NUEVA LEY BRASILEÑA DE ARBITRAJE: LOS PRINCIPALES CAMBIOS Y EL NUEVO ESCENARIO

 

Nueva ley brasileña de arbitraje: los principales cambios y el nuevo escenario

Revista Nº 23 Jul.-Dic. 2015

por Eliana Baraldi y Marina Morelli 

1. Introducción

Aunque es indiscutible que el arbitraje es un método de resolución de conflictos eficiente y ampliamente aceptado en Brasil, merecedor de credibilidad y ampliamente aplicado en los escenarios nacionales e internacionales, el día 6 de mayo del 2015, el Congreso Brasileño promulgó la Ley 13.129 de 2015 —Nueva Ley de Arbitraje—(1), en vigor desde el 27 de julio de 2015, que mejoró significativamente algunos de los conceptos y provisiones de la actual Ley 9.307 de 1996 —Ley de Arbitraje brasileña—(2), que se había promulgado casi 20 años antes.

No obstante, la Nueva Ley de Arbitraje brasileña no revocó totalmente ni modificó de forma drástica la estructura de la Ley de Arbitraje en Brasil, y tampoco la forma como el arbitraje opera en Brasil. Básicamente, se pretende y se espera que la nueva ley reconozca estatutariamente algunas interpretaciones ya consolidadas por la doctrina y la jurisprudencia, fortaleciendo de esa forma la certeza legal y la eficiencia del arbitraje en Brasil.

2. Breve historia del arbitraje en Brasil

En Brasil, como en muchos otros lugares, el arbitraje como mecanismo de resolución de conflictos ha tenido un desarrollo continuo. Desde su comienzo, cuando el arbitraje en este país rara vez era considerado, pues la ley existente en la época exigía laudos arbitrales de todos los tipos, tanto extranjeros como nacionales, para que fuera reconocido en primer lugar por un tribunal estadual con el fin de ser efectivo y ejecutable(3), Brasil ha alcanzado un nivel extraordinario de madurez arbitral en juicios sumarios.

A partir de 1996, Brasil ha implementado una regulación legal adecuada para el arbitraje, lo que ha demostrado ser un método de resolución de conflictos útil, estratégico y eficiente en el contexto de las transacciones empresariales nacionales e internacionales.

El principal hito para el arbitraje brasileño fue la promulgación de la Ley de Arbitraje brasileña en 1996. Esta norma determinó la naturaleza vinculante de los laudos arbitrales(4) y reguló determinados aspectos claves del arbitraje —p. ej. los acuerdos de arbitraje, las cuestiones elegibles para arbitraje, etc.— y dio lugar a la inserción efectiva del arbitraje brasileño en el contexto económico global. No obstante, este proceso demandó algún tiempo.

Después de la promulgación de la Ley de Arbitraje brasileña se desarrolló un debate en el Supremo Tribunal Federal —STF— sobre los aspectos constitucionales de la ley que se prolongó durante seis años aproximadamente. El STF consideró casos que envolvían las provisiones aparentemente conflictivas entre la Ley de Arbitraje(5) y el artículo 5º, § XXXV de la Constitución Federal Brasileña(6). El debate llegó finalmente a un acuerdo el 12 de diciembre de 2001, cuando el Ministro de Justicia, Sepúlveda Pertence, reconoció un laudo extranjero(7) y determinó expresamente que la Ley de Arbitraje brasileña no tenía inconsistencias con la Constitución Federal Brasileña. Esta decisión también fue un hito importante en la historia del arbitraje brasileño que, después de eso, pasó a ser generalizado en todo el país.

El año siguiente, Brasil pasó a ser signatario de la Convención de Nueva York sobre el Reconocimiento y la Ejecución de los Laudos Arbitrales Extranjeros —Convención de Nueva York—(8) por medio del Decreto Presidencial 4.311 del 23 de julio de 2002, dando aún más credibilidad a Brasil como un país en favor del arbitraje(9). La receptividad de la doctrina y el apoyo de los tribunales nacionales fueron factores decisivos para la consolidación del arbitraje en el país. Durante el período en que el arbitraje brasileño maduraba, los juristas y los tribunales endosaron, en varias oportunidades, su validez, asegurando el respeto hacia la autonomía contractual de las partes y el fortalecimiento del arbitraje como un método efectivo de resolución de conflictos.

Este proceso de solidificación es corroborado por la información proporcionada por el Tribunal de Arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio, que indica que en 2012 Brasil se clasificó en el 4º lugar en la lista de las sedes más nombradas para arbitraje(10).

Para confirmar esta tendencia, en 2014, Brasil fue galardonado como la “Jurisdicción con Mayor Progreso” por el GAR —Global Arbitration Review—(11). El premio reconoce el arduo trabajo realizado por la comunidad arbitral, los tribunales nacionales y los profesionales de arbitraje.

3. La aprobación de la nueva Ley de Arbitraje

Aunque el arbitraje ya ha sido reconocido y afirmado en Brasil, algunas posturas doctrinales y jurisprudenciales todavía están pendientes de regulación estatutaria para eliminar incertidumbres legales y asegurar la “mejora del arbitraje”(12).

En este contexto, el Proyecto de Ley del Senado 406/2013 —PLS 406— fue desarrollado por un comité constituido el 3 de abril de 2013 formado por 21 juristas y presidido por el Ministro de la Corte Superior de Justicia, Luis Felipe Salomão, que finalmente llevó a la reforma de la Ley de Arbitraje.

El objetivo de la ley era identificar las incertidumbres legales existentes, estandarizar las prácticas usuales, la jurisprudencia dominante y las tendencias doctrinales. Debido a la relevancia y a la sensibilidad del tema, los miembros del comité realizaron todos los esfuerzos posibles para que el trabajo tuviera una evolución eficiente(13).

Como resultado del trabajo de esta comisión, y en un paso conclusivo hacia la confirmación de la consolidación del arbitraje como un mecanismo confiable de resolución de disputas en Brasil, la ley fue aprobada. De esta forma, la Nueva Ley de Arbitraje se encuentra vigente para fortalecer el arbitraje como un método eficiente y eficaz de resolución de conflictos, tanto en la jurisprudencia nacional como internacional.

4. Fortalecimiento del apoyo de los tribunales nacionales al arbitraje

A continuación se expondrán las principales contribuciones de la Nueva Ley de Arbitraje para la consolidación del apoyo de los tribunales nacionales brasileños al arbitraje.

