México referente para el control de la calidad en el ejercicio del contador público en Colombia

Revista 56 Oct.-Dic. 2013

Natalia Robayo Nieto* 

Lina María Parra Castiblanco* 

Maricela Ramírez** 

(Colombia) 

*Estudiantes de VIII semestre de Contaduría Pública Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC 

**Contadora Pública Magister en Administración Económica y Financiera Docente Investigadora del grupo de investigación GIDICON UPTC 

Introducción

La calidad de la formación profesional de los contadores públicos ha cobrado gran relevancia durante las dos últimas décadas debido al alto impacto que tiene su actividad en el interés público (Rivera, 2010: 54). En tanto para evaluar la calidad del ejercicio profesional en cualquier disciplina, se crea el control de la calidad como un proceso utilizado para verificar que los resultados van orientados a las metas establecidas, realizando un diagnóstico o evaluación de todos los procesos que se llevan a cabo, corrigiendo los errores hallados para enfocarlos en los objetivos, o la búsqueda de un mejoramiento continuo.

Por su parte, el contador público debe enfocar sus esfuerzos para que a través del desempeño de la profesión, genere información financiera y no financiera destinada a crear valor para los clientes y usuarios (Blanco, 2006: 180), útil para la toma de decisiones y diseñada para el cumplimiento de las cualidades como relevancia, fiabilidad, representación fidedigna, verificabilidad, neutralidad, comparabilidad y consistencia (Turner, 2000).

La tendencia internacional establecida por la Federación Internacional de Contadores (IFAC) requiere de la existencia de una evaluación integral de competencias para garantizar una calidad mínima en el ejercicio profesional de la contaduría. Cada país, de acuerdo con su circunstancia, deberá plantear la mejor manera de cumplir con este requerimiento para no quedarse al margen de la esfera internacional (Rivera, 2010: 56).

Para el caso del control de la calidad del contador público en México, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. (IMCP) crea desde 1979 la Norma de Educación Profesional Continua (NEPC) como pronunciamiento que tiene por objeto reglamentar las actividades que deberán llevar a cabo los socios activos, miembros de las asociaciones inscritas. Asimismo, establece las facultades y obligaciones de las federadas y del propio IMCP, para difundir, promover, facilitar, vigilar y controlar el cumplimiento de dichas actividades (IMCP, 2011: 13).

Cabe mencionar la trayectoria del IMCP como federación fundada en 1923, conformada actualmente por 60 colegios de profesionistas que agrupan a más de 20 mil contadores públicos asociados en todo el país. Este organismo persigue como propósito primordial atender a las necesidades profesionales y humanas de sus miembros, para así elevar su calidad y preservar los valores que han orientado la práctica de la carrera de contador público (IMCP, 2013). En cumplimiento de la NEPC, el IMCP crea mecanismos de apoyo como la certificación profesional continua y el examen uniforme de certificación:

a) La certificación profesional es la constancia de que el Contador Público cuenta con los conocimientos, habilidades y destrezas requeridos para el ejercicio de su profesión. Fue creada por el IMCP el 1º de mayo de 1998 (Colegio de Contadores Públicos de México, 2013). Para obtener esta certificación la educación profesional continua se convierte en la actividad educativa permanente, programada, formal y reconocida, que el contador público debe llevar a cabo para su desarrollo profesional, con el fin de actualizar y mantener sus conocimientos en el nivel que le exige su responsabilidad social (IMCP, 2011: 13). La certificación separa el mercado educativo del laboral y reconoce que los conocimientos adquiridos en la universidad no son los únicos determinantes de las competencias demandadas en los diferentes espacios de trabajo (Rivera, 2010: 53).

b) Examen Uniforme de Certificación (EUC): es el instrumento de evaluación utilizado por el IMCP desde 1999, mediante el cual el contador público sustenta que alcanza una calificación aprobatoria que le permitirá obtener la certificación de su actualización técnica y capacidad profesional para ejercer eficientemente la contaduría pública (IMCP, 2012 b: 2).

