Necesidad de la doctrina del levantamiento del velo en el derecho procesal chileno

Revista N° 25 Oct.-Dic. 2009

 

por Patricia Verónica López Díaz 

1. Introducción

A fines de la década de los noventa la doctrina jurídica perteneciente al sistema del derecho continental, también denominando sistema romanista, civil law o derecho codificado, comenzó a focalizar su atención en una técnica judicial de origen anglosajón conocida como disregard of legal entity(1), lifting the corporate veil(2) o piercing the corporate veil(3)—que se tradujo al español como doctrina del levantamiento del velo(4)—, cuyo propósito es prevenir y reprimir los abusos que los distintos integrantes de una persona jurídica puedan cometer al amparo del velo de la personalidad.

Lo propio ocurrió en la doctrina chilena, dado que dicha técnica judicial constituye una eficaz medida para combatir los abusos de la personalidad jurídica en los más diversos ámbitos del derecho, y, probablemente por ello, se enfocó su análisis desde una perspectiva del derecho sustantivo, recurriendo para ello a principios e instituciones propias del derecho civil, derecho laboral y, particularmente, derecho societario, que permitieron comprender el fundamento e importancia de dicha práctica judicial desde un punto de vista sustantivo, mas no procedimental(5). Ello determinó sin duda un gran avance en el estudio de la prevención y represión del abuso de la personalidad jurídica en la doctrina nacional y permitió invocar la doctrina del levantamiento del velo ante los tribunales nacionales, acogiéndola estos en más de una oportunidad —a pesar de no existir regulación legal expresa al efecto—, fundando su decisión en argumentos de derecho civil, laboral o societario, sin referirse en caso alguno al deber de transparencia procesal que pesa sobre el juez y al rol probatorio que aparece como consecuencia lógica de este deber que tiene la precisa finalidad de prevenir y reprimir las conductas contrarias a la buena fe, veracidad y lealtad procesal.

En este contexto resulta de fundamental importancia abordar el estudio y análisis de la doctrina del levantamiento del velo desde una perspectiva eminentemente procesal como una práctica judicial destinada a fortalecer el deber de transparencia procesal y el rol probatorio del juez en el proceso civil, a fin de revestir a dicha doctrina de fundamentos procesales sólidos que eviten que el juez —a falta de regulación expresa— soslaye su aplicación y lo impulsen, a la vez, a adoptar una visión cooperativa del proceso, situándose en el mismo nivel de las partes como un verdadero agente promotor y fiscalizador de la transparencia procesal.

En este mismo orden de ideas, como consecuencia lógica de este razonamiento y ad portas de un nuevo Código Procesal Civil, parece pertinente además proponer su consagración expresa en dicho cuerpo normativo a propósito de la buena fe procesal, con la finalidad de positivizar el referido deber ético-jurídico que ella conlleva para el juez y garantizar su aplicación en un sistema en que los jueces han evidenciado una verdadera reticencia a actuar a falta de ley que los faculte expresamente.

2. La doctrina del levantamiento del velo como técnica judicial: noción y características

La doctrina del levantamiento del velo puede definirse como aquella técnica judicial, en virtud de la cual es lícito a los tribunales, en ciertas ocasiones, ignorar o prescindir de la forma externa de la persona jurídica, para, con posterioridad, penetrar en su interior, a fin de "develar" los intereses subyacentes que se esconden tras ella y alcanzar a las personas jurídicas y bienes que se amparan bajo el velo de la personalidad, con el objeto de poner fin a fraudes y abusos, mediante la aplicación directa de las normas jurídicas a los individuos que pretendían eludirlas y la declaración de inoponibilidad de la persona jurídica respecto de los terceros que resulten perjudicados(6).

Esta noción es el resultado del análisis de distintas definiciones elaboradas por la doctrina de los autores que restringían la aplicación de esta práctica judicial al ámbito de las sociedades mercantiles y no ilustraban con precisión y exactitud el proceder del juez en la prevención y represión de ilícitos cometidos tras la cobertura formal de la persona jurídica(7). De allí que esta noción permita calificar la institución en comento como una técnica judicial, extraer ciertas características de ella(8) y determinar su fundamento, operaciones que resultan de trascendental importancia para enfocar su análisis desde el punto de vista del derecho procesal.

