No deducibilidad de las bonificaciones laborales ocasionales

Revista Nº 120 Nov.-Dic. 2003

Luz María Jaramillo y José Andrés Romero T. 

La interpretación de la DIAN, en materia de requisitos para la deducibilidad de gastos, es posible observarla en los siguientes casos: gastos por entrenamiento de personal, afiliaciones a instituciones y gremios, pago de la contribución a la Superintendencia de Sociedades, amortización de inversiones infructuosas en la industria petrolera y destrucción o pérdida de inventarios. Recientemente la autoridad tributaria consideró que no eran deducibles “las bonificaciones laborales de carácter ocasional”.

La oficina Jurídica de la DIAN, mediante su doctrina oficial: conceptos 57621 del 12 de septiembre de 2003, y 60291 del 23 de junio de 2000, ha considerado que “no son deducibles del impuesto sobre la renta, los pagos efectuados a los trabajadores por la mera liberalidad del empleador, como aquellos efectuados a título de participación de utilidades y bonificaciones ocasionales, por cuanto carecen del presupuesto de necesidad exigido en la ley para el efecto. La característica de esos pagos, de ser ocasionales y de depender de la liberalidad del empleador, desvirtúa el carácter de su necesidad y con ello se evidencia que no está presente esta condición dentro de los elementos esenciales del gasto para que tenga repercusión fiscal como deducción”.

La determinación de bonificaciones ocasionales o la participación que se otorga a los trabajadores en las utilidades de una compañía, no solo son una práctica comercial común del sector productivo nacional e internacional, sino que son una forma de reconocer al empleado una remuneración adicional por los logros obtenidos, por exceder las expectativas del patrono en materia de productividad o rentabilidad, o simplemente es un estímulo para motivar su buen desempeño, lo cual redundará en potenciales mayores ingresos para la compañía.

Para efectos de agregar elementos a la discusión, es importante diferenciar el requisito de “necesidad” de los gastos frente a la actividad productora de la compañía (E.T., art. 107), de la “obligatoriedad” de los mismos, por cuanto lo uno no necesariamente implica lo otro.

Si bien una bonificación laboral de carácter ocasional, que se calcula en relación con los resultados de la compañía o que proviene de la mera liberalidad del empleador, no es “obligatoria”, al no estar incluida dentro del acuerdo de voluntades celebrado entre las partes, sí es “necesaria” o relacionada con la renta producida, por cuanto es una forma de remunerar a los trabajadores de la compañía que aportan un trabajo indispensable para la productividad de cualquier economía.

El tema es aún más claro si tenemos en cuenta que, dentro del concepto de “pagos laborales” gravables, establecido por las normas tributarias, se encuentra incluido cualquier pago o abono en cuenta que tenga el objetivo de remunerar, de alguna forma, al trabajador y además se origine en la relación laboral, o legal y reglamentaria (E.T., arts. 87-1 y 383).

De acuerdo con lo anterior no compartimos la interpretación oficial de la DIAN. Consideramos que es una posición fiscalista que no se ajusta ni a la realidad económica de los negocios ni a las normas tributarias vigentes que, al final de cuentas, gravará a los trabajadores (interpretación regresiva), quienes podrían ver afectadas las bonificaciones ocasionales, pues para el empleador el costo de la bonificación se incrementaría con el costo fiscal del rechazo de la deducción.

Teniendo en cuenta el principio constitucional de justicia y equidad en materia tributaria, consideramos que el Estado no podría gravar las bonificaciones laborales, sin que sea deducible para la empresa. Lo anterior considerando que, de una forma u otra, se estaría generando un enriquecimiento injustificado a favor del Estado, que terminaría recibiendo el doble del tributo que le corresponde, esto es, de una parte el empleado podría estar pagando hasta el 35% de ese valor recibido por compensación adicional, mientras que la sociedad también estaría pagando el 35% por no poder reducir sus ingresos gravados con un gasto realmente incurrido.