Puntos de vista

Linda Navarro Matamoros Biografía

Doctora Europea por la Universidad de Valencia en el año 2009, sobresaliente cum laude por unanimidad. Premio Extraordinario de Doctorado y Premio nacional de estudios financieros, 2009 en la categoría de Derecho civil y mercantil. Ex becaria de colaboración y becaria FPU en la Universidad de Valencia. Miembro de la comisión legislativa de doctorado de la Universidad de Murcia y del máster en investigación avanzada y especializada en Derecho, y miembro de diversos tribunales. Actualmente secretaria del Departamento de Derecho Privado de la Universidad de Murcia.

Sumario Mejora del gobierno corporativo para las sociedades cotizadas en derecho español

El presente artículo se centrará en analizar brevemente las modificaciones introducidas por la nueva reforma de la ley de sociedades de capital Ley 31 del 2014, centrándose especialmente en aquellas operadas en sede de sociedades cotizadas, que son las que parecen preocupar en mayor medida al legislador. Dicha reforma pretende mejorar el gobierno corporativo de las sociedades intentando transmitir una mayor transparencia en la gestión, evitando situaciones abusivas por parte de los órganos de administración y, en definitiva, otorgar mayor control de los negocios a las juntas generales de accionistas.

Abstract Improve the corporate governance for quoted companies in spanish government

The present article will centre on analyzing brief the diverse modifications introduced by the new reform of the Law of capital companies the Law 31/2014, centring specially on those produced in headquarters of quoted companies, which are those who seem to worry in major measure the legislator.

Reforma

Ley de sociedades de capital española

Gobierno corporativo

Sociedades cotizadas

Transparencia

Gestión

Mejora del gobierno corporativo para las sociedades cotizadas en derecho español

Revista Nº 52 Jul.-Sep. 2016

por Linda Navarro Matamoros 

I. Introducción

La materia que nos ocupa es un tema de gran actualidad. El legislador español decidió reformar una vez más la Ley de Sociedades de Capital (en adelante LSC) para la mejora del gobierno corporativo, a través de la Ley 31 del 2014, de 3 de diciembre, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) un día después(1).

Con esta nueva reforma de la LSC, se reafirma sin duda esa vocación de modificación que establecía expresamente la exposición de motivos de la propia ley(2).

El presente artículo se centrará en analizar brevemente y de forma muy general las diversas modificaciones introducidas por la nueva reforma de la LSC, centrándose especialmente en aquellas operadas en sede de sociedades cotizadas, que son las que parecen preocupar en mayor medida al legislador.

Los antecedentes a la presente reforma los encontramos el mes de mayo del 2014, en concreto el día 23, el consejo de ministros aprobó el proyecto de ley por el que se preveía la modificación de la LSC(3) para la mejora del gobierno corporativo(4). Dicho proyecto, que ya fue en su día una materia de gran actualidad, fue aprobado definitivamente a principios del mes de octubre por la comisión de economía del congreso de los diputados, con veinticuatro votos a favor y ninguno en contra (PP y CiU). La norma incluía diecisiete nuevas enmiendas, muchas de ellas pactadas entre los grupos.

La reforma incorpora propuestas de modificaciones normativas planteadas por la comisión de expertos en materia de gobierno corporativo. Dicha comisión se creó por Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de mayo del 2013 con el objetivo de elaborar un estudio sobre las mejores prácticas en materia de gobierno corporativo e impulsar las iniciativas al respecto. La comisión planteó una serie de propuestas de reforma sugeridas en el informe de la comisión de expertos designada por Orden ECC/895/2013, de 21 de mayo(5), y se han respetado la totalidad de sus recomendaciones.

La misma pretende mejorar el gobierno corporativo de las sociedades(6) intentando transmitir una mayor transparencia en la gestión, evitando situaciones abusivas por parte de los órganos de administración, y en definitiva, otorgar mayor control de los negocios a las juntas generales de accionistas(7). Además, a este respecto, una de las principales novedades que incorpora el texto es la obligatoriedad de publicar los periodos medios de pago a proveedores para todas las sociedades de capital, incluyendo las anónimas cotizadas o no cotizadas. El objetivo de dicha medida es el de atajar los importantes retrasos en el pago a proveedores que se están produciendo en el ámbito privado, acrecentado lógicamente por el periodo de crisis económica que atravesamos, como ya se hizo en su día con el sector público. En este sentido las sociedades que excedan de los 60 días estipulados por ley, tendrán que informar expresamente sobre las medidas que adoptarán para cumplir con la normativa.

II. Identificación genérica de las modificaciones operadas

En general, las modificaciones introducidas inciden sobre todo en sociedades cotizadas, que constituyen el objeto principal del presente capítulo, pero también se incluyen novedades de calado en el resto de sociedades, que sin duda redundarán en la necesaria mejora del gobierno corporativo en nuestro Derecho societario.

