Nueva ley de descongestión judicial en lo laboral

Revista Nº 161 Sep.-Oct. 2010

 

Óscar Andrés Blanco Rivera

Abogado asesor laboral y segueridad social 

Catedrático universitario  

Algunas cuestiones preliminares

El pasado 17 de noviembre de 2009, el Gobierno Nacional radicó ante el Congreso de la República, el proyecto de ley que contempla un plan de descongestión judicial. En su presentación, el Ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, manifestó que “el Gobierno comienza a desplegar las acciones necesarias para cumplir con la oferta que le ha hecho al país de entregar en el año 2010 la justicia al día”.

Los principales puntos de la propuesta gubernamental, fueron los siguientes:

— Se prevé la posibilidad de estratificar las cuantías como factor determinante de la competencia de los jueces, de acuerdo con las categorías socio-económicas de los municipios;

— Se establece la capacidad legal para que los magistrados ponentes de una decisión judicial puedan proferir sentencia en sala unitaria, vale decir, sin necesidad de reunir a todos los integrantes de la corporación;

— Se propone la capacidad de los jueces para rechazar de plano las demandas que aparezcan manifiestamente infundadas o cuya caducidad para instaurarlas haya ocurrido;

— Se propone la desjudicialización de las notificaciones para que ella pueda ser surtida a través de empresas especializadas, públicas o privadas; se propone eliminar la doble competencia de los jueces laborales, fijada por el domicilio del demandando o el lugar de prestación del servicio, de tal forma que se conserve este último como factor de competencia, con la finalidad de producir una descongestión regional de la justicia laboral, que hoy se concentra en las cinco (5) principales capitales del país;

— Se propone que los jueces laborales del circuito puedan ordenar el pago anticipado de las sumas que demanden los trabajadores y que versen sobre sus derechos ciertos e irrenunciables, mientras se decide el fondo del proceso;

— Se establece la competencia, a prevención, de los jueces o tribunales para conocer de las acciones de tutela, conforme a la especialidad en la materia;

— Se fortalece el mecanismo de la conciliación extra judicial, a través del apoyo en la infraestructura de las casas de justicia y los centros de convivencia;

— Se dispone adelantar prioritariamente el fortalecimiento de la red de las casas de justicia y centro de convivencia, a fin de brindar mayor acceso de las clases menos favorecidas al sistema de justicia y propiciar los arreglos conciliatorios de causas menores y violencia intrafamiliar;

— Se propone establecer la figura de los jueces itinerantes para las zonas campesinas y de jornadas programadas en días inhábiles laboralmente, es decir, en días de mercado;

— Se estimula la práctica de los judicantes, egresados de las facultades de derecho, a fin de que cumplan servicio jurídico-social en las casas de justicia y los centros de convivencia;

— Se propone la obligatoriedad para las entidades públicas de someter sus decisiones gubernativas a la jurisprudencia reiterada de las altas cortes. Es decir, se trata de evitar el litigio del propio Estado en contra de la jurisprudencia nacional;

— Se levanta la disposición de los turnos cronológicos rigurosos para proferir sentencias.

De esta forma, los tribunales podrían fallar sucesivamente causas similares cuando existan precedentes jurisprudenciales que así lo permitan; y, se adoptan medidas tendientes, en general, a la simplificación de los trámites judiciales, entre otras materias.

La congestión de los despachos judiciales del país es un serio problema que afronta la justicia desde hace bastante tiempo. Varias son las leyes que se han expedido de tiempo atrás para intentar imprimirle celeridad a los procesos para obtener mayores resultados en eficiencia para una pronta y cumplida justicia. Siempre se ha dicho que una justicia lenta no es justicia.

En materia laboral, se han venido haciendo esfuerzos legislativos tendientes a imprimirle celeridad, inmediatez y concentración al proceso. Así, tenemos que en la presente década se han expedido varias leyes, a saber:

Por la Ley 712 de 2001, se precisaron las siguientes competencias: de una parte, el artículo 2º del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social —CPTySS— le atribuye a la jurisdicción ordinaria en sus especialidades laboral, de seguridad social y colectiva, el conocimiento de los siguientes asuntos: los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo; el fuero sindical; la suspensión, disolución y liquidación de sindicatos y la cancelación del registro sindical; las controversias referentes al sistema de seguridad social integral; la ejecución de obligaciones emanadas de la relación de trabajo y la seguridad social; el reconocimiento y pago de honorarios y remuneraciones por servicios personales de carácter privado; la ejecución de multas a favor del SENA por el establecimiento del número de aprendices; el recurso de anulación de laudos arbitrales; el recurso de revisión y la calificación de la suspensión o paro colectivo de trabajo; y de otra parte, el artículo 3º prevé la exclusión, como bien sabemos, de la tramitación de los conflictos económicos que se adelantarán de acuerdo a las leyes especiales sobre arbitramento y conciliación.