En efecto, desde una perspectiva jurídico-procesal la doctrina del levantamiento del velo es una técnica o práctica judicial y no un remedio destinado a sancionar el abuso de la personalidad jurídica a través de la declaración de inoponibilidad de la persona jurídica, dado que dicho planteamiento solo explicaría la naturaleza jurídica de la doctrina del levantamiento del velo desde la perspectiva del derecho civil. De hecho este ha sido el enfoque tradicional de la civilística, reduciendo el problema a un simple conflicto de normas, y, por consiguiente, a un problema de interpretación y aplicación de estas(9), soslayando la naturaleza jurídica procesal de dicha doctrina.

Es una técnica judicial, dado que su aplicación corresponde privativamente a los jueces a quienes asiste el deber procesal de prevenir y reprimir las conductas contrarias a la ética, transparencia y lealtad, imperativos estos que deben inspirar y prevalecer en todo proceso. La aplicación de esta técnica judicial es, por consiguiente, manifestación de un deber procesal, y, en consecuencia, deviene como obligatoria para el juez. Es precisamente en este carácter de deber en el que se advierte la dimensión ética y de valores de la aplicación de esta técnica, lo que permite argumentar su aplicación desde una perspectiva axiológica y deontológica.

En este contexto, resulta de toda lógica que puedan predicarse tres características de esta práctica judicial de vital trascendencia desde un punto de vista jurídico-procesal, axiológico y deontológico. En primer lugar, es una técnica judicial aplicable a todo tipo de persona jurídica que sea instrumentalizada; en segundo lugar, es una institución de verdad y, en tercer lugar, está inspirada en la jurisprudencia de intereses.

En efecto, esta técnica no se reduce solamente al abuso de la persona jurídica en las sociedades, dado que cualquier persona jurídica puede ser instrumentalizada por sus integrantes. Por otra parte, se trata de una institución de verdad, toda vez que existiendo contradicción entre el ente ideal persona jurídica y el mundo real el juez debe observar aquel y desatender este, aplicando los remedios que estime pertinentes(10). La práctica del levantamiento del velo pretende, por consiguiente, acortar la distancia entre la verdad material y la verdad formal, tratando de develar el abuso que subyace bajo el artificio de la personalidad jurídica.

Finalmente, puede sostenerse que se trata de una institución inspirada en la jurisprudencia de intereses, dado que permite a los jueces aplicar el denominado método de la observación de la realidad para descubrir la verdad subyacente bajo el manto de la personalidad de una entidad y no detenerse ante la forma externa de esta, por el solo hecho de existir una norma jurídica que consagra la existencia separada de la persona jurídica y sus integrantes(11).

3. Fundamentación jurídico-procesal, deontológica y axiológica de la técnica judicial del levantamiento del velo; vinculación con la ética procesal y el deber de transparencia

Establecida la naturaleza jurídica procesal de la doctrina del levantamiento del velo, cabe determinar el fundamento de dicha práctica judicial primeramente desde una perspectiva jurídico-procesal y, seguidamente, desde un punto de vista deontológico y axiológico que permitan explicar tal perspectiva, habida cuenta de la estrecha vinculación existente entre tales disciplinas y el derecho procesal.

Resulta importante señalar, primeramente, que la ética procesal es uno los principios básicos del debido proceso o procedural fairness, y que ella abarca el principio de buena fe procesal en sentido amplio y sus diversas manifestaciones, tales como la probidad procesal, el deber de veracidad, deber de lealtad y el deber de no formular alegaciones carentes de fundamento(12). Sin perjuicio de que las partes del proceso deben ajustar su conducta a tales imperativos(13), es el juez quien debe prevenir y controlar tal ajuste y reprimir las conductas contrarias a la buena fe, y, por consiguiente, contrarias a la verdad, desleales y fraudulentas. De allí que el juez deba develar y sancionar la mala fe, el fraude, la simulación, el abuso del derecho y el abuso o instrumentalización de la personalidad jurídica(14).

Este deber de reprimir y sancionar las conductas contrarias a la buena fe procesal es el que justifica que el juez recurra en los casos de abuso o instrumentalización de la personalidad jurídica a la técnica judicial del levantamiento del velo, advirtiéndose en tal hipótesis una manifestación concreta de la buena fe procesal, cual es el imperativo de transparencia que el juez debe garantizar durante la sustanciación de todo proceso. Pareciera ser que en este caso se está ante una nueva dimensión de la buena fe procesal poco explorada y desarrollada, que si bien puede subsumirse en parte en el deber de lealtad y veracidad, se advierte con mayor claridad y precisión bajo la expresión deber de transparencia, toda vez que aquellos no comprenden la totalidad de las hipótesis de abuso de la personalidad jurídica que puedan presentarse ni ilustra a cabalidad el fundamento y finalidad de esta técnica judicial.

