Obligación de declarar renta: independientes con rentas asalariadas

Revista Nº 169 Ene.-Feb. 2012

Jesús Orlando Corredor Alejo 

Socio Tributar Asesores SAS 

Desde hace muchos años (al menos desde la entrada de la Ley 49 de 1990) ha existido la obligación de declarar renta para asalariados (E.T., art. 593) y para los trabajadores independientes de manera separada (E.T., art. 594-1). Los requisitos para no estar obligados han sido los mismos, y las cifras usadas para ellos han sido similares.

 

PAGINA27.JPG
 

 

Pero si todo era igual, ¿qué los hacía diferentes? Solamente había una diferencia: a los asalariados no se les incluye dentro del total de ingresos que sirven para computar las 3.300 UVT, los ingresos que obtengan por venta de activos fijos, ni los derivados de loterías, rifas, apuestas o similares. A los independientes, en cambio, sí se les debe computar estos conceptos dentro del total de ingresos que sirven de referente para medir las 3.300 UVT.

Hoy, como se sabe, hay diferencia por el monto de ingresos porque la Ley 1429 subió las UVT a 4.073 para los asalariados.

Era obvio que si un sujeto tenía ingresos por honorarios y por salarios, podía estar en cualquiera de las dos hipótesis y por ello, desde siempre el artículo 30 del Decreto 836 de 1991 dijo que si el sujeto tenía ingresos por salarios y por honorarios, tendría que ubicarse en el nivel de ingresos que fuera mayor. Estos ejemplos dejan ver cómo funcionaba el asunto (valores en UVT): (ver cuadro 1)

En uno y otro caso, el sujeto tiene ingresos por 3.000 UVT, o sea, por debajo de 3.300 y no estaría obligado a declarar. Sin embargo, en la hipótesis 1 el sujeto se calificaba como asalariado y en la hipótesis 2 se calificaba como independiente. Ahora, el artículo 593 del estatuto tributario le dice al asalariado (hipótesis 1) que al menos el 80% de los ingresos tenían que provenir de salarios. Y el 594-1 ib. le dice al independiente que al menos el 80% debía provenir de honorarios. Miremos lo que pasaba entonces (es decir, antes de la Ley 863 de 2003): (ver cuadro 2)

En los dos casos, a pesar de tener ingresos por debajo de 3.300 UVT, ambos tenían que declarar porque no cumplían con la condición del 80% de ingresos derivados de su condición tributaria.

Precisamente porque esto era así, es que el reglamento de 1991 no solo decía que se consideraba lo uno o lo otro según el mayor ingreso, sino que dijo, además, que la suma de ingresos para computar el 80% debía incluir los dos conceptos. Ciertamente, el Decreto 836 de 1991, artículo 30 dijo:

“Determinación del límite de ingresos para establecer la calidad de no declarante. Cuando en un mismo año gravable un contribuyente reúna la calidad de asalariado y de trabajador independiente, para establecer si cumple la condición referida al monto máximo de ingresos, señalado en la ley para considerarlo no declarante por el respectivo año, se tendrá en cuenta la cuantía exigida para aquella calidad que le ha generado el mayor porcentaje dentro del total de sus ingresos. 

“En este caso, la sumatoria de los ingresos provenientes de la relación laboral o legal y reglamentaria, junto con los provenientes de honorarios, comisiones o servicios que hayan estado sometidos a retención en la fuente, deben representar por lo menos el 80% del total de los ingresos percibidos por el contribuyente durante el respectivo año gravable”. 

Ahora bien, todo era muy claro hasta que el legislador decide regular el tema mediante la Ley 863 del 2003, momento en que adiciona el artículo 594-1 del estatuto tributario para decir lo que se supone emergía del reglamento. En efecto, estableció la ley del 2003:

“Los trabajadores que hayan obtenido ingresos como asalariados y como trabajadores independientes deberán sumar los ingresos correspondientes a los dos conceptos para establecer el límite de ingresos brutos a partir del cual están obligados a presentar declaración del impuesto sobre la renta”.

