Normalización de cartera pública: agilización del cobro

Revista Nº 135 Mayo-Jun. 2006

Un avance en homogeneizar reglas y principios básicos para la gestión de cobro. 

Magda Cristina Montaña Murillo 

Consultora del Lincoln Institute of Land Policy 

Abogada de la firma Zarama y Asociados Consultores S.A. 

Esta propuesta de ley (296/2005 de Cámara y 302/2005 del Senado) que está a punto de ser aprobada por el Congreso de la República, sobre la cual se surtío el proceso de conciliación respectivo, surgió por iniciativa del Gobierno Nacional, con la idea primordial de dotar de mayores herramientas para el cobro de la cartera a los entes públicos de todo orden. En especial su centro de acción es minimizar la ocurrencia de eventos de pérdida de ingresos por cartera incobrable tal y como lo estaban demostrando las cifras reunidas por la Contaduría General de la Nación, a partir del Boletín de Deudores Morosos del Estado, que arrojaron alrededor de 400.000 deudores por un monto de 15,1 billones de pesos(1).

La gestión sobre la cartera pública presenta en el país una situación de crisis que se ha manifestado públicamente, con la reciente Ley de saneamiento contable (716/2001) y la conformación del Boletín de Deudores Morosos del Estado, a partir de los cuales se han reflejado las múltiples razones que han contribuido a llegar a estos montos de recursos sin gestión. Dentro de las razones que se evidencian, en primer lugar, se ha podido verificar que no existe un marco de regulación básica de gestión de cartera, esta función se ha desarrollado (cuando se hace) simplemente centrada en la capacidad para utilizar o no sus facultades coactivas, lo cual significa, evidentemente, unos altos costos administrativos, adicionales a la débil utilización de las herramientas de gestión previa a un cobro coactivo y a un uso desorganizado de las acciones en la gestión de la cartera, lo cual refleja un desconocimiento del manejo tanto de los acreedores y de la lógica propia de los mismos, como de los créditos; en particular, porque la mayoría de entes públicos ni tienen la capacidad administrativa para realizar la gestión eficiente, ni la formación que requiere esta labor.

Adicionalmente, por el temor que produce en los servidores públicos las posibles implicaciones fiscales o disciplinarias que recaerían sobre quienes apliquen estos instrumentos, tampoco se usan elementos para clasificar y depurar la cartera que permitan reflejar un verdadero saldo a cobrar y no gastar esfuerzos sobre deudas incobrables, esto es lo que ocurre con las figuras de la prescripción y la remisibilidad.

Es referencia de lo anterior que los entes públicos con mayor infraestructura y gestión para el cobro de cartera en materia de impuestos, como son la Nación a través de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y la Secretaría de Hacienda del Distrito Capital, han aplicado la prescripción solo en casos aislados y solo ahora en aplicación de la Ley de Saneamiento Contable que así lo obliga. Pero la depuración de cartera autorizada por el estatuto tributario a través de la remisibilidad, no ha sido aplicada, en especial por la inexistencia de un manual de investigación de bienes.

Es evidente que la cartera se queda sin gestionar en los entes públicos por falta de aplicación de una política clara y efectiva para el uso de las herramientas. En el mismo sentido, otros entes como los territoriales, por falta de infraestructura, han acudido a prácticas de delegación en particulares, las cuales, en principio, no son erradas por sí mismas, lo criticable es la forma en como se efectúan sin respetar parámetros mínimos de delegación dados por la Ley 489 de 1998. Esto, por cuanto delegan su facultad plena de gestión, lo cual, además de ilegal e inconstitucional, lleva a los ciudadanos a un estado de total indefensión frente a las actuaciones que realice el particular y adicionalmente, no respetan las reglas de contratación pública y presupuesto.

Bajo estos antecedentes generales se consolida el texto actual del proyecto de normalización de cartera, el cual se constituye en una primera intención de homogeneizar reglas básicas para la gestión de la cartera pública.

Otro de los principales problemas, de la gestión de cartera pública, fue la dispersión de reglas que empleaban los entes públicos, ya que solo aplicaban el estatuto tributario nacional para el cobro de obligaciones tributarias de la Nación, los entes locales y los recursos parafiscales; los demás entes venían aplicando la regla procedimental del Código Contencioso Administrativo, cuyo procedimiento era mucho menos ágil que el tributario; por ello, el proyecto de ley incluye estipular reglas y principios básicos para gestionar y unificar los procedimientos aplicables.