En concreto y por lo que respecta a las sociedades cotizadas, las mismas las encontramos en el título XIV de la LSC, específicamente en los artículos 495 a 539.

Las modificaciones propuestas se enmarcan en tres materias. Como apuntábamos, el presente artículo únicamente analizará de forma somera e introductoria cada una de ellas.

1. En primer lugar, competencias de la junta general y derechos de los accionistas;

2. Administración de la sociedad, y

3. Retribución de los consejeros.

Las novedades más destacables en relación con las sociedades cotizadas que son las que nos interesan para efectos de nuestro estudio son las siguientes:

— La junta de accionistas aprobará la política de remuneración con carácter vinculante, al menos cada tres años.

— Se reduce del 5 al 3% el capital necesario para ejercer los derechos de las minorías.

— El cargo del administrador deberá ejercerse por un período máximo de cuatro años, frente a los seis actuales.

— Se establecerá un objetivo de representación en los consejos de administración para el sexo con menos presencia.

— Además, cuando el presidente sea a su vez consejero ejecutivo de la sociedad, será necesario el voto favorable de 2/3 del consejo para su nombramiento.

— Asimismo, se crea la figura de un consejero coordinador entre los consejeros independientes, en el caso que coincida el cargo de presidente con el de consejero ejecutivo.

— Las sociedades anónimas (S.A.) cotizadas, deberán hacer público con carácter anual un informe de gobierno corporativo que será objeto de comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Una vez apuntadas a grandes rasgos las líneas esenciales introducidas por la reforma, vamos a analizar las concretas modificaciones operadas en sede de sociedades cotizadas, aunque previamente hagamos también alusión a las modificaciones que afectan a todas las sociedades en general.

III. Reformas introducidas con carácter general para todas las sociedades

1. La junta de accionistas 

Con base en las tres materias que apuntábamos previamente en las que se estructuran las principales modificaciones propuestas, comenzaremos por la primera, y en concreto con aquellas cuestiones que afectan con carácter general a todas las sociedades.

Por lo que respecta en concreto a la junta general, de un tiempo a esta parte y como consecuencia de la crisis económica que venimos atravesando, el legislador español se ha visto en la necesidad de reformar nuestro ordenamiento jurídico con el fin de fomentar la creación de sociedades y reducir los costes de funcionamiento de la sociedad y simplificar las cargas, en especial de sus juntas generales(8). Esta nueva modificación de la LSC vuelve a incidir como ya se hizo en otras ocasiones en este aspecto.

En este sentido, y por lo que respecta a la intervención en asuntos de gestión y operaciones esenciales, la junta refuerza su papel y se abren cauces para fomentar la participación accionarial(9).

Como novedad en la nueva reforma, se regula expresamente la posibilidad de la junta de impartir instrucciones en materias de gestión a todas las sociedades de capital, lo que actualmente solo es posible en sede de sociedades limitadas (SL), sin perjuicio de la limitación que puedan establecer los estatutos. Asimismo, se amplían las competencias de la junta general para reservar a su exclusiva aprobación, aquellas operaciones societarias que por su relevancia tienen efectos similares a las modificaciones estructurales, es decir, aquellas en las que el volumen supere el 25% del total del activo del balance.

En relación con las votaciones, la reforma además trata de garantizar el principio de independencia permitiendo a los accionistas votar de forma separada sobre determinados asuntos como nombramiento, reelección o separación de administradores y modificaciones estatutarias, pudiendo emitir de forma diferenciada su voto.

Respecto de los conflictos de interés entre accionistas, asimismo, y con el fin de garantizar la plena transparencia, se reforma el tratamiento de los conflictos de interés, estableciendo una cláusula específica de prohibición de derecho de voto en los casos más claros y estableciendo una presunción de infracción del interés social en los casos en los que el acuerdo social haya sido adoptado con el voto determinante de los socios incursos en el conflicto. Este ha sido uno de los puntos en los que la reforma ha hecho especial hincapié. La realidad de nuestro país demuestra claros ejemplos de sacrificio del interés social(10), entendido tradicionalmente como interés de los accionistas, para favorecer la continuidad de la actividad empresarial(11).

En cuanto a la impugnación de acuerdos sociales(12), desaparece la distinción entre acuerdos nulos y anulables, y se unifican los supuestos de impugnación bajo un régimen general de anulación para el que se amplía de cuarenta días a un año, salvo aquellos acuerdos contrarios al orden público que serán imprescriptibles. En las sociedades cotizadas, el plazo se reduce a tres meses para agilizar el proceso y que la gestión no se vea afectada.

En cuanto a la legitimación, se exige al menos el 1% del capital para poder ejercer la acción de impugnación, que en la actualidad varía según se trate de acuerdos nulos o anulables. En las sociedades cotizadas este porcentaje será como veremos posteriormente, del 1 por 1.000 (es decir del 0,1%).

