Los precios de transferencia, tema relevante para autoridades fiscales y empresas mexicanas

Revista Nº 190 Jul.-Ago. 2015

Javier Nelson Rojas 

Especial para la revista Impuestos 

Guillermo Villaseñor, experto mexicano en Derecho Tributario, afirmó que el instrumento de precios de transferencia que opera en su país se ha convertido en una fuente de información copiosa y compleja que ha fortalecido la fiscalización tributaria de las operaciones comerciales entre las empresas que conforman un mismo grupo económico.

Este especialista, conferencista de la II Jornadas internacionales de Derecho Tributario, que organizó recientemente en Bogotá el Instituto Colombiano de Derecho Tributario, habló del debate que han suscitado, en México, las nuevas exigencias de la normativa en esta materia.

REVISTA IMPUESTOS: ¿Qué tanto ha evolucionado la normativa sobre precios de transferencia en México? 

Guillermo Villaseñor: Ha tenido un avance significativo en los últimos 15 años. Inicialmente, el régimen de precios de transferencia aplicó, en exclusiva, a la industria maquiladora que recibe capital del extranjero para transformar insumos, materia prima y para exportar productos terminados. México, por muchos años, basó gran parte de su economía en ese tipo de empresas y la legislación fiscal fue reformada a propósito para darles un régimen especial, en virtud de que la utilidad que esa clase de operaciones representa es muy distinta de la utilidad comercial que otro tipo de industrias genera. Esto ocurrió, básicamente, desde 1996 y a lo largo de los años fue evolucionando. Hoy tenemos una legislación fiscal que, curiosamente, no ha cambiado; en lo general, es la misma legislación que contiene las reglas, pero sí se ha modificado la forma en que las empresas cumplen con esas obligaciones, en la cual tienen una vivencia interna en cuanto a las políticas que deben adoptar, respecto a las operaciones que deben cumplir con ese tipo de reglas. Y se ha convertido en un tema relevante para la convivencia entre las autoridades fiscales y las empresas mexicanas.

R. I.: Antes de que se impusiera la figura de la maquila en México, ¿no se requería el instrumento de precios de transferencia? 

G. V.: No realmente. La adopción de las reglas de precios de transferencia es en beneficio del país en donde se lleva a cabo la operación. Para la empresa fuera del país puede ser relevante (aplicar precios de transferencia), a veces, en virtud de que quien implementa esas reglas requiere dos cosas: que la empresa mexicana genere una utilidad suficiente y, como consecuencia, pague un impuesto sobre la renta suficiente o que la empresa mexicana que hace los pagos al extranjero los haga a un valor razonable y, por ello, tenga una deducción (de impuestos) razonable y no excesiva. Antes de la industria maquiladora, que tiene muchos años, no existía ese tipo de reglas. Había disposiciones genéricas en el sentido de que se tiene que vender o prestar servicios por encima del costo. No se puede, por regla genérica, vender un producto o prestar un servicio por debajo de lo que cuesta llevarlo a cabo.

R. I.: ¿Qué efectos ha tenido el modelo de precios de transferencia en la institucionalidad tributaria? 

G. V.: Las reglas de precios de transferencia, realmente, comienzan su operación fuerte a partir de 1997 y, actualmente, hay una autoridad fiscal fortalecida: el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Tiene una administración especializada en precios de transferencia. Ellos se dedican a analizar las operaciones que los propios contribuyentes declaran y reportan, tanto grandes contribuyentes como empresas extranjeras en México. Ya hay varias acciones dentro del SAT. Una es recibir toda la información específica que las empresas presentan, de manera periódica, sobre qué tipo de operaciones hacen, con quién, qué empresas son la parte relacionada del grupo y en qué país se ubican. El SAT analiza esa información. Recibe otro documento que contiene datos sobre cuánto generó en utilidades, en deducciones con esas inversiones y eso lo revisan, y pueden preguntar ¿por qué ese tipo de operación?, ¿por qué ese nivel de utilidades?, ¿por qué el monto del impuesto sobre la renta que se paga en México, debido, por ejemplo, a las deducciones que se están tomando por gastos que hacen las partes relacionadas? Y el siguiente paso natural es auditar, investigar ¿por qué se pagó ese monto de impuestos? y pueden tener la facultad, por ley, de pedir información y, entonces, empiezan las investigaciones.