Ahora, desde el punto de vista de la homogenización de procedimientos y su avance se analizan los siguientes aspectos:

1.Reiteración de principios y obligaciones de la administración pública que debe gestionar cartera. En cuanto a la aplicación de los principios de eficiencia y eficacia en gestión contenidos en el artículo 1º, estos ya deben estar siendo aplicados en virtud de los principios generales de la administración pública, dados por la Constitución Nacional. No obstante, se nota que la ley requería precisarlo por cuanto los resultados del Boletín de Morosos del Estado (BDME) de la Contaduría General y la aplicación de la Ley de Saneamiento Contable ponen en evidencia que la administración pública no ha dado aplicación estricta a los mismos.

En cuanto a las obligaciones de las entidades gestoras de cartera pública, en el artículo 2º del Proyecto de Ley 302 del 2005 Senado, se reiteran algunas reglas básicas presupuestales, por ejemplo, surge la necesidad de precisar que se debe incluir en el presupuesto todo el recaudo sin deducción alguna, esta regla aunque no se explica específicamente en la ponencia, pretende obligar a aplicar los principios presupuestales de legalidad y universalidad, esta precisión obedece a la necesidad de controlar el uso indebido de pagos a contratistas particulares gestores de cobro, con el producto directo del recaudo sin que se incorporara dentro del presupuesto este gasto.

Práctica comúnmente aplicada por los entes territoriales a través de contratos en los cuales se les entrega a los particulares el recaudo, y la gestión de cobro y fiscalización. Como el particular recibe directamente el recaudo, en el acto realiza como descuento de un menor ingreso el pago por la gestión, logrando así ocultar el gasto en que incurrió el ente; adicionalmente, se viola la regla de anualidad del presupuesto por ser contratos de períodos mayores a una vigencia fiscal, y la exigencia contractual de solicitar autorización de los concejos para causar gastos por períodos superiores, en fin, esta operación solo se registra como ingresos en la contabilidad y el presupuesto del municipio.

Así mismo, en cuanto a reglas presupuestales que deberían estar siendo aplicadas, el numeral 4º del artículo 2º del Proyecto de Ley 302 del 2005 Senado, precisa que se debe contar con el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal y con la autorización de vigencias futuras, de conformidad con el Estatuto Orgánico de Presupuesto, para la realización de acuerdos de pago con otras entidades del sector público.

Además, encontramos en este mismo artículo unas adiciones a la información prevista en la Ley 901 del 2004(2), exigiendo a las entidades públicas reportar a la Contaduría General de la Nación aquellos deudores que incumplan facilidades de pago para que la entidad los identifique bajo esa categoría, y la orden a las administraciones tributarias de abstenerse de celebrar acuerdos de pago con deudores que aparezcan reportados en el Boletín de Deudores Morosos por este concepto, salvo que se subsane el incumplimiento y la Contaduría General de la Nación expida la correspondiente certificación.

Frente al análisis de estas disposiciones se debe tener en cuenta que la Sentencia 1083 del 2005, declaró inexequible la obligación que esta ley imponía de tener como requisito de contratación o posesión en cargos públicos la constancia de paz y salvo de la Contaduría General de la Nación(3), herramienta que, aunque inconstitucional, fue útil para el cumplimiento de obligaciones morosas, con lo cual se apoyó el cumplimiento de la gestión. No obstante, la Corte Constitucional establece como constitucional la consolidación de un Banco de Deudores Morosos del Estado, pero considera la utilización del mismo desproporcionada al exigir el paz y salvo de las obligaciones para acceder a cargos públicos o contratos y el pago del certificado a la Contaduría General de la Nación.

Por consiguiente, el reportar esta información a la contaduría a partir del fallo de constitucionalidad, crea una obligación a la entidad pública sin retribución de vuelta por el esfuerzo de enviarla y, en ese orden de ideas, no adiciona ganancia directa a la gestión de la cartera pública.

No obstante, el numeral 6º del artículo 2º del Proyecto de Ley 302 del 2005 Senado, sí incentiva el recaudo, toda vez que incluye una nueva regla para efectuar facilidades de pago, la cual consiste en no otorgarlas a quienes aparezcan reportados en el Boletín de Deudores Morosos por incumplimiento en las facilidades.