2. La administración de la sociedad 

En relación con los deberes y régimen de responsabilidad de los administradores, se incluye un nuevo artículo regulando las facultades indelegables del consejo con el objetivo de encomendarle expresamente las decisiones relativas a la gestión y supervisión de la sociedad.

Con el fin de garantizar el principio de responsabilidad, se tipifican los deberes de diligencia y lealtad de los administradores así como los procedimientos a seguir en caso de conflictos de interés.

Se amplía el alcance de la responsabilidad incluyendo la devolución del enriquecimiento injusto sin perjuicio del resarcimiento del daño causado, y se facilita la interposición de la acción social de responsabilidad al reducir la participación necesaria (del 5 al 3% como apuntábamos anteriormente por lo que respecta a las sociedades cotizadas), y permitiendo su interposición directa sin esperar a la autorización de la junta en casos de infracción del deber de lealtad.

Respecto de las competencias del consejo de administración, se incluye un nuevo artículo con las facultades indelegables del consejo, con el fin de reservarle las decisiones correspondientes al eje esencial de la gestión y supervisión de la sociedad(13).

3. La remuneración de los consejeros 

La remuneración de los administradores, consejeros o cualquier otro dirigente de una sociedad es un aspecto esencial en el buen gobierno corporativo de las sociedades de capital, especialmente en el caso de las sociedades cotizadas. Esta cuestión resulta especialmente importante en un contexto de crisis económica como el que venimos atravesando desde hace unos años(14), en el que resulta cuestionable por ejemplo, el importe de las remuneraciones y de las indemnizaciones por cese recibidas por los administradores de sociedades que han devenido insostenibles, y que en ocasiones han necesitado contar con dinero público para no verse abocadas a extinguirse, pensemos en este sentido en las diversas noticias de las que se han hecho eco los medios de comunicación de nuestro país de forma incesante de un tiempo a esta parte, en relación con algunas importantes entidades de crédito.

Parece que uno de los fines esenciales de la reforma es incidir en este aspecto y de este modo se establece al respecto que la remuneración de los administradores debe ser razonable(15), acorde con la situación económica de la sociedad y con las funciones y responsabilidades que les sean atribuidas, todo ello orientado a promover la rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo. En este sentido, encontramos fallos de nuestros tribunales relativos a la anulación de acuerdos de junta en los que se ha proporcionado información al socio sobre la incidencia de la retribución en la marcha de la sociedad, teniendo en cuenta la especial situación de crisis de la sociedad y la excesiva remuneración. La misma podría considerarse perjudicial al interés social y beneficioso para el administrador. En este sentido se pronuncia por ejemplo la SAP de Pontevedra de 26 de enero del 2011 al afirmar que “sin que se haya razonado, se insiste, en forma suficiente en qué consiste la actividad del administrador de forma que se haga acreedora de una retribución, en términos relativos, tan elevada, y precisamente en el momento que atraviesa la situación económica de la sociedad, tanto más cuanto que la sociedad aparenta contar ya con personas encargadas de su dirección. Entiéndase que no se está afirmando que en todos los casos de pérdidas el administrador no pueda percibir retribución alguna, sino que en las concretas circunstancias que ocupan en el presente litigio, tal situación carece de justificación”(16).

Por lo que respecta a la figura del consejero delegado, se clarifica el régimen de retribuciones por el ejercicio de facultades ejercidas por los mismos, estableciéndose la obligación de firmar un contrato entre la sociedad y el consejero, incluyendo los distintos conceptos retributivos y debiendo ser aprobado por mayoría cualificada del consejo y con la abstención de los interesados, medida sin duda muy acertada para evitar conflictos de interés.

IV. Reformas concretas introducidas en sede de sociedades cotizadas

1. La junta de accionistas 

En este sentido y por lo que respecta concretamente a los derechos de los accionistas, se reduce del 5 al 3% del capital social necesario para ejercer los derechos de minoría.

Por lo que respecta a la asistencia a la junta general, se reduce el número máximo de acciones que se podrían exigir para poder asistir a la junta desde el 1 por 1.000 a 1.000 acciones.

En relación con el fraccionamiento y voto divergente, las entidades que actúen por cuenta de diversas personas podrán fraccionar y delegar el voto. Sería por ejemplo el caso de inversores extranjeros que efectúan sus inversiones a través de una cadena de intermediarios financieros que actúan como titulares fiduciarios por cuenta del inversor último.

En cuanto al derecho de información, se propone rebajar el plazo máximo en el que los accionistas pueden solicitar información de 7 a 5 días antes de la celebración de la junta.

Finalmente y en relación con posibles asociaciones y foros de accionistas, se establece la inscripción en un registro especial de la CNMV y el cumplimiento de una serie de obligaciones contables y de información.

