Nueva regulación de las juntas de calificación de invalidez: D. 1352/2013

Revista Nº 181 Ene.-Feb. 2014

Fabián Ignacio Hernández Henríquez 

Asesor laboral y catedrático 

Para el año 1993, el procedimiento para determinar la invalidez, así como los parámetros o “baremos” de su medición, dependían del régimen al que estuviera o no vinculado un ciudadano. Las personas afiliadas al Instituto de Seguros Sociales se calificaban según el Acuerdo 258 de 1967 de esa entidad, que incluía una especie de proceso y una tabla de medición; a aquellos no afiliados al ISS se les calificaba con el listado del artículo 209 del Código Sustantivo del Trabajo, sin que esta norma fijara procedimiento alguno.

Los trabajadores del magisterio eran calificados mediante el Acuerdo 258 del ISS, pero no por los médicos de esa entidad, mientras que quienes laboraban para Ecopetrol se regían por el artículo 209 del Código Sustantivo del Trabajo con procedimiento de medición convencional. Al margen de esto, las Fuerzas Militares tenían norma especial de calificación en el Decreto 894 de 1984 a cargo de Sanidad Militar y si el debate de la invalidez se refería al cubrimiento de una póliza de aseguramiento privada, en su texto solían determinarse baremos y procedimientos.

De lo anterior, encontramos, por un lado, que las tablas podían ser sustancialmente disímiles, pudiendo declarar inválida a una persona bajo un baremo y como apta para laborar si se le aplicaba uno diferente; y por otro, que quienes calificaban la invalidez podían entrar en conflicto permanente. Los médicos del ISS, los médicos privados de las aseguradoras, medicina legal, medicina del trabajo y hasta los médicos privados contratados por los propios afectados por la situación de discapacidad, competían con sus dictámenes.

No se extracta de lo dicho, por lo que debe mencionarse que los “manuales” enumerados, eran bastante antiguos. El del Código Sustantivo del Trabajo solo fue modificado, desde su adopción en 1950, por el Decreto 776 de 1987 y el de ese instituto, adoptado como gran novedad en 1967, y así continuó aplicándose hasta 1995. Esta vetustez los fue haciendo obsoletos desde el punto de vista técnico y científico, generando nuevas inequidades en los procesos de medición y en los resultados de las calificaciones.

Es por ello que el legislador de 1993, en un importante esfuerzo busca la unificación de los regímenes de la seguridad social existentes y, también, la de los criterios para determinar la invalidez y calificarla mediante entes especializados. Lamentablemente, esta gran idea quedó plasmada en unos cortos artículos, sin visión amplia ni aplicabilidad práctica inmediata, por ello debieron ser reformados en tres o más oportunidades en los veinte años de vigencia de la Ley 100 de 1993 (en adelante Ley 100), y con la reglamentación por decretos se fueron adecuando las normas para buscar la aplicabilidad faltante.

Los artículos fueron el 41, 42 y 43. En el primero se establecieron varias ideas:

— La más importante, que el estado de invalidez se determina con base en un manual único de calificación de la invalidez, expedido por el Gobierno Nacional, aplicable a “toda” la población colombiana.

— Que el MUCI debe contemplar criterios técnicos de evaluación, para calificar la imposibilidad del afectado para desempeñar su trabajo por pérdida de la capacidad laboral. Es decir, un manual de aplicación subjetiva al caso de cada afectado y no una tabla matemática como la contenida en los baremos existentes.

En el segundo se determinó que las juntas regionales de calificación de invalidez aplicarían ese MUCI y les fijaron unas características muy básicas que generaron dificultades en su implementación. Las juntas serían:

— Comisiones interdisciplinarias compuestas por un número impar de expertos. El legislador sobrevaloró la población médica del país considerando que podría haber todo tipo de expertos en las diferentes ciudades y no fue así. Aunque los haya, estos se vinculan a las IPS, relacionadas con las EPS, lo cual les impide su participación por ser “juez y parte”.

— Sus miembros debían ser designados por el Ministerio del Trabajo y actuarían según la reglamentación que en efecto expidiera el Gobierno Nacional. Esto llevó a no saber cuál era su naturaleza jurídica: ¿Entes privados con funciones públicas? ¿Responsables disciplinariamente? ¿Demandables por sus actos como entes privados, a título personal como médicos particulares, o como ente público adscrito o vinculado al Ministerio del Trabajo que los nominaba?

