Nuevas herramientas para defender al contribuyente

Revista Nº 129 Mayo-Jun. 2005

Javier N. Rojas 

Especial para la Revista Impuestos 

En días pasados fue radicado en el Congreso un proyecto de estatuto para la defensa del contribuyente. Esta iniciativa propone la creación de un instrumento de aclaración y amparo, que le permitiría al director general de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) revisar los actos de la administración tributaria que se consideren violatorios de los derechos de los contribuyentes.

La propuesta legislativa, promovida por la defensora del contribuyente y usuario aduanero y cambiario, Beatriz Eugenia Hernández, pretende, además, que la defensoría pueda interponer acciones de tutela para evitar los excesos de la entidad recaudadora de tributos. Hernández conversó con la REVISTA IMPUESTOS sobre este y otros temas.

Revista Impuestos: ¿De dónde surgió la idea de promover un estatuto del contribuyente? 

Beatriz Eugenia Hernández: Después de estudiar las estadísticas que existen sobre los reclamos presentados por los contribuyentes y usuarios desde la creación de la defensoría, se concluyó que era indispensable hacer un diagnóstico que permitiera establecer causas, consecuencias, actores y soluciones. Para ello, se realizó un análisis situacional, cuyo resultado fue un mapa conceptual, que definió como problema macro la permanente violación de los derechos y garantías de los administrados y, como parte de la solución, la necesidad de elevar a ley los derechos y garantías de estos. Allí se le otorgan a la defensoría facultades para defenderlos ante la DIAN.

R.I.:¿En qué modelo se inspiró el proyecto? 

B.E.H.: Se efectuó un estudio sobre la legislación comparada en materia de derechos y garantías de los contribuyentes y usuarios en el mundo, especialmente las de España, Italia, EE. UU., México, Pakistán y Canadá. Con esa base, se elaboró nuestro modelo ajustado a la realidad colombiana. De ser aprobado el proyecto, se convertiría en uno de los estatutos más completos en materia de defensa de los contribuyentes.

R.I.:¿Cuáles son las propuestas más importantes? 

B.E.H.: Lo más destacado del proyecto son los instrumentos jurídicos, en virtud de los cuales la defensoría tendría facultades para que los derechos vulnerados se restablezcan. Vale la pena señalar, entre ellos, la figura de aclaración y amparo, que consiste en la revisión que el director general de la DIAN, a petición de la defensoría, efectuaría de una actuación de la administración violatoria de derechos o garantías fundamentales. Igualmente, se otorga a la defensoría la facultad de incoar acciones de tutela relacionadas con la materia. Por las mismas razones, la defensoría podría demandar en acción de inconstitucionalidad o por ilegalidad una disposición, con el objeto de restituir el derecho o garantía lesionado.

R.I.:¿Qué otros puntos resaltaría? 

B.E.H.: Como propuestas importantes tenemos: en primer término, la humanización y socialización del sistema tributario, aduanero y cambiario, fundamentado en el respeto por la dignidad humana. En segundo lugar, la creación de un estatuto que tenga la fuerza jurídica suficiente para que la defensoría pueda cumplir a cabalidad con sus propósitos. Tercero, la creación de herramientas capaces de coadyuvar la cultura del pago de los tributos. Cuarto, el desarrollo del principio de la gratuidad. En quinto lugar, se pretende dar trascendental importancia al derecho fundamental de la información. Y finalmente, se contempla el fortalecimiento de la autonomía de la defensoría, lo que le permitirá pronunciarse con total independencia de las autoridades fiscales.

R.I.:¿El estatuto tributario ofrece suficientes garantías en defensa del contribuyente? 

B.E.H.: No. En primer lugar, porque es una compilación de normas que permanentemente se están modificando y creando. En segundo término, porque contiene disposiciones que no se han ajustado al nuevo modelo de Estado social de derecho. Además, porque, en algunos casos, aquellas normas han sido inspiradas en un afán recaudador y fiscalista, sin importar la trasgresión de los derechos y garantías que deben asistir a los contribuyentes y usuarios aduaneros y cambiarios. A pesar de sus reformas, el sistema sancionatorio continúa soportado en un derecho objetivo, proscrito por la Constitución.

R.I.:¿Cuáles son los principales abusos a los que está expuesto el contribuyente? 

B.E.H.: Los casos más significativos tienen que ver con la aplicación e interpretación de la normativa en materia procedimental, en donde se vislumbra un claro sesgo hacia el cumplimiento de metas de recaudo y gestión, en detrimento de los principios de equidad y justicia que deben regir los actos de los funcionarios. Adicionalmente, en algunas administraciones existe un gran descontento por parte de los contribuyentes y usuarios frente a la dilación y mora en la respuesta a sus solicitudes, falta de apoyo y orientación para el cumplimiento de sus obligaciones y poca celeridad en la atención de sus trámites. De manera particular, en los procesos de devoluciones no se respeta el principio de la buena fe, lo que significa la inversión de la carga de la prueba. Finalmente, en el proceso de cobro es usual que se cometan excesos como, por ejemplo, reportar en el boletín de morosos a personas que se encuentran al día con la administración y decretar embargos que superan el ordenamiento legal.

R.I.:¿La defensoría del contribuyente tiene la capacidad técnica para vigilar los actos de la administración tributaria frente al contribuyente? 

B.E.H.: Haciendo la claridad de que la defensoría del contribuyente y usuario aduanero no es un ente de vigilancia y control de la administración tributaria, esta entidad sí cuenta con una excelente capacidad técnica para asumir su función de supremo garante de los derechos de los administrados. Sin embargo, su capacidad operativa es demasiado reducida, frente a lo cual solicitamos los recursos humanos y logísticos para mejorar la cobertura. La propuesta de estructura orgánica contempla la asignación de recursos equivalentes al 5% del presupuesto asignado anualmente a la DIAN, es decir, unos 11.000 millones de pesos al año. De igual manera, la planta requerida, para cubrir cada una de las ciudades en donde la DIAN tiene sede, estaría integrada por 130 funcionarios. Presentamos dos propuestas de reestructuración de la defensoría al Ministerio de Hacienda. La primera, corresponde a la creación de una unidad administrativa especial de la DIAN para la defensa del contribuyente. Y la segunda, es aprovechar la reestructuración de la dirección de impuestos para tener una organización independiente, aunque financiada con presupuesto de la DIAN.