Negociación colectiva, sindicatos de empleados públicos y el Decreto 1092 del 2012 (1)

Revista Nº 173 Sep.-Oct. 2012

Jairo Villegas Arbeláez 

Profesor de posgrado en la Universidad Externado de Colombia 

Conceptos preliminares

Tradicionalmente a los empleados públicos se les había negado el derecho a la negociación colectiva a partir de la absolutización de la teoría estatutaria, de los conceptos de empleado público y de contratación o convención colectiva, todo ello dentro de un criterio de reduccionismo legal.

Nuestra reflexión, por el contrario, tiene otra perspectiva.

Preliminarmente, precisemos y diferenciemos algunos conceptos, usualmente confundidos o absolutizados:

Se entiende por negociación colectiva un derecho sindical, de naturaleza procedimental o instrumental, de medio o mecanismo, inherente al derecho de asociación(2), “para regular las relaciones laborales”(3) en su contenido, que “comprende todaslas negociaciones que tienen lugar entre un empleador, un grupo de empleadores o una organización o varias organizaciones de empleadores, por una parte y una organización o varias organizaciones de trabajadores, por otra, con el fin de: a) fijar las condiciones de trabajo y empleo; b) regular las relaciones entre empleadores y trabajadores, o c) regular las relaciones entre empleadores o sus organizaciones y una organización o varias organizaciones de trabajadores, o lograr todos estos fines a la vez”(4).

Negociación colectiva, es así el género(5), el medio, la forma, el procedimiento, el mecanismo, lo adjetivo, el instrumento, “para regular las relaciones laborales” en su contenido, en tanto, sus resultantes o especies o contenidos sustantivos(6), dependerá de la naturaleza del vínculo laboral propio de cada uno los sujetos destinatarios de las respectivas “relaciones laborales”, así:

1. Al vínculo contractual propio de los trabajadores particulares y trabajadores oficiales, le corresponde la especie del tradicional contrato colectivo o convención colectiva(7), y

2. Al vínculo legal y reglamentario de los empleados públicos, le corresponde la especie del acuerdo(8) colectivo, implementable por la autoridad constitucional competente, para obtener su eficacia jurídica.

Adviértase así, que no es procedente absolutizar o refundir el género, el mecanismo, el medio o el instrumento: negociación colectiva, expresa, precisa y textualmente utilizado por el artículo 55 constitucional y el Convenio de OIT 151, con una de las especies: contratación colectiva o convención colectiva, regulada por la ley preconstitucional de 1950(9).

Tal absolutización expresa la confusión de un derecho constitucional en uno legal y conduce a la negación del derecho constitucional por vía de su reducción al legal.

Consecuencialmente se necesita, para evitar el equívoco común, en el que para los empleados públicos afirmamos el derecho de negociación colectiva en la especie del acuerdo colectivo y de ninguna manera incurrimos en el dislate constitucional de afirmar para los empleados públicos el derecho de negociación colectiva en la especie de la contratación colectiva o contrato colectivo o convención colectiva. A tal confusión se puede llegar, bien por vía directa y explícita, afirmando el derecho de contratación colectiva para el vínculo legal-reglamentario de los empleados públicos, o por vía indirecta o en sus efectos, al proponerse que el acuerdo colectivo, como los contratos, sea jurídicamente suficiente en sí mismo y no necesite por tanto implementación o instrumentación por parte de la autoridad constitucional para obtener su eficacia.

A la categoría laboral o especie del empleado público, es de quien se afirma el derecho de negociación colectiva sindical, entendiendo al empleado público como una categoría o especie dentro del género del vínculo legal y reglamentario, caracterizada por el ejercicio de funciones en la administración, de naturaleza técnica y administrativa, en posición auxiliar o subordinada, carente de los atributos de autoridad, jurisdicción, dirección o de poder decisorio mediante actos externos, el empleo que por la naturaleza de las funciones pertenece a la carrera administrativa.

