Los convenios de la OIT ratificados, son normas de obligatoria aplicación en Colombia

Revista Nº 131 Sep.-Oct. 2005

Análisis de la Sentencia C-401/2005 y de sus implicaciones en la cultura jurídico-laboral colombiana 

Carlos Ernesto Molina M. 

Especialista en Derecho Laboral y Gestión Humana Organizacional 

A. El contexto histórico y jurídico de la expresión “los convenios”,dentro del artículo 19 del CST

El artículo 19 del Código Sustantivo del Trabajo, dice:

“Normas de aplicación supletoria. Cuando no haya norma exactamente aplicable al caso controvertido, se aplican las que regulen casos o materias semejantes, los principios que se deriven de este código, la jurisprudencia, la costumbre o el uso, la doctrina, los convenios y recomendaciones adoptadas por la organización y las conferencias internacionales del trabajo, en cuanto no se opongan a las leyes sociales del país, los principios del derecho común que no sean contrarios a los del derecho del trabajo, todo dentro de un espíritu de equidad” (el resaltado no hace parte del texto).

Al resolver una demanda de inexequibilidad contra la expresión “los convenios” en este artículo, la Corte Constitucional ha declarado que tal expresión es constitucional siempre y cuando, “(i) no exista convenio aplicable directamente, como fuente principal o prevalente, al caso controvertido, y (ii) el convenio que se aplique supletoriamente esté debidamente ratificado por Colombia” (Sent. C-401, abr. 14/2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).

Con esta declaratoria de constitucionalidad condicionada, el alto tribunal trata de armonizar el texto de este artículo con la actual Carta, particularmente, con sus artículos 53, inciso 4º, y 93.

Es bueno recordar que el mencionado artículo 19 es una de las normas originarias del Código Sustantivo del Trabajo, expedido inicialmente bajo régimen de excepción (decretos 2663 y 3743 de 1950) y adoptado, posteriormente, como legislación permanente (L. 141/61). Es decir, tal norma fue generada bajo la vigencia de la anterior Constitución. Y esa circunstancia tiene implicaciones:

Bajo la Constitución de 1886, la incorporación de los tratados internacionales al ordenamiento jurídico interno (entre ellos, los convenios de la OIT), siempre se entendió bajo la denominada teoría dualista: los contenidos de un instrumento internacional perfeccionado (es decir, aprobados por el Congreso y ratificados por el ejecutivo), no se consideraban normas internas válidas y obligatorias para jueces, operadores jurídicos y ciudadanos, hasta tanto fueran reproducidos por leyes posteriores a su ratificación y distintas a la ley aprobatoria del tratado. Mientras dicho transvase no sucediera, las normas internacionales tenían solo existencia y validez entre el Estado colombiano y los otros sujetos de derecho internacional involucrados, pero en el ámbito interno no tenían efectos.

No obstante, esporádicamente se dieron arduos debates entre los defensores de la teoría dualista y los de la teoría monista. Estos últimos defendían la preeminencia automática de la norma internacional sobre la nacional, cuando la primera fuera ratificada por Colombia. Con todo, la teoría dualista prevaleció, con algunos excepcionales y fugaces momentos(1).

Evidentemente, el artículo 19 del Código Sustantivo del Trabajo se basa en la teoría dualista, imperante para esa época. Y por eso, no podía admitir que un convenio de la OIT, aunque fuera ratificado, constituyera, por sí mismo, “norma exactamente aplicable al caso controvertido”, mientras no fuera transcrito o desarrollado por una ley posterior a su ratificación. De ahí que solo permitiera recurrir al convenio como fuente supletoria.

Pero la Constitución de 1991 relega la concepción dualista y adopta decididamente la teoría monista (en su versión moderada) del derecho internacional. Efectivamente, según la actual Constitución, los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados “hacen parte de la legislación interna” (art. 53-4), o, incluso, pueden prevalecer en el ordenamiento, con jerarquía de normas constitucionales (arts. 93 y 94), o sea, como integrantes del bloque de la constitucionalidad. Por tanto, esos convenios y tratados ratificados (y añadimos nosotros, promulgados), constituyen normas directamente aplicables en Colombia al caso controvertido, y no simples normas de aplicación supletoria, como quería el artículo 19 del Código Sustantivo del Trabajo.

