“México va a completar 30 años de políticas antiobreras”

Revista Nº 166 Jul.-Ago. 2011

Entrevista realizada por Javier N. Rojasa Carlos de Buen Unna 

Asesor laboral 

Según el experto mexicano en Derecho Laboral, Carlos de Buen Unna, los tres últimos presidentes mexicanos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, adoptaron una postura política radical de derecha que se ha acentuado con los dos últimos gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN) de Vicente Fox y Felipe Calderón, en detrimento de los derechos de los trabajadores.

En entrevista con ACTUALIDAD LABORAL, este experto habló de otros aspectos críticos relativos a los derechos de los trabajadores en su país.

ACTUALIDAD LABORAL: ¿México tiene en su agenda alguna gran reforma de la legislación laboral?

Carlos de Buen Unna: No hemos tenido reforma laboral. Fuimos de los primeros en empezar a hablar de reforma laboral, en 1988. El primero fue Pinochet, en Chile. Desde aquel año, estamos discutiendo la reforma laboral y por los contrapesos (políticos) nunca se ha podido realizar. Estuvimos a punto de sacar una iniciativa malísima. Sumados los dos partidos tienen el 80% de la Cámara de Diputados y, sin embargo, al final se logró posponer. Llevamos 23 años discutiendo la reforma laboral y no hemos logrado más que un artículo de la ley que no tiene relación con el tema de productividad del trabajo.

A. L.: ¿Pero el país cuenta con una ley marco sobre el trabajo?

C. de B. U.: Tiene un Código Sustantivo del Trabajo y varias leyes que se cuelgan del mismo. Se trata de un Código objetivo. Contamos con una sola ley para el trabajo, que comprende tanto la parte sustantiva como la procesal. No hay leyes adicionales. Hay otras para los trabajadores burocráticos y hay regímenes particulares. Pero el grueso de las relaciones laborales se rige por una sola ley.

A. L.: ¿Esa ley ha obstaculizado el flujo de la inversión extranjera a México?

C. de B. U.: El derecho del trabajo no ha eliminado la inversión, no ha impedido la productividad ni el crecimiento económico. No obstante, ahora el discurso empresarial y gubernamental dice que se les deben quitar derechos a los trabajadores, porque hay que proteger al trabajo. No podemos proteger el trabajo y desproteger al trabajador.

A. L.: ¿Qué ideas giran en torno a una eventual reforma laboral?

C. de B. U.: Se sigue discutiendo si tenemos que flexibilizar las relaciones laborales. Hay cosas con las que estoy de acuerdo. Por ejemplo, establecer un periodo de prueba al inicio de la relación laboral; no lo tenemos. Me parece conveniente, pero no porque vaya a facilitar la inversión; creo que es lógico. En la relación laboral, si no hay un periodo de prueba, se casa el patrón con el trabajador y no sabe quién es.

A. L.: ¿A México le interesa promover una reforma laboral en función de atraer la inversión extranjera?

C. de B. U.: Eso es lo que le preocupa a la clase empresarial. Se trata de una mentira. Lo que quieren es abaratar más los costos laborales a como dé lugar. Esa es la verdad. La excusa es que necesitan flexibilizar. Por ejemplo, el tema del outsourcing (subcontratación) o de la tercerización está regulado en la ley del trabajo a través de la figura del intermediario, que se debe actualizar, porque las formas de evadir también van cambiando. Pero no está tan mal lo que actualmente dice la ley al respecto.

A. L.: ¿Qué busca la iniciativa privada orientada a flexibilizar los costos laborales?

C. de B. U.: Lo que pretenden es legitimar la intermediación. En lugar de decir que el verdadero patrón es el beneficiario de los servicios (prestados por un tercero), ahora plantean que el patrón real sea el intermediario. Eso es peligrosísimo, porque se lleva por delante muchos derechos de los trabajadores. Desde luego, el derecho a la estabilidad en el empleo, porque no es lo mismo que una empresa de verdad sea el patrón, quien lo ha sido siempre, que tiene una planta propia, maquinaria, marca, derechos de propiedad industrial, que es fuerte económicamente, a que el empleador sea una razón social que no tiene nada, pero que formalmente es el patrón. Entonces, quién va a garantizar, el día de mañana, si no le pagan al trabajador el salario, que aquella lo haga.

A. L.: ¿Qué otros efectos negativos ve al respecto?

C. de B. U.: La empresa intermediaria no genera utilidades formalmente, entonces se lleva de frente el derecho de asociación. En estas empresas tienen una práctica terrible en México; los famosos sindicatos que llamamos blancos, con contratos de protección patronal. Ahí un trabajador nunca se va a poder asociar, porque no conoce a los compañeros de trabajo, pues no son compañeros de verdad. Están todos en una misma nómina, pero no los conoce. Todo eso lo está pretendiendo legitimar tal propuesta.

A. L.: ¿No se ha presentado el ambiente político propicio en las cámaras legislativas para avanzar en la flexibilización de los costos laborales?

C. de B. U.: Han habido muchos intentos en 23 años, por parte de un partido político y de otro. En fin, los tres partidos políticos principales han planteado, en diferentes momentos, sus proyectos. El último, formalmente, es del PRI, que estuvo en el poder durante 70 años, hasta el 2000. Pero es una modificación a un proyecto que presentó, apenas hace uno o dos años, el PAN. No ha habido el clima político, eso es evidente. Tanto así que no se ha dado ninguna reforma en todos estos años. Pero las prácticas sí han cambiado mucho.

