Martha Moreno Cruz Biografía

Profesora Titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Habana. Doctora en Ciencias Jurídicas. Vicepresidenta de la Sociedad de Derecho Económico y Financiero de la Unión Nacional de Juristas de Cuba. Arbitro de la Corte Cubana de Arbitraje Comercial Internacional. Actualmente es la Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Habana.

Michelle Abdo Cuza Biografía

Licenciada en Derecho Financiero, Universidad de La Habana. Máster en Derecho Financiero de la Universidad Autónoma de México. Profesora Instructor de Derecho Bancario de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana. Arbitro de la Corte Cubana de Arbitraje Comercial Internacional.

Sumario Los instrumentos preconcursales: hacia una nueva tendencia del Derecho concursal

Este artículo estudia los mecanismos preconcursales regulados en el derecho preconcursal cubano, partiendo de sus antecedentes, las tendencias acogidas en la legislación especial del sector bancario y su inserción en el proceso de actualización del modelo económico cubano.

Abstract Pre-insolvency instruments: towards a new trend of bankruptcy law

This article studies the pre-insolvency mechanisms regulated in the Cuban pre-bankruptcy law, based on its antecedents, the trends included in the special legislation of the banking sector and its insertion in the process of updating the Cuban economic model.

Derecho concursal

Insolvencia

Concurso de acreedores

Instrumentos pre concursales

Los instrumentos preconcursales: hacia una nueva tendencia del Derecho concursal

Revista Nº 59 Abr.-Jun. 2018

por Martha Moreno Cruz y Michelle Abdo Cuza 

Contenido

Resumen. I. El Derecho concursal, su enfoque contemporáneo y manifestación actual de sus principios; II Los instrumentos preconcursales como soluciones jurídicas preventivas de la declaración de insolvencia empresarial; III Su tratamiento en el marco jurídico del concurso en Cuba.

I. El Derecho concursal, su enfoque contemporáneo y manifestación actual de sus principios

Mucho tiempo ha transcurrido desde la primitiva concepción romanista que ubicaba al deudor en el centro de la responsabilidad frente a sus acreedores, haciéndola recaer en la propia persona del deudor con severos castigos por su incumplimiento u otorgando a los acreedores la acción pauliana al considerar la insolvencia como un acto fraudulento o de mala fe. Variadas son las referencias y estudios sobre el origen del concurso, y hay cierta coincidencia en ubicar el origen de la quiebra o bancarrota mercantil y con ella el naciente Derecho concursal, en la Edad Media y en calificar el procedimiento originario del Derecho romano dentro las reglas penales conminadas con penas por su incumplimiento(1). Más que destacar los antecedentes históricos sobre los que varios autores ya han ahondado(2), haremos mención de algunas concepciones originales de la insolvencia con soluciones de enfoque individual hacia la protección de los acreedores y la responsabilidad que recae en el patrimonio del deudor, para mostrar al lector el desarrollo de la tendencia marcada por el devenir histórico hasta la actualidad, que muestra un enfoque restaurador del beneficio social en tanto ius est art boni et aequi(3).

La historia marca la revolución francesa como el inicio de la época contemporánea, período que transcurre entre 1789 y el presente. En materia concursal, autores como Jesús María Sanguino Sánchez ubican al Código Napoleónico de 1807 como consagración definitiva del estatuto quebrario autónomo (1999:770)(4). En Estados vecinos se presentan cambios importantes, España reforma su Código de Comercio en 1878 y Alemania en 1898 unifica su Ley Concursal. En las américas, aun cuando era imposible a los legisladores de aquel primer Código predecir su alcance, los acontecimientos extienden luego su aplicación a todas las colonias españolas y territorios de ultramar. Ahí tenemos la fuente de Derecho primario de los procesos concursales en América Latina, incluida Cuba. Sin menoscabar la solidez y precisa técnica legislativa para definir institutos jurídicos de alta complejidad, debemos comentar que esta particularidad sin dudas determinó que la liberación de esas colonias exigiera una legislación concursal apegada a las realidades económicas y sistemas jurídicos propios de esos países. No es casual que el Derecho concursal, quizás más que cualquier otra rama, por el bien que tutela o protege —el crédito—, responde a escenarios económicos muy específicos.

La regulación fundamental de dichos Códigos de Comercio partía del principio de la judicialidad para el tratamiento de la quiebra. No fue hasta finales del siglo XIX, en 1883 en Bélgica(5) y luego en 1889 en Francia(6), que se introducen modalidades de acuerdos privados entre deudores y acreedores conocidos como “concordatos”, siendo per se mecanismos cautelares de la quiebra aun cuando no en todos los casos se regularon como procesos previos al mero proceso judicial del concurso.

Italia introdujo en 1903 el concordato preventivo y sus normativas han servido de referente hacia el futuro. En la década de 1960 está ubicada la introducción de esta figura en las legislaciones latinoamericanas, siendo pionera la Argentina con la Ley concursal 19551 de 1972. Sin embargo, estas disposiciones codificadas en su concepción original anteponían a los acreedores sobre los deudores y concebían la suspensión de pagos o los acuerdos de quita y espera como una fase precedente a la solicitud de quiebra de manera que ambos procesos concebían intervención judicial.

Es a partir de los años 70 que comienza a calificarse el nuevo Derecho concursal como el Derecho de las empresas en dificultades, como consecuencia terminan siendo cuestionados los resultados prácticos y económicos del propio proceso de quiebra. Esta corriente ha sido defendida por prestigiosos concursalistas italianos, españoles y en Latinoamérica resulta profesionalmente expuesta por el abogado peruano Alfredo Ferrero Diez Canseco. Este autor asevera que el nuevo Derecho concursal “subordina el interés de los acreedores y el interés al resarcimiento vía sanción, al objetivo principal de maximizar el valor de la empresa en funcionamiento, con el objeto y fin de lograr la reactivación de la empresa. La liquidación y quiebra declarada de la empresa debe ser la última alternativa a la cual deberá acceder, ya sea el juez o las partes en conflicto interesadas” (Ferrero Diez, 1993: 357).

En el tratamiento de esta concepción moderna, consideramos de especial referencia en este estudio a la Conferencia pronunciada por el Dr. Alejando G. Baro en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza, en el curso sobre “crisis bancaria y derecho” los días 29 y 31 de Agosto de 1988. Su intervención destacó la existencia independiente de un Derecho de la crisis económica, que marca nuevos designios en el rumbo del tratamiento legal de los procesos de insolvencia. Dicho autor significa la influencia del Derecho italiano y Derecho francés en esas actuales tendencias del Derecho concursal. Comenta cómo desde 1974 en la doctrina italiana apareció la “fenomenología de la crisis económica y necesidad de cambio de las soluciones jurídicas” aunque también se presenta en otros países y hacia la misma época una similar “orientación publicista” de las soluciones concursales.

