MEMORANDO CONCEPTO 0949 DE 2002 

(Abril 15)

Tema: Base presunta mínima año 2002

Subtema: Aplicación del Acuerdo 56 de 2002

Aplicación del Acuerdo 56 del 3 de abril de 2002

Con ocasión de la expedición de la Ley 601 de 2000 que en su artículo 5º facultó a la Administración Distrital para establecer anualmente la base gravable mínima del impuesto predial unificado, conforme a parámetros técnicos por área, uso y estrato, para aquellos predios a los cuales no se les hubiere fijado avalúo catastral por parte del Departamento Administrativo de Catastro Distrital, el Alcalde Mayor expidió el Decreto Distrital 948 del 28 de diciembre de 2001 a través del cual fija la base presunta mínima del impuesto predial unificado para el año 2002.

El 4 de febrero del año 2002 se notifica por edicto la Sentencia de la Corte Constitucional C-1251 del 28 de noviembre de 2001, en la cual la Corte declaró la exequibilidad del artículo 5º de la Ley 601 de 2000, bajo el entendido que al referirse a administración distrital se trataba del Consejo Distrital.

Con fundamento en la sentencia antes mencionada el Concejo de Bogotá expidió el Acuerdo 56 del 3 de abril de 2002 “Por el cual se determina para el año gravable de 2002 las bases presuntas mínimas del impuesto predial unificado de los predios a los cuales no se les ha fijado avalúo catastral” y para efectos de su aplicación habrán de tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Facultad del Concejo para expedir el acuerdo que determina la base presunta mínima.

Es la Corte Constitucional quien a través de la sentencia señala como titular de la obligación de expedir la norma, que contenga las bases presuntas mínimas para los predios que no cuentan con avalúos catastrales, al Concejo Distrital con el apoyo de la administración distrital y al efecto determina:

“No escapa a la Corte que una primera lectura de la norma acusada podría llevar a la conclusión de que su contenido normativo está desconociendo el mandato del artículo 338 superior, que habilita a los cuerpos colegiados de elección popular Congreso, asamblea y concejos, para determinar los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos, por cuanto la facultad para establecer la base gravable mínima del impuesto predial estaría siendo delegada en la administración distrital, proyectada en las autoridades que integran la estructura administrativa del Distrito Capital.

Pero si se entiende que por administración distrital la norma acusada está haciendo referencia al Concejo Distrital, como corporación administrativa de elección popular, no se presentaría quebranto alguno, a los dictados de la Carta Política, por cuanto conforme a lo dispuesto en el artículo 338 de la ley fundamental dicho organismo es competente para imponer contribuciones en el Distrito Capital, fijando cada uno de los elementos que integran la obligación tributaria.

Así pues, la Corte aplicando el principio constitucional de la conservación del derecho procederá a declarar la exequibilidad del artículo 5º de la Ley 601 de 2000, bajo el entendido de que la facultad otorgada a la administración distrital para fijar la base gravable mínima del impuesto predial está referida al Concejo del Distrito Capital, como organismo administrativo de representación popular competente para ejercer la potestad impositiva en los términos del artículo 338 de la Constitución Política”.

Es decir que a 1º de enero de 2002 el Alcalde Mayor tenía la facultad de expedir el decreto que estableciera las bases presuntas mínimas para el año 2002; sin embargo, una vez en firme la sentencia de constitucionalidad de la Ley 601 de 2000 que condicionó la exequibilidad de la disposición que regula el procedimiento de fijación de la base gravable mínima para los predios que no tienen avalúo catastral, en que el ente competente para expedir el acto administrativo que así lo determinara fuese el Concejo Distrital, debe aplicarse el Acuerdo 56 de 2002.

2. Aplicación del Acuerdo de 56 de 2002 a partir del 1º de enero de 2002.

En principio, analizaremos las disposiciones constitucionales en relación con el tema de la irretroactividad en materia tributaria, para después analizar el alcance dado a estos preceptos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional a través de sus distintos fallos.