Durante mucho tiempo, Brasil fue considerado una jurisdicción en favor del arbitraje. Como se mencionó anteriormente, mucha de la certeza legal conseguida por el arbitraje se debe al apoyo de los tribunales nacionales brasileños, que efectivamente reconocieron, apoyaron y ejecutaron las decisiones y laudos de los tribunales arbitrales en juicios nacionales e internacionales.

Tradicionalmente, en algunas oportunidades específicas, se les solicita a los tribunales nacionales que intervengan en procesos de arbitraje para asegurar que tengan resultados prácticos(14). Algunos de esos casos han mejorado de una forma diferente y perfeccionada con la promulgación de la Nueva Ley de Arbitraje, como se verá a continuación.

A. Medidas provisionales 

La Nueva Ley de Arbitraje moderniza significativamente el tratamiento de las medidas provisionales. Además de consolidar la tendencia ya determinada por la jurisprudencia(15), la Nueva Ley de Arbitraje elimina las incertidumbres en relación con los poderes para emitir medidas provisionales luego de la constitución del tribunal arbitral, pues determina expresamente que el tribunal arbitral después de constituido tiene poderes para: (i) proporcionar y (ii) revisar cualquier medida provisional previamente otorgada por los tribunales nacionales(16).

Los tribunales nacionales brasileños, por lo tanto, continúan con poderes para emitir medidas provisionales y/o conservadoras como apoyo al arbitraje únicamente antes de la constitución del tribunal arbitral(17).

En cualquier caso, si de forma voluntaria una parte deja de acatar la medida provisional, los tribunales nacionales tienen el monopolio de ejecución de cualquier laudo o decisión(18), puesto que los árbitros no tienen poderes de coerción para obligar a una parte a un desempeño específico. Por lo tanto, los árbitros y las partes deben confiar en los tribunales nacionales para asegurar la efectividad de las decisiones en el caso de que la parte vencida no las cumpla a voluntad.

B. Carta arbitral 

Antes de la Nueva Ley Arbitral, si una parte se negaba a cumplir una medida provisional, decisión, orden o determinación, o si los testigos de igual manera se negaban a presentarse voluntariamente en las audiencias arbitrales, la parte interesada no tenía otra alternativa diferente a interponer una demanda en un tribunal nacional para conseguir una orden y así coaccionar a la parte reluctante a acatar la decisión o a presentarse en la audiencia(19).

Como resultado de la Nueva Ley de Arbitraje, el propio tribunal arbitral tendrá poderes para emitir un documento denominado carta arbitral —en lugar de que las partes interpongan un proceso independiente, como solía ser antes de la Nueva Ley de Arbitraje— y enviarlo directamente al tribunal nacional. Por medio de esa carta arbitral, el tribunal arbitral solicita que el tribunal nacional notifique a la parte incumplidora o a los testigos para que ellos cumplan la orden, decisión o determinación del tribunal arbitral(20), de forma tal que las partes están exentas de interponer un proceso independiente, como era obligatorio antes de que la Nueva Ley de Arbitraje entrara en vigor.

C. Confidencialidad 

Un punto importante de observar es que, de acuerdo con lo dispuesto en la Nueva Ley de Arbitraje, la carta arbitral debe procesarse en sigilo, en caso de que el acuerdo de arbitraje determine la confidencialidad(21).

Este principio fundamental es una de las características más importantes del arbitraje comercial internacional(22) y lo que efectivamente hace que las partes lo prefieran en lugar de los tribunales nacionales.

Anteriormente, no solía haber consenso sobre los procesos relacionados con el arbitraje de los tribunales nacionales, puesto que el secreto de justicia está regulado por el Código de Procedimiento Civil Brasileño(23) y no determina que el arbitraje sea una cuestión que deba tratarse de forma confidencial.

La Nueva Ley de Arbitraje sigue la misma línea de pensamiento del artículo 189, IV del nuevo Código de Procedimiento Civil Brasileño, que entrará en vigor el 16 de marzo de 2016(24), y que expresamente determina el tratamiento confidencial de cualquier reclamo judicial relacionado al arbitraje(25).

D. Plazo para presentar una solicitud de aclaración 

El laudo arbitral no está sujeto a apelación sino solamente a una solicitud de aclaración o corrección de errores significativos en relación a “cualquier punto inexacto, dudoso o contradictorio en el laudo arbitral, o también en su omisión en relación a cualquier punto que debería haberse tratado en el laudo arbitral”(26). El plazo para la presentación de esa solicitud de aclaración es de 5 días, contados a partir de que las partes hayan recibido la comunicación del laudo arbitral(27).

De acuerdo con la Nueva Ley de Arbitraje, las partes pueden acordar el plazo para la presentación de la referida solicitud de aclaración. Esta nueva determinación elimina la incertidumbre cuando las determinaciones de los profesionales de arbitraje elegidos por las partes establezcan plazos diferentes(28).

E. Recurso de anulación 

Un laudo arbitral, tanto nacional como internacional, puede anularse en Brasil en casos muy específicos(29) dentro del plazo perentorio de noventa (90) días contados a partir de la fecha en que las partes reciben notificación del contenido del laudo(30). Antes de la Nueva Ley de Arbitraje, cuando las partes quisieran impugnar un laudo arbitral, era necesario presentar un recurso específico de nulidad. De acuerdo con la Nueva Ley de Arbitraje, las partes pasan expresamente a tener el derecho de impugnar o anular un laudo arbitral mediante la presentación de un recurso específico o de una respuesta a la petición de ejecución presentada por la parte vencedora(31).

En términos prácticos, las modificaciones brindadas por la Nueva Ley de Arbitraje no alteran significativamente el proceso existente de impugnar los laudos arbitrales, puesto que su ejecución está sujeta a una petición de suspensión(32) y puede tratar las mismas cuestiones que un recurso de anulación(33).

Un asunto a considerar es que la nueva redacción parece no haber aclarado la inconsistencia existente en relación al plazo. Como la acción de ejecución de un laudo arbitral está prohibida por el plazo de prescripción de los méritos (1, 3, 4 o 5 años(34) contados a partir de la fecha en que la parte recibe la notificación del laudo final), está claramente en conflicto con el plazo perentorio de 90 días para anular un laudo arbitral.

Para impedir cualquier expiración de derecho, los juristas brasileños recomiendan enfáticamente que se observe el plazo perentorio de 90 días, independientemente de que el plazo de prescripción determine un plazo más largo para el laudo arbitral(35). Por lo tanto, la Nueva Ley de Arbitraje no parece afectar a la práctica uniforme actual, esto es, atenerse a ese plazo de 90 días para anular un laudo arbitral.