B. Los principales aspectos de la ratio decidendi y del obiter dictum de la Sentencia C-401/2005

Al examinar las motivaciones de la sentencia, así como su dispositivo, deben resaltarse las siguientes puntualizaciones de la Corte, que, por tener unidad de sentido, constituyen cosa juzgada, tanto implícita (ratio decidendi), como explícita, en materia constitucional, y, por tanto, son elementos de obligatoria observancia para jueces y otros operadores jurídicos:

1. Todos los convenios de la OIT ratificados por Colombia hacen parte del ordenamiento jurídico interno y son, por tanto, normas de obligatorio cumplimiento

Dice la sentencia: “Por lo tanto, al resolver ‘el caso controvertido’ —en los términos del artículo 19 del Código Sustantivo del Trabajo acusado en el presente proceso—, tales convenios son norma aplicable de manera principal y directa, y han de incidir en la determinación del alcance de las normas legales que también sean aplicables. Adicionalmente, los convenios que integran el bloque de constitucionalidad en sentido estricto han de prevaler en el orden interno (C.P., art. 93, inc. 1º), lo cual ha de ser reconocido y respetado al resolver ‘el caso controvertido”.

Lo anterior significa, ni más ni menos, que un convenio de la OIT ratificado por Colombia, se convierte en norma interna de naturaleza legal o constitucional, como si hubiera sido producida internamente. Se sigue de ello que, al momento de buscar la norma o normas reguladoras de un determinado caso, los jueces, funcionarios, abogados y demás operadores jurídicos, no deben limitar su indagación a las normas laborales de origen nacional (por ejemplo, las normas del CST, los actos administrativos pertinentes, etc.), sino que también deberán tener a la vista los convenios de la OIT que versen sobre la materia. Deberán aplicar la norma en la que se subsuma el caso, cualquiera sea su origen, observando los criterios de vigencia en el tiempo (antinomias) y de idoneidad, sin que sea admisible preferir la de origen nacional por el simple hecho de serlo.

Hay muchos casos en los que no se encuentran normas de origen interno exactamente aplicables al caso sub judice, pero, sí se las encuentra en convenios de OIT ratificados. Algunos ejemplos son:

• Convenio 52 (vacaciones anuales pagadas), 1939, artículo 2-3-a): contabilización de días hábiles para efectos del disfrute de las vacaciones.

• Convenio 29 (trabajo forzoso), artículo 2-2: definición de trabajo forzoso.

• Convenio 105 (trabajo forzoso), artículo 1º: supresión como medio de coerción o educación política, o de movilización de mano de obra para fines de crecimiento económico, etc.

• Convenio 95 (protección del salario), artículo 3-1: prohibición de pagar el salario con pagarés, vales, cupones, etc.

• Convenio 111 (discriminación en materia de empleo u ocupación): significado de “discriminación” (art. 1.º)

• Convenio 167 de 1988 (seguridad y salud en la construcción), artículos 13 a 34.

• Convenio 174 (prevención de accidentes industriales mayores), artículo 21.

2. Las normas de los convenios de la OIT ratificados por Colombia, son obligatorias y principales por sí mismas, sin necesidad de que una ley posterior las transcriba o desarrolle

Esta es una puntualización importante, que se deriva claramente de los artículos 53-4 y 93 de la Constitución. Es decir, los jueces y otros operadores jurídicos deberán dar cumplimiento a los convenios de la OIT, sin esperar necesariamente a que se expidan disposiciones internas (leyes, decretos, etc.) que las transcriban.

