“Me preocupa que la agilidad procesal viole el derecho de defensa en el sistema oral”

Revista Nº 143 Sep.-Oct. 2007

Javier N. Rojas 

Si el nuevo modelo de oralidad de la rama laboral logra que se imparta pronta justicia, se acabará con uno de los mayores flagelos de la administración de justicia del país, asegura la gobernadora del Colegio de Abogados Laboralistas, Clara Dueñas Quevedo.

Sin embargo, advierte que existe la posibilidad de que, por el afán de celeridad que se les debe imprimir a los procesos, se vulnere el derecho de defensa. En entrevista con Actualidad Laboral, Dueñas habló sobre diferentes tópicos relativos al derecho laboral.

Actualidad Laboral: ¿Qué significado tiene que una mujer asuma el cargo como gobernadora del Colegio de Abogados Laboralistas?

Clara Dueñas Quevedo: El significado no está en el género de quien asume el cargo. Su importancia y real significado derivan del compromiso que se adquiere con toda una comunidad de laboralistas y, en general, con el país. Todos los sectores esperan que quien asuma los destinos del Colegio represente debidamente los intereses de nuestra especialidad jurídica y cumpla con los objetivos de la institución. Lo que de pronto merece alguna mención es que, en los 60 años de historia del Colegio, solo tres mujeres, incluida yo, hemos decidido aceptar y asumir este reto.

A. L.: ¿Qué metas se ha trazado para el tiempo que estará en este cargo?

C. D. Q.: El periodo estatutario de un año es un plazo corto. En él, tenemos previsto desarrollar eventos académicos de importancia sobre los que ya estamos trabajando. Uno de los proyectos está encaminado a conmemorar los 60 años de la fundación del Colegio —que se cumplen en el 2008—, con la publicación de una obra jurídica en la que participarán, como coautores, colegiados de las más altas calidades académicas. Consideramos que se trata de un aporte valioso al desarrollo de esta especialidad jurídica, ya que han sido muchos los cambios legislativos, doctrinarios y jurisprudenciales sucedidos desde 1948 que nos obligan a reflexionar para marcar las tendencias del futuro en nuestra materia. Así mismo, estamos organizando el XXVI Congreso del trabajo y de la seguridad social, certamen de la tradición del Colegio y de la más reconocida importancia en nuestro país que, incluso, trasciende a lo internacional. Desarrollaremos una temática a partir de una pregunta que ha marcado una importante polémica: ¿Hacia la ‘relaboralización’ del derecho laboral y de la seguridad social?

A. L.: ¿Por qué ese cuestionamiento es trascendental?

C. D. Q.: Se trata de una temática que en la actualidad reviste importancia, puesto que la globalización y la internacionalización de la economía han impuesto la necesidad de incursionar en esos mercados de manera competitiva. Ello ha dado lugar a crear mecanismos de flexibilización en el régimen laboral que, para algunos, resultan apropiados para la prosperidad de la economía nacional, mientras que, para otros, se trata de deslaboralizar la relación de trabajo en detrimento de los derechos del trabajador. La polémica es interesante y enriquecedora, al tiempo que nos obliga a reflexionar sobre cuál es el devenir de las disciplinas de nuestra especialidad.

A. L.: ¿Qué otros proyectos se han trazado?

C. D. Q.: También tienen que ver con la academia. Adelantaremos seminarios: unos sobre la nueva Ley de Oralidad, que organizamos conjuntamente con universidades del país, otro sobre los recursos extraordinarios de casación, anulación y revisión y un tercer tema que proyectamos a manera de foro, a propósito de los 60 años de la expedición del Código de Procedimiento Laboral. Por otra parte, realizaremos el concurso de ensayo jurídico dirigido a estudiantes de posgrado y pregrado de las facultades de Derecho de las diferentes universidades del país, como un mecanismo para incentivar a las nuevas generaciones, en la investigación jurídica de nuestras disciplinas. Así mismo, y como ya es conocido en la trayectoria del Colegio, estamos organizando tertulias en temas de actualidad laboral y de interés general.

A. L.: ¿Cuáles deben ser las metas a largo plazo del Colegio de Abogados Laboralistas?

C. D. Q.: Como antes señalé, el Colegio cumple 60 años de fundación, largo periodo en el que se ha destacado como una institución seria dedicada a las disciplinas jurídicas. A través de sus colegiados, desde siempre, ha impulsado la expedición de normas que han regulado las relaciones de trabajo y la seguridad social. Ejemplos de esto hay desde sus inicios. Tal es el caso de Adán Arriaga Andrade, fundador del Colegio, que, en su condición de ministro del trabajo en ese entonces, impulsó y fue el autor de la Ley 6ª de 1945 y, tres años más tarde, del Código Procesal del Trabajo. En la historia más reciente, otro tanto podemos decir con la expedición de la Ley 50 de 1990, la Ley 712 del 2002 y la Ley 1149 del 2007, cuyas comisiones redactoras han tenido en su seno a ilustres colegiados. En ese contexto, las metas a largo plazo para el Colegio consisten en subsistir mínimo otros 60 años más, con colegiados formados en el campo de las disciplinas de nuestra especialidad, de las más altas calidades profesionales, académicas y éticas, con verdadera vocación y dedicación, que le brinden un servicio al país y a sus instituciones jurídicas. Del mismo modo, el Colegio debe mantener, proyectar y fortalecer su presencia en el campo internacional, cumpliendo un papel protagónico dirigido a defender las instituciones laborales y de la seguridad social.