2. La administración de la sociedad 

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 529 bis, las sociedades cotizadas deberán ser administradas necesariamente por un consejo de administración.

En relación a la composición de los miembros de dichos consejos de administración, se establece que los procedimientos de selección de consejeros deberán facilitar el nombramiento de consejeras(17). Además, expresamente se indica que estos procedimientos no deberán carecer de sesgos que puedan implicar discriminación alguna.

En cuanto a los cargos de presidente y consejero ejecutivo, cuando ambos cargos recaigan en una misma persona, su nombramiento requerirá el voto favorable de los 2/3 de los miembros del consejo.

Además, se deberá nombrar entre los independientes, un consejero coordinador al que se facultará para solicitar la convocatoria del consejo, ampliar el orden del día, coordinar a los consejeros no ejecutivos y dirigir la evaluación del presidente.

Respecto de esta última cuestión apuntada anteriormente en relación con la evaluación del consejo y sus comisiones, el consejo de administración deberá realizar una evaluación anual de su funcionamiento y el de sus comisiones.

De forma imperativa, los consejos de administración deberán de constituir una comisión de nombramientos y retribuciones, que establecerá un objetivo de representación para el sexo menos representado en el consejo de administración y elaborará orientaciones sobre cómo alcanzar dicho objetivo.

Asimismo, se incluye como competencia indelegable del consejo, dentro de la política de control y gestión de riesgos, los riesgos fiscales, es decir, la aprobación de las inversiones u operaciones que tengan especial riesgo fiscal y la determinación de la estrategia fiscal de la sociedad.

En relación con la duración del cargo de administrador, se propone que el periodo máximo de cada nombramiento no exceda de cuatro años, frente a los seis actuales.

3. La remuneración de los consejeros 

En especial la reforma en este aspecto ha incidido, en sede de sociedades cotizadas, en reforzar la transparencia(18).

La política de remuneraciones deberá ser aprobada por la junta, el voto será vinculante, previo informe de la comisión de nombramientos y retribuciones, al menos cada tres años.

Esta política contendrá, al menos:

— La remuneración total a los consejeros por su condición(19);

— El sistema de remuneración de los consejeros ejecutivos. En este sentido deberán describirse claramente todos sus componentes, por ejemplo, la cuantía global de la retribución fija anual, los términos y condiciones de los contratos, las posibles indemnizaciones, las primas, etc. (…) (es decir, todas aquellas particularidades propias en relación con la retribución del contrato suscrito).

— El consejo decidirá también la distribución individual, siempre dentro de la política de retribuciones.

— Cualquier modificación requerirá aprobación de la junta y no podrá realizarse pago alguno mientras no haya sido aprobado por la junta.

En lo referente al informe anual sobre remuneraciones, este seguirá siendo sometido a voto consultivo de la junta(20), pero en caso de voto negativo, deberá realizarse una nueva propuesta de remuneraciones.

V. Otras modificaciones

En el presente epígrafe se resumen brevemente otras modificaciones introducidas por la presente reforma, no apuntadas en los apartados precedentes.

En primer lugar y como principal novedad cabe señalar la obligación de publicar en la memoria de las cuentas anuales el periodo medio de pago a los proveedores.

Además, las sociedades que no sean cotizadas y no presenten cuentas anuales abreviadas publicarán esta información en su página web, si la tuviesen.

Por lo que respecta a las S.A. cotizadas deberán publicar en su página web el periodo medio de pago a sus proveedores(21).

Como es bien sabido, el legislador español obliga a las sociedades cotizadas a tener una página web, a las restantes las anima a ello. De este modo, intenta fomentar la comunicación entre la sociedad y sus socios por medios electrónicos(22) sin olvidar que su uso es voluntario, y sin olvidar las dificultades técnicas de estas páginas. Todas estas cuestiones tienen su reflejo en la LSC.

VI. Conclusiones

Si atendemos esencialmente a las modificaciones operadas en materia de sociedades cotizadas, sin duda la reforma resulta muy adecuada, y aunque muchas de las cuestiones planteadas esencialmente para las sociedades cotizadas podrían extrapolarse perfectamente al resto de sociedades, respecto de otras sería complicado debido al carácter intrínseco de la propia sociedad.

Se trata sin duda de una norma que subsana una de las asignaturas pendientes del sistema mercantil español, como era la mejora y modernización del gobierno corporativo de las empresas(23). Tarea complicada y delicada que era necesaria, sobre todo teniendo en cuenta muchas de las inadecuadas medidas que se han adoptado para paliar los efectos de la crisis económica en nuestro país(24).

Se trata de un texto que bajo nuestro punto de vista de forma muy acertada, dota de más protagonismo a los socios en las decisiones empresariales (cuestión complicada esencialmente en sociedades cotizadas), y que implanta un sistema más estricto de control de las remuneraciones y de la responsabilidad por la gestión.