La fundamentación inmediata de la aplicación de esta técnica judicial encuentra entonces su justificación jurídico-procesal en el deber de transparencia procesal, que se traduce precisamente en prevenir y sancionar todas las actuaciones contrarias a derecho realizadas al amparo de la persona jurídica.

En este sentido cabe señalar que precisamente el fundamento de la doctrina del levantamiento del velo desde un punto de vista sustantivo es el imperativo de transparencia en el tráfico jurídico, que, en el derecho chileno no está formulado expresamente en cuerpo legal alguno, pero puede colegirse de diversas disposiciones aisladas(15). El hecho que el principio de transparencia emerja como un fundamento jurídico unitario en esta materia es de toda lógica, puesto que se trata de prevenir sustantiva y procesalmente un mismo fenómeno, cual es el abuso de la personalidad jurídica, desde perspectivas diversas.

Esta fundamentación jurídico-procesal encuentra a su vez un sustento axiológico y deontológico, que configura los fundamentos mediatos de la aplicación de esta técnica judicial. Ello es así dado que el deber de transparencia procesal tiene un carácter axiológico evidente y se enmarca precisamente en la deontología, pues forma parte de la ética procesal.

Recuérdese que la deontología es aquella parte de la ética normativa cuyo objeto de estudio está constituido por los fundamentos del deber y las normas morales, razón por la cual es conocida como teoría del deber. Pues bien, en este contexto el juez tiene el deber ético y moral de reprimir y sancionar los abusos de la persona jurídica, velando que las partes del proceso cumplan sus deberes procesales en el marco del principio de transparencia, como especial dimensión del principio de buena fe procesal. Se trata de un deber de moralización del proceso(16), destinado a alcanzar la verdad real que oculta el manto de la personalidad jurídica.

La justificación axiológica de la aplicación de esta práctica judicial también descansa en dicho deber de transparencia procesal del juez, toda vez que este —en cuanto deber— reviste un carácter eminentemente axiológico, dado que el hombre —especialmente el juez— es precisamente un ser axiológico, pues no solo requiere conocer el mundo para transformarlo, sino que también lo somete a una valoración(17). El juez, en cumplimiento de tal deber valora la realidad presentada por las partes en el proceso y la califica como leal, honesta o transparente, según el caso, acogiendo la acepción restringida de la expresión valor, pues este se predica de una conducta determinada de quienes ahora ostentan la calidad de partes en un juicio(18).

4. La técnica del levantamiento del velo y el rol probatorio del juez en el proceso civil

La técnica judicial del levantamiento del velo también cumple un rol relevante en lo que se refiere al rol probatorio del juez en el proceso civil. En efecto, y como consecuencia del deber de transparencia procesal, el juez deberá aplicar esta técnica, de oficio o a petición de parte, lo que incide directamente en el principio de impulso procesal del juez, el rol probatorio que le asiste y contribuye a fortalecer la noción de proceso cooperativo(19), dado que este coopera junto a las partes a desplazar el manto de la personalidad jurídica utilizada para fines ilícitos.

Puede ocurrir, por ejemplo, que la persona jurídica sea instrumentalizada por sus integrantes y las partes soliciten al juez desestimar el artificio de la personalidad aportando las pruebas pertinentes al efecto. Así acreditarán, por ejemplo, la infracapitalización de una sociedad destinada a desplazar el riesgo desde los socios a los acreedores, la unidad de empresa entre diversas personas jurídicas o la constitución de una empresa unipersonal de responsabilidad limitada para que el empresario eluda el cumplimiento de obligaciones personales en fraude de sus acreedores. En cambio, si el juez durante la investigación advierte un abuso de la personalidad jurídica prescindirá de ella invocando la existencia de presunciones graves, concordantes y precisas al tenor del artículo 1712 del Código Civil(20), adoptando lo que la doctrina especializada ha denominado una función activa(21).

Así mismo, la utilización de esta técnica permitirá acreditar la infracción al principio de igualdad de armas en el proceso —equality of arms—, consagrado en el artículo 7.º del anteproyecto del Código Procesal Civil nacional(22), y evitar, por ejemplo, que un testigo declare como parte(23) con la finalidad de encubrir un ilícito que subyace bajo el artificio de la personalidad jurídica.

5. Aplicación de la técnica del levantamiento del velo en el derecho procesal civil chileno

La técnica judicial del levantamiento del velo solo ha cobrado aplicación en Chile a partir del año 2000, refiriéndose expresamente a ella los tribunales de justicia en dos fallos.