Mientras tanto, para el caso colombiano tan solo se han realizado intentos de crear un sistema de control de la calidad, a través de proyectos de ley que no han sido aprobados por el Congreso de la República. Razón por la cual, se puede afirmar que en Colombia no existe un proceso de control de calidad en el ejercicio del contador público.

En este escenario el presente documento pretende señalar el camino recorrido por México, en torno al sistema del control de calidad del contador público y con base en las particularidades de la profesión en Colombia, plantear las características de su posible implementación.

1. Evolución del control de la calidad en México

México cuenta con una amplia trayectoria y logros importantes en la expedición de pautas para la profesión contable. Específicamente, en lo que respecta al control de la calidad del contador público en ejercicio, este país ha sido pionero en América Latina destacándose por la efectividad de los mecanismos implementados en esta materia.

 

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Los resultados alcanzados datan de 1977, cuando el IMCP se hace miembro fundador de la IFAC, adquiriendo el compromiso de adoptar y adherirse a los lineamientos emitidos por este organismo. Asimismo, para 1979 el instituto establece un programa de educación profesional continua, cuyo propósito es el de mantener un nivel de calidad en el contador público en beneficio de la sociedad; dicho programa se materializa con la aprobación y publicación de la primera NEPC, que establecía inicialmente el cumplimiento voluntario, de una puntuación mínima durante dos años, para todos sus miembros, llevando a cabo actividades de capacitación profesional con el fin de mantener actualizados sus conocimientos. De igual forma, a partir de 1982, su cumplimiento se hizo de carácter obligatorio.

Su observancia adquiere relevancia al ser reconocida oficialmente por las autoridades fiscales del país, ya que en 1992 con la modificación al Reglamento del Código Fiscal de la Federación, se establece que con la constancia del cumplimiento anual de la NEPC se llenaba el requisito de acreditar actualización profesional solicitada a los contadores públicos.

Si bien la NEPC lograba el objetivo de actualizar a los profesionistas, hacía falta un instrumento que permitiese partir, desde un mismo punto, a los contadores públicos interesados en tener el más alto nivel de servicio. Una desigual educación profesional había creado una nueva necesidad: tener a un contador público con los mínimos niveles de conocimientos y experiencia para atender a una sociedad requirente de la reevaluación de sus profesionistas (Pech, 2011: 27).

Es entonces cuando en mayo de 1998 se da uno de los sucesos más representativos de todo el proceso, nace la Certificación Profesional del Contador Público, impulsada por el IMCP y apoyada por el Compic(1), organismo que acuerda que el instituto es la única entidad profesional que cuenta con su respaldo para certificar a los contadores. De esta forma, entra en vigor el Reglamento para la Certificación Profesional de los Contadores Públicos, elaborado por el IMCP.

El objetivo principal de la certificación profesional es cumplir con una exigencia de la sociedad mexicana y, por otra parte, ser congruentes con lo que determinan los tratados de libre comercio suscritos por este país; en este contexto, la certificación profesional tiene la finalidad de mostrarle a la sociedad qué profesionales están actualizados y quiénes no (Corona, 2010: 6).

Durante el primer año, después de entrar en vigencia el proceso de certificación, se implementó la “Cláusula del abuelo”, la cual brindaba la posibilidad de que los contadores públicos que cumplieran con algunos requisitos relacionados con experiencia profesional y capacitación pudieran certificarse. En cierta forma, se consideró como un reconocimiento a los contadores públicos destacados en la práctica profesional; además, marcó un periodo de transición hacia la certificación profesional.

En 1999, al dar por terminada la vigencia de dicha cláusula, se aplica el primer EUC, como instrumento de evaluación para obtener dicha constancia. Adicionalmente, a partir del 2001 se reforma la NEPC y se consolida como la “espina dorsal” de la certificación, al constituir su cumplimiento como una opción para prolongar la vigencia de la certificación sin la necesidad de presentar nuevamente el EUC(2).