Ahora, la disposición normativa que se encuentra en el numeral 7º del citado proyecto de ley, no es una regla para gestores de cartera pública, es para las entidades públicas deudoras, la cual le ordena imperativamente regularizar mediante el pago o la celebración de un acuerdo de pago las obligaciones pendientes con otras entidades públicas, a más tardar dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de la presente ley.

2. Obligaciones explícitas nuevas para las entidades públicas que gestionen cartera. En el numeral 1º del artículo 2º del referenciado proyecto de ley, se ordena establecer mediante normatividad de carácter general, por parte de la máxima autoridad o representante legal de la entidad pública, el Reglamento Interno del Recaudo de Cartera, el cual deberá incluir las condiciones relativas a la celebración de acuerdos de pago. Aunque las entidades públicas están obligadas a desarrollar sus manuales de procedimiento, en esta obligación se exige precisar normativas de carácter general en cada entidad pública para el recaudo de cartera, con un capítulo especial para facilidades de pago, el cual debe estar en consonancia con los parámetros que debe fijar el Gobierno Nacional dentro de los dos meses siguientes a la expedición de la ley. Constituyendo un reglamento que se hacía necesario, dado el marco tan amplio de actuación de las normas del estatuto tributario nacional que no permite proteger la transparencia con el ciudadano y tampoco aporta líneas de acción frente a la cartera a gestionar.

3. Aplicación homogénea de herramientas del estatuto tributario nacional en la gestión de cobro de entidades públicas.

a) El artículo 5º del proyecto de ley sobre utilización de jurisdicción coactiva y reglas procedimentales del estatuto tributario nacional permite la utilización de las normas procedimentales del estatuto tributario a todas las entidades públicas que tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios del Estado colombiano, y que tengan que recaudar rentas o caudales públicos, ya sea a escala nacional o territorial, incluidos los órganos autónomos y entidades con régimen especial otorgado por la Constitución Política. No obstante, esta herramienta no puede ser utilizada para deudas de carácter civil o comercial de las entidades públicas. Por otra parte, siguiendo con la aplicación de las reglas básicas de gestión para depurar cartera, específicamente en ella se autoriza utilizar la facultad del artículo 820 del estatuto tributario, con el fin de dar de baja las obligaciones que son de difícil recaudo por la inexistencia de solvencia para respaldar la obligación o por el desaparecimiento del deudor o por la baja rentabilidad de la obligación.

En este punto del saneamiento vale la pena llamar la atención que si bien es cierto que la remisión es una medida coherente de saneamiento de cartera, las entidades que hasta hoy han tenido dicha facultad no la han ejercido (DIAN, Distrito y entidades territoriales), en particular, por cuanto no existen lineamientos claros en las entidades públicas de investigación de bienes, lo que hace que, por consiguiente, esta misma falencia la vayan a enfrentar todas las entidades.

Se entiende que el aporte de este artículo es extender el uso de la regulación procedimental de cobro coactivo, no solo para el cobro de obligaciones tributarias, sino para el de todas las rentas públicas que no tengan origen civil o comercial.

b) Homogenización y ajuste de la aplicación de intereses moratorios para las obligaciones de origen tributario. La regulación de los intereses de mora a las obligaciones tributarias ha sido dispersa en la aplicación e inclusive presenta vacíos para algunos tributos. En el artículo 3º del proyecto de ley, se homogeniza al uso de la regla establecida por el estatuto tributario nacional para el cobro de todas las obligaciones tributarias de cualesquiera de las categorías existentes (impuestos, tasas, contribuciones, contribuciones parafiscales), al igual que para las entidades autorizadas para recaudar aportes parafiscales.

Así mismo, el proyecto de ley en el artículo 12 modifica el artículo 635 del estatuto tributario, que determina la forma de cálculo del interés de mora, para las obligaciones cuyo vencimiento legal sea a partir del 1º de enero del 2006 (lo cual significaría la aplicación de esta fórmula de cálculo para obligaciones vencidas desde el 1º de enero, que se paguen a la vigencia de la Ley). La nueva forma de cálculo tiene, en particular, que se refiere a la tasa efectiva de usura certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia para el respectivo mes.

Esta modificación introducida en estos términos de redacción, finalmente hace viable la intención de cambio que vislumbró la Ley 863 del 2003 en la línea de aplicar en el cálculo del interés de mora de las obligaciones tributarias, el mismo que se utiliza en las obligaciones civiles y mercantiles, en particular, porque desde la Sentencia C-203 del 2003(4), que se aplicó con dicha ley, se tuvo que eliminar el componente de actualización para el valor del impuesto, lo cual generó que para las obligaciones tributarias no se obtuviese el componente resarcitorio de la mora.