Además, supone un avance significativo para incrementar la transparencia en las empresas y generar confianza, ese sería al menos en teoría uno de los fines primordiales perseguidos por dicha reforma(25), tan necesarios sobre todo teniendo en cuenta las diversas noticias de las que constantemente se hacen eco todos los medios de comunicación en las que desafortunadamente involucran en cuestiones fraudulentas a numerosos directivos de nuestro país(26).

No obstante, y por ejemplo, teniendo en cuenta cuestiones tan controvertidas como el fomento de la igualdad en el seno de las sociedades, autoimponiéndose un número mínimo de mujeres en el consejo de administración, e incrementando de este modo la presencia de mujeres en la alta dirección de las empresas, parece ser más una declaración de buenas intenciones políticas si nos permiten la licencia, que no una obligación legal real, habida cuenta que el posible incumplimiento de dicho precepto no conllevaría, según lo dispuesto en el texto de la reforma, ningún tipo de sanción económica.

Además, lógicamente se debería incidir especialmente en algunos aspectos cuyos límites no quedan suficientemente nítidos a la luz de lo dispuesto por el texto (por ejemplo: incrementar los instrumentos de control de los accionistas minoritarios, hacer más estrictos los conflictos de intereses, limitar las retribuciones variables respecto de las fijas, o eliminar los gastos deducibles o las retribuciones en especie).

Sin duda se trata de una acertada reforma, que ha dado como resultado la elaboración de un marco normativo de mejores prácticas en materia de gobierno corporativo y ha impulsado necesarias iniciativas al respecto. Recordemos que el conjunto de reglas de gobierno corporativo se ha venido implantando en nuestro sistema societario, a través de recomendaciones de carácter voluntario(27), bastante ajenas a nuestra tradición jurídica en la materia. La intención de flexibilizar la estructura organizativa de las sociedades para adaptarlas a las características de cada sociedad individualmente considerada es positiva, pero resulta evidente que hasta la fecha esta tarea no ha sido realizada adecuadamente por nuestro derecho societario(28). Dejar al arbitrio de la autonomía de la voluntad, la inclusión de algunas recomendaciones, sometiendo su inobservancia a una sanción extrajurídica (económica, social o incluso reputacional(29)), ha propiciado el incumplimiento en nuestro país, de recomendaciones muy relevantes de nuestro código de buen gobierno(30).

El buen gobierno corporativo es un factor esencial para crear valor en las empresas, aumentar la eficiencia económica y reforzar la confianza de los inversores.

Según la opinión de los expertos, la razón de establecer normas de obligado cumplimiento en materia de gobierno corporativo responde al reconocimiento, como básicos y exigibles a todas las empresas, de aspectos que hasta fechas muy recientes no se consideraban imprescindibles. La experiencia adquirida tras la crisis financiera ha resultado un potente catalizador de nuevas reglas en la materia.

No obstante, podemos afirmar que no solo necesita una importante revisión el gobierno corporativo objeto de estudio en el presente capítulo, sino que algunos de los conceptos clave de nuestro Derecho societario necesitan de una considerable reestructuración y adecuación a la práctica actual de nuestros días, dado que de ellos derivan principios y reglas fundamentales(31). Esperemos que este incesante movimiento legislativo reformador del que estamos siendo testigos, permita en unos años acercarnos a un Derecho societario más acorde, más adecuado y sobre todo más coherente con nuestros principios configuradores y nuestras necesidades prácticas. Labor sin duda ardua, pero que parece afortunadamente estar en la conciencia del legislador de un tiempo a esta parte.

Bibliografía

AA. VV. (2011) Responsabilidad de la empresa y Derecho mercantil, Granada: Comares.

ARNADIS NEBOT, L. (2014) “Novedades en materia de gobierno corporativo”, Expansión, 9 de junio.

B. A. y J. D. (2014) “Nueva ley de gobierno corporativo: las empresas deberán elevar el número de mujeres en sus consejos”, Expansión, 23 de mayo.

BOQUERA MATARREDONA, J. (2013) “La repercusión de la crisis económica sobre la junta general de las sociedades de capital”. En: AA. VV. Crisis económica y responsabilidad en la empresa (dir. Abriani, N. y Embid Irujo, J. M.), Granada: Ed. Comares, pp. 125-138.

EMBID IRUJO, J. M. (2009) “Leyes versus códigos (autorregulación) en los mercados de valores y en sociedades cotizadas”, Economistas, año 27, n.º 120, pp. 28-32.

— (2013) Sobre el Derecho de sociedades de nuestro tiempo. Crisis societaria y ordenamiento societario, Granada: Comares, pp. 71-81.

FERNÁNDEZ TORRES, I. (2009) “Participación de los accionistas en la junta por medios electrónicos: ¿reactivación de la Junta? En: AA.VV. La Junta general de las sociedades de capital (coords.) Rodríguez Artigas, F.; Farrando Miguel, I.; González Castilla, F.; Tena Arregui, R. Colegio Notarial de Madrid, pp. 259-267.