Destaca la necesidad de utilizar órganos de naturaleza pública para regular las entidades en concurso, antes de que acudan al proceso judicial y el uso de esta vía solo en aquellos casos en los que no resulte viable el reordenamiento empresarial. Refiere como desde 1978, el italiano Ángelo Bonsignori escribe la “Inattualità del fallimento” para sostener “la necesidad de proveer a la solución de la insolvencia prescindiendo de la quiebra. (…) ya (...) una elección consciente entre salvamentos de las empresas reorganizables, confiado a constituidos y preparados órganos de Derecho público de la economía, y la eliminación de empresas agotadas, para cuya función el esquema tradicional de la quiebra puede todavía ser útil”(7).

Estos nuevos enfoques del Derecho concursal han conducido a otros autores, como el prestigioso jurista argentino Héctor Cámara, a calificar la situación como “la quiebra de la quiebra” o “la fallencia de la fallencia”. Sin embargo, aunque es cierto que el tradicional Derecho concursal mostró ser ineficiente para alcanzar la protección del bien jurídico que tutela: el crédito. Ello es consecuencia de la evolución lógica de una institución jurídica que inevitablemente tiene que responder a la base económica y a la realidad social en que se desenvuelve. En caso contrario pierde eficacia (Albadalejo, 2002:179)(8)y la protección jurídica que determinó su entrada en vigor desaparece.

El breve recuento muestra que es un hecho confirmado en la doctrina consultada, el nuevo enfoque que adoptan hoy los tradicionales principios del Derecho concursal, de manera que cualquier iniciativa legislativa de estos tiempos no debe ser ajena a ello. Sin el ánimo de ampliar en detalles, y aun cuando este es un tema poco tratado en la doctrina jurídica cubana, a continuación, comentaremos como esa evolución se ha transformado en variación interpretativa del alcance de algunos principios del Derecho concursal, los que obviamente también resultan aplicables a las soluciones preconcursales considerando su coincidencia en el crédito como bien jurídico que tutelan:

— La igualdad de acreedores en el concurso —par conditio creditorum—: Sobre la evolución de este principio se han desarrollado diversas teorías desde la escuela italiana de principios del siglo XX. Estas transitan en evaluar su alcance en relación con la causa y el fin o efecto de la quiebra. Unos consideran la igualdad de los acreedores como “causa y fin”, otros solo como el “fin” y por último la corriente mediadora que lo aprecia como “medio” y no como “fin”. En el aspecto legislativo, su expresión ha sido tan cambiante como las doctrinas, pero hay una coincidencia y es que a la luz de los sistemas jurídicos actuales todos han previsto límites a la literal “igualdad de acreedores”. En primer lugar ante un evento concursal, se impone el derecho de los acreedores preferentes y entre ellos los Estados o entes soberanos juegan un papel indiscutible. Las obligaciones con el fisco son ineludibles. También las legislaciones incorporan, como excepciones, los créditos contra la masa porque son preteridos para poder dar continuidad al negocio, los privilegiados y en algunos casos los subordinados.

En ese curso del análisis, es incuestionable que si el Derecho de concursos tiene como objeto la protección del crédito, y este es un mecanismo moderno de impulso económico, otros intereses superiores prevalecen sobre cualquier interés particular de acreedores privados. De tal manera, el actual principio par conditio creditorum dista de su original concepción y se aparta de ser una mera fórmula matemática para dividir el patrimonio del deudor y repartirlo a partes iguales entre sus acreedores. Corresponde a los institutos que actúen como administradores del patrimonio deudor desarrollar pautas de prudencia y evaluación de su aplicación en virtud de las circunstancias económicas y sociales en que se desarrolle el acto y enfocado a obtener una “justa distribución de los bienes” entre todos los sujetos en los que impacta el acto concursal. En esa decisión multifactorial, no cabe duda de que el Estado siempre debe ser tenido en cuenta como un acreedor más, por el mero hecho de ser el garante del entorno económico en el que se ha desenvuelto la entidad en problemas. Ese sujeto fue autorizado a actuar por el Estado como un actor de la economía y debe evaluarse si su nueva situación incide o no en perjuicios macroeconómicos para esa sociedad. Si el resultado fuera la decisión de salvar la empresa en aras de garantizar la estabilidad de determinado sector o rama empresarial, ello no representa un perjuicio para los acreedores pues estos a su vez también se desenvuelven en ese entorno que se intenta preservar.

— El principio de conservación de la empresa o del interés público: Con el devenir del Derecho concursal contemporáneo, este principio se ha convertido en el contrapeso de la par conditio creditorum. En sus orígenes, cuando el Derecho concursal era una disciplina meramente procesalista, generó reservas debido a que correspondería a los jueces contar con una alta especialización, a fin de que pudieran llevar a cabo la administración de la empresa fallida durante el proceso de recuperación. Además, esta etapa concebía la conservación empresarial como un medio para preservar derechos futuros de los acreedores. Sin embargo, como se ha expuesto acerca del devenir del nuevo Derecho concursal influenciado por las condiciones globales de crisis económicas cíclicas, este principio adquiere otras dimensiones y enfoques de interpretación. Se empieza a ver la conservación de la empresa como un tipo de compatibilización de intereses que algunos consideran contrapuestos, aunque no es nuestro punto de vista. Ya hemos expuesto que, en nuestra óptica, los Estados no solo no pueden desentenderse de los procesos concursales sino que son un partícipe más. El Estado al conceder permiso o licencia para que una empresa desarrolle su objeto social queda comprometido con sus resultados, aun cuando su capital sea privado, pues esos resultados son parte de la macroeconomía que determina la base económica en la cual se erige y funcione el soberano. De esta manera se ha visto en las modificaciones que han venido introduciendo los diferentes países en sus sistemas de concursos. Han transitado de una judicialización plena del concurso hacia procesos paraconcursales y preventivos amparados en medidas administrativas complementarias, aspecto que abordaremos en el próximo acápite.

— Universalidad: Este principio ha sido interpretado de diversas formas y su alcance resulta diverso, no solo en el tiempo sino también en relación con una jurisdicción a otra. De manera general significa que el concurso o sus soluciones se deben extender a todos los bienes del patrimonio del deudor y debe abarcar a todos los acreedores. El alcance a todos los acreedores es la expresión del principio de colectividad y su aplicación se centra en aplicar el principio de distribución de las pérdidas en igual medida, excluyendo el ejercicio de acciones individuales ejecutivas o de cualquier índole reclamatorio.