Este proceso de certificación es reconocido internacionalmente ya que en 2002 se firma entre el International Qualifications Appraisal Board (IQAB), el Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA), el American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) y el IMCP, un acuerdo de reconocimiento profesional mutuo. En octubre del 2003 dicho acuerdo es ratificado por los gobiernos de Canadá, Estados Unidos y México, en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Por otra parte, en febrero del 2005, la Dirección General de Profesiones (en adelante DGP) de la Secretaría de Educación Pública (SEP), presenta una invitación abierta a las asociaciones y colegios que deseen obtener el reconocimiento de idoneidad para llevar a cabo el proceso de certificación. Aunque el IMCP ya contaba con el reconocimiento del Compic y de los organismos internacionales ya citados, acudió a esta solicitud presentando los documentos requeridos. Así, en agosto del 2005, la DGP entregó al IMCP el “Reconocimiento de idoneidad”, siendo la primera institución en recibirlo.

Otro suceso importante en este proceso, se da en abril del 2008, cuando se toma la decisión de adoptar en México las Normas Internacionales de Auditoría (NIA), emitidas por la IFAC a través del International Auditing Assurance Standard Board (IAASB, por sus siglas en inglés), decisión que es aprobada, por parte del Comité Ejecutivo Nacional (en adelante CEN) del IMCP. De esta forma, la Comisión de Normas de Auditoría y Aseguramiento (CONAA)(3) inicia un periodo de estudio que consistió en identificar las principales diferencias entre la normatividad mexicana y la internacional, con el propósito de que en un periodo de tres años se diera el proceso de convergencia para adoptar dichas normas a partir del 1º de enero del 2012.

Aunado a lo anterior, la CONAA y el CEN aprueban en diciembre del 2008 y en enero del 2009, respectivamente, la Norma de Control de Calidad (NCC) la cual se basa en la Norma Internacional de Control de Calidad (ISQC, por sus siglas en inglés) emitida por la IFAC, y que es aplicable a las firmas de contadores públicos que desempeñan auditorías y revisiones de información financiera, trabajos para atestiguar y otros servicios relacionados. Esta norma entró en vigencia a partir del 1º de enero del 2010.

Finalmente, en el 2010 se da un nuevo logro en cuanto al proceso de certificación, con la creación de la Certificación Profesional por Disciplinas en materia de contabilidad, costos, fiscal, finanzas y contabilidad y auditoría gubernamental. Asimismo, durante el primer año se implementó la citada “Cláusula del abuelo”, con la aplicación, en diciembre del 2011, de los primeros exámenes de certificación por disciplinas.

Es indudable reconocer los grandes avances que ha tenido la contaduría pública en México, al incorporar su práctica profesional al mundo globalizado; en este entorno, el código de ética profesional, las normas de auditoría, las normas de información financiera (NIF), la norma de control de calidad, la norma de revisión de control de calidad, las NEPC, así como la otra normatividad aplicable, se han venido modificando y adecuando, para hacerlas acordes a las normas internacionales, lo cual además de ser una demanda de la comunidad de inversionistas, constituye una respuesta a la sociedad que requiere obtener confianza y seguridad en la información financiera de las entidades, y que esta sea comparable con la normatividad internacional (Lucio, 2012: 1).

1.1. La certificación profesional en el sistema de control de calidad del contador público en México

La certificación profesional es definida por el director general de profesiones de la Secretaría de Educación Pública de México como “el acto voluntario mediante el cual un profesionista, que cuenta con un título expedido por una institución de educación superior y cédula profesional con efectos de patente, se somete a un proceso de evaluación para hacer constar, públicamente, que posee los conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes necesarias para el ejercicio de su profesión o especialidad por un periodo determinado, señalado por el organismo competente dentro de un marco de ética profesional” (Corona, 2010: 6).

El proceso de certificación del contador público en México está definido por el IMCP, organismo que determina los requisitos para obtener dicha constancia, así:

En primer lugar, el contador público que aspire a certificarse debe dar cumplimiento a los siguientes requerimientos:

• Cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.

