Los derechos de autor y el contrato de trabajo

Revista Nº 126 Nov.-Dic. 2004

Nuestra legislación se encuentra desfasada de las tendencias mundiales sobre derechos de autor al interior del contrato de trabajo. 

Carlos Hernán Godoy Fajardo 

Investigador 

Diego Felipe Valdivieso Rueda 

Asistente de investigación 

1. Introducción

Siempre que se quieran realizar aportes doctrinarios en los que se involucre el Derecho del Trabajo con otras ramas del Derecho, es necesario acudir a la Constitución Política como norma superior que orienta la estructura jurídica de nuestro país, pues, de esa forma, se obtendrá una visión estructural y completa del tema.

Es así como encontramos al Derecho del Trabajo en el artículo 25, capítulo 1º del título segundo de nuestra constitución.

ART. 25.—El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. 

Con la disposición citada, queremos hacer mención al concepto genérico de trabajo dado por nuestro constituyente y que nos sirve como referencia obligada, cada vez que queramos referirnos a temas de Derecho del Trabajo. Por supuesto, es bajo este concepto que surgen los contratos de prestación de servicios y el de trabajo, que son el objeto específico del presente artículo.

El artículo 25 de la Constitución Nacional se encuentra dentro del capítulo denominado “De los derechos fundamentales” del título II “De los derechos, las garantías y los deberes”, lo que pone de manifiesto la importancia que tiene el trabajo al interior de nuestro ordenamiento jurídico.

Situación, que en temas como el del derecho de autor en las relaciones de trabajo, no podemos desconocer y que por el contrario suma importancia, teniendo en cuenta, que junto con la obligación constitucional del artículo 25, también existen derechos y obligaciones especiales respecto de quien realiza una obra y de la comunidad que se sirve de ella.

Por su parte, el artículo 61 de nuestra constitución, que es parte del capítulo II sobre los derechos sociales, económicos y culturales, señala:

ART. 61.—El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley. 

Es en relación con este derecho que vamos a reflexionar sobre la idoneidad de los contratos de prestación de servicios y de trabajo para la transferencia de los derechos de autor. 

1.1. ¿Qué es el contrato de trabajo?

ART. 22.—Definición. 1. Contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración (CST). 

De acuerdo a la disposición citada del Código Sustantivo del Trabajo, encontramos que en los extremos de una relación de trabajo se ubican por un lado el trabajador y por otro, el empleador, existiendo entre ellos una relación que se concreta en que el trabajador realiza a favor del empleador una prestación personal de servicios, y este último paga una remuneración por ello y, además, es titular de las prerrogativas que le otorga el derecho a la subordinación laboral. Toda relación que se desarrolle dentro de este contexto, se entiende configurada a través de un contrato laboral.

En ejecución del contrato de trabajo puede surgir la propiedad intelectual, como resultado expresamente deseado por las partes, o como fruto del trabajo contratado.

1.2. ¿Qué es el contrato de prestación de servicios?

1.2.1. No existe una denominación típica en materia civil y comercial

Es pertinente anotar que el “contrato de prestación de servicios” es un contrato atípico de naturaleza civil, fruto de la necesidad que tenían las personas de ofrecer su mano de obra como capital de trabajo, pero bajo una relación distinta a la subordinación propia del contrato laboral. De esta forma, surgió en el mundo jurídico la generalizada utilización de la modalidad contractual denominada contrato de prestación de servicios, la que no tiene denominación típica al interior de nuestra legislación civil y comercial.

1.2.2. El contrato de prestación de servicios como desarrollo de dos modalidades de contrato de arrendamiento contempladas en el Código Civil

En el ámbito de la legislación civil, encontramos que el comúnmente llamado contrato de prestación de servicios surge como desarrollo de los contratos de arrendamiento para la confección de una obra material de los artículos 2053 y siguientes del Código Civil y del contrato de arrendamiento de servicios inmateriales de los artículos 2063 y siguientes del Código Civil.

