Los derechos de los animales desde el Derecho Ambiental (*)

Revista Nº 62 Ene.-Mar. 2018

Alcides Francisco Antúnez Sánchez 

Profesor auxiliar Derecho Ambiental. Departamento de Derecho. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Universidad de Granma. Licenciado en Derecho. Máster en Asesoría Jurídica 

(Cuba) 

Eduardo Díaz Ocampo 

Licenciado en Ciencias de la Educación. Licenciado en Ciencias Económicas, Políticas y Sociales. Abogado de los Tribunales de la República del Ecuador. Doctor en Jurisprudencia. Magíster en Desarrollo Curricular. Profesor de Derecho Laboral y Derecho Constitucional. Rector de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Quevedo. Ecuador. 

(Ecuador) 

Sumario

El trabajo tiene como punto de partida lograr alcanzar la conciencia social sobre la necesidad de proteger a los animales, surgiendo el Derecho Animal (como una rama derivada del Derecho Ambiental en virtud de la relación que existe entre ambas materias desde la ciencia del Derecho) necesitado de regulación en el ordenamiento jurídico cubano para lograr el bienestar animal en el siglo XXI, como meta del desarrollo sostenible. 

Temas relacionados

Bienestar animal, función inspectiva, control administrativo, cultura jurídica. 

Introducción

Es indiscutible que en el último cuarto de siglo las concepciones de los animales no humanos en general y de los de compañía en particular han cambiado sustancialmente. La demanda social de los últimos años reivindica respeto y derechos para los animales no humanos. En este sentido, la relación entre el Derecho Animal y el Derecho Ambiental pretende determinar si es posible considerar al Derecho Animal como una rama del Derecho Ambiental, o si ambos, en sus orígenes, se excluyen mutuamente desde el análisis del Derecho Animal y su desarrollo social y jurídico a partir de su evolución histórica. El Derecho Animal se analiza a partir de la concientización de los seres humanos por el bienestar de los animales, incorporado en los ordenamientos jurídicos por decisión de los Estados, al decir de autores como Mosterín, Martin Blanco, Bellido Jara, y Campos Serena(1).

El Derecho Animal ha emergido de manera paulatina en los países mediante la adopción de normas jurídicas en la materia y la creación de determinadas fundaciones internacionales. En 1979, la abogada estadunidense Joyce Tischler creó la fundación Animal Legal Defense Fund, reconocida como la primera organización dedicada a la promoción de la esfera del Derecho de los Animales que utilizó el Derecho para proteger las vidas y defender los intereses de estos. En este mismo íter, a mediados del siglo XIX, en Inglaterra, se promulgaron las primeras leyes de protección a los animales domésticos.

Por otra parte, respecto de los animales de laboratorio, no fue hasta los años 30 del siglo XX que comenzó el auge de regulaciones en Europa y Estados Unidos, justamente en el momento en el que se inició su reconocimiento jurídico dentro de los ordenamientos en estos países. Por lo anterior, se considera que el Derecho Animal es el conjunto de derechos positivos y jurisprudenciales donde el objeto del Derecho es la naturaleza legal, social y biológica de los animales.

De esta manera, en los últimos años se constata que el estudio del Derecho Animal ha alcanzado un auge en su investigación y aplicación, debido al impulso realizado por las organizaciones ecologistas y protectoras de los animales, las cuales han exigido un tratamiento más considerado a los animales en virtud de la creencia según la cual estos poseen una estructura neuronal desarrollada y semejante a la del hombre. En este sentido, con evidencia, los animales ya no pueden ser considerados desde el ámbito jurídico simplemente como cosas, pese a que en muchas legislaciones se les ve como tipos sui géneris de cosas, tal y como refieren autores como Regan, Pocar, y Trujillo Cabrera(2).

Es una realidad innegable que los animales hacen parte del entorno y de la sociedad; existirán siempre y por lo tanto, para que exista una buena convivencia y un ambiente de respeto por los animales, deben regularse normas al respecto que prohíban el maltrato animal en todas sus esferas, así como medidas coercitivas ante conductas antijurídicas.

En Cuba no existen investigaciones previas sobre esta temática desde el Derecho, ni se reconoce en nuestro ordenamiento jurídico el Derecho Animal. No ocurre así desde las Ciencias Veterinarias, donde se constatan amplios estudios que señalan la necesidad de su regulación con el fin de propiciar el bienestar de los animales ante las conductas inadecuadas de los ciudadanos.

Este artículo tiene como objetivo demostrar que el Derecho Animal constituye una rama individual derivada del Derecho Ambiental que surge gracias a la correlación que existe entre ambas materias de Derecho. Así mismo pretende evidenciar la necesidad de su regulación en el ordenamiento jurídico cubano, con el objetivo de alcanzar un mejor bienestar animal. Para dicho propósito nos apoyamos en los métodos de investigación histórico-lógico, análisis-síntesis, exegético jurídico e inductivo-deductivo.

1. El Derecho Ambiental dentro de la ciencia del Derecho

El Derecho Ambiental nace reconociendo realidades y esgrimiendo reclamos verdaderamente revolucionarios. Por ejemplo, se reconoció como un requisito para disfrutar de una vida digna el derecho a un medio de calidad, donde el hombre pueda ejercer sus derechos a la libertad, la igualdad y al disfrute de condiciones de vida adecuadas.

En este marco, el 16 de junio de 1987, el Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas y el Desarrollo presentó ante la Asamblea General el Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente, con el título de “Nuestro Futuro Común”, conocido como “Informe Brundtland”. Este organismo retomó la Carta Mundial sobre derecho de la diversidad biológica. Más tarde, en la Cumbre de la Tierra de 1992, se crearon varios instrumentos jurídicos internacionales. En la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo se estableció un marco jurídico y un reglamento eficaz que entraría en vigor posteriormente en la Convención sobre la Diversidad Biológica en 1993. Igualmente se acordó el Convenio de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en 1992. Todos estos desarrollos jurídicos han seguido evolucionando con el tiempo hasta la Cumbre del Clima celebrada en París, en el 2015.

El hecho de que el Derecho Ambiental presente autonomía científica y didáctica, y una rica normatividad, es la expresión indubitable de su existencia como ciencia y rama jurídica. Se le considera como una nueva rama jurídica que regula la conducta humana al establecer principios, exigencias, normas y prescripciones jurídicas, otorgando a los sujetos los derechos, las atribuciones y prohibiciones: es el instrumento, la herramienta legal que regula y autorregula el comportamiento humano ante la conservación de la diversidad biológica, tal y como lo señala Caraballo Maqueira y Cánovas González en sus estudios desde la perspectiva del Derecho Ambiental(3).

Se justiprecia el aporte del concepto de desarrollo sostenible debido a que este constituye un megaprincipio para el Derecho Ambiental moderno a tener en cuenta por la Administración Pública ante los nuevos paradigmas. Se trata de uno de sus mayores avances, pues al ampliar su ámbito, motiva en su ejecución al Estado vigilante las variables sociales y económicas, asunto que el Derecho no estaba acostumbrado a lidiar. Se trata de un hecho relevante a pesar de que aún no se tuviera una respuesta adecuada en cuanto a la protección del medio ambiente como un bien público de uso colectivo desde su reconocimiento en los textos constitucionales y en el desarrollo normativo de cada nación, como lo han ido ponderando autores como Martín Mateo, Zaffaroni, y Bellorio Clabot(4).

Se reconocen tres grandes problemas ambientales globales y su incidencia en la biodiversidad: i) agotamiento de la capa de ozono, ii) el calentamiento global y iii) la pérdida de diversidad biológica. En este sentido se afirma que la pérdida de diversidad biológica es un fenómeno presente a lo largo de la historia, esto es, desde el nacimiento de las formas de vida en la Tierra. Tales pérdidas, sin embargo, han sido, en su mayoría, producto de sucesos naturales, por ejemplo cambios climáticos extremos en el planeta como consecuencia de las erupciones volcánicas, la caída de meteoritos, entre otros. Las cifras de especies animales amenazadas en peligro de extinción se registran en 5.500 cada año, aproximadamente(5).

El Derecho Animal, íter histórico

En el siglo VI antes de Cristo se problematiza por primera vez el trato a los animales. El matemático Pitágoras fue el primer filósofo de los derechos de los animales. Pitágoras creía que los animales y los humanos compartían el mismo tipo de alma; pensaba que el alma de los animales era inmortal, que estaba constituida por fuego y aire y que era reencarnada de humano a animal o viceversa. Pitágoras fue vegetariano y un “liberador” en el sentido según el cual compraba animales del mercado para darles luego su libertad. En este sentido afirmó: “Mientras los hombres masacren a los animales, se matarán entre ellos. Ciertamente, aquel que siembre las semillas del dolor y el asesinato no puede cosechar gozo y amor. Los animales comparten con nosotros el privilegio de tener alma”.

Aristóteles(6), por su parte, sentó las bases filosóficas en las que se sustentan las discusiones en torno a la relación entre hombres y animales. Para este filósofo griego los animales son incapaces de gozar los beneficios de la asociación política, poseen un tipo inferior de alma: el alma sensorial, y por lo tanto están destinados a servir a los propósitos de los humanos, los cuales poseen un alma superior, a saber, el alma racional. A partir de lo anterior Aristóteles concluía que por este motivo los animales carecen de status moral y derechos. El filósofo, además, sostuvo que los animales solo son capaces de percibir sensaciones y de sentir apetito actuando instintivamente. En este punto cabe la interpretación según la cual Aristóteles soslayó la vida de los animales al considerar que estos, en su hábitat natural, requerían del hombre para sobrevivir, lo que, en consecuencia, justificaba la existencia de plantas y animales solo en relación con el uso humano.

A la base de estos planteamientos se hace evidente una idea en términos de cosificación de los animales, idea que muchas veces pasamos por alto, pero que da lugar a barbaridades que se cometen día a día contra ellos. Presenciamos tales actos sin mayor conmoción; la manera como los animales son castigados, sacrificados y maltratados en pos de nuestros fines. Reprochamos con facilidad innumerables conductas del ser humano para con sus semejantes, sin detenernos a pensar en la negatividad de tales conductas cuando recaen en otros seres vivos. La idea de que los animales son cosas es asumida naturalmente por el Derecho. Por ejemplo, para el Derecho Agrario los animales son bienes muebles semovientes y no existe una diferenciación en el trato que se le da a unos y otros.