• Título profesional, el cual deberá comprobar que el aspirante tiene, por lo menos, dos años de haberse titulado.

• Constancia de práctica profesional por un periodo de cuando menos tres años, en actividades relacionadas con la contaduría pública.

• Aval de un contador público certificado.

En este orden, bajo el previo cumplimiento de los anteriores requisitos, se debe proceder a la sustentación del examen uniforme de certificación que, como se había mencionado, constituye el mecanismo utilizado por el instituto para otorgar la certificación a quienes lo aprueben.

El EUC tiene como propósito evaluar la capacidad de los profesionales para ejercer eficientemente la contaduría pública. Es, además, un mecanismo de protección para la sociedad, toda vez que garantiza que solo profesionales competentes en su área ejerzan avalados por la certificación (IMCP, 2012 a: 6).

Este examen está organizado por áreas (contabilidad, costos, fiscal, derecho, finanzas, auditoría, ética profesional) y subáreas. Para hacerse acreedor al certificado que reconoce el nivel de dominio deseado, el Consejo Técnico del EUC acordó obtener 70% de aciertos en el resultado global del examen (IMCP, 2012 a: 8).

De esta forma, los aspirantes que hayan presentado y aprobado el examen obtendrán su certificación profesional, con una vigencia de cuatro años, transcurridos los cuales se debe proceder a refrendar la certificación, es decir, a prolongar su vigencia. El IMCP ha determinado que no es necesario volver a sustentar el EUC para refrendar la certificación, sino que basta con acreditar el cumplimiento de la Norma de Educación Profesional Continua durante los cuatro años anteriores al vencimiento de la vigencia de la certificación.

La NEPC es expedida por el instituto y esta contiene las actividades que puede llevar a cabo un contador público para dar cumplimiento a la educación profesional continua, tal y como lo señalan las Normas Internacionales de Formación para los Contadores Profesionales, IES 7.

De esta forma, la norma contempla varias opciones para dar cumplimiento a dicho estándar:

• Recibir instrucción (conferencias, cursos, ponencias, especialidad, maestría, doctorado y programas de autoestudio, entre otros).

• Impartir instrucción (conferencias, cursos, ponencias, diplomados, carrera técnica, licenciatura, especialidad, maestría y doctorado, entre otros).

• Participar (comisiones relativas a la profesión, dirección de tesis e investigador en temas relativos a la profesión, entre otros).

• Producir (artículo, estudio o investigación, libros y boletines, entre otros).

• Presentar examen (examen de EPC obligatorio, EUC, Examen de Certificación por Disciplinas).

Cada una de las anteriores opciones presenta las diferentes actividades que se pueden llevar a cabo para dar cumplimiento a la norma. Las actividades contempladas en cada opción tienen un puntaje asignado por el instituto, teniendo en cuenta que el contador público debe reunir un mínimo de puntos cada año para manifestar el cumplimiento de la norma. Dicho puntaje varía según el propósito del profesional que puede ser: dar cumplimiento obligatorio a la norma, refrendar su certificación profesional o su certificación profesional por disciplinas y según al sector profesional en que desempeñe su actividad profesional (puede ser: sector independiente, sector académico e investigativo y sector empresarial y gubernamental).

1.2. Control de la calidad para las firmas de contadores públicos en México

Frente a la norma de control de calidad para las firmas de contadores públicos, el país azteca, dentro de su sistema de control de la calidad para el profesional contable cuenta, como ya se mencionó, desde el año 2010 con una Norma de Control de Calidad aprobada por la CONAA, la cual se basa en la Norma internacional de Control de Calidad emitida por el IAASB, comité perteneciente a la IFAC. Es aplicable a las firmas de contadores públicos que desempeñan auditorías y revisiones de información financiera, trabajos para atestiguar y otros servicios relacionados. Dicha norma surge en el proceso de convergencia a estándares internacionales pasando a ocupar un lugar importante en la estructura de las normas de aseguramiento de dicho país.