En cuanto al aspecto activo del principio, su extensión a todos los bienes del patrimonio del deudor, incluyendo su pasado y su futuro hasta la terminación del trato. El pasado se refiere a los bienes que puedan ser objeto de acción reivindicatoria o que permite el ejercicio de la acción pauliana. Por su parte, el futuro alcanza las cuentas por cobrar que constituyen activos como futuros ingresos. Es de advertir que el alcance de este principio es aplicable sin perjuicio de las exclusiones de bienes legalmente establecidas, que separan determinados bienes del deudor, según su naturaleza, de cualquier acción de embargo preventivo o judicial.

Otras legislaciones han considerado la aplicación de este principio desde el punto de vista procesal en la existencia de una única legislación para deudores civiles y comerciales. Sin embargo, en la actualidad, la práctica ha demostrado que la complejidad de los sujetos económicos que interactúan en el ámbito civil y mercantil es tan disímil que se favorecen legislaciones separadas. No obstante, han salvado la universalidad con artificios legislativos, incluyendo ambos cuerpos como capítulos de un mismo título de su Código de Comercio.

— Asignación de responsabilidad de prevención a terceros especializados: Se ha considerado este principio como novedoso en el tratamiento del tema a fin de garantizar que existan criterios técnicos apropiados sobre el valor de los activos del deudor, su situación económica y las mejores alternativas para su tratamiento concursal. Tradicionalmente esta responsabilidad la han desarrollado los jueces de competencia para recibir las solicitudes de concordato o quiebra. En el decursar del tiempo las diferentes legislaciones han ido introduciendo modalidades extrajudiciales, que utilizan administradores especializados, mediadores, interventores estatales y hasta institutos especializados en la evaluación de las solicitudes de soluciones preventivas o de quiebra.

— Territorialidad del concurso: Este principio, desde sus orígenes, es la expresión en la materia de la territorialidad del Derecho. El Derecho rige en el territorio para el cual fue dictado, de manera que si un deudor está en problemas debe responder con los bienes ubicados en el territorio en el cual fue creado y de acuerdo a las leyes de esa jurisdicción. Esta concepción romanista se funda en la idea de que el concurso debe ser regido por el estatuto real y de acuerdo con la lex rei sitae, y produce efectos sobre los bienes en el territorio nacional. Sin embargo, esta original concepción es hoy interpretada en otro sentido. Se considera que si los créditos fueron otorgados conforme a los bienes locales, son estos los que deben responder por su falencia, pero sin perjuicio del derecho de los acreedores de buscar bienes en otras jurisdicciones. Este último requisito no es ilimitado y se condiciona a la existencia de establecimiento del deudor en esas jurisdicciones donde se pretenda abrir el concurso, sin que baste ir contra cualquier bien allí ubicado. Bajo esta óptica la llamada a los acreedores extranjeros debe hacerla el propio deudor y las legislaciones conciben procedimientos de cooperación interestatal para ello.

En la actualidad, hay autores que consideran este principio como anacrónico, a partir de la incorporación en los estatutos del concurso, las regulaciones de la Unión Europea para trasnacionalizar entre sus Estados miembros las decisiones concursales. También, la Comisión de la ONU para el Derecho mercantil internacional —Uncitral— ha publicado una ley modelo para regular la insolvencia transfronteriza.

En general, la extensión del alcance de este principio dependerá de lo que considere cada legislador nacional, luego de evaluar las circunstancias en que las relaciones mercantiles y comerciales de su país se desarrollan.

II. Los instrumentos preconcursales como soluciones jurídicas preventivas de la declaración de insolvencia empresarial

Este acápite lo utilizaremos para referirnos expresamente a una de las más relevantes tendencias del Derecho concursal actual. Ya hemos remitido a importantes estudios de autoría diversa para ampliar en la naturaleza histórica y jurídica de la principal manifestación de esta tendencia: las soluciones preventivas de la declaración de insolvencia.

De los estudios legales y legislaciones consultadas, no hemos podido encontrar alguno en el cual se haya identificado un modelo puro o “efectivo” para el tratamiento de la quiebra y, mucho menos, de la insolvencia. Sin embargo, hay mucha coincidencia en que paralelamente a las legislaciones de concurso han surgido sistemas de derecho que ha sido calificados como legislación paraconcursal. Su origen y sistematización es ubicada por la doctrina en las crisis bancarias y de sociedades de seguro e inversión, dada la relevancia de estas entidades en los sistemas de crédito público que al Estado le interesa controlar. Hay países como Hungría en los que el Estado ha limitado los sectores que son de su interés proteger(9). Por otra parte, la práctica muestra que el alcance de los instrumentos preconcursales han ido más allá, dada la necesidad de cubrir las brechas que el concurso no alcanza y actuar “a tiempo” para evitar consecuencias peores. Este criterio lo sostiene el abogado español Francisco Javier Arias Varona (2001), al comentar que “La necesidad de fijar normativamente instituciones preconcursales es producto de la propia visión crítica de la utilidad del concurso como medio para resolver los problemas asociados a la crisis empresarial”. En consecuencia, con esa óptica, se manifiesta que la naturaleza jurídica de las instituciones preconcursales es administrativa dada la necesidad que tiene el Estado de evaluar las situaciones que ha generado un ente económico al cual le otorgó reconocimiento público como persona jurídica.

El crédito es una herramienta económica utilizada para estimular la economía en general, pero en situaciones de crisis se genera contracción inmediata del crédito. El mundo vive, desde el 2008, un escenario de crisis que pareciera ser sistémico y algunos estudiosos del tema lo han calificado de estructural. Sus dimensiones se han extendido como nunca antes, dada la globalización económica. Los pronósticos aún son grises, recientemente el FMI(10)advirtió que “los riesgos a la baja para la economía mundial ahora parecen más pronunciados que hace tan solo unos meses”. El 2015 ha padecido casi todos los acontecimientos más oscuros que pueda enfrentar la humanidad en tan corto período, solo por mencionar algunos: ataques terroristas en Paris, zonas de conflicto armado en medio oriente, migraciones masivas en Europa sin soluciones inmediatas, epidemia de ébola en África y países enteros al borde de la bancarrota. Recientemente en relación con los atentados en Paris, el papa Francisco calificaba el escenario de guerra mundial: “Una guerra puede justificarse, entre comillas, por muchas razones, pero cuando todo el mundo, como ahora, está en guerra —una guerra mundial a pedazos, aquí y allá, y en todas partes— no hay justificación y entonces Dios llora”.