Sin embargo —agregamos nosotros—, debe aclararse que no siempre las normas de un convenio de la OIT son directamente aplicables a casos concretos. Para que lo sean deberán ostentar el carácter de “autoejecutivas”, es decir, normas redactadas de manera clara, incondicional y precisa, de forma tal que creen derechos subjetivos. Hay otro tipo de normas en los convenios —las llamadas “programáticas o promocionales”—, que trazan derroteros, guías generales, o remiten a los desarrollos de la legislación interna. A diferencia de las autoejecutivas, estas últimas, a pesar de ser internamente válidas, no permiten su aplicación a casos concretos y requieren desarrollos legislativos o administrativos nacionales. Hemos sostenido que, cuando una norma internacional del trabajo incorporada al bloque de la legalidad laboral tenga carácter programático, el gobierno podrá hacerla ejecutable mediante el ejercicio de su potestad reglamentaria, tal y como debe hacerlo con una ley interna que requiere reglamentación(2).

3. Los convenios de la OIT ratificados son normas internas, pero no todos hacen parte del bloque de la constitucionalidad

La Corte dedica buena parte de la sentencia al tema de la jerarquía que adquieren los convenios de la OIT en el derecho colombiano. Podríamos resumir su tesis en pocas palabras: si bien todos los convenios de la OIT ratificados por Colombia hacen parte de la legislación interna, solo algunos se incorporan al bloque de la constitucionalidad (es decir, como normas de rango constitucional).

Hasta la sentencia que acá comentamos (es decir, durante unos trece años), la jurisprudencia de la Corte mostraba una clara tendencia a considerar que todos los convenios de la OIT formaban parte del llamado bloque de constitucionalidad. No reconocía que muchos de ellos no podían ostentar tal status, sino el equivalente a leyes internas. Esta posición de la Corte la criticamos en su momento por no ser consistente con una interpretación sistemática de la Carta, crítica que no reproduciremos acá por razones de espacio.

La Corte asevera que la incorporación de un convenio de la OIT al bloque de la constitucionalidad “no es automática”. Señala que para que un convenio de la OIT se incorpore al bloque de la constitucionalidad se requiere que la propia Corte lo decida de manera específica y caso por caso, “tal y como lo ha venido haciendo” en anteriores sentencias, “o lo señale en el futuro”. Para nosotros, esto significa que la Corte ratifica con este fallo las inserciones específicas a dicho bloque, que ella misma ha decidido en el pasado, lo que lleva forzosamente a concluir que ella sigue considerando incluido en el bloque de la constitucionalidad un número significativo de convenios de la OIT.

Y aquí discrepamos con el alto tribunal: hemos sostenido desde hace varios años, en distintos foros y escritos, que la mayoría de los convenios de la OIT se incorporan automáticamente al que hemos llamado “bloque de la legalidad laboral” (conjunto de la legislación en materia de trabajo), en tanto que solo una minoría de ellos se inserta en el bloque de la constitucionalidad. Es decir, nuestra posición sobre cuáles convenios de la OIT se incorporan al bloque de la constitucionalidad es más estricta que la que ahora sostiene la Corte. Hemos argumentado que a dicho bloque en Colombia solo se incorporan aquellas normas internacionales del trabajo que reúnan las dos condiciones sine qua non, exigidas por el artículo 93 de la Constitución Política: i) normas que contengan derechos humanos; ii) que, además, prohíban su limitación durante los estados de excepción. A nuestro juicio, estas dos condiciones solo las reúnen muy pocos convenios. Concretamente, los convenios 87 y 98 (libertad sindical), 105 (abolición del trabajo forzoso), 100 (igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor), 111 (discriminación en empleo y ocupación), 138 (edad mínima para trabajar) y 182 (peores formas de trabajo infantil). Prácticamente, todos ellos hacen parte de la Declaración de la OIT (1998), sobre los derechos fundamentales en el trabajo.