ART. 2053.—Si el artífice suministra la materia para la confección de una obra material, el contrato es de venta: pero no se perfecciona sino por la aprobación del que ordenó la obra. 

Por consiguiente, el peligro de la cosa no pertenece al que ordenó la obra sino desde su aprobación, salvo que se haya constituido en mora de declarar si la aprueba o no. 

Si la materia es suministrada por la persona que encargó la obra, el contrato es de arrendamiento. 

Si la materia principal es suministrada por el que ha ordenado la obra, poniendo el artífice lo demás, el contrato es de arrendamiento; en el caso contrario, de venta. 

(...). 

ART. 2063.—Las obras inmateriales o en que predomina la inteligencia sobre la obra de mano, como una composición literaria, o la corrección tipográfica de un impreso, se sujetan a las disposiciones especiales de los artículos 2054, 2055, 2056 y 2059. 

Claramente, en estas dos modalidades contractuales el elemento relevante es que una parte arrienda su mano de obra como capital de trabajo a otra que le paga un precio por ello.

1.2.3. El contrato de prestación de servicios como desarrollo del contrato de suministro contemplado en el Código de Comercio

De igual forma, se puede señalar que en el ámbito de la legislación comercial, el contrato de prestación de servicios, se da como desarrollo del contrato de suministro contemplado en los artículos 968 y siguientes del Código de Comercio.

ART. 968.—El suministro es el contrato por el cual una parte se obliga, a cambio de una contraprestación, a cumplir a favor de otra, en forma independiente, prestaciones periódicas o continuadas de cosas o servicios. 

Bajo la modalidad de prestación periódica de servicios encontramos nuevamente, como elemento protagónico, el ofrecimiento de la mano de obra como capital de trabajo a cambio de una contraprestación.

1.2.4. Desarrollo típico en el ámbito de los contratos con la administración pública

A diferencia de lo que sucede con la legislación civil y la comercial, siendo la normatividad vigente en materia de contrataciónde la administración pública de origen más reciente en nuestro ordenamiento, encontramos que el contrato de prestación de servicios sí tiene una consagración típica, que la encontramos en la Ley 80 de 1993, norma que se conoce como el estatuto general de contratación de la administración pública.

ART. 32.—De los contratos estatales.Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación. 

(...). 

3. Contrato de prestación de servicios 

Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos solo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. 

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable (apartes subrayados declarados condicionalmente exequibles por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-154 de 1997).

1.3. La ausencia de regulación

La primera afirmación que debemos hacer es que es evidente la ausencia de regulación en el Código Sustantivo del Trabajo, en el Código Civil y en el Código de Comercio sobre la materia de los derechos de autor implicados en la ejecución de un contrato de trabajo o de un contrato de prestación de servicios.

1.3.1. La única referencia al tema de la propiedad intelectual en la legislación laboral

Las únicas referencias tácitas al tema de la propiedad intelectual en las relaciones de trabajo que podemos encontrar al interior de la legislación laboral, se dan respecto a los secretos empresariales y a la información reservada, para prevenir la competencia desleal, mediante disposiciones que se refieren a la conducta del trabajador en desarrollo del contrato laboral y a mecanismos disciplinarios por faltas que se den en estas materias.

ART. 56.—Obligaciones de las partes en general. De modo general, incumben al patrono obligaciones de protección y de seguridad para con los trabajadores, y a estos obligaciones de obediencia y fidelidad para con el patrono (subrayado no original). 

(...). 

ART. 58.—Obligaciones especiales del trabajador. Son obligaciones especiales del trabajador. 

(...). 

2. No comunicar con terceros, salvo autorización expresa, las informaciones que tenga sobre su trabajo, especialmente sobre las cosas que sean de naturaleza reservada o cuya divulgación pueda ocasionar perjuicios al patrono, lo que no obsta para denunciar delitos comunes o violaciones del contrato o de las normas legales del trabajo ante las autoridades competentes. 

(...). 

ART. 62.—Terminación del contrato por justa causa. Son justas causas para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo: 

a) Por parte del patrono: 

(...). 