— Obsérvese que no tenían personería jurídica diferente de sus miembros, con resultados tan simples como embarazosos. No podían existir tributariamente, no podían efectuar trámite bancario alguno a título de junta, arrendar sus instalaciones bajo esa condición, ni tampoco contratar personal como entidad, por lo que, en muchos casos, el miembro “más solvente” de la junta era quien prestaba su nombre para poner en funcionamiento el local.

— Los honorarios de los miembros eran pagados por las entidades del sistema de seguridad social. Ello se tradujo en que eran trabajadores independientes.

— Sus funciones generales fueron: i. Calificar en primera instancia la invalidez dictaminando el porcentaje de reducción de capacidad laboral del afectado, y ii. Determinar el origen de la invalidez, estableciendo si la causa que la había generado era de orden común o laboral.

El tercer artículo creó la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, para resolver en segunda instancia las controversias sobre los dictámenes de las juntas regionales, con las mismas condiciones y efectos negativos vistos. Así, se le dieron facultades al Gobierno Nacional para reglamentar el recurso de apelación.

Así las cosas, comenzó una primera etapa de “puesta en marcha” del sistema de calificación de invalidez que iría desde 1994 hasta 1999. Los instrumentos fueron la reglamentación de las juntas de calificación de invalidez, en el Decreto 1346 de 1994 y el manual único de calificación de invalidez, en el Decreto 692 de 1995. Para 1999 las dos normas acusaron fatiga.

El manual, que no es objeto de este escrito, vio surgir nuevas tendencias científicas y quedó retrasado, por lo cual se actualizó con un nuevo MUCI adoptado por el Decreto 917 de 1999. Cabe anotar que el tiempo sigue pasando y los avances en estas materias son importantes, y el Ministerio del Trabajo lleva más de dos años buscándole remplazo al 917 que tiene ya casi 15 años.

La regulación de las juntas no podía ir más allá de los, aunque importantísimos, pobres y limitados artículos 42 y 43 de la Ley 100. Los problemas previstos en la interpretación de estas dos normas no hicieron sino patentizarse en el decreto reglamentario:

— Ordenó la aplicación del procedimiento genéricamente, desconociendo la existencia de los regímenes exceptuados por la Ley 100.

— Ratificó las funciones de primera instancia en las juntas regionales y de segunda, en la nacional.

— Intentó aclarar (no lo logró) la naturaleza jurídica de las juntas, sus miembros y eventuales empleados. No pudo otorgarles la personería jurídica que la ley no les había concedido, ratificó la negativa de que los miembros fuesen empleados públicos, les negó relación laboral alguna y dijo que sus empleados serían particulares.

— No obstante toda esta independencia, sometió a las juntas a la vigilancia del Ministerio del Trabajo.

— Fijó requisitos para ser miembro de las juntas (estudios y experiencia).

— Estableció funciones de las regionales y la nacional, referidas a las instancias respectivas y destacándose (para la nacional) unificar criterios (especie de jurisprudencia pericial) y asesorar al Ministerio del Trabajo en la actualización del MUCI.

— Reguló las funciones de los secretarios de las juntas, quienes deberían ser abogados.

— A los miembros se les determinó un periodo de tres años y como única sanción, por inasistencia injustificada, el cambio de miembro. Los eximió del régimen de inhabilidades e incompatibilidades del servidor público.

— Estableció normas básicas de procedimiento: quiénes participarían en las audiencias, cuál sería la competencia de las juntas, cómo se presentaría una solicitud de dictamen, el reparto de la solicitud entre los miembros, la sustanciación y la ponencia, la audiencia y la notificación. Para la segunda instancia, los términos para presentar el recurso de apelación y el dictamen definitivo. Igualmente, la práctica de exámenes y a quién correspondería su pago, siendo la regla general, la entidad administradora correspondiente.

— Para terminar, fijó en un salario mínimo el costo del dictamen por instancia, debiendo el secretario pagar, a título de honorarios el 15% para cada miembro y para él el 60%, y destinar el 40% para gastos de administración.