F. Laudo suplementario 

De acuerdo con la Nueva Ley de Arbitraje, las partes pueden solicitar la anulación de un laudo arbitral y, además de la posibilidad de solicitar a un tribunal nacional que determine que el tribunal arbitral emita un laudo diferente, pueden también solicitar a los tribunales nacionales que emitan un laudo suplementario en caso de que no todas las peticiones presentadas en el proceso arbitral hayan sido decididas por el laudo que se está impugnando(36).

La ley, claramente, busca acelerar el proceso al darles espacio a los tribunales nacionales para que corrijan errores significativos sin la necesidad de enviar el caso de vuelta al tribunal arbitral; pero una redacción tan abierta puede terminar, desafortunadamente, dando espacio al Estado para que interfiera en los laudos arbitrales presentados, lo que afecta de manera no deseable la jurisdicción del tribunal arbitral.

En este sentido, es importante decir que la validez y la eficacia de las cláusulas arbitrales han sido repetidamente reafirmadas por los tribunales nacionales brasileños, que son obligados a extinguir —y de hecho, lo hacen— las acciones interpuestas en los casos en que las partes hayan optado previamente por el arbitraje como solución de controversias, lo que significa un apoyo incondicional al efecto negativo de la cláusula arbitral(37).

Siguiendo esa línea de pensamiento, el curso lógico de la acción, en el caso de que el tribunal arbitral no decida sobre toda la petición, sería que los tribunales nacionales determinaran que el tribunal arbitral fallara la acción(38), pero no que decidieran la controversia en lugar del tribunal arbitral.

G. Ejecución de laudos parciales 

La Nueva Ley de Arbitraje autoriza expresamente la ejecución de laudos arbitrales(39) que, en algunos casos antes de la promulgación de esta nueva ley, pudieran constituir un problema en Brasil.

La nueva redacción estandarizó una práctica uniforme y aseguró la integración de Brasil en el escenario del comercio internacional como una sede segura de arbitraje, puesto que ilumina cualquier incertidumbre en lo que se refiere a la ejecución de laudos parciales.

H. Plazo de prescripción 

Otra enmienda digna de mención de la Nueva Ley de Arbitraje se refiere al efecto de los juicios arbitrales de sobrepasar el plazo de prescripción. De acuerdo con la ley brasileña, la interposición de un proceso ante los tribunales nacionales sería el acto que afectaría el plazo de prescripción(40). Antes de la promulgación de la Nueva Ley de Arbitraje, aunque la gran mayoría de los legistas era de la opinión de que la solicitud de arbitraje interrumpiría el plazo de prescripción(41), todavía había algún debate aislado.

La Nueva Ley de Arbitraje estatutariamente iguala los procesos arbitrales a los de los tribunales para los efectos de interrumpir el período de tiempo establecido por el plazo de prescripción, porque mantiene una práctica uniforme y un entendimiento dominante en el sentido de que la solicitud de arbitraje juega el mismo papel y produce los mismos efectos que la interposición de una demanda ante los Tribunales Nacionales(42).

5. Cambios críticos en el arbitraje que envuelve a las sociedades anónimas de capital abierto

Los cambios incorporados en la Ley de las Sociedades Anónimas de Brasil por la Nueva Ley de Arbitraje puso un punto final al debate sobre si la cláusula de arbitraje incluida en los estatutos de una compañía después de su incorporación es vinculante para todos los accionistas, lo que determina una certeza legal para las disputas corporativas y, de cierta forma, crea una nueva hipótesis sobre el derecho de retirada de los accionistas.

De acuerdo con la legislación brasileña, solamente hay algunos casos en que se puede ejercer el derecho de retirada, todos ellos relacionados a circunstancias especiales que alteran la naturaleza de la compañía, tales como transacciones de escisión o fusión.

Las discusiones se basaron en si la elección del arbitraje como método de resolución de conflictos permitiría a los accionistas disidentes ejercitar el derecho de retirada, en consideración con la naturaleza de este derecho de acuerdo con las leyes brasileñas, relacionado por lo general con aspectos claves de las operaciones de la compañía, al impacto de esta acción en la compañía y los costos envueltos. Por otro lado, algunos juristas defienden que aquellos que no desean el arbitraje deben tener el derecho de salir de la compañía(43).

A pesar de lo anterior, fue esa la solución encontrada por los autores de la Nueva Ley de Arbitraje para solucionar esta cuestión y, a pesar de algunas opiniones contrarias, la Nueva Ley de Arbitraje brindó una nueva oportunidad de ejercer el derecho de retirada.

La nueva determinación es esencial. El mercado accionario del Estado de São Paulo es uno de los más activos de Brasil en términos económicos y financieros. Este mercado está regulado por la Bolsa de Valores de São Paulo (BM&F-Bovespa), que en el año 2000 desarrolló una sección especial denominada novo mercado, formada por compañías con un estándar superior de gobernanza corporativa.

El novo mercado proporciona diferentes niveles de gobernanza corporativa entre los cuales pueden elegir las compañías que desean negociar sus acciones(44). Cada uno de los niveles exige diferentes políticas de gobernanza y todas las compañías pertenecientes al nivel 2 o superior tienen la obligación de adoptar el arbitraje como método de resolución de disputas en sus estatutos corporativos, pues el arbitraje será realizado por un cuerpo específico de árbitros incorporado por Bovespa(45).

La presentación de una compañía al nivel 2 de gobernanza corporativa exige la inserción de una cláusula de arbitraje en sus estatutos, que generalmente debe ser aprobada en una asamblea general. Antes de la Nueva Ley de Arbitraje no había consenso sobre si los accionistas disidentes estarían obligados al arbitraje(46).

Es sabido que la necesidad de expresar la opción del arbitraje por escrito se inserta en las determinaciones de los artículos 3(47) y 4, § 1º(48) de la Nueva Ley de Arbitraje, que están alineados con el párrafo 2º del artículo II de la Convención de Nueva York(49). Por lo tanto, el consentimiento para el arbitraje debe ser dado por escrito, de forma expresa e inequívoca, bajo la pena de nulidad, conforme a lo determinado por el artículo 166 del Código Civil Brasileño(50). Bajo tal perspectiva, algunos juristas declaran que la cláusula de arbitraje podría no ser considerada legítima(51).

La Nueva Ley de Arbitraje enmienda la Ley de las Sociedades Anónimas brasileña(52), da por terminada la discusión y reconoce la naturaleza vinculante de la inserción de una cláusula de arbitraje en los estatutos de una compañía ya existente, siempre y cuando los accionistas lo aprueben en una asamblea general. Los accionistas disidentes, en ciertos casos, tienen garantizado el derecho de retirada de la compañía mediante el reembolso de su capital accionario(53).