De Aquino asume que el hombre está formado por materia y forma —alma, esencia—, y su relación es substancial, es decir, ambas son necesarias para constituir la sustancia humana. Con respecto a los animales, señala que el alma de estos es mortal, a diferencia del alma humana que es imperecedera. Para él, Dios ha puesto a las criaturas que carecen de razón a la orden de los seres racionales. De este modo refuta la creencia de quienes afirman que el hombre peca si mata a los animales, “pues dentro del orden natural, la providencia divina los ha puesto al servicio del hombre. Luego el hombre se sirve justamente de los mismos, matándolos o empleándolos de cualquier otro modo”(7).

En esa misma línea, en el siglo XVII, el filósofo René Descartes distinguió en la naturaleza dos sustancias a las que denominó “res extensa” y “res cogitans”: “La primera la constituyen los cuerpos y es el dominio de la materia regida por un mecanismo que no deja espacio a la libertad; la segunda constituye la esencia del yo, concebido como algo inextenso y pensante, y por eso mismo libre”. Con su célebre frase “cógito ergo sum” “pienso luego existo” redujo toda la existencia espiritual al pensamiento humano, haciendo del resto del mundo materia inerte.

A propósito de los animales, este filósofo consideró que el dolor físico no implicaba sufrimiento, ya que para que el sufrimiento fuese posible, se requería un contenido mental, propio de la res cogitans, con lo que “negaba implícitamente cualquier diferencia cualitativa entre la materia orgánica y la inorgánica, entre la naturaleza animada y la inanimada”(8).

En la obra el Discurso del Método Descartes afirma que la capacidad de usar lengua y razonamiento incluye la capacidad de “responder a todo tipo de contingencias de la vida”, una capacidad que los animales no tienen. Dedujo de aquello que todo tipo de sonido expresado por algún animal no constituye una lengua, sino respuestas automáticas a estímulos externos(9).

Más tarde, Kant(10) planteó que solo el hombre, único ser racional, es un fin en sí mismo. Este raciocentrismo niega toda posibilidad de otorgar derechos morales a los seres no humanos, pues afirma que “los seres cuya existencia no descansa en nuestra voluntad, sino en la naturaleza, tienen empero, si son seres irracionales, un valor meramente relativo, como medios, y por eso se llaman cosas; en cambio, los seres racionales llámense personas porque su naturaleza los distingue ya como fines en sí mismos, esto es, como algo que no puede ser usado meramente como medio, y, por tanto, limita en ese sentido todo capricho (y es objeto del respeto)”.

Por su parte, Bentham, fundador de la escuela reformadora utilitarista de la filosofía moral, afirmó que cuando se está decidiendo sobre los derechos de un ser “La pregunta no es: ¿pueden pensar? Tampoco es ¿pueden hablar?, sino ¿pueden sufrir?” El filósofo señala que la capacidad que tiene un ser de sufrir es la característica vital que le da a ese ser el derecho a ser considerado con igualdad. La capacidad universal de sufrimiento no es solo otra característica particular como la capacidad del lenguaje o la del saber matemáticas avanzadas; todos los animales tienen la misma capacidad de sufrir tal como el ser humano la tiene. Ellos sienten dolor, placer, miedo, frustración y soledad. En consecuencia, en el momento que consideremos hacer algo que interfiera con sus necesidades, estamos obligados a tomarlos en cuenta(11).

Se denomina derechos de los animales a las ideas postuladas por corrientes de pensamiento y a la subcorriente del movimiento de liberación animal que sostienen que la naturaleza animal es un sujeto de Derecho, cuya novedad reside en que esta categoría solo ha pertenecido a personas naturales y jurídicas, es decir, al ser humano. Los humanos siempre han tratado de darle a los animales una consideración especial, ejemplo de ello es la domesticación, en algunas culturas son considerados sagrados pasando por el trato ético o el bienestar animal, hasta considerar que los animales merecen derechos tradicionalmente reconocidos solo en los humanos. En otras culturas se pasa al otro extremo, esto es, se utiliza a los animales según se plazca o puedan servirle a los hombres.

Tomando en cuenta lo anterior, no debe confundirse el derecho de animales como parte de la doctrina jurídica, toda vez que el en marco jurídico de algunos países el objeto de Derecho es la libertad de conducta de los animales en su ambiente natural y el trato que reciben en un hábitat humano. En ese contexto es aceptable la idea según la cual los animales pueden ser explotados por los humanos para comida, vestido, u otras razones. Esta idea proviene básicamente de tres fuentes: la costumbre de muchos pueblos de las primeras etapas de la vida humana en la tierra de conseguir comida de la caza y la pesca y, posteriormente, de la ganadería; el concepto teológico de dominio basado en el Génesis (1:20-28), donde es dado a Adán el dominio sobre el mundo no humano; la suposición de que los animales no pueden poseer derechos porque no tienen capacidades tales como razonamiento, lenguaje o conciencia. Dicha suposición es contestada por los defensores de los animales mediante el argumento de casos marginales.

En este sentido Ryder afirmó que en el siglo VI antes de Cristo surgió por primera vez la controversia en torno al trato a los animales. Concretamente acontecieron cuatro escuelas influyentes en la Grecia Antigua: animismo, vitalismo, mecanicismo y antropocentrismo. El filósofo y matemático Pitágoras figura como el primer pensador de los derechos de los animales. Este filósofo pensaba que el alma de los animales era inmortal, hecha de fuego y aire, y que era reencarnada de humano a animal o viceversa(12).

En contraste, Singer, al hacer una aproximación al padecimiento de los animales señaló que la capacidad de padecimiento únicamente otorga a un ser el derecho a consideración moral y especialmente el derecho a no sufrir. Para el derecho a la vida usa el término de “Persona”, que para él serían todos los seres vivos capaces de anticipar su ser en el pasado y el futuro. Existen seres humanos que no constituyen una persona en este sentido. Por ejemplo, los recién nacidos o algunas personas con discapacidades mentales. Por otro lado, existen varios animales que constituyen una “persona”, seguramente los homínidos y, quizás, todos los mamíferos(13).

Desde el Derecho y en cuanto a su naturaleza jurídica, no existe diferencia entre un animal que vive y siente y cualquier objeto inanimado. Esta idea ha contribuido a que el ser humano se ocupe de ellos solo en la medida en que son relacionados con factores de producción o medios dispuestos al servicio del hombre. Sin perjuicio de lo anterior, son cada vez más las personas que están de acuerdo en que esta concepción antropocéntrica, que sostiene el dominio del hombre sobre todos los demás seres vivos, no es satisfactoria en tanto admita la violencia y la crueldad hacia seres que poseen sentimientos y capacidades, que pueden llegar, en algunos casos, a ser más desarrolladas que las que posee un ser humano(14).

En efecto, se ha demostrado que en los animales encontramos seres con sensibilidad y capacidad de sufrir y amar, De ahí que, en este trabajo, se plantee la necesidad de reconsiderar su situación jurídica como seres que se encuentran en una categoría intermedia entre las plantas —y por ende los objetos inanimados— y el hombre. Propendemos, además, por reflexionar sobre cuáles son los factores que hacen que tradicionalmente solo los seres humanos, con exclusión de todo otro ser, sean titulares de derechos.

El Derecho Animal constituye la rama del Derecho que regula la protección de los animales no humanos. El Derecho de los animales es un tema controvertido, debido a que no existe consenso sobre los mismos, ni acuerdos internacionales al respecto. Existen posturas heredadas de las conferencias internacionales sobre el Medio Ambiente que originaron el Derecho Ambiental, particularmente, nos referimos a la Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Humano, en 1972, en la que se regula y nace la cultura Antropocentrista que defiende que: “De todas las cosas en el mundo, los seres humanos son lo más valioso. Ellos son quienes promueven el progreso social, crean riqueza social, desarrollan la ciencia y la tecnología y, con su duro trabajo transforman el Medio Ambiente”(15). Otro ejemplo es la cultura Biocentrista expuesta en la Declaración de Nairobi de 1982 donde se establece que:

“Toda forma de vida es única y merece ser respetada, cualquiera que sea su utilidad para el hombre, y con el fin de reconocer a los demás seres vivos su valor intrínseco, el hombre ha de guiarse por un código de acción moral(16). Cualquiera de las dos posturas anteriores planteadas defienden de cierto modo las protección de los animales no humanos, lo que varía es el alcance jurídico de dicha protección”.

Aunque estos conceptos son propios del Derecho Ambiental y no directamente del Derecho Animal, son ideas que se extienden al ámbito de regulación de dicha materia. En lo personal, este autor se afilia a la supremacía de la cultura Biocentrista sobre la cultura Antropocentrista, por lo que se considera que será necesario la protección de los animales independientemente de los beneficios que estos aportan al ser humano.

Tomando en cuenta lo anterior, nos planteamos ¿tienen derecho los animales? En su libro Liberación Animal, Singer afirmó que el principio básico de igualdad no requiere de un trato igual o idéntico, solo requiere de una consideración igual. Esta es una diferencia importante cuando se habla de los derechos de los animales. A menudo la gente se pregunta si los animales deben tener derechos, la respuesta es sencilla: Sí, definitivamente los animales merecen vivir su vida sin sufrimiento y sin explotación.

Bentham, fundador de la escuela reformadora utilitarista de la filosofía moral, afirmó que cuando se está decidiendo sobre los derechos de un ser “La pregunta no es: ¿pueden pensar? Tampoco es ¿pueden hablar?, sino ¿pueden sufrir?” Señaló que la capacidad que tiene un ser de sufrir es la característica vital que le da a ese ser el derecho a ser considerado con igualdad. La capacidad universal de sufrimiento no es solo otra característica particular como la capacidad del lenguaje o la del saber matemáticas avanzadas; todos los animales tienen la misma capacidad de sufrir tal como el ser humano la tiene. Ellos sienten dolor, placer, miedo, frustración y soledad. En cualquier momento que consideremos hacer algo que pudiera interferir con sus necesidades, estamos obligados a tomarlos en cuenta(17).

Los animales y la moral

Se ha discutido mucho a lo largo de la historia el tema del estatus moral de los animales. Se entiende por estatus moral aquella condición en la cual el individuo es consciente de su propia existencia —autoconciencia— y toma decisiones para un futuro calculado. Frente a esta discusión se han planteado tres posibles respuestas: considerar que los animales, al no ser seres racionales no tienen estatus moral, por lo que no tenemos obligaciones para con ellos; considerar que existe una relación instrumental, es decir, son medios que nos ayudan a alcanzar un fin, por ejemplo: alimentación, vestuario, compañía en el caso de las mascotas, experimentación científica, etc., por lo que el ser humano tiene un deber a su respecto. Según esta posición los animales tendrían una importancia moral indirecta; por último, existen corrientes filosóficas y éticas que postulan que el animal, por el hecho de tener sensibilidad al dolor y capacidad de amar o de adherirse emocionalmente a los seres humanos, como ocurre con los animales domésticos, tiene una esfera moral que le es propia e irreductible. En este sentido, se considera que los animales tienen derecho a una vida sin sufrimiento.