Con una reglamentación tan básica los problemas no se hicieron esperar. Las demandas contra los dictámenes, al no tener personería, debían dirigirse contra su supuesto “vinculador”, el Ministerio del Trabajo, viéndose este obligado a hacer parte de cada proceso judicial y responder demandas sin tener el más mínimo conocimiento de los casos.

La inexistencia de una calificación previa (que rechazó el legislador de 1993, pues recaería en las entidades administradoras del sistema haciéndolas juez y parte) obligó a que todos los casos fueran atendidos por las juntas regionales, atosigándolas de trabajo y generando demoras en una atención cada vez más lenta al usuario.

Todas las previsiones problemáticas de funcionamiento de las juntas (quién arrienda, a qué título, quién contrata los auxiliares, quién paga sus salarios y prestaciones, quién abre una cuenta de ahorros en un banco, etc.) se dieron en la práctica, por ello fue necesario replantear las consideraciones con que habían sido creados los artículos originales de la Ley 100.

La primera actividad de reforma la determina el Decreto-Ley 266 del 2000 (decreto antitrámites), al modificar el artículo 41 de la Ley 100 de 1993. Se establece que antes de la primera instancia a cargo de las juntas calificadoras, habría una primera oportunidad a cargo de las entidades administradoras del sistema, que deberían determinar la pérdida de capacidad laboral y su origen, todo con base en el MUCI, y con la posibilidad de acudir posteriormente a la junta regional en primera instancia.

Se buscaba que el mayor número de calificaciones quedaran en esa primera oportunidad, y que solamente en eventos de discusión científica, tuviera que acudirse al procedimiento legal; sin embargo, la costumbre de asistir de manera exclusiva a las juntas hizo inoperante la norma, que fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-1316 del 2000 (la C. Const. consideró que la norma que otorgaba facultades al Presidente de la República —L. 573/2000—, era muy ambigua y genérica, por lo que declara inexequible todo el decreto).

Ante la necesidad de corregir las inconsistencias del decreto de 1994, se expide el Decreto 2463 del 2001, regulando nuevamente las juntas de calificación. Este decreto es más amplio que su predecesor, pero no logra adecuar la situación a las necesidades reales ya que se basa en los mismos apretados artículos 42 y 43 de la Ley 100; sin embargo, encontramos estos cambios:

— El campo de aplicación aclara que se aplica a todos los trabajadores del país, con excepción de las Fuerzas Militares y la Policía. Incluye a los afiliados al Fondo de Previsión del Congreso y al personal no uniformado del Ministerio de Defensa y establece que las juntas regionales serán segunda instancia para los trabajadores del magisterio y los empleados de Ecopetrol.

— Fija expresamente la función de determinar la fecha de la estructuración de la invalidez.

— Revive la calificación en primera oportunidad, pero extrañamente no lleva ese nombre y queda casi exclusivamente a cargo de las administradoras de riesgos laborales.

— Determinó que las juntas serían autónomas, sin ánimo de lucro, privadas y sin personería jurídica, con sus integrantes designados por el Ministerio del Trabajo, con lo cual no se corrigió nada.

— Se crearon obligaciones de llevar registros y rendir informes al ministerio. El secretario debe ahora prestar servicios jurídicos y ser el administrador de los bienes.

— El procedimiento buscó ser más detallado, comenzando con la prueba de terminación del proceso de rehabilitación, y esperando que el proceso debiera tener remisión de pruebas, historias y exámenes el día 150 de la incapacidad laboral.

— Se ampliaron las personas y entidades que podían solicitar un dictamen y se fijaron reglas generales de solicitud, reparto, sustanciación, ponencia, audiencia, dictamen, notificación y posterior apelación, para acudir en segunda instancia ante la Junta Nacional.

— Se permitió la asistencia a las audiencias de los médicos de la AFP, ARL, EPS, entidades de previsión social, compañía de seguros y el médico tratante del afiliado; sin embargo, el trabajador de bajos recursos que no puede pagar al médico para que lo acompañe puede quedar sin respaldo. Sería interesante mirar repuestas de otros países donde es la seguridad social la que nombra un médico de oficio para que el trabajador tenga acompañamiento durante el proceso.

— Sin base jurídica alguna, se “aclaró” que la junta (sin personería) sería representada judicialmente por el secretario. Con esto, frente a demandas contra sus dictámenes podría ser demandada directamente, desvinculando de los procesos al Ministerio del Trabajo.