8. El que el trabajador revele los secretos técnicos o comerciales o dé a conocer asuntos de carácter reservado, con perjuicio de la empresa. 

2. ¿Es el contrato de prestación de servicios una herramienta apropiada para la transferencia de derechos patrimoniales de autor?

2.1. Marco normativo básico

2.1.1. Ley 23 de 1982. Sobre los derechos de autor

CAPÍTULO II 

Contenido de derecho

Sección primera: Derechos patrimoniales y su duración

ART. 20.—Cuando uno o varios autores, mediante contrato de servicios, elaboren una obra según plan señalado por persona natural o jurídica y por cuenta y riesgo de esta, solo percibirán, en la ejecución de ese plan, los honorarios pactados en el respectivo contrato. Por este solo acto, se entiende que el autor o autores transfieren los derechos sobre la obra, pero conservarán las prerrogativas consagradas en el artículo 30 de la presente ley, en sus literales a) y b). 

CAPÍTULO XIII 

De la transmisión del derecho de autor

ART. 183.—Todo acto de enajenación del derecho de autor sea parcial o total, debe constar en escritura pública, o en documento privado reconocido ante notario, instrumentos que, para tener validez ante terceros, deberán ser registrados en la oficina de registros de derechos de autor, con las formalidades que se establecen en la presente ley. 

2.1.2. El artículo 20 de la Ley 23 de 1982 no es extensible al contrato de trabajo

De la interpretación de este artículo podemos concluir que no es extensible al contrato de trabajo. Lo anterior, porque aunque el texto es ambiguo al utilizar la expresión “contrato de servicios”, al analizarlo en su integridad se concluye que únicamente se refiere al contrato de prestación de servicios, al hablar de la contraprestación económica a que tienen derecho los autores a título de “honorarios”, lo cual es propio de este tipo de contratos.

2.1.3. Artículo 20 vs. artículo 183

Claramente, entre estas dos normas existe un conflicto, puesto que de su análisis se pueden colegir regulaciones encontradas e incompatibles.

El conflicto se da, puesto que el artículo 20 establece que para el caso del contrato de prestación de servicios “por este solo acto” (el de la celebración del contrato) los autores que elaboran una obra, según plan señalado en el contrato, transferirán los derechos patrimoniales de autor sobre la misma.

Situación que es opuesta a la obligación general del artículo 183 que establece “todo acto de enajenación del derecho de autor sea parcial o total, debe constar en escritura pública, o en documento privado reconocido ante notario”. De esta manera, se establece una solemnidad no contemplada en el artículo 20.

Para dar solución al conflicto que nos ocupa, tenemos inevitablemente que acudir a la norma rectora sobre la solución de conflictos normativos, es decir, al artículo 5º de la Ley 57 de 1887, incorporado en el artículo 10 del Código Civil. Norma que nos da alternativas de solución a los problemas que se pudieran presentar ante la inseguridad jurídica que se origina por la existencia de dos disposiciones encontradas.

ART. 10.—Derogado. L. 57/887, art. 45. Subrogado. L 57/887, art. 5º. Cuando haya incompatibilidad entre una disposición constitucional y una legal, preferirá aquella. 

Si en los códigos que se adoptan se hallaren algunas disposiciones incompatibles entre sí, se observarán en su aplicación las reglas siguientes: 

1. La disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga carácter general. 

2. Cuando las disposiciones tengan una misma especialidad o generalidades, y se hallen en un mismo código, preferirá la disposición consignada en el artículo posterior; y si estuviere en diversos códigos, preferirán por razón de estos, en el orden siguiente: Civil, de Comercio, Penal, Judicial, Administrativo, Fiscal, de Elecciones, Militar, de Policía, de Fomento, de Minas, de Beneficencia y de Instrucción Pública. 

Lo primero que hay que decir es que siguiendo la lógica sistemática, que debería respetar toda norma jurídica, el contenido normativo plasmado en el artículo 20 debería estar ubicado dentro del capítulo XIII donde se encuentra el artículo 183. Lo anterior, porque claramente el legislador estableció en el capítulo XIII de la ley un régimen normativo concreto en materia de transmisión de los derechos de autor, esto obviamente se observa por el título mismo que se le dio a dicho capítulo.