La otra categoría o especie laboral dentro del género del vínculo legal y reglamentario, es la de los funcionarios o agentes políticos, caracterizados por ejercer o representar la función, en el ejercicio de funciones de naturaleza política o de gobierno, en los altos cargos, con atributos de autoridad, jurisdicción, dirección y poder decisorio mediante actos externos o con funciones de naturaleza altamente confidencial o de confianza especialísima, que desempeña empleo que por la naturaleza de las funciones no pertenece a la carrera administrativa, es de ámbito discrecional o de libre nombramiento y remoción, de quienes se afirma la exclusión del derecho de negociación colectiva en la especie del acuerdo colectivo(10).

Adviértase, para evitar equívocos comunes, que desde el punto de vista laboral y del derecho de asociación sindical-negociación colectiva, jurídicamente no es lo mismo, ni se pueden absolutizar, confundir o refundir, la categoría o especie laboral de los funcionarios o agentes políticos como el Presidente de la República, los ministros, los directores de departamento administrativo, los superintendentes, gobernadores o alcaldes, con la otra categoría o especie laboral de los empleados públicos, tales como el portero, el auxiliar administrativo, el profesional universitario o el profesional especializado.

Entonces, el análisis del tema debe partir del presupuesto constitucional y legal, de existencia y diferencia, de los dos (2) vínculos laborales o “relaciones laborales”, entendidas como lo regula el artículo 55 constitucional, en plural, no en singular, con dimensión plural y no en dimensión singular: el contractual de los trabajadores oficiales y particulares, y el legal-reglamentario de los empleados públicos y, a partir de allí, igual y consecuencialmente, identificar la existencia y diferencia de dos (2) resultantes o resultados del procedimiento, mecanismo o instrumento consistente en la negociación colectiva, cuales son, el resultado de la convención o contrato colectivo, en el vínculo contractual, y el resultado del acuerdo colectivo en el vínculo legal y reglamentario de los empleados públicos.

Lo errado, es la absolutización o totalización en el contrato o convención colectiva exclusiva del vínculo contractual, como resultado de asimilar o confundir o refundir: el derecho constitucional de negociación colectiva, con uno de los resultados, el legal, de contratación o convención colectiva; asimilar o confundir o refundir: el género, el procedimiento, el instrumento, el medio de la negociación, con uno de los resultados: contratación, en el vínculo contractual, excluyendo y negando el otro resultado: el acuerdo, en el vínculo legal y reglamentario; el reducir el derecho constitucional de negociación para regular en plural “las relaciones laborales”, a una, en singular, de las “relaciones laborales”, cual es la contractual mediante el contrato o convención colectiva, negando así la regulación mediante acuerdo colectivo en la otra relación, la legal y reglamentaria de los empleados públicos.

Se concluye, precisando y aclarando, para evitar equívocos, que predicamos de los empleados públicos el derecho constitucional de negociación colectiva, cuyo resultado es el acuerdo colectivo, bilateral y negociado en su contenido previo, no suficiente en sí mismo y por ello, implementable o instrumentable por la autoridad constitucional competente.

No incurrimos en el disparate de predicar de los empleados públicos, el derecho de negociación colectiva cuyo resultado sea el contrato o convención colectiva, pues ello es constitucionalmente incompatible con su vínculo legal y reglamentario. Luego, es errado apreciar el derecho constitucional de Negociación colectiva de los empleados públicos, en relación con el derecho legal de contratación o convención colectiva. Ello no tiene ninguna relación, por la sencilla y elemental razón de ser esencialmente excluyente el contrato o convención colectiva y el vínculo legal y reglamentario.

Ha de tenerse en cuenta que la norma constitucional de 1886 sobre competencia de las autoridades para fijar en forma unilateral las condiciones de empleo de los empleados públicos, propia del Estado soberano, si bien subsistió en la nueva Constitución de 1991, también es cierto que se introdujo una nueva norma acerca de la comparecencia del Estado empleador al consagrarse el “derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales”(11), lo cual desabsolutizó y relativizó al Estado soberano con la presencia del Estado empleador.

Por ello el contenido previo de las condiciones de empleo se debe hacer en forma bilateral y negociada por parte del Estado empleador, mezclado en forma concurrente con la competencia del Estado soberano para fijar las condiciones de empleo mediante actos formalmente unilaterales.