Con la Ley 1149 de 2007, se reformaron varias disposiciones para hacer efectiva la oralidad en los procesos laborales, otorgándole precisas atribuciones al juez para decidir excepciones previas en la audiencia de conciliación; la orden de adelantar las audiencias mediante grabación con los medios técnicos que ofrezcan fidelidad y seguridad de registro, eliminando los trámites “dictados”; adelantando en una primera audiencia la conciliación entre las partes y, ante el fracaso de la misma, la resolución de excepciones, saneamiento y fijación del proceso; y concentrando la segunda audiencia, en la resolución de pruebas y juzgamiento. Dispuso la ley la asistencia obligatoria de las partes en la etapa de conciliación; el aporte de la totalidad de las pruebas documentales con la presentación de la demanda y la contestación; la asistencia de testigos en esa misma audiencia y la posibilidad del juez, como director del proceso, de adoptar las medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos fundamentales, el mantenimiento del equilibrio entre las partes, la agilidad y la rapidez en su trámite; y la apelación de las sentencias de primera instancia en el acto de la notificación, mediante la sustentación oral en lo estrictamente necesario, que será concedido o denegado por el juez inmediatamente. Estas modificaciones han venido transformando la justicia laboral en las principales ciudades del país donde avanza el plan piloto de oralidad, contribuyendo a la creación y sostenibilidad de una nueva cultura procesal, sin dejar de lado la inversión presupuestal necesaria en dotación de despachos judiciales para hacer realidad la justicia oral.

Y, con la Ley 1210 de 2008, se le asignó a la jurisdicción ordinaria laboral resolver la calificación de la suspensión o paro colectivo del trabajo cuyo procedimiento de calificación estaba en cabeza del Ministerio de Protección Social (CST, art. 451), intervención administrativa que había generado de tiempo atrás controversias que reclamaban la eliminación de esa facultad gubernamental y su radicación en cabeza de la justicia ordinaria laboral.

Ley 1395 de 2010

En materia procesal laboral, la Ley 1395 de 2010, en vigencia desde el pasado 12 de julio, solamente modifica unos pocos artículos del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social. Sin embargo, como quiera que de conformidad con el mandato del artículo 145 de la misma codificación, a falta de disposiciones especiales en el procedimiento laboral, se aplicarán las normas análogas del Código de Procedimiento Civil, se hace indispensable remitirse también a las modificaciones que se hicieron a ese código y sus efectos en lo laboral, para un completo análisis de la reforma.

 

 

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Veamos comparativamente cuáles fueron las modificaciones al CPTySS:

Se destacan de las anteriores modificaciones, las siguientes:

1. Se define la competencia por el último lugar donde se haya prestado el servicio o por el domicilio del demandante, a elección de este. Esta medida incidirá notablemente en la disminución de procesos laborales en las cinco principales ciudades del país, donde tienen su domicilio la mayoría de entidades y empresas del país y que al decir de la estadística gubernamental y del Consejo Superior de la Judicatura, vienen radicándose la mayor parte de los procesos laborales por escogencia del demandante al optar por demandar en el domicilio de la demandada. A partir de la reforma queda suprimida esta facultad y concentrada solamente en el lugar del domicilio del demandante o en el lugar de la prestación del servicio.

2. Se aumenta la cuantía para los procesos de única instancia. A partir de la reforma serán los que no excedan de veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes, que a la fecha equivalen a $10.300.000. En primera instancia se adelantarán todos los demás. La cuantía la resolverá el juez por el valor de la suma de todas las pretensiones acumuladas al momento de la presentación de la demanda, de conformidad con lo establecido en el numeral 2º, del artículo 20 del Código de Procedimiento Civil. Adicionalmente, se agrega que conocerán de los procesos de única instancia, los jueces municipales de pequeñas causas y competencia múltiple donde existan, a quienes se les asignan las competencias al tenor de lo dispuesto en el artículo 14A del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 2º de esta ley, pero adelantándose el proceso de única instancia conforme las reglas previstas en los artículos 70 a 73 del CPTySS. Esta categoría de jueces que fue creada por la Ley 1153 de 2007, inicialmente para pequeños asuntos penales, pero es declarado inexequible por la Sentencia C-879 de 2008 de la Corte Constitucional, creándose nuevamente para adelantar por competencia los procesos contenciosos y de sucesión de mínima cuantía, la celebración de matrimonios, y la competencia de los procesos laborales de única instancia.