— La vigilancia sigue a cargo de ese ministerio, pero se da un vuelco al considerar que a los miembros de las juntas, por ejercer funciones públicas, se les aplicará el Código Disciplinario Único.

— Respecto de los honorarios, estos siguieron siendo de un salario mínimo por instancia y su distribución no sufrió cambios.

Las modificaciones fueron paños de agua tibia, para un problema que crecía cada día. Este decreto, si bien fue más concienzudo, no arregló de raíz las situaciones que se venían presentando y, por el contrario, cada día de demora en la expedición de una normatividad adecuada a la experiencia adquirida complicó el acceso a la calificación de invalidez y dificultó el funcionamiento de las juntas.

En 2005 se redactó nuevamente el artículo 41, esta vez de manera profunda, por la “Ley Antitrámites” (L. 962). Modificó la primera oportunidad, reviviendo el Decreto 266 del 2000. Destaca la reaparición amplia (no solo a cargo de las ARL), en esa calificación, de las compañías de seguros, las EPS, etc. Adecúa la conformación de las juntas y su responsabilidad en la calificación. Sin embargo, el efecto deseado de disminuir la asistencia ante las juntas no se logró, y el artículo 41 de la Ley 100 vuelve a ser redactado en el Decreto-Ley 19 del 2012 (otra “Ley Antitrámites”).

Establece que el acto que declara la invalidez debe contener expresamente los fundamentos de hecho y de derecho que lo originaron, así como la forma y oportunidad en que el interesado puede solicitar la calificación a la junta regional. Hace énfasis en que los trámites deben cumplirse entre los días 150 y 180 de la incapacidad laboral para que el sistema de salud o de salud de riesgos laborales cesen sus pagos económicos y el afiliado sea atendido, en este tema dinerario, por la pensión de invalidez.

La realidad reveló lo contrario. Se seguían viendo casos de personas con más de 1.000 días de incapacidad laboral, que no contaban con la calificación correspondiente, generando un grave problema para las empresas, que no pueden dar por terminado el contrato de trabajo de ninguna manera, salvo mediante un permiso que puede solicitarse al Ministerio del Trabajo. Si se cumplieran los tiempos de esta norma, los trabajadores serían pensionados y no permanecerían indefinidamente en las empresas afectándose en su integridad, afectando el clima laboral, invitando a otros a “incapacitarse” para no trabajar y se resolvería su problema económico, puesto que tendrían su pensión reconocida.

El movimiento legislativo final lo hace la Ley 1562 del 2012 adicionando el artículo 41 con repeticiones sobre las instancias (regionales y nacional) y la forma de seleccionar a los miembros por concurso público, y modificando totalmente los artículos 42 y 43, lo que permitió crear una nueva reglamentación más amplia.

El artículo 42 (subsume 42 y 43) por primera vez define a las juntas como entidades adscritas al Ministerio del Trabajo y les confiere personería jurídica. Las sigue entendiendo como entes de derecho privado y les impone revisoría fiscal, permitiéndoles actuar con autonomía técnica y científica.

Otro hecho nuevo es que las entidades de la seguridad social y los integrantes de las juntas serán responsables solidariamente por los dictámenes que produzcan perjuicios a los afiliados o a las administradoras, cuando se encuentren plenamente probados.

El artículo 43 es nuevo. Trata impedimentos, recusaciones y sanciones, los cuales aparecían en mínima escala en los decretos. Se entiende que por asimilarse a falladores, se les aplicará el régimen de los jueces de la República, según los códigos de Procedimiento Civil y Contencioso Administrativo. Finalmente, repite normas anteriores diciendo que no son empleados públicos, no tienen relación laboral, no generan pago de salarios ni prestaciones sociales, pero que por prestar función pública se les aplica el Código Disciplinario Único.

Sobre esta base legal, el Gobierno Nacional expide una nueva regulación de las juntas de calificación con el Decreto 1352 del 26 de junio del 2013 que busca hacerlas más operativas y eliminarles trabas que dificultaban sus buenos oficios. Es un nuevo paso y tal vez el más importante dado hasta ahora desde el momento de su creación. Allí se recogen quejas, necesidades, requerimientos y falencias indicadas durante 19 años de funcionamiento, con la expectativa de que este sea más fluido. Es probable que algunos temas hayan quedado en el tintero, pero el avance es claro.