FERRANDO VILLALBA, M. L. (2013) “Gobierno corporativo y crisis económica: la delimitación de los nuevos intereses sociales”. En: AA. VV. Crisis económica y responsabilidad en la empresa (dir. Abriani, N., y Embid Irujo, J. M.), Granada: Ed. Comares, pp. 95-110.

GARCÍA ÁLVAREZ, B. (2013) “Posibles límites a la remuneración de los administradores en un contexto de crisis económica”. En: AA. VV. Crisis económica y responsabilidad en la empresa (Dir. Abriani, N., y Embid Irujo, J. M.), Granada: Ed. Comares, pp. 179-200.

JUSTE MENCÍA, J. (1999) “Retribución de consejeros”. En: AA. VV. El gobierno de las sociedades cotizadas (coord. Esteban Velasco, G.), Madrid: Marcial Pons, pp. 527-530.

KRUGMAN, P. (2012) ¡Acabad ya con esta crisis! Madrid: Ed. Crítica.

LEÓN SANZ, F. J. (2010) “La retribución de los administradores y de los ejecutivos en caso de crisis de la empresa”. En: AA. VV. Estudios de Derecho mercantil: en memoria del profesor Aníbal Sánchez Andrés, (coords. Saéz García de Albizu, J. C.; Oleo Blanet, F.; Martínez Flores, A.), Cizur Menor (Pamplona): Civitas-Thomson Reuters, pp. 759-763.

PEDROSA, F. (2014) “La necesaria mejora del gobierno corporativo”, Cinco Días, 14 de abril.

QUIJANO GONZÁLEZ, J. (2009) “El sistema de impugnación de acuerdos sociales: necesidad de una reforma”. En: AA. VV. La junta general de las sociedades de capital, (coords.) Rodríguez Artigas, F.; Farrando Miguel, I.; González Castilla, F.; Tena Arregui, R.; Colegio Notarial de Madrid, pp. 77-86.

RODRÍGUEZ ARTIGAS, F. (2009) “La junta general en la encrucijada”. En: AA. VV. La junta general de las sociedades de capital, (coords.) Rodríguez Artigas, F.; Farrando Miguel, I.; González Castilla, F.; Tena Arregui, R. Colegio Notarial de Madrid, pp. 19-36.

RONCERO SÁNCHEZ, A.; 2009 “Asistencia y representación en las juntas generales”. En: AA. VV. La Junta general de las sociedades de capital, (coords.) Rodríguez Artigas, F.; Farrando Miguel, I.; González Castilla, F.; Tena Arregui, R., Colegio Notarial de Madrid, pp. 39-58.

ROVIRA GARCÍA, M. R. (2014) “Aprobado el proyecto de ley de sociedades de capital para la mejora del gobierno corporativo”, El Derecho, Grupo Francis Lefebvre, 6 de junio.

SÁNCHEZ CALERO, F. (2007) Los administradores en las sociedades de capital, 2ª ed. Madrid: Civitas, pp. 253-255.

SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE, J. (2002) “El interés social y los varios intereses presentes en la sociedad anónima cotizada”, RDM, n.º 246, p. 1660.

— (2009) “Presente y futuro de la junta general: propuestas de reforma”. En: AA. VV. La Junta general de las sociedades de capital, (coords.) Rodríguez Artigas, F.; Farrando Miguel, I.; González Castilla, F.; Tena Arregui, R. Colegio Notarial de Madrid, pp. 121-136.

— (2013) “Crisis económica y gobierno corporativo”, RDM, n.º 287, pp. 63- 68.

VÁZQUEZ LEPINETTE, T. (2010) “La retribución de los administradores en tiempos de crisis: nuevos hechos, nuevo Derecho”, RDBB, año n.º 29, nº 118, pp. 215-218.

(1) Boletín Oficial del Estado (BOE), 4 de diciembre del 2014, n.º 293, pp. 99793-99826.

(2) La propia exposición de motivos de la LSC así lo establece en su apartado V. “El texto refundido nace —y es importante destacarlo— con decidida voluntad de provisionalidad; nace con el deseo de ser superado pronto, convirtiéndose así en un peldaño más de la escala hacia el progreso del Derecho…”.

(3) BOE, 3 de julio de 2010, n.º 161, pp. 58472-58594.

(4) Boletín Oficial de las Cortes Generales (BOCG), 30 de mayo del 2014, núm. 97-1, pp. 1 a 30.

(5) BOE, 23 de mayo del 2013, n.º 123, pp. 39263-39265.

(6) Véase en este sentido, Pedrosa, F. (2014) “La necesaria mejora del gobierno corporativo”, Cinco Días, 14 de abril.