El Código Sustantivo del Trabajo: artículos 414.4, 415 y 416

Ese Código de 1950 se ubica histórica y jurídicamente en una época precedida de luchas sindicales de los trabajadores particulares y oficiales, los del vínculo contractual(12)(13). Por ello, el Código, tanto en sus principios, como en su parte individual y colectiva, regula básicamente el contrato individual y el contrato colectivo, los sindicatos de trabajadores de vínculo contractual: privado u oficial. El CST es una expresión jurídica preconstitucional de 1991 y anterior a la vigencia de los convenios de la OIT(14) 151 y 154.

Ese Código Sustantivo de Trabajo de 1950(15), en lo relacionado con los sindicatos de empleados públicos, preceptuó lo siguiente:

Eufemísticamente, bajo la modalidad de “otorgarles” el supuesto “derecho” a presentar “memoriales respetuosos”(16) que la administración debía “recibir” y “procurar” resolver(17) en forma discrecional/unilateral,realmente lo que le estaba diciendo a los sindicatos de empleados públicos, era remitirlos al derecho de petición o de decisión discrecional-unilateral por la administración.

Esa norma, al decir eso y no decir nada, real y jurídicamente era lo mismo, dado que el derecho de petición o de decisión discrecional-unilateral por la administración, existía constitucionalmente para todos los ciudadanos, personas naturales y jurídicas. Para ocultar y engañar, solo le cambiaron el nombre “peticiones respetuosas” por “memoriales respetuosos”(18).

Concordante e integralmente preceptuaba, que los sindicatos de empleados públicos, por ser titulares del “derecho” a formular “memoriales respetuosos” o del derecho de petición de presentar “peticiones respetuosas”, de decisión discrecional-unilateral por la administración, obviamente “no pueden presentar pliegos de peticiones ni(19) celebrar convenciones colectivas” o contratos colectivos(20).

De Perogrullo es que si el vínculo laboral de los empleados públicos es legal y reglamentario, es obvio que no es un vínculo contractual(21) y por ello, es un imposible jurídico que mediando un vínculo legal y reglamentario, pueda haber contrato colectivo o convención colectiva “para fijar las condiciones que regirán los contratos de trabajo durante su vigencia”(22).

El Convenio de OIT 151 y su Recomendación 159, de 1978

Este convenio fue adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo de 1978, específicamente para la negociación colectiva en la administración pública, se denomina “sobre la protección del derecho de sindicalización y los procedimientos para la determinación de las condiciones de empleo en la administración pública”.

El Convenio 151/78 y su Recomendación 159/78, deben ser entendidos como norma específica “sobre los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la administración pública”, dentro de la perspectiva general de los convenios 98/49 “sobre la aplicación de los principios del derecho de sindicalización y de negociación colectiva” y 154/81 “sobre el fomento de la negociación colectiva”.

Contenido del Convenio 151

Destacamos como ejes principales los siguientes:

En forma integral y consustancial regula el derecho de sindicalización y de negociación colectiva de los empleados públicos. Esto es, reconoce al sindicato en su calidad de parte frente a la administración, y la negociación o sea la bilateralidad del Estado empleador, como procedimiento para el acuerdo colectivo sobre el contenido previo de las condiciones de empleo(23);

El Convenio 151 supera y relativiza el anti diluviano concepto autoritario o de la relación unilateral de empleo público, de arriba abajo, del Estado soberano omnipotente, en el que solo contaba la voluntad de la administración, y según el cual, la administración imponía discrecional y unilateralmente el contenido de las condiciones de empleo, y los sindicatos-empleados públicos debían limitarse a obedecer. Era una relación de servidumbre. Ese autoritarismo o unilateralismo de Estado, quedó para el museo de la vergüenza.

Ahora, en el Convenio 151, ya la administración no podrá imponer discrecional y unilateralmente el contenido. Por el contrario, la administración debe reconocer el derecho a la negociación colectiva del contenido previoen la que los sindicatos de empleados públicos son parte, en que hay “conflicto” colectivo y “solución” bilateral.

El núcleo o contenido esencial del Convenio 151, es el de “negociación entre las partes” para “la solución de los conflictos”colectivos de trabajo originados en el pliego de reivindicaciones formuladas por la organización sindical a la administración, para la “determinación de las condiciones de empleo” en su contenido, mediante autocomposición o “negociación entre las partes”, con ayuda de la “mediación, conciliación”, y de no ser posible el acuerdo, subsidiariamente, encontrar la solución a través de tercero mediante “el arbitraje”(24).