6. Contratos con empresas estatales y el poder ejecutivo: inversión extranjera

Aunque no existe una ley que prohíba el arbitraje en las compañías estatales, durante mucho tiempo existió un debate sobre si compañías podían solucionar sus conflictos por este medio. Esta discusión en los tribunales fue finalmente resuelta por el Tribunal Superior de Justicia en 2007 después de una larga lista de extraordinarias decisiones favor arbitratis(54).

Jean Kalicki y Suzana Medeiros explican que “se debe reconocer que Brasil ha realizado grandes progresos y dado pasos significativos en la dirección de permitir que las entidades estatales —principalmente las empresas estatales— se sometan al arbitraje”. La base principal de ese debate ha sido que para el “principio de legalidad” —siguiendo la línea de Kalicky y Medeiros— “no es suficiente que no haya una ley que prohíba una conducta en particular; es necesario que haya una ley que autorice expresamente una conducta o acto en particular”(55).

Mientras que numerosos organismos públicos brasileños ya están autorizados por ley a someter sus disputas al arbitraje(56), y a pesar de la robusta jurisprudencia que reconoce que las compañías estatales brasileñas son generalmente capaces de arbitrar, el uso de este medio de conciliación en este contexto todavía era discutible(57). No obstante, la Nueva Ley de Arbitraje autorizó específicamente este tipo de arbitraje y por lo tanto aclaró cualquier incertidumbre.

Este es un paso decisivo para asegurar la inserción de Brasil en el escenario comercial internacional. Vale la pena mencionar que este país no es signatario de la Convención del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones —Convención del CIADI—, ni tampoco ha ratificado ninguno de los tratados de inversión bilateral que ha firmado(58). Por lo tanto, como se afirmó, muchos de los conflictos que envuelven la inversión extranjera directa en Brasil se resuelven por medio de arbitraje comercial, teniendo como partes a entidades estatales(59).

Brasil es un país emergente con diversos proyectos de infraestructura en curso, generalmente relacionados con la administración pública, de los cuales los más relevantes están relacionados con la generación de energía (principalmente plantas hidroeléctricas) y ferrocarriles, por no mencionar la construcción de estadios y de servicios públicos en las ciudades relacionados con el Mundial de Fútbol en 2014 y con las Olimpiadas en 2016. La gran mayoría de esos proyectos son financiados, al menos de forma parcial, por inversores extranjeros y la mayor parte de las disputas que de ellos emanan son solucionadas, o deben solucionarse, por medio del arbitraje(60).

Debido a la carencia general de fondos del Estado, los inversores extranjeros desempeñan un papel clave, pues no solo ofrecen apoyo financiero —bien sea al patrocinar o auxiliar los proyectos de infraestructura pública necesaria—, sino también proporcionan recursos técnicos y de gestión en telecomunicaciones, energía, transporte, proyectos de alcantarillado y otros(61). Por lo tanto, la Nueva Ley de Arbitraje será muy bienvenida por los inversores extranjeros.

De acuerdo con la plurimencionada ley, los juicios de arbitraje que envuelvan entidades estatales no se tratarán como confidenciales(62) y no se decidirán ex aequo et bono. Además, las compañías estatales sujetas a arbitrajes institucionales no estarán limitadas a elegir los miembros del tribunal arbitral entre el cuerpo de árbitros de la institución(63).

Sin embargo, de acuerdo con la Ley de Licitaciones Públicas brasileña (L. 8.666/93), por lo general, en disputas que envuelven compañías estatales, la sede del arbitraje debe ser en Brasil(64), la ley aplicable debe ser la brasileña y el procedimiento debe realizarse en portugués(65). Entretanto, esas leyes pueden no ser aplicables en ciertos casos, incluyendo, pero sin que sirva de limitación, las licitaciones internacionales(66).

Desde el punto de vista de los inversores, el arbitraje es un método mucho más efectivo de resolución de conflictos cuando se le compara a los procesos de los tribunales nacionales, porque en Brasil las compañías estatales y el poder ejecutivo tienen derecho a jurisdicción privilegiada(67) —tribunales federales y tribunales nacionales públicos(68)— en donde los plazos para presentación son mayores y por ello los procesos pueden incluso demorarse más que en los tribunales nacionales regulares.

7. Tópicos no incluidos: cuestiones laborales y de protección al consumidor

La esperada regulación del arbitraje que envolviera cuestiones laborales y de protección al consumidor no se concluyó debido al veto sobre tres cláusulas de la Nueva Ley de Arbitraje. En esta sección se proporcionará una visión general sobre las cuestiones que pueden resolverse por medio de arbitraje en Brasil para demostrar los pros y contras de tener, o no, esas cuestiones debidamente previstas por la ley.

Como es sabido, en Brasil solamente pueden resolverse por arbitraje las disputas relacionadas con derechos patrimoniales, tanto por las personas físicas como por las jurídicas: “las personas capaces de contratar pueden solucionar por medio de arbitraje las disputas relacionadas a derechos patrimoniales sobre los cuales puedan disponer”(69). Siendo así, hay cuestiones que no pueden resolverse por medio del arbitraje, tales como casos de legislación criminal o familiar(70).

No obstante, las disputas que envuelven la ley laboral y de protección al consumidor todavía son controvertidas. La Nueva Ley de Arbitraje tenía el objetivo de regular las cuestiones laborales y de protección al consumidor. Sin embargo, las cláusulas relacionadas con esas cuestiones fueron vetadas(71) poco antes de la aprobación de la Nueva Ley de Arbitraje, aumentando aún más las controversias.

A. Derechos del consumidor 

Muchos juristas consideran que las partes en disputa no pueden, de forma válida, renunciar a los derechos del consumidor debido a razones de política pública(72). Esta es también la posición prevalente de la jurisprudencia local actual(73).

En casos de protección del consumidor, aunque los requisitos legales de las cláusulas de arbitraje son seguidos rigurosamente, el consumidor puede o no concordar con el arbitraje según su exclusivo criterio(74). Como confirmación a esta regla, la Nueva Ley de Arbitraje originalmente propuesta preveía que en contratos de adhesión la cláusula de arbitraje debería ser subrayada por las partes, o acordada en un documento separado(75). Para asegurar la protección del consumidor, el arbitraje en los casos de protección del consumidor solamente sería efectivo si es solicitado por el consumidor, o con su expresa concordancia, en el momento en que surja la controversia(76).