(7) Véanse al respecto las interesantes consideraciones llevadas a cabo por Ferrando Villalba, M. L. (2013) “Gobierno corporativo y crisis económica: la delimitación de los nuevos intereses sociales”. En: AA. VV., Crisis económica y responsabilidad en la empresa (dir. Abriani, N., y Embid Irujo, J. M.), Granada: Ed. Comares, pp. 95-110; Arnadis Nebot, L. (2014) “Novedades en materia de gobierno corporativo”, Expansión, 9 de junio; Rovira García, M. R. (2014) “Aprobado el proyecto de ley de sociedades de capital para la mejora del gobierno corporativo”, El Derecho, Grupo Francis Lefebvre, 6 de junio.

(8) Véase al respecto, Boquera Matarredona, J. “La repercusión de la crisis económica sobre la Junta general de las sociedades de capital”. En: AA. VV. Crisis económica y responsabilidad en la empresa, ob. cit., pp. 125-138; Sánchez Calero, F. (2009) “Presente y futuro de la junta general: propuestas de reforma”. En: AA. VV. La junta general de las sociedades de capital, (coords.) Rodríguez Artigas, F.; Farrando Miguel, I.; González Castilla, F.; Tena Arregui, R.; Colegio Notarial de Madrid, pp. 121-136; Rodríguez Artigas, F. “La junta general en la encrucijada”. En: AA. VV. La junta general de las sociedades de capital, ob. cit., pp. 19-36.

(9) Cuestión cuya modificación ya ha sido objeto de consideración por parte de nuestra doctrina desde hace tiempo, véase en este sentido Roncero Sánchez, A. “Asistencia y representación en las juntas generales”. En: AA. VV. La junta general de las sociedades de capital, ob. cit., pp. 39-58.

(10) Interesantes las consideraciones esgrimidas por nuestra mejor doctrina al respecto afirmando que “el interés social no puede ser uno en épocas de crisis y otro en épocas de bonanza”, véase al respecto Sánchez-Calero Guilarte, J. (2002) “El interés social y los varios intereses presentes en la sociedad anónima cotizada”, RDM, n.º 246, p. 1660.

(11) Esta es la postura mantenida por la jurisprudencia mayoritaria de nuestro TS en sentencias por ejemplo como las de 4 de abril de 2000 y 12 de julio de 2012, entre otras.

(12) Véase en este sentido la necesaria reforma clamada en este sentido por nuestra doctrina al respecto, entre otros autores, Quijano González, J. “El sistema de impugnación de acuerdos sociales: necesidad de una reforma”. En: AA. VV. La junta general de las sociedades de capital, ob. cit., pp. 77-86.

(13) Aunque lógicamente por su novedad no se recogen todas estas modificaciones aquí indicadas, ni siquiera la nueva regulación de la LSC, de especial referencia resulta al hablar de la administración de la sociedad la obra de Sánchez Calero, F. (2007) Los administradores en las sociedades de capital, 2ª ed. Madrid: Civitas, pp. 253-255.

(14) Véase en este sentido, García Álvarez, B. “Posibles límites a la remuneración de los administradores en un contexto de crisis económica”. En: AA. VV. Crisis económica y responsabilidad en la empresa, ob. cit., pp. 179-200; Vázquez Lepinette, T. (2010) “La retribución de los administradores en tiempos de crisis: nuevos hechos, nuevo Derecho”, RDBB, año n.º 29, n.º 118, pp. 215-218.

(15) Véase en este sentido, León Sanz, F. J. (2010) “La retribución de los administradores y de los ejecutivos en caso de crisis de la empresa”. En: AA. VV. Estudios de Derecho mercantil: en memoria del profesor Aníbal Sánchez Andrés, (coords. Saéz García de Albizu, J. C.; Oleo Blanet, F.; Martínez Flores, A.), Cizur Menor (Pamplona): Civitas-Thomson Reuters, pp. 759-763.

(16) Véase al respecto estos y otros ejemplos en Ferrando Villalba, M. L. “Gobierno corporativo y crisis económica…”, est. cit., p. 107.

(17) B. A. y J. D. (2014) “Nueva ley de gobierno corporativo: las empresas deberán elevar el número de mujeres en sus consejos”, Expansión, 23 de mayo.

(18) Este ha sido el fin perseguido no únicamente por esta reforma, sino también por otras operadas anteriormente no solo en el ámbito nacional sino también internacional. Véase en este sentido respecto de las medidas incluidas en recomendaciones europeas sobre la materia las interesantes consideraciones de García Álvarez, B. “Posibles límites a la remuneración de los administradores en un contexto de crisis económica”, est. cit., pp. 185-187.

(19) Véase al respecto, Juste Mencía, J. (1999) “Retribución de consejeros”. En: AA. VV. El gobierno de las sociedades cotizadas (coord. Esteban Velasco, G.), Madrid: Marcial Pons, pp. 527-530.