 

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A partir del 1º de enero del 2011 entra en vigencia la Norma de Revisión del Control de Calidad. Esta norma está basada en el principio de que un sistema que incluye un proceso de vigilancia continua y de actualización profesional, es la manera más efectiva de obtener un desempeño de alta calidad en el desarrollo de las actividades de los contadores públicos. Con este mecanismo se busca evidenciar que los contadores públicos dedicados a la práctica profesional de la contaduría pública independiente y que prestan sus servicios a través de una firma, cumplan con las normas de calidad dictadas por el IMCP (IMCP, 2011).

2. Situación actual del control de la calidad en la profesión contable en Colombia

En Colombia existen dos antecedentes importantes que buscaron en su momento crear lineamientos en torno al control de la calidad sobre el ejercicio del contador público, se trata de dos proyectos de ley que han sido presentados ante el Congreso de la República sin lograr su aprobación. Estas iniciativas perseguían poner en práctica procesos más estrictos, en cuanto a la inscripción del contador público y su posterior renovación a través de la educación profesional continua, buscando la mejora de la calidad del profesional contable.

El primer proyecto denominado “Ley de intervención económica” presentado al Congreso de la República en el año 2003, planteaba la adopción de los principios de buen gobierno y los estándares internacionales de contabilidad, auditoría y contaduría. En estos dos últimos estándares se proponían aspectos importantes en cuanto al control de calidad del contador público. Frente a la adopción de los estándares de auditoría, este proyecto establecía un modelo de control en el que se proponía la adopción de los ISQC de aplicación al ejercicio de la auditoría, norma adoptada por México desde el 2010, en la cual se enfatiza la independencia como principio fundamental en pro del fortalecimiento de la credibilidad de la profesión (CTCP, 2004: 89).

Además, se tendría en cuenta un control de calidad, en el que los contadores públicos que se dedicaran al ejercicio de la auditoría debían renovar cada dos años su tarjeta profesional, con lo cual se aseguraría que el contador-auditor se encontrara actualizado permanentemente y ejerciera su trabajo con un alto nivel de profesionalismo, responsabilidad y calidad (p. 90).

Por otro lado, en cuanto a la adopción de los estándares de contaduría se establecía la adopción de los Estándares Internacionales de Educación(4) (IES, por sus siglas en inglés) emitidos por el Consejo de Normas Internacionales de Formación en Contaduría (IAESB, por sus siglas en inglés) perteneciente a la IFAC y el establecimiento de la figura del contador profesional acreditado en persona natural y jurídica, en el ejercicio profesional público o privado. Para la inscripción del contador profesional acreditado persona natural, este debía contar con el título profesional universitario en contaduría, experiencia de un año en actividades relacionadas con el ejercicio de la profesión y haber aprobado un examen de Estado aplicado por el organismo gubernamental competente (Congreso de la República de Colombia Proyecto de Ley de Intervención Económica, 2003).

Para el caso del contador profesional acreditado persona jurídica, se requería de su constitución como tal, con objeto social basado en la prestación de servicios relacionados con la contaduría y la aprobación de la evaluación de su sistema de control de calidad del ejercicio de la profesión de la contaduría pública como persona jurídica, realizada por la Superintendencia de Sociedades, una vez obtenida dicha inscripción debía ser renovada cada cinco años por el mismo organismo (Congreso de la República de Colombia, 2003).

El otro intento se da en el Congreso de la República al gestarse el Proyecto de Ley 77 en agosto del 2012, en el cual se proponían cambios en la profesión, por un lado; para la inscripción del contador profesional se debía acreditar 3 años de experiencia en actividades relacionadas con la ciencia contable en general y bajo supervisión de un contador profesional, simultáneo a los estudios universitarios o posteriores a ellos. Además, esta inscripción debía ser renovada cada tres años acreditando la asistencia a cursos de educación continua no inferior a 80 horas en universidades o centros de educación no formal aprobados por la Junta Central de Contadores o el organismo que lo sustituyera (Congreso de la República de Colombia Proyecto de Ley 77, 2012: 1).