Ahora bien, con el objetivo de entender esta idea, en esta investigación se ha asumido que a pesar de que debería existir igualdad entre los seres de la especie humana con respecto a la idea de vida digna, tal igualdad no se presenta debido a que no todos los seres humanos cuentan con las mismas situaciones de vida y por lo tanto no todos pueden acceder a lo mismo; para ciertas personas algo se puede considerar vital o digno y para otras no. Todo varía según la clase social, el entorno en el que se encuentren, la situación económica y las creencias o gustos que cada quien tenga.

Lo anterior debería aplicarse a los animales, estos deben ser considerados cada uno como tal, como un animal no humano, que siente, sufre, tiene necesidades que deben ser atendidas, tener en cuenta su vida, el servicio para el que fue creado y de ese modo tener un trato respetuoso hacia ellos y combatir cualquier circunstancia que les genere sufrimiento, ya que por el simple hecho de que estos individuos no hablen ni razonen, no podemos caer en el error de creer que tampoco sufren.

La idea de que los animales sufren es una afirmación que actualmente es defendida en el mundo moderno por los integrantes del movimiento de liberación animal, aquellos que usualmente boicotean industrias que usan animales no-humanos, mayoritariamente en granjas industriales que producen carne, lácteos y huevos en los países desarrollados. El transporte de animales no-humanos de granja hacia el matadero ha sido en los años recientes uno de los principales blancos de estos grupos, particularmente en el Reino Unido y en Escandinavia. Es por ello que la gran mayoría de los activistas del movimiento de liberación animal adoptan dietas vegetarianas y no usan ropa hecha con pellejo animal, como zapatos y chaquetas de cuero, ni productos que contengan subproductos animales o ingredientes que hayan sido probados en animales.

Ello ha dado lugar a que, a nivel global, en el año de 1824, se haya constituido en Londres la fundación de la mano de Martin, la RSPCS 18, Royal Society for Prevention of Cruelty to Animals, (Sociedad Real para la Prevención de la Crueldad Animal). Esta fue la primera sociedad protectora de animales en el mundo fundada inicialmente para proteger a los animales de granja y más tarde, ampliando sus esfuerzos, a todos los animales. En 1840 se concedió una carta de la Reina Victoria que la convirtió en la Sociedad Real para la Prevención de la Crueldad contra los Animales.

También existen sucursales de esta Sociedad Protectora de Animales en Inglaterra, fundada por los grupos locales de defensores del bienestar de los animales. Estas ramas ofrecen los servicios veterinarios tanto a animales domésticos como silvestres, impulsan programas educativos, y los inspectores de RSPCA patrullan muchas partes de Inglaterra para hacer cumplir las leyes establecidas para proteger a los animales. Además de trabajar en el campo, la Sociedad Protectora de Animales también es defensora de los animales y de la legislatura amigable, coopera con las organizaciones policiales y grupos de defensa de otros animales. Varias organizaciones fundadas para proteger a los animales toman su nombre de la RSPCA, esto debido a que la organización ha sido una gran inspiración en el campo del bienestar animal.

Australia, Escocia, Nueva Zelanda e Irlanda tienen sus propias versiones de la RSPCA, en el caso de los Estados Unidos, la Sociedad para la Prevención de la Crueldad con los Animales (SPCA) también aboga por el bienestar animal. Su papel es trascendental en la protección animal, permanece visible ya que se encargan de recibir quejas de maltrato, llevar a cabo los procesos correspondientes y reubicar y rehabilitar animales. En Inglaterra y Gales la RSPCA tiene 4 hospitales para animales, 3 hospitales especializados para fauna silvestre, 1 unidad de rehabilitación, 5 clínicas y 13 centros de atención animal.

Otra organización es la American Society for Prevention for Cruelty to Animals (Sociedad Americana para la prevención de la crueldad animal), que nace por el esfuerzo de Bergh y que luego de conocer lo que aconteció en Londres sintió el enorme deseo de ayudar a proteger a los animales en el mundo. Haciendo una comparación entre la RSPCA y la ASPCA encontramos que esta última tiene una ventaja comparativa sobre la Británica debido a que en un gran número de estados del país —Nueva York— la sociedad tiene un departamento de ejecución de la legislación animal (Humane Law Enforcement Department), cuyos poderes son equivalentes a los de la policía, lo que le permite requisar predios y realizar arrestos. Por su parte, si la RSPCA quisiera hacer alguno de estos procedimientos, deberá antes ser asistida por la policía. A pesar de eso la RSPCA es, en términos de cantidad de acciones, muy superior a la ASPCA. La PETA 22 (en inglés People for Ethical Treatment to Animals —Personas para el Tratamiento Ético con los Animales—) es otra de las organizaciones para la defensa y protección de los derechos de los animales, tiene su base en los Estados Unidos y millones de miembros y partidarios. Fue fundada en 1980 e inmediatamente captó la atención pública, pero en 1981 la organización se transformó en una corporación sin fines de lucro, financiada casi exclusivamente por sus miembros.

Esta Sociedad Mundial de Protección de Animales, como se conoce hoy, se conformó en 1981 cuando se fusionaron la Federación Mundial de Protección Animal (WFPA) y la Sociedad Internacional de Protección Animal (ISPA) fundadas en 1953 y 1959, respectivamente. Las dos organizaciones tuvieron roles importantes en lo referente a la protección animal en la década de los 60 del pasado siglo, concentrando sus esfuerzos esencialmente en la protección de focas y ballenas cazadas de forma ilegal, tarea en la que tuvieron un gran éxito.

Por otra parte, la WFPA tuvo una labor muy importante en la redacción y finalmente en la expedición de muchas convenciones del Consejo de Europa. En los 80, la WSPA tuvo una gran expansión mundial, se abrieron sedes en distintos lugares, entre ellos Colombia. También sirvió de red para crear un canal mundial de unión de sociedades destinadas a la protección de animales, labor en la que no tiene rival, ya que ha logrado la interconexión de más de 440 sociedades en 101 países alrededor del globo terráqueo, según estudios realizados por Méndez, Cases, y Aguilera(18).

En América Latina se aprecia la existencia de diversas organizaciones dedicadas a estos fines, entre estas se cuentan la Asociación Defensora de Animales y el Ambiente, organización no gubernamental (ONG) de carácter totalmente privado cuyos recursos provienen del aporte de sus socios, de las donaciones privadas y de sus actividades asistenciales en la clínica veterinaria. En cuanto a los animales silvestres en cautiverio, la URRAS (Unidad de Rescate y Rehabilitación de Animales Silvestres) es una organización constituida por la Facultad de Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional de Colombia, esta también como ejemplo PRETOMAS, organización dedicada a proteger las tortugas. Existen otras organizaciones dedicadas a la conservación de las ballenas y al medio ambiente, de acuerdo con autores como De Lora(19), Leyton, y García Sáez. Esto confirma que hay sensibilidad por los seres humanos en proteger a los animales.

El Derecho Animal y el Derecho Civil dentro de la ciencia del Derecho

Partiendo de la concepción romana de la protección de los animales, ¿tienen derechos los animales?, y en caso de reconocer esto: ¿de qué tipo de derechos estamos hablando? A primera vista podría parecer absurdo plantear esta tesis, pues clásicamente solo los seres humanos son reconocidos como sujetos de derecho, solo ellos tienen capacidad para discernir lo justo de los injusto teniendo voluntad libre que les permite optar moralmente.

Ya en el corpus iuris civilis por Justiniano I, en Roma, se encuentra la consideración de los intereses de los animales. “El derecho natural es aquello que es dado a cada ser vivo y que no es propio al ser humano”. En este sentido se puede constatar que en la Antigua Roma no se consideraba a los esclavos como personas ni mucho menos como sujetos de derechos, por lo tanto, era mucho más complicado que los animales pudieran tener alguna clase de respeto por parte de sus amos. La idea de “derechos de los animales” tenía aún menos relevancia en la vida cotidiana de la antigua Roma. Animales vivos eran preparados para la comida, se sacrificaron miles de animales por diversión en los famosos juegos romanos.

En Grecia las opiniones filosóficas clásicas estaban divididas en varios caminos. Una élite antropocéntrica sostenía la genealogía divina del hombre; otros afirmaban que hombres y animales compartían almas semejantes; los demás los asimilaban a cosas, como por ejemplo los romanos, quienes relacionaron a los animales la concepción de res, rei, con el sentido de cosas o bienes sobre los cuales el hombre impera con su dominio.

Aristóteles planteó en su teoría biológica que solo el hombre tiene vida racional, idea seguida por Kant y por la mayor parte de la doctrina tradicional del derecho; solo en el ser humano se dan conjuntamente la inteligencia y la voluntad, características que le otorgan libertad para accionar de acuerdo a su propia opción moral, lo que los transforma en sujetos con responsabilidad, esta es la razón por la que únicamente los seres humanos pueden ser titulares de derecho, excluyéndose de esta consideración a los animales. Sin embargo, últimamente son cada vez más los autores que están de acuerdo en que “una ética antropocéntrica de tipo tradicional es insuficiente para hacer frente a los problemas medioambientales actualmente percibidos y a la defensa de la biodiversidad generalmente aceptada en nuestra época”.

Desde que Bentham, considerado como uno de los creadores del Utilitarismo, sostuvo en el año 1789 que la línea que separa a los sujetos que merecen atención moral de aquellos que no, no está dada ni por el lenguaje ni por la capacidad de razonar, sino por la capacidad de sufrir, se ha ampliado la posibilidad de reconocer los derechos a otros seres vivos.

Se toma en cuenta lo planteado por Singer y por el principio de igualdad que defiende en su libro Liberación Animal, el cual era ya incorporado por Bentham como una de las bases esenciales de su teoría ética según la fórmula “cada uno cuenta por uno y ninguno por más de uno”, que equivale a decir que los intereses de cualquiera deben ser tomados en cuenta y dárseles el mismo peso que los intereses de cualquier otro ser, no requiere igual o idéntico trato, sino que requiere igual consideración. El principio de igualdad, tal como se indicó, no exige un tratamiento igual o idéntico, sino una misma consideración, igualdad en la consideración para seres que presentan diferencias lleva a diferentes tratos y por ende a diferentes derechos.

Así, por ejemplo, puede ser que algunas mujeres consideren que tienen libertad para abortar, no obstante, y aun cuando una posición feminista pretenda la igualdad absoluta con los hombres, no podría sostener que este derecho corresponda también a ellos. El mismo razonamiento se aplica a los animales, de esta manera, es absurdo pensar que un caballo pueda ejercer el derecho a sufragio o estimar que se ha violado su derecho a la intimidad o al honor.