4. Para que un convenio de la OIT haga parte del bloque de la constitucionalidad se requiere que así lo decida expresamente la Corte Constitucional, caso por caso

Como adelantamos antes, la Corte indica que al bloque de la constitucionalidad solo ingresan aquellos convenios de la OIT que ella señale, caso por caso. También asevera que, cuando ella decida tal inserción, indicará si dicha incorporación se hace al bloque de la constitucionalidad stricto sensu (normas constitucionales de índole laboral, que prevalecen en el orden interno por reunir las condiciones señaladas por el artículo 93 de la Constitución Política), o al lato sensu (normas superiores que juegan un rol hermenéutico para determinar el alcance de una norma). Esto último constituye, a nuestro juicio, un avance jurisprudencial, toda vez que veníamos criticando el hecho de que la Corte no hacía tal aclaración.

Sin embargo, no compartimos la tesis de la Corte, cuando dice que la incorporación de un convenio de la OIT al bloque de la constitucionalidad debe ser precedida de una decisión expresa y específica de ese organismo.

El artículo 93 superior señala que, para que una NIT “prevalezca” en el orden interno, debe reunir dos condiciones: a) que verse sobre derechos humanos, y b) que prohíba su limitación durante los estados de excepción (en Colombia, tales estados son los de conmoción interior, emergencia económica o guerra exterior).

Es decir, en la norma anotada encontramos un supuesto jurídico (tratado internacional que reúna las dos condiciones señaladas) y una disposición (prevalencia en el orden interno), que se presentan cuando sean realidad las dos condiciones sine qua non de dicho supuesto. En términos de lógica jurídica, la mencionada norma representa un caso de “implicación intensiva”(3) —predominante en los ámbitos jurídicos—, entendiendo por tal una estructura normativa donde el cumplimiento de un supuesto (que incluye una o más condiciones) es necesario para que la consecuencia jurídica o disposición, prevista por ella, se dé. En las “implicaciones intensivas” se encuentra la relación “solo cuando X, entonces Y”. En simbolismo lógico, este tipo de implicación se representa así:

X Þ Y

En la norma constitucional del artículo 93, el supuesto X incluye dos condiciones (a y b) para que la consecuencia o disposición (Y) se produzca (es decir, la prevalencia en el orden interno de la norma internacional que cumple esas dos condiciones). O sea:

[a + b] ÞY

Sin embargo, la Corte Constitucional, en la sentencia que acá comentamos, introduce una nueva condición dentro de la prótasis o supuesto (que aquí representaremos con “c”): que ese alto tribunal declare expresamente para el caso concreto, que un determinado convenio de OIT ratificado hace parte del bloque de la constitucionalidad. Es decir, la estructura lógica del artículo 93 sería, según esta tesis de la Corte:

[a + b + c] Þ Y

Con lo cual la Corte Constitucional, a nuestro juicio, está poniendo en boca de la Constitución algo que ésta no quiere decir. Según la Constitución, la prevalencia de un convenio de la OIT en el orden interno se dará cuando el mismo reúna las dos condiciones señaladas por el artículo 93. No señala una tercera condición consistente en que la Corte Constitucional declare que dicho convenio debe prevalecer. Según el artículo 241 de la Constitución, a la Corte Constitucional se le confía la integridad y supremacía de la Carta, pero ello no significa que tenga poderes constituyentes que le permitan agregar contenidos materiales a ese estatuto. En el caso que comentamos, la Corte está introduciendo una condición no prevista en la Carta, para que un convenio de la OIT entre a formar parte del bloque normativo superior.

5. Al igual que cualquier otra norma del ordenamiento jurídico interno, un convenio de la OIT puede aplicarse por vía analógica, pero siempre y cuando esté ratificado

Según su fallo, los convenios de la OIT, ratificados por Colombia, pueden jugar un doble papel en el ordenamiento jurídico colombiano: i) ser normas exactamente aplicables al caso controvertido, y ii) servir como criterios auxiliares.

¿Qué significa esto?