El artículo 363 de la Carta Política señala que las leyes tributarias no se aplican con retroactividad; a su turno, el último párrafo del artículo 338 señala que los acuerdos que regulan contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un período determinado, no pueden aplicarse sino a partir del período que comience después de iniciar la vigencia del respectivo acuerdo.

Ahora bien, si la Constitución señala la irretroactividad de las normas tributarias, es la Corte Constitucional que a través de sus jurisprudencias han establecido excepciones a este principio, cuando la nueva norma tributaria sustancial sea más favorable al contribuyente y justamente así lo señaló en la Sentencia C-1251 del 28 de noviembre de 2001 en la cual permite la aplicación para el año gravable 2000 de la Ley 601 de 2000 expedida el 25 de julio de 2000 cuando ya se había iniciado el período gravable aduciendo su aplicación retroactiva por ser más benéfica para los contribuyentes:

“La jurisprudencia constitucional reconoce la posibilidad de aplicar en un mismo período la ley tributaria, cuando quiera que de esta medida no se derivan perjuicios económicos para los contribuyentes. Sobre este tópico, se ha expresado:

“Cuando la Constitución dice que las leyes tributarias “no pueden aplicarse sino a partir del período que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo”, la palabra “período”, por estar libre de cualquier calificativo, no coincide con la noción, más restringida, del período gravable anual característico de impuesto a la renta y complementarios. Si una norma beneficia al contribuyente, evitando que se aumenten sus cargas, en forma general, por razones de justicia y equidad, sí puede aplicarse en el mismo período sin quebrantar la Constitución. La prohibición contenida en esta norma está encaminada a impedir que se aumenten las cargas al contribuyente, modificando las regulaciones en relación con períodos vencidos o en curso. La razón de la prohibición es elemental: el que el Estado no pueda modificar la tributación con efecto retroactivos, con perjuicios de los contribuyentes de buena fe. Puesto que los descuentos son los que corresponden a las donaciones efectuadas en un período posterior a la vigencia de la ley, los mismos están encuadrados dentro de los límites de la Constitución.

Así pues, siendo favorable la medida que se examina bien podía aplicarse desde el período fiscal en el cual comenzó la vigencia de la Ley 601 de 2000, sin que con ello se esté desconociendo el canon 338 fundamental”.

Así mismo, la Corte Constitucional sobre la misma situación se ha pronunciado en el sentido de que se las normas tributarias generan efectos retroactivos benéficos o favorables a los contribuyentes, ellas no vulneran la Constitución y así lo manifiesta en sentencias como la C-527 del 10 de octubre de 1996, con magistrado ponente: Dr. Jorge Arango Mejía, al señalar:

“Hecha esta precisión, la Corte considera que la disposición atacada no contradice lo ordenado por la Constitución en el inciso 3º de su artículo 338, porque como el período de tiempo que va del 22 de diciembre de 1995, día de la publicación de la ley, al 31 de diciembre del mismo año, es precisamente el que comienza después de la vigencia de la ley, corresponde con el período señalado por la propia Carta, esto es, el que se inicia “después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo”. Sobre este particular, es necesario precisar que cuando la Constitución dice que las leyes tributarias “no pueden aplicarse sino a partir del período que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo”, la palabra “período”, por estar libre de cualquier calificativo, no coincide con la noción más restringida, del período gravable anual característica del impuesto a la renta y complementarios.

Si una norma beneficia al contribuyente, evitando que se aumenten sus cargas, en forma general, por razones de justicia y equidad sí puede aplicarse en el mismo período sin quebrantar el artículo 338 de la Constitución. La prohibición contenida en esta norma está encaminada a impedir que se aumenten las cargas al contribuyente, modificando las regulaciones en relación con períodos vencidos o en curso. La razón de la prohibición es elemental: el que el Estado no pueda modificar la tributación con efectos retroactivos, con perjuicios de los contribuyentes de buena fe”.