Para la religión musulmana, Mahoma consideraba permisible matar a animales, aunque hacerlo sin necesidad aparente o con crueldad estaba prohibido. Las sociedades hindúes y budistas desde el siglo III a. C. proclamaron un vegetarianismo amplio refiriéndose al principio de Ahimsa, el principio de no violencia. Por la equivalencia moral de animales y seres humanos, unos reyes construyeron hospitales para animales enfermos. Matar a una vaca fue un delito tan serio como matar un hombre de alta casta, matar a un perro tan serio como matar a un intocable. El amor y la compasión son las creencias budistas más importantes, lo que explica por qué tantos budistas son vegetarianos. El punto de vista del budismo hacia los animales es ilustrado mejor en las historias del Jataka —lecciones budistas—, en las que se cuenta que Buda fue diferentes animales en encarnaciones previas. Las historias dicen que es igual matar animales que matar humanos, ya que como Buda todos hemos encarnado en la forma de animales. Al igual que Los Vedas, la ley budista del Karma también dice que aquellos que causen violencia y sufrimiento a seres vivos experimentarán el mismo dolor en algún momento en el futuro.

Otra fe con fuerte tradición de bondad y consideración hacia los animales es el judaísmo. Algunos profetas judíos, como Amós y Miqueas, hablaron en contra de los sacrificios de animales, y muchos héroes judíos fueron elegidos por Dios debido a su amor a los animales. El Talmud, libro sagrado de la ley cívica y ceremonial de los judíos, dice que antes de que el hombre se siente a la mesa debe alimentar primero a sus animales, porque no lo pueden hacer por sí mismos. Él declara que la sangre no es apta para el consumo humano y por consecuencia el proceso del sacrificio es complicado. Debe ser llevado a cabo por personas que observen la ley musulmana de orar cinco veces al día. Algunas sectas musulmanas, como los Sufíes y Baháis, han elegido el vegetarianismo porque lo ven como el máximo ideal espiritual. El profeta Mahoma, aunque fue vegetariano y enfatizó la compasión universal, condenando y evitando muestras de crueldad hacia los animales, no enseñó a la gente a evitar la carne por temor a desanimarlos a seguir la fe.

El Cristianismo es otra fe que no es fuertemente vegetariana, aunque sus enseñanzas parecieran apoyar la idea. Los primeros cristianos seguían atentamente las escrituras que ordenaban una forma de vida estrictamente sin carne. Algunas teorías dicen que el mismo Jesús era vegetariano. Algunos movimientos religiosos que pertenecen a esta religión son los ortodoxos —pueblos: eslavos, griegos y balcánicos orientales—, protestantes —pueblos: germanos y anglosajones— y los católicos.

En la edad moderna podemos encontrar que los derechos de los animales es un tema controvertido, debido a que no existe consenso sobre los mismos, ni acuerdos internacionales al respecto. Según Descartes, los animales ni siquiera son capaces de sentir dolor; lo que se debe, supuestamente, a que carecen de alma, de este modo, los animales estarían fuera del alcance de la consideración moral. Por otro lado, el académico Fontaine en una visita a un laboratorio, describió en sus memorias, publicadas en 1738, su opinión sobre cómo se les administraban golpes a perros con bastante indiferencia y se burlaban de quienes se compadecían de los perros. Algo en lo que no estuvo de acuerdo. Por ello, la idea de no causar sufrimiento innecesario a los animales como un deber se puede asociar con facilidad a la teoría ética de contractualismo; corriente surgida a finales del siglo XVIII. Las primeras sociedades de “protección animal” se crearon durante la revolución industrial y las primeras víctimas defendidas fueron las que efectuaban la llamada “tracción a sangre”, es decir, caballos, asnos y mulas, cuyo maltrato era habitual y a la vista de todos. La primera ley conocida en defensa de los animales fue de origen irlandés. Ello ocurrió en 1635 y consistió en la prohibición de fisurar la lana del ganado ovino y atar arados a las colas de los caballos debido al sufrimiento del animal. En el año 1641, la colonia estadounidense de Massachusetts Bay aprobó un sistema de leyes protegiendo a animales domesticados. Estas leyes fueron basadas en el Massachusetts Body of Liberties (Cuerpo de Libertades de Massachusetts).

Contrariamente a Singer, Francione sostiene que el hecho de ser un ser sensible por sí solo califica a un ser para lo que él ha identificado como el derecho fundamental: el derecho de no ser propiedad de nadie. En resumen, se argumenta que todos los seres sensibles, y no solo los que son como “nosotros”, son necesariamente autoconscientes y con interés por sus vidas. Por lo tanto, no es suficiente decir que un animal debería ser tratado como un humano cuando en realidad lo estamos preparando para que sea nuestro alimento. Si no entregamos a los animales este único derecho, entonces, a pesar de lo que digamos sobre qué tan seriamente tomamos los intereses de los animales en cuenta, necesitaremos y trataremos a los animales como si fueran nada más que un mueble usado. Y eso es exactamente lo que está pasando ahora: todos decimos que tomamos los intereses de los animales en forma seria, pero en realidad nuestra sociedad trata a los animales como si fueran cualquier otro tipo de propiedad, cuestión esta que deberá ir cambiando(20).

El derecho animal, reconocimiento social en la actualidad

En la década de los 70 y principios de los 80 del pasado siglo XX, tiene lugar el denominado “Movimiento de los Derechos Animales”, su máximo exponente fue el australiano Singer, quien con su libro Liberación Animal, se transformó en el padre del liberacionismo. A pesar del impacto de la publicación de Singer, su filosofía no se encuadra dentro de la teoría de los derechos, dado que adhiere a una corriente ética utilitarista, la más representativa de las éticas teleológicas o de fines, a las que clásicamente se oponen las éticas deontológicas o del deber. Precisamente, y dentro del utilitarismo, se enrola dentro del utilitarismo del acto, doctrina según el cual el acto determina la consecuencia.

Singer propone una ética que, partiendo del hombre, se dirija también hacia el resto de los animales, atacando lo que denomina “especismo”, idea que consiste en la creencia según la cual una especie es superior a otra. A través de su teoría busca poner fin a la “tiranía de los humanos sobre los no humanos”, postulando que los animales son seres sensibles e independientes y no meros objetos al servicio de los intereses del hombre. Establece que el principio de igualdad, incorporado por Bentham como una de las bases esenciales de su teoría ética según la fórmula “cada uno cuenta por uno y ninguno por más de uno” —que equivale a decir que los intereses de cualquiera deben ser tomados en cuenta y dárseles el mismo peso que a los intereses de cualquier otro ser—, no requiere igual o idéntico trato, sino que requiere igual consideración, por lo que plantea una igual consideración para seres que son objetivamente diferentes, lo que conlleva necesariamente a diferentes tratos y por ende a diferentes derechos(21).

A esto se refiere cuando en Liberación Animal Singer escribe:

“Cuando decimos que todos los seres humanos, independientemente de su raza, credo o sexo, son iguales, ¿qué es lo que estamos afirmando? Los que desean defender las sociedades jerárquicas, no igualitarias, han señalado a menudo que, sea cual fuere el método de demostración elegido, simplemente no es verdad que todos los seres humanos sean iguales”(22).

Se aprecia también cómo en el siglo XX, concretamente en 1978, se aprobó la Declaración Universal de los Derechos del Animal, en la UNESCO y por la ONU. De esta manera, actualmente el Derecho de los animales se enseña en diversas Facultades de Derecho en los Estados Unidos de América como Harvard, Stanford, y UCLA, entre otras. Se valora que cada vez hay más asociaciones de las abogacías estatales y locales para defender los derechos de los animales. Aunque existe poco precedente legal pro-animal, por lo que cada caso presenta una oportunidad para cambiar el futuro legal de los animales, tal y como lo señalan autores como Dorado y Horta sobre el cambio de paradigma en ética animal a partir del 2009 al 2014(23).

A partir del 2011, en la Universidad Autónoma de Barcelona, en España, en la Unión Europea, se aprecia cómo se imparte el Máster de Europa en Derecho Animal y Sociedad (Animal Law and Society), debido a la relevancia e importancia del tema para preservar a la naturaleza como un bien público de uso colectivo. De igual modo, en la Facultad de Derecho de esta Universidad se oferta el curso en Derecho del Bienestar Animal, cuyo objetivo es contribuir al desarrollo desde la Ciencia del Derecho de un constructo en su doctrina.

El dilema ético de la experimentación con los animales dentro de la investigación científica

En los últimos años el tema de la experimentación en animales se ha tornado polémico en cuanto a los aspectos éticos. En lo que se refiere a este tema, la actual discusión tiene sus antecedentes a mediados del siglo XIX en Inglaterra, cuando se promulgaron las primeras leyes de protección a los animales domésticos. Respecto a los animales de laboratorio, no es hasta los años 30 del siglo XX que comienza el auge de regulaciones en Europa y Estados Unidos. Los experimentos con animales tienen su base en el hecho de considerar a otras especies como modelos en miniatura de los problemas humanos sin los cuestionamientos éticos y más severos que conlleva experimentar con seres humanos. Esta idea ha estado puesta en tela de juicio continuamente. De hecho, la investigación con estos es, en muchos casos, una obligación.

Según el Código de Nuremberg, preparado después de la Segunda Guerra Mundial como resultado de atrocidades cometidas por los nazis, cualquier experimento hecho en humanos “debe ser diseñado y basado en los resultados de investigación animal”. Los nazis habían declarado como delito a los experimentos con animales, pero permitían la investigación con judíos y personas “asociales”. La Declaración de Helsinki, adoptada en 1964 por la XIII Asamblea Médica Mundial y revisada en 1975, también cita que la investigación médica en sujetos humanos “debe ser basada en pruebas de laboratorios adecuadamente realizadas y en experimentación con animales”. Es crucial distinguir entre los derechos de los animales y su bienestar. La comunidad científica apoya el bienestar de estos tanto como su salud. De acuerdo con Martin Blanco, Kemelmajer de Carlucci, Cuesta Brey, Sánchez Rodríguez, De la Peña Pino(24) los animales de laboratorio pueden y deben ser utilizados como reactivos biológicos y ecológicos, en beneficio de la Ciencia y la Salud Pública.