3. Otra novedad importante es la facultad otorgada al juez para ordenar en la primera audiencia o en cualquier etapa del proceso el pago de las pretensiones que resulten probadas sobre derechos ciertos e irrenunciables del trabajador, continuando el proceso con las demás pretensiones. Se trata este importante ejercicio de disposición del juez de hacer posible que el demandante trabajador reciba el pago pronto de derechos ciertos que le correspondan, debidamente probados, tales como las cesantías, intereses de cesantías y primas de servicios; descansos remunerados y otras prestaciones como la pensión de vejez, invalidez o sobrevivientes, quedando reducido el proceso en lo demás y liberando al juez de decisiones que quedan probadas al comienzo del mismo en la audiencia de conciliación, resolución de excepciones previas, saneamiento y fijación del proceso; o de cualquier otra etapa del proceso hasta antes de proferirse la sentencia.

4. Otro de los aspectos importantes que se reforman es el aumento sensible de la cuantía para recurrir en casación. Con excepción de los recursos ya interpuestos antes de la vigencia de esta ley, que fijaba la cuantía en 120 salarios mínimos legales mensuales, la ley de descongestión la aumenta a 220 salarios mínimos. Seguramente este sensible aumento incidirá en la exclusión de muchos procesos ordinarios cuyas pretensiones giran alrededor del pago de prestaciones sociales y salarios, con excepción de las pensiones; o de indemnizaciones moratorias, en tanto y en cuanto, se traten de salarios medios y altos que alcancen y superen esa nueva cuantía. Se dirá que las causas de los trabajadores de bajos ingresos quedaron por fuera del ejercicio de este recurso extraordinario, con excepción de los derechos pensionales, pero en verdad era necesario modificar la cuantía por el alto cúmulo de procesos ante la Sala Laboral de la Corte. Sin embargo, en nuestro criterio, echa de menos la reforma dos cosas importantes: la primera, que se continúa con la existencia de la vía indirecta o de los hechos, la cual ha venido siendo dejada de lado en varias legislaciones procesales de otros países, cuando no que ha sido suprimido este recurso extraordinario, para concentrarse el recurso extraordinario de revisión o de legalidad, en causales de violación flagrante de la Constitución y la ley. Y, en segundo lugar, no establece la audiencia de oralidad para la sustentación del recurso extraordinario ante la Sala Laboral de la Corte y su decisión a continuación, como se tiene establecido, por ejemplo, en Venezuela, donde el casacionista se obliga a presentar un escrito de formalización del recurso cuya extensión no puede sobrepasar los tres folios por ambas caras, para darle paso a continuación a su sustentación en audiencia laboral, agilizando la decisión final del proceso ordinario ante esa Sala. Consideramos que los medios tecnológicos están a disposición de la Sala para avocar el estudio y decisión de esta manera, con la consecuente celeridad del proceso.

5. Finalmente, se disminuye el término de traslado para sustentar el recurso de casación, al reducirlo, de 30 a 20 días, quedando el término de traslado de la oposición o impugnación de la demanda de casación en los 15 días hábiles previstos por norma anterior. Adicionalmente, le impone a la Sala, que no al magistrado ponente que hubiera sido mejor para concentrar la Sala en la decisión de la sentencia, la admisión del recurso y su traslado al recurrente dentro de los 20 días hábiles siguientes. Ajustada la demanda a los requisitos formales, se ordenará su traslado, también por decisión de la Sala, que no del magistrado ponente, al los opositores para que formulen sus alegatos. Vale la pena mencionar que remata el nuevo artículo 93 del Código de Procedimiento del Trabajo y la Seguridad Social que cuando la demanda no reúna los requisitos formales, o no se presente en tiempo, se declarará desierto el recurso, y se impondrá al apoderado judicial una multa de entre 5 a 10 salarios mínimos mensuales.