En Sentencia C-006 del 22 de enero de 1998, magistrado ponente doctor Antonio Barrera Carbonell sobre el tema de favorabilidad expuso:

“Cabe indagar que si las previsiones del inciso 3º del artículo 338 superior que se acaba de examinar se imponen como marco de la conducta legislativa para las regulaciones que suprimen o reducen una obligación tributaria, esto es, si la norma respectiva tiene aplicación a partir del período que se sigue después de iniciarse su vigencia, o puede comenzar a regir en forma inmediata.

La Corte Constitucional ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre el particular y su criterio constante sobre el tema ha sido, el de que no es aplicable, para estos casos, el inciso 3º del artículo 338, por razones de justicia y equidad”.

En Sentencia C-185 del 10 de abril de 1997 con magistrado ponente doctor José Gregorio Hernández Galindo sostuvo:

“Estas normas constitucionales plasman garantías en beneficios de los contribuyentes, pues tienen origen en la necesidad de evitar que un estado fiscalista abuse de su derecho de imponer tributos y pretenda dar a las normas que los plasman efectos hacia el pasado. Se trata, entonces, de normas favorables al contribuyente y como tales deben ser interpretadas y aplicadas”.

Con base en lo expuesto, podemos concluir:

1. Que el órgano competente para señalar las bases presuntas mínimas para aquellos predios que no cuentan con avalúo catastral es el Concejo de Bogotá y es en ejercicio de esa función que ha expedido el Acuerdo 56 del 3 de abril de 2002.

2. Que de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional debemos concluir que el Acuerdo 56 debe ser aplicado para la determinación de la base gravable del impuesto predial unificado correspondiente al año 2002, para aquellos predios que no cuentan con avalúo catastral, a partir del 1º de enero de 2002, al resultar favorable a los contribuyentes en comparación con los valores establecidos en el Decreto Distrital 948 del 28 de diciembre de 2001.

3. Que el Acuerdo 56 deroga las normas que le sean contrarias, es decir el Decreto Distrital 948 de 2001 y de tal manera, la base gravable mínima a aplicar para el año 2002 es de acuerdo con la tabla que se anexa.

4. Quienes ya hubieren presentado declaración por el año gravable 2002 aplicando el Decreto Distrital 948 de 2001, podrán presentar corrección por menor valor de la declaración inicialmente presentado, si es el caso.

Base presunta mínima del impuesto predial unificado para el año 2002 para aquellos predios a los cuales no se les ha fijado avalúo catastral

 Con régimen de propiedad horizontalSin régimen de propiedad horizontal
CategoríaValor en pesos por metro cuadrado de construcciónValor en pesos por metro cuadrado de terrenoValor en pesos por metro cuadrado de de construcción
Rurales$ 143.000$ 6.000$ 48.000
Recreativos$ 165.000$ 30.000$ 59.000
Zonas verdes $ 18.000 
Residencial:   
Estrato 1$ 106.000$ 18.000$ 14.000
Estrato 2$ 148.000$ 42.000$ 45.000
Estrato 3$ 224.000$ 101.000$ 80.000
Estrato 4$ 383.000$ 148.000$ 136.000
Estrato 5$ 458.000$ 188.000$ 181.000
Estrato 6$ 520.000$ 265.000$ 197.000
Industrial$ 294.000$ 108.000$ 134.000
Comercial$ 398.000$ 154.000$ 166.000
Instituciones financieras$ 1.236.000$ 224.000$ 201.000
Cívico institucional$ 387.000$ 101.000$ 138.000
Urbanizables no urbanizados y urbanizados no edificados:   
Estrato 1 y 2 $ 18.000 
Estrato 3 $ 71.000 
Estrato 4 $ 118.000 
Estrato 5 $ 153.000 
Estrato 6 $ 212.000 
Suburbanos$ 159.000$ 10.000$ 49.000

N. del D.: Este memorando concepto va dirigido a funcionarios Dirección Distrital de Impuestos.

________________________