Otro gran cambio propuesto era la creación de la Unidad Administrativa de la Contaduría Pública en la que se encontraría el Consejo Técnico de la Contaduría Pública y el Tribunal Disciplinario de la Contaduría Pública, este último sería el encargado de realizar dichas inscripciones y su renovación mediante la Sala de Registro y Certificación de la Profesión, además de llevar a cabo programas de supervisión de los profesionales para verificar el cumplimiento del Código de Ética y los estándares de control de calidad de su trabajo, entre otros, mediante la sala de Inspección y Vigilancia (p. 5).

Al archivarse el Proyecto de Ley 77 del 2012 se argumenta que la normativa contable únicamente puede ser emanada por iniciativa del Gobierno Nacional, dadas las condiciones de la arquitectura legal basada en el derecho romano. Por lo tanto una propuesta de esta envergadura debe provenir del Ministerio del ramo, es decir, en este caso del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (Congreso de la República de Colombia, 2012).

 

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En cuanto al control de la calidad del contador público en Colombia, actualmente la Ley 1314 del 2009 menciona que en el proceso de convergencia a estándares internacionales de aseguramiento de la información(5), se reconocerá como referente la ISQC emitida por la IAASB.

Bajo este escenario, se puede afirmar que en Colombia no existe un sistema o mecanismo que comprenda un proceso de control de calidad para el profesional contable, por lo tanto este concepto de calidad se ve subestimado en la medida que al contador público se le exigen únicamente requisitos previos de experiencia y educación para adquirir la tarjeta profesional, no obstante, no se contemplan exigencias posteriores. En contraposición a esta situación cabe recordar que la educación no es solo la transmisión de un cúmulo más o menos amplio de conocimientos sino, también, la generación de actitudes vitales hacia el aprendizaje continuado (Humberto Cubides, 1999: 11).

3. Situación comparada de algunos aspectos relacionados con el control de la calidad: México - Colombia

A continuación se presenta un paralelo de algunos aspectos relacionados con el control de la calidad en México y Colombia.

 

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La tabla anterior muestra la cercanía que existe entre la normatividad mexicana relacionada con el sistema de control de la calidad y los estándares internacionales emitidos por la IFAC. Mientras tanto, para el caso colombiano se vislumbra un proceso incipiente de convergencia hacia dichos lineamientos.

4. Papel del tribunal disciplinario en el control de la calidad en México y Colombia

Ahora bien, los contadores públicos en el desempeño de sus funciones tanto en México como en Colombia se encuentran obligados a cumplir diferentes disposiciones de tipo disciplinario; el incumplimiento de estos requerimientos amerita la imposición de sanciones. La tabla 2 presenta el tribunal disciplinario y las sanciones contempladas en cada país:

 

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4.1. Características de las sanciones impuestas a los contadores públicos en México

Con base en los registros adelantados por el IMCP, del total de contadores públicos registrados y los dictámenes fiscales(6) presentados desde 1959 hasta 2010 “se considera que la cantidad de contadores sancionados es inmaterial, si bien es cierto que el número de sancionados y, particularmente, el de cancelados en los últimos años se ha incrementado, no representan un problema generalizado de actuación profesional” (Domínguez, 2012).

 

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De acuerdo a lo expuesto hasta este momento y teniendo en cuenta el tribunal disciplinario y las sanciones impuestas, se puede concluir que en México, el IMCP ejerce una función de control y vigilancia; no obstante, el instituto ofrece a sus socios espacios para el cumplimiento de la NEPC, a través de la certificación y el examen único de certificación, brindando un acompañamiento permanente en pro de la calidad.

4.2. Características de las sanciones impuestas a los contadores públicos en Colombia

Mientras tanto, en Colombia el tribunal disciplinario de la profesión contable es la Junta Central de Contadores, entidad adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Durante el periodo 2008-2012 este tribunal disciplinario ha sancionado a 318 contadores públicos. Respecto a las características de estas sanciones, se puede señalar:

Las sanciones se han impuesto a profesionales que desempeñan funciones como contadores públicos y revisores fiscales. En el grupo de otros se encuentran diversos cargos como: auxiliares, analistas contables y peritos auxiliares de la justicia, entre otros.

