Nuevas reglas para devolución de impuestos

Revista Nº 164 Mar.- Abr. 2011

Humberto Aníbal Restrepo Vélez 

Abogado tributarista  

A la reiterada práctica de las autoridades tributarias que mediante vías de hecho persisten en dilatar el procedimiento administrativo de devolución y/o compensación de impuestos —al seguir asignando citas previas para el efecto—, ahora se une el legislador que, antes de facilitar y agilizar los trámites en favor de los contribuyentes, concede prerrogativas para beneficiar la ineficiencia administrativa.

Prueba de ello es la reciente reforma tributaria adoptada con ocasión de la Ley 1430 del 2010, que se encargó de modificar aspectos importantes relacionados con las solicitudes de devolución de impuestos nacionales, manteniendo la tendencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, de resistirse a devolver los saldos a favor de los contribuyentes.

Basta con señalar que por mandato del artículo 855 del estatuto tributario, el término general dentro del cual se deben efectuar las devoluciones fue ampliado de treinta (30) a cincuenta (50) días hábiles, con el pretexto del desmesurado incremento de las solicitudes de devolución derivado de la ampliación del listado de bienes exentos como producto de las últimas reformas tributarias(1).

Otro tanto sucedió con el trámite señalado en el artículo 860 del estatuto tributario, relacionado con las solicitudes que se presenten acompañadas de una garantía otorgada por entidades bancarías o por compañías de seguros, caso en el cual, no solo el término para efectuar la devolución se duplicó con relación al que venía operando —desde la modificación será de veinte (20) días hábiles—, sino que se condicionó la viabilidad de este procedimiento preferente, a la verificación de los siguientes aspectos:

(i) Es menester que la garantía ofrecida por el contribuyente cubra tanto el valor equivalente al monto objeto de devolución, como el correspondiente a las sanciones previstas por la improcedencia de las devoluciones o compensaciones (E.T., art. 670), lo que incluye, no solo el incremento del 50% sobre los intereses moratorios que se puedan causar —monto imposible de calcular de manera anticipada, lo que hace inaplicable la disposición—, sino además un valor que represente el quinientos por ciento (500%) del monto de la solicitud, en previsión del fraude o la utilización de documentos falsos para obtener la devolución, que facultarían la imposición de esta sanción adicional(2).

(ii) La redacción de la norma conduce a limitar la posibilidad de presentar la solicitud de devolución con garantía, a que el monto de las sanciones que se exige garantizar no exceda de diez mil (10.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, referencia que contradice la técnica prevista para esos efectos por el artículo 868 del estatuto tributario, que creó la unidad de valor tributario, UVT.

(iii) Se faculta al Director de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, para que, mediante resolución motivada y previa evaluación de los factores de riesgo, prescriba los contribuyentes o sectores que —aunque presenten la solicitud con garantía— deban sujetarse al término general señalado para efectuar la devolución, el cual, incluso, puede ser objeto de suspensión al amparo de las reglas establecidas por el artículo 857-1 del estatuto tributario. Se trata de una especie de “patente de corso” para la administración tributaria, que simplemente puede conducir a inaplicar el trámite especial que consagra la norma.

Se aplaude, eso sí, que se aprovechó la oportunidad para reconocer la causación de intereses de mora a favor del contribuyente, desde el momento en que se confirme el saldo a favor que hubiere sido discutido de manera oficial y hasta la fecha en que se produzca efectivamente la devolución (L. 1430, art. 12), y que se consagró el hecho de la corrección de la declaración tributaria cuyo saldo a favor haya sido objeto de devolución y/o compensación, como generador de la sanción por la improcedencia de las devoluciones o compensaciones (L. 1430, art. 18).

Queda clara la intención de dilatar el término para obtener la devolución de impuestos y de limitar la utilización del procedimiento de devolución de impuestos con garantía, en perjuicio del legítimo derecho de los contribuyentes a recuperar en el menor tiempo posible los saldos a su favor, ya que, además de haber cumplido con sus obligaciones formales y sustantivas, lo han hecho por encima de la carga impositiva prevista en la ley, en contraposición de los contribuyentes morosos a quienes, por el contrario, se les proporciona un trato preferencial, cuando la misma ley establece condiciones especiales para el pago de impuestos (L. 1430/10, art. 48).

(1) Ponencia para el segundo debate al Proyecto de Ley 124 del 2010 Cámara, 174 del 2010 Senado.

(2) DIAN, Conc. 13075, feb. 24/2011.