1. Consideraciones generales

— Las juntas calificarán la invalidez de las personas que tengan relación con el sistema de seguridad social en general.

— Las regionales actuarán como segunda instancia para el Fondo del Magisterio y Ecopetrol, y como peritos en procesos judiciales o administrativos, para entidades bancarias o compañía de seguros y para personas con derecho a prestaciones de la Ley 418 de 1997 (afectados por hechos violentos generados en el conflicto armado).

— No calificarán en los regímenes especiales de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, excepto que se les pida como peritaje.

— Son principios rectores: buena fe, debido proceso, igualdad, moralidad, eficiencia, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad, integralidad, unidad, ética profesional y las disposiciones del MUCI.

— Según la Ley 1562 del 2012, las juntas cuentan ahora con personería jurídica, situación que les permite existir tributaria, societaria, comercial y laboralmente, como entes diferentes de sus miembros. El vencimiento de los periodos de sus conformantes ya no afecta la entidad.

— Se constituyen como entidades adscritas al Ministerio del Trabajo (las entidades adscritas, a diferencia de las vinculadas, tienen mayor control de tutela).

— Cuentan con autonomía técnica y científica en sus dictámenes, los cuales son de obligatorio cumplimiento.

— En el evento de ser demandados estos dictámenes, será ante la jurisdicción laboral y responderán directamente, como entes de derecho privado, sin que deba demandarse al Ministerio del Trabajo - la Nación.

2. Conformación

— Se conforman por concurso. Se miden conocimientos de manejo de manuales de calificación, experiencia y pruebas de personalidad y aptitudes. Se determinan requisitos de estudios y experiencia para la Junta Nacional y para las regionales, que serán de dos tipos, A y B.

— El ministerio puede armar listas de suplentes, nuevas juntas y dentro de las juntas organizar las salas requeridas.

— Una nueva conformación interna determina que los “integrantes” son quienes emiten los dictámenes, los “miembros” son los directores administrativos y los “trabajadores” son quienes realizan las actividades operativas.

— Desaparece la figura del secretario y es reemplazada por la de director administrativo y financiero y deberán elegir contador público y revisor fiscal.

— Los integrantes y el director fijan el valor de los salarios.

— Los integrantes principales no pueden tener vinculación con entidades administradoras del sistema ni con entes de vigilancia del mismo y tampoco se podrá ser miembro de la junta por más de dos periodos “continuos”.

3. Funciones de la junta y sus integrantes y miembros

— Respecto de las juntas, no cambian sustancialmente con relación a las normas anteriores. Se dictan su propio reglamento, deben tener una sede de fácil acceso, garantizar la atención, asesorar al Ministerio del Trabajo, capacitar a sus integrantes, emitir dictámenes, practicar u ordenar practicar exámenes y evaluaciones y elegir contador y revisor fiscal.

— Los integrantes estudian los expedientes, sustentan las ponencias y fijan los dictámenes.

— El director realiza funciones administrativas y financieras que correspondían al secretario. Radica proyectos, cita a los interesados, reparte las solicitudes, notifica los dictámenes, responde por los bienes de la entidad, autoriza el pago de honorarios, etc.

— Los integrantes suplentes actúan frente al vacío de un cargo, renuncia, retiro, ausencia temporal, impedimentos o recusaciones y los integrantes ad hoc (nueva figura), cuando el suplente tampoco pueda actuar.

— Todas las juntas deben llevar un directorio de profesionales o entidades interconsultores independientes de las instituciones de seguridad social relacionadas con el caso a dictaminar, a quienes se solicitará la práctica de exámenes complementarios o valoraciones especializadas, pudiendo inclusive practicarse en el exterior.

4. Administración

— El director administrativo y financiero de la junta presentará y aprobará el presupuesto anual. Las juntas no pueden cerrar un año con pérdida.

— El valor de la instancia sigue siendo el mismo, un salario mínimo y lo debe pagar el solicitante u obligado (afiliado, empleador, entidad administradora, peticionario de la prueba judicial, Fondo del Magisterio, Ecopetrol, etc.), salvo en peritajes penales que serán gratuitos.