 

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Respecto a las causales que motivaron dichas sanciones se encontró que el mayor porcentaje corresponde a la expedición de certificaciones de situaciones contrarias a la realidad y al incumplimiento de las obligaciones profesionales; no obstante, dentro de las demás causales es de resaltar que entre los delitos penales se presentan: la falsificación de documento público y privado, el hurto agravado, el abuso de confianza y el lavado de activos (tabla 2). Estas cifras corresponden a los resultados de la evaluación realizada por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en el año 2009, quienes afirman que existe un “aumento exponencial de quejas de la Dirección de Impuestos y Aduanas nacionales (DIAN) ante el Tribunal Disciplinario de la JCC para sancionar a contadores o revisores fiscales por firma de documentos o declaraciones o certificados fraudulentos, con el fin de afectar al Estado colombiano y beneficiar a determinados contribuyentes”.

 

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Las sanciones que se imponen legalmente son: la amonestación, multa, suspensión y cancelación. La sanción que se presenta con mayor frecuencia es la suspensión (tabla 6).

 

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Respecto a las sociedades de contadores públicos sancionadas se presentan cuatro casos en el periodo 2008-2012, cuyas causas de sanción son las siguientes: i) Realización de publicaciones con manifestaciones y afirmaciones calumniosas e injuriosas en contra de colegas; ii) Realización de situaciones contrarias a la realidad financiera; iii) Atraso y manejo irregular de la contabilidad, y iv) Inhabilidad para ejercer.

En Colombia, el Informe ROSC (en español: Informe sobre Observancia de Códigos y Normas; en inglés: Reports on the Observance of Standards and Codes) elaborado en el año 2003 y actualizado en el 2009 por parte del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, señala que la JCC, adolece de la capacidad para funcionar como un regulador efectivo de la profesión contable (Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional, 2003: párrafo 15). Asimismo, afirma que en Colombia se cuenta con la Ley 43 de 1990 como reglamento de la profesión; no obstante, su contenido no es comparable con el Código de Ética de la IFAC (párrafo 19); situación que en pleno proceso de convergencia a estándares internacionales de información financiera y de aseguramiento requiere modificaciones en el corto plazo.

Ahora bien, revisando el papel de la JCC como tribunal disciplinario de la profesión, se puede concluir que su rol es correctivo, no preventivo, es decir, se ejerce la acción disciplinaria cuando ya se ha dado el incumplimiento de la norma y no antes. Luego no se vigila el acatamiento de la norma de forma efectiva. Además no ofrece espacios de capacitación y evaluación permanente. Cabe señalar que la JCC en estos momentos no cuenta con información del quehacer de los profesionales en sus diferentes especialidades, únicamente se tiene el registro de contadores públicos con tarjeta profesional; sin embargo, se desconoce, por ejemplo, cuántos contadores ejercen la revisoría fiscal, la auditoría financiera o la contabilidad propiamente dicha.

5. Implementación del sistema de control de la calidad en Colombia

Es importante resaltar la característica propia que envuelve el escenario del profesional de la Contaduría Pública en Colombia, debido a que la arquitectura de la normatividad contable se sustenta bajo las condiciones del derecho romano, por lo tanto, es desde la misma estructura del Estado que se han construido los diferentes referentes de la profesión. Esta situación condiciona el manejo de cualquier iniciativa de cambio “y se caracteriza por privilegiar una normativa de origen legal que limita la participación del sujeto activo del proceso informativo, ya que elimina sus interpretaciones y le obliga a actuar conforme a la ley” (CTCP, 2008: 21).

Es bajo este sustento que los proyectos de ley mencionados en apartes anteriores, tendientes a instaurar un sistema de control de la calidad en el ejercicio del contador público, no han sido aprobados, pues el legislador responde que el origen de estas iniciativas proviene de fuentes diferentes del Estado y por lo tanto no ha sido posible su aprobación por parte del Congreso de la República.