Asuntos análogos aplicables al proceso laboral y otras novedades

En aplicación del artículo 145 del Código de Procedimiento del Trabajo y la Seguridad Social, estimamos conducentes la aplicación de las siguientes disposiciones del Código de Procedimiento Civil que se reforman por esta ley:

1. En los interrogatorios de las partes el juez oficiosamente interrogará de manera exhaustiva a las partes sobre el objeto del proceso y se podrá acudir al careo si se hiciere necesario (L. 1395/2010, art. 7º, modificatorio del art. 101 CPC).

2. Los secretarios de los despachos judiciales podrán expedir certificaciones sobre la existencia de procesos, el estado de los mismos y la ejecutoria de providencias, sin necesidad de auto que lo ordene (art. 8º, mod. 116 ibídem).

3. El juez de primera instancia dispondrá de un año, contado a partir del auto de admisión de la demanda o del mandamiento ejecutivo, para dictar sentencia de primera instancia, salvo interrupción o suspensión del proceso, por causa legal; y de seis meses para dictar la sentencia de segunda instancia, contados desde la recepción del expediente en la secretaría del juzgado o tribunal (art. 9º, mod. 124 ibídem).

4. Los testimonios para fines judiciales podrán adelantarse en diligencia extraprocesal con citación de la contraparte (art. 12, mod. 128 ibídem). Estas y otras pruebas podrán practicarse extraprocesalmente con destino a cualquier proceso, salvo el penal, ante notario, con citación de la contraparte y con observancia de las reglas sobre práctica y contradicción establecidas en el Código de Procedimiento Civil (art. 113 ibídem).

5. La demanda con que se promueva cualquier proceso, se presume auténtica y no requiere presentación personal ni autenticación (art. 41 ibídem).

6. Los jueces, tribunales, altas cortes del Estado, Sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y de los consejos seccionales, quedan facultados para que, cuando existan precedentes jurisprudenciales, conforme al artículo 230 Constitución Política y demás disposiciones, puedan fallar o decidir casos similares que estén al despacho para fallo, sin tener que respetar el turno de entrada o de ingreso de los citados procesos, conforme a lo señalado en el artículo 18 de la Ley 446 de 1998 (art. 115 ibídem). Importante avance que permitirá de plano poder avocar la decisión de procesos que giran alrededor de pretensiones y excepciones ya resueltas por las altas cortes.

7. La parte que pretenda valerse de un experticio, podrá aportarlo en cualquiera de las oportunidades para pedir pruebas y el juez citará al perito para interrogarlo sobre su idoneidad y el contenido del dictamen (art. 116 ibídem). Esta facultad elimina o reduce la solicitud y práctica de pruebas periciales dirigidas a ciertas autoridades que demoran el proceso en demasía, pues, será el juez quien evaluará el experticio para tenerlo como prueba.

Facultades otorgadas al Consejo Superior de la Judicatura

En los artículos 53 a 56 de la citada ley, se otorgan atribuciones al consejo para la creación y funcionamiento de los juzgados municipales de pequeñas causas y competencia múltiple que podrán funcionar en las casas de justicia; para celebrar convenios con SENA para que estudiantes de secretariado y secretariado ejecutivo hagan sus pasantías en los despachos judiciales del país, disponiendo los medios técnicos necesarios para su labor; los jueces y magistrados podrán tener los judicantes que estimen necesario para contribuir al mejor desempeño de los despachos judiciales, suministrando los medios técnicos necesarios para su labor.

El artículo 120 faculta al Consejo Superior de la Judicatura para que implemente la notificación por medios electrónicos, de acuerdo con reglamentación que expida el consejo. En verdad, hoy día las cámaras de comercio del país registran en las certificaciones que expiden sobre la existencia y representación judicial de las personas jurídicas y las naturales inscritas el correo electrónico para notificaciones, lo que puede facilitar la celeridad en el trámite de las notificaciones, que hoy se dilatan con los pasos previos de citatorios y notificación posterior por aviso, excepto a las entidades oficiales.

Finalmente, como quiera que la ley entró en vigencia el 12 de julio de 2010, por ser las disposiciones procesales de orden público, son de aplicación inmediata, salvo lo previsto por esta misma ley.

Quedaremos atentos de la aplicación procesal de este nuevo esfuerzo legislativo del Estado y sus bondades en imprimirle al proceso laboral verdadera celeridad para el debido cumplimiento de una justicia pronta y eficaz.