El Derecho Animal. Reconocimiento jurídico en el Derecho comparado

Los animales no humanos han estado desde siempre sometidos al dominio del hombre, tanto desde una perspectiva religiosa, como moral y jurídica. Históricamente han sido considerados medios dispuestos en beneficio de un fin, siendo el hombre el único fin en sí mismo. No obstante, esta idea del dominio del hombre también ha sido cuestionada, pues se presenta como un dominio absoluto, con facultad de cometer abusos sin ninguna limitación en contra de los seres más débiles de la creación. Fue Bentham uno de los primeros en denunciar esto al comparar la situación de los animales con la de los esclavos, en este sentido calificó como tiranía este dominio del hombre, que implica negar derechos a los animales —el cual está lejos de ser un gobierno legítimo(25)—.

Desde la Antigüedad los animales han sido catalogados como cosas para el Derecho, simples objetos susceptibles de apropiación material y por ende de su libre disposición. Este hecho no es de extrañarse si analizamos que el propio hombre esclavizó durante siglos a los de su misma especie, entonces ¿por qué tendría consideración alguna con seres vivos distintos a nosotros? En el Derecho romano se concebía a los animales como cosas muebles o semovientes, condición que compartían con los esclavos, quienes eran considerados igualmente como objetos.

Los animales se clasificaban en tres grupos: Animales fieros o salvajes (Ferae bestiae): eran aquellos que gozaban de libertad natural y podían ser apropiados por cualquier persona, animales amansados o domésticos (Mansuetae o Mansuefactae): que, aunque gozaban de libertad, se encontraban bajo el control del hombre, mientras conservan la costumbre de volver a su dominio (animus revertendi), Animales domésticos: eran los que se encontraban continuamente bajo la potestad del hombre.

La mayoría de las legislaciones civiles siguen el modelo francés, cuya codificación data del año 1804, la importancia de este cuerpo legal es de gran relevancia y ha servido de base para la mayoría de las legislaciones occidentales. Es importante destacar que, no obstante el paso de los años y los avances científicos —que hace ya tiempo demuestran que entre los animales y las cosas existen diferencias sustanciales—, la cosificación de los animales sigue marcando la pauta tradicional. A pesar de lo anterior, la legislación animal ha evolucionado paulatinamente a través de la inclusión de figuras penales que sancionan el maltrato y la crueldad, así como también mediante la dictación de leyes sobre protección animal.

En los países de la Unión Europea el Derecho civil sigue al modelo romano. Francia, por ejemplo, adopta dicho modelo en lo que se refiere a la naturaleza jurídica de los animales, los cuales son catalogados como bienes muebles, así se dispone en el artículo 528 del Código Civil que los sindica como bienes muebles por su naturaleza. En cuanto a la legislación penal, el actual Código Penal francés incluye una serie de normas tanto represivas como bienestaristas, contempla en forma separada, en los artículos 654-1 y 521-1, respectivamente, el maltrato y los actos crueles, solo este último constituye delito, mientras que el maltrato se considera una simple falta. No hay una definición legal de estos conceptos, por lo que la inclusión de la conducta en uno u otro tipo penal dependerá de la tarea discrecional del juez. Para la jurisprudencia francesa un acto cruel “se distingue de la simple brutalidad, en que está inspirado por maldad y manifiesta intención de infligir sufrimiento”, desde esta perspectiva, es la intencionalidad la que determina la crueldad del acto.

La penalidad de una y otra conducta implica una multa que puede ir hasta los 750 euros, además de la posibilidad de que el condenado sea privado de la posesión del animal. En el caso de maltrato, tratándose del delito de crueldad, la pena consiste en dos años de prisión, además de una multa ascendente a los 30.000 euros, que contempla como pena accesoria la posibilidad de prohibir la posesión de un animal, sea esta con carácter temporal o definitivo. Esta misma disposición castiga también, con la misma pena señalada anteriormente, el abandono de un animal.

Otro texto legal que contiene normas relativas a los animales en el derecho francés es el Código Rural, que en su artículo 214-1 reconoce expresamente que “todo animal es un ser sensible”, por lo cual su propietario debe procurarles condiciones compatibles con los imperativos biológicos de su especie, reconociendo en el artículo siguiente que todo hombre tiene derecho a tener animales, con el correspondiente deber de no maltratarlos, ya se trate de animales domésticos, salvajes domesticados o tenidos en cautiverio, de esta manera, se extiende la responsabilidad, de acuerdo a lo señalado en el artículo 121-2 del Código Penal, en caso de maltrato, tanto a personas naturales como jurídicas.

En cuanto a la experimentación con animales, además del delito contemplado en el artículo 512-2 del Código Penal, que sanciona el hecho de realizar experimentos o investigaciones científicas o experimentales sobre animales sin ajustarse a las prescripciones establecidas por ley, el artículo 214-3 del Código Rural señala que esta experimentación, sea médica o científica, debe limitarse a los casos de estricta necesidad. Se impone, por tanto, a los investigadores el deber de buscar una solución conciliadora con respeto hacia el animal, procurando que su salud y bienestar no se amenacen inútilmente. Así, el Estatuto para una ética de experimentación con animales dispone en su artículo 2º que “Los animales son seres sensibles y provistos de capacidades cognitivas y emocionales. Son capaces de sufrir”.

En Chile, el Código Civil, perteneciente al sistema de Derecho romano, germano y francés, heredó la concepción de catalogar a los animales como bienes muebles semovientes, respecto de los que se puede celebrar, como con los demás bienes muebles, cualquier negocio jurídico. Son susceptibles de apropiación con todas las facultades jurídicas que el mismo hecho acarrea, por tanto conlleva que se encuentren inmersos en la categoría de Derecho de Propiedad, y por ende se permite su libre uso, goce y disposición. Esta situación se encuentra regulado en el artículo 566 y 567 del Código Civil. Aunque el dueño del animal ostente su libre disposición, esta se encuentra limitada por el artículo 291 bis del Código Penal, que sanciona como delito el maltrato animal, pues regula que: “El que cometiera actos de maltrato o crueldad con los animales, será castigado con la pena de presidio menor en su grado mínimo y multa de uno a diez ingresos mínimos mensuales o solo esta última”.

En la práctica chilena esta sanción no ha impedido que dichos actos de crueldad y maltrato animal cesen. Dicha conducta, tipificada y sancionada en el Código Penal, deja un amplio margen de interpretación por parte del juez, ya que se regula tanto el maltrato como la crueldad. La legislación chilena se centra en el bienestar animal para la seguridad de los humanos, no tanto por la validez de los animales en sí mismos, considerando al animal como simples objetos incapaces de experimentar sensaciones, sino por el sufrimiento y el dolor.

En España apreciamos cómo el Derecho español sigue al francés en lo que se refiere a la naturaleza de los animales. En esta normativa los animales domésticos se rigen por las reglas generales aplicables a los bienes muebles. Actualmente, el Código Penal español contempla en el Capítulo IV, Titulo XVI, del Libro II, titulado “De los delitos relativos a la protección de la flora, fauna y animales domésticos” el delito de maltrato animal, es así como el artículo 337 establece que “Los que maltrataren con ensañamiento e injustificadamente a animales domésticos causándoles la muerte o provocándoles lesiones que produzcan un grave menoscabo físico, serán castigados con la pena de prisión de tres meses a un año e inhabilitación especial de uno a tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales”.

El Código Penal contempla también normas relativas a la protección animal en el Título III, del Libro III, denominado “Faltas contra los intereses generales”, es así como el artículo 632 N° 2 sanciona a “Los que maltrataren cruelmente a los animales domésticos o a cualquiera otros en espectáculos no autorizados legalmente, sin incurrir en los supuestos del artículo 337, serán castigados con la pena de multa de veinte a sesenta días o trabajos en beneficio de la comunidad de veinte a treinta días”. Esta disposición resulta deficiente porque en primer lugar hace referencia a un “maltrato cruel”, por lo tanto, debemos concluir que, si el “maltrato no es cruel”, no se configura la falta, la cual no toma en consideración el sufrimiento animal, toda vez que no se necesita crueldad para causar sufrimiento, debiendo bastar el maltrato. Además se requiere que este maltrato cruel sea ejercido en espectáculos públicos no autorizados legalmente, por lo que también se excluye de la aplicación de la norma los maltratos por muy crueles que estos sean en cualquier otro lugar que no implique un espectáculo público, o en ellos cuando estén autorizados, lo que equivale a admitir la legitimidad general del maltrato animal, con la excepción señalada, tal y como lo refieren autores como Brels, Castro, Castro Álvarez, Tafallay Capo Martí(26).

Así lo ha interpretado también la jurisprudencia. A modo de ejemplo encontramos la sentencia de la Audiencia Provincial de Segovia, de fecha 15 de septiembre de 1998, la que absolvió a un sujeto que maltrató a un caballo hasta ocasionarle la muerte, puesto que este no puede considerarse, de acuerdo al fallo, animal doméstico, ni tampoco tal acción fue realizada en un espectáculo público como exige el artículo 632 del Código Penal. Respecto a las corridas de toros, por encontrarse generalmente permitidas, quedan excluidas del tipo penal. La doctrina, sin embargo, estima que este tema podría llegar a constituir ilícito en el derecho español mediante la regulación que se den en las Comunidades Autónomas, algunas de las cuales ya han prohibido, mediante leyes de protección animal, actividades tales como la lucha de perros, peleas de gallos, tiro al pichón y otras costumbres similares.

Austria, en el año 2000, introdujo en su ordenamiento una reforma al Código Civil, aprobada en el Senado por 30 votos a favor y solo 3 en contra, en virtud de la cual el animal ya no será tratado como una cosa, puesto que la mayoría de su sociedad ya no comparte el concepto animal heredado del derecho romano. El artículo 285, letra a de este Código, dispone expresamente que “Los animales no son cosas y son protegidos por leyes especiales”, sin embargo, a ellos se aplica el estatuto jurídico de los bienes. Esta disposición es deficiente por cuanto no señala positivamente la naturaleza óntica de los animales. Además de reconocer la naturaleza diferenciada de los animales y los objetos, en el artículo 222 del Código Penal, de 1974, se sanciona como delito el maltrato animal, para el cual se contemplan penas privativas de libertad de hasta un año o multa de hasta 360 tarifas diarias.

El Estado alemán fue el primero de la Unión Europea en otorgar rango constitucional a la protección de los animales. En efecto, en el año 2002, el parlamento alemán aprobó la reforma a la Constitución Fundacional de la República del año 1949, enmienda que consiste en añadir las palabras “y los animales” al artículo 20 de dicho texto. De esta manera, obliga al Estado a proteger la vida humana. Este artículo señala actualmente que “El Estado toma la responsabilidad de proteger los fundamentos naturales de la vida y de los animales en interés de las futuras generaciones”. En cuanto al sentido de esta disposición, la Ministra de Consumo y Agricultura de la época, Renate Kuenast, informó al periódico The Guardian, que “La reforma constitucional no daba a los animales los mismos derechos que a los seres humanos”, la persona humana tiene siempre la prioridad. Así mismo, afirma que estas modificaciones “podría conducir a una nueva legislación que limite los experimentos con animales en casos como los laboratorios de cosméticos o analgésicos”.