Este escenario muestra la imperiosa necesidad de que los juristas especializados en el tema recauden las más versátiles ideas y propuestas para enfrentar un fenómeno que ya se presenta como duradero. Certeramente ya el Dr. Héctor Cámara (1987) ha calificado el fenómeno de la empresa en crisis como patológico, “que no es excepcional, por lo cual debe estar presente en el horizonte estratégico del empresario”. Es por ello que comentaremos sobre algunas soluciones preconcursales, que per se han trascendido sus fronteras para servir de fuente de derecho y solución a otras jurisdicciones que demandan soluciones.

Mecanismos de restructuración empresarial voluntaria. La mayoría de los países han adoptado leyes de restructuración empresarial que conciben mecanismos extrajudiciales para que las empresas en problemas decidan si se someten a esta opción preventiva. Estas leyes, generalmente, disponen un plazo legal para que la empresa acometa dicha acción una vez que adopte la decisión de manera voluntaria, ese plazo oscila entre 1 y 5 años, en dependencia de diversos factores tales como la importancia social, las dimensiones, el número de deudas vencidas, etc. Pueden concebir dejar la administración de la empresa durante ese periodo a la misma junta o confiar su administración a terceros, que en la práctica han sido instituciones financieras o institutos especializados según sea el país.

La ley, entre otros aspectos, debe fijar la mayoría necesaria de aceptación de los acreedores para su validez y una vez aceptado el acuerdo por los acreedores concurrentes produce efectos de moratoria en todas las obligaciones pendientes y suspende cualquier acción individual en contra del acuerdo.

Algunas de estas legislaciones conciben el uso por la entidad en problemas y sus acreedores de un “conciliador” o “mediador”, capacitado en las materias concurrentes. En otros casos, aunque no fuera profesional, se buscan personas especialmente competentes de prestigio o autoridad personal, que pueda favorecer el desarrollo y concreción contractual del “acuerdo o pacto amigable”.

Se ubica como la legislación emblema, la Ley 148 francesa, del 1º de marzo de 1984 “Relative á la prevention et au réglement amiable des difficultés des entreprises”. Cuerpo legal que a decir del precitado ilustre jurista argentino Héctor Cámara, es “verdaderamente extraordinaria” como muestra de la concreción legislativa más reciente del “Derecho concursal contemporáneo” francés.

Otras jurisdicciones como la norteamericana habían acogido el principio de la restructuración empresarial, en el conocido capítulo 11 de la Ley de Bancarrota norteamericana, aunque su tratamiento no se desprende de la intervención judicial. Este principio se aplicó junto a otras modalidades de rescate o salvataje empresarial, que también extendieron su repercusión hacia legislaciones foráneas. Se trata del capítulo 13, que contempla el tipo de salvataje en el cual el plan de reorganización de pagos también es sancionado judicialmente, lo cual no llega a ser un instrumento preconcursal puramente preventivo en el sentido estricto que estamos estudiando.

Acuerdos extrajudiciales de pagos (AEP). Estos acuerdos no son más que la extensión jurídica en el Derecho preconcursal del principio civilista de la libre autonomía de la voluntad de las partes. Sin embargo, su traspolación al Derecho concursal le impregna un fin o destino social que excede los límites e intereses de las partes en el acuerdo civil. El hecho de llevar este tipo de soluciones al Derecho pre concursal lo transforma en un instituto público que al derecho le interesa proteger en aras de la tutela de crédito y su importancia en la sociedad.

La práctica del uso de estos acuerdos ha demostrado que hay cierta efectividad preventiva en desjudicializar el milenario “concordato”. Se ha hecho usual en las diferentes jurisdicciones, que los que acuden voluntariamente a solicitar intervención judicial para arreglarse con sus acreedores, ya lo hacen en fase casi terminal de su patrimonio. En tal caso, si ya no le quedan activos para repartir, tampoco los encontrará en la Corte. De tal manera, pareciera que la única fórmula para evitar cadenas de inejecuciones judiciales sin solución, es que el magistrado actuante evalúe la “verdadera viabilidad de subsistencia” del deudor o dicte el fallo liquidatorio sobre el patrimonio que resta, si así fuere. Entre las ventajas que los autores modernos le atribuyen en relación al acuerdo judicial está su carácter discreto frente a la mayor publicidad que adquieren estos tratos al ser judicializados.

Por otra parte, ha sido discutible si por carecer de sede judicial el AEP puede ser ejecutable. Esta modalidad ha sido tratada de diferentes formas por las diversas legislaciones preconcursales que ya los introducen. Por ejemplo, la ley argentina no exige homologación judicial salvo para ser oponible a terceros mientras que la española no contempla homologación judicial en tanto el registrador o el notario le impregnan la necesaria tutela pública.

El acuerdo extrajudicial de pagos actúa como un instrumento preventivo que permite anticiparse a la situación de insolvencia irreversible. Esta figura contractual, permite al deudor pactar con sus acreedores una rebaja en su deuda, un aplazamiento de los plazos de pagos, períodos de espera y otras modalidades sin tener que acudir a un plan de pagos forzoso sancionado judicialmente. La práctica mercantil en los países que utilizan este tipo de acuerdos preventivos demuestra que ellos hacen más diligente al “empresario” que incrementa su cultura negociadora y diligente. Al adquirir nuevos compromisos, la contabilidad empresarial mejora pues evita caer en impagos y las obligaciones contractuales próximas a vencer, lejos de llegar a incumplirse reciben tratamiento de novación, de manera que derivan en nuevas obligaciones de pago, evitando así incumplimientos innecesarios y perjudiciales. Otra arista positiva que se les atribuye radica en que siempre queda otra puerta o “momento” para no hacer perentoria la acción: el concurso consecutivo.

Estos acuerdos deben cumplir con formalidades básicas, que garanticen los principios del Derecho concursal, ya que estando situados en etapa preconcursal el bien jurídico protegido es el mismo. De tal manera, a modo de ejemplo remitimos a “los efectos de la iniciación del expediente del AEP y a su contenido”, citados en el Comentario sobre el tema del Estudio legal de Garrigues(11).

Sobre la publicidad —según la ley española(12)—, es relevante notar que la solicitud de AEP se debe dirigir a un notario, en el caso de personas naturales; al registrador mercantil del domicilio del deudor, para las compañías en él registradas, y a la Cámara de Comercio, cuando se utilizan sus servicios de mediación.

La legitimación activa y los requisitos esenciales para presentar junto con la solicitud debe estar clara para los deudores interesados. Es vital precisar qué deudores pueden beneficiarse de un AEP y qué requisitos debe adjuntar a su solicitud, los que son la garantía para que el acuerdo tenga un buen fin. Son aquellos documentos que fundamentan legalmente las obligaciones y que muestran el verdadero estado financiero del deudor.

