NIC en España: de un modelo contable prudente a uno basado en datos objetivos

Revista Nº 165 Mayo-Jun. 2011

Entrevista realizada por Javier N. Rojas

al catedrático Andrés Báez

Después de una polémica sobre la reforma de su modelo de contabilidad, en la que se analizó si, en materia tributaria, era adecuado o no incorporar plenamente las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), España entendió que no resultaba conveniente adoptarlas en bloque, sino que primero se debía revisar la normativa contable interna española, inspirada en la Cuarta Directiva de la Unión Europea de 1978, sobre balances empresariales, con el propósito de adecuarla a las NIC, asegura el catedrático de derecho tributario y financiero de la Universidad Carlos III de Madrid, España, Andrés Báez.

Esa decisión se concretó mediante el plan general de contabilidad del 2007. En consecuencia, el país ibérico estableció la aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad y de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para las cuentas contables consolidadas de los grupos económicos que cotizan en bolsa de valores, parámetros que posteriormente se extendieron a las cuentas contables de las empresas individuales. Por eso, España cuenta en la actualidad con un plan general de contabilidad adaptado conforme a las NIC, pero sin haberlas incorporado en bloque al ordenamiento tributario interno.

Antes del 2002, la regulación contable en el país ibérico, igual que en toda Europa, tanto para cuentas individuales como para cuentas consolidadas de grupos empresariales, se fundaba en la normativa contable interna que fue fruto de la transposición de las directivas sobre balance contables de la Unión Europea, en particular de la Cuarta Directiva, norma que no fija una regulación detallada, sino que estipula una serie de orientaciones generales y permite, además, que los estados miembros regulen la contabilidad, en detalle, de acuerdo con su propia realidad.

Según Báez, después de aprobado el Reglamento 1606 del 2002 por parte de la Unión Europea, que obligaba a ser aplicado en las contabilidades consolidadas de los grupos empresariales, pero no en las contabilidades de las empresas individuales, en el 2003 se produjo una pequeña reforma de la Cuarta Directiva, que se llamó de modernización, mediante la que se incorporaron algunos elementos de las normas internacionales de contabilidad.

Precisa que esta reforma tomó en cuenta lo siguiente: como para las cuentas contables individuales de las compañías era opcional la aplicación de las NIC, se introdujeron algunas reformas, de modo que no se alejaran mucho de las pautas establecidas para los grupos empresariales que presentaban cuentas contables consolidadas. Pero fue un ajuste de alcance marginal, asegura Báez, aunque se incluyeron los conceptos de valor razonable con el fin de facilitar la operación con instrumentos financieros y con otros papeles valores, y se hizo una pequeña reforma de la figura de provisión para riesgos y gastos.

El problema de la contabilidad tradicional europea basada en la Cuarta Directiva, en particular en algunos estados de Europa muy desarrollados como Alemania, era que se trataba de una contabilidad pensada fundamentalmente con el objetivo de proteger a los acreedores sociales. Es decir, procuraba evitar una sobredimensión de las utilidades que pudiera, en un determinado momento, favorecer un reparto de beneficios ficticios, situación que a su vez llevaba a la descapitalización de la sociedad.

Esas normas contables prudentes de protección social o con el objetivo de evitar la descapitalización, estaban extraordinariamente sesgadas, desde el punto de vista de la información que se requiere en un mercado de valores, porque incidían, en definitiva, en la determinación de un beneficio muy pequeño en las empresas o, en el fondo, tales normas facilitaban la práctica de diferir el beneficio, pues se podía anticipar el gasto y diferir el ingreso.

La idea fundamental de las normas internacionales de contabilidad, advierte Báez, no busca proteger a ningún potencial acreedor de una empresa, sino informar sobre la situación patrimonial, financiera y acerca de su estado de pérdidas o de utilidades.

La primera vez que España tuvo una ley de impuesto, seria y moderna, sobre las sociedades, fue en 1978. En aquella primera ley, la relación entre contabilidad y fiscalidad era muy confusa, porque en teoría la norma fiscal permitía la elaboración de un balance empresarial autónomo para fines fiscales. Es decir, la norma determinaba con precisión los ingresos y los gastos, al igual que la forma en que debían valorarse e imputarse temporalmente desde el punto de vista fiscal. El problema era que esa norma, en muchas ocasiones, lo que hacía era simplemente incorporar la norma contable. Y eso generaba una serie de problemas en torno a si la interpretación debía ser la misma para efectos fiscales que en lo tocante a los fines contables.

En 1995, la Ley 4395 aprobó un nuevo impuesto sobre las sociedades que parte de una filosofía completamente distinta, a la hora de determinar el beneficio gravable, la base imponible del impuesto, se remite a la normativa contable. Por tanto, parte del resultado contable, del saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias, para practicar posteriormente una serie de ajustes de naturaleza fiscal, que básicamente se refieren a amortizaciones, pérdida de valor de elementos patrimoniales, provisiones, gastos no deducibles, reglas especiales de valoración y precios de transferencia, entre otros aspectos. Con esa ley, la situación cambió completamente, pues de un balance fiscal autónomo se llegó a un modelo de dependencia en el que se tenía un resultado contable más unos ajustes fiscales.

Báez precisa que con la reforma del 2002, el marco esencial de 1995 se mantiene vigente. O sea que permanecen los parámetros contables de la Cuarta Directiva. No obstante, el problema en el frente tributario empezó a plantearse ese año, cuando el legislador español dispuso la reforma del plan general de contabilidad, con el objeto de adaptarlo a las normas internacionales de contabilidad. En tal contexto se analizó que se estaba remitiendo el procedimiento contable para fines fiscales de las empresas a la normativa contable. Pero si esta iba a cambiar, entonces se debía determinar en qué medida aquella reforma contable iba a tener efectos fiscales.

En consecuencia, en la Ley 16 del 2007, de adaptación tanto contable como fiscal al nuevo marco de las normas internacionales de contabilidad, se introdujeron algunos aspectos particulares mediante los cuales el poder legislativo trató de blindar a la administración tributaria frente a la nueva situación conforme a la que se adoptaban las NIC. Báez señala que estas reformas también fueron de limitado alcance.

Hoy la discusión se debe concentrar en esclarecer si las antiguas normas contables, prudentes o las nuevas normas contables, orientadas a la información objetiva en los mercados de valores, son las que mejor se adecuan a la realidad tributaria española. Báez considera curioso que en España casi no se hubiese debatido el tema de las NIC, sino hasta que la normativa estuvo en plena vigencia. Solo cuando se aprobó el nuevo plan general de contabilidad, mediante la Ley 16 del 2007 de “adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea” se empezó a discutir si las NIC eran o no realmente convenientes para el entorno tributario español.

Actualmente, el procedimiento tributario de las empresas ha cambiado porque la nueva normativa es muy distinta de la antigua. “Lo que sí está comprobado es que las normas internacionales de contabilidad provocan una anticipación de beneficios frente a las reglas tradicionales, pues la antigua contabilidad estaba sesgada por la prudencia, y esta llevaba siempre a diferir beneficios. Mientras que la nueva normativa está marcada básicamente por la información objetiva y eso significa anticipar el beneficio”, por lo anterior, “no es que haya aumentado la carga tributaria en términos netos, sino que es un problema de imputación temporal. Seguramente nuestras empresas van a empezar a tributar antes, por los beneficios, de lo que lo hacían anteriormente”, puntualiza el catedrático Andrés Báez.