Si bien esta enmienda no significa necesariamente que el trato inapropiado hacia los animales vaya a cesar, es importante por cuanto ha elevado el nivel jurídico de la protección, el cual era materia de ley. Desde esta perspectiva, los tribunales tendrán un argumento más potente para defender a los animales en caso de colisión de derechos tales como la libertad de investigación científica, religión, etc., además de constituir una herramienta poderosa para fomentar un cambio legislativo en canto a la naturaleza que el derecho asigna a los animales.

En el desarrollo normativo de América Latina se aprecia que en México: la “Ley protectora de animales del estado de México”, de 1985, comienza este texto en el Capítulo I efectuando una declaración de objetivos, a saber, la protección de los animales tanto domésticos como silvestres que no sean nocivos para el hombre, así como también la prohibición de cualquier acción de crueldad o maltrato innecesarios. El artículo 2º de la ley señala que sus disposiciones son de interés público y el artículo 3º establece que el objeto de la ley se orientará, entre otras cosas, a “fomentar el amor, respeto y consideración” para con los animales.

Para ello, en Argentina, la Ley 14.346 de protección animal, la que a pesar de no presentar mayor novedad en la materia contempla, a diferencia de la ley chilena, una interpretación auténtica de lo que debe entenderse por malos tratos, establece en el artículo 2º de dicho texto un catálogo de conductas constitutivas de este delito, que proporciona una seguridad jurídica mayor en su aplicación, al decir de Alterini(27).

Se constata que en el Derecho Comparado analizado ha ido evolucionando en cuanto a la protección animal, sin embargo, esto no significa que a los animales se les atribuyan derechos, es más, expresamente el legislador se ha encargado de indicar ante los cuestionamientos sociales derivados por avances como la constitucionalización de dicha protección en el derecho alemán, o el proyecto de protección a los grandes simios, en España, que esto no significa atribuir a los animales derechos en la misma medida que a los seres humanos y a los otorgados a la naturaleza en las constituciones de Ecuador y Bolivia como paradigmas, lo mismo se extiende a la región de América Latina, de acuerdo con autores como Caferrata, Rinaldi, Villavella Armengol, Rey Santos, Méndez López, Bellorio Clabot, Lorenzetti, y Zaffaroni(28).

Se aprecia que este avance en la protección de los animales para su bienestar ha estado influido directamente por el modelo en el que cada legislación se inspira. Así, se observan diferencias en la materia según se trate de ordenamientos basados en la tradición romana, o por el sistema germano, que son los grandes modelos inspiradores del Derecho a nivel global.

En el Derecho francés se observa un apego al Derecho romano, en cuanto a la cosificación de los animales, en este tipo de ordenamiento ocurre lo mismo que en el nuestro, el que, por cierto, deriva directamente de aquel, es decir, existen normas que protegen y se preocupan por el bienestar de aquello que jurídicamente ha sido sindicado como objeto material, lo que ciertamente es contradictorio.

Por otro lado, el Derecho germano analizado, es decir, el alemán y el austriaco, por su raíz no romana, admite un mayor desapego a la teoría de la cosificación de los seres vivos no humanos, y va incluso más allá, al establecerse constitucionalmente, como un deber del Estado, la obligación de proteger a los animales, al decir de lo señalado por los estudios de Serra(29).

2. El Derecho Ambiental y Derecho Animal en Cuba. Reconocimiento en el ordenamiento jurídico

Con el triunfo de la Revolución en el año 1959 se produjo un cambio significativo en relación con los recursos naturales. Este cambio sucedió, a su vez, gracias a las leyes revolucionarias dictadas a mano del Estado. Se aprobaron disposiciones relativas a la protección de los bosques, el desarrollo de áreas protegidas y la organización de territorios, dando respuesta al problema forestal en el año de 1959. Por ejemplo, puede citarse la Ley 239, que puso en marcha el Plan de Reforestación del Ejército Rebelde, al establecer la creación de Parques Nacionales.

En 1975, en el Primer Congreso del Partido Comunista, se aprueba la tesis sobre la política científica, donde se determina la necesidad de crear un órgano encargado de atender a los problemas del medioambiente, un año más tarde con la promulgación de la Constitución de la República se introduce en el artículo 27 la protección de dicho bien jurídico, en tal artículo se evidencia claramente el objetivo de lograr el desarrollo sostenible, así como una marcada cultura Antropocentrista, centrando dicha protección en función del humano y no del ecosistema en sí, hecho heredado evidentemente de lo planteado en la Conferencia de Estocolmo de 1972.

En la nación cubana, del reconocimiento de los postulados constitucionales establecidos en los artículos 10, 27 y 69; es el 27 el que consagra la protección ambiental como una función pública del Estado. Toda vez que técnicamente, a la vez que se habilitaron los órganos competentes para que intervinieran en la protección ambiental inspirados en el desarrollo sostenible, también se ordenó la aplicación de dicha habilitación con el objetivo de “hacer más racional la vida humana y asegurar la supervivencia, el bienestar y la seguridad de las generaciones actuales y futuras” y con ello la solidaridad en términos de equidad inter e intrageneracional, la racionalidad y la sostenibilidad al trascender al texto constitucional cubano.

En 1976, por acuerdo del Consejo de Ministros, se creó la Comisión Nacional de Protección del Medio Ambiente y Conservación de los Recursos Naturales (COMARNA). En el segundo Congreso del Partido, en el año 1980, se establece la necesidad de elaborar una legislación adecuada para dar cumplimiento a la política ambiental trazada, esto sentó las bases para que el 10 de enero de 1981, la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobase la Ley 33 de Protección del Medio Ambiente y el uso racional de los recursos naturales.

En este íter, en 1994, se evidenció el producto de una nueva reorganización del aparato estatal, la extinción de COMARNA, sus atribuciones y obligaciones fueron transferidas al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), cuya función principal consiste en controlar y dirigir la política encaminada a garantizar la protección del medioambiente y el uso racional de los recursos naturales. La principal legislación con respecto al Derecho Ambiental cubano es la Ley 81 de 1997, del medioambiente. Esta norma regula debido a los cambios socioeconómicos y en el ámbito ambiental, por causa de lo que estaba sucediendo en el país durante ese período, incluyendo las disposiciones normativas referidas a las aguas terrestres, suelos, flora, fauna, recursos marinos, recursos agropecuarios y otros.

El CITMA es el que ha ejecutado a través de la función inspectora regulada en la Ley 81 de 1997. Aunque existen otros organismos dentro del entramado de la Administración Pública patria, que en este mismo íter ejercitan la función inspectiva en la protección ambiental por su interdisciplinariedad y transdisciplinariedad, realizadas a través de la inspección sanitaria ejecutada por el Ministerio de Salud Pública. Quien evalúa el componente ambiental y el respeto de las ordenanzas sanitarias es el Ministerio del Interior en relación a la obediencia de la seguridad laboral; el Ministerio de Economía y Planificación para el control de la política pública y el desarrollo urbanístico; el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para el control de la seguridad y la política laboral —ambiente laboral—; el Ministerio de la Agricultura en relación con la política forestal, agraria, la medicina veterinaria, el Ministerio de Transporte para el control del transporte automotor —contaminación atmosférica, acústica y lumínica—; uno de los últimos cuerpos de inspección en crearse ha sido el de los Consejos de la Administración Local en los municipios dedicados al control administrativo.

En el análisis del desarrollo normativo patrio se pondera que tiene su soporte jurídico en el Decreto 100 de 1982, de la Inspección Estatal y cada organismo de la Administración Pública establece sus regulaciones internas a través de actos administrativos. Por ello el artículo 1º señala que:

“la inspección estatal consiste en la fiscalización del cumplimiento de las disposiciones y normas jurídicas vigentes llevadas a cabo por los organismos centrales de la Administración del Estado dentro de su propio sistema o en el ejercicio de su función rectora, o por los órganos locales del Poder Popular a través de sus dependencias administrativas sobre las actividades administrativas, de producción y de servicios”.

Ello permite señalar el vínculo que esta potestad inspectiva posee con la exigencia de la responsabilidad administrativa, y la multiplicidad de disposiciones jurídicas que coexisten en este sentido, lo que permite ponderar la necesidad de que se promulgue un Código Contravencional a futuro y que, en consecuencia, sea actualizada la Ley Ambiental, toda vez que se considera que el marco regulatorio complementario no garantiza la adopción de enfoques preventivos adecuados aparejados con la indisciplina tecnológica que impera en la mayoría de las formas de gestión del sector estatal cubano, al ser esta la mayoritaria —aspectos que deberán ser tenidos en cuenta en la futura actualización normativa—. Su sustento se establece en la Resolución 103 del 2008 del CITMA(30).

También se comprueba de qué manera se interviene, en todo este control ambiental, al órgano de control de la Fiscalía General de la República, a tenor del artículo 27 constitucional, para alcanzar el desarrollo sostenible, y del artículo 42 de la Ley 81 de 1997, al regularse la función especial que posee este órgano en relación con la actuación fiscal para la tutela ambiental y el cumplimiento de la juricidad —artículo 10 constitucional—, comprobado con la acción de la Verificación Fiscal, establecida en la Ley 83 de 1997, de la Fiscalía General de la República(31).

La experimentación científica con animales en Cuba

En Cuba no hay leyes nacionales aprobadas respecto a los animales de laboratorio, pero sí existen regulaciones administrativas internas. Por otro lado, los centros científicos promueven la calificación de todo el personal vinculado al uso de los animales. Existe una entidad reguladora, el Centro para el Control de los Medicamentos, cuya función es el control de las pruebas o ensayos de medicamentos e, indirectamente, controla el uso adecuado de los animales de laboratorio por los centros productores que proporcionan estos animales a los laboratorios de experimentación.

Dentro de los aspectos éticos a tener en cuenta en la experimentación con animales están: las instalaciones en las que se mantienen deben tener una temperatura, humedad, ventilación e iluminación adecuada y disponer de jaulas con un espacio adecuado. Deben tener buena alimentación, así como un adecuado bienestar psicológico. Los experimentos deben realizarse en laboratorio o áreas preparadas para este fin, entre otras. Algunos de los aspectos más importantes a tener en cuenta para cualquier proyecto que involucre la utilización de animales serían la instrucción y capacitación del personal profesional y técnico y el estado sanitario de los animales, cuestión íntimamente ligada a su capacidad de respuesta.