(20) Recordemos que en este punto nuestro código de buen gobierno, incorporando las recomendaciones en la materia provenientes de la Unión Europea, recomendó el voto consultivo en la junta general (el llamado say on pay), sistema que implica que la junta general votará a favor o en contra del proyecto retributivo, pero su voto no será vinculante. Véase en este sentido, Ferrando Villalba, M. L. “Gobierno corporativo y crisis económica…”, est. cit., pp. 105-106.

(21) Véase en este sentido, Boquera Matarredona, J. “La repercusión de la crisis económica sobre la junta general de las sociedades de capital”, est. cit., pp. 126-127.

(22) Véase al respecto, Fernández Torres, I. “Participación de los accionistas en la junta por medios electrónicos: ¿reactivación de la junta? En: AA. VV. La junta general de las sociedades de capital, ob. cit., pp. 259-267.

(23) Véase en este sentido las interesantes consideraciones de Sánchez-Calero Guilarte, J. (2013) “Crisis económica y gobierno corporativo”, RDM, n.º 287, pp. 63-68; Embid Irujo, J. M. Sobre el Derecho de sociedades de nuestro tiempo. Crisis societaria y ordenamiento societario, Granada: Comares, 2013, pp. 71-81.

(24) Interesantes son a este respecto las consideraciones de Krugman, P. (2012) ¡Acabad ya con esta crisis!, Madrid: Ed. Crítica.

(25) Recordemos no obstante que estos fines ya habían tenido con anterioridad su reflejo normativo. Buena prueba de ello es por ejemplo la Ley 2ª del 2011, de 4 de marzo, de economía sostenible, que en su artículo 27 dispone que “las sociedades cotizadas incrementarán la transparencia en relación con la remuneración de sus consejeros y altos directivos, así como sobre sus políticas de retribuciones, en los términos previstos en el artículo 61 bis de la Ley 24 de 1988, de 28 de julio, del mercado de valores”. Además, el artículo 61 de la Ley del Mercado de Valores, en la redacción dada por la Ley de Economía Sostenible, contempla la obligación de elaborar un informe anual sobre retribuciones, así como su contenido mínimo, disponiendo además que el informe anual sobre las remuneraciones de la sociedad, así como los detalles y resúmenes sobre la retribución concreta de cada consejero, se difundirá y someterá a votación, con carácter consultivo y como punto separado del orden del día, a la junta general de accionistas.

(26) Curiosamente, ya en las juntas del 2012, sobre el ejercicio 2011, se sometieron por primera vez con base en la por entonces reciente normativa apuntada al respecto, la retribución de los administradores al voto consultivo de las juntas generales. En este sentido, por ejemplo, Ferrovial fue la sociedad en la que el voto en contra a los salarios tuvo mayor peso (9,6% del capital presente y representado en la junta), seguido por Mediaset (9,1%), Banco Santander (8,1%), Abertis (5,7%), Red Eléctrica (5,3%), Abengoa (4,7%), Enagas (4,2%), BBVA (3,4%) y BME (2%). En el caso de Bankinter y Mapfre el respaldo a las retribuciones fue prácticamente unánime. Véase al respecto el interesante estudio llevado a cabo por Ferrando Villalba, M. L. “Gobierno corporativo y crisis económica…”, est. cit., pp. 106-107.

(27) Véase en este sentido, Embid Irujo, J. M. (2009) “Leyes versus códigos (autorregulación) en los mercados de valores y en sociedades cotizadas”, Economistas, año 27, n.º 120, pp. 28-32.

(28) En este sentido se pronuncia muy acertadamente Sánchez-Calero Guilarte, J. “Crisis económica y gobierno corporativo”, est. cit., pp. 63 al apuntar que “existe una percepción consolidada, a la que no escapan ni el legislador ni los órganos supervisores, de que el seguimiento de las principales recomendaciones en cuanto a la composición del consejo y a su estructura, no han dado lugar a resultados positivos”.

(29) En este sentido hay que tener en cuenta la importante conexión entre buen gobierno y el concepto de responsabilidad social corporativa tan en auge no solo en la esfera internacional, sino también en nuestro país, en el que está siendo objeto de interesantes debates y contribuciones doctrinales. Véase por ejemplo en este sentido, AA. VV. (2011) Responsabilidad de la empresa y Derecho mercantil, Granada: Comares.

(30) Como por ejemplo las relativas a la información sobre la retribución de los consejeros o sobre la inclusión de consejeros independientes en los consejos de administración y limitación de la duración de su cargo. Véase en este sentido, Ferrando Villalba, M. L. “Gobierno corporativo y crisis económica…”, est. cit., pp. 96-97.

(31) Este problema se recoge, por ejemplo, claramente en la exposición de motivos de la controvertida Ley 14 del 2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. BOE, 28 de septiembre del 2013, n.º 233, pp. 78787-78882.