Los reparos y expectativas de la reforma realizada al procedimiento laboral

Revista Nº 113 Sep.-Oct. 2002

Contradictores y defensores de la Ley 712 de 2001, plantean sus posiciones. 

Pedro Antonio Molina Sierra 

Especial para la revista Actualidad Laboral y Seguridad Social 

Con apenas dos meses de vigencia, la reforma al procedimiento laboral, introducida con la Ley 712 de 2001, ha recibido fuertes críticas por parte de un sector de litigantes. Quiénes la defienden, advierten que el tiempo será el encargado de demostrar sus bondades.

Cuatro intentos fallidos de reforma al Código de Procedimiento Laboral fueron la antesala de una iniciativa que se empezó a cocinar a finales de 1998 y cuyo propósito era tramitar, de manera concertada, un proyecto de ley para actualizar la antiquísima norma laboral.

Dos meses después de la entrada en vigencia de la nueva ley, la 712 de 2001, y cuando apenas se comienza a decantar su contenido, algunos inconvenientes en materia procedimental ya han puesto en aprietos tanto a litigantes como a jueces, los cuales han interpretado de manera diferente los principios establecidos en ella.

Aunque la mayoría de expertos consultados coincide en señalar que el tiempo será el máximo juez de esta reforma y el que ayudará a identificar sus verdaderos alcances, estos abogados no esconden su preocupación por los prematuros tropiezos que, según ellos, de no ser corregidos con prontitud, podrían desvirtuar el propósito fundamental de celeridad y de seguridad jurídica.

Alrededor de cuatro aspectos principales gira, en la actualidad, la controversia procesal: la asistencia de las partes a la audiencia de conciliación y su respectivo trámite, la adecuación de la legislación anterior a la nueva ley, la contestación de la demanda con argumentos de fondo y el aporte de pruebas durante el ejercicio de la defensa.

Respecto al trámite de la audiencia de conciliación o primera de trámite, establecida en el artículo 39 de la mencionada ley, la actual reglamentación se debate frente a dos tesis. La primera sostiene que la nueva legislación debe ser aplicada obligatoriamente sin hacerla retroactiva a ninguna otra actuación, salvo que se trate de actos aún sin concluir. La segunda señala que la Ley 712 es de aplicación ultractiva y que se debe respetar el debido proceso.

Sobre la comparecencia obligatoria de las partes, algunos analistas consideran que es necesaria la participación tanto del representante legal como del demandante a las audiencias de conciliación y que, en dicho caso, el poder general no es válido para justificar su inasistencia. Otra teoría señala que el término “partes” no hace mención exclusiva al representante legal, por tal razón, los apoderados pueden asistir sin necesidad de ser acompañados por el demandado.

En el trámite de las excepciones, el principal debate tiene que ver con el manejo de las de la cosa juzgada y la prescripción. En el artículo 32 se establece que el juez decidirá las excepciones previas en la primera audiencia. De esta manera, sostienen algunos, si las partes no las proponen como previas, éstas deberán ser resueltas como de fondo.

Frente a la contestación de la demanda, los especialistas consultados coinciden en advertir que la nueva reglamentación se ha prestado para posibles abusos por parte de los demandantes, los cuales solicitan documentos que deberían reposar en su acervo probatorio.

¿Cuestión de adaptación?

Para el experto laboral Óscar Andrés Blanco, todos estos problemas son de carácter interpretativo, razón por la cual se atreve a pronosticar que los avances jurisprudenciales serán los llamados a resolver definitivamente las dudas.

Sin embargo, observa con cierto temor el trámite de la primera audiencia de conciliación, la cual, en su concepto, está enredando aún más los litigios. “El tiempo que invierte un juez en la primera audiencia de conciliación es de una hora, aproximadamente. En Bogotá por ejemplo, ya podemos observar que los jueces se están complicando con este procedimiento y con el cúmulo de demandas que a diario se radican (cerca de 200 ó 300), seguramente se van a ver en aprietos”.

Sobre este tema, el presidente de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y miembro de la Comisión Redactora, José Roberto Herrera Vergara, asegura que, con jueces exigentes y de buen criterio, los procesos no tiene porqué dilatar la tramitación dado que la reforma prevé los mecanismos para que el proceso siga su curso.

“La conciliación bien practicada será una herramienta fundamental de descongestión y, aún si ella no se logra, un instrumento muy valioso para el juez en cuanto a la dirección del proceso y la consiguiente búsqueda de la verdad”, dijo Herrera.