A. L.: ¿Qué quiere decir?

C. de B. U.: En estos 23 años, la evasión al cumplimiento de la ley laboral ha sido muy grande. Todo eso es vergonzoso. Creo que muy pocos trabajadores están en la nómina de las empresas para las que prestan sus servicios. Aquellos están contratados por terceros, la mayoría de las cuales son empresas de papel, sin ningún valor. Entonces, tenemos derechos como la participación en las utilidades que no cumplen más allá del 10% de las empresas. Eso ha explicado por qué hemos sobrevivido más de dos décadas hablando de la reforma sin reformar, porque la realidad sí ha cambiado.

A. L.: ¿Así se ha llegado a la flexibilización por fuera del marco legal?

C. de B. U.: Eso por un lado, pero, además, nuestra ley no es tan rígida como dicen. En realidad, en temas salariales, por ejemplo, el poder ligar el salario a la productividad, siempre ha sido posible en México. De hecho, tenemos un artículo en la ley según el cual, el salario se puede fijar por unidad de tiempo (hora, día, mes o año), por unidad de obra, a precio alzado o de cualquier otra manera. Entonces, cómo se va a flexibilizar más un artículo en el cual se dispone que el salario puede pactarse de cualquier manera.

A. L.: ¿La realidad económica también ha favorecido la reducción de los costos laborales?

C. de B. U.: En estos años, el salario mínimo ha caído probablemente un 20% de su valor. Sin modificar la ley, las políticas públicas han dejado que se abaraten los salarios a través de reducir el valor real del salario mínimo, o dicho de otra manera: de incrementarlo siempre por debajo de la inflación. Y eso provoca que, al final, lo relevante sea lo que cuesta el trabajador. A un empresario que va a invertir en un país determinado no le importa tanto saber si es difícil contratar o despedir, si es posible verse envuelto en juicios que pueden durar 4 ó 10 años, como en México, si tiene que pagar un aguinaldo o gratificación anual de 15 días de sueldo o si tiene que conceder determinados días de vacaciones. Al final, lo que le interesa saber es cuánto le cuesta, en promedio, un trabajador al año. Nos damos cuenta de que en 20 años, en México, ese parámetro (del costo laboral) se ha reducido enormemente. Entonces, para qué cambiamos la ley, si cada día los trabajadores son más baratos, sin haberla tocado, simplemente bajando los salarios reales.

A. L.: En ese contexto, ¿cuál ha sido el papel del Estado?

C. de B. U.: El PRI no ha sido el mismo en 1940, 1950, 1960, 1970 y 1980. En realidad, a partir de diciembre de 1982, cuando llega al gobierno Miguel de la Madrid, el PRI se mueve mucho a la derecha (política). Él, Carlos Salinas de Gortari, con quien se empieza a hablar de la reforma laboral, y Ernesto Zedillo son los últimos tres presidentes del PRI, pero fueron muy de derecha. Con todas sus políticas, los trabajadores perdieron poder adquisitivo. Luego viene el PAN, con Vicente Fox y, actualmente, con Felipe Calderón, quienes han sido más radicales a la derecha. Llevamos cinco gobiernos de seis años cada uno, al actual todavía le quedan dos años, pero vamos para 30 años de políticas antiobreras.

A. L.: ¿Y sin modificar ninguna ley?

C. de B. U.: Las políticas han sido totalmente antiobreras, muy tolerantes con las distintas formas de evasión de las responsabilidades patronales, con el outsourcing, dejando en el abandono a los trabajadores.

A. L.: ¿Qué otro problema afecta negativamente a los trabajadores?

C. de B. U.: La simulación casi absoluta en las relaciones colectivas de trabajo. México no tiene sindicatos de verdad. Son muy pocos los verdaderamente representativos, y a estos siempre los ha combatido el gobierno. No estamos hablando de delincuentes, sino del ejercicio de un derecho. Pero cuando cambió el gobierno del PRI al PAN, los sindicatos que habían sido armados por los gobiernos del PRI se entendieron perfectamente con los gobiernos del PAN, todos esos sindicatos corporativos corruptos. Entonces, han sido los aliados de un gobierno o del otro, de un partido o del otro y de los empresarios para reducir los derechos de los trabajadores.

A. L.: ¿Qué consecuencias ha tenido tal situación?

C. de B. U.: Cuando surge algún movimiento sindical independiente, más real, más representativo, el gobierno le pone todo tipo de obstáculos.

A. L.: ¿México tiene inspección de trabajo?

C. de B. U.: Existe, pero en el papel, en la práctica es casi nula. El inspector de trabajo en México no juega. Nosotros tenemos jurisdicción federal y estatal. Y algo parecido pasa en la inspección de trabajo; hay inspectores federales para ciertas empresas del ámbito federal, por ejemplo, de minería, petroquímica, siderurgia, de automotores, alimentaria. Las industrias más importantes son federales, y creo que no llegamos a 400 inspectores de trabajo en un país de 105 millones de habitantes y de alrededor de dos millones de kilómetros cuadrados. Realmente, no hay inspección. En el sector de minas, que es donde más se requieren los inspectores, hay más o menos uno por cada 100.000 mineros. La inspección del trabajo no opera.

A. L.: ¿Qué instancia le queda al trabajador para velar por sus derechos?

C. de B. U.: Está en una indefensión muy importante. Finalmente, el trabajador que tiene la posibilidad o conoce la ley, pues va a litigar cuando ha sido despedido injustificadamente y va a entrar en un juicio donde ni siquiera es un juez quien preside un tribunal, sino lo que llamamos juntas de consideración y arbitraje. Son tripartitas dentro del poder ejecutivo, de la administración pública, no del poder judicial, manipuladas por el gobierno federal o los gobiernos estatales. Y, si le va bien, a lo mejor gana un juicio, después de unos 5 o 6 años de litigio. Y si el juicio es más complicado, entonces, probablemente dure 10, 12 o 14 años.