Los impuestos en el acuerdo sobre bases militares

Revista N° 157 Ene.-Feb. 2010

Humberto Aníbal Restrepo Vélez 

Abogado tributarista  

Gran discusión ha generado las repercusiones del reciente acuerdo celebrado por los gobiernos de la República de Colombia y de los Estados Unidos de América, que permite el acceso y uso de bases militares colombianas, pero nada se ha dicho acerca de su incidencia en materia fiscal.

Y es que el denominado "Acuerdo Complementario para la Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad" -en su afán por profundizar la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo- va más allá de permitir la posterior suscripción de acuerdos de implementación en tareas tales como la interoperatividad, el intercambio de inteligencia, capacidades de vigilancia y reconocimiento, ejercicios combinados, entre otras, pues de manera expresa consagra un régimen impositivo excepcional sobre la base de conceder una serie de privilegios tributarios tanto reales como personales.

En efecto, apoyado en acuerdos anteriores de asistencia militar (1952) y relativos a puntuales misiones militares norteamericanas (1974), en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y de manera especial en el convenio que materializó la célebre "Alianza para el Progreso" (1962), el presente acuerdo contiene en líneas generales las siguientes disposiciones:

a. Para el personal de los Estados Unidos(1) y sus personas a cargo, no opera la previsión fiscal en relación con el concepto de residencia por el periodo que permanezcan en el país en desarrollo del acuerdo y en consecuencia sus ingresos provenientes de fuera de Colombia no estarán sometidos a ningún gravamen (art. XVIII, nums. 1º y 2º), los bienes o productos que sean para su uso personal, equipaje y efectos personales -que se importen o utilicen en el país o se exporten de Colombia- estarán exentos de derechos de importación y exportación, aranceles, impuestos, matriculación y autorización de vehículos y demás tributos (art. X, num. 3º), aunado a que los bienes que se encuentren en el país serán exonerados de los gravámenes por concepto de la propiedad, posesión, uso o cesión a otro personal de Estados Unidos y personas a cargo, así como su transferencia por defunción (art. XVIII, num. 4º).

b. Se contempla únicamente para el personal de los Estados Unidos la exención del impuesto sobre la renta por los ingresos obtenidos por los servicios prestados en desarrollo del acuerdo (art. XVIII, num. 2º) y la exención de impuestos en la compra, propiedad, uso o disposición de bienes para uso propio (art. X, num. 4º).

c. Los fondos utilizados por los Estados Unidos -incluidos los recibidos por los contratistas de Estados Unidos y sus empleados- para las actividades propias del acuerdo, estarán exentos de cualquier gravamen en Colombia (art. XVIII, num. 3º) y en especial de toda tarifa, arancel, impuesto y demás tributos que de otra forma sea gravada en el país (art. X, num. 1º).

d. Los Estados Unidos y sus contratistas estarán exentos de todas las tarifas, aranceles e impuestos por la importación, adquisición y utilización de bienes en Colombia (art. X, num. 1º).

e. Tanto el personal de los Estados Unidos como sus personas a cargo, los contratistas de Estados Unidos y sus empleados, así como los observadores aéreos, estarán exentos del impuesto de timbre por la salida del país, a menos que utilicen aeropuertos comerciales (art. IX, num. 5º).

No sobra recordar que, por mandato del artículo XXIV Ibídem, las eventuales controversias relacionadas con la aplicación del convenio no pueden ser remitidas a ninguna corte o tribunal nacional o internacional u organismo similar, ni a terceros para su resolución, la cual está limitada a consultas, en primer lugar entre el Ministerio de Defensa de Colombia y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y, en caso de ser necesario, entre los respectivos gobiernos.

Independientemente de la legalidad o no de las disposiciones fiscales contenidas en anteriores convenios que en forma equivocada pretenden estar amparados por las previsiones de la Ley 24 de 1959(2) -amén de no estar ya vigente- y de la simple referencia que a dichos enunciados se hace en el presente acuerdo, lo cierto es que para su validez -al menos en lo que se refiere a los tratamientos exceptivos en materia tributaria que allí se contemplan- este debe ser sometido a aprobación del Congreso de la República, en el entendido de que los beneficios tributarios relacionados con obligaciones sustanciales, tal como lo ha reiterado la jurisprudencia, deben acatar el principio de legalidad.

(1) El artículo I del acuerdo señala que por "personal de los EE UU" se entiende tanto el personal militar como el personal civil de los EE UU que estén en Colombia para llevar a cabo las actividades convenidas.

(2) C. Const. Sent C-239, mar. 29/2006.