R. I.: ¿Qué situación específica llevó a México a establecer el esquema de precios de transferencia? 

G. V.: No me parece que sea, exclusivamente, una necesidad mexicana; es una corriente mundial que se viene dando desde hace muchos años, probablemente, desde los años cuarenta o cincuenta. EE. UU., por un lado, tenía un régimen muy robusto, porque es un país que naturalmente exporta inversión y necesitaba reglas para que sus empresas trajeran utilidades reales y de mercado. Eso fue recogido por la Organización de Naciones Unidas (ONU), que tiene ciertas regulaciones en materia tributaria internacional, así como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) las tiene. Y cada país fue, poco a poco, adoptándolas. México no fue de los primeros ni tampoco de los últimos en hacerlo. Después de México vinieron algunos otros países latinoamericanos, como Venezuela, Colombia. Entonces no fue una necesidad particular mexicana.

R. I.: ¿Qué modelo de precios de transferencia adoptó México? 

G. V.: Utilizamos el modelo de la OCDE. En cuestiones de particularidad, hay ciertas cosas formales, no materiales, en cuanto al aspecto económico y de cálculos (en el modelo mexicano); es una regulación que abarca o relaciona muy directamente el ámbito legal, el comercial, el financiero, el contable y económico; es una materia muy interesante, muy rica, precisamente, por eso, es multidisciplinaria. Entonces, por supuesto, a nivel local, a nivel país, hay reglas que pueden recoger sus aspectos nacionales.

R. I.: ¿Qué aspectos destaca como particularidad propia del modelo mexicano? 

G. V.: Puede ser el tema de reporte. En México hay diversas obligaciones formales que los contribuyentes tienen que cumplir para informar y reportar a las autoridades fiscales cuál es la operación que una empresa mexicana realiza con una empresa extranjera del mismo grupo. Y también con una empresa del mismo grupo dentro del país. Es decir, cuando tenemos más de una empresa con accionistas, propietarios, dueños, socios comunes, todo lo que hagan entre esas empresas se tiene que reportar, porque las reglas buscan evitar que se venda (a una segunda empresa) muy barato o que esta le venda muy caro (a la primera). Entonces, al venderle muy barato a una (segunda) empresa fuera del país, y vamos a pensar un lugar que se pueda llamar paraíso fiscal, lo que va a pasar es si se le vende muy barato, aquella puede revender muy caro. Entonces al venderle muy barato, no se genera un impuesto suficiente en México y la segunda empresa al vender muy caro, no va a pagar, prácticamente, impuestos en el extranjero. Y si, por ejemplo, la primera empresa le comprara muy caro a esa misma (segunda) empresa, en México (aquella primera) va a buscar una deducción fiscal, va a reducir su base fiscal, y la segunda empresa, al recibir un ingreso alto, no va a pagar impuestos. Es ese balance que se busca entre países y con las legislaciones. Por eso, es una materia que tiene un vínculo muy importante entre países, entre distintas autoridades fiscales.

R. I.: ¿Existe algún otro aspecto del modelo mexicano que quiera destacar? 

G. V.: Me parecen importantes, precisamente, las diferentes fuentes de reporte obligatorias para los contribuyentes mexicanos y que se están creando nuevas obligaciones vigentes, prácticamente, a partir del 2015. Hoy tenemos una nueva declaración informativa en donde las empresas tienen que comunicar operaciones relevantes. Increíblemente, no están definidas en ley. Ese es un tema que nosotros estamos cuestionando y criticando, en materia jurídica, pero las empresas en México tienen que informar al SAT ¿qué hicieron durante un periodo anterior? Prácticamente, por trimestres, van a tener que reportar si tuvieron una operación que bajo cierto catálogo califique y que para el SAT es importante, es relevante. Dentro de ellas existen, por ejemplo, operaciones con partes relacionadas y ajustes que hayan hecho a los precios o contraprestaciones pactadas en esas operaciones. Si tengo una operación, por ejemplo, de compra de servicios con una empresa extranjera, pago por servicios que me prestan y el monto supera cierta cantidad y hago alguna modificación importante a la operación, le tengo que informar al SAT.