Según el contenido expreso del Convenio 151, existen “partes”, “conflicto”, “negociación” para la “solución”, bien por autocomposición “entre las partes” y por “mediación, conciliación” o en su defecto, por terceros a través del “arbitraje”.

Lo que repugna al texto, objeto y finalidad del Convenio 151, es suponer o afirmarque la “solución del conflicto” entre las “partes”sobre el contenido bilateral negociado por parte del Estado empleador, pueda ser impuesta en forma unilateral por la administración, por una de las partes.

No, lo que sí es unilateral, en la formao en la expedición, son los actos de cumplimiento o fijación de las condiciones de empleo, dada la competencia constitucional de las autoridades, del Estado soberano.

Pero, no se debe confundir ni refundir o asimilar, por ser distintos: el contenido bilateral negociado del acuerdo colectivo, del Estado empleador, que es previo y anterior, con el ejercicio posterior de la competencia constitucional del estado soberano para la expedición formalmente unilateral de los actos para el cumplimiento o implementación del acuerdo colectivo y fijación de las condiciones de empleo.

Se debe distinguir, no se puede confundir el contenido con la competencia constitucional, lo previo o preparatorio con el resultado, el medio con el fin, el recorrido con la meta, lo bilateral negociado con la competencia unilateral, el Estado empleador con el Estado soberano.

El Convenio 151 regula es el contenido bilateral negociado, previo del Estado empleador.

En su aspecto sustancial de “negociación” y “partes”, se trata de un “conflicto”, de un acuerdo colectivo, en su contenido material bilateral negociado, que no es suficiente en sí mismo, en razón del vínculo legal y reglamentario, no contractual, y por ello, para su ejecución o implementación, para su eficacia, es necesario que la autoridad constitucional con competencia: Congreso, Presidente de la República, asamblea-gobernador o concejo-alcalde, expida acto formalmente unilateral: ley, decreto o acto administrativo.

La expresión utilizada es “Acuerdo” colectivo(25). Adviértase que no es “contrato” colectivo o convención colectiva.

La Constitución de 1886 y la de 1991

Antecedente: Constitución de 1886

Con carácter absoluto normaba la competencia constitucional de las autoridades para fijar unilateralmente las condiciones de empleo de los empleados públicos.

Absolutamente unilateral, tanto en su contenido como en la expedición de los actos. Era el típico acto unilateral, tanto en su formación como en su expedición propio del Estado soberano.

Constitución de 1991

La situación cambió. Ello ha de tenerse en cuenta, no debe olvidarse, como se le olvida a los cultores del autoritarismo, del absolutismo unilateralista sobre los Empleados públicos.

La Carta de 1991 introdujo la presencia del Estado empleador, la bilateralidad en el contenido previoal consagrar el “derecho de negociación colectiva para regular las condiciones laborales” y conservó la competencia unilateral de las autoridades para fijar las condiciones de empleo de los empleados públicos, obviamente bajo el supuesto racional de ser concurrentes y compatibles las dos cláusulas constitucionales.

Ahora se trata de una situación “particular”, de un acto atípico, derivado de la comparecencia del Estado empleador, de la introducción del nuevo “derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales” y su armonización con la antigua atribución de competencia constitucional a las autoridades para fijar formalmente unilateral las condiciones de empleo de los empleados públicos propia del Estado soberano.

El acto, en su formación, en su contenido es bilateral por ser resultante de un procedimiento de negociación colectiva, aunque es formalmente unilateral dada la competencia constitucional de la autoridad. Es la mezcla del derecho laboral: bilateral, de negociación colectiva en el contenido, con el derecho público o de la unilateralidad formal de la autoridad en la expedición de los actos de recepción normativa del acuerdo.

En la Constitución de 1991 al consagrarse el nuevo “derecho a la negociación colectiva para regular las relaciones laborales”, en lo relacionado con los empleados públicos, se autolimitó al consagrar la comparecencia del Estado como empleador, en cuanto al contenido bilateral negociado y por ello, se desabsolutizó la unilateralidad y la relativizó en función de la competencia constitucional para la expedición del acto formalmente unilateral por el cual el Estado soberano fija las condiciones de empleo de los empleados públicos.