En España, por ejemplo se exige cuando el deudor es persona jurídica que “sus activos sean suficientes para cumplir el AEP”. Argentina por su parte, en la Ley 24522, modificada por la Ley 26086 del 2006, la legislación legitima a las personas jurídicas de existencia real, incluidas las sociedades en las que el Estado nacional, provincial o municipal tenga una participación.

Durante la tramitación del AEP, se le prohíbe al deudor realizar cualquier acto de administración o disposición que exceda de los actos y operaciones propias del giro o tráfico de su actividad y se prohíbe el inicio o continuación de ejecuciones ordinarias durante 3 meses. Las ejecuciones de créditos con garantía real podrán iniciarse o continuarse si la garantía no recae sobre bienes necesarios para la continuidad de la actividad empresarial del deudor, ni sobre su vivienda habitual.

Al igual que en las reclamaciones crediticias que llegan a sede judicial, se suspende el devengo de intereses de los créditos afectados y según la propia Ley no podrá declararse el concurso del deudor que negocia un AEP mientras no transcurra el plazo de 4 meses previsto en la ley.

Es importante destacar que los créditos de Derecho público no se verán afectados en ningún caso por los AEP, así como tampoco están legitimados en ellos los deudores que sean entidades públicas.

Las instituciones financieras generalmente prefieren este tipo de acuerdos con sus clientes y acreedores que acudir a la vía judicial que incrementa costos y no garantiza el cobro de las obligaciones pendientes. Sin embargo, en las legislaciones que refrendan este “remedio” generalmente no están legitimadas como sujetos activos para solicitarlo, de manera que acuden a una ley especial que prevé una vía preconcursal especial para el sector o se atiene a la autonomía de la voluntad consagrada en materia civil.

Acuerdos de refinanciación de deudas. Este tipo de instrumento o mecanismo preconcursal, al igual que los AEP resulta útil al deudor en problemas durante el período de “sombras” o “twilight zone”, durante el cual el empresario conoce que puede entrar en problemas serios y desea evitarlos. Sin embargo, a pesar de trascurrir en escenarios similares, los AEP han sido considerados como “soluciones antagónicas” pues no son mecanismos compatibles. En lo atinente a la legislación española que los incluye, expresamente dispone que los que se encuentren negociando con sus acreedores un acuerdo de refinanciación, no pueden solicitar un AEP. De manera que la propia ley abre dos caminos para alcanzar un objetivo muy similar.

La opción para elegir uno u otro dependerá del estado de situación financiera que realmente presente la empresa. ¿Tiene suficiente liquidez para asumir sus obligaciones en plazos mayores que los originalmente pactados o necesita nuevos préstamos para salir de la situación? Si de lo que se carece es de liquidez, o sea disponibilidad de fondos, necesariamente habrá que acudir a la refinanciación. Esta modalidad permite refrescar los ingresos de la entidad con nuevos recursos y de tal modo viabiliza los pagos de sus acreedores financieros, dígase bancos e instituciones financieras con las que de otro modo no se encontrará una rápida solución. El uso de estos acuerdos se consolida durante la crisis económica global en curso, en la que los incumplimientos se iniciaron en el sector financiero con los préstamos hipotecarios y como efecto dominó fueron moviéndose a las diferentes industrias y países.

Aun cuando es bastante efectivo el uso de esta modalidad, autores como el Dr. Vincent Chuliá, califica su repercusión en España con la aplicación de la Ley 17/2014 como “el drama de los acuerdos de refinanciación”, pues considera que la gestión de estos acuerdos es muy laboriosa y “generalmente dramática”(13).

Parten de un pacto de stand still, que aporta recursos a la tesorería del deudor a fin de evitar que caiga en la insolvencia. Concibe dos etapas: Una frente a las entidades financieras que incluye un plan de restructuración y otra frente a los acreedores que muestra el plan de refinanciación de la sociedad.

Incluyen medidas de desinversión mediante las cuales se evalúa si los activos en inversión están rindiendo los frutos previstos y, en caso contrario, se adoptan medidas para su rectificación, incluye la reventa de activos y la división de la deuda en tramos para su fácil conversión en títulos que permitan a los bancos refinanciarse en los mercados a partir de los fondos comprometidos. Según la precitada legislación española, los acuerdos de refinanciación no aprobados por unanimidad, requieren homologación judicial. Tienen otras garantías como la suspensión de las ejecuciones contra el deudor, que también tiene los AEP y le añade la exclusión de posibilidad de rescisión de sus pactos.

Estos pactos se han intentado asimilar a los regulados por la Companies Act del 2006, correspondiente a la legislación inglesa como Schemes of arrangements. Sin embargo, aunque estos contemplan mecanismos para aprobar fusiones o adquisiciones de compañías e incluyen acuerdos de cesión de derechos de crédito, estos eran sancionados por el tribunal a diferencia de los acuerdos que hemos estado tratando en los que interviene un tercero mediador para los AEP o especializado para los de refinanciación.

III. Su tratamiento en el marco jurídico del concurso en Cuba

En Cuba el marco jurídico de la insolvencia muestra un particular tratamiento legislativo. Se reconocen como antecedentes, el Código de Comercio español vigente en Cuba por el Real Decreto del 28 de enero de 1886 y que tuvo aplicación desde el 1º de mayo de ese mismo año. En el mismo se importaron los aspectos sustantivos de la institución de quiebra con el mismo enfoque individualista y favorecedor de la liquidación del quebrado de la legislación española. En esas disposiciones contemplaba la suspensión de pagos como proceso de jurisdicción voluntaria y dentro de ella la quita y espera.

Bajo esas disposiciones el deudor podía convenir con sus acreedores liberarse de sus deudas a partir de la cesión de sus bienes, acuerdo que podía adoptarse una vez que hubiera sido declarado el concurso como vía para la terminación del mismo. Era posible también el pago por cesión de bienes como concordato preventivo, observando las mismas reglas y requisitos establecidos para el beneficio de quita y espera, e incluso como acuerdo extrajudicial singular con un solo acreedor en virtud del principio de autonomía de la voluntad, posibilidad esta aún vigente.

El procedimiento fue regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil, que entró en vigor en nuestro país el 1º de enero de 1886, no estableciendo disposiciones adjetivas relevantes en relación con el Código de Comercio de 1829 que rigió en España, que recogía disposiciones tanto sustantivas como adjetivas, y que fue sustituido por el de 1886, que solo contenía en relación con ello disposiciones de orden material. Un estudio de investigación sobre el tema de la Universidad de Oriente refleja al respecto “que el último Código, el de 1886, introducido en Cuba, no argumentó cláusula derogatoria específica en relación con el de 1829, sino solo modificaciones en su articulado, por lo que debe entenderse que, en el orden procesal, están vigentes no solo los articulados en la Ley de Enjuiciamiento Civil, sino también, aquéllos del Código de Comercio de 1829 que no fueron expresamente derogados” (Rivera, Ruiz & Breto, 2002:52).