El artículo 19 del Código Sustantivo del Trabajo enuncia las fuentes del derecho del trabajo colombiano, las cuales son de dos clases: 1. Fuentes de aplicación principal, y 2. Fuentes de aplicación supletoria o subsidiaria.

Las fuentes de aplicación principal son aquellas normas “exactamente aplicables al caso controvertido”. En la concepción inicial del artículo 19 (en concordancia con el artículo 43 de la misma codificación), podemos decir, que tales fuentes prevalentes son: la ley laboral (que incluye los actos administrativos que la desarrollan), los laudos arbitrales, los pactos y convenciones colectivas y los reglamentos internos de trabajo(4). Según lo dispone la Sentencia C-401/2005, a las anteriores fuentes deben agregarse los convenios de la OIT debidamente ratificados por Colombia.

A su vez, las fuentes auxiliares o supletorias son aquellas aplicables solo cuando no exista una norma en la cual pueda subsumirse el caso controvertido de manera principal o prevalente. Según el artículo 19 del CST, esas fuentes son: “... las (normas) que regulen casos o materias semejantes, los principios que se deriven de este código, la jurisprudencia, la costumbre o el uso, la doctrina, los convenios y recomendaciones adoptadas por la organización y las conferencias internacionales del trabajo, en cuanto no se opongan a las leyes sociales del país, los principios del derecho común que no sean contrarios a los del derecho del trabajo”.

La sentencia que comentamos, indica que la frase “los convenios”, para ser armónica con el estatuto superior, ha de entenderse como “convenios ratificados”, que no sean exactamente aplicables al caso controvertido. Dijo la Corte: “Pues bien, para llenar el vacío específico, se puede también acudir a los convenios ratificados por Colombia, no porque sean normas supletorias, sino porque son fuente principal y directa de derecho que pueden servir de base para llenar el vacío. En este sentido, su aplicación, no su nivel normativo ni su fuerza jurídica, se torna, para ese caso, supletoria. En esta eventualidad, el convenio también debe haber sido ratificado por Colombia (C.P., art. 53)”.

No compartimos este último entendimiento de la Corte de la frase “los convenios”, por las siguientes razones:

En primer lugar, porque esa interpretación no armoniza (pudiendo hacerlo) con la estructura sistemática y lógica de la norma contenida en el artículo 19. En efecto, esta norma prescribe las maneras o métodos como el juez y el operador jurídico deben enfrentar las llamadas “lagunas técnicas o de regulación” dentro del ordenamiento jurídico, es decir, las omisiones normativas para determinadas situaciones, en que cabría esperar regulación. Esas maneras o métodos podrían agruparse, siguiendo a Carnelutti(5), en dos: la autointegración y la heterointegración.

La autointegración consiste en obtener la composición y solución de un caso no contemplado exactamente en el ordenamiento jurídico positivo, recurriendo al ámbito mismo de las leyes vigentes, esto es, sin echar mano de otros ordenamientos o fuentes diferentes. La autointegración se vale fundamentalmente de dos métodos: la analogía (solucionar la controversia recurriendo a normas vigentes dentro del propio ordenamiento, que regulen casos que exhiban semejanzas relevantes —analogía legis—, o extrayendo de varias normas los criterios necesarios para regular un caso —analogía iuris—); y los principios generales del ordenamiento laboral (o sea, deducir la solución desde los principios inspiradores del ordenamiento positivo laboral). Ambos métodos están expresamente contemplados en el artículo 19, al afirmar que cuando no haya norma (del ordenamiento laboral) exactamente aplicable al caso controvertido, “se aplican las (normas de tal ordenamiento) que regulen casos o materias semejantes, los principios que se deriven de este código (...)”.

El método analógico recurre a normas vigentes del ordenamiento, que no regulan exactamente el caso sub judice, pero sí otro u otros semejantes, que ostenten la misma ratio. O sea, si el intérprete no encuentra una norma dentro del ordenamiento que resuelva exactamente el caso sometido a su juicio (incluyendo convenios de la OIT ratificados), deberá acudir a otras normas vigentes (entre ellas, otros convenios de la OIT ratificados), que disciplinen casos esencialmente semejantes.