Aunque la Ley de Arbitraje brasileña determina una sólida protección de los derechos del consumidor, incluso cuando se compara con las determinaciones relacionadas al arbitraje del Código del Consumidor del Brasil(77), el mensaje del veto consideró que las nuevas determinaciones “alterarían las reglas para el arbitraje en los contratos de adhesión” y que tales cambios podrían implicar un “retroceso y una ofensa a los principios que rigen la protección al consumidor”(78).

La discusión continúa. Los juristas todavía discuten y el debate envuelve a los organismos de protección al consumidor. La idea de tener un arbitraje relacionado con los derechos del consumidor en Brasil parece continuar en litigio hasta encontrar un punto de madurez, y puede dar paso a nuevos cambios en la Ley de Arbitraje brasileña para finalmente regular las disputas relacionadas con la protección del consumidor.

B. Cuestiones laborales 

En lo que se refiere al arbitraje para cuestiones laborales, la jurisprudencia reciente aceptó el arbitraje en algunos casos que envuelven a ejecutivos séniores, empleados extranjeros y otras circunstancias muy particulares(79). La versión originalmente propuesta de la Nueva Ley de Arbitraje preveía que los empleados que ocupan cargos con alto grado de responsabilidad, tales como directivos y directores estatutarios, pudieran incluir cláusulas de arbitraje en sus contratos de trabajo individuales(80). De la misma forma que con las cláusulas de disputas relacionadas con la protección del consumidor, los juicios arbitrales que envuelven cuestiones laborales tendrán que ser solicitados por el empleado, o este deberá concordar expresamente con ellos, en el momento en que se presente la controversia, caso contrario pueden no considerarse válidos.

No obstante, todavía hay una fuerte resistencia a la utilización del arbitraje para resolver disputas laborales individuales, no solo por parte de los juristas, sino también por parte de los tribunales del trabajo(81). Esta oposición proviene de la presunción de la vulnerabilidad de los empleados y debido al hecho de que los derechos laborales son considerados como irrenunciables de acuerdo con la legislación brasileña.

La determinación de la Nueva Ley de Arbitraje que tenía el objetivo de regular los arbitrajes laborales fue vetada con el argumento de que los cambios podrían causar una “distinción indeseable entre los empleados”, que podría “perjudicar a los empleados en general que podrían presentarse a juicios arbitrales”(82).

Podemos prever mayores debates debido a las tendencias internacionales en favor del arbitraje en cuestiones laborales, ya que hay instituciones de prestigio que administran el arbitraje laboral, tales como la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA, por sus siglas en inglés)(83).

8. Conclusión: la Nueva Ley de Arbitraje brasileña afirma la eficiencia del arbitraje y respalda a Brasil como una sede confiable para el arbitraje

La comunidad de arbitraje brasileña ha recibido con entusiasmo la Nueva Ley de Arbitraje, puesto que ella resuelve una serie de discusiones doctrinales y elimina las incertidumbres que pueden perjudicar de forma indeseable el desarrollo del arbitraje como una herramienta efectiva de resolución de disputas.

Las principales contribuciones son, sin duda, las relacionadas con las compañías estatales y con acciones en la bolsa, así como la ejecución de las órdenes arbitrales y medidas provisionales que afirman el fortalecimiento del apoyo de los tribunales nacionales al arbitraje.

Aunque algunas pocas cuestiones sensibles no han sido solucionadas por la nueva ley, tales como la legislación laboral y la de protección al consumidor, la asesoría de entidades especializadas en esos asuntos es importante para los sindicatos y las organizaciones de protección al consumidor que prometen continuar con las discusiones.

La Nueva Ley de Arbitraje es otro paso esencial hacia el endoso de la preferencia de los inversores por resolver las disputas mediante el arbitraje en lugar de llevarlas a los tribunales nacionales, lo que fortalece a Brasil como una jurisdicción propicia y una sede verdaderamente confiable para el arbitraje internacional, y refuerza la importancia de la posición privilegiada de este país en el escenario del arbitraje global como un Estado que les proporciona a los inversores instrumentos que aseguran la eficiencia, la imparcialidad y la ejecución para la resolución de conflictos internacionales.

Brasil ha tenido un apoyo consistente y cada vez más informado de los tribunales nacionales para conseguir un ambiente comercial favorable y la inserción del país como un verdadero actor global. Esta posición privilegiada debe fortalecerse a medida que evoluciona la práctica del arbitraje de acuerdo con lo determinado en la Nueva Ley de Arbitraje.

(1) Ley 13.129 de 2015.

(2) Ley 9.307 de 1996.

(3) Artículos 1037 a 1048 del antiguo Código Civil brasileño (L. 3.071/16), revocada por la Ley de Arbitraje.

(4) Que sustituyó el reconocimiento obligatorio de un laudo arbitral, tanto nacional como internacional, por un tribunal estadual antes de su entrada en vigor (ver Cremades, Bernardo. “State Contracts in Brazil: An International Arbitration Perspective”. En: Revista de Arbitragem e Mediação; (Arnoldo Wald, coord.). São Paulo, 2006, Revista dos Tribunais, 44, p. 45).

(5) Es decir: artículo 6º, párrafo único, artículo 7º y sus párrafos, artículos 41 y 42 de la Ley de Arbitraje, así como la nueva redacción dada por la Ley de Arbitraje a los artículos 267, VII, 301, IX y 520 Código de Procedimiento Civil brasileño.

(6) Constitución Federal brasileña (1988), artículo 5º, XXXV: La ley no excluirá ningún daño o amenaza a un derecho de la consideración del poder judicial.

(7) Supremo Tribunal Federal [STF] [Suprema Corte], Dic-12-2001, España v. Resil, SE 5206 -7, disponible en http://www.stf.jus.br/portal/diarioJustica/verDiarioProcesso.asp?numDj=82&dataPublicacaoDj=30/04/2004&incidente=3509933&codCapitulo=5&numMateria=12&codMateria=1.

(8) Convención sobre el reconocimiento y la ejecución de laudos arbitrales extranjeros, artículo V, 10 de junio de 1958, 1155 U.N.T.S. 331; 7 I.L.M. 1046.

(9) Ross, Allison. Albert Jan van der Berg en entrevista para el Global Arbitration Review, 3 de abril del 2010. http://www.newyorkconvention.org/news/in-praise-of-brazilian-enforcement.

(10) Brasil es el cuarto país con más usuarios de arbitraje, Marzo 29, 2014: http://cbar.org.br/site/blog/noticias/brasil-e-quarto-pais-com-mais-usuarios-de-arbitragem.