Dichas disposiciones fueron las aplicables a los “comerciantes”, sociedades mercantiles. Todavía algunos respetables juristas cubanos consideran vigentes para tales sujetos las disposiciones del citado Código de Comercio Español de 1886, aunque se reconoce su obsolescencia incuestionable. Las disposiciones sustantivas del libro cuarto “De la suspensión de pagos, de las quiebras y de las prescripciones”, son las aplicables en lo relativo a la Suspensión de pagos, por modificación, de las disposiciones de la Ley de 24 de junio de 1911. Sin embargo, su inaplicabilidad definitiva surgió al derogarse la Ley de Enjuiciamiento Civil(14), por la Ley 1261 “De procedimiento Civil y Administrativo” de 4 de enero de 1974, a partir de la cual quedó sin regular la parte relativa a este procedimiento.

En el año 1979 se dictó el Decreto-Ley 24 que declaró como inaplicable al sistema de gestión de la economía, y por consiguiente a la empresa estatal socialista, las disposiciones del Código de Comercio.

En materia del marco legal disponible para alcanzar soluciones de acuerdos preventivos, desde 1987 algunos vacíos comenzaron a ser cubiertos con la aplicación de la legislación civil en el actuar empresarial centralizado, a partir de la Ley 59, Código Civil, que en su disposición final primera, estableció el carácter supletorio de esta ley con respecto a otras legislaciones especiales. De tal manera, el principio de la autonomía de la voluntad que consagra el artículo 312 del Código Civil, permite una vía contractual atípica para que las partes concerten un acuerdo preventivo extrajudicial en la búsqueda de soluciones preventivas a un período de quiebra e insolvencia, pudiendo incluso la práctica llegar a convertirlos en típicos por imperativo de la sociedad, como bien apuntó la doctrina.

Si no hay impedimentos legales, la doctrina general permite la distinción entre tipicidad legislativa y social, de manera que la omisión de la ley para reconocer un contrato o acuerdo de renegociación con acreedores no excluye que se manifieste como tal la voluntad del deudor con sus acreedores. De tal manera Diez Picazo expone:

“La distinción entre una tipicidad social y una tipicidad legislativa fue apuntada por Betti y recogida, en la doctrina italiana, por Graseffi. En nuestro país introdujo la distinción Jordano Barea y la acepta Puig Brutau.

Se habla de una tipicidad legislativa para designar a aquellos contratos que tienen una calificación técnico-legislativa, que opera además por el establecimiento de una disciplina normativa en la legislación. Dicho de otro modo y más claramente: es la ley la que les asigna un nomen iuris y la que establece su disciplina o su régimen jurídico.

En cambio, se puede hablar de una tipicidad social, para hacer referencia a aquellos contratos que tienen por base las concepciones dominantes en la consciencia social de una época y que se individualizan por obra de la doctrina y de la jurisprudencia. Son socialmente típicos aquellos contratos que, aunque carezcan de una disciplina normativa consagrada por la ley, poseen una reiteración o una frecuencia en orden a su aparición como fenómeno social, de manera que su reiterada celebración les dota de un nomen iuris por el que son conocidos y de una disciplina que se consagra por vía doctrinal o jurisprudencial —por ejemplo, el contrato de mediación—. Frente a los contratos que poseen tipicidad legislativa o tipicidad social, cabe contraponer los contratos absolutamente atípicos, que constituyen un fenómeno absolutamente nuevo, una res nava, como dice Jordano Barea, y que carecen por consiguiente de un régimen jurídico conocido” (1996:387).

En este devenir histórico, el contexto en que se desarrolló el sistema económico y jurídico cubano ha sido determinante en las razones que entorpecieron la pronta renovación doméstica de un marco jurídico en varias materias, incluida la materia concursal. No puede soslayarse el contexto histórico del país, que desde 1959 decidió defender su soberanía y desarrollar un sistema político y social nuevo para la región. Desde 1962, el Presidente de los EE. UU.(15)decretó el embargo comercial y financiero contra Cuba, esa política aún está vigente. Sus nocivos efectos en los diferentes sectores, especialmente en la economía desde sus orígenes, generaron la necesidad de crear mecanismos de protección, siendo una de las primeras medidas la nacionalización de los principales sectores de la economía cubana. Se estableció un sistema de planificación centralizada para la administración segura de los recursos del Estado, evitar fuga de capitales y la mayoría de los medios fundamentales de producción pasaron a ser propiedad estatal, incluidas las principales empresas.

Esta particularidad hacía inembargable el patrimonio del Estado, de manera que las entidades estatales solo responden de sus obligaciones con sus recursos financieros pues por principio constitucional funcionan con responsabilidad separada del Estado(16), como es usual en cualquier empresa pública, con independencia del país donde esté situada. Sin embargo dada la actuación mayoritaria del sector de entidades estatales en la economía cubana, ha sido discutible durante muchos años la necesidad de una modernización de la legislación concursal.

Este particular aspecto ha sido tratado por la doctrina internacional y a la luz de las nuevas tendencias del Derecho concursal actual merecería especial referencia lo relativo al tratamiento de la materia, en casos de entidades estatales actuando como sujetos de las relaciones contractuales. Está universalmente reconocido que los entes gubernamentales y locales, al igual que los Estados, gozan de inmunidades y no son usualmente sujetos de las legislaciones sobre insolvencias. Sin embargo, a la luz de las variaciones que ha sufrido la interpretación de esa rama del Derecho, como supra explicado, en la doctrina, resultaría de utilidad estudiar las experiencias que tal sentido ya implementan algunas legislaciones modernas. La República Popular China, donde hay grandes consorcios y entidades estatales que tienen un marcado impacto en la economía, se les establecen regímenes especiales para el tratamiento de su insolvencia. Por ejemplo, ya desde 1986 la Ley de Bancarrota China reconocía funciones a un comité liquidador designado por el Gobierno y la nueva legislación permite una potencial reorganización del deudor en problemas.

Prevalece, en las discusiones teóricas sobre el tema, el criterio de que no parece haber razón para que una empresa que opera en el mismo mercado que compañías privadas reciba un tratamiento que las excluya de las reglas generales de la insolvencia, a menos que sus obligaciones estén garantizadas explícitamente por el propio Estado. Este tratamiento ha sido sustentado a partir de considerar que la inclusión del tratamiento de las empresas estatales en leyes de insolvencia muestra la ventaja de someterlas a la misma disciplina financiera que el resto de los sujetos y envía una señal clara de que el apoyo financiero del Gobierno no es ilimitado.