A. L.: ¿A qué atribuye la congestión judicial que padece la jurisdicción laboral?

C. D. Q.: Influyen varios factores. Por una parte, hay un elevado número de conflictos laborales derivados de un entorno socioeconómico complicado, por otra, hay un insuficiente número de jueces y magistrados para resolver esos conflictos, a lo que se agrega que no cuentan con las herramientas técnicas adecuadas para el desarrollo del trabajo. Otra razón la atribuyo al indebido uso que se le ha dado a un sistema procesal que la doctrina ha llamado mixto, anterior a la Ley 1149, y que, pese a estar bien concebido, se convirtió, en la práctica, en un procedimiento dictado en contra de los principios de celeridad y economía procesal.

A. L.: ¿Había otros caminos para atenuar ese problema sin promulgar la Ley de Oralidad Laboral?

C. D. Q.: Sí. En parte, están implícitos en la respuesta anterior. En manos del Estado estaba y está la posibilidad de implementar políticas para fortalecer la jurisdicción, incrementado el número de jueces y magistrados y dotándolos de herramientas de trabajo suficientes e idóneas. Por otro lado, funcionarios y abogados teníamos y tenemos la obligación de utilizar de manera racional el sistema procesal mixto que aún tiene vigencia. También, tenemos el deber de propender por la aplicación de los principios de celeridad y economía procesal, para darle agilidad al proceso. Creo, en últimas, que en manos del Estado, funcionarios, abogados y usuarios del servicio estaba en, gran parte, la solución del problema.

A. L.: ¿Cuáles son las principales fortalezas del nuevo modelo de oralidad?

C. D. Q.: La primera a destacar es la finalidad de impartir pronta justicia. Si en verdad se logra ese objetivo, se eliminará uno de los mayores flagelos de la administración de justicia. Otra está en las funciones que la ley le impone al juez y las facultades que le otorga. El debido ejercicio de esas funciones y potestades fortalece el sistema, de cara a un proceso que hoy se torna lento. En el mismo sentido, aquel se fortalece con la imposición de notificar las decisiones en estrados, lo que, a su vez, conduce a que se surtan los recursos y se decidan en la misma audiencia sin dilaciones.

A. L.: ¿Qué debilidades identifica en ese mismo modelo?

C. D. Q.: Que en aras de la agilidad procesal se vulnere el derecho de defensa. Otra debilidad se manifiesta en la imposición al juez para dictar la sentencia al término de la audiencia de trámite. Esa precipitación bien puede conducir a que los pronunciamientos judiciales sean insuficientes en sus argumentos y carentes de calidad. Igual es la situación del apelante cuyos planteamientos podrían tornarse exiguos, ante la premura y el resumen de la alegación. Así mismo, encuentro debilidad en la imposición de evacuar todas las pruebas en la misma audiencia. Esto conducirá, en muchos casos —como en efecto ya se ha vivido en los juzgados pilotos—, a que las audiencias se tornen interminables y se habiliten las horas y hasta los días, generando con ello represamiento en la actuación y trámite del mismo asunto y de otras actuaciones judiciales. Otra debilidad, ya no de la ley, sino del sistema mismo, está en la insuficiencia de recursos económicos necesarios para aumentar el número de jueces y magistrados y proveer los despachos judiciales de las herramientas técnicas necesarias. Si no hay recursos, no hay condiciones para cumplir con los mandatos de la ley, lo que, a la postre, podría dar lugar a otra reforma que a la larga nos regrese a un sistema similar al que ahora aplicamos. Al fin y al cabo, en la Ley 712 hay suficientes mecanismos que conducen al mismo propósito que previó la Ley 1149.

A. L.: ¿Qué cualidades les exigirá a los laboralistas el sistema de oralidad?

C. D. Q.: Un conocimiento total de las implicaciones del sistema oral que les permita actuar en el momento procesal oportuno, sin descuidar ninguna de las tantas aristas que tiene una audiencia; una gran capacidad de concentración, por larga que resulte la diligencia judicial, y síntesis en sus alegaciones, entre otras.

A. L.: ¿Y qué retos tendrán los jueces laborales?

C. D. Q.: Partiendo de la base de que se trata de profesionales conocedores y respetuosos de la ley, así como de sus deberes y potestades, creo que el mayor reto está en la habilidad de ejercer sus facultades de manera tal que, sin vulnerar el debido proceso y el derecho de defensa, ejerzan la dirección del proceso exigiendo concreción en testimonios, declaraciones y alegaciones.