(11) Jurisdicción que realizó grandes progresos en la mejora de su régimen de arbitraje en el 2013: http://cbar.org.br/site/wp-content/uploads/2014/07/noticia_GAR.pdf

(12) Salomão, Luis Felipe y Vieira Rocha, Caio Cesar (coords.). Arbitragem e Mediação. A Reforma da Legislação Brasileira. São Paulo: Atlas, 2015, p. viii.

(13) Cemca-Coprema, Orden de los Abogados de Brasil. Reforma da Lei de Arbitragem. Comentários ao Texto Completo. pp. 9-10. http://oabam.org.br/downloads/comentarios_lei_arbitragem1.pdf.

(14) i) Negación de la parte a participar voluntariamente en el proceso arbitral; ii) Medidas provisionales; iii) Ejecución de valores netos aunque hay una cláusula arbitral en el contrato (cláusulas combinadas); iv) Ejecución de un laudo arbitral; v) Reconocimiento de un laudo arbitral extranjero por parte del Tribunal Superior de Justicia (antes de ser considerado ejecutable en el territorio brasileño) y vi) Moción de nulidad del laudo.

(15) Tribunal Superior de Justicia [STJ], 12 de junio de 2012 Itarumã v. PCBios, Resp. 1.297.974, disponible en: https://ww2.stj.jus.br/roceso/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=22644677&num_registro=201102409919&data=20120619&tipo=5&formato=PDF

(16) Artículos 22-A y 22-B: “ART. 22-A.—Antes de comenzar un arbitraje, las partes pueden recurrir a los tribunales para garantizar una medida provisional o urgente. PÁR. ÚNICO.—La medida provisional o urgente pierde efecto si la parte interesada no solicita el comienzo del arbitraje en un período no superior a 30 (treinta) días, contados a partir de la fecha en que se tomó la decisión correspondiente”. || “ART. 22-B.—Una vez comenzado el arbitraje, los árbitros pueden mantener, modificar o revocar la medida provisional o urgente concedida por el tribunal”.

(17) ART. 22, § 4.—Con la debida atención a las consideraciones del párrafo 2 anterior, los árbitros pueden pedir la adopción de cualquier medida coercitiva o de una medida cautelar a la entidad judicial originalmente competente para juzgar el caso, en la medida necesaria.

(18) Constitución Federal Brasileña (1988), art. 5º, XXXV.

(19) Antigua redacción del artículo 22 de la Ley de Arbitraje Brasileña.

(20) Ver el artículo 22 de la Nueva Ley de Arbitraje.

(21) ART. 22-C.—El árbitro o el tribunal arbitral puede emitir una carta arbitral para que un tribunal nacional ejecute o mande ejecutar, en su área de jurisdicción territorial, un acto solicitado por el árbitro. Párrafo único. Para la ejecución de una carta arbitral, el tribunal debe actuar con confidencialidad, siempre y cuando tal confidencialidad haya sido acordada en el arbitraje.

(22) Fouchard, Emmanuell y Savage, John (eds.). Fouchar, Gaillard, Goldman on International Commercial Arbitration. Holanda: Kluwer, 1999, p. 612.

(23) Artículo 155, que algunos especialistas y la jurisprudencia entienden que es un numerus clausus (interés público, paternidad, divorcio, pensión alimenticia y concesión de custodia) y el arbitraje no está previsto para ellos.

(24) Ley 13.105/2015, que entrará en vigor el 16 de marzo del 2016.

(25) Artículo 189, IV, de la Ley 13.105 del 2015.

(26) “ART. 30.—En el plazo de 5 (cinco) días, contados a partir del recibo de la notificación o del refrendo personal del laudo arbitral, siempre y cuando las partes no hayan concordado en otro plazo, la parte interesada mediante notificación pertinente a la otra parte, puede solicitar al árbitro o al tribunal arbitral lo siguiente: I – corregir cualquier equivocación significativa en el laudo arbitral; II – proporcionar aclaraciones sobre cualquier punto inexacto, dudoso o contradictorio en el laudo arbitral, o también pronunciarse sobre su omisión sobre cualquier punto que debería haberse tratado en el laudo arbitral”.

(27) Artículo 30 de la Ley de Arbitraje brasileña.

(28) Por ejemplo, el artículo 35 (1) del Reglamento de Arbitraje de la CCI (2012) y el artículo 33 del Reglamento del Centro Internacional de Resolución de Disputas ICDR (2014) determinan 30 días para que las partes presenten sus solicitudes de aclaración.

(29) “ART. 32.—Un laudo arbitral se considerará nulo e inválido si: I. El correspondiente acuerdo de arbitraje es nulo; II. Fuera proporcionado por un árbitro no calificado; II. Todavía no se hubieran cumplido las condiciones determinadas en el artículo 26 de este documento; IV. Se hubiera dado fuera del alcance determinado en el acuerdo de arbitraje; V. La decisión no consiguiera solucionar toda la disputa referida en el arbitraje; VI. Fuera probadamente desclasificada debido a violación de obligación, conmoción o corrupción; VII. Fuera dado de forma inoportuna, considerando lo determinado en el artículo 12, III de esta ley; y VIII. Si se han violado lo principios determinados en el artículo 21, párrafo 2º de esta ley”.

(30) Artículo 33, §1º, Ley de Arbitraje brasileña.

(31) Artículo 33, §3º: “3º. La declaración de nulidad del laudo arbitral también puede aducirse por medio de contestación, de acuerdo con el artículo 475-L et seq. de la Ley 5.869, del 11 de enero de 1973 (Código de Procedimiento Civil), en el caso de que esté en curso un proceso de ejecución civil”.

(32) Artículos 741 y 745 del Código de Procedimiento Civil Brasileño - Artículo 917 del nuevo Código de Procedimiento Civil Brasileño que entrará en vigor el 16 de marzo de 2016.

(33) Artículo 33, Ley de Arbitraje brasileña.

(34) Artículo 206 del Código Civil brasileño y 196 del Código de Procedimiento Civil brasileño. El plazo de prescripción sobre los procedimientos de ejecución depende de la cuestión tratada en el juicio arbitral.

(35) Carmona, Carlos Alberto. Arbitragem e Processo. São Paulo: Atlas, 2004, p. 344.

(36) Artículo 33, §4º: “4º. La parte interesada puede solicitar un tribunal para demandar la realización de un laudo arbitral suplementario, caso el árbitro no haya decidido sobre todas las demandas presentadas a arbitraje”.