Siguiendo el desarrollo del tema en el contexto jurídico cubano, en 1997, como parte del proceso de restructuración del sistema bancario cubano, por primera vez se establece un procedimiento administrativo especial para la liquidación voluntaria, la intervención y la liquidación forzosa de instituciones financieras, en el Capítulo VII del Decreto-Ley 173 “De los bancos e instituciones financieras no bancarias”.

El mismo prevé a partir de su artículo 60 “que las instituciones financieras que presenten situaciones que impidan su normal funcionamiento podrán ser sometidas a alguno de los procedimientos” que distingue esa legislación. Sobre este proceso puede precisarse que la definición o el alcance de las “situaciones que impiden su normal funcionamiento” no está expreso en dicha norma legal pero no cabe dudas, por la naturaleza de los procedimientos regulados, que el legislador pretendió incluir entre ellas, las situaciones de insolvencia y quiebra. No obstante, la concepción de este procedimiento muestra no solo los modernos enfoques, que sobre el tema la doctrina apunta, sino que logra un balance positivo en el que el legislador alcanza a prever cláusulas específicas para la protección de los derechos de los acreedores a la vez que deja abierta a las instituciones financieras cubanas la opción de “retirarse a tiempo” sin causar daños al sistema.

Especial mención como procesos preventivos merecen los procedimientos que este Decreto-Ley desarrolla de “liquidación voluntaria” e “intervención”. El artículo 61 deja claro que “toda institución financiera con activos realizables suficientes para liquidar sus obligaciones con sus acreedores, puede proceder a la liquidación o disolución de su entidad, previa autorización del Banco Central de Cuba”. Puede observarse que este es un proceso administrativo, que ofrece garantía y seguridad a los acreedores de que la institución tiene capacidad para asumir sus obligaciones y que goza de la revisión de la autoridad monetaria de que así sea.

En cuanto a las garantías que ofrece, no solo para la economía sino también para la sociedad, el artículo 64 deja claro que “la autorización de liquidación no perjudica los derechos de todos y cada uno de los depositantes y acreedores a percibir de forma íntegra el monto que les corresponde, ni el derecho de los titulares de fondos u otros bienes a que esos le sean devueltos”.

Por último, la supervisión y el control de estos procesos se confiere al Superintendente el cual podrá requerir cuantos informes requiera para revisar el progreso de la acción emprendida.

En cuanto a la intervención, reguladas en el artículo 68 y siguientes del mismo cuerpo legal, también corresponde al Banco Central de Cuba, el cual asume la administración en determinadas circunstancias, entre las cuales se precisa “si su capital ha sufrido un significativo menoscabo o carece de solidez”.

Por otra parte el Decreto-Ley 177 del 2 de septiembre de 1997, “Sobre el Reordenamiento del Seguro y sus Entidades”, en su capítulo cuarto introduce las disposiciones “De la disolución y liquidación de las entidades”. Específicamente el artículo 23 determina las causas de disolución de las entidades de seguro y mutuas, y entre ellas menciona expresamente la quiebra, la imposibilidad manifiesta de cumplir el fin social y el incurrir en pérdidas de más del cincuenta por ciento del capital social o del fondo mutual pagados imposible de reponer con recursos propios o afectando las reservas patrimoniales disponibles.

Sin embargo, en el caso de la quiebra, algunos autores cuestionan que esto fuera practicable dada la inexistencia de forma o procedimiento en que pudiera decretarse esta situación. No obstante resulta novedoso en ese sector, que al parecer el legislador intentó diseñar también un procedimiento administrativo que incluye procesos preventivos a ese estado final, cuando en el Artículo 22 precisa que “la autoridad concedida para el ejercicio de la actividad aseguradora o reaseguradora podrá revocarse si una entidad configura alguna de las causas identificadas” entre las que se incluyen la propia solicitud de la entidad y “cuando las medidas de rehabilitación y saneamiento, a corto plazo, dictadas o autorizadas por la Superintendencia de Seguros no hayan conseguido sus fines en el plazo concedido”.

Además de estas legislaciones existen normas de inferior jerarquía en el país como resoluciones especiales del Ministerio de Economía y Planificación, que es el organismo que otorga la autorización para operaciones de las entidades estatales, que pueden incluirse dentro del escaso marco normativo que en la materia incide. De manera general, dadas las características de nuestro Estado, los impactos de las crisis mundiales sistémicas se tratan de evitar mediante mecanismos centralizados de manejo macroeconómico y ello ha contribuido a evitar situaciones como las que otros países a diario enfrentan.

Esta situación ha generado solo escasos estudios doctrinales acerca del Derecho concursal y de las instituciones jurídicas del concurso y, consecuentemente, la existencia de muy poca bibliografía nacional sobre el tema, carente de enfoques actualizados en la doctrina. No obstante, parece iniciado un debate jurídico a nivel de las instituciones académicas para revertir entre los investigadores esta tendencia al olvido de tan importante rama del Derecho.

Hacia el futuro, en nuestro país el tema que se desarrolla adquiere particular relevancia en el proceso de implementación de los lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución, que avizoran y respaldan los cambios estructurales, funcionales, organizativos y económicos del sistema empresarial cubano. En ellos se aprobó como premisa que “las empresas estatales o cooperativas que muestren sostenidamente en sus balances financieros pérdidas, capital de trabajo insuficiente, que no puedan honrar con sus activos las obligaciones contraídas o que obtengan resultados negativos en auditorías financieras, serán sometidas a un proceso de liquidación o se podrán transformar en otras formas de gestión no estatal, cumpliendo con lo que se establezca al respecto”(17). Esta formulación no es más que la premisa sintetizada de la inevitable aplicación de una procedimiento concursal fundado en los principios del tratamiento especializado a los entes o empresas de marcado interés estatal y la proyección de un proceso de restructuración o salvataje con cambio de administración o por adquisición de terceros.

En sintonía con estos principios, el Estado tiene planteado además que “se eliminará el subsidio por pérdidas a las empresas y como norma, no recibirán financiamientos presupuestarios para realizar producciones de bienes y servicios”(18).

En el sector de la inversión extranjera, ya el Decreto 325, “Reglamento de la Ley de inversión extranjera”, que implementa la moderna Ley de inversión extranjera cubana, introdujo como una de las causales de la disolución, terminación y liquidación de cualquiera de las formas que la entidad adopte, “la insolvencia patrimonial declarada de la sociedad” (art. 37, inc. f).