De esta última inquietud nació el uso de animales en condiciones libres de patógenos específicos y libres de gérmenes, lo que brinda resultados experimentales confiables y reproducibles, las condiciones de alojamiento son importantes, es decir, la carga animal por caja. Existe actualmente una tendencia de aumentar el espacio animal por caja, e inclusive, a estimular sus actividades por medio de ruedas u otros accesorios. Además, las constantes ambientales controladas, las temperaturas extremas, la falta de renovación del aire, las altas concentraciones de amoniaco, entre otras, someten a sufrimientos innecesarios e invalidan los resultados desde el punto de vista experimental.

El Derecho Animal en el desarrollo de la normativa jurídica cubana

Después del análisis del ordenamiento jurídico patrio por parte de este autor, se aprecia que en el desarrollo normativo no existe una legislación vinculada a la protección jurídica de los animales de forma especial, los documentos regulatorios, bien elaborados técnica y legalmente para otros fines, no se ajustan a las nuevas pautas y directrices preconizadas por la ciencia del bienestar animal desde la Medicina Veterinaria. Entre estos podemos señalar en el ordenamiento jurídico al Decreto-Ley 136 de 1993, Del patrimonio forestal y la fauna silvestre y el Decreto-Ley 137 de 1993, De la Medicina Veterinaria. Se sigue ponderando y es considerado por este autor que la protección del medioambiente y los recursos naturales en la nación, en su desarrollo normativo, parte de la Ley 81 de 1997, rectorada por el CITMA, esta podría ser la normativa que posee mayores atisbos en relación con la temática abordada en este artículo, pero aún es insuficiente(32).

Ello demuestra la necesidad de elaborar una norma jurídica que permita la garantía del bienestar de los animales en el ámbito nacional, independientemente de las especies y las categorías a las que estos pertenezcan. Se pudo conocer que ha existido por parte del Consejo Científico Veterinario de Cuba, a partir de este siglo, un interés en trabajar en la presentación de un proyecto de normativa jurídica que sea capaz de garantizar el derecho a la vida de todos los animales del país en conjunto con la Asociación Cubana para la Protección de Animales y Plantas, para que este sea promovido por el Ministerio de la Agricultura y sea presentado a la Comisión Legislativa de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

A pesar de que el tema del bienestar animal ha tenido un amplio espacio de reflexión y debate, enfocado principalmente a las diferentes manifestaciones de maltrato, crueldad y abuso que se observan a lo largo y ancho del país por parte de las Ciencias Veterinarias y de la actuación de los cuerpos de Inspección Estatal, se valora que no existe una respuesta adecuada con la aplicación del Derecho Administrativo Sancionador a los sujetos infractores; ante su impacto negativo en la calidad de vida y el bienestar de los animales, su repercusión en la salud pública y en el bienestar de la población cubana hoy imponen la necesidad de su juridicidad y de un adecuado control administrativo por parte de la Administración Pública con la aplicación de la función inspectiva. Esto según la doctrina por autores de la talla de Rebollo Puig, Esteve Pardo, Alenza García, Bermejo Vera, Díez Sánchez, García Ureta, Fernández Ramos, Miranda Hernández(33), en sus estudios académicos.

Se constata también la vinculación con las sociedades científicas veterinarias y otras afines, las que significan la necesidad de realizar modificaciones de normas relacionadas con el transporte y el sacrificio de animales para el consumo humano, así como la matanza de animales para el control de enfermedades, adaptando las normas de la OIE a las condiciones socioeconómicas del país; la introducción de las guías presentadas por la Sociedad Cubana de la Ciencia de Animales de Laboratorio, y la elevación del nivel de capacitación a través de acciones de capacitación dirigidas a los Médicos Veterinarios sobre bienestar animal, la atención a través de Clínicas Veterinarias y la introducción del pasaporte en los canes, una adecuada educación humanitaria dirigida a la población, entre otras de interés similar y relevancia que permita obtener cultura jurídica, a partir de las tesis defendida desde la Psicología Animal y la Etología Cognitiva, tal y como lo refrendan en sus estudios autores como Mateos Montero, Dawkins y Griffin(34).

De lo anterior se colige que deberán seguirse ejecutando estudios por parte del Derecho para profundizar en la temática relacionada con la protección de los animales desde la academia y la práctica en las sociedades científicas como un paradigma a resolver por la Administración Pública. De esta manera será posible el desarrollo de una normativa jurídica para contextualizar el desarrollo social y económico de la nación cubana y con ello contribuir a decodificar el paradigma del principio de desarrollo sostenible a partir de lo señalado en el artículo 27 constitucional, en el binomio deber-derecho de los sujetos obligados a la juricidad, al decir de autores como Cánovas González, Caraballo Maqueira, entre otros(35).

En efecto, se considera la necesidad de estudiar desde la ciencia del Derecho la protección de los animales, toda vez que no es secreto que desde hace más de 50 años Cuba tiene un bloqueo económico. Esto se evidencia en el trato inadecuado y trabajo excesivo a los animales de tracción animal utilizados en el transporte terrestre, en las ciudades y pueblos del territorio nacional —caballos, asnos, chivos—, otra manifestación son las peleas de perros que se realizan en disimiles sitios en los que acontecen actos de crueldad, agresividad y abusos. Otro fenómeno visible se aprecia en el abandono de animales —perros y gatos— por parte de sus dueños, los que se convierten en vagabundos en las zonas urbanas con una alto índice poblacional. Así mismo, puede señalarse la caza como una actividad que permanece invisible a la juridicidad de especies protegidas para su venta a ciudadanos cubanos o a foráneos que visitan al país y que practican el turismo de naturaleza. Así mismo en el hecho de mantener a los animales en condiciones antihigiénicas, el abandono de animales heridos o enfermos, el uso de animales de trabajo en condiciones de salud desfavorables —enfermos—, las peleas de gallos, la tauromaquia en actividades de rodeo, etc.

Todo ello va en contra del cumplimiento adecuado de los principios del Derecho Ambiental como son el de legalidad, de prevención, y el de responsabilidad. O expresado de manera diferente, no existe una policía administrativa que controle los animales sin permiso ni tenencia legal como mascotas, o los que sirven de guías a ciegos o sordos y que son maltratados por sus dueños en diversas formas, por ejemplo, dejando de recibir una adecuada atención médica y vacunación programada en Clínicas Veterinarias. Igualmente una falta de control de la población, de manera científica, través de la cirugía para la esterilidad, entre otras conductas antijurídicas.

Es entonces que el bioderecho, como sector trasversal especializado del Derecho que regula la materia bioética, deberá auxiliar la formulación de respuestas para los problemas derivados de dichas cuestiones, al decir de Soro Mateo(36). Al respecto coincidimos con Rabal Méndez, cuando señala que:

“contemporáneamente las reivindicaciones a favor del reconocimiento de los derechos de los animales se están dejando sentir con un ímpetu creciente; el combate se libra desde diferentes flancos de la sociedad. Se podría afirmar que dichas pretensiones quedan ubicadas, de una parte, en contra de aquellas acciones —mercantiles, tecnocientíficas o culturales con una marcada tradición histórica— que fomentan el maltrato desproporcionado hacia los animales no humanos, y de otra, aquellas que apuestan por impulsar el bienestar de estos...”(37).

En todo este ámbito hay que analizar también los criterios sobre esta problemática desde la óptica de la Administración Pública, porque en la nación cubana no existe dentro del ordenamiento jurídico el procedimiento para obtener la licencia de los canes respecto a su tenencia —pasaporte—, así como tampoco para otros animales considerados dentro de la categoría de mascotas. Por ello es necesario, desde el Derecho Administrativo, el desarrollo de este tema a partir de la técnica autorizatoria para otorgar posesión legal a sus dueños, de tal manera que se les exija la responsabilidad por su guarda, custodia, alimentación y la atención veterinaria.

¿Dentro del entramado de esta Administración Pública, cuál será el organismo al que le corresponderá ejecutar esta función pública a través de la función inspectiva?, al cotejar la producción académica de autores como Bellido Jara, Castro Álvarez, Hava García, Foy Valencia, Franciskovic Ingunza, García Sáez, quienes significan su tratamiento doctrinal y legislativo en otros contextos con el objetivo de mitigar los actos de antijuricidad(38), tampoco se constatan ordenanzas públicas que controlen la antijuricidad en esta problemática social, al cotejar la producción académica de autores como Bellido Jara, Castro Álvarez, Hava García, Foy Valencia, Franciskovic Ingunza, García Sáez, quienes significan su tratamiento doctrinal y legislativo en otros contextos, para mitigar los actos de antijuricidad(39).

En la región de América Latina constatamos que en los ordenamientos jurídicos existen disposiciones que regulan la tenencia y el registro de perros potencialmente peligrosos, entre estos está el Estatuto Nacional de Protección de los Animales, las medidas sanitarias para el sacrificio de animales en mataderos autorizados, el Código de los recursos naturales, el Código de la vida silvestre; los que tienen su asidero jurídico en la Declaración Universal de los Derechos de los Animales de 1978, aprobada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y por la Organización de las Naciones Unidas. Con ello se ponderan los principios de legalidad y responsabilidad. En Cuba solo se aprecian las acciones sanitarias ejecutadas por los especialistas de Control de Vectores de los Centros de Higiene y Epidemiologia del Ministerio de Salud en la asistencia a canes a causa de su multiplicidad y su condición de vagabundos en la vía pública, para, de una manera u otra, controlar su número y prevenir las posibles enfermedades que afecten a otros animales y al ser humano, en cumplimiento de la Ley 41 de 1984(40), Ley de la Salud Pública y, en especial, en la Resolución 215 de 1987 de la Inspección Sanitaria Estatal en relación con las enfermedades producidas a causa de la zoonosis.

Esta inspección sanitaria controla y exige la responsabilidad administrativa por la crianza de animales de corral en las zonas urbanas, ante las consecuencias negativas para la salud de sus propietarios y el entorno de sus domicilios, ya que enferman a terceros. No obstante, no existe una respuesta adecuada que elimine esta actuación de la población, que tiene una respuesta: la situación alimentaria del país.

En este nuevo marco se hace evidente, de manera translucida, el papel que ha de tener el bioderecho como propulsor de la bioética animal, esta deberá inclinarse por el fomento de una determinada regulación que tenga en cuenta la actualidad científica, los avances de las ciencias experimentales y las implicaciones humanas, dando solución a este desafío más allá del estricto ámbito académico como paradigma para la Administración Pública, para ello tiene que coexistir con una visión académica que aporte cultura educativa, política y jurídica que geste el cambio en la conciencia de los sujetos obligados a su cumplimiento en atención al principio de juridicidad para no llegar al biocidio, tal y como se cita en Arana García, aparisis miralles, brels y estrada celsi(41).