R. I.: ¿Qué quiere el SAT con esa determinación? 

G. V.: Tener información, estar preparado, de antemano, para conocer qué estamos haciendo y no tener que esperar a que pase el tiempo. Quiere ejercer facultades de investigación y de detección. Esta teoría es algo que el gobierno mexicano está recogiendo de toda esta corriente BEPS (proyecto de la OCDE para evitar la erosión de las bases imponibles y el traslado de utilidades por parte de las firmas multinacionales) y OCDE.

R. I.: ¿O sea que el instrumento de precios de transferencia cada vez se fundamenta más en la información y el intercambio de la misma? 

G. V.: Exactamente. Hace unos años, la manera en la que las autoridades fiscales conocían de las operaciones era a posteriori. Una vez que el ejercicio fiscal había concluido, las empresas presentaban sus declaraciones y la autoridad fiscal tenía la oportunidad de revisar esa información y detectar (problemas). Ellos, por supuesto, tienen sus metodologías, sus sistemas muy desarrollados, los cuales les permiten detectar qué pasó. Hoy, las empresas están empezando a reportar, no antes de la operación, pero sí mucho antes de que se presente una declaración de impuestos. Con eso la autoridad fiscal puede estar preparada. Me parece que es a lo que le están apostando, junto con otras herramientas.

R. I.: ¿Qué detalles puede mencionar de los avances tecnológicos en precios de transferencia? 

G. V.: En México, estamos migrando a una plataforma electrónica de cumplimiento fiscal. No solo una facturación electrónica, como ocurre ya en algunos países, inclusive, en Latinoamérica, sino que hoy las empresas deben tener sistemas contables de reporte conectados con el SAT, en donde cada mes tienen que enviar cierta información contable y fiscal, además de la facturación electrónica, con lo cual al SAT se le está haciendo llegar un cúmulo de información. Y alguien lo cuestionaba: ¿qué tan factible es que las autoridades fiscales empiecen a administrar, a analizar y a proteger infinidad de información?, porque todas las empresas, en el país, tienen la obligación de enviar su contabilidad y sus facturas electrónicas al SAT. Entonces, si se le suma esto más ese tipo de reportes, pues lo que estamos pensando es que el SAT tiene información de lo que ocurre en el momento (en la economía): qué se pagó, por qué concepto, qué monto y a quién.

R. I.: Entonces, ¿ha aumentado la carga administrativa de las empresas para cumplir las obligaciones tributarias? 

G. V.: Tremendamente. En el 2014 tuvimos una serie de modificaciones muy fuertes. El concepto de factura electrónica ya venía aplicando, en México, con distintas variantes; ocurrió que juntaron las distintas variantes en un concepto, pero le agregaron otro tipo de cumplimientos como, por ejemplo, ya lo dije, el tema de retención de impuestos o el de reportes de nómina: sueldos y salarios pagados a los trabajadores en México. Las empresas tienen la obligación de emitir un comprobante fiscal digital, por internet, por cada sueldo pagado a cada persona. Hay reglas que permiten hacerlo de manera mensual, pero todos los sueldos y salarios pagados en el país deben de tener aparejado un comprobante fiscal digital por internet.

R. I.: ¿Qué sucede si la empresa no lo hace? 

G. V.: El gasto no es deducible. Entonces, hay un interés en cumplir. Todas las empresas en México tuvieron que modificar sus sistemas contables y de pago a plataformas electrónicas que se acomodan a ese tipo de transacciones. Eso ocurrió el año pasado. Las empresas, en lugar de entregar un recibo de papel, tuvieron que migrar a dar un recibo electrónico, con características únicas, verificado por el SAT.

R. I.: ¿Desde cuándo se debe empezar a reportar la declaración informativa de operaciones relevantes? 

G. V.: El primer envío fue a finales de mayo del 2015. Y debido a como está redactado en la ley y planteado como obligación, estamos pensando en interponer medios de defensa constitucional. El problema viene en dos temas: uno, deficiencia en su legislación. Sentimos que es una regulación ambigua o carente de ciertos principios. Y, dos, simplemente dice: las empresas van a tener que reportar operaciones según decida la autoridad administrativa en materia fiscal.