El que la tasa de interés de mora sea efectiva implica que se trata de una tasa de interés compuesta, caracterizada porque la retribución económica causada y pagada, se reinvierte. Una tasa de interés nominal como la vigente, implica que los intereses generados no son reinvertidos en el momento de ser recibidos o causados.

Esta modificación pretende solucionar una consecuencia básica de las señales equívocas que se dan actualmente a morosos y evasores, ya que para ellos resulta más rentable, después del primer año, invertir su dinero en alternativas diferentes que pagar sus deudas a las administraciones tributarias.

Otro cambio sustancial en la forma del cálculo de los intereses, que va implícita a referir al cálculo del interés corriente bancario, es que este se debe dar diario sobre el saldo pendiente de capital, aplicando la tasa de interés certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia para el mes, y no la tasa de interés de mora vigente para la fecha de pago; por ello, en las derogatorias del artículo 21 se incluye el inciso 2º del artículo 634 del estatuto tributario, que prevé el cálculo a la tasa de interés de mora vigente al momento del pago, y la derogatoria de los incisos 3º y 4º del artículo 814 e inciso 3º del 814-3, en cuanto a las facilidades de pago, en el cual se permitía optar al deudor por la tasa más favorable entre la vigente a la facilidad o la de la fecha de pago.

Frente a este cambio es importante considerar que, si bien es una medida coherente financieramente, en su aplicación tiene un inconveniente en términos de simplicidad, por cuanto requiere de una fórmula de cálculo que permita traducirla a la aplicación diaria, lo cual genera complejidades y exige formación tanto del ciudadano como de las administraciones tributarias en cuanto a la atención al mismo, y en transparencia y eficiencia respecto a los sistemas de cuenta corriente de las entidades.

El parágrafo del citado artículo 12 sobre “determinación de la tasa de interés moratorio”, establece que el contenido del mismo y de la norma de actualización de los intereses del estatuto tributario tendrá efectos para los entes territoriales, precisión que se considera innecesaria, justamente porque desde la Ley 383 de 1997 y, ahora, con la Ley 788 del 2002, se debe aplicar el régimen procedimiental y sancionatorio del estatuto tributario; por consiguiente, las modificaciones aquí propuestas deberían aplicar por remisión directa.

c) Ajuste en el orden de prelación de imputación de pagos a las obligaciones tributarias. En el artículo 6º del proyecto de ley, se incorpora un ajuste al orden de imputación de pago que aplicaría tanto a obligaciones tributarias nacionales como a las territoriales, por efecto de la Ley 788 del 2002.

Este cambio ajusta la regla de castigo de la norma vigente, que no permite disminuir el valor adeudado en intereses que es el valor que crece, por cuanto los pagos primero cubren sanciones en su totalidad y, luego, en su orden cubren capital, haciendo que el capital restante genere más intereses hasta que se pague totalmente con los intereses causados. Esta regla permite que proporcionalmente se imputen los pagos en las proporciones en que participan las sanciones, los intereses y el capital.

Se entiende como un cambio justo para el ciudadano, pero al igual que el ajuste en intereses de mora, su forma de cálculo presenta complejidades que exigen una infraestructura preparada en términos de orientación al ciudadano y en sistemas de información, que dadas las complejidades y la situación de las administraciones públicas, se debería revisar su forma de aplicación, para no causar traumatismos y generar inequidades al ciudadano por la difícil accesibilidad y transparencia en la información.

d) Medida transitoria recaudatoria que ofrece beneficio en el cambio de imputación y en facilidades de pago. En el artículo 7º, se adiciona un parágrafo transitorio al artículo 814 del estatuto tributario, disposición esta que es expresamente aplicable a los entes territoriales.

Este beneficio es una versión ampliada de la inicial en su especie, contenida en la Ley 863 del 2003. En esta oportunidad se persigue promocionar el pago de obligaciones vencidas al 31 de diciembre del 2004 dentro de los seis meses siguientes a la vigencia de la ley, pero siempre y cuando estén al día en obligaciones vencidas con posterioridad a esta fecha, la cual está en conciliación.