(37) El efecto negativo de la cláusula de arbitraje es un estándar internacional establecido en el Protocolo de Ginebra (1923), art. 4º, § 1º; La Convención de Nueva York (1958), art. II (3); Uncitral Model Law, art. 8º; la Convención Europea (1961) art. VI, § 1º, que dio lugar al principio de kompetenz-kompetenz que ha sido verdaderamente incorporado por el sistema legal brasileño por medio del artículo 8º de la Ley de Arbitraje brasileña. Ver Valença Filho, Clávio de Melo y Lee, Jõao Bosco. Estudos de Arbitragem. Curitiba: Juruá, 2009, p. 72. En el mismo camino de la doctrina internacional, ver Fouchard, Emmanuel y Savage, John (eds.). Fouchard, Gaillard, Goldman on International Commercial Arbitration. Holanda: Kluwer, 1999, p. 402.

(38) Artículo 33, §2º, II, redacción original.

(39) Artículo 23, § 1º: Los árbitros pueden emitir laudos parciales.

(40) Debido al hecho de que la única determinación legal existente que regula el plazo de prescripción está en el Código de Procedimiento Civil y, por lo tanto, no hay espacio para analogía e interpretación para ampliar los efectos de la interposición de una demanda judicial a la presentación de una solicitud de arbitraje. Artículo 219; § 1º del Código de Procedimiento Civil brasileño: “1º. La interrupción del plazo de prescripción tiene efecto retroactivo a la fecha de la interposición del proceso”.

(41) Algunos de los más prestigiosos comentaristas brasileños endosan la opinión de que la presentación de la solicitud de arbitraje interrumpe el plazo de prescripción. Ver: Martins, Pedro Batista. “As três fases da arbitragem”. En: Revista do Advogado, XXVI(87), p. 89, 2006; Armelin, Donaldo. “Prescrição e arbitragem”. En: Revista de Arbitragem e Mediação, 15, p. 77, 2007; Nunes, Thiago Marinho. Análise dos efeitos da prescrição extintiva na arbitragem interna e internacional, com visão a partir do direito Brasileiro. São Paulo: Universidad de São Paulo, 2011.

(42) Artículo 19, § 2º de la Nueva Ley de Arbitraje.

(43) Ver Levy, Daniel de Andrade, “Aspectos Polêmicos da Arbitragem no Mercado de Capitais”. En: Revista Brasileira de Arbitragem, 27, pp. 7-37, Jul-Set. 2010; Freitas, Rafael Guarilha P. de. “As implicações do projeto de lei 406/2013 na arbitragem societária”. En: Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais, 64, p. 285, 2014.

(44) Reglamento de listado del novo mercado, 5 de mayo de 2011, http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/servicos/download/Regulamento-de-Listagem-do-Novo-Mercado.pdf.

(45) Debido a esto, más de 200 de las mayores compañías que tienen sede o subsidiarias en Brasil están obligadas a resolver sus controversias intracorporativas por medio de arbitraje. Ver: http://www.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-listadas/BuscaEmpresaListada.aspx?Idioma=pt-br

(46) Tribunal Superior de Justicia [STJ] 13 de febrero del 2013, Kieppe Participações e Administração Ltda v. Graal Participações Ltda, Resp. 1355901, disponible en: https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201201003026&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea, y Resp. 1331100 disponible en: https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201201003014&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea; aún se espera el fallo final.

(47) ART. 3º—Una disputa puede presentarse a arbitraje por las partes interesadas por medio de un acuerdo de arbitraje, tanto en la forma de una cláusula de arbitraje o de un compromiso de arbitraje.

(48) ART. 4º—La cláusula de arbitraje es una convención por la cual las partes de un contrato se comprometen a solucionar cualquier disputa futura emanada de ese contrato por medio de arbitraje. § 1º La cláusula de arbitraje debe definirse por escrito y puede estar inserida en el propio contrato o en un documento separado que esté referido en el contrato.

(49) Artículo 2º, § 2º de la Convención de Nueva York. El término “acuerdo por escrito” incluirá una cláusula arbitral en un contrato o acuerdo de arbitraje, firmado por las partes o que conste en un intercambio de cartas o telegramas.

(50) Artículo 166. “el acto legal será nulo: […] IV – si no se realiza en la forma determinada por la ley”.

(51) Sin el consentimiento, el juicio pasa a ser ilegítimo, de tal forma que el laudo nacional puede estar sujeto a acción de anulación de acuerdo con el artículo 32 de la Ley de Arbitraje. A una decisión espuria extranjera, el Tribunal Superior de Justicia de Brasil probablemente no concederá exequátur.

(52) Artículo 13 de la Nueva Ley de Arbitraje.

(53) Artículo 136-A de la Ley 6.404 de 1976.

(54) União v. Espólio de Henrique Lage. Tribunal Superior de Justicia [STJ] 13 de febrero de 1974; Compagás x Consórcio Carioca Passarelli, [STJ] Resp. 914.813, 2012; Energética Rio Pedrinho v. Copel, AI 0169656-8 Tribunal Superior de Justicia [STJ], 14 de agosto del 2006; União v. TMC Terminal Modal de Coroa Grande SPE S/A, AgRg MS 11.308; Tribunal Superior de Justicia [STJ], 14 de septiembre del 2006; AES Uruguaiana v. CEEE, Resp. 606.345, 2007.

(55) Kalicky, Jean y Medeiros, Suzana. “Investment Arbitration in Brazil: revisiting Brazil’s reluctance towards ICSID, BITs and investor-state arbitration”. En Revista de Arbitragem e Mediação, (Arnoldo Wald, coord.). Revista dos Tribunais, 4-14, 2007, p. 72.

(56) Ley de Concesión y Permiso de Servicio Público (L. 8.987/95), la Ley General de Telecomunicaciones (L. 9.472/97), la Ley de Petróleo (L. 9.478/97), la Ley de Transporte Terrestre y Fluvial (L. 10.233/2001), la Ley del Mercado Mayorista de Energía Eléctrica (L. 10.433/2002) y la Ley de Asociación Público-Privada (L. 11.079/2004).

(57) Esto no es un privilegio brasileño; muchas jurisdicciones han determinado criterios de presentación de entidades públicas al arbitraje: “Un estado debe encontrar el equilibrio entre la competencia de cuestiones políticas y económicas al decidir si permitir o no que sus entidades públicas se sometan al arbitraje comercial internacional. Muchos países limitan hasta cierto punto la capacidad de las entidades estatales de someterse al arbitraje. Una serie de factores influye sobre la decisión de un Estado de permitir que algunas o todas las entidades estatales se sometan al arbitraje comercial internacional, incluyendo su localización geográfica y su constitución política y económica”. Wald, Arnold y Kalicki, Jean. “The Settlement of Disputes between the Public Administration and Private Companies by Arbitration under Brazilian Law”. Journal of International Arbitration, 2009, 26 (4), pp. 557-578.