Tal opinión no es compartida por Marcel Silva Romero, otro especialista del derecho laboral quien advirtió: “La conciliación procesal se convertirá en un cuello de botella pues si el juez decide cumplir con la presentación de fórmulas serias y razonadas no tendrá tiempo para trabajar en las otras múltiples tareas a él encomendadas, máxime cuando a los juzgados de Bogotá diariamente están ingresando hasta 12 demandas, entre 3 ó 5 tutelas y hasta 7 despachos comisorios”.

Según Silva, el problema se originó en el diseño mismo de la norma, en el que se introdujo una serie de obstáculos en contra de la celeridad procesal, principio jurídico sobre el cual se cimentó la reforma. Entre otros, los temas que más critica son: La consagración del principio de consonancia, la conciliación procesal, el recurso de súplica, el fuero electivo, el principio de la acumulación de pretensiones y la contestación de la demanda.

Sobre este último punto el especialista señaló: “Ahora es mejor no contestar la demanda que hacerlo. Si el demandado se pronuncia defectuosamente sobre los hechos que se le imputan se corre el riesgo de que el juez lo declare confeso sobre cada uno de ellos, mientras que si no los contesta tal omisión se tendrá como un indicio grave. Es un error absurdo que ya padecen las partes”.

A pesar de que la ley fijó un término de seis meses para su entrada en vigencia, el régimen de transición también suscita controversias.

En opinión del abogado Ernesto González Corredor, este ha sido el peor inconveniente que se ha presentado en los despachos de primera instancia. “Cada abogado y cada juez, tienen una manera diferente de aplicar la transición. Algunos someten su criterio al momento de recibir la demanda; otros, cuando citan a audiencia de conciliación y, unos más, lo hacen efectivo a la primera notificación. Todo esto, sumado a la interpretación del término para reformar la demanda, el cual se ha ampliado a más de tres meses, compromete la efectividad de la ley”.

Blanco también muestra su preocupación sobre la presentación de pruebas, pues “los abusos por parte de los demandantes que exigen que la contraparte presente las que ellos deberían tener, imponen ahora una carga injustificada a las empresas. En este aspecto se han equivocado los jueces pues son ellos los que deben exigir cierta clase de piezas procesales”.

A largo plazo, advierte González, el mayor riesgo que se corre es el desencadenamiento de una masiva anulación de procesos cuando los tribunales sean los encargados de interpretar las nuevas normas, pues los magistrados pueden declarar violaciones al debido proceso. “Es que a estas alturas de la vida todavía algunos jueces exigen como requisito previo la conciliación extrajudicial, sin tener en cuenta que hace un año la Corte Constitucional la declaró inconstitucional”.

En igual sentido se pronunció el experto laboralista Alberto Bonilla, quien considera que los buenos propósitos que se estipularon con la nueva ley se pueden perder por el camino con pequeños inconvenientes como las excusas para inasistir a las audiencias, la reforma a la demanda y el fracaso de la conciliación.

Pero tal vez quien ve con mayor pesimismo el futuro de la Ley 712 es Silva, quien anota: “Las finalidades del proyecto de reforma al Código Procesal del Trabajo que debía elaborar la comisión, enunciadas por el Ministerio de Trabajo, eran: la simplificación de trámites y la celeridad procesal, la modernización y actualización de las instituciones procesales laborales, la precisión de competencias y la protección ética del Estado. Ojalá todos esos objetivos se logren en otra oportunidad”.

Los principales cambios

Durante más de 30 años los procedimientos laborales permanecieron estáticos, pues la mayoría de proyectos que pretendieron reformarlos se quedaron en simples propuestas. Con la nueva legislación, la cual entró en vigencia el pasado 11 de junio, se modificaron más de 55 artículos del Código Procesal del Trabajo.

Dentro de los aspectos más significativos introducidos en la reforma, es posible destacar el cambio de las cuantías y de las competencias, la inclusión del recurso extraordinario de revisión, la presentación y la contestación de la demanda, el aporte de pruebas, el trámite de excepciones, las formas de notificación, el nuevo reglamento para las audiencias de conciliación, los procedimientos en cada una de las instancias, el arbitramento laboral y los procesos especiales.

Sobre la determinación de los factores de competencia, la ley señaló que, en los procesos laborales que se adelanten contra los municipios, será competente el juez laboral del circuito del lugar donde se haya prestado el servicio. En los lugares donde no haya juez laboral del circuito conocerá el respectivo juez civil del circuito. También se ratificó la posibilidad del demandante de elegir entre el juez de su domicilio y el del lugar donde haya prestado el servicio.