En estas circunstancias, una iniciativa en torno al sistema de control de la calidad para el contador público en ejercicio, debe provenir preferiblemente del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, organismo adscrito al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, encargado de ejercer las funciones de ente normalizador en el actual proceso de convergencia hacia estándares internacionales.

Teniendo como referente el proceso adelantado por el IMCP en México, es necesario resaltar las etapas en las cuales se podría llevar a cabo la implementación del sistema de control de la calidad en Colombia: 1) NEPC, 2) Certificación profesional y 3) Examen de certificación.

Conclusiones

Debido a que el papel del contador público trasciende el orden económico y social en el ámbito nacional e internacional, se requiere diseñar un sistema de control de calidad que permita evaluar de manera permanente las competencias de este profesional, en busca de garantizar un nivel óptimo de desempeño.

La trayectoria que desde 1977 ostenta México, en torno a la implementación del sistema de control de calidad, lo convierten en un referente valedero para países que como Colombia se encuentran en una etapa incipiente de convergencia hacia dichos estándares.

En Colombia la arquitectura de la normatividad contable basada en el Derecho Romano y los antecedentes en torno al control de la calidad en el ejercicio del contador público, dejan ver la necesidad de que las iniciativas que se presenten frente al tema se originen desde el Gobierno Nacional y surtan su debido trámite ante el Congreso de la República.

El camino recorrido por México en la implementación del sistema del control de la calidad del profesional contable marca una jerarquía en las etapas a seguir, en procesos similares:

1) Elaboración de la Norma de Educación Profesional Continua tomando como referente el IES 7, emitido por la IFAC;

2) Diseño de la metodología para la aplicación de la certificación profesional, y

3) Elaboración del examen de certificación.

Para el control de la calidad de las firmas de contadores y auditores el referente imperante es la Norma de Control de Calidad NCC1.

Es de resaltar el esfuerzo desarrollado en México al elaborar una Norma de Revisión del Control de Calidad en el año 2011, como mecanismo de vigilancia permanente y actualización profesional para el cumplimiento cabal de las normas de control de calidad emitidas por el IMCP.

Glosario de abreviaturas

CONAA: Comisión de Normas de Auditoría y Aseguramiento

EUC: Examen Uniforme de Certificación

IFAC: Federación Internacional de Contadores Públicos

IMCP: Instituto Mexicano de Contadores Públicos

JCC: Junta Central de Contadores

NEPC: Norma de Educación Profesional Continua

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Normatividad

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (2003) Proyecto de Ley de Intervención Económica de agosto 22.

— (2012a) Informe de ponencia para primer debate, Proyecto de Ley 77 del 2012.

— (2012b) Proyecto de Ley 77 de agosto 8.

(1) Compic - Comité Mexicano para la Práctica Internacional de la Contaduría Pública: Organismo integrado por las entidades más representativas de la contaduría pública del país que cuenta con la participación y asesoría permanente de las secretarías de Educación Pública, de Economía y de Gobernación.

(2) La vigencia de la certificación profesional del contador público en México es de 4 años.

(3) Organismo regulador en México.

(4) Los estándares internacionales de educación prescriben las buenas prácticas en el aprendizaje y desarrollo de los contadores profesionales.

(5) El aseguramiento privilegia la calidad de la información por encima de todo. Consiste en hacer que la información sea creíble, esto es, que el usuario pueda confiar en ella para la toma de decisiones. No se trata, entonces, únicamente de producir información y afirmar su contenido, sino de analizar el conocimiento inmerso en ella en función de los objetivos que se persiguen.

(6) Para efectos fiscales nos referimos al dictamen como el documento que suscribe el contador público, relativo a la naturaleza, alcance y resultados del examen realizado sobre los estados financieros; es decir, expresa una opinión profesional sobre el resultado de su trabajo (Domínguez, 2012).