En efecto, una revisión jurisprudencial revela que la Corte de Apelaciones de Santiago prescindió de la personalidad jurídica de una sociedad anónima en sentencia del 25 de mayo del 2000 pronunciada en el caso Fraile v. Inmobiliaria Maya, aun cuando no se refirió expresamente a esta técnica judicial(24). Una situación similar se advierte en la sentencia de la Corte Suprema del 31 de octubre del 2001 en Vargas y otros v. Inmobiliaria Antuco(25).

Distinto es el caso de la sentencia pronunciada por la Corte Suprema el 31 de diciembre del 2002 en Inversiones e Inmobiliaria Future Land S.A v. Servicio de Salud Concepción(26) y en la sentencia de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas de 27 de marzo del 2008 en el caso Salomón Catrilef Hernández y otros v. Pesca Cisne S.A.(27), dado que en ellas los tribunales se han referido expresamente a la práctica judicial de levantar el velo de la personalidad jurídica(28).

Si bien el recurso a esta técnica revela un gran avance en la prevención y represión del abuso de la personalidad jurídica por parte de los jueces, no se advierte en estos pronunciamientos fundamento alguno invocado por tales magistrados que se refiera al deber de transparencia o rol probatorio del juez en el proceso civil. Ello se debe, probablemente, a la escasa difusión en la doctrina de esta técnica judicial —aun cuando de conformidad al artículo 170 n.º 5 del Código de Procedimiento Civil y 24 del Código Civil—, los jueces pueden fundar sus resoluciones en principios de equidad si no existe norma expresa —y a la falta de una norma jurídica genérica, tanto en el derecho sustantivo y particularmente en el derecho procesal civil—, que recoja y consagre expresamente esta técnica judicial cuya aplicación resulta obligatoria para el juez en los supuestos de abuso de la personalidad jurídica.

De allí que sea necesario —además de incorporarla expresamente como un remedio al abuso de la personalidad jurídica en el Código Civil en el título XXXIII del libro I, relativo a las personas jurídicas—, incardinarla en el anteproyecto del Código Procesal Civil a propósito de la buena fe procesal y consagrarla en el Código Procesal Civil definitivo.

6. Incardinación de la técnica del levantamiento del velo en el anteproyecto de Código Procesal Civil

El anteproyecto del Código Procesal Civil en su artículo 8.º consagra el principio de la buena fe procesal(29). Al respecto prescribe en su inciso primero que: "Las partes, los terceros, y en general, todos quienes deben acudir ante los tribunales deben ajustar su conducta a la dignidad de la justicia, al respeto de los derechos fundamentales de la persona humana y a la lealtad y buena fe procesal".

Agrega en su inciso segundo que "el tribunal, de oficio o a petición de partes, podrá adoptar durante el desarrollo del proceso todas las medidas que estime pertinentes para impedir o sancionar toda conducta u omisión que importe un fraude procesal, colusión o cualquiera otra conducta ilícita o dilatoria".

Este principio está estrechamente vinculado —como ya ha quedado establecido en los párrafos precedentes a propósito del rol probatorio del juez— al principio de dirección e impulso procesal, recogido en el artículo 6.º del anteproyecto que, en su inciso segundo, dispone que: "El tribunal deberá adoptar, a petición de partes o de oficio, todas las medidas necesarias que resulten de la ley o de sus poderes de dirección, para prevenir o sancionar cualquiera acción u omisión contrarias al orden o a los principios del proceso...", entre los que evidentemente se encuentra el principio de buena fe procesal.

La formulación de tales principios resulta de trascendental importancia para impulsar la aplicación de la técnica judicial del levantamiento del velo y otorgarle a esta la debida fundamentación normativa en el derecho chileno, habida cuenta que la única norma sustantiva que alude a ella es el artículo 12 de la Ley de Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada(30), restringiendo su aplicación solo a este tipo de personas jurídicas.

En este sentido, es conveniente incorporar a continuación de la parte final del inciso segundo del artículo 8.º del anteproyecto una alusión expresa a esta práctica judicial en los siguientes términos: "Así podrá prescindir de la personalidad jurídica cuando tenga fundadas sospechas que la persona jurídica ha sido constituida o utilizada para alcanzar fines contrarios al ordenamiento jurídico, declarando la inoponiblidad de ella respecto de las partes y terceros".

Conclusión

De lo expuesto precedentemente, se colige la importancia y trascendencia de la técnica judicial del levantamiento del velo en el fortalecimiento de principios cardinales del proceso civil, cuales son el principio de transparencia —como dimensión especial del principio de buena fe— y el principio de impulso procesal del juez.

Un análisis jurídico-procesal, axiológico y deontológico de esta técnica judicial revela que tales principios adquieren el carácter de deberes para el juez y permiten añadir un nuevo argumento a la fundamentación de la aplicación de esta técnica judicial en los casos de abuso de la personalidad jurídica. Así mismo, su consagración en la legislación procesal civil chilena resulta fundamental para propiciar e impulsar la aplicación de esta técnica judicial por los magistrados nacionales, fortaleciendo y robusteciendo, efectivamente, el principio de buena fe procesal en su dimensión de transparencia procesal y el rol probatorio y cooperativo del juez en el proceso civil.

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(2) Gallagher Lynn y Ziegler, P. Lifting the corporate veil in the pursuit of justice. En: Journal of Bussines Law, London: 1990, pp. 292-312.

(3) Barber, D. Piercing the corporate veil. En: Willamette Law Review. Willamette University Press, v. 17, n.º 2, Oregón, 1981, pp. 371-404; Thompson, R. B. Piercing the corporate veil an empirical study. En: Cornell Law Review, v. 76, n.º 5, julio, Nueva York: 1991, pp. 1036-1074; Ramsay, I. y M-Noakes, D. B. Piercing the corporate veil in Australia. En: Company and Securities Law Journal. Melbourne University Press, n.º 19, Melbourne: 2001, pp. 250-271.

(4) Cabe señalar que esta es la denominación más utilizada y conocida en lengua hispana, pero no la única, dado que también se ha empleado la denominación rasgamiento del velo corporativo -Cruz, M. Comentarios sobre la doctrina de rasgar el velo corporativo. En: Revista Jurídica de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Editorial Universidad Interamericana de Puerto Rico, v. 22, septiembre-agosto, Puerto Rico: 1987, pp. 153-177-, teoría de la penetración -Masnatta, H. El abuso del derecho a través de la persona colectiva. Teoría de la penetración. Orbir, Buenos Aires: 1967 y Lo Celso, R. M. Penetración de la personalidad en las personas jurídicas. En: Revista de Derecho Comercial y Obligaciones, año 9, Depalma, Buenos Aires: 1976, pp. 27-41-, superación de la persona jurídica -Verrucolli, P., Il superamento della personalitá giuridica della societá di capitale nella comon law e nella civil law. Giuffré, Milán: 1964 y Manes, P. Il superamento della personalitá giuridica. L' esperienza inglese. Cedam, Padova: 1999-, prescindencia de la personalidad jurídica -Pérez Fontana, S. La prescindencia de la personalidad jurídica. En: Revista de Derecho Comercial y Obligaciones, año 1, Depalma, Buenos Aires: 1967, pp. 86-102-, desestimación de la personalidad jurídica -Otaegui, J. Desestimación de la personalidad societaria. En: Revista de Derecho Comercial y Obligaciones, año 4, Depalma, Buenos Aires: 1971, pp. 137-149- e inoponibilidad de la persona jurídica -Richard, E. Personalidad de las sociedades civiles y comerciales, tipicidad e inoponibilidad de la persona jurídica como extensión de la responsabilidad de los socios o controlantes en el Derecho argentino. En: Revista de Derecho Mercantil, 193-194, Depalma, Madrid: 1989, pp. 864-874-.

(5) Véase Dörr Zegers, J. C. La doctrina del levantamiento del velo. En: Revista del Abogado, Colegio de Abogados, n.º 10, Santiago: 1997, pp. 14-17; López Díaz, P. La doctrina del levantamiento del velo y la instrumentalización de la personalidad jurídica. Lexis Nexis, Santiago: 2003; Mereminskaya, E. Levantamiento del velo societario. En: Gaceta Jurídica, Lexis Nexis, n.º 280, octubre, Santiago: 2003, pp. 17-39; Lara Aguayo, E. A. La crisis del concepto de persona jurídica y el levantamiento del velo. En: Gaceta Jurídica, Lexis Nexis, n.º 314, agosto, Santiago: 2006, pp. 13-27.

(6) Véase López, ob. cit., p. 64. En similar sentido Dobson, J. El abuso de la personalidad jurídica. Depalma, Buenos Aires: 1995, p. 11; De Ángel Yagüez, R. La doctrina del Levantamiento del velo en la reciente jurisprudencia. Civitas, Madrid: 1991, p. 18; Boldó Rodá, C. Levantamiento del velo y la persona jurídica en el Derecho Privado español. Aranzadi, Madrid: 1997, p. 30; De los Mozos, J. L., Derecho Civil. Método, sistemas y categorías jurídicas. Civitas; Madrid: 1988, p. 253.

(7) Entre otros Herrera Orregia, N. Teoría del disregard of legal entity: un enfoque basado en el abuso del derecho. En: Anuario de Derecho Comercial, n.º 1, Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo: 1984, pp. 55; Serrano González de Murillo, J. L. y Merino Jara, I. El levantamiento del velo en el marco de la defraudación tributaria. En: Revista de Derecho Financiero y Hacienda Pública, Editoriales de Derecho

Reunidas, Madrid: 1994, p. 673; Cabanellas de Las Cuevas, G. Derecho Societario. Parte General. La persona jurídica societaria. Buenos Aires: 1994, p. 68; Le Pera, S. Cuestiones de Derecho Comercial Moderno. Thompson, Buenos Aires: 1979, p. 137.

(8) Cabe señalar que pueden predicarse de la doctrina del levantamiento del velo otras características, tales como su carácter de operación cognoscitiva neutral, excepcional, no unitaria, autónoma y de efectos relativos -véase López, ob. cit., pp. 68-81-.

(9) Véase Cabanellas, ob. cit., p. 82; Freschi, C. R. Reformulación legislativa de la teoría de la persona jurídica. En: Revista de Derecho Comercial y Obligaciones, año 9, Depalma, Buenos Aires: 1971, p. 745; Marsili, M. E. Actualización de la teoría de la personalidad de las sociedades. En: Revista de Derecho Comercial, año 4, Buenos Aires: 1971, p. 9. Ilustrativo resulta en este sentido un pasaje de Molina Navarrete relativo a la doctrina del levantamiento del velo que refleja el planteamiento de los autores referidos anteriormente, pues señala que "no es sino una cláusula de estilo o una fórmula sugestiva -en definitiva, una nueva metáfora del derecho- utilizada para dar mayor impacto a una operación de interpretación y aplicación de normas, de conformidad a un procedimiento argumentativo complejo, orientado a garantizar las propias condiciones de efectividad o eficacia del ordenamiento" -véase Molina Navarrete, C. Persona jurídica y disciplina de los grupos. Publicaciones del Real Colegio de España, Bolonia: 1995, p. 113-.

(10) Véase Álvarez de Toledo Quintana, L. Abuso de personificación, levantamiento del velo y desenmascaramiento. Colex, Madrid: 1997, p. 34.

(11) La jurisprudencia de intereses surge como consecuencia del método de observación de la realidad utilizado por los estudiosos del derecho mercantil cuyo centro de investigación está determinado por el interés protegido por la norma jurídica. El objetivo de este método es investigar cuidadosamente las situaciones que puedan presentarse y sus efectos jurídicos en razón del interés protegido por el legislador, sin acudir a una disposición jurídica cuando está en entredicho alguna institución mercantil -Véase Álvarez de Toledo, L., ob. cit., p. 34 y Garrigues, J. Curso de Derecho Mercantil. Temis, t. I, Bogotá: 1987, p. 41.

(12) Respecto de la buena fe procesal, véase Picó I Junoy, J. El principio de la buena fe procesal. J. M. Bosh, Barcelona: 2003. Ilustrativo resulta en este sentido el artículo 14 del Código Procesal Civil brasilero, toda vez que consagra estas manifestaciones del principio de buena fe procesal en dicho precepto legal. En efecto, dicho artículo prescribe que son deberes de las partes y de todos aquellos que de cualquier forma participan en el proceso: 1. Exponer los hechos en juicio conforme a la verdad, 2. Proceder con lealtad y buena fe, 3. No formular pretensiones ni alegar defensas conscientes de que carecen de fundamento, 4. No producir pruebas ni practicar actos inútiles o irrelevantes respecto de una declaración anterior o determinados derechos. En este sentido resulta interesante señalar que la doctrina especializada ha entendido por deber de lealtad y buena fe la conciencia de actuar de acuerdo a derecho, según pautas de conducta socialmente adecuadas -Guilherme Marioni, L. y Mitidiero, D. Código de Proceso Civil comentado artigo por artigo. En: Revista Dos Tribunais, Sao Paulo: 2008, p. 112-.

No puede formularse un comentario similar respecto del artículo 247 de la Ley de Enjuiciamiento Civil española, dado que esta disposición tan solo prescribe en su parte pertinente que "los tribunales rechazarán fundadamente las peticiones e incidentes que se formulen con manifiesto abuso del derecho o entrañen fraude a la ley o procesal".

(13) Sobre los deberes de las partes Carretta Muñoz, F. Deberes procesales de las partes en el proceso civil chileno: referencia a la buena fe procesal y el deber de coherencia. En: Revista de Derecho de la Universidad Austral de Chile, v. 21, n.º 1, julio, 2008, pp. 101-127, disponible en: www.scielo.cl/pdf/revider/v21n1/art05.pdf.

(14) Al decir de De la Torre Díaz: "El juez debe prevenir todo pacto o acuerdo fraudulento que pueda producir daños y perjuicios; las desviaciones, maquinaciones y confabulaciones tendientes a un resultado lesivo, nocivo o perjudicial para terceros (...) el ejercicio de acciones a sabiendas que su contenido no corresponde a la verdad material o formal y careciendo por tanto de justificación constituye un abuso, fraude o corrupción procesal si se plasma con intención de engañar a un tercero" -De la Torre Díaz, F. J. Ética y Deontología Jurídica. Dykinson, Madrid: 2000, p. 365-.

(15) En tal sentido, véase el artículo 8.º y el artículo 478 del Código del Trabajo relativo al principio de primacía de la realidad y el artículo 444 y artículo 467 relativo a la transparencia patrimonial; artículos 1437; 1445, n.º 2.º; 1560 y 1069 del Código Civil que se refieren a la primacía de la voluntad real por sobre la voluntad declarada; artículo 84, n.º 2.º, y artículo 85 del DFL 252 que aluden a las limitaciones de los bancos en lo relativo a la concesión de créditos a personas naturales y jurídicas vinculadas directa o indirectamente a la propiedad o gestión del banco; artículos 9.º, 10, 12, 52, 53, 100 y 101 de la Ley 18045 que consagran la transparencia en el mercado de valores; artículo 88 de la Ley 18046 que establece limitaciones de participación de una sociedad anónima o coligada en una sociedad anónima y el artículo 90 que prescribe que los directores de una sociedad anónima deben dar a conocer a los accionistas los balances de la empresa y las memorias explicativas.

(16) Esta expresión ha sido empleada por la doctrina procesal. En tal sentido véase Montero Aroca, J. Ideología y Proceso Civil. Su reflejo en la buena fe procesal, disponible en: www.cadperu.com/virtual/file.php/1/moddata/data/3/10/219/IDEOLOGIA.pdf, p. 22, última consulta 7 de noviembre del 2008.

(17) Nuno Vizcarra, F. Filosofía, Ética, Moral y Valores. Thomsom, México: 2004, p. 35.

(18) La acepción abstracta de la expresión valor, en cambio, designa la cualidad de valer o ser valioso para hacer referencia tanto al bien como al mal. En este sentido se alude al mal como un bien negativo y al mal como un bien positivo -Véase Nuno, ob. cit., p. 35-. Sobre el valor como cualidad estructural véase Frondizi, R. ¿Qué son los valores? Fondo de Cultura Económica, Santiago: 1995, pp. 15-19.

(19) Véase Mitidiero, D. Pressupostos Teóricos para Formação de um Processo Civil Cooperativo. Sao Pablo Dos Tribunais, Sao Pablo: 2009, pp. 13-14.

(20) Un ejemplo es el caso Salomón Catrilef Hernández y otros v. Pesca Cisne S.A., de 27 de marzo del 2008. En este caso Salomón Catrilef y otros demandan la responsabilidad civil extracontractual por daño moral de la empresa Pesca Cisne S.A. en atención a que el capitán de la nave Maya V -de la cual ellos eran tripulantes- ingresó a aguas australianas para realizar actividades de pesca, existiendo prohibición expresa al efecto, -que dicho capitán conocía- lo que acarreó como consecuencia que ellos fueran apresados en Australia, condenados y expulsados de ese país. Dicha empresa presentó una excepción alegando que el referido capitán pertenecía a la empresa Alcimar S.A. Sin embargo, la corte recurriendo a la técnica del levantamiento del velo prescindió de la personalidad jurídica de tal empresa, invocando presunciones graves, precisas y concordantes en el sentido que ella -junto a otras- constituían una única empresa denominada Pesca Cisne S.A., y que esta era responsable de los perjuicios ocasionados a los demandantes, de conformidad al artículo 2320 del Código Civil -véase Sentencia de la Corte Suprema de Apelaciones de Punta Arenas, Salomón Catrilef Hernández y otros v. Pesca Cisne S.A. de 27 de marzo del 2008, rol 230-2007, disponible en: www.legalpublishing.cl-.

(21) En este sentido Taruffo, refiriéndose al juez activo o función activa del juez, señala que la adquisición de la pruebas por este se configura claramente como complementaria y supletoria con respecto a la actividad probatoria de las partes, con la consecuencia que cuando estas ejercen cumplidamente su derecho a deducir todas las pruebas disponibles y, por lo tanto, proveen al juez elementos suficientes para la comprobación de los hechos no hay ninguna necesidad de que el juez ejerza sus poderes -Taruffo, M. Poderes probatorios de las partes y del juez en Europa. En: Revista Ius et Praxis, v. 12, n.º 2, 2006, consultada el 15 de noviembre del 2008, disponible en: www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122006000200005&lng=es&nrm=iso-.

(22) El artículo 7.º del anteproyecto dispone que: "El tribunal deberá velar por mantener la igualdad de las partes en el proceso".

(23) En este sentido resulta emblemático el caso Dombo Beheer BV. v. The Netherlands, de 27 de octubre de 1993, citado en Janis, Mark W.; Kay, Richard S. y Bradley, Anthony W. European Human Rights Law: Text and materials. Oxford: Oxford University Press, 2008, pp., 793, 796 y 797.

(24) En este caso la Inmobiliaria Maya S.A, propietaria de un inmueble ubicado en San Miguel, decidió construir en este un edificio, encargando su construcción a la sociedad constructora Maya S.A., construcción que ocasionó perjuicios a las propietarias de la vivienda colindante quienes demandaron a la Inmobiliaria por 35 millones de pesos. Dicha inmobiliaria se opuso y responsabilizó a la constructora, con base en que ellas estaban relacionadas en infraestructura administrativa, medios y finalidad. En atención a esta consideración, la corte desestima la excepción interpuesta por la inmobiliaria y la condena al pago de los perjuicios demandados -Ibíd., pp. 473-477-.

(25) Este caso es muy similar al anterior, pues Constructora Antuco S.A. inició por encargo de Inmobiliaria Antuco S.A. la construcción de un edificio, procediendo a demoler el edificio existente, causando perjuicios a los vecinos quienes demandaron a dicha inmobiliaria. El primer Juzgado Civil de Concepción rechazó la demanda y fue la Corte de Apelaciones de Concepción, conociendo del recurso de apelación interpuesto por el demandante, el tribunal que acogió la demanda tras detectar una conexión utilitaria y patrimonial entre ambas sociedades y acreditar que la constructora era una sociedad de papel. La Corte Suprema rechazó el recurso de casación en el fondo interpuesto en este caso por manifiesta falta de fundamento, confirmando la resolución de la Corte de Apelaciones -Ibíd., pp. 477-483-.

(26) En este caso la Corte Suprema rechaza el recurso de amparo económico deducido por el Servicio de Salud de Concepción por Inversiones e Inmobiliaria Future Land S.A., con ocasión de la clausura del Club de Campo Valle Alto del Sol, atendiendo a que entre dicho club y la inmobiliaria existe una estrecha vinculación estructural y jurídica tendiente a un solo fin, cual es el desarrollo del proyecto inmobiliario y recreacional -véase Corte Suprema de Justicia, Inversiones e Inmobilaria Future Land S.A v. Servicio de Salud Concepción de 31 de diciembre del 2002, rol 4965-2002, disponible en: www.legalpublishing.cl-.

(27) Véase infra nota 20.

(28) Para un estudio acabado y actualizado de la evolución jurisprudencial en España, véase De Ángel Yagüez, R. La doctrina del Levantamiento del velo de la persona jurídica en la jurisprudencia. Civitas, Madrid: 2006.

(29) Cabe destacar que el principio de buena fe procesal solo se encuentra consagrado expresamente en el inciso primero del nuevo artículo 430 del Código del Trabajo en los siguientes términos: "Los actos procesales deberán ejecutarse de buena fe, facultándose al tribunal para adoptar las medidas necesarias para impedir el fraude, la colusión, el abuso del derecho y las actuaciones dilatorias".

(30) En efecto, dicho artículo en su letra c) contempla supuestos en que el legislador prescinde de la personalidad jurídica de una empresa individual de responsabilidad limitada, toda vez que establece que el titular de dicha empresa responderá ilimitadamente con sus bienes si la empresa celebrare actos contratos simulados, ocultare sus bienes o reconociera deudas supuestas, aunque de ello no se siga perjuicio inmediato.