Entonces, el análisis no debe hacerse solo en función del absolutismo unilateralista de la Carta de 1886, sino de acuerdo con el nuevo derecho de negociación colectiva de la Constitución de 1991 y del Convenio 151, en cuanto el carácter relativo por el contenido bilateral negociado y la competencia formal unilateral.

Negociación colectiva: contenido bilateral negociado y competencia unilateral

Característica esencial del contrato, como fuente de obligaciones y derechos, predicable del vínculo laboral contractual es la de su eficacia y suficiencia jurídica en sí mismo y como ley para las partes. Es lo que se denomina eficacia perfecta o completa del contrato individual y del contrato colectivo o convención colectiva “para fijar las condiciones que regirán los contratos”(26).

Por el contrario, tratándose del vínculo legal y reglamentario, la Constitución Política atribuye la competencia legal y reglamentaria para regular laboralmente las condiciones de empleo de los empleados públicos, al congreso, al Presidente de la República, a las asambleas y gobernadores, a los concejos y alcaldes, según la materia y el nivel, conforme a un reparto reglado(27).

Así, dada la competencia constitucional, el acuerdo colectivo de la administración con los empleados públicos, de vínculo legal y reglamentario, por no ser, ni poder ser, constitucionalmente un contrato colectivo, en razón de no haber vínculo contractual, no es ni puede ser suficiente en sí mismo, “no tiene de por sí un valor normativo”, “no es inmediatamente eficaz”, “no tienen de por sí una eficacia obligatoria”(28), por cuanto su eficacia tiene una competencia constitucional y por ello está diferida o condicionada a su implementación o instrumentación o prohijamiento o incorporación o recepción normativa, en la ley, reglamento o acto administrativo, según sus materias y de acuerdo con la competencia constitucional.

Es lo que se denomina de “eficacia imperfecta o incompleta” o “condicionada” o “pendiente” o diferida(29).

Entonces, el acuerdo colectivo es un “presupuesto”, un “acto preparatorio”, un “hecho portador de derecho”(30) que vincula a las partes, política y éticamente, según el principio de la buena fe y compromete al Estado en el contenido material de la posterior ley, reglamento o acto administrativo por el cual se implemente o instrumentalice el acuerdo colectivo, aunque por su forma: ley, reglamento o acto administrativo, es unilateral.

Contenido material bilateral y competencia unilateral

En el acuerdo colectivo distinguimos entre su contenido material previo de origen y naturaleza negociada o bilateral y su eficacia jurídica, condicionada o diferida a instrumentos formalmente unilaterales, como es la ley, el reglamento o acto administrativo(31).

No se trata entonces del típico acto unilateral en su formación, pues su contenido es producto de la negociación colectiva o bilateral. Tampoco se trata del clásico acto bilateral, en su expedición, pues formalmente es unilateral, dada la competencia constitucional de la autoridad que lo expide. Es entonces, un acto de efectos biunívocos o recíprocos, producto de la alteridad, resultante de la bilateralidad en su formación o contenido, por negociación, y de la unilateralidad formal en su expedición. Es un tipo especial de acto administrativo, propio de la relación de empleo público y de la negociación colectiva en el vínculo legal y reglamentario de los empleados públicos(32).

Ello, porque en el acuerdo colectivo “se mezclan en proporciones singulares” elementos del derecho laboral: negociación colectiva o bilateralidad del contenido material, con elementos de derecho público: ley, reglamento, acto administrativo, unilateral en su aspecto de forma(33), de manera tal que se trata de un fenómeno sui generis, dado que cuando hay negociación, la administración debe negociar el contenido material del acuerdo colectivo con la intervención sindical y el acuerdo colectivo a su vez necesita una implementación o instrumentación formalmente unilateral por parte del Estado(34).

Corte Constitucional, compatibilidad

En la sentencia(35) de control de constitucionalidad(36) del Convenio 151 y de su Ley aprobatoria 411/97 previa a su ratificación, la Corte al referirse a los artículos 7º y 8º del Convenio 151, afirmó el derecho de negociación colectiva de los sindicatos de empleados públicos para regular las relaciones laborales y la concertación para participar en la determinación de sus condiciones de empleo(37).

Aplica la Corte el “principio hermenéutico de armonización concreta o de concordancia práctica, según el cual siempre se debe preferir aquella interpretación que permite satisfacer simultáneamente las normas constitucionales en conflicto” y por ello, aunque pareciera incompatible, afirma que “sí es posible hacer compatible la facultad que tienen las autoridades de señalar unilateralmente las condiciones de trabajo de los empleados públicos, con el deber del Estado de promover la solución concertada de los conflictos laborales y con el derecho de los empleados públicos a participar en estas determinaciones”(38).

El Decreto 1092 del 2012

El Decreto 1092 del 2012 no corresponde aún, integralmente, al precepto del artículo 55 constitucional sobre “el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales” ni al Convenio 151 sobre “Procedimientos para la determinación de las condiciones de empleo en la administración pública”.

Sin embargo, debe advertirse, que el Decreto 1092 del 2012 representa avances sustancialmente importantes frente al Decreto 535 del 2009, tales como:

— El Decreto 535 del 2009 era aquel “por el cual se reglamenta el artículo 416 del CST”, esto es, estaba anclado sobre una norma preconstitucional derogada(39), que integralmente en sus artículos 414.4, 415 y 416 reguló el derecho de petición, “los memoriales respetuosos”, de trámite y solución administrativo unilateral, para los sindicatos de empleados públicos. El Decreto 535 del 2009 era así un pretexto y un medio para desconocer y violar el derecho de negociación colectiva consagrado por el Convenio 151 en concordancia con el artículo 55 constitucional.

Mientras que el Decreto 1092 del 2012, es aquel “por el cual se reglamentan los artículos 7º y 8º de la Ley 411 de 1997 en lo relativo a los procedimientos de negociación”, que es la ley aprobatoria del Convenio de la OIT 151 “sobre la protección del derecho de sindicalización y los procedimientos para la determinación de las condiciones de empleo en la administración pública”.

Las normas reglamentadas y los decretos reglamentarios, son sustancialmente distintos: en el Decreto 535 del 2009, hay normas preconstitucionales de estirpe autoritaria y unilateralista, referidas al derecho de petición sindical(40); mientras que en el Decreto 1092 del 2012, lo reglamentado es el Convenio de la OIT 151 sobre el derecho sindical de negociación colectiva(41);

— El Decreto 535 del 2009 pretendió reglamentar un inexistente “derecho de concertación de los empleados públicos”(42),mientras que el Decreto 1092 del 2012 reglamenta el derecho sindical de “negociación... de las condiciones de empleo de los empleados públicos...”(43);

— El Decreto 535 del 2009 estuvo soportado en las “peticiones... respetuosas”(44) que es la misma terminología del derecho de petición consagrado en el artículo 45 de la Constitución de 1886 y en el artículo 414.4 del Código Sustantivo del Trabajo; mientras que el Decreto 1092 del 2012 está referido a la negociación colectiva, al Convenio 151, a la “Negociación del pliego” sindical(45).

— El Decreto 535 del 2009 por corresponder a la imposición unilateral del Estado, al derecho de petición, obviamente no mencionaba los conceptos jurídicos de “pliego”, “partes” y “negociación colectiva”, los que sí utiliza el Decreto 1092 del 2012, como avance cardinal(46), dado su objeto de negociación colectiva.

(1) Tomado de nuestra obra “Negociación colectiva y empleados públicos”, 4ª Edición, Librería Ibáñez, 2012.

(2) C. Const., Sent. C-161/2000. Ojeda Avilés, Antonio. El derecho sindical en América Latina. Montevideo. Ed. Fundación de cultura universitaria, 1995, pág. 144.

(3) En plural, conforme al artículo 55 constitucional.

(4) Convenio 154 de 1981 de la OIT “sobre el fomento de la negociación colectiva”, I.3, aprobado por la Ley 524 de 1999, ago. 12.

(5) Convención o contrato colectivo, una de las especies, C-063/2008, C-468/2008 y C-1234/2005. El concepto negociación colectiva no tiene dimensión unilateral, C-1050/2001.

(6) Pleno en la contratación colectiva y limitado en el acuerdo colectivo, según se desprende C. Const., Sent. C-377/98.

(7) CST, art. 467: “para fijar las condiciones que regirán los contratos de trabajo...”.

(8) Denominación utilizada por el numeral 3º de la Recomendación 159/78, reglamentaria del Convenio 151/78.

(9) CST, art. 467.

(10) Además de “los miembros de la Fuerza Pública” por estar excluidos del “Derecho de asociación sindical”, C.N., art. 39.

(11) Art. 55.

(12) Individual en el contrato individual y colectivo en el contrato colectivo o convención colectiva “para fijar las condiciones que regirán los contratos de trabajo durante su vigencia”.

(13) CST, art. 467.

(14) 87/48 y 98/49.

(15) Expedido por el D. 2663/50 modificado por el D. 3743/50, ambos originados en el estado de sitio: D. 3518/49.

(16) CST, art. 414, num. 4º.

(17) CST, art. 415.

(18) C.N. de 1886, art. 45: “Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a las autoridades, ya sea por motivos de interés general, ya de interés particular y el de obtener pronta resolución”.

(19) “Ni” es una “conjunción copulativa que enlaza vocablos o elementos análogos de una misma oración gramatical”, Diccionario de la Real Academia, 21ª edición, 1992, tomo 1, pág. 452 y tomo 2, pág. 1438. Pliego de peticiones y convención, son elementos análogos, unívocos, dado que el pliego es un proyecto de convención o contrato colectivo.

(20) CST, art. 416.

(21) Propio de los trabajadores particulares y trabajadores oficiales.

(22) CST, art. 467.

(23) Arts. 3º, 4º, 5º, 6º, 7º y 8º.

(24) Arts. 7º y 8º.

(25) Num. 3º, Recomendación 159, reglamentaria del Convenio 151.

(26) C.C., art. 1602; CST, arts. 467 y 469.

(27) Arts. 150, nums. 1º, 2º, 19, lit. e) y 23; art. 189, num. 14; art. 300, nums. 7º y 305; art. 313, nums. 6º y 315, num. 7º. Algunos aspectos, como permiso sindical, sede sindical, entre otros, son de competencia del nominador.

(28) Aunque sí “tienen carácter vinculante”, conforme a los “Principios sobre el derecho de negociación colectiva”, OIT, lit. e), y a los principios de la buena fe y de confianza legítima en el cumplimiento de lo pactado.

(29) Ortega. Ibíd., pp. 247, 248, 250 y 294; Marín. Ibíd., pp. 104 y 206; y Arenilla. Ibíd., p. 138.

(30) Ortega, óp. cit., pp. 247 y 292; y Marín, óp. cit., p. 151.

(31) Es el entendimiento de lo expresado por la C. Const. en las sentencias C-377/98 y C-161/2000, sobre exequibilidad de la Ley 411 y el Convenio 151 y la Ley 525 y el Convenio 154.

(32) Es el criterio de José Antonio García-Trevijano Fos en “Los actos administrativos”. Editorial Civitas. Madrid, 1986.

(33) Marín, óp. cit., pp. 4 y 104.

(34) Ortega, óp. cit., p. 290.

(35) C-377/98.

(36) C.N., art. 241.10.

(37) Conforme al art. 55 constitucional.

(38) Este criterio también aparece referido en sentencias posteriores: C-161/2000, C-201/2002 y C-1234/2005.

(39) Por el Convenio 151 aprobado por la Ley 411/97.

(40) D. 535/2009.

(41) D. 1092.

(42) Art. 3º.

(43) Arts. 1º y 3.6, 5º, 6º y 7º.

(44) Art. 4º, num. 2º.

(45) Arts. 3.6, 5º y 7º.

(46) Art. 3º, num. 6º: “Pliego de solicitudes” mas no de “peticiones” para distinguirlo semánticamente del lastre anterior referido al derecho “de petición”; “partes”, art. 3º, num. 4º y art. 7º, num. 5º; “Negociación colectiva”, desde el título, arts. 1º, 2º, nums. 6º y 7º, 5º, nums. 6º y 7º.