También se modificó la presentación y la contestación de la demanda. Así, las partes quedaron obligadas a presentar todas las pruebas que tengan a su haber sin necesidad de autenticar ninguna de ellas. Sobre la contestación, la reforma obligó al demandado a exponer los argumentos con los cuales se opone a las pretensiones.

Otro cambio importante se refiere al trámite de la audiencia de conciliación. En este aspecto (tal vez el más controvertido en los primeros meses de vigencia), se exigió la presencia de las partes durante su realización y se señaló que sólo se permite la suspensión de esta diligencia por fuerza mayor y por una sola vez.

Conforme a la nueva legislación, el recurso “de hecho” pasó a llamarse “de queja” y el de “homologación” se cambió por el de “anulación”. Además, se creó el recurso extraordinario de revisión que procederá bajo ciertas circunstancias especiales ante la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

En materia de cuantías, la Ley 712 de 2001 fijó la suma de 10 salarios mínimos legales vigentes para la única instancia y de una cifra que oscilará entre los 100 y los 120 salarios mínimos para acudir al recurso extraordinario de casación.

En la oralidad se introdujeron excepciones mediante el mecanismo de precisar actuaciones y decisiones que no requieren para su validez que se cumplan en audiencia pública. Se modificó la notificación por edicto y por conducta, concluyente así como la notificación a las entidades oficiales.

En relación con la perención de los procesos, si transcurridos seis meses a partir del auto admisorio no se hubiere efectuado gestión alguna para su notificación, se archivará el expediente. Igualmente se cambió el procedimiento en vía gubernativa y se estableció la modalidad de suspensión de la prescripción mientras esté pendiente la decisión administrativa.

Finalmente, con la reforma, la existencia del fuero sindical se puede comprobar con tan sólo presentar la certificación de inscripción en el registro sindical o la comunicación al empleador del mencionado trámite.

Para Herrera son los tres puntos cruciales en la reforma: celeridad, transparencia y mayor responsabilidad de los protagonistas del proceso laboral (las partes y el juez). “Estos principios se manifiestan en requisitos de la demanda y contestación más exigentes, en la necesidad de aportar con ellas los documentos y demás pruebas anticipadas que se encuentren en poder de las partes, en los efectos de la falta de respuesta a la demanda, en la oportunidad para proponer excepciones y en posibilitar que algunas perentorias puedan formularse y decidirse cuando el proceso está comenzando”.

Optimistas y pesimistas

De acuerdo con el ex senador José Jaime Nicholls, ponente de la iniciativa, “la importancia de esta ley radica en la regulación completa de las situaciones que se pueden presentar en el ordenamiento jurídico laboral. Así, por ejemplo, introduce reformas a algunas normas que la doctrina venía exigiendo de tiempo atrás, tales como: una terminología más adecuada, unos trámites más ágiles y una reglamentación más oportuna”.

Esa apreciación es compartida por Ernesto Jiménez Díaz, ex magistrado de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y miembro de la comisión redactora, quien agrega que, aunque la celeridad procesal jugó un papel importante en el diseño de la propuesta, la seguridad jurídica fue la pieza fundamental que se tuvo en cuenta con el fin de respetar el derecho de defensa, “pues la justicia rápida no puede ir en contra del debido proceso”.

Una apreciación diferente tiene Silva: “Cualquier reforma al Código Procesal del Trabajo tiene que, obligatoriamente, desarrollar el artículo 4º de la Constitución Política en todo su articulado y en cada una de las instituciones pertinentes. Pero vemos que esta ley no desarrolla esos principios básicos lo que, a mi modo de ver, significa más un retroceso que un avance en el derecho procesal”.

En declaraciones dadas a este medio en marzo del presente año, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Germán Valdés Sánchez, pronosticó lo que, en su opinión, sucedería: “Al comienzo, se van a presentar dificultades por las dudas que van a existir sobre las normas que se deben aplicar. Sin embargo, meses después de que empiece a operar la ley, esperamos que el trámite de los procesos fluya en forma más expedita”.

Jiménez también tiene su explicación sobre las controversias iniciales. “Hay tres o cuatro puntos que han disgustado a los abogados litigantes, pero a mí me parece que es apenas natural porque se trata de unas normas que se están adaptando. Realmente el trámite es bueno y en el fondo estamos frente a una norma de tipo legal muy bien lograda que, después de su acomodamiento, traerá consigo grandes beneficios”.