Por demás, el nuevo modelo de gestión reconoce y promueve otros actores en la economía cubana, además de la empresa estatal socialista, que es la forma principal en la economía nacional, las modalidades de inversión extranjera previstas en la ley —empresas mixtas, contratos de asociación económica internacional, entre otras—, las cooperativas, los agricultores pequeños, los usufructuarios, los arrendatarios, los trabajadores por cuenta propia y otras formas, todas las que, en conjunto, deben contribuir a elevar la eficiencia.

Así, resulta evidente que se impone la necesidad de nuevos replanteamientos y estudios sobre el tema, de manera que contemplen los nuevos escenarios que sitúan al Estado ante los retos de preservar las conquistas sociales fundamentales alcanzadas de conjunto con un proceso de renovación y actualización del proceso económico.

Conclusiones

El Derecho concursal moderno muestra la necesidad del uso de figuras jurídicas nuevas como los instrumentos preconcursales, que permiten soluciones preventivas y el rescate o resurgimiento de la empresa si resulta viable económicamente. La intervención judicial queda como recurso de última instancia y demanda de jueces y expertos en la materia que puedan evaluar los diversos factores que inciden en la litis de tal naturaleza.

No existe una fórmula mágica para evitar procesos concursales ni es posible estandarizarlos de manera universal, o concluir este sistema es el mejor o aquel el peor. El Derecho concursal en cada jurisdicción obedece a sus concretas condiciones, de manera que corresponde a cada Estado decidir su sistema. La legislación cubana en material concursal no debe estar ajena a estos principios. No obstante, es un reclamo su perfeccionamiento inmediato, a partir del proceso actual de transformaciones del modelo económico y social que demanda la existencia y funcionamiento de una empresa estatal eficiente y competitiva en sus relaciones con el resto de los sujetos no estatales.

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(1) Raúl Cervantes Ahumada dice que “Nuevamente las sanciones serán personales contra el deudor incumplido; la máxima decotor ergo fraudatur orientará todo el Derecho concursal en los primeros siglos de la Edad Media”, citado por Jesús María Sanguino Sánchez.

(2) Ver tesis doctoral presentada por Óscar José Urquizu.

(3) “El Derecho es el arte de lo bueno y lo equitativo”.

(4) SANGUINO SÁNCHEZ, Jesús María. Ob. cit. Pág. 770. Consultado el 19/11/2015 en http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/745/37.pdf

(5) Ley de 29 de junio de 1987.

(6) Ordenanza de 1889.

(7) Ídem, p. 145.

(8) “Las normas jurídicas son eficaces en dos sentidos: 1º En el de que —como se vio— tienen fuerza de obligar —eficacia obligatoria— a su cumplimiento. 2º En el de que regulan la parte de la realidad social que abarca, haciendo productores de determinados efectos —jurídicos— a los hechos, que contemplan —eficacia reguladora o constitutiva—”.

(9) La legislación de Hungría (Act XLIX of 1991 on Bankruptcy Proceedings and Liquidation Proceedings. Chapter IV) distingue el tratamiento diferenciado de aquellas compañías “Major economic operator of Preferential Status” (MEOPS) en las que un acuerdo de deuda, su reestructuración o la reorganización implica un fuerte interés económico nacional o un interés común privilegiado y aquellas cuya terminación sin un sucesor en un método rápido y transparente impacta la política económica. De ese modo en un propio Decreto gubernamental se declara cuáles son esos casos e incluye disposiciones especiales como el acortamiento de los plazos de la Ley de bancarrota y su proceso de administración debe ser ejercitado sólo por una entidad estatal también nombrada por Decreto y sin ánimo de lucro por dicha función. Dicha legislación también distingue qué segundo grupo de compañías que son privilegiadas por su interés económico nacional pero además están en el sector de protección a la seguridad nacional o son proveedoras de servicios públicos con un impacto nacional e internacional en la seguridad, la aplicación de la ley, nuevas tecnologías o suministro de energía. Para ellas se aplican reglas especiales y se identifican por Decreto gubernamental. A ellas se les aplica un régimen de moratoria extraordinaria, desde que empieza el procedimiento hasta que termina a fin de asegurarles la continuación de sus operaciones normales y en caso que se llegara a determinar la necesaria venta de sus activos, el Estado como liquidador decide de manera cerrada sobre ellos y estos se traspasan como un todo trabajando y no separadamente, lo que preserva su integridad como empresa.

(10) Ver “El FMI recorta sus expectativas de crecimiento mundial”.

(11) GARIGUES, Comentario, Restructuraciones e insolvencia.

(12) España precisa este tipo de acuerdos en el titulo X de la Ley Concursal “Acuerdo extrajudicial de Pago”, introducido por la Ley 14 del 2013, con un alcance limitado a determinados empresarios y compañías, aunque su primera regulación es ubicada en el 2009, con el estallido de la actual crisis.

(13) III Congreso internacional de Derecho concursal. Madrid. “Refinanciación, reestructuración de deuda empresarial y reforma concursal” (10 años de la Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal). Mesa redonda: “Consideraciones de política jurídica sobre financiación y refinanciación de empresas” 28 de mayo del 2014.

(14) Hecha extensiva a Cuba por Real Decreto de 25 de septiembre de 1885, y en vigor desde enero de 1886.

(15) 7 de febrero de 1962. El Presidente Kennedy emitió la Proclama 3447, 27 fed. Reg. 1085, que declaraba el embargo de todo el comercio con Cuba. Específicamente se dirigió al Secretario de Comercio para que continuara las prohibiciones sobre exportaciones a Cuba y prohibiera “inter alia”, la importación a los EE. UU. de todas las mercancías de origen cubano y todas las que se importaran desde o a través de Cuba. Este mismo día el Departamento del Tesoro emitió las Regulaciones de las Importaciones Cubanas, 31 C.F.R., 515. 201-801, que específicamente implementaron la Proclama Presidencial que prohibía las importaciones, ya citada. Poco tiempo después las Regulaciones sobre Importaciones extendieron estas prohibiciones a todas las mercancías “hechas o derivadas en todo o en parte de cualquier producto desarrollado, producido o manufacturado en Cuba, 515.201 (c)”.

(16) Véase lo dispuesto en el artículo 17 del texto constitucional cubano de 1977 y los preceptos 44.2 y 138.3 del Código Civil puesto en vigor por Ley 59 de 17 de julio de 1987. Ambos se pronuncian sobre la responsabilidad de las empresas estatales y la inembargabilidad de los bienes del patrimonio estatal, excepto que la ley disponga otra cosa.

(17) Nº 17 de los Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución.

(18) Nº 18 de los Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución.