“No es afortunado involucrar a toda la jurisdicción laboral en el fracaso de la oralidad”

Revista Nº 142 Jul.-Ago. 2007

Javier N. Rojas 

Especial para la Revista Actualidad Laboral 

Según Giovanni Rodríguez, titular del Juzgado 22 Laboral de Bogotá, que opera como piloto del nuevo esquema de oralidad en esta jurisdicción, no se puede responsabilizar a toda la jurisdicción laboral de la actual congestión en esta materia.

Este abogado, egresado de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, también se ha desempeñado como juez laboral en Chiriguaná (Cesar) y Riohacha (La Guajira).

En diálogo con Actualidad Laboral, el juez Rodríguez explica las razones por las cuales cree que el nuevo modelo de oralidad en la jurisdicción laboral brindará un mejor entorno para la administración de justicia en los conflictos surgidos entre empleadores y trabajadores. Así mismo, habla de otros aspectos que le permiten tener una visión optimista de la nueva figura.

Actualidad Laboral: ¿Por qué la oralidad original de la jurisdicción laboral no operó en el país?

Giovanni Rodríguez: Estimo que para que pueda operar la oralidad, necesariamente se requiere de espacio y tiempo. Quizá no sea afortunado generalizar o involucrar a toda la jurisdicción laboral en el fracaso de la oralidad, puesto que los jueces no tienen el mismo tiempo y espacio para desarrollar sus actividades. Por ejemplo, no es conveniente comparar el trabajo de un juez laboral de Riohacha (La Guajira) con el de uno de Bogotá, Medellín, Barranquilla o Cali. Esto lo digo con conocimiento de causa, toda vez que he estado en los dos escenarios; mientras en Riohacha, se manejan, en promedio, 200 procesos con trámite anual —donde hay dos juzgados laborales—, en Bogotá, se pueden tramitar 20.000 procesos en los 20 juzgados tradicionales, sin incluir los dos juzgados pilotos.

A. L.:¿Cómo se explica esa situación?

G. R.: Ello es lógico por las mismas condiciones socioeconómicas de cada región. La existencia y creación de empresas e industrias y la generación de empleo es mayor en una ciudad de más de 8 millones de habitantes que en una que tiene 200.000. Estas particularidades redundan en la cabal aplicación de la oralidad. En Riohacha, se hacen cuatro audiencias diarias en diferentes horarios, es decir, existe la comunicación directa entre las partes y el juzgador en el discurrir de toda la actividad judicial, con obvia trascendencia en el recaudo probatorio, conocido como el principio de la inmediación. En Bogotá, por el contrario, es usanza adelantar 25 ó 30 vistas públicas en los distintos juzgados, practicando 4 y 5 audiencias al mismo tiempo. Naturalmente, también hay excepciones loables de dinámicas procesales ágiles por parte de algunos despachos.

A. L.:¿Cuál es el efecto?

G. R.: Por esa razón, la oralidad en la jurisdicción laboral no opera en Bogotá; no es humanamente posible el principio de la inmediación, con el alto volumen de procesos que existen. Creo que lo mismo pasa en la ciudad de Barranquilla, pero tal aspecto no me consta por percepción directa. De otra parte, los juzgados pilotos de oralidad en materia laboral en Bogotá tienen a su favor el haber iniciado descongestionados, al igual que se estableció un porcentaje de reparto inferior al que actualmente reciben los otros 20 juzgados laborales. Igualmente, fueron dotados con herramientas tecnológicas que indiscutiblemente favorecen la pronta y correcta administración de justicia, motivos por los cuales hoy se muestran unos resultados apreciables y descollantes en cuestión de rendimiento, donde la utilización del verbo es el común denominador en la solución de los litigios, sumado a un verdadero juez director del proceso y del despacho.

A. L.:¿Cuáles son las principales razones de la actual congestión de la jurisdicción laboral?

G. R.: Realizadas las anteriores salvedades, considero que la principal razón de la congestión es, precisamente, la dificultad para aplicar la oralidad, por falta de jueces laborales frente al alto número de procesos que se tramitan ante los juzgados respectivos. Esta circunstancia, además, lleva a prácticas dilatorias que se salen del control directo del juzgador, como son, aplazamientos injustificados de diligencias, demora en la respuesta por parte de las entidades oficiales a los requerimientos que se les formulan o la utilización de una audiencia para evacuar un solo testimonio o interrogatorio de parte. El juez puede corregir esta clase de eventos, bajo la potestad que le concede la legislación procesal del trabajo como director del proceso. No obstante, en la realidad es imposible solucionarlos, cuando cada hora se tienen al frente cinco audiencias que surtir con variedad de planteamientos.

A. L.:¿La única manera de enfrentar esa congestión era incorporar la oralidad o había otra alternativa?

G. R.: Volvemos a lo mismo, la oralidad ya está incorporada al proceso laboral, solo falta que les den herramientas a los jueces laborales para desarrollarla en un 100%, es decir, que no sean dos los juzgados pilotos con toda la dotación que actualmente tienen, sino 50, que se sumarían a los existentes, para un total de 70 juzgados laborales en Bogotá. Esta es mi opinión al respecto, no veo otra alternativa distinta a la de crear más juzgados laborales con jueces capacitados en la materia.

A. L.:¿En qué consiste el plan piloto de oralidad laboral?

G. R.: Es un proyecto implementado por el Consejo Superior de la Judicatura, con el fin de verificar el funcionamiento de dos juzgados laborales dotados con elementos tecnológicos idóneos para la grabación en audio de las diligencias públicas, con salas de audiencias apropiadas para atender los procesos. Se destaca la investidura del juzgador como autoridad, para establecer la eficacia de la oralidad.

A. L.: ¿Qué pasará con los procesos que están en curso?

G. R.: 35 jueces de descongestión laboral van a trabajar arduamente en ello. Su misión es evacuar los actuales procesos, mientras los 20 juzgados restantes inician la etapa desde cero y se dedican a los nuevos procesos orales. Esto permitirá determinar la eficacia del sistema.

A. L.:¿De qué manera están evaluando la operación de ese plan piloto?

G. R.: Con informes estadísticos mensuales que permiten revisar y ajustar su desarrollo, al igual que con un puntual seguimiento del magistrado del Consejo Superior de la Judicatura Francisco Escobar Henríquez, que se verifica con cruce de información y visitas periódicas a los despachos.

A. L.:¿Qué hábitos de los abogados litigantes, representantes de trabajadores y de empleadores han contribuido a la congestión laboral?

G. R.: Estimo que hay costumbres arraigadas que es menester desterrar de la administración de justicia, sin señalamientos de ninguna naturaleza, pues el ambiente de congestión hace nulo cualquier correctivo que se procure tomar frente a ello e impide al juez ejercer su condición de director del proceso y del despacho. Por eso, insisto en que se necesita dotar al juez de soportes para desterrar esas prácticas, y la forma más eficiente para ello es descongestionando sus despachos, partiendo de cero procesos a cargo. He ahí las bondades de estos juzgados pilotos en oralidad.

A. L.:¿De qué manera está protegido el nuevo sistema oral frente a esos malos hábitos?

G. R.: Con un verdadero juez director del proceso dentro de un entorno de absoluta descongestión.

A. L.:¿Qué condiciones se requieren para resolver una demanda en una o máximo dos audiencias?

G. R.: El juzgador debe conocer desde sus albores la demanda (control previo) y su contestación y trazar un plan del caso a cada proceso.

A. L.:¿Qué aspectos hacen verdaderamente eficaz la nueva figura de conciliación laboral?

G. R.: Su condición de obligatoria concurrencia para las partes, so pena de unas consecuencias procesales que eventualmente pueden dar una ventaja probatoria a cualquiera de los litigantes. Por consiguiente, con la presencia de las partes, es más fácil para el juez propiciar la conciliación.

A. L.:¿Sería estimulante para los jueces laborales que en la evaluación de su eficiencia se les diera mayor importancia a los casos resueltos por conciliación?

G. R.: La satisfacción que se obtiene cuando se logra una conciliación es invaluable y los efectos costo-procesales son inmediatos, pues con ella se minimiza el desgaste de la administración de justicia y se propicia la armonía entre la ciudadanía. Por eso, estoy de acuerdo con ese incentivo para los jueces en el factor de rendimiento y eficiencia.

A. L.:¿Qué se debe hacer para que operen los comités de conciliación laboral de las entidades públicas?

G. R.: Que sus abogados conozcan a fondo los casos que tramitan desde antes de la audiencia obligatoria de conciliación, para que puedan trasmitir ese conocimiento a dichos comités y produzcan soluciones concretas.