Más que una reforma

De acuerdo con Blanco, si bien la reforma puede contribuir a mejorar en parte la lentitud de la justicia laboral, hay otros factores que están por fuera de la legislación y que inciden negativamente en la celeridad judicial.

Los cambios:
1. Los conflictos relacionados con la aplicación de la Ley 100 de 1993 son conocidos por la jurisdicción del trabajo.
2. En materia de competencia, el juez de única y primera instancia, donde no exista juez laboral, será el juez civil del circuito. El demandante puede escoger entre el juez de su domicilio y el del lugar donde se haya prestado el servicio.
3. La cuantía para única instancia quedó en 10 salarios mínimos. Se modificó el procedimiento en vía gubernativa y se estableció la modalidad de suspemsión de la presripción mientras esté pendiente la decisión administrativa.
4. Se incluyeron como anexos de la demanda la prueba de la existencia del demandado y las pruebas documentales que estén en poder del demandante.
5. Si transcurridos seis meses a partir de auto admisorio no se ha efectuado gestión alguna para su notificación, se archivará el expediente.
6. Se precisaron los requisitos formales de la contestación de la demanda, cuyo imcumplimiento debe controlar el juez. En tal sentido, la parte demandada debe precisar las razones por las cuales se opone a los hechos de la demanda. En caso de no contestarla, tal silencio se considerará como un indicio grave.
7. Además de la oportunidad de proponer las excepciones, se modificó la denominación de “dilatorias” y “perentorias” por “previas” y de “mérito”, y se dijo que las previas serían consideradas cosa juzgada.
8. La notificación por edicto y por conducta así como la notificación a las entidades oficiales fueron modificadas.
9. En la oralidad se introdujeron excepciones mediante el mecanismo de precisar actuaciones y decisiones que no requieren para su validez que se cumplan en audiencia pública.
10. Las audiencias no pueden suspenderse o aplazarse por más de una vez. Sin embargo, se introdujeron salvedades a esta regla.
11. Fue eliminada la prueba por comisión en la que el comisionado tenía que informar su apreciación personal.
12. Algunos de los documentos se pueden aportar en copia simple y se presumirá la autenticidad.
13. En los procesos de fuero sindical la certificación de inscripción en el registro sindical servirá para presumir la existencia del fuero del demandante.
14. El recurso “de hecho” pasó a llamarse de “queja” y el de “homologación” se denominará “de anulación”. Además, se creo el recurso de revisión en procesos laborales.
15. Durante la audiencia de conciliación se citará a las partes a una audiencia inicial a fin de intentar la conciliación.
16. La cuantía para acceder al recurso de casación oscilará entre los 100 y los 120 salarios mínimos legales vigentes.
17. La Corte Suprema conocerá todos los juicios sobre laudos arbitrales que comprometan intereses colectivos mientras que los tribunales conocerán los que se refieran a los conflictos individuales.
18. El juez puede decretar a cargo del demandado una caución que oscilará entre el 30% y el 50% del valor de las pretensiones, en el momento de resolverse la medida cautelar.
19. La audiencia obligatoria de segunda instancia fue suprimida y se cambió por un traslado de cinco días a fin de que las partes aleguen o soliciten pruebas.
20. El recurso de reposición puede ser desarrollado por fuera de audiencia.

 

“Es oportuno anotar que se trata de un código muy avanzado y moderno y que se ajusta a las necesidades del país y a las necesidades de nuestro poder jurisdiccional. Pero hay factores que, si no se mejoran, provocarán que cualquier reforma sea inútil. El más delicado de ellos es la ausencia de jueces laborales en ciudades claves como Bogotá. No podemos pretender descongestionar los despachos laborales con tan sólo 20 jueces destinados para tal fin”, señala el experto.

Por esa razón, Blanco propone incrementar en por lo menos 10 jueces la jurisdicción laboral para ponerse a tono con otras ciudades como Buenos Aires (Argentina), en donde hay 84 jueces, o Lima (Perú), en donde funcionan 44 juzgados que atienden la mitad de la población que tiene la capital colombiana.

“Nunca una reforma procesal es suficiente. Lo ideal es que la justicia pudiera contar con recursos materiales idóneos y algunos mecanismos técnicos como grabación de audiencias para acercar más a la realidad el principio de la oralidad y garantizar un proceso expedito. Mientras no se solucione el grave problema de insuficiencia de juzgados laborales en Bogotá y Barranquilla nos quedaremos a mitad de camino en estas ciudades”, anota Herrera.