¿Qué quiso decir? Pues nada distinto de lo que decía el Decreto 836: si una persona ha recibido salarios y honorarios, debe sumar los dos conceptos para establecer el ingreso máximo de referencia. Si nos valemos del mismo ejemplo expuesto arriba, estas son las conclusiones: (ver cuadro 3)

Sea asalariado o sea independiente, no declara porque en ambos casos el 100% del ingreso proviene de salarios + honorarios. Eso fue lo que quiso regular la ley pero, sin duda, ya lo venía reglamentando el Decreto 836 de 1991.

Sin embargo, en el ejemplo (con reglamento y con ley), subsiste la diferencia que siempre ha existido. Obsérvese, por ejemplo, la diferencia: (ver cuadro 4)

Nótese que en la hipótesis 1 (antes y después de la Ley 863 del 2003), por ser asalariado, el sujeto no queda obligado a declarar porque el artículo 593 del estatuto tributario dice que no debe tener en cuenta los ingresos por venta de activos fijos. En la hipótesis 2, antes y después de la Ley 863, el sujeto queda obligado a declarar porque sus ingresos totales incluyen la venta de activos fijos, y en el ejemplo el ingreso excede de 3.300 UVT.

¿Qué se concluye?

Que el Decreto 836 de 1991 sigue vigente porque su contenido no se opone al contenido de la ley.

También que, como se señaló, el decreto de plazos del 2004 no haya incluido en su texto el pasaje que dice:

“En este caso, la sumatoria de los ingresos provenientes de la relación laboral o legal y reglamentaria, junto con los provenientes de honorarios, comisiones o servicios que hayan estado sometidos a retención en la fuente, deben representar por lo menos el ochenta por ciento (80%) del total de los ingresos percibidos por el contribuyente durante el respectivo año gravable”.

No es indicativo que el Gobierno entendió que quedaba sin validez esa reglamentación contenida en el Decreto 836. Es que el decreto de plazos no tiene por qué repetir lo que dicen otros decretos. Es decir, más que ver si el decreto del 2004 repitió o no lo que decía el reglamento de plazos del 2003, lo que tiene que evaluarse es el tema como tal, porque suponer que el reglamento del 91 quedó derogado porque ese texto no se incluyó en el decreto del 2004, es una indebida conclusión. Al menos a esa conclusión se llega luego de evaluar detenidamente el texto de las normas y su evolución, pero especialmente la ley del 2003.

¿Por qué el interés en el asunto?

Porque la Ley 1429 volvió a separar los niveles de ingresos para asalariados e independientes. Por tanto, vuelve a cobrar validez el tema. Veámoslo en un último ejemplo: (ver cuadro 5)

El sujeto 1 es asalariado y no queda obligado a declarar porque el 100% de su ingreso laboral (incluyendo honorarios) no excede de 4.073 UVT y cumple igualmente con la condición del 80% proveniente de esas dos fuentes (como lo decía el reglamento). El sujeto 2 es independiente y queda obligado a declarar porque su ingreso laboral (incluyendo los salarios) excede de 3.300 UVT. Sin embargo, para la hipótesis 2, el sujeto obtuvo 100% de ingresos de las fuentes laborales.

Obviamente, esta conclusión presupone que estamos entendiendo que para computar el 80% hay que considerar los salarios + los honorarios como ciertamente lo sugiere el reglamento de 1991. Pero sucede que si se considera que ese reglamento está derogado, volvemos a retroceder y las conclusiones cambian. Veamos: (ver cuadro 6)

Es decir, por entenderse derogado el reglamento, el asalariado en este ejemplo se vuelve declarante porque ninguno de los dos cumple la condición del 80%. Dicho de otra forma, volvemos a lo que teníamos antes de la expedición del Decreto 836 de 1991, sin que la historia legislativa nos lleve a concluir que el tema sufrió modificación. Verdaderamente, por lo anterior, se aprecia que la norma está vigente.

 

PAGINA28.JPG