(58) Brasil ha firmado, pero nunca ha ratificado, 14 tratados bilaterales internacionales: Portugal (1994), Chile (1994), Reino Unido (1994), Suiza (1994), Francia (1995), Finlandia (1995), Dinamarca (1995), Italia (1995), Venezuela (1995), Corea del Sur (1995), Alemania (1995), Cuba (1997), Holanda (1998) y la Unión Económica Bélgica-Luxemburgo (1999). http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA/AdvancedSearchBITResults. En 2015, Brasil firmó tratados bilaterales internacionales con Angola, Mozambique y México.

(59) Aunque pueda no haber lugar suficiente para conducir las discusiones como pura reclamación contractual, puesto que fue un arbitraje de inversión. Ver Barbosa, Daniel M. C. y Martini, Pedro. “Two Sides of the Same Coin: To What Extent is Arbitration with the Brazilian Administration Similar to Investment-Treaty Arbitration?”. En: Investment Protection in Brazil, pp. 37-59, 2013.

(60) Baraldi, Eliana y Vargas Neto, Jorge. “Investment Arbitration and Public-Private Partnership Agreements in Brazil”. En: Investment Protection in Brazil, pp. 159-162, 2013.

(61) Green, Stephen y Haustle, Gerd. Foreign Direct Investmentin Emerging Market Countries. Report of the Working Group of the Capital Markets Consultative Group, Sept. 2003. http://www.imf.org/external/np/cmcg/2003/eng/091803.pdf.

(62) Artículo 1º, § 2º. Las empresas públicas están obligadas por el principio de publicidad (Constitución Federal Brasileña, artículo 37 y Ley de Licitaciones Públicas brasileña, artículo 3º, § 3º).

(63) Artículo 13, § 4º de la Nueva Ley de Arbitraje.

(64) Artículo 55, § 2º de la Ley 8666 de 1993.

(65) Artículo 32 de la Ley 8666 de 1993.

(66) Artículo 32, §6º de la Ley 8666 de 1993, artículo 9º de Ley de Introducción a la Legislación brasileña (LINDB, L. 12.376/2010).

(67) Empresas de capital público y el poder ejecutivo. Las corporaciones mixtas no están sujetas a tribunales privilegiados.

(68) Estos tribunales solamente están preparados para tratar asuntos administrativos. Por lo general están sobrecargados; los plazos para los organismos públicos generalmente se cuentan de forma doblada. Eso atrasa significativamente los procesos si se compara con los tribunales regulares.

(69) Artículo 1º, Ley de Arbitraje brasileña.

(70) Ver Carmona, Carlos Alberto: “Por lo general, las cuestiones relacionadas con la ley familiar (en particular el estado de las personas, tales como paternidad, matrimonio, pensión alimenticia) no pertenecen al rango de “derechos renunciables”, así como los relacionados al derecho de sucesión, tópicos que no guardan relación con cuestiones empresariales, obligaciones naturales, cuestiones relacionadas con la ley criminal, entre otras, considerando que estos asuntos superan los límites de la autonomía de las partes”. Arbitragem e Processo: Um Comentário à Lei Nº 9.307/96, p. 38, 2009.

(71) http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Msg/ VEP-162.htm.

(72) De acuerdo con el artículo 51, VII del Código de Protección del Consumidor del Brasil: Filomeno, José Geraldo Brito. “Da política nacional de relações de consumo”. En: Ada Pellegrini Grinover et al. Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007, p. 89.

(73) “1. Con la promulgación de la Ley de Arbitraje brasileña, tres regulaciones de diferentes grados de especificidad comenzaron a coexistir armoniosamente: i) la regla general, que requiere conformidad con el arbitraje conforme acordado por las partes retirando la jurisdicción estatal; ii) la regla específica contenida en el artículo 4º, § 2, de la Ley 9.307/96 y aplicable a los contratos de adhesión genéricos, que limita la efectividad de la cláusula de arbitraje y iii) una regla más específica contenida en el artículo 51, VII, del Código de Protección al Consumidor, aplicada a contratos derivativos de relaciones con el cliente, sean ellos contratos de adhesión o no, imponiendo la nulidad de la cláusula que determina el arbitraje obligatorio, incluso si ellos cumplen los requisitos del 4, § 2, de la Ley 9.307/96”. (Tribunal Superior de Justicia [STJ] 06 de noviembre del 2012, Cz6 Empreendimento Comerciais Ltda e Outros vs. Marcus Flávio Horta Caldeira e Outro(s) Resp. 1169841, disponible en: https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=25566106&num_registro=200902393990&data=20121114&tipo=5&formato=PDF)”.

(74) El artículo 51, VII del Código de Protección del Consumidor del Brasil (L. 8.078/90) determina que un consumidor no puede ser forzado a participar en el juicio arbitral. Artículo 54, § 4º del Código de Protección del Consumidor del Brasil.

(75) Artículo 4º, § 2o, vetado.

(76) Artículo 4º, § 3o,vetado.

(77) Ley 8.078 de 1990.

(78) http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Msg/VEP-162.htm.

(79) Parte de la doctrina es favorable a la adopción del arbitraje como un método alternativo de resolución de disputas cuando se trata de conflictos laborales individuales, porque para ellos no hay inconsistencia entre los principios de la ley laboral de no renuncia y de indisponibilidad y el énfasis dado a la conciliación por los tribunales laborales, incluyendo la creación de cámaras de conciliación previas por medio de la Ley 9.958, del 12 de enero del 2000, que admite transacciones extrajudiciales envolviendo la ley laboral. (Tuponi Júnior, Benedito Aparecido, “Arbitrabilidade dos Dissídios Individuais Trabalhistas”. En: Revista Brasileira de Arbitragem, 39(18), 2008).

(80) Artículo 4º, § 4o,vetado.

(81) Tribunal Superior do Trabalho [TST] [Tribunal Superior del Trabajo] 24 de junio del 2015, Lua Nova Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. vs Luis Antônio dos Santos, AIRR - 244-56.2010.5.15.0091 en: http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&format=html&highlight=true&numeroFormatado=AIRR%20-%20244-56.2010.5.15.0091&base=acordao&rowid=AAANGhAAFAAAN2pAAP&dataPublicacao=26/06/2015&localPublicacao=DEJT&query=arbitragem%20and%20diss%EDdio%20and%20individual.

(82) http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Msg/VEP-162.htm.

(83) www.finra.org, institución renovada que administra el arbitraje en el sector financiero.