En Cuba, hasta donde se ha constatado en el proceso revolucionario, la Administración Pública aún no se ha pronunciado sobre la implementación de una técnica autorizatoria desde el Derecho Público que exija a los poseedores de animales, considerados como mascotas, la solicitud de la licencia para su tenencia, así como tampoco sobre el cumplimiento por parte de estos poseedores de los requerimientos de la medicina veterinaria como una exigencia para la posesión de los animales, de tal modo que se apliquen de forma adecuada los principios de responsabilidad y legalidad, la imposición de contravenciones a los que cometan conductas antijurídicas por parte de los cuerpos de inspección habilitados en la nación que, de una manera u otra, están implicados en la resolución de los problemas ambientales declarados en la Estrategia Ambiental. Esta situación que puede convertirse en un problema de salud pues, de una forma u otra, puede dar una imagen distorsionada a los visitantes foráneos implicados en la actividad turística nacional; es un tema para reflexionar por parte de los servidores públicos dentro del entramado de la Administración Pública.

3. Reflexiones finales

El Derecho Ambiental surgió de la preocupación del hombre por su entorno, dado el impacto que ha tenido su interacción con el mismo. El propio desarrollo y evolución de la especie humana no se podrá desligar del medio ambiente, de ahí que se regule la relación del ser humano con el medio ambiente, con todos los factores bióticos y abióticos que lo conforman. El Derecho Ambiental pretende proteger a los animales en sí, al velar por los derechos que les son inherentes por su condición de seres vivos. Tanto animales como hombres pertenecemos al mismo reino de la diversidad biológica, el animalia, y todos son partes de una misma cadena alimenticia, pero los segundos, desde una posición más favorecida, determinada por su desarrollo como especie, han ido más allá de la misma, utilizando a los animales para la industria textil, elaborando atuendos e implementos para la industria farmacéutica y cosmética, en consecuencia hemos exterminado a los primeros, con fines decorativos, didácticos e incluso deportivos.

La actuación injustificada de los ciudadanos no solo atenta contra los derechos elementales de los animales, sino que, además, al ser estos miembros de determinados ecosistemas, de modo directo, también se ven afectados. El Derecho Animal, a diferencia de lo defendido en la doctrina internacional, es una rama independiente del Derecho, constituye una rama derivada del Derecho Ambiental. A partir de la teoría según la cual si el Derecho Ambiental protege la relación del hombre con el medio ambiente, y este a su vez está compuesto por ecosistemas que están conformados por elementos bióticos, abióticos y socioeconómicos, entonces se protege directa e indirectamente a los animales, como parte fundamental del ecosistema para su funcionamiento. Esto demuestra que sí existe presencia de sufrimiento animal.

Está demostrado que el desarrollo tecnológico conlleva la explotación insostenible del medio ambiente y las consecuencias se han plasmado en la destrucción de ecosistemas, la desaparición de especies animales y vegetales y un notorio e irreversible daño de la capa de ozono, que ha devenido en los conocidos efecto invernadero y calentamiento global, entre otras muchas afectaciones sobre los elementos abióticos que ponen en peligro eminente a todo ser vivo, es entonces cuando se afirma que le corresponderá a la Administración Pública ejercitar su control para evaluar la juridicidad de los sujetos obligados.

La inspección ambiental dentro de la protección de los animales es una actividad de control administrativo ejecutada por la Administración Pública a través de sus funcionarios habilitados para su ejercicio. En Cuba se constriñe al control de los ecosistemas de interés, Este puede ser ejecutado por denuncia pública o por interés estatal y realizado a través de un plan de inspección. Tal inspección es realizada por el Ministerio de Ciencias, Tecnología y Medio Ambiente, pero también se reconoce en el desarrollo de la normativa jurídica que hay otros organismos que controlan aspectos ambientales en relación con el Derecho Animal, por ejemplo las autoridades sanitarias en la Medicina veterinaria dentro del Ministerio de la Agricultura y por el Ministerio de Salud Pública para el control de la zoonosis, entre otras actividades requeridas de control administrativo. De manera especial, se resalta cómo la protección de los animales en Cuba no tiene un tratamiento adecuado para exigir la responsabilidad a los sujetos obligados, tampoco existe regulación en otros contextos que posean licencia o un efectivo desarrollo normativo para la tenencia de mascotas.

Es necesario, por tanto, instituir la enseñanza del Derecho Ambiental de forma optativa en la enseñanza superior en las carreras de Medicina Veterinaria y Zootecnia, en la nación cubana, con participación del Ministerio de Educación. Tal enseñanza del Derecho Ambiental debe contemplar la temática relacionada con el Derecho Animal y la protección de animales, de tal modo que permita dar a conocer las regulaciones jurídicas vigentes y otros temas de interés para el futuro profesional dentro de sus modos de actuación, las cuales no se deben constreñir solo a este perfil profesional, por ser la cuestión ambientalista un derecho humano, extensiva como un derecho de estar informado para ganar en cultura jurídica desde la dimensión ambiental.

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(*) El trabajo es parte de una serie de artículos relacionados con el proyecto institucional Consultoría Jurídica Rural, desarrollado en municipios de la provincia Granma por profesores y estudiantes. Cuba.

(1) Mosterín, Jesús. Los derechos de los animales. Madrid: Editorial Debate, 1995; Bellido Jara, Consuelo; Gómez Brown, Hernán. Los Animales y su situación frente al Derecho. En: Revista de Derecho de Valdivia. Chile, 2007; Campos Serena, Olga. Más allá de una concepción instrumental del valor de los animales: la irracionalidad del paradigma humanista. En: Revista de Filosofía, n.º 2. España, 2011, pp. 1-22; Martín Blanco, Sara. Reflexiones morales sobre los animales en la filosofía de Martha Nussbaum. En: Revista Bioética y Derecho, n.º 25. España, 2012, pp. 59-72.

(2) Regan, Tom. Jaulas vacías: el desafío de los derechos de los animales, Fundación Altarriba Amigos de los Animales. España, 2006; Pocar, Valerio. Derechos de los animales y derechos humanos. En: Revista Teoría y Derecho, n.º 6, España, 2009, pp. 20-28; Trujillo Cabrera, Juan. El derecho de los animales en Colombia. En: Revista Republicana, n.º 7, Colombia, 2009, pp. 69-82.

(3) Caraballo Maqueira, Leonel. El objeto del Derecho Ambiental En: Revista electrónica de la Agencia del Medio Ambiente, n.º 8. La Habana, 2005; Cánovas González, Daimar. Necesidades y potencialidades del Derecho Ambiental cubano. La Habana: Editorial CITMA, 2012.

(4) Martín Mateo, Ramón. Tratado de Derecho Ambiental, 2da ed. Madrid: Editorial Trivium S.A., 1998; Zaffaroni, Eugenio Raúl. La Pachamama y el humano, 1ra ed. Buenos Aires: Editorial Madres de la Plaza de Mayo, 2011; Bellorio Clabot, Dino. El nuevo paradigma ambiental y jurídico. En: Revista Iberoamericana de Derecho Ambiental y Recursos Naturales, Argentina, 2013.

(5) Martín Mateo, Ramón. Tratado de Derecho Ambiental, volumen I, 2da ed. Madrid: Editorial Trivium S.A., 1998; Betancor Rodríguez, Andrés. Instituciones de Derecho Ambiental. Madrid: Editorial La Ley, 2001; Lozano Cutanda, Blanca. Tratado de Derecho Ambiental, 1ra ed. España: Editorial CEF, 2015.

(6) Aristóteles. Acerca del Alma. Madrid: Editorial Gredos, 1988.

(7) De Aquino, Tomás. Sobre los principios de la naturaleza. Paris, 1259.

(8) Descartes, René. Discurso del Método, publicado 1637. Cita tomada de Cottingham, John, “Descartes, René” Honderich, Ted. The Oxford Companion to Philosophy. Estados Unidos de América, Oxfor: University Press, 1995, pp. 188-192.

(9) Descartes, René, ob cit., pp. 188-192.

(10) Kant, Immanuel. La metafísica de las costumbres, 2da edición. Madrid: Editorial Tecnos, 1994.

(11) Bentham, Jhon. Introduction to the Principles of Morals and Legislation. Editorial Adamant Media Corporation, 2005.

(12) Ryder, Richard. Animal Revolution: Changing Attitudes towards Speciesism. Estados Unidos de América: Basil Blackwell, Universidad de Oxford, 2000, p. 239.

(13) Singer, Peter. Liberación Animal. Madrid: Editorial Trotta, 1999.

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(16) Rey Santos, ob. cit., p. 51.

(17) Singer, op. cit., p. 5.

(18) Méndez, Carmen. Antología del animalismo, 1ra parte, Revista AIDA, n.º 32. España, 2010; Cases, Manel. Los derechos de los animales, Revista AIDA, n.º 42. España, 2011; Aguilera, Flora. El derecho de los animales. Revista AIDA. n.º 29. España, 2012.

(19) De Lora, Pedro. Justicia para los animales. La ética más allá de la humanidad. Madrid: Editorial Alianza, 2003; Leyton, Fabiola. Problemas bioéticos de la experimentación con animales no humanos; García Sáez, José. ¿Pueden los animales ser titulares de derechos? Algunos argumentos desde una teoría garantista del Derecho. Revista catalana de Dret Ambiental, n.º 2. España, 2012, pp. 1-12.

(20) Francione, Gary. Introducción al Derecho de los Animales: ¿su niño o su perro? Editorial de la Universidad de Temple, 1996.

(21) Bentham, op. cit., p. 4.

(22) Singer, op. cit.

(23) Dorado, Daniel; Horta, Oscar. Cambio de paradigma: un análisis bibliográfico de la literatura reciente en ética animal. En: Revista Dilemata, n.º 15. España, 2014, pp. 103-112.

(24) Martín Blanco, Sara. Reflexiones morales sobre los animales en la filosofía de Martha Nussbaum. En: Revista Bioética y Derecho, n.º 25. España, 2012, pp. 59-72; Kemelmajer de Carlucci, Aida. La categoría jurídica “sujeto/objeto” y su insuficiencia respecto de los animales. Especial referencia a los animales usados en laboratorios. En: Revista de Bioética y Derecho, n.º 17. España, 2010, pp. 1-8; Cuesta Brey, Luis y Sánchez Rodríguez, Kirenia. Aspectos éticos de la experimentación con animales. En: Revista Bioética. España, 2007, pp. 1-3; De la Peña Pino René. Algunas consideraciones éticas sobre la experimentación animal en los centros de enseñanza médica superior. En: Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas, n.º 21. La Habana, 2002, pp. 5-33.

(25) Bentham, op. cit., p. 4.

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