— En la Junta Nacional y en las regionales tipo A(1), se mantienen los porcentajes de 15% a cada integrante y en las de tipo B(2), aumentan al 20%.

— Los honorarios del director son fijados por el Ministerio del Trabajo.

— Los gastos de administración (que eran del 40%) ahora son del porcentaje restante. Desconocemos si esto será efectivo o no, si el dinero alcanzará a sus fines, aunque la norma dice que si hay remanentes, deben invertirse en entidades financieras.

— Como ahora las juntas cuentan con personería jurídica, deben abrir cuentas bancarias a su propio nombre, llevar contabilidad y sus respectivos libros.

— Se fijan las funciones usuales del revisor fiscal.

— Las juntas deben contar con un archivo funcional (histórico de integrantes, de reglamentos, presupuestos aprobados, reuniones, correspondencia con el ministerio, informes, nóminas, arrendamientos, inventarios de bienes, etc.).

5. Procedimiento

— Se conserva el listado de quiénes pueden presentar solicitudes a las juntas.

— Se permite que la persona natural interesada pueda hacer su solicitud directamente si han pasado 30 días desde que terminó el proceso de rehabilitación integral y aún se califica en primera oportunidad.

— También, cuando han pasado 540 días de ocurrido el accidente o diagnosticada la enfermedad, o si pasados 5 días de la manifestación de inconformidad, las entidades de seguridad social no envían el caso a la junta regional.

— Se fija un listado de documentos que deben acompañar la solicitud (cuando sean necesarios, afiliaciones, contratos, etc.). Si la solicitud va incompleta se indicarán los faltantes y se concederán 30 días para aportarlos.

— Los gastos de traslado para valoraciones son de las administradoras de la seguridad social.

— El procedimiento no sufre mayores modificaciones. Recibida la solicitud completa se reparte en los 2 días siguientes, se cita al paciente dentro de los 2 días que siguen, se le valora dentro de los 10 días, en los 5 días que continúan se estudian las pruebas y se radica la ponencia y el director agenda el caso para la siguiente audiencia privada.

— El dictamen se notifica dentro de los dos días siguientes y el recurso de apelación debe presentarse en los 10 días siguientes (todos son días hábiles).

6. Vigilancia y control

— La ejerce el Ministerio del Trabajo que puede imponer multas hasta de 100 salarios mínimos en caso de encontrar inconsistencias o incumplimientos legales.

— Los integrantes (no el miembro, ni los trabajadores) prestan servicio público y se les aplica el Código Disciplinario Único por parte de la Procuraduría General de la Nación.

7. Otras consideraciones

— Toda calificación de primera oportunidad y de primera o segunda instancia debe tener fundamentos de hecho y de derecho.

— El artículo 52 del decreto abre la posibilidad a que se comience a determinar invalidez integral, aunque la vincula con la Sentencia C-245 del 2005, que para el efecto no es la más clara de las sentencias que toca el tema.

— La revisión de la calificación no sufre modificaciones importantes. Tal como lo expresa la Ley 100 de 1993 debe realizarse cada tres años para establecer si el pensionado ha mejorado o empeorado su porcentaje de incapacidad laboral a fin de extinguir la pensión, continuar con ella en las mismas condiciones o aumentarla.

— La norma determina un periodo de seis meses para adecuar la conformación de las juntas a las condiciones del decreto.

No cabe duda de que las modificaciones permitirán un mejor funcionamiento interno de las entidades. Si reconocemos como válida la “primera oportunidad” y reducimos la litigiosidad, se logrará descongestionar las juntas regionales, y si se cumplen los términos indicados no veremos en el futuro exabruptos de trabajadores incapacitados por más de 1.000 días, permitiéndoles devengar su pensión de invalidez y liberando a los empleadores de la carga de seguir en su nómina con quien debería estar pensionado.

(1) Bogotá y Cundinamarca, Valle del Cauca, Antioquia, Atlántico, Bolívar, Santander, Norte de Santander, Magdalena, Córdoba, Sucre, Cesar, Quindío, Risaralda, Caldas, Nariño, Cauca, Huila, Tolima, Boyacá y Meta.

(2) Arauca, Chocó, Guajira, Putumayo, Guaviare, Vaupés, Caquetá, Casanare, Guainía, Vichada, Amazonas y San Andrés y Providencia.