues es el modelo de doble imposición que está detrás del acuerdo entre España y Colombia.

R. I.: ¿Por qué España le otorgó mayor valor al de la OCDE?

C. G. N.: Básicamente, porque es un club de países ricos que tiene como finalidad fomentar el libre comercio y el desarrollo bajo determinadas premisas económicas. El papel prioritario de la OCDE se encauza a evitar la doble imposición y hacia la lucha contra la competencia fiscal desleal. Al haberse difundido este convenio entre los países de la OCDE, que son los económicamente más poderosos, prácticamente todos los demás Estados, en una especie de mimetismo, creen oportuno adoptarlo, porque da la sensación de que si esa es la regla de juego que los Estados más desarrollados están adoptando, pues la mejor manera de jugar en ese terreno es aceptar esas pautas.

R. I. ¿Estas reglas son maleables?

C. G. N.: Aceptarlas no implica que los Estados no puedan intentar que algunos aspectos del modelo OCDE se supriman o modifiquen en la negociación.