Incentivo en facilidades de pago. Esta propuesta, a diferencia de la contenida en la Ley 863 del 2003, artículo 32, contiene un cambio para el incentivo en el pago de deudas atrasadas y este consiste en la modificación transitoria al régimen de facilidades de pago, variando el orden de imputación, pero solo con respecto a la proporción del capital pagado (30%) para obtener la facilidad. Dentro de ella aparece una reiteración a la actual autorización de conceder facilidad de pago sin garantías cuando el plazo sea inferior a un año, o a dos años con garantía, solo que dentro de ella se autoriza a pagar expresamente como intención de la facilidad el 30% de la deuda en sanciones e impuesto y se modificaría respecto del capital pagado el orden de imputación. Es decir, que esta es una facilidad de pago que para su procedencia, a diferencia de la otorgada por la Ley 863, si bien es cierto que exige pagar menos capital, incluye dentro del valor a pagar no solo el impuesto, sino la sanción, por consiguiente, el cambio de imputación y el pago de la proporción de la sanción dejará pendiente de esa porción el interés de mora restante de la proporción de la misma que no modificará el saldo, el cual se incluye en la facilidad a pagar con el 70% de impuestos, sanciones e intereses no cubiertos.

En este incentivo, a diferencia del de la Ley 863 del 2003 que ordenaba levantar medidas preventivas, solo se permite el levantamiento de las medidas cuando el plazo sea inferior a un año y se trate de embargos bancarios.

Así mismo, estipula la aplicación de intereses de plazo, además de los intereses de mora. Solo que si el plazo es inferior a un año permite disminuir el interés del plazo al 70% del interés de mora. Y como son obligaciones causadas con anterioridad a la vigencia de la ley, estipula que en caso de cambio de la tasa de interés se puede reajustar a solicitud del contribuyente.

Incentivo de cambio de imputación de pago y facilidad de pago con garantía. Esta segunda opción se presenta para deudores que puedan pagar el 100% del impuesto a cargo y constituyan una garantía, de esta forma, pueden acceder a la facilidad de pago en un plazo de tres años y a la congelación de intereses causados una vez paguen el capital.

Incentivo de reducción de tasa de interés de mora. Esta tercera opción está dada para quienes dentro de los seis meses siguientes a la vigencia del artículo transitorio (depende de la comisión de conciliación) cubran el valor total de la obligación, en este caso se reduce la tasa de interés de mora a la cuarta parte de la tasa de interés moratorio vigente al momento del pago.

e) Declaratoria de oficio de la prescripción de la acción de cobro en las obligaciones tributarias. El artículo 8º modifica de nuevo el inciso 2º del artículo 817 del estatuto tributario, modificado por la Ley 788 del 2002, artículo 86; pero, en esta oportunidad, solo respecto de la declaratoria de la prescripción. Esta disposición normativa, aunque estuvo por muchos años vigente, en la cual se permitía a diferencia de las acciones civiles declarar la prescripción de oficio, no fue aplicada por las administraciones tributarias, por el riesgo de ser revisada su actuación por los órganos de control y solo hasta la expedición de la Ley de Saneamiento Contable 716 del 2001, que obliga dentro de las diferentes variables a decretarla para sanear las carteras públicas. Incluso a pesar del concepto del Consejo de Estado, de la obligación de decretarla de oficio para acatar la ley de saneamiento contable, algunas administraciones tributarias locales opinan que no se puede decretar de oficio porque la ley tributaria no lo permite. Así que, en este orden de ideas, la incorporación en la ley de la facultad de decretar la prescripción de oficio, además de evitar discusiones, generaliza su aplicación más allá de la vigencia de la ley de saneamiento contable.

f) Disposición especial de límite de inembargabilidad en cuentas de ahorro para el cobro de obligaciones tributarias. El artículo 9º del proyecto de ley adiciona al estatuto tributario una disposición diferente a la civil, en la que para embargos en las cuentas de ahorro contra personas naturales el límite de inembargabilidad es de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y cuando se trate de personas jurídicas no existe límite de inembargabilidad.

También precisa como una forma de seguridad para el ciudadano e inclusive de orden interno a las administraciones, que los entes ejecutores no pueden disponer del dinero embargado, sino hasta que quede plenamente demostrada la acreencia a su favor, con fallo judicial debidamente ejecutoriado o por vencimiento de los términos legales de que dispone el ejecutado para ejercer las acciones judiciales procedentes.

g) Reglas para administración y disposición de bienes. El artículo 20 del proyecto final le otorga facultad específica a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para que administre y disponga directamente, o a través de terceros, de los bienes adjudicados después del tercer remate en el proceso de cobro y de los bienes recibidos en pago de obligaciones tributarias nacionales, aduaneras y cambiarias en los procesos concursales de liquidación forzosa y de acuerdos de reestructuración de la Ley 550 de 1999.