El artículo 20 es una norma que única y exclusivamente regula el fenómeno de la transmisión del derecho de autor en las relaciones contractuales originadas por un contrato de prestación de servicios. Situación que nos permite concluir que si se quisiera respetar una estructura lógica y coherente dentro de la ley, el legislador hubiera ubicado el artículo 20 en el capítulo denominado “De la transmisión de los derechos de autor”, es decir, el capítulo XIII.

A pesar de que el capítulo XIII de la ley se refiere especialmente al fenómeno de la transmisión de los derechos de autor, al establecer la solemnidad del artículo 183 lo que está haciendo es regulando de manera general el fenómeno de la transmisión. Esto se concluye desde la expresión misma “todo acto” utilizada al inicio del artículo, ya que dicho vocablo se trae para irradiar de manera general, con la solemnidad de la publicidad, cualquier acto de transmisión del derecho de autor.

Esto nos lleva a deducir que aunque el artículo 20 sistemáticamente se encuentra mal ubicado dentro de la ley, como ya lo mencionamos, es una disposición especial en lo que se refiere a la transmisión de los derechos de autor en los contratos de prestación de servicios. Dicha condición de especial es evidente, porque claramente regula un fenómeno específico, el del contrato de prestación de servicios.

La pregunta que surgiría entonces es ¿por qué no se prefiere el artículo 183, siendo que este es posterior al artículo 20, tal como lo establece el numeral 2º del artículo 10 del Código Civil? A lo cual respondemos que hay que tener claro que el artículo 183 se refiere a una generalidad y el artículo 20 a una especialidad, lo cual se manifiesta en que cada norma de estas tiene una misión distinta que cumplir dentro de la ley, ya que el artículo 20 quiere regular un fenómeno concreto (el del contrato de prestación de servicios) y el artículo 183 quiere establecer una regla general. Esta situación hace que se excluya la posibilidad de acudir a la solución que establece el numeral 2º del artículo 10 del Código Civil.

De esta forma, es claro para nosotros que la norma que le da solución al conflicto normativo es el numeral primero del artículo 10 del Código Civil, puesto que el artículo 20 de la Ley 23 de 1982 es una disposición relativa a un asunto especial, el contrato de prestación de servicios, por lo cual dicho artículo se preferirá sobre el artículo 183 de la misma ley, ya que este último simplemente tiene una disposición de carácter general.

2.2. El contrato de prestación de servicios sí es una herramienta idónea para la transferencia de los derechos de autor

Respondiendo a parte de la pregunta que constituye el objetivo de este documento, el contrato de prestación de servicios, dadas las reflexiones anteriores, sí es una herramienta apropiada y especial para la transferencia de derechos patrimoniales de autor.

2.3. Pero no cualquier contrato de prestación de servicios (requisitos para la idoneidad)

No podemos dejar de lado la naturaleza especial que tienen los contratos sobre los derechos de autor, situación que muy juiciosamente respetó el legislador. Por ello, el artículo 20 de la Ley 23 de 1982 estableció unos requisitos, que se deberán cumplir estrictamente para que tenga validez el contrato de prestación de servicios como fuente de transmisión de los derechos de autor.

Los requisitos a que nos referimos y los cuales no pueden hacer falta en el contrato de prestación de servicios son los siguientes:

• El contrato de prestación de servicios debe incluir un plan señalado por el contratante: Con ello se quieren eliminar las formas de transmisión abstracta de derechos, las cuales, en muchas ocasiones, se convirtieron en una fuente de grandes abusos.

• La elaboración de la obra debe ser por cuenta y riesgo del contratante.

• El precio de la transmisión debe quedar claramente pactado, lo que se debe reflejar en los honorarios acordados.

3. ¿Es el contrato de trabajo una herramienta apropiada para la transferencia de derechos patrimoniales de autor?