Pese a que los integrantes de la comisión redactora de la reforma, convocada por el Gobierno y conformada por representantes de todos los sectores del ámbito laboral, se muestran satisfechos por el trabajo realizado, no ocultan que existen algunos aspectos sobre los cuales les hubiera gustado que se reformaran los procesos y otros en los que no estuvieron de acuerdo.

A Jiménez, por ejemplo, le inquietan dos temas que, en su concepto, debieron ser abordados con más profundidad: el recurso de casación relacionado con el tipo de violación jurídica y el trámite de los procesos ejecutivos en materia laboral.

Historia del Código de Procedimiento Laboral
Antes de la expedición del Código de Procedimiento Laboral de 1948, la Ley 10 de 1934 y el artículo 1º de la Ley 45 de 1939 eran los soportes jurídicos a partir de los cuales se resolvían los conflictos de trabajo.
La primera de ellas consagraba una especie de régimen de transición, antes de la aparición de la jurisdicción especial de trabajo, mientras que la segunda empezó a considerar dentro de la legislación a todo lo relacionado con accidentes de trabajo, pensiones y seguros de vida, entre otros temas.
Sería el Acto Legislativo 1 de 1940 el encargado de ordenarle al Congreso de la República el trámite de una jurisdicción de trabajo. Con esa imperiosa necesidad, el Ministro de Trabajo, Higiene y Previsión Social de la época, José Joaquín Caicedo Castilla, diseñó una serie de pilares fundamentales sobre los cuales el Congreso debía trabajar.
Cuando ya se preparaba la nueva legislación, vino la intentona golpista de 1944 y la declaración del estado de sitio mediante el Decreto 2350 de 1944, norma que introdujo una serie de modificaciones a la normatividad laboral y que también reguló la jurisdicción especial de trabajo. Un equipo de especialistas encabezados por el jefe de la cartera, Adán Arriaga Andrade, fue el inspirador de este decreto.
Un año después de la vigencia del estado de sitio, el Congreso sacó adelante la Ley 6ª de 1945, a través de la cual se recogió buena parte de los principios del Decreto 2350 de 1944 y se facultó al Gobierno para fijar normas sobre procedimiento laboral.
En vista de que el Ejecutivo no utilizó las mencionadas facultades, el Congreso expidió la Ley 75 de 1945, con la cual se recalcó que mientras se expedía el Código Procesal del Trabajo, los asuntos atribuidos a esa jurisdicción se continuarían resolviendo de acuerdo con el procedimiento verbal contemplado en el Código Judicial.
Tres años después, el Gobierno, haciendo uso de la facultad que le confirió el artículo 121 de la Cosntitución Política de 1886, expidió el Decreto 2158 de 1948 (adoptado luego como legislación permanente por el Decreto 4133 de 1948), norma con la cual se dio nacimiento al Código Procesal del Trabajo.
Cuatro intentos fallidos por reformar el código, en 1970, 1979, 1988 y 1993, fueron el antecedente más reciente de la Ley 712 de 2001, modificatoria del mencionado estatuto.

 

Por su parte, Valdés considera que fue un error la creación del recurso de revisión, el cual fue incluido en el Congreso. “Yo hubiera preferido que no existiera, pero entiendo la necesidad de crearlo. El problema es que en la práctica puede tener varias implicaciones. Una de ellas es que el recurso va a diferir la terminación del conflicto porque después de la casación va a quedar un tiempo en el que se estará pendiente de si se inicia o no la revisión y la definición total del conflicto va a terminar dilatándose”.

Herrera enfatiza en el tema de excepciones, el cual considera que hubiera podido ser más audaz. Al respecto señala: “En todo caso, restringir la posibilidad de proponerlas con la contestación de la demanda da transparencia y celeridad, sin mengua real del derecho de defensa. Así ocurre en el procedimiento civil actual. Así mismo se elimina el desgaste judicial innecesario que existía cuando habiendo claridad de la prescripción o de la cosa juzgada, el proceso se dilataba muchos años para al final declarar algo tan elemental”.

Y concluye: “Como siempre lo he pregonado, más que la bondad de las leyes es el factor humano lo que en últimas garantiza el éxito de las reformas”.

Por lo pronto, jueces, abogados, empresarios y trabajadores, están a la expectativa de los futuros pronunciamientos de la Corte Constitucional con ocasión de las 10 demandas que cursan en contra de la Ley 712 y que, de alguna manera, podrían modificar aún más el trámite laboral.