Al respecto, se observa que esta disposición da facultades de administración y disposición de bienes a la entidad encargada de la administración tributaria nacional, circunscrita solo para las obligaciones tributaria, aduanera y cambiaria de la Nación, ya que solo sobre ellas el legislador nacional tiene potestad para regular la forma de gestión de sus rentas y disposición de bienes. En este orden de ideas, en cada ente local se debe disponer de un órgano con capacidad de disposición presupuestal y de gestión de rentas (concejos municipales o asambleas departamentales), quien ejerza la facultad de administración y los alcances de esta facultad.

Este es un punto de la administración de las rentas públicas, que casi ningún ente público tiene organizado, dado que los entes encargados de la gestión de cartera, apenas han dado alcance al ejercicio de su facultad a través del recaudo en dinero de las obligaciones morosas. Es tal la situación que, aunque en la última modificación al artículo 840 del (estatuto tributario nacional) se autoriza adjudicar en nombre de la Nación los bienes al tercer remate (disposición que sería aplicable en todos los entes públicos), este procedimiento no ha sido aún reglamentado, lo cual lleva a los entes a la apertura indefinida de procesos de cobro cuando no se logran rematar bienes. Adicionalmente, y en especial con los entes locales en los procesos concursales de liquidación forzosa y en acuerdos de reestructuración, los trámites de pago en bienes se hace muy dispendioso, precisamente, porque no tienen establecidas reglas de organización administrativa para la recepción y administración de los bienes.

En el artículo 17 del proyecto de ley después de la conciliación, encontramos una disposición que señala que normativas del procedimiento de cobro coactivo modificadas en esta ley, serían aplicables a todos los entes, precisando que son declaratoria de prescripción de oficio y las nuevas reglas de inembargabilidad del 837.1; redacción esta que no es afortunada, puesto que abre dudas interpretativas en cuanto al alcance de la aplicación de las normas procedimentales coactivas, que habían sido dispuestas para aplicar en el artículo 5º, como disposición homogenizadora de regulación normativa, la cual suponía de plano la aplicación de estas disposiciones.

No ocurre lo mismo con las disposiciones que tanto en esta ley como en el estatuto tributario nacional tocan aspectos sustanciales y procedimentales de los pagos de las obligaciones, que por no obedecer a reglas de procedimiento de cobro coactivo —si el dispositivo normativo no lo expresa— no será aplicable a todos los entes públicos; es el caso del artículo 6º modificador de las reglas del artículo 804 del (ETN) de imputación de pagos, que en este orden de ideas sería aplicable a la Nación en obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias y a los entes locales, de cuerdo con la Ley 788 del 2002, pero no a todos los entes públicos, o del artículo 7º que establece reglas de facilidad de pago, que solo ordenó aplicar directamente a los entes territoriales o del artículo 3º que ordena aplicar la tasa de interés de mora del (ETN) a todas las obligaciones de origen tributario y, en ese orden de ideas, haría directamente aplicable el artículo 12, que modifica el 635 del (ETN), a todas las obligaciones de carácter tributario, en cuanto a la tasa de interés de mora.

En estos términos, encontramos que la ley es un intento inicial por homogenizar reglas básicas en cartera, pero en mi consideración solo toca aspectos puntuales, no considera situaciones propias de administración en los tributos territoriales que requieren ajuste y adecuación; tampoco plantea elementos novedosos para lograr una mejor gestión de la cartera y olvida precisar que las entidades deberían tener manuales de gestión de cartera claros y coherentes que busquen la eficiencia en la gestión.

1. Exposición de motivos proyecto de ley de normalización de cartera.

2. L. 901/2004, art. 2º, par. 3º.

3. L. 901/2004, art. 2º, par. 3º, incisos 2º y 4º, declarados inexequibles en Sentencia C-1083 del 2005.

4. “... si la sanción moratoria busca compensar el detrimento patrimonial del Estado ante la tardanza para la disponibilidad de recursos, y si esa compensación incluye la actualización de la deuda,...”. Sentencia C-231 del 2003.