3.1. Marco normativo

3.1.1. Ley 23 de 1982. Sobre los derechos de autor

CAPÍTULO XIII 

De la transmisión del derecho de autor 

ART. 183.—Todo acto de enajenación del derecho de autor sea parcial o total, debe constar en escritura pública, o en documento privado reconocido ante notario, instrumentos que, para tener validez ante terceros, deberán ser registrados en la oficina de registros de derechos de autor, con las formalidades que se establecen en la presente ley. 

3.2. Hay que acudir a la norma general

A diferencia de lo que sucede en el contrato de prestación de servicios, en lo que se refiere al contrato laboral, no existe norma expresa que regule el tema de la transmisión de los derechos de autor, situación por la cual es inminente acudir a la norma general del artículo 183 de la Ley 23 de 1982, la cual con la expresión “todo acto” es aplicable a todos aquellos sobre los que no existe norma en contrario y, por lo tanto, para todos los efectos regula el fenómeno de la transmisión al interior del contrato de trabajo.

3.3. Los requisitos que debe cumplir el contrato de trabajo para poder transmitir los derechos patrimoniales de autor

Al ser el artículo 183 la norma aplicable para la transmisión de los derechos de autor en un contrato de trabajo, se deben cumplir los requisitos que dicha norma establece.

• El acto de enajenación debe constar en escritura pública o en documento privado reconocido ante notario.

• Registro en la oficina de registro de derechos de autor.

3.4. Opciones para transmitir los derechos de autor a través del contrato de trabajo

Según lo analizado podemos concluir que las opciones para ceder los derechos de autor a través o en ejecución de un contrato de trabajo son las siguientes:

• Al inicio del contrato de trabajo, cumpliendo los requisitos del artículo 183, siempre y cuando se establezca claramente la obra a realizar y la transferencia de los derechos patrimoniales que se desprenden de la autoría de la misma. Esta modalidad sería especialmente aplicable en los casos de contrato de trabajo por duración de la labor u obra determinada. Pero cabría también en cualquier otro tipo de contrato de trabajo.

• En desarrollo de un contrato de trabajo, el trabajador desarrolla o va a desarrollar una obra cualquiera. En este evento, se puede realizar una cláusula adicional al contrato de trabajo, que cumpla con los requisitos del artículo 183, donde se establezca claramente la obra a realizar y la transmisión de los derechos sobre ella.

• Bajo la misma hipótesis anterior, también podría realizarse un contrato concurrente para la transmisión de los derechos patrimoniales de autor. Dicho contrato deberá cumplir con las formalidades previstas en el artículo 183.

3.5. Imputabilidad de salarios al precio de la transmisión de derechos de autor

Para que el salario del trabajador se pueda imputar al valor de la transferencia de los derechos de autor, debe mediar acuerdo expreso: en los componentes de la remuneración cuando la obra se acuerda desde el comienzo mismo del contrato, en la cláusula adicional, cuando la obra surge durante el contrato o en el contrato concurrente, para la cesión de los derechos de autor.

3.6. La recomendación

De la transparencia, la buena fe y el sentido de equidad con que se acuerden las condiciones de transmisión, respetando el equilibrio que debe existir en toda relación del trabajo y reflejando el sentido de justicia que debe reconocer cada extremo del vínculo contractual, depende la idoneidad moral de la cesión de los derechos patrimoniales de autor a través de un contrato de trabajo.

4. Algunas consideraciones sobre situaciones laborales especiales con respecto a los derechos de autor

4.1. El artículo 92 de la Ley 23 de 1982

Ver artículo 92 de la Ley 23 de 1982.

Este artículo, en nuestro entender, antes que establecer una norma especial en materia de transferencia de derechos de autor al interior de los contratos de trabajo o de arrendamiento de servicios, lo que hace es dar una solución legal a la controversia que se puede presentar en los casos de obras colectivas, cuando es imposible identificar la parte de la autoría que podría reivindicar cada una de las personas que contribuyeron en la realización de la obra.

La norma en ningún momento habla de transmisión del derecho, sino que establece que ante la dificultad mencionada se considera que en todo momento, es decir, desde el nacimiento mismo de la obra, el titular de los derechos de autor es el editor o persona jurídica o natural por cuya cuenta y riesgo se realizó la obra. Si se estuviera regulando el fenómeno de la transferencia, tendría que reconocérsele derecho a quienes participaron en la elaboración de la obra, para que lo pudieran transferir, situación que no se da ante la confusión de las autorías.

Por esto, no estamos en presencia del fenómeno comercial de la transferencia de los derechos de autor, puesto que los confusos múltiples autores no tienen nada que transmitir porque nunca tuvieron el derecho.

4.2. Obras creadas por funcionarios o empleados públicos

Ver artículo 91 de la Ley 23 de 1982.

Este es otro caso en que el legislador definió la titularidad del derecho patrimonial de autor al interior de las relaciones laborales (tal como lo han hecho otros países según veremos en el siguiente capítulo al interior de los contratos de trabajo), por lo tanto escapa a las reflexiones sobre la transmisión que son el objeto de este artículo.

5. Comentarios sobre normas de Derecho Comparado relacionadas con el tema del presente artículo

5.1. Ausencia de regulación expresa sobre el contrato de trabajo en la ley colombiana

Tal como lo concluimos en los puntos anteriores, ni la legislación laboral propiamente dicha, ni la Ley sobre Derechos de Autor (salvo las dos excepciones analizadas en el capítulo 4), regulan de manera expresa el tema de los derechos de autor al interior del contrato de trabajo.

Por lo tanto, como lo dijimos en el punto 3, a falta de norma expresa, hay que aplicar la norma general sobre la transmisión del derecho de autor, según el artículo 183 de la Ley 23 de 1982.

5.2. Regulaciones sobre la titularidad de los derechos de autor en la legislación extranjera

Fenómeno distinto sucede en las legislaciones que pudimos consultar gracias al apoyo prestado por la Dirección General de Derechos de Autor, las cuales regulan de manera expresa el fenómeno de los derechos de autor, al interior del contrato de trabajo.

A continuación vamos a clasificar los alcances de estas regulaciones.

— Derechos patrimoniales de ejercicio directo. Son del empleador, los demás (terceros), deberán pagar por la divulgación: Chile, Italia y Suiza.

— Salvo convenio entre las partes, la titularidad corresponde al creador intelectual: Portugal.

— Salvo pacto en contrario, los derechos de explotación de los derechos de autor son el empresario/empleador: Alemania (límites al ejercicio), España, Estados Unidos, Guatemala, Honduras (límites al ejercicio), Panamá (límites al ejercicio), Paraguay (límites al ejercicio) y Venezuela.

— A falta de pacto en contrario, en los contratos de trabajo escritos los derechos patrimoniales de autor son de propiedad 50% para el empleador y 50% para el empleado.

El empleador puede divulgar la obra sin autorización del empleado, pero no al contrario. Si no hay contrato escrito los derechos son del empleado: México.

5.3. Comentarios finales

— Nuestra legislación se encuentra desfasada de las tendencias mundiales sobre derechos de autor al interior del contrato de trabajo. Pues en la mayoría de los casos consultados hay regulación expresa aunque sus alcances varíen.

— Resulta urgente llenar tal vacío de regulación, en aras de construir una cultura de reconocimiento sobre la importancia del tema y su régimen especial.

— El país necesita claridad al respecto, pues las relaciones de trabajo son fuente permanente de producción intelectual. Hoy solo hay reglas claras en el contrato de prestación de servicios, pero en el contrato de trabajo, que es el principal vínculo de donde surgen obras científicas, literarias o técnicas, el panorama normativo no resulta expedito, tal como se concluye de lo tratado a lo largo de este artículo.

— Creemos que el régimen ideal sería una normatividad similar a la de la mayor parte de los países estudiados (los derechos patrimoniales son de propiedad del empleador, salvo pacto en contrario), complementada por unas políticas de remuneración estimulantes para los autores, en cuanto contribuyen a la construcción de nuestro patrimonio científico y cultural.