Dicho de otro modo, en la frase “se aplican las (normas) que regulen casos o materias semejantes”, ya se incluyen, de hecho, los convenios de la OIT ratificados por Colombia, en los cuales pueda apelarse al razonamiento per analogiam o a simile, de igual manera como se utilizarían en otra norma de origen nacional.

El otro método contemplado por el artículo 19 es el de la heterointegración, el cual consiste en utilizar ordenamientos diferentes al laboral nacional, o recurrir a otras fuentes distintas a la dominante (en este caso la ley), pero dentro del mismo ámbito laboral. Esta última modalidad incluye la jurisprudencia, la costumbre praeter legem, el uso y los principios “del derecho común que no sean contrarios a los del derecho del trabajo”.

Ahora bien, visto ya que el método analógico es aplicable a convenios ratificados por Colombia, que regulen materias semejantes (autointegración), la frase “los convenios” debería entenderse bajo el concepto de heterointegración: normas internacionales del trabajo, que no ostenten el carácter de normas vigentes en el derecho interno colombiano. Vale decir, la expresión “los convenios”, a la luz de la Constitución de 1991, debe referirse a convenios de la OIT no ratificados por Colombia y no, como sostiene la Corte, a convenios ratificados.

En segundo lugar, debe decirse que solo el entendimiento de la expresión “los convenios” en el sentido de “convenios no ratificados por Colombia”, permite que la frase “en cuanto no se opongan a las leyes sociales del país”, que en el artículo 19 condiciona la validez de esos instrumentos internacionales como fuente supletoria, pueda sostenerse de manera no solamente lógica dentro de la estructura del artículo, sino también armónica con la Constitución. En otras palabras, el entendimiento que da la Corte a la expresión “los convenios”, como referida a “convenios ratificados”, lleva a entronizar una nueva inconstitucionalidad dentro del artículo 19, ya que estos solo serían válidos como fuente supletoria, siempre y cuando “no se opongan a las leyes sociales del país”. Ello significaría que “las leyes sociales del país” prevalecen sobre los convenios de la OIT ratificados, que se utilicen como criterio hermenéutico auxiliar, lo que es contrario a los artículos 53-4 y 93 superiores.

C. Lo que no dijo(y quizás debió decir) la sentencia, o que la Corte podría abordar en futuros pronunciamientos sobre el tema

La sentencia que acá comentamos (al igual que otras que versan sobre materias que despiertan polémica en el seno de la Corte), es una especie de “sentencia de mínimos”, lo que no significa demeritar los innegables avances jurisprudenciales que representa. El tema que trata la Corte en esta sentencia es sin duda controversial. No en cuanto a que los convenios de la OIT son, per se, parte integrante del ordenamiento jurídico colombiano, sino en cuanto a la definición de cuáles prevalecen en este, es decir, cuáles integran el bloque de la constitucionalidad (esto se evidencia en las aclaraciones de voto de los magistrados Cepeda y Córdoba). Durante trece años, la Corte tendió a considerar que todos los convenios de la OIT integraban tal bloque. De ahí que sea ciertamente un avance el que la Corte ahora sostenga que solo algunos de ellos lo integran.

Quizás por esa circunstancia, la sentencia no aprehendió algunos otros temas propios de esta materia, que no se contemplaron en ella y que quedan como asignaturas pendientes para el alto tribunal. He aquí algunos:

a) La frase “los convenios”, dentro del artículo 19 del Código Sustantivo del Trabajo, debió haber sido objeto de una interpretación extensiva, para incluir en ella no solo los convenios de la OIT, sino otras normas internacionales del trabajo (que a mediados del siglo pasado no existían o no tenían la fuerza normativa que actualmente ostentan), como la Declaración Universal de los DDHH, la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales, el Protocolo de San Salvador, etc. Se debieron incluir también los tratados bilaterales o multilaterales en materia laboral y de seguridad social, celebrados por el Estado colombiano con otros Estados.

b) La puntualización de cuándo un convenio de la OIT se vuelve norma no solamente válida en el ordenamiento interno, sino obligatoria. Hemos sostenido que una norma internacional del trabajo es norma internamente válida en Colombia, cuando es ratificada; pero solo es obligatoria cuando es promulgada, según el procedimiento establecido en la Ley 7ª de 1944.

c) La diferenciación entre normas autoejecutivas y normas programáticas o promocionales, dentro de un convenio. Este es un tema de evidente vinculación con la efectividad de estos, en el contexto del artículo 19 del Código Sustantivo del Trabajo, con el cual la Corte habría podido desplegar una importante labor de pedagogía.

d) Seguramente por lo polémico, y en el espíritu de lograr el consenso mínimo en su Sala Plena, la Corte no menciona el tema de la incorporación al bloque de la constitucionalidad de las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical de la OIT. Como se sabe, a partir de la Sentencia T-568/99, distintas salas de revisión de tutelas han sostenido esa singular tesis, que hemos criticado. Teóricamente, esta habría sido la oportunidad para sentar posición desde una sentencia del tipo “C”.

D. Las implicaciones del fallo

Aparte de las obvias en la función jurisdiccional, el fallo tiene repercusiones importantes en las prácticas jurídico-laborales colombianas. Con el objetivo general de romper el paradigma dualista que aún influye inercialmente, de esta sentencia pueden extraerse pautas para emprender algunas acciones, tales como:

a) El Icfes y las facultades de derecho deberán revisar los programas de pregrado, relativos al Derecho Laboral. Hasta hoy el tema del Derecho Internacional del Trabajo y de los convenios de la OIT ocupan un lugar nulo o muy marginal en los currículos. La enseñanza del Derecho Laboral, en lo sucesivo, no deberá circunscribirse a la legislación de origen nacional que rige el trabajo en los sectores público y privado, sino a los convenios de la OIT ratificados por Colombia, por su carácter de normas jurídicas de aplicación principal.

Las facultades de derecho deberían revisar sus programas de educación continuada en Derecho Laboral (diplomados y posgrados), para incorporar el tema.

b) El Consejo Superior de la Judicatura debería incluir el tema en sus programas de actualización de jueces laborales, mediante el refrescamiento en materias como el Derecho Internacional Público, Constitucional e Internacional del Trabajo.

c) Las empresas editoriales privadas y oficiales, que publican periódicamente las codificaciones jurídicas nacionales en materia laboral, deberán modificar los contenidos, para dar cabida a los convenios de la OIT ratificados, no de una manera meramente enunciativa, sino de una forma orgánica, complementada con comentarios que faciliten su labor a estudiantes, jueces y demás operadores jurídicos.

(1) Por ejemplo, la sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Expediente 2891, octubre 21 de 1980, C.P. Aydée Anzola Linares, que, basándose en el artículo 1º de la Ley 7ª de 1944, expresa: “no existe precepto alguno constitucional ni legal que exija, fuera de la ley aprobatoria de los convenios internacionales, otra que los desarrolle, para que puedan regir dentro de nuestro derecho interno”.

(2) Sobre la distinción entre normas autoejecutivas y programáticas ver: Carlos Ernesto Molina M. Las normas internacionales del trabajo y su efectividades el derecho colombiano. Editorial Temis, Bogotá, 2005, primera edición, páginas 230 y siguientes.

(3) Ulrich Klug. Lógica jurídica. Editorial Temis S.A., segunda reimpresión, Bogotá, 2004, páginas 53 y siguientes.

(4) Guillermo Camacho Henríquez. Derecho del trabajo. Tomo I, Teoría General y Relaciones Individuales. Editorial Temis, Bogotá, 1961, página 127.

(5) Francesco Carnelutti. Teoría General del Derecho